Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-05126-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2020-05126-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2020-05126-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
18 de noviembre de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2020-05126-00
Recurrente: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ONCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-03-15-000-2020-05126-00
Recurrente: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Recurso extraordinario de revisión. Causal del literal b) del artículo 20
de la Ley 797 de 2003. Cuando la cuantía de la pensión reconocida
excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala Once Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante, UGPP) contra la sentencia de 14 de marzo de 2019,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado1.
ANTECEDENTES
1. Del proceso ordinario
1.1 El 05 de marzo de 2012, Amparo Rodríguez Fajardo instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Caja Nacional de Previsión Social
E.I.C.E. en Liquidación -Cajanal en Liquidación-, para que se declarara la nulidad del artículo
1 de la Resolución 20898 de 22 de julio de 2005 -que reconoció la pensión de vejez a Omar
Alberto González Maestre (QEPD)-; la Resolución 54690 de 04 de noviembre de 2008 -que
reconoció la pensión de sobrevivientes a Maribeth Ovalle Felizzola (compañera permanente del causante)
y sus menores hijos-; y la Resolución PAP023704 de 29 de octubre de 2010 -que decidió el
recurso de reposición contra el anterior acto, confirmándolo-.
Como restablecimiento del derecho pidió la reliquidación de la pensión de vejez
reconocida al causante y el pago de la pensión de sobrevivientes compartida a favor de
Amparo Rodríguez Fajardo -cónyuge supérstite-, indexada y con los intereses moratorios.
Afirmó que los actos administrativos enjuiciados desconocen el ordenamiento jurídico,
debido a que el régimen aplicable para el reconocimiento y liquidación de la prestación
del causante era el establecido en la Ley 33 de 1985, comoquiera que estaba amparado
por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, contrario a lo
determinado por la entidad en las resoluciones demandadas.
1
Expediente 20001-23-31-000-2012-00268-01.
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Recurrente: UGPP
Sostuvo que en la liquidación debieron tenerse en cuenta todos los factores salariales
devengados por el causante en el último año de servicios, y puntualizó que la aplicación
del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implica la disminución de la mesada
pensional de sobrevivientes en la proporción que le corresponde en su condición de
cónyuge supérstite.
Explicó que se le negó la prestación económica porque no cumplía los requisitos del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, es decir, acreditar la convivencia continua e
ininterrumpida durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento del causante,
desconociendo que la sociedad conyugal no fue disuelta, lo que le otorga el derecho a la
pensión de sobrevivientes.
1.2 El 19 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia de
primera instancia y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Argumentó
que Maribeth Ovalle Felizzola convivió con el causante durante los últimos cinco años
de vida, razón por la cual le corresponde en forma vitalicia una cuota parte de la pensión
proporcional al tiempo convivido, mientras que la otra porción se reconoce a favor de la
cónyuge supérstite en tanto existía una sociedad conyugal vigente pese a estar
separados de hecho, conforme a lo dispuesto por el literal b) del artículo 47 de la Ley
100 de 1993.
En cuanto a la solicitud de reliquidación declaró de oficio la excepción de falta de
agotamiento de la vía gubernativa, toda vez que ante la administración se solicitó
exclusivamente el reconocimiento del derecho que le asiste a la pensión de
sobrevivientes, sin referirse al reajuste pensional pretendido en sede judicial.
1.3 Maribeth Ovalle Felizzola -interviniente- apeló la decisión y manifestó que acreditó los
requisitos del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 al haber convivido con el
causante durante sus últimos años de vida. También lo hizo la UGPP -sucesora procesal-,
quien indicó que la actora no cumplió los requisitos de convivencia y vida marital durante
los últimos cinco (5) años con anterioridad al fallecimiento de Omar Alberto González
Maestre (QEPD).
1.4 El 14 de marzo de 2019, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado confirmó la sentencia apelada. Explicó que, en virtud de los principios de equidad,
justicia, solidaridad y los deberes de apoyo mutuo entre los cónyuges, la esposa o esposo
pueden probar la convivencia por cinco (5) años en cualquier época previa al fallecimiento
del causante, para tener derecho a la sustitución pensional. Como la demandante probó
que convivió con este por un lapso de 19 años, 6 meses y 12 días, tiene derecho a la
pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite.
