Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05504-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05504-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-05504-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
19 de agosto de 2022
1
Radicado: 11001 03 15 000 2021 05504 01 (Acumulado)
Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 11001 03 15 000 2021 05504 01 (Acumulados 11001 03 15 000 2021
05681 00; 11001 03 15 000 2021 05812 00; 11001 03 15 000 2021 05825 00; 11001
03 15 000 2021 06099 00; 11001 03 15 000 2021 06367 00; 11001 03 15 000 2021
06370 00 y 11001 03 15 000 2021 06372 00)
Accionante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros1
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander, Juzgado 15 Administrativo Oral
de Bucaramanga, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, Empresa
de Servicios Públicos de Bucaramanga – EMAB, Veolia Aseo Santander y Cesar
S.A., Limpieza Urbana S.A. E.S.P., Metrolimpia SAS E.S.P., Riuroque S.A.S. E.S.P.
Tesis: Está legitimado un municipio, vinculado en primera instancia como tercero
interviniente, para presentar un recurso de impugnación en contra del fallo de tutela
que rechazó por improcedente la acción, si la parte actora decide no recurrir la
sentencia.
No están legitimados en la causa por activa las activa personas naturales o jurídicas
para presentar una demanda en ejercicio de la acción de tutela en la que se
pretenden la protección de derechos a la salubridad pública, disfrutar de un
ambiente sano y el saneamiento ambiental.
ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el Municipio de Bucaramanga en
contra de la sentencia dictada el 14 de febrero de 2022 por la Subsección “B” de la
1
Adriana Ruiz Patiño, Carmen Sofia Villamizar de Portilla, Paulina Ariza Valenzuela, Eida
Castellanos Jiménez, Yasmin Rueda Galvis, Rita Olga Barrera, Flor Elba Guerrero, Laura Barreto
Serrano, Jenny Patricia Ribero Duarte, Orlando Morales Rueda y Erik Mauricio Oliveros Amaya,
Javier Enrique Landazábal Martínez; Maríah Silvana Castillo Van – EPS, Nohora Pradilla y Laura
Viviana García Osorio; ciudadanos miembros del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de
Bucaramanga; Luisa Fernanda Villalobos Saldaña; Jaime Eduardo Amarillo Serrano; Oficina del
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de Piedecuesta, Milton Alejandro Desousa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05504 01 (Acumulado)
Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia.
I. LAS DEMANDAS
1.1. En el proceso con número de radicado 11001 03 15 000 2021 05504 00,
fungieron como demandantes los ciudadanos Luz Amparo Rodríguez Flórez,
Adriana Ruiz Patiño, Carmen Sofia Villamizar de Portilla, Paulina Ariza Valenzuela,
Eida Castellanos Jiménez, Yasmin Rueda Galvis, Rita Olga Barrera, Flor Elba
Guerrero, Laura Barreto Serrano, Jenny Patricia Ribero Duarte, Orlando Morales
Rueda y Erik Mauricio Oliveros Amaya.
A su vez, son accionantes, en los expedientes: (i) 11001 03 15 000 2021 05681 00,
la Oficina del Medio Ambiente y Gestión de Riesgo del Municipio de Piedecuesta –
Santander, (ii) 11001 03 15 000 2021 05812 00, los Ciudadanos Miembros del
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Bucaramanga, (iii) 11001 03 15 000
2021 05825 00, Javier Enrique Landazábal Martínez, (iv) 11001 03 15 000 2021
06099 00, Jaime Eduardo Amarillo Serrano, (v ) 11001 03 15 000 2021 06367 00,
Luisa Fernanda Villalobos Saldaña, (vi) 11001 03 15 000 2021 06370 00, Mariah
Silvana Castillo Van – EPS, Nohora Patricia Pradilla Ardila y Laura Viviana García
Osorio, (vii) 11001 03 15 000 2021 06372 00, Milton Alejandro Desousa Núñez.
Todos los anotados accionantes, actuando a nombre propio, formularon acción de
tutela pidiendo la protección a los derechos fundamentales “a la SALUD, LA VIDA, LA
SALUBRIDAD PÚBLICAD, DISFRUTAR DE UN AMBIETNTE SANO Y EL SANEAMIENTO
AMBIENTAL” 2 que estimaron vulnerados con ocasión del trámite incidental adelantado
en el medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con número
de radicado 68001 23 31 000 2002 02891 00, en el Juzgado Quince Administrativo de
Bucaramanga, que ordenó el cierre definitivo del relleno sanitario El Carrasco, a partir
del 14 de agosto de 2021.
Lo anterior, teniendo en cuenta los fundamentos fácticos que, de manera general, se
resumen a continuación:
2
Visible a índice 2 del expediente 11001 03 15 000 2021 05504 00 en el Sistema de Gestión Judicial
Samai.
