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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-31-000-2012-00268-01

Pensión de sobreviviente: cónyuge y compañera permanente

Fecha
14 de marzo de 2019
Consejero ponente
César Palomino Cortés
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-31-000-2012-00268-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por AMPARO RODRÍGUEZ FAJARDO contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE. SEGUNDO.- Reconocer personería jurídica al abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora, identificado con cédula de ciudadanía 17.174.115 de Bogotá y tarjeta profesional 6.491 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder que obra a folios 627 a 629. TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-31-000-2012-00268-01

Consejero ponente: César Palomino Cortés

14 de marzo de 2019

PENSION DE SOBREVIVIENTE - Cónyuge y compañera permanente / PENSION DE SOBREVIVIENTE Y SUSTITUCION PENSIONAL - Marco normativo / RECONOCIMIENTO PENSIONAL - Convivencia mínimo cinco años antes de la muerte del causante / CONYUGE CON SEPARACION DE HECHO Y SOCIEDAD VIGENTE - Con la simple acreditación de convivencia por un tiempo mayor a cinco años puede acceder al beneficio pensional / PENSION DE SOBREVIVIENTE - Reconocimiento

En el caso del cónyuge supérstite mayor de 30 años, manifiesta el literal a) ibídem, que “En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”. Pero el cónyuge tenía un vínculo matrimonial, aunque no hubiera convivencia durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante, evento en el que, con fundamento en los principios de solidaridad, los deberes de apoyo mutuo entre los cónyuges y amparados en criterios de equidad y justicia, el esposo o esposa puede probar la convivencia por 5 años en cualquier época, para tener derecho a la sustitución pensional. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, se demostró que la actora mantuvo convivencia por lapso de 19 años, 6 meses y 12 días, por tanto tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del señor González Maestre, en proporción directa a este tiempo, de acuerdo con las exigencias del artículo 47, literal b), inciso final de la Ley 100 de 1993.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION "B"

Consejero ponente: CESAR PALOMINO CORTES

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 20001-23-31-000-2012-00268-01(2923-15)

Actor: AMPARO RODRIGUEZ FAJARDO

Demandado: CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL EICE

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - DECRETO 01 DE 1984. PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES - CÓNYUGE SUPÉRSTITE - COMPAÑERA PERMANENTE - ARTÍCULO 47, LITERAL B), INCISO FINAL DE LA LEY 100 DE 1993.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y la tercera interesada Maribeth Ovalle Felizzola contra la sentencia del 19 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Amparo Rodríguez Fajardo contra la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

La señora Amparo Rodríguez Fajardo, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó al Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE., con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

“PRINCIPALES:

PRIMERA:- Declárese que es nulo parcialmente el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución No. 20898 del 08 de julio de 2005, proferida por LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL E.l.C.E., con la cual se reconoció y ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia por vejez al señor; GONZALEZ MAESTRE OMAR ALBERTO, (Q.E.P.D.) quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 12.713.205 de Valledupar (Cesar) en cuantía de UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 26/100 ($ 1.946.807.26) M/CTE., efectiva a partir del 4 de septiembre de 2004, toda vez que al liquidarla solo se tuvo en cuenta los factores salariales del Sueldo y Bonificación por Servicios y la misma se efectuó con el 75% del promedio igualmente de estos dos factores durante sus últimos 8 años y nueve meses, dándole aplicación indebida al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y su decreto reglamentario 1158 de 1994 y por consiguiente, dejando de aplicar en su integridad a la Lev 33 y 62 de 1985 que ordena liquidarla con el 75% pero del promedio de todos los factores salariales devengados en el último año de servicio.

SEGUNDA:- Declárese que es nula la resolución No. 54690 del 4 de noviembre de 2008, proferida por el Gerente General de CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, con la cual se le reconoció y ordenó el pago de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES causada por el fallecimiento del señor OMAR ALBERTO GONZALEZ MAESTRE, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 12.713.205 de Valledupar, a favor de la señora MARIBETH OVALE FELIZZOLA identificada con la cédula de ciudadanía No. 49.734.661 de Valledupar, en calidad de COMPAÑERA PERMANENTE, en cuantía del 50% del 100% de la última mesada pensional devengada por el causante conforme a la certificación que al respecto expida FOPEP, efectiva a partir del 18 de mayo de 2008 día siguiente al del fallecimiento y el 50% restante de la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios GONZALEZ OVALLE VALENTIVA y GONZALEZ OVALLE CRISTINA ISABEL, sus menores hijos, en cuantía del 25% para cada uno, hasta el 2 de febrero de 2017 y 16 de octubre de 2020 respectivamente y se negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en la proporción o cuota parte que de conformidad con lo establecido en la parte final del inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Lev 100 de 1993, modificado por el artículo 1 3 de la Ley 797 de 2003 le corresponde a nuestra hoy mandante, señora AMPARO RODRÍGUEZ FAJARDO en su calidad de cónyuge supérstite con sociedad conyugal vigente.

TERCERA:- Declárese que es nula la resolución la resolución No. PAP 023704 del 29 de octubre de 2010, proferida por el Doctor JAIRO DE JESUS CORTES ARIAS, Liquidador de CAJANAL E.l.C.E EN LIQUIDACIÓN, con la cual se desató el recurso de reposición interpuesto por nuestra mandante y se CONFIRMÓ en todas y cada una de sus partes la resolución anterior, toda vez que nuevamente se desconoció el derecho a la pensión de sobrevivientes compartida a la señora AMPARO RODRÍGUEZ FAJARDO, en su calidad de CONYUGE SUPERSTITE, con sociedad conyugal vigente, inaplicado lo ordenado en la parte final del inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

CUARTA:- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho SE CONDENE a LA NACIÓN - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL E.l.C.E., hoy CAJANAL EN LIQUIDACIÓN:

a).- A re liquidar la pensión de jubilación reconocida al causante señor, OMAR ALBERTO GONZALEZ MAESTRE (Q.E.P.D.), por demostrar retiro definitivo del servicio (renuncia), en cuantía de $4.419.798.25, mensuales, efectiva a partir del 04 de septiembre de 2004 fecha a partir de la cual adquirió el status, equivalente al 75% del promedio de los siguientes factores salariales que devengaba el cargo de Secretario General de la Universidad Popular del Cesar donde el último año de servicio, como son; sueldo, prima técnica, bonificación por servicios, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones, prima de navidad y cesantías, que fueron certificados por la Coordinadora del Grupo de Gestión de Recursos Humanos de dicho Claustro Educativo mediante el oficio de fecha 22 de febrero de 2006 que se aporta en el ACÁPITE DE PRUEBAS APORTADAS, todo de conformidad con la siguiente liquidación