Comoquiera que, también se probó que Maribeth Ovalle Felizzola mantuvo una relación
con el causante durante 14 años, 6 meses y 17 días, la pensión debe ser compartida en
proporción a la convivencia.
Aclaró que, si bien la pensión fue distribuida inicialmente en un 50% para la cónyuge y
compañera permanente supérstites y el 50% restante para los hijos menores de edad, en
el momento en el que se extinga el derecho de los descendientes a disfrutar de la
prestación, esta se acrecentará a las dos primeras en sus respectivas proporciones,
según el tiempo de convivencia.
2. Argumentos del recurso extraordinario de revisión
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Recurrente: UGPP
La UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia mencionada,
con fundamento en la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley
797 de 2003, esto es, «[c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables». Solicitó la suspensión
provisional del fallo ante el perjuicio económico que su cumplimiento le causa al sistema
de seguridad social.
Expuso que la decisión objeto de revisión está ajustada a derecho en cuanto al
reconocimiento de la pensión compartida entre Maribeth Ovalle Felizzola y Amparo
Rodríguez Fajardo.
Sin embargo, adujo que el fallo se aparta del ordenamiento jurídico en el sentido que se
generaron pagos dobles por una misma prestación en lo que concierne a Maribeth Ovalle
Felizzola, frente a lo cual debió ordenarse en la parte resolutiva el reintegro de las sumas
pagadas en un 25% del total reconocido a la compañera permanente, pues de lo contrario
se afectaría el principio de sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, toda
vez que la extinta Cajanal y la UGPP han venido pagando como mesada pensional el
50% de la prestación a la compañera permanente, desde el 18 de mayo de 2008 -fecha
en la cual el causante adquirió su estatus pensional-.
Con las Resoluciones RDP 010916 de 05 de mayo y 013630 de 12 de junio, ambas de
2020, el derecho fue modificado en cumplimiento del fallo objeto de revisión y, al incluirse
a Amparo Rodríguez Fajardo como cónyuge supérstite, derivó en una modificación de las
mesadas otorgadas. De conformidad con el registro del FOPEP entre el 18 de mayo de
2008 y el 01 de julio de 2020 se ha pagado la suma de $215.681.942,22, de los cuales
Maribeth Ovalle Felizzola solo tenía derecho a $107.840.971, circunstancia que configura
el pago de lo no debido.
3. Trámite procesal
3.1 El 14 de diciembre de 2020 se admitió el recurso extraordinario de revisión, se ordenó
notificar a Amparo Rodríguez Fajardo y Maribeth Ovalle Felizzola -demandante e interviniente
en el proceso ordinario, respectivamente-, al ministerio público y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado2. Además, se rechazó por improcedente la solicitud de
medida cautelar.
3.2 El 08 de marzo de 2021 se ordenó oficiar al Tribunal Administrativo del Cesar para
que allegara el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho3. El proceso fue
remitido de manera digital4.
4. Intervenciones
Amparo Rodríguez Fajardo y Maribeth Ovalle Felizzola, el ministerio público y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia y oportunidad del recurso
2
SAMAI CE, índice 7.
3
SAMAI CE, índice 18.
4
SAMAI CE, índice 24.
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Recurrente: UGPP
De conformidad con el inciso 1 del artículo 249 del CPACA5, la Sala Once Especial de
Decisión es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión promovido por
la UGPP contra la sentencia de 14 de marzo de 2019, proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
La sentencia recurrida se notificó por edicto fijado el 15 de noviembre de 2019 y el término
de ejecutoria transcurrió entre el 20 y el 22 del mismo mes y año. La UGPP presentó el
recurso extraordinario de revisión el 09 de diciembre de 2020, esto es, dentro de los cinco
(5) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, conforme lo exige el inciso
final del artículo 251 del CPACA.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la providencia de 14 de marzo de 2019, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en la causal de
revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Para resolver dicho
interrogante la Sala se referirá a: (i) la naturaleza del recurso extraordinario de revisión y
el alcance de la causal de revisión invocada; y (ii) al caso concreto, esto es, si el fallo
acusado incurrió en la causal de revisión invocada, al no ordenarse el reintegro de las
sumas pagadas a la compañera permanente del causante.
3. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión6 y el alcance de la causal del
literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003
En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se propone
con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento
jurídico, que pueden resultar quebrantados por las sentencias injustas.
Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia
proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario. Es un
instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional
del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.
Entonces, el ámbito de revisión está restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, por tratarse de situaciones
excepcionales contra el valor de la cosa juzgada, no admiten interpretaciones más allá
de lo que se deduce de su texto.
Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente
tienen que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la
violación del debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la
interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley.
5
«De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión».
6
Ver, entre muchas otras, la sentencia de 30 de septiembre de 2024, Sala Tercera Especial de Decisión (exp. 11001-03-15-000-
2023-04763-00, C.P. Wilson Ramos Girón).
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Recurrente: UGPP
Ahora, respecto a la causal invocada por la UGPP, se tiene que el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 estableció la acción especial para revisar judicialmente las sentencias,
conciliaciones o acuerdos transaccionales que impongan al erario o fondo de naturaleza
pública la obligación de cubrir prestaciones periódicas.
El recurso se tramita mediante el procedimiento previsto para el recurso extraordinario
de revisión y, además de las causales del artículo 250 del CPACA, procede por: a) la
violación al debido proceso y b) cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables.
El objeto principal del recurso especial de revisión establecido en la Ley 797 de 2003 es
proteger el patrimonio público, el interés general y el equilibrio financiero del sistema
pensional, mediante el mecanismo de examinar judicialmente la legalidad de las
prestaciones reconocidas, cuando se configuren alguna de las causales del artículo 20
mencionado. Para esos propósitos, el juez del recurso podrá infirmar la sentencia 7.
Se ha entendido, además, que la acción especial de revisión de la citada ley no permite
reabrir la cuestión de fondo decidida en el juicio ordinario, sino que el único objeto es la
revisión de los montos de las pensiones reconocidas en contra de lo establecido por la
ley, en orden a salvaguardar el equilibrio entre la prestación y su legalidad, así como
también proteger los recursos limitados del tesoro público, la liquidez, solvencia y
sostenibilidad del sistema de seguridad social y el principio de universalidad que lo
gobierna.
En lo que respecta a la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de
2003, esto es, cuando la mesada pensional se hubiere reconocido en cuantía superior a
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención que le era aplicable al beneficiario,
esta corporación8 explicó que se erige como una herramienta legal útil, cuyo propósito es
fortalecer el principio de la moralidad administrativa 9 y corregir los reconocimientos
pensionales que se han efectuado en exceso, afectando los principios que orientan el
Sistema General de Pensiones 10, en especial, los de solidaridad y equilibrio financiero.
4. Caso concreto
La recurrente alega que el fallo de 14 de marzo de 2019, proferido por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en la causal de revisión prevista
en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, «[c]uando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables», para lo cual estimó que la sentencia debió ordenar a Maribeth Ovalle Felizzola
el reintegro de las sumas pagadas entre el 18 de mayo de 2008 -reconocimiento de la
prestación pensional como compañera permanente- y el 01 de julio de 2020 -fecha de cumplimiento a
la decisión judicial revisada-, que a su juicio constituyen un pago de lo no debido, sin que sea
objeto de censura el reconocimiento de la pensión compartida entre la cónyuge y
compañera permanente supérstites.
Revisada la actuación adelantada en el proceso ordinario en el que se profirió la sentencia
cuya revisión se solicita, se observa que las alegaciones en torno a la devolución de las
presuntas sumas pagadas a favor de Maribeth Ovalle Felizzola desde el 18 de mayo de
7
Sentencia C-835 de 2003.
8
Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 01 de agosto de 2017 (exp. 11001-03-15-000-2016-02022-00, CP: Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez).
9
Artículos 209 de la CP, 3 del CPACA y 3 de la Ley 489 de 1998.