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05504 01 (Acumulado)
Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
Afirmaron que, como ciudadanos del Área Metropolitana de Bucaramanga, se
encuentran afectados por la inexistencia de un relleno sanitario regional que supla
la prestación del servicio de aseo que en la actualidad es llevada a cabo en el relleno
El Carrasco, cuyo cierre fue ordenado en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander dentro del proceso de acción popular identificado con
número 68001 33 31 000 2002 02891 00, y por el Juzgado 15 Administrativo Oral
de Bucaramanga, en providencia del 5 de agosto de 2021, ésta última en sede
desacato.
Mencionaron que, en consecuencia, las empresas de servicios públicos les han
informado que, a partir del sábado 14 de agosto de 2021, no habría un lugar para
disponer las basuras. Alegaron que dicha circunstancia se agrava si se tiene en
cuenta que en el mencionado relleno se depositan aproximadamente novecientos
setenta y siete toneladas (977 t) de residuos de los municipios de Bucaramanga,
Floridablanca, Girón, Lebrija, Rionegro, El Playón, Charta, Surata, Betulia, Santa
Bárbara, California, Matanza, Tona, Zapatoca, Los Santos y Piedecuesta.
Aseveraron que, aun cuando la empresa Veolia Aseo Santander y Cesar S.A.,
señaló que, si bien podría realizarse la disposición final de residuos en la PTA Las
Bateas, localizada en el Municipio de Aguachica – César, ello representaría un
veinticinco por ciento (25%) de sobre sobrecosto en la tarifa que pagan los
ciudadanos, cifra que, además, consideraron como cuantiosa, si se tiene en
consideración la situación económica del país derivada de la pandemia del COVID
19. Expresaron que, según información de la Alcaldía de Girón – Santander, la
citada propuesta sólo tendría aplicación por tres (3) meses, vencidos los cuales no
habría un lugar para disponer residuos.
Aseguraron que la empresa EMAB, en varias oportunidades, ha presentado
informes de la situación de seguridad y estabilidad del citado relleno, los cuales dan
cuenta que el sitio de disposición ya no es botadero de basura a cielo abierto ni
representa riesgo, por lo que el mismo es la única alternativa viable para continuar
disponiendo basuras en el Área Metropolitana.
Afirmaron que, “más allá de la orden de cierre que deban cumplir los ALCALDES DEL
ÁREA METROPOLITANA, y más allá de las gestiones que hallan o no realizado para
cumplir las órdenes de cierre, lo cierto es que, a partir del día 14 de agosto NO HAY
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Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
UN SITIO, en el que se pueda disponer las basuras del municipio de forma
DEFINITIVA, por lo que el CIERRE del CARRASCO, vulnera nuestros derechos a la
SALUD y a la SALUBRIDAD PÚBLICA, agregándole que estamos aún en una situación
de riesgo PROVOCADA POR LA PANDEMIA, en la que continuamente se producen
variantes del VIRUS, cada vez más letales, que nos pone en una situación
sumamente riesgosa, en la medida que los residuos HOSPITALARIOS DE RIESGO, no
puedan ser dispuestos de manera adecuada en un sitio que no genere o aliente la
proliferación del virus.”3
Añadieron que a la fecha no se presentaba ninguna de las situaciones que dieron
lugar al cierre del relleno El Carrasco, puesto que no existen malos olores, presencia
de gallinazos o cualquier otra situación “fuera de control”.
Explicaron que, el 11 de abril de 2019, fue firmado el Convenio Interadministrativo
No. 000132, suscrito entre el Área Metropolitana de Bucaramanga y la Universidad
Industrial de Santander – UIS, con el objeto de que fuera definido un único sitio para
la construcción del nuevo relleno regional, y en el que se determinó que el Municipio
de Lebrija tenía uno para la construcción de éste. Sin embargo, advirtieron que la
comunidad impidió a los peritos de la UIS el ingreso a los predios privados en los
que sería edificado el mismo.
Indicaron que el Municipio de Lebrija propuso continuar con unos estudios
adelantados por el AMB – UIS, que arrojaron unas alternativas de disposición de
residuos sólidos en dicho municipio, para lo cual era necesario efectuar la compra
de predios, los procesos de licenciamiento y construcción del relleno sanitario
regional, sin que dicha opción fuera aceptada por el Juez de conocimiento del
trámite incidental.
Aseveraron que, de acuerdo con lo establecido por la EMAB, el Plan de
Desmantelamiento y Abandono de El Carrasco terminaría el 3 de mayo de 2021. No
obstante, indicó que, luego de una solicitud de ampliación de ese plazo, la ANLA,
en Resolución No. 0786 del 30 abril de 2021, autorizó su finalización para el 13 de
agosto de 2021.