FACTORES ÚLTIMO AÑO DE SERVICIO (2005) DEVENGADO

Sueldo 1º ene al 31 dic 2005 $36.299.880.00
Prima Técnica 1º ene al 31 dic 2005 $18.149.940.00
Bonificación por servicios $ 1.058.747.00
Prima de servicios $ 3.108.619.00
Vacaciones $ 2.472.998.00
Prima de vacaciones $ 1.745.062.00
Prima de navidad $ 3.517.692.00
Cesantías $ 3.810.833.00
TOTAL DEVENGADO CAUSANTE ÚLTIMO AÑO DE SERVICIOS: $ 70.163.771.00

Promedio: $70.163.772.00 / 12 = $ 5.846980..92 x 75% = $ 4.385.235.70 efectiva a partir del 28 de enero de 2006, fecha en que se le aceptó la renuncia al causante.

b).- A que una vez re liquidada la pensión del causante se ordene el pago de la PENSION DE SOBREVIVIENTES COMPARTIDA, a favor de nuestra mandante, señora AMPARO RODRÍGUEZ FAJARDO, ya identificada, en su calidad de CONYUGE SUPERSTITE, a partir del 18 de mayo de 2008, día siguiente al del fallecimiento del causante, en el porcentaje que resulte del 50% del 100% es decir; la cuota parte en proporción al tiempo de los 19 años 6 meses y 12 días de convivencia con el fallecido, conforme a lo ordenado en la parte final del inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y de la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte de Justicia, No. de radicación 40055 del 29 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA.

c).- A reconocer y ordenar el pago a favor de nuestra mandante, señora AMPARO RODRÍGUEZ FAJARDO, ya identificada, las diferencias que resulten de la pensión de sobrevivientes compartida en proporción al tiempo de convivencia con el causante, en lo que respecta al valor de la pensión inicialmente reconocida al causante ($ 1.946.807.26) y la que realmente se le debió reconocer con inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio ($ 4.385.235.70), toda vez que, disminuye la prestación reclamada por nuestra mandante, para lo cual se dará aplicación a la siguiente fórmula:

R=R.H. INDICE FINAL
. INDICE INICIAL

QUINTA.- A aplicar los reajustes automáticos de ley e indexaciones a que haya lugar a las diferencias de la pensión que resulten como dejadas de pagar en el literal anterior, a partir del 04 de septiembre de 2004, fecha a partir de la cual se le reconoció la pensión al CAUSANTE, en una cuantía de $ 1.946.807.26 M/CTE, condicionada a que demostrara retiro del servicio y hasta el día en que hizo efectivo el cobro de su última mesada pensional, para lo cual y por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula anterior se aplicará y se pagará separadamente, es decir, mes por mes para cada mesada pensional, toda vez, que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

SEXTA.- A reconocer y pagar a favor de nuestra mandante señora, AMPARO RODRIGUEZ FAJARDO, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en cuanto a la cuota parte o proporción de la pensión de sobrevivientes que le corresponda, a partir del 18 de mayo de 2008, día siguiente al del fallecimiento del causante, toda vez que fue a partir de esta fecha que se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes deprecada y según lo reiterado en múltiples jurisprudencias, esta norma solo aplica en el evento en que se niega el reconocimiento de la prestación, como es el caso de nuestra mandante.

SEPTIMA: Que sobre las sumas de dinero que resulte condenada a pagar a nuestra prohijada, se le reconozca y pague las cantidades necesarias para hacer los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor certificado por el DANE, conforme a lo ordenado en el artículo 178 del C.C.A.

OCTAVA:: A que le de cumplimiento a la sentencia dentro del término previsto en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

NOVENA:: Que se condene en costas y agencias en derecho a la demandada, conforme a lo prescrito en el artículo 17 de C.C.A. y 392 del C.P.C., toda vez que obró de mala fe, si se tiene en cuenta que en la resoluciones que son objeto de nulidad en la presente acción, denegó el reconocimiento y pago de la prestación a pesar de haberse demostrado que ostentaba el derecho.

SUBSIDIARIAS:

PRIMERA:- Declárese que es nula la Resolución No. 54690 del 4 de noviembre de 2008, proferida por el Gerente General de CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, con la cual se le reconoció y ordenó el pago de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES causada por el fallecimiento del señor OMAR ALBERTO GONZALEZ MAESTRE (Q.E.P.D.), identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.713.205 de Valledupar, a favor de la señora MARIBETH OVALE FELIZZOLA identificada con la cédula de ciudadanía No. 49.734.661 de Valledupar, en calidad de COMPAÑERA PERMANENTE, en cuantía del 50% del 100% de la última mesada pensional devengada por el causante conforme a la certificación que al respecto expida FOPEP, efectiva a partir del 18 de mayo de 2008 día siguiente al del fallecimiento y el 50% restante de la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios GONZALEZ OVALLE VALENTIVA y GONZALEZ OVALLE CRISTINA ISABEL, sus menores hijos, en cuantía del 25% para cada uno, hasta el 2 de febrero de 2017 y 16 de octubre de 2020 respectivamente y se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a nuestra mandante en la proporción o cuota parte que de conformidad con lo establecido en la parte final del inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Lev 100 de 1993, modificado por el artículo 1 3 de la Ley 797 de 2003 le corresponde a nuestra hoy mandante, señora AMPARO RODRÍGUEZ FAJARDO en su calidad de cónyuge supérstite con sociedad conyugal vigente.

