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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05504-00

Fecha
14 de febrero de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05504-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárese improcedente la acción de tutela presentada por los señores Luz Amparo Rodríguez Flórez, Adriana Ruiz Patiño, Carmen Sofía Villamizar de Portilla, Paulina Ariza Valenzuela, Eida Castellanos Jiménez, Yasmín Rueda Galvis, Rita Olga Barrera, Flor Elba Guerrero, Laura Barreto Serrano, Jenny Patricia Ribero 9 Expedientes: 11001-03-15-000-2021-005504-00 Actores: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros Acción de Tutela Duarte, Orlando Morales Rueda y Erik Mauricio Oliveros Amaya, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-05504-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

14 de febrero de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C, catorce (14) de febrero de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2021-05504-00
Demandantes: LUZ AMPARO RODRÍGUEZ FLOREZ Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y
OTROS
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN TRÁMITE INCIDENTAL DE
DESACATO DE ACCIÓN POPULAR

Síntesis del caso: Los actores cuestionaron el auto proferido dentro del trámite
incidental de desacato de una acción popular en el que se ordenó a la ANLA
materializar el cierre definitivo del sitio de disposición final de residuos El Carrasco
para lograr el cumplimiento de la sentencia de 1° de marzo de 2009 del Juzgado 4
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga confirmada el 16 de febrero de
2011 por el Tribunal Administrativo de Santander. La Sala evidenció que las
acciones de tutela no cumplieron con el requisito de subsidiariedad al estar en
trámite el incidente de desacato.

La Sala procede a decidir las acciones de tutela presentadas por los señores Luz
Amparo Rodríguez Flórez, Adriana Ruiz Patiño, Carmen Sofía Villamizar de Portilla,
Paulina Ariza Valenzuela, Eida Castellanos Jiménez, Yasmín Rueda Galvis, Rita
Olga Barrera, Flor Elba Guerrero, Laura Barreto Serrano, Jenny Patricia Ribero
Duarte, Orlando Morales Rueda y Erik Mauricio Oliveros Amaya en contra del
Tribunal Administrativo de Santander, el Juzgado 15 Administrativo del Circuito
Judicial de Bucaramanga, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA,
La Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga SA ESP – EMAB, Veolia Aseo
Santander y Cesar S.A., Limpieza Urbana S.A. E.S.P., Metrolimpia S.A.S. E.S.P.,
Riuroque S.A. E.S.P. para la protección de su derecho fundamental a la salud.

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Expedientes: 11001-03-15-000-2021-005504-00
Actores: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
Acción de Tutela

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Con ocasión de las afectaciones generadas por el relleno sanitario El Carrasco,
algunos habitantes del barrio El Porvenir de Bucaramanga presentaron una acción
popular para efectos de lograr un adecuado manejo de las basuras depositadas en
ese sector.

2) El 1° de marzo de 2009 el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga declaró la vulneración de los derechos e intereses colectivos y ordenó
el cierre definitivo del botadero El Carrasco en un plazo de 12 meses. La decisión
fue apelada y en sentencia de 16 de febrero de 2011 el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó parcialmente el fallo de primera instancia y modificó el plazo de
cierre hasta el 30 de septiembre de 2011.

3) En virtud de la orden de cierre y mediante el Decreto no. 0234 de 1° de octubre
de 2011 el alcalde de Bucaramanga declaró el Estado de Emergencia Sanitaria por
6 meses para atender la situación. Luego, mediante el Decreto 0056 de 30 de marzo
de 2012 prorrogó el término por 18 meses más con lo cual dispuso la continuación
de las operaciones en el sitio de disposición final El Carrasco.

4) Mediante Decreto no. 0190 de 30 de septiembre de 2013 la administración
distrital declaró la existencia de una situación de calamidad pública ambiental,
circunstancia que dio lugar a un Estado de Emergencia Sanitaria y Ambiental a partir
del 1° octubre de 2013 y por un periodo de 24 meses.

5) El mencionado decreto se fundamentó en la carencia de un sitio alterno para la
disposición final de residuos sólidos en el área metropolitana de Bucaramanga. No
obstante, para ese momento la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de
la Meseta de Bucaramanga ya había proferido la Resolución no. 000017 de 12 de
enero de 2011 con la que otorgó a la empresa Entorno Verde SAS ESP una licencia

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Actores: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
Acción de Tutela

para la construcción y operación del Relleno Sanitario Parque Tecnológico
Ambiental Chocoa, ubicado en el terreno La Bonanza, municipio de Girón.

6) Con auto 1565 de 30 de abril de 2014 y en cumplimiento de una orden emitida
por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, la ANLA avocó conocimiento del Proyecto de Recuperación
Ambiental del Relleno Sanitario “El Carrasco” y asumió la verificación del
funcionamiento del botadero.

7) Posteriormente, la ANLA expidió la Resolución no. 53 de 18 de enero de 2018 en
la que ordenó a la EMAB materializar el cierre definitivo de El Carrasco antes del 31
de enero de 2019. Sin embargo, mediante Resolución no. 153 de 11 de febrero de
2019 esa autoridad ordenó la construcción de 2 celdas de contención conformadas
por residuos sólidos en el mismo sitio.