10
Universalidad, integralidad, unidad, internacionalidad, igualdad, subsidiaridad, inmediación, comprensividad y progresión racional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2020-05126-00
Recurrente: UGPP
2008, que constituirían un pago de lo no debido, no fueron planteadas por la parte
interesada.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia de
primera instancia, esta debatió lo resuelto por el tribunal en cuanto a: (i) el incumplimiento
del requisito de convivencia entre el causante y la cónyuge supérstite para el
reconocimiento de la sustitución pensional; (ii) la improcedencia de la reliquidación de la
prestación y (iii) la no causación de intereses moratorios en el pago de las mesadas;
alegatos que fueron replicados en la oportunidad para alegar de conclusión en segunda
instancia, sin que le haya solicitado al juez natural que ordenara el reintegro de las sumas
pagadas a favor de Maribeth Ovalle Felizzola que, a su juicio, constituyen un pago de lo
no debido.
Además, si consideraba que en la sentencia que decidió el recurso de apelación se
incurrió en omisión al no incluir la citada orden de devolución, la UGPP bien podía acudir
a la figura de la adición de la providencia, prevista en el artículo 387 del CGP, en aras de
obtener pronunciamiento frente a ese particular en el proceso ordinario.
Esa circunstancia en relación con posibles pagos de lo no debido y la necesidad de su
devolución no fue puesta de presente ante el juez natural, pese a que ese era el escenario
propicio para obtener un pronunciamiento judicial frente a dichos planteamientos, no
siendo procedente que ahora, vía recurso extraordinario de revisión se pretenda ese
análisis, todo porque, por una parte, este escapa a la causal de revisión invocada,
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, que se concreta en verificar
si la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables a la beneficiaria y, en segundo
lugar, porque en este trámite no es posible plantear discusiones propias de las instancias
ordinarias o subsanar falencias en la defensa dentro de dicho procedimiento.
Respecto al argumento relacionado con la posible afectación al principio de sostenibilidad
financiera del sistema de seguridad social, basta con indicar que este, por sí solo, no le
permite a la Sala Especial volver sobre la litis planteada en el proceso ordinario y convertir
el recurso extraordinario de revisión en una instancia adicional a dicho trámite, todo
porque, en este asunto, lo que corresponde determinar es si los supuestos fácticos y
jurídicos expuestos por la entidad recurrente encuadran en la causal de revisión invocada,
relacionada con la cuantía del derecho reconocido y si esta excede lo debido de acuerdo
con la ley, lo que no está acreditado en el sub examine.
5. Conclusión
De conformidad con lo expuesto, la Sala Once Especial de Decisión no encontró, en el
caso bajo estudio, que se hubiere configurado la causal de revisión prevista en el literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que conduzca a invalidar la sentencia de 14 de
marzo de 2019, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, y que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado
por Amparo Rodríguez Fajardo contra Cajanal en Liquidación -hoy UGPP-, razón por la
cual se declarará infundado el recurso extraordinario de revisión.
6. Costas
El artículo 365 del CGP, aplicable por expresa remisión del artículo 188 del CPACA,
vigente para cuando se presentó la demanda, establecía que «[s]alvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
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Radicado: 11001-03-15-000-2020-05126-00
Recurrente: UGPP
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil [hoy CGP]».
En ese sentido, el artículo 361 del CGP señala que las costas están integradas por los
gastos procesales y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo 365-8 del
mismo código «[s]olo habrá lugar a su imposición cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación».
Respecto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso, no procede
su imposición al no estar demostrados en el expediente; tampoco las agencias en
derecho, porque Amparo Rodríguez Fajardo y Maribeth Ovalle Felizzola no designaron
apoderado para ejercer su defensa y no presentaron oposición al recurso extraordinario
de revisión. En consecuencia, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Once Especial de Decisión,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP
contra la sentencia de 14 de marzo de 2019, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
2. Sin condena en costas.
Notifíquese y cúmplase.
Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA MARÍA ADRIANA MARÍN
Aclara el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS EDUARDO MESA NIEVES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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