SEGUNDA:- Declárese que es nula la resolución No. PAP 023704 del 29 de octubre de 2010, proferida por el Doctor JAIRO DE JESÚS CORTES ARIAS, Liquidador de CAJANAL E.l.C.E EN LIQUIDACIÓN, con la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto por nuestra mandante y se resolvió CONFIRMAR en todas y cada una de sus partes la resolución anterior, mediante la cual se reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora MARIBETH OVALLE FELIZZOLA, ya identificada, en calidad de COMPAÑERA PERMANENTE y a VALENTINA GONZALEZ OVALLE y a CRISTINA ISABEL GONZALES DE OVALLE (SIC) en calidad de HIJAS MENORES, con ocasión del fallecimiento del causante, OMAR ALBERTO GONZALEZ MAESTRE, ya identificado, toda vez que nuevamente se desconoció el derecho que le asiste a nuestra mandante, señora AMPARO RODRÍGUEZ FAJARDO, en su calidad de cónyuge supérstite con sociedad coyugal vigente de reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes compartida, inaplicando lo ordenado en la parte final del inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

TERCERA:- Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se CONDENE a LA NACIÓN - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL E.l.C.E., hoy CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, a expedir un nuevo acto administrativo en el que:

a).- Se CONDENE a la NACIÓN -CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL E.I.C.E. hoy CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, se reconozca y ordene el pago de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES COMPARTIDA, causada por el fallecimiento del señor OMAR ALBERTO GONZALEZ MAESTRE ya identificado, a favor de nuestra mandante, señora AMPARO RODRIGUEZ FAJARDO, en su calidad de CONYUGE SUPÉRSTITE CON SOCIEDAD CONYUGAL VIGENTE, en cuantía del porcentaje que resulte del 50% del 100% de la última mesada pensional devengada por el causante y efectiva a partir del 18 de mayo de 2008, día siguiente al de su fallecimiento, es decir; en la cuota parte o proporción al tiempo de convivencia ininterrumpida de los 19 años 6 meses y 12 días con el fallecido, conforme a lo ordenado en la parte final del inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. Y de la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte de Justicia, No. de radicación 40055 del 29 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA.

c).- Se CONDENE a la NACIÓN -CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL E.I.C.E. hoy CAJANAL EN LIQUIDACIÓN, a reconocer y ordenar el pago a favor de nuestra mandante, señora AMPARO RODRIGUEZ FAJARDO, ya identificada, de las diferencias de las mesadas pensionales dejadas de pagar en la proporción o cuota parte que le corresponde, desde el día 18 de mayo de 2008, día siguiente al de su fallecimiento y hasta el día en que se haga efectivo el pago (inclusión en nómina), dando aplicación a la siguiente fórmula:

R=R.H. INDICE FINAL
. INDICE INICIAL

CUARTA:.- Que se CONDENE al ente demandado que a las diferencias de las mesadas pensionales dejadas de pagar a nuestra mandante en la proporción o cuota que le corresponde, se le practiquen los reajustes automáticos de ley e indexaciones a que haya lugar, a partir del 18 de de mayo de 2008, día siguiente al del fallecimiento del causante y hasta el día en que se incluya en nómina de pensionados, para lo cual y por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula anterior se aplicará y se pagará separadamente, es decir, mes por mes para cada mesada pensional, toda vez, que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.

QUINTA: Que se CONDENE a la demandada a pagar a favor de nuestra mandante señora, AMPARO RODRIGUEZ FAJARDO y a partir del 18 de mayo de 2008, día siguiente al del fallecimiento del causante los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Lev 100 de 1993 en cuanto a la cuota parte o proporción de la pensión de sobrevivientes que le corresponda, toda vez que fue a partir de esta fecha que se le negó el reconocimiento y pago de la prestación deprecada y según lo reiterado en múltiples jurisprudencias, esta norma solo aplica en el evento en que se niega el reconocimiento de la pensión, y para el caso particular, la demandada le negó la pensión de sobrevivientes en la proporción o cuota que le corresponde por el tiempo convivido con el causante.

SEXTA: Que se ordene a la demandada que sobre las sumas que resulte condenada a pagar a nuestra prohijada, le reconozca y pague las cantidades necesarias para hacer los ajustes de valor, conforme al índice de precios al consumidor certificado por el Banco de la República, conforme a lo ordenado en el artículo 178 del C.C.A.

SEPTIMA: Que se ordene a la demandada que a la sentencia que ponga fin a este proceso, se le dé cumplimiento dentro del término previsto en los artículos 176 y 177 del C.C.A.

OCTAVA: Que se CONDENE en costas y agencias en derecho a la demandada, conforme a lo prescrito en el artículo 171 de C.C.A. y 392 del e.P.C., toda vez que obró de mala fe, si se tiene en cuenta que en la resoluciones que son objeto de nulidad en la presente acción, denegó el reconocimiento y pago de la prestación a pesar de haberse demostrado que ostentaba el derecho.”

1.1.2. Hechos

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda, en síntesis, son los siguientes:

La demandante contrajo matrimonio católico el 1º de septiembre de 1973 con el señor Omar Alberto González Maestre, a quien la entidad accionada le reconoció y ordenó el pago de la pensión mensual de vejez mediante la Resolución No. 20898 del 8 de julio de 2005, condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio, lo cual ocurrió el 26 de enero de 2006 cuando dejó de laborar como Secretario General de la Universidad Popular del Cesar, pensión que a la fecha de presentación de la demanda no ha sido reliquidada a pesar de la fracasada solicitud de conciliación extra judicial tramitada en la Procuraduría 142 Judicial II en Asuntos Administrativos.

De la unión matrimonial se procrearon cuatro hijos, a saber: Omar Alberto de Jesús, Juan José, Rene Paull y Adriana María González Rodríguez.

La convivencia se sostuvo en forma ininterrumpida durante 19 años, 6 meses y 12 días, hasta que en el año 1993 el señor González Maestre abandonó el hogar sin justa causa y se trasladó de la ciudad de Bogotá a la ciudad de Valledupar - Cesar, a donde la accionante se trasladó en enero de 1995 con tres de sus menores hijos, con el único y firme propósito de buscar el acercamiento hacia su esposo, pero su intención no prosperó, porque él ya convivía con la señora Maribeth Ovalle Felizzola desde el 20 de octubre de 1993, con quien tuvo dos hijas, llamadas Valentina y Cristina Isabel Gonzalez Ovalle, manteniendo la convivencia ininterrumpidamente por 14 años, 6 meses y 17 días, hasta el 17 de mayo de 2008, día en que el señor Omar Alberto falleció.

La demandante en vista de esa nueva relación, se regresó después de un año a vivir a su apartamento en la ciudad de Bogotá, en donde su esposo aproximadamente cada seis meses la visitaba, respondía por las obligaciones de padre y cónyuge, reconociéndola como su legítima esposa y consignando dinero a nombre de ella en su cuenta de ahorros para solventar los gastos necesarios en la manutención del hogar.