8) Mediante Resolución no. 1909 de 30 de noviembre de 2020 la ANLA ajustó el
cronograma del Plan de Desmantelamiento y Abandono, prorrogó el plazo para el
cierre definitivo y estableció que el 3 de mayo de 2021 sería la fecha límite para el
cese de actividades.

9) De manera simultánea a las actuaciones administrativas mencionadas los
demandantes de la acción popular referida presentaron un incidente de desacato
ante el Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga.

10) En audiencia de verificación de cumplimiento de 28 de noviembre de 2018 la
autoridad judicial exhortó a que antes del 31 de enero de 2019 se acatara la orden
de cierre. Luego, mediante auto de 19 de diciembre de 2019 el juzgado ordenó
suspender la recepción de residuos sólidos en El Carrasco a partir del 5 de enero
de 2020 y una vez más exhortó al cumplimiento inmediato del Plan de
Desmantelamiento y Abandono de la ANLA.

11) Con auto de 14 de diciembre de 2020 el juzgado reiteró que el plan de
desmantelamiento no es un instrumento para disponer de residuos sólidos de
manera indefinida y requirió a los alcaldes de los 16 entes territoriales afectados por
la decisión para que activaran sus planes de contingencia, buscaran un nuevo sitio

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Actores: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
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de disposición y explicaran las razones por las cuales no cumplieron las órdenes
emitidas en las sentencias.

12) En providencia de 14 de mayo de 2021 el juzgado advirtió a las partes que la
fase de estabilización finalizaría el 13 de agosto de 2021 y convocó a una audiencia
a efectos de materializar el cierre definitivo de El Carrasco. En esa oportunidad se
reiteró la ejecución de los planes de contingencia para traslado de residuos a fin de
garantizar la continuidad en la prestación del servicio.

13) Finalmente, el 5 de agosto de 2021 el juzgado ordenó la materialización del
cierre definitivo del sitio de disposición final “El Carrasco” a partir de las 00:00 horas
del 14 de agosto de 2021, además, requirió por séptima vez a los alcaldes de los
municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón para que
implementaran sus planes de contingencia y trasladaran sus residuos sólidos a otro
lugar.

14) En esa providencia se advirtió a los alcaldes de los municipios involucrados y al
Gerente de la Empresa de Aseo de Bucaramanga que debían abstenerse de
depositar residuos en ese lugar a partir de la fecha mencionada. De igual manera
se advirtió que la orden de cierre definitivo no quedaría condicionada o suspendida
por la expedición de actos administrativos o declaratorias de emergencia en tanto
ninguna dependencia o ente territorial tenía la potestad de autorizar capacidad
remanente por cuanto ya había finalizado la fase de estabilización del Plan de
Desmantelamiento y Abandono de El Carrasco.

2. Los fundamentos de la vulneración

Los actores cuestionaron el contenido del auto de 5 de agosto de 2021 en el que se
ordenó el cierre definitivo de El Carrasco.

Afirmaron que a la fecha no existe un lugar que pueda servir como depósito de las
basuras que durante más de 40 años fueron destinadas a El Carrasco por lo cual la
orden del juzgado implica una seria amenaza para los derechos fundamentales de
las poblaciones afectadas por el fallo de la acción popular.

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Actores: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
Acción de Tutela

Manifestaron que desde hace 10 años el municipio de Girón se encuentra bajo
declaratoria de emergencia sanitaria sin que se presente alguna de las situaciones
alegadas por los demandantes de la acción popular, esto es, que no hay malos
olores, presencia de aves carroñeras o cualquier otra situación imposible de ser
controlada.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior los demandantes solicitaron que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRIMERA: Tutelar nuestros derechos fundamentales a la VIDA, la
SALUD, la SALUBRIDAD PUBLICA los cuales se ven afectados a partir
del día 14 de agosto de 2021, por la imposibilidad de trasladar los residuos
sólidos al CARRASCO, siendo que no existe otra alternativa para su
disposición.

SEGUNDA: ORDENAR a las empresas PÚBLICAS PRESTADORAS
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, acatar la situación de emergencia
sanitaria declarada por el municipio de GIRON, mediante decreto 120 de
2020.

TERCERA: SUSPENDER el proceso de CIERRE DEL CARRASCO
ordenado por el Juez 15 Administrativo de Bucaramanga, hasta tanto se
obtenga técnicamente la habilitación de un nuevo sitio de disposición final
de residuos sólidos.