Posteriormente, el 25 de junio de 2008, la accionante en calidad de cónyuge supérstite con sociedad conyugal vigente, solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes compartida, en proporción del 25% de la pensión asignada al causante.

Mediante Resolución No. 54690 del 4 de noviembre de 2008, el Gerente General de la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes, a favor de la señora Maribeth Ovalle Felizzola, en calidad de compañera permanente, en cuantía del 50% de la última mesada pensional devengada por el causante, y el restante 50% en favor de sus menores hijas Valentina y Cristina Isabel Gonzalez Ovalle, en cuantía del 25% para cada una, negando el reconocimiento y pago de la misma a la demandante por considerar que no se reunió el requisito de convivencia ininterrumpida por un lapso de tiempo no inferior a cinco años con anterioridad al fallecimiento del causante, en razón a que de las declaraciones extra juicio aportadas se colige una convivencia desde el 1º de septiembre de 1973 y hasta el 13 de mayo de 1993.

La entidad demandada, mediante Resolución No. PAP 023704 del 29 de octubre de 2010, confirmó en todas y cada una de sus partes la anterior resolución.

La Procuraduría 142 Judicial II Administrativa, mediante acta del 2 de febrero de 2012, declaró fallida la audiencia de conciliación extrajudicial por no existir ánimo conciliatorio por parte de la demandada.

1.1.3. Normas Violadas y Concepto de Violación

En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 29, 48, 53, 58, 150 y 209 de la Constitución Política; 45 de la Ley 90 de 1946; 27 del Decreto Ley 3135 de 1968; 73 del Decreto 1848 de 1969; 45 del Decreto 1045 de 1978; 1º del Decreto 1047 de 1978; 1º y 3º inciso segundo de la Ley 33 de 1985; 2º de la Ley 62 de 1985; 10º del Decreto Reglamentario 1160 de 1989, 36 inciso segundo, 47 literal b) inciso tercero parte final, 141, 272 y 288 de la Ley 100 de 1993; y la Ley 33 de 1973.

El apoderado judicial del actor, sustenta el concepto de violación en que los actos administrativos objeto de nulidad son abiertamente contrarios al ordenamiento jurídico, en especial los artículos 36 y 47 de la Ley 100 de 1993, que debieron aplicarse respectivamente al momento de liquidar la prestación del causante y para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en forma compartida con la demandante.

1.2. Contestaciones de la demanda

La parte accionada se opuso a todas y cada una de las pretensiones formulando las excepciones de mérito denominadas “Falta de integración de Litisconsorte Necesario por pasiva:”, “Inexistencia de obligación:” y “Prescripción”.

Adujo, que la demandante no tiene derecho al reconocimiento de la sustitución pensional debido a que no hizo vida marital ni convivió con el causante durante los cinco años anteriores a su muerte; que en el acto administrativo de la pensión de jubilación se tuvieron en cuenta como factores de salario la asignación básica, dominicales, festivos, horas extras del último de servicio y se aplicó el 75%; y finalmente indicó, que como en el presente caso no opera siquiera el reconocimiento de la pensión, no se configura la mora por cuanto no existe una obligación de pago incluida.

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante providencia del 20 de febrero de 2014, ordenó la vinculación de la señora Maribeth Ovalle Felizzola en su calidad de compañera permanente, por considerar que al debatirse en el presente asunto la titularidad compartida de una sustitución pensional, podrían verse afectados sus intereses.

Dentro de la oportunidad procesal otorgada, la apoderada judicial de la tercera interesada se opuso a las pretensiones argumentando que la parte demandada en los actos acusados no violó el precepto legal aplicable que es el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993; que la accionante en ningún momento ha demostrado circunstancia relevante de convivencia con el señor Omar Alberto González Maestre por más de cinco años anteriores al fallecimiento; solicita sea reliquidada la pensión de sobreviviente reconocida a su poderdante; que es inviable aplicar intereses moratorios en el pago de mesadas pensionales, por cuanto a la demandante no le asiste derecho alguno al disfrute de la pensión solicitada; y propuso la excepción de “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA:”.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 19 de febrero de 2015, declaró de oficio la excepción de falta de agotamiento de la vía gubernativa respecto de la pretensión de reliquidación pensional, declaró la nulidad de los dos actos administrativos demandados, ordenó reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes compartida a favor de la accionante en el porcentaje que resulte del 50% del 100%, es decir, la cuota parte en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido, correspondiéndole la otra cuota parte a la señora Maribeth Ovalle Felizzola y negó las demás pretensiones de la demanda.

Como sustento de su decisión expuso los siguientes argumentos:

De las pruebas testimoniales practicadas se encontró que la tercera interesada fue quien convivió con el señor González Maestre durante los últimos cinco años de vida, por tal razón le corresponde en forma vitalicia una cuota parte de la pensión que en vida disfrutaba su compañero, en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con él, y la otra cuota parte le corresponde a la cónyuge por existir una sociedad conyugal vigente aunque hayan estado separados de hecho, conforme a lo normado por el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003.

La excepción declarada de oficio, obedece a que del derecho de petición obrante a folio 26 del expediente, se desprende que la demandante solicitó exclusivamente el reconocimiento del derecho que le asiste de la pensión de sobreviviente y nada dijo sobre la reliquidación pensional que ahora pretende.

1.4. Argumentos de las apelaciones

Refuta el apoderado judicial de la señora Maribeth Ovalle Felizzola, que el tribunal de instancia inobserva el orden categórico del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, aplicando su inciso b), desconociendo de esta manera el legítimo derecho que le asiste a su prohijada en condición de compañera permanente, por ser ella quien cumplió con los requisitos del inciso a) al haber compartido su vida con el pensionado durante sus últimos años, acompañándolo y socorriéndolo durante su vejez hasta la muerte.

La parte demandada indica que no están llamadas a prosperar las pretensiones de la demanda porque la demandante no cumple con los requisitos de convivencia y vida marital durante los últimos cinco años, con anterioridad a la muerte del causante, que no hay lugar a la reliquidación de la pensión ya que se tuvieron en cuenta los factores salariales que correspondía conforme a las certificaciones aportadas, y que debido a la inexistencia de titularidad del derecho de la accionante al reconocimiento de la pensión reclamada, no se puede aplicar el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

1.5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 6 de julio de 2016, se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

Término dentro del cual la demandante se ratificó en los hechos, omisiones, pretensiones, fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de violación alegados en la demanda, además solicitó aplicar la sentencia T-128/16.

Por su parte, la tercera interesada discurrió que la accionante en el curso del presente proceso no logró demostrar una convivencia simultánea con el señor Omar Alberto González Maestre, pues al contrario, es ella misma la que en el sexto hecho de la demanda señala que él inició una nueva relación el 20 de octubre de 1993.

Así mismo, el Ministerio Público emitió concepto solicitando confirmar la decisión de primera instancia, ya que a la demandante le atañe el derecho reclamado por encontrarse vigente la unión conyugal aunque no exista una convivencia simultánea con su cónyuge y su compañera permanente.

II. CONSIDERACIONES

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir previas las siguientes consideraciones.

2.1. Competencia

La Sala, en virtud de lo dispuesto en el artículo 129 del Decreto 01 de 1984, es competente para conocer las apelaciones interpuestas contra la sentencia del 19 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

2.2. Problema jurídico

Se trata de determinar si en el presente asunto es procedente declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, por medio de los cuales se le negó el derecho a la señora Amparo Rodríguez Fajardo a disfrutar parcialmente de la pensión de sobrevivientes, en calidad de cónyuge supérstite del señor Omar Alberto González Maestre (q.e.p.d.), aunque su tiempo de convivencia no transcurrió durante los últimos cinco (5) años de vida del causante.

Es importante aclarar, que a pesar de que en las pretensiones de la demanda se solicita la reliquidación de la pensión, para que se incluyan todo los factores salariales que devengó el pensionado durante su último año de servicios, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 33 de 1985, esta pretensión fue resuelta desfavorablemente, por cuanto se declaró probada la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa y esta declaración no fue controvertida en los recursos propuestos; motivo por el cual dicha decisión no será objeto de pronunciamiento en esta sentencia.

2.3. Los hechos probados

De las pruebas decretadas y practicadas, se estableció lo siguiente:

En Valledupar - Cesar, el 1º de septiembre de 1973 contrajeron matrimonio católico los señores Amparo Rodríguez Fajardo y Omar Alberto González Maestre (folios 28 y 31).
Mediante Resolución No. 20898 del 8 de julio de 2005, la Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE reconoció y ordenó el pago a favor del señor Omar Alberto González Maestre de una pensión mensual vitalicia de vejez.
El señor Omar Alberto González Maestre, falleció en Valledupar - Cesar, el 17 de mayo de 2008, según consta en el registro civil de defunción allegado a folio 32.
La accionante, el 25 de junio de 2008, en condición de cónyuge supérstite, reclamó el derecho a percibir de manera vitalicia el 25% de la pensión de sobrevivientes asignada en vida al señor Omar Alberto González Maestre.
La señora Maribeth Ovalle Felizzola, en calidad de cónyuge supérstite y en representación de sus menores hijas Valentina y Cristina Isabel Gonzalez Ovalle, solicitó el 26 de junio de 2008, el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes asignada en vida al causante Omar Alberto González Maestre.
Valentina y Cristina Isabel Gonzalez Ovalle son hijas de los señores Maribeth Ovalle Felizzola y Omar Alberto González Maestre, (folios 48 y 49).
El Gerente General de la Caja Nacional de Previsión Social - CAJANAL EICE-, mediante Resolución No. 54690 del 4 de noviembre de 2008, reconoció y ordenó el pago de la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Omar Alberto González Maestre a favor de la señora Maribeth Ovalle Felizzola en calidad de compañera permanente, en cuantía del 50% de la última mesada pensional devengada por el causante y el 50% restante, en favor de sus menores hijas Valentina y Cristina Isabel Gonzalez Ovalle en cuantía del 25% para cada una. Así mismo, negó la solicitud de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes elevada por la señora Amparo Rodríguez Fajardo.
La accionante radicó el 27 de noviembre de 2008, recurso de reposición contra la Resolución No. 54690 expedida el 4 de noviembre de 2008.
La Caja Nacional de Previsión Social CAJANAL EICE mediante Resolución No. PAP 023704 del 29 de octubre de 2010, confirmó en todas y cada una de sus partes la Resolución No. 54690 del 4 de noviembre de 2008.

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Marco normativo y jurisprudencial de la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional

La pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional tienen como propósito salvaguardar a la familia que dependía económicamente del pensionado o afiliado y que como resultado de su muerte se ven desprotegidos, así el deceso constituye un riesgo que es cubierto por las normas sobre seguridad social.

La Sección Segunda de esta Corporación, en sentencia de unificación del 12 de abril de 2018, reiteró que el Sistema General de Seguridad Social prevé diferentes prestaciones económicas para atender la contingencia derivada de la muerte, entre ellas, la pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional “como mecanismos de protección a la familia como núcleo básico de la sociedad, con el propósito de suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba una persona a su grupo familiar y por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de quienes se beneficiaban de sus ingresos. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad”.

Ahora bien, la Ley 100 de 1993 en el Capítulo IV regula lo atinente a la pensión de sobrevivientes, especialmente en su artículo 46 determina quienes tienen derecho a disfrutar ella, así: i) Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, ii) Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

En lo que atañe a este tema se precisa, que a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, se remplazó la noción de sustitución pensional, por la figura de la pensión de sobrevivientes, que es aquella que “se obtiene no solamente en el caso del fallecimiento del pensionado sino también en el evento en que el causante que fallezca hubiera cotizado al sistema por lo menos veintiséis (26) semanas, en ése momento, o habiendo dejado de cotizar, efectuara aportes por veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior”.

Además, es de anotar que el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, determinó que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes i) los familiares del pensionado por vejez o invalidez y ii) los familiares del afiliado al sistema que haya cotizado 50 semanas en los tres años previos a su fallecimiento.

Ahora bien, la Ley 100 de 1993, en el artículo 47 (modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003), establece el orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en un primer nivel contempla al cónyuge o compañero permanente (literales a y b) y los hijos menores de 18 o 25 años o en condición de discapacidad, siempre que dependan económicamente del causante (literal c); en un segundo nivel están los padres, bajo la misma condición del literal anterior (literal d), y en último lugar se encuentran los hermanos en condición de discapacidad (literal e).