CUARTA: Que este honorable TRIBUNAL, ordene al JUEZ QUINCE
ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA a concertar el cumplimiento del
fallo, no mediante multas o arrestos, o cierre del carrasco, sino con la
búsqueda de una alternativa regional que solucione de forma definitiva el
problema de la disposición de residuos, por la cual le solicitamos aceptar
LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA GOBERNACIÓN DE
SANTANDER, Y LA ALCALDIA DE LEBRIJA, en cuanto a darle
continuidad a la FASE 3 del estudios (sic) AMB-UIS, EL (sic) LO
REFERENTE A LA COMPRA DE PREDIOS Y DEMÁS ACCIONES PARA
CONCRETAR LA SOLUCIÓN DEFINITIVA.” (mayúsculas fijas y negrillas
del original – archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 25 de agosto de 2021 la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó la notificación de las autoridades demandadas.

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Expedientes: 11001-03-15-000-2021-005504-00
Actores: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
Acción de Tutela

Con auto de 7 de diciembre de 2021 se ordenó la remisión del asunto a este
despacho para establecer la posibilidad de acumularlo al proceso con radicación
número 11001-03-15-000-2021-05572-00.

En atención a que en ese asunto se dictó fallo de primera instancia el 4 de octubre
de 2021 no fue posible decretar la acumulación de proceso. No obstante, dado que
este despacho fue el primero en avocar conocimiento de una tutela con similitud
fáctica y jurídica, con auto de 24 de enero de 2022 se avocó el conocimiento del
proceso.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga allegó
informe de respuesta en el que solicito que se declare la improcedencia de la acción
de tutela y se exhorte a las partes involucradas en el trámite de la acción popular a
que den cumplimiento sin dilación a las órdenes judiciales impartidas en las
sentencias que dispusieron el cierre definitivo de “El Carrasco”.

Afirmó que el estudio técnico propuesto por la Empresa de Aseo de Bucaramanga
que, a juicio de los actores, justifica la continuidad del botadero corresponde a aquel
que fue negado en tres oportunidades por la ANLA por no ser un estudio para
estabilizar sino para ampliar la capacidad remanente del lugar con las posibles
consecuencias ambientales que se pueden generar en su implementación.

Señaló que no es posible disponer indefinidamente de “El Carrasco” porque la
sentencia del Tribunal Administrativo de Santander fue clara en establecer que ese
lugar debía cerrarse a partir del 30 de septiembre de 2011 y no hasta que se
encontrara un nuevo lugar, máxime cuando han transcurrido más de 10 años sin
que sea posible la concertación de los Municipios del área metropolitana de
Bucaramanga.

No es posible autorizar nuevas prorrogas o ampliar la vida útil o la capacidad
remanente del botadero porque ya culminó la fase de su estabilización y en tal
medida es procedente el cumplimiento de la orden de cierre contenida en las
sentencias que fueron expedidas hace más de 10 años.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el caso de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Santander, el Juzgado 15 Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, La
Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga SA ESP – EMAB, Veolia Aseo
Santander y Cesar S.A., Limpieza Urbana S.A. E.S.P., Metrolimpia S.A.S. E.S.P.,
Riuroque S.A. E.S.P. con el fin de que se proteja el derecho fundamental a la salud
presuntamente vulnerado por motivo del auto de 5 de agosto de 2021 proferido
dentro del trámite incidental de desacato en la acción popular no. 68001-23-31-000-
2002-02891-00.

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Actores: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
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En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela al no estar satisfecho el requisito de subsidiariedad por las
razones que procede la Sala a exponer:

1) De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente la Sala concluyó que es un
hecho evidente que a la fecha se encuentra en trámite el incidente de desacato de
la acción popular en la que actuaron como demandantes los ciudadanos Luis
Guillermo Rosso Bautista, Jacob Giraldo Dávalos y Linnette Andrea Gutiérrez,
demandantes de la acción popular referida ante el Juzgado 15 Administrativo del
Circuito de Bucaramanga en la que solicitaron el amparo a los derechos colectivos
de los habitantes de los barrios El Porvenir, Balcones de Provenza, Mal Paso,
Manuela Beltrán, Dangond, Monterredondo, Estoraques y Punta Estrella de
Bucaramanga.

2) Justamente en ese trámite incidental en curso se discute si hay lugar a declarar
el cumplimiento de la sentencia proferida el 1° de marzo de 2009 por el Juzgado 4
Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga confirmada el 16 de febrero de
2011 por el Tribunal Administrativo de Santander y en el que las partes legitimadas
podrán exponer las razones que sustenten una u otra postura.

3) Basta lo anterior para concluir que la acción de tutela no superó el requisito de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por lo que será
declarada improcedente en la parte resolutiva de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA

1º) Declárese improcedente la acción de tutela presentada por los señores Luz
Amparo Rodríguez Flórez, Adriana Ruiz Patiño, Carmen Sofía Villamizar de Portilla,
Paulina Ariza Valenzuela, Eida Castellanos Jiménez, Yasmín Rueda Galvis, Rita
Olga Barrera, Flor Elba Guerrero, Laura Barreto Serrano, Jenny Patricia Ribero

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Expedientes: 11001-03-15-000-2021-005504-00
Actores: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
Acción de Tutela

Duarte, Orlando Morales Rueda y Erik Mauricio Oliveros Amaya, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo 806 de 2020.

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