En el caso del cónyuge supérstite mayor de 30 años, manifiesta el literal a) ibídem, que “En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”.

La Corte Constitucional en la sentencia C-1094 de 2003 se pronunció sobre la exequibilidad de la expresión subrayada del literal a) del citado artículo, señalando que:

“En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes.

Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social”.

Además, manifestó en la sentencia C-081 de 1999, que en aplicación del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, para establecer quien tiene derecho a la sustitución pensional, cuando existe conflicto entre la cónyuge supérstite y la compañera permanente, es un factor determinante “el compromiso efectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja, al momento de la muerte de uno de sus integrantes”.

En la citada providencia se reiteró lo considerado en la sentencia C-389 de 1996, en el sentido que en la normatividad nacional se prioriza un criterio material, esto es la convivencia efectiva al momento de la muerte, como factor para determinar el beneficiario de la sustitución pensional.

Así, insiste la Corte en la sentencia C-081 de 1999, que la convivencia efectiva al momento de la muerte del pensionado “constituye el hecho que legitima la sustitución pensional” , por ello es constitucional que el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 exija “tanto para los cónyuges como para las compañeras o compañeros permanentes, acreditar los supuestos de hecho previstos por el legislador para que se proceda al pago de la prestación”, pues acoge un criterio real o material, como lo es “la convivencia al momento de la muerte del pensionado, como el supuesto de hecho para determinar el beneficiario de la pensión”.

2.4.2. Situación jurídica del cónyuge con separación de hecho y sociedad conyugal vigente respecto del último compañero permanente

En el caso del cónyuge supérstite separado de hecho pero con la sociedad conyugal vigente, el requisito de convivencia ha tenido un entendimiento amplio en la jurisprudencia, considerándose que el aparte final del literal b) del artículo 47 de Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003), también comprende la situación en la cual no hay conflicto con un compañero o compañera permanente, pero el cónyuge tenía un vínculo matrimonial, aunque no hubiera convivencia durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento del causante, evento en el que, con fundamento en los principios de solidaridad, los deberes de apoyo mutuo entre los cónyuges y amparados en criterios de equidad y justicia, el esposo o esposa puede probar la convivencia por 5 años en cualquier época, para tener derecho a la sustitución pensional. En estos términos se pronunció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral:

“La censura controvierte dicha conclusión del ad quem aduciendo, en esencia, que para que la cónyuge del pensionado fallecido adquiera el derecho a la pensión de sobrevivientes, en caso de no suscitarse una convivencia simultánea, es inexorable la existencia de una compañera permanente. En otras palabras, la recurrente aduce que el derecho de la cónyuge a recibir parte de la prestación, se encuentra condicionado a la existencia de una compañera permanente con posterioridad a la separación de hecho.

Al respecto, importa señalar que desde la sentencia CSJ SL, 29 nov 2011, Rad. 40055, que sirvió de apoyo al Tribunal, esta Sala de Casación Laboral solo había considerado la tesis de que la hipótesis del inciso 3° del literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para el evento en que, luego de la separación de hecho de un cónyuge con vínculo matrimonial vigente, el causante estableciera una nueva relación de convivencia y concurriera un compañero o compañera permanente, caso en el cual la convivencia de los 5 años de que trata la norma para el cónyuge que va a recibir una parte de la pensión, podía ser cumplida en «cualquier tiempo».

Sin embargo, dicho lineamiento jurisprudencial fue precisado por la Sala en sentencias CSJ SL, 24 ene 2012, Rad. 41637 y CSJ SL, 13 mar 2012, Rad. 45038, al ampliar la interpretación que había desarrollado la Corte sobre el tema, en el sentido de otorgarle una parte de la pensión a «quien acompañó al pensionado u afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le brindó asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que alude la normativa, sin que ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier época», para aceptar que se debía aplicar también en aquellos casos en los que no exista compañera permanente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, en atención a que «si el derecho incorporado en ese literal, otorgaba esa prerrogativa a la (el) cónyuge cuando mediaba una (un) compañera (o) permanente, no podía existir argumento en contra, ni proporcionalidad alguna, que se le restara cuando aquella no se hallaba, pues entonces la finalidad de la norma no se cumplía, es decir, no se proveía la protección al matrimonio que el legislador incorporó, haciendo la salvedad, de que la convivencia en el matrimonio, independientemente del periodo en que aconteció, no podía ser inferior a 5 años, según lo dispuesto en la preceptiva», armonizando así el contenido de la referida norma con criterios de equidad y justicia.

En efecto, en la citada sentencia CSJ SL, 24 ene 2012, Rad. 41637, la Sala adoctrinó:

(…)

“Lo que ocurrió en el sub lite, fue que el sentenciador de alzada concluyó que la demandante no logró demostrar, con el material probatorio recaudado, que hizo vida en común con su cónyuge durante los últimos años que antecedieron a su muerte, como tampoco acreditó ‘la exculpativa aducida para cimentar la ausencia de convivencia’, descendiendo de esta forma la controversia al terreno de los hechos, lo cual será objeto de estudio en el tercer cargo”.

Tal interpretación que ha desarrollado la Sala, sin embargo, debe ser ampliada, en tanto no es posible desconocer que el aparte final de la norma denunciada, evidencia que el legislador respetó el concepto de unión conyugal, y ante el supuesto de no existir simultaneidad física, reconoce una cuota parte a la cónyuge que convivió con el pensionado u afiliado, manteniéndose el vínculo matrimonial, aun cuando existiera separación de hecho.

Esa medida, sin lugar a dudas, equilibra la situación que se origina cuando una pareja que decidió formalizar su relación, y que entregó parte de su existencia a la conformación de un común proyecto de vida, que inclusive coadyuvó con su compañía y su fortaleza a que el trabajador construyera la pensión, se ve desprovista del sostén que aquel le proporcionaba; esa situación es más palmaria cuando es la mujer quien queda sin ese apoyo, en tanto su incorporación al mercado laboral ha sido tardía, relegada históricamente al trabajo no remunerado o a labores periféricas que no han estado cubiertas por los sistemas de seguridad social.

No se trata entonces de regresar a la anterior concepción normativa, relacionada con la culpabilidad de quien abandona al cónyuge, sino, por el contrario, darle un espacio al verdadero contenido de la seguridad social, que tiene como piedra angular la solidaridad, que debe predicarse, a no dudarlo, de quien acompañó al pensionado u afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le brindó asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que alude la normativa, sin que ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier época.

Ahora bien, si tal postura se predica cuando existe compañera o compañero permanente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado, no encuentra la Corte proporcionalidad o razón alguna para privar a la (el) esposa (o) del reconocimiento de la pensión, en el evento de no concurrir aquel supuesto, pues de admitirse, la disposición no cumpliría su finalidad, esto es, la protección en tal escenario, más si se evalúa que quien aspira a tal prestación mantiene un lazo indeleble, jurídico, económico, sea que este último se haya originado en un mandato judicial, o en la simple voluntad de los esposos.

Entonces, se hace necesario armonizar el contenido de la norma denunciada como interpretada erróneamente, con criterios de equidad y justicia, lo que implica un estudio particular en estos eventos extraordinarios, para determinar en qué casos se accede a la pensión según la parte motiva de esta providencia; en ese orden prosperan los cargos propuestos, por lo cual se casará en su totalidad la sentencia acusada”.

A su turno, esta Corporación ha estimado que ante la vigencia de la sociedad conyugal, aun cuando no exista convivencia al momento del fallecimiento del causante, por este hecho no se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes.

En efecto, en la sentencia del 14 de junio de 2007 se consideró en un asunto perteneciente al régimen de la fuerza pública que:

“Teniendo en cuenta que aún existen los vínculos jurídicos producidos por la unión en el matrimonio; situación que desplaza a la unión marital, y como no existe prueba en el expediente que existiera separación legal y definitiva de cuerpos o cesación de efectos civiles del matrimonio católico, no puede predicarse que el derecho a la sustitución pensional lo perdió la cónyuge sobreviviente”.

Frente al mismo tema en sentencia del 22 de abril de 2010, se estimó que pese a no existir convivencia con el cónyuge supérstite antes del deceso del causante, éste sí mantenía con ella un vínculo de solidaridad y asistencia, motivo por el cual tenía derecho a una proporción de la mesada pensional, así:

“A su vez, se encuentra acreditado que el señor Jesús Eulises Perea Peña, prodigaba a su cónyuge (con quien no convivía ni hacía vida marital, según lo probado en el proceso), señora Hermenegilda Serna Palacios, una ayuda económica para su sustento, lo que quiere decir que, en vida mantenía con ella, vínculos de solidaridad y asistencia, en orden a colaborar con su sostenimiento, circunstancia que en modo alguno puede desconocer la Sala, pues de ser así, y bajo la única consideración para el caso en particular, de que el derecho a sustituir radica en la compañera permanente con quien se demostró una convivencia efectiva, sería apartarse injustificadamente de una realidad social y moral que concurría en el causante, como lo era el hecho de prodigarle apoyo económico, y con ese criterio, reducir a la cónyuge supérstite a una evidente desprotección, más aún cuando no goza de buenas condiciones de salud.

En este orden de ideas, si bien, la Constitución y la Corporación Judicial a la que se ha confiado su guarda, privilegian el elemento sociológico, material y real de la convivencia como criterio para la determinación del beneficiario de la sustitución pensional, también ha señalado que es conforme a la Constitución el reparto de la pensión entre el cónyuge original y la pareja con la cual se convive. En el caso concreto, las circunstancias especiales, debidamente comprobadas, respecto de los vínculos de solidaridad, apoyo y ayuda económica que brindaba en vida el causante a su cónyuge separada, permiten, con fundamento en los artículos 5, 42 y 48 de la Constitución Política, y en los principios de justicia y equidad, acudiendo a la jurisprudencia como criterio auxiliar, reconocer y ordenar la distribución de la sustitución de la pensión post mortem del causante, Jesús Eulises Perea Peña, en partes iguales entre la cónyuge y compañera. La decisión de declarar el derecho a la sustitución pensional de esta manera, dadas las circunstancias especiales que concurren en el caso concreto, se aviene a los postulados constitucionales que protegen a la familia, en sus distintas formas de configuración, y extienden los derechos de la seguridad social tanto a cónyuges como a compañeros permanentes”.

Igualmente, en la sentencia del 15 de septiembre de 2016, la Subsección B de la Sección Segunda, afirmó que los efectos del matrimonio frente al derecho pensional no se menguan ante la falta de convivencia en los 5 años previos al fallecimiento del causante, así:

“En ese orden de ideas, está probado que durante los últimos 5 años anteriores al deceso del señor Gilberto Zapata Isaza (q.e.p.d.) no existió una convivencia simultánea que le permita a la señora Carlina Sierra Isaza de Zapata el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, por lo menos no de conformidad al literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, pues si bien se logró demostrar que existieron algunas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales u ocasionales que se presentaron después de la separación, tal es el caso de las visitas constantes que éste realizaba a su hija Carmen Lucrecia Zapata Sierra en casa de quien fuera su esposa, de modo alguno indica que se haya tratado de una relación de convivencia, caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia.

Ahora bien, no se puede desconocer que el inciso 3º del literal b) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 brindó la oportunidad a la cónyuge supérstite de ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes a pesar de que el pensionado hubiese tenido una compañera permanente durante los últimos cinco años, la cual se divide proporcionalmente al tiempo de convivencia con el fallecido, pero solo cuando se ha mantenido la sociedad conyugal vigente.

Lo anterior, por cuanto la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente, dado que los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos. En tal sentido, la sociedad de hecho que logre conformar el pensionado o el afiliado con la compañera permanente, solo cobrará efectos una vez esté liquidada la sociedad conyugal”.

Este mismo criterio fue reiterado en la sentencia del 16 de marzo de 2017, al especificar:

“En estos términos, estima la Sala que la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resulta acertada en cuanto sostuvo que el vínculo matrimonial existente entre los señores Dolores Narváez de Amaguaña y Adonias Amaguaña Pazcuaza se mantuvo vigente incluso al momento de la muerte de este último lo que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso final del literal b, del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y la doctrina de la Corte Constitucional le confería el derecho como sustituta de la pensión de sobreviviente causada en el caso concreto.

Lo anterior, dado que la separación de cuerpos de hecho verificada entre los señores Dolores Narváez de Amaguaña y Adonias Amaguaña Pazcuaza no tenía el alcance legal suficiente para disolver la sociedad conyugal existente entre estos desde el mismo momento en que contrajeron nupcias. En tal sentido, no se advierte dentro del expediente indicio o plena prueba que sugiera que en vida el señor Amaguaña Pazcuaza y la señora Narváez de Amaguaña hayan acordado disolver la referida sociedad en los términos permitidos por la ley.

Por tal motivo, a la fecha en que se registró la muerte del causante se encontraba vigente la referida sociedad patrimonial lo que, se repite por ministerio de la ley, le confería el derecho a la señora Dolores Narváez de Amaguaña a disfrutar de la prestación pensional por sobrevivencia causada, teniendo en cuenta que para ese momento nadie más concurría al caso concreto con igual derecho” (Texto resaltado por la Sala).

Y es que no puede ser otra la interpretación ni el alcance de los efectos jurídicos que surgen cuando convergen dos disímiles instituciones en cabeza de una sola persona, como lo son el matrimonio y la unión marital de hecho; circunstancia protegida en el artículo 47, literal b), inciso final de la Ley 100 de 1993, tal y como lo concluyó la Corte Constitucional en la sentencia C-336 de 2014:

“1.4. El Legislador dentro del marco de su competencia, en desarrollo del derecho a la seguridad social en pensiones, puede regular lo referente a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. En ese orden de ideas, en el caso de la convivencia no simultánea entre el cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente, ponderó los criterios de la sociedad patrimonial existente entre los consortes y la convivencia efectiva consolida con antelación al inicio de la unión marital de hecho, mediante la asignación de una cuota parte de la pensión.

1.5. Al analizar el aparte acusado a la luz de los presupuestos del juicio de igualdad, se pudo constatar que los sujetos en comparación -cónyuge con separación de hecho y con sociedad conyugal vigente y el último compañero permanente- pertenecen a grupos diferentes y por ello la norma demandada no otorga un trato diferente a quien es diferente, en tanto que ambas figuras no son necesariamente equiparables.”

En efecto, la parte pertinente de la mentada norma establece:

“Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.”

En función de lo dicho, observa la Sala que el caso concreto exhibe los presupuestos fácticos regulados por el legislador en el analizado inciso final, por lo que corresponde otorgar la prestación social al cónyuge separado de hecho y al compañero(a) permanente en proporción al tiempo de convivencia con el causante, así como en efecto lo dispuso el Tribunal Administrativo del Cesar en acertada aplicación de la concerniente norma, resultando sin fundamento jurídico los reparos formulados en las apelaciones de instancia, que en estricto sentido, argumentan el no cumplimiento del requisito de convivencia por más de cinco años continuos con anterioridad a la muerte del causante, los cuales al no ser exigidos para asuntos como el presente impiden su verificación.

Entonces, el derecho a la pensión de jubilación del señor Omar Alberto González Maestre debe ser sustituido proporcionalmente de acuerdo con el tiempo compartido entre la tercera interesada Maribeth Ovalle Felizzola, por haber sido su compañera permanente, y a la accionante Amparo Rodríguez Fajardo en calidad de cónyuge supérstite, toda vez que no se evidenció ruptura ni en el vínculo matrimonial ni la sociedad conyugal, a pesar de la separación de hecho.

2.5. Conclusión

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, se demostró que la señora Amparo Rodríguez Fajardo mantuvo convivencia por lapso de 19 años, 6 meses y 12 días, por tanto tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del señor Omar Alberto González Maestre, en proporción directa a este tiempo, de acuerdo con las exigencias del artículo 47, literal b), inciso final de la Ley 100 de 1993.

De igual forma, teniendo en cuenta que la pensión debe ser compartida en proporción directa a la convivencia, como se explicó, la señora Maribeth Ovalle Felizzola también mantuvo una relación con el señor Omar Alberto González Maestre, durante el interregno de 14 años, 6 meses y 17 días, por tanto le corresponderá compartir su pensión del modo que se manifestó en precedencia.

Bien vale la pena aclarar, que la pensión fue distribuida inicialmente en monto del 50% para la cónyuge y la compañera permanente supérstites y del 50% para los hijos menores de edad, en tal sentido en el instante en que se extinga el derecho de los descendientes a disfrutar de este derecho, la prestación se acrecentará a la cónyuge y a la compañera permanente en sus respectivas proporciones, según el tiempo de convivencia.

III. DECISIÓN

Conforme al análisis precedente, se impone confirmar la sentencia proferida el 19 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por AMPARO RODRÍGUEZ FAJARDO contra la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL EICE.

SEGUNDO.- Reconocer personería jurídica al abogado Carlos Arturo Orjuela Góngora, identificado con cédula de ciudadanía 17.174.115 de Bogotá y tarjeta profesional 6.491 del Consejo Superior de la Judicatura para actuar como apoderado de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder que obra a folios 627 a 629.

TERCERO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

SANDRA LISETT IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 84 al 89.
Folios 189 y 190.
Folio 377.

Folio 393.
Folio 577.
Folios 14 al 18.
Folios 25 y 26.

Folios 44 y 45.
Folios 53 al 57.
Folios 60 al 66.
Folios 76 al 79.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación por importancia jurídica, actora: Pastora Ochoa Osorio, demandado: Ministerio de Defensa – Policía Nacional, sentencia del 12 de abril de 2018, proceso con radicado 81001-23-33-000-2014-00012-01 (1321-2015).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia del 8 de marzo de 2018, proceso con radicado 08001-23-33-000-2013-90365-01.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
“ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "13" 13 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;(…)”
M.P. Fabio Morón Díaz.
M.P. Fabio Morón Díaz.
“En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente”. (Texto resaltado por la Sala).
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 10 de junio de 2015, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno, radicación Nº 63046, acta 18, SL7299-2015.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Ana Margarita Olaya Forero, proceso con radicado 25000-23-25-000-1999-06271-01(5214-05).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, proceso con radicado 27001-23-31-000-2002-00221-01 (1955-2007).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-04442-01 (1076-15).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, M.P. César Palomino Cortés, proceso con radicado 76001-23-31-000-2007-00980-01 (1888-07).
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-336 de 4 de junio de 2014, M. P. Dr. Mauricio González Cuervo.

Condición acreditada en sede administrativa.

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