3
Visible a folio 3 ibídem.
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Indicaron que, como para la fecha indicada por la ANLA para el cierre de El
Carrasco, no había sido posible concretar un nuevo sitio de disposición final de
residuos sólidos, fue solicitada una prórroga al Juzgado 15 Administrativo de
Bucaramanga, que, en auto del 23 de julio de 2021, manifestó que el único
competente para conceder dicha ampliación era la autoridad ambiental.
Alegaron que, por ende, fue pedido el aplazamiento del aludido término a la ANLA,
pero que esa entidad, en Auto No. 05968 del 3 de agosto de 2021, mantuvo el
cronograma establecido para la clausura de El Carrasco.
Expresaron que el Juez 15 Administrativo de Bucaramanga, en auto del 5 de agosto
de 2021, ordenó a la ANLA materializar el cierre y suspensión de todas las
operaciones relacionadas con el cierre de El Carrasco a partir de las 00:00 horas
del 14 de agosto de 2021, salvo que la aludida autoridad ambiental resolviera
modificar el término dispuesto en la Resolución No. 0786 del 30 abril de 2021.
Resaltaron que, preocupados por las graves consecuencias sociales y ambientales
por el cierre del relleno El Carrasco, fue pedida una audiencia al Juzgado 15
Administrativo de Bucaramanga, la cual se llevó a cabo el 11 de agosto de los
corrientes. Allí expusieron que la EMAB manifestó que era viable ampliar la
capacidad de El Carrasco para permitir la operación estable en el sitio durante
aproximadamente dos (2) años.
Igualmente, alegaron que la ANLA reconoció que las condiciones actuales de El
Carrasco han mejorado, al punto que el sitio ya cuenta con un permiso de
vertimientos, no tiene malos olores y no hay presencia de gallinazos. Sin embargo,
advirtieron que, pese a ello, el Juez 15 Administrativo de Bucaramanga mantuvo su
decisión de cerrarlo, bajo el argumento que la entidad competente para adoptar una
decisión que permitiera el aplazamiento de la clausura de dicho relleno era la ANLA,
sin que la misma hubiera accedido a tal petición.
II. TRÁMITE DE LAS TUTELAS
2.1. Los expedientes de la referencia fueron admitidos en las providencias que
pasan a relacionarse: (i) 25 de agosto de 2021, proceso 11001 03 15 000 2021
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05504 01 (Acumulado)
Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
05504 004, (ii) 6 de septiembre de 2021, expediente 11001 03 15 000 2021 05681
005, (iii) 19 de octubre de 2021, proceso con radicado 11001 03 15 000 2021 05812
00, (iv) 1 de octubre de 2021, en el 11001 03 15 000 2021 05825 006, (iv) 25 de
octubre de 2021, proceso 11001 03 15 000 2021 06099 007, (v) 19 de octubre de
2021, en el 11001 03 15 000 2021 06370 008, (vi) 19 de octubre de 2021, en el 11001
03 15 000 2021 06370 009 y (vii) 16 de noviembre de 2021, proceso 11001 03 15 000
2021 06372 00 10.
Asimismo, se ordenó vincular como terceros con interés a los ciudadanos Luis
Guillermo Rosso Bautista, Linnete Andrea Gutiérrez González, Jacob Giraldo, a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, a la Empresa de Servicios
Públicos de Bucaramanga – EMAB, Veolia Aseo Santander y Cesar S.A., Limpieza
Urbana S.A. E.S.P., Metrolimpia SAS E.S.P., Riuroque S.A.S. E.S.P., a la
Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga –
CMB, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Gobernación
del Departamento de Santander, a los municipios de Bucaramanga,
Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Rionegro, El Playón, Charta, Suratá,
Betulia, Santa Bárbara, California, Matanza, Los Santos, Tona y Zapatoca del
Departamento de Santander y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
2.2. Ahora, en los siguientes proveídos, se dispuso acumular al proceso con
radicado 11001 03 15 000 2021 05504 00, los demás expedientes que son objeto
de análisis en el presente asunto: (i) 8 de noviembre de 2021, proceso 11001 03 15
000 2021 05681 0011, (ii) 19 de octubre de 2021, proceso con radicado 11001 03
15 000 2021 05812 0012, (iii) 1 de octubre de 2021, 11001 03 15 000 2021 05825
0013, (iv) 25 de octubre de 2021, 11001 03 15 000 2021 06099 0014 y (v) 19 de
octubre de 2021, 11001 03 15 000 2021 06370 0015.
4
Visible a índice 16 ibídem.
5
Visible a índice 3 ibídem.
6
Visible a índice 13 del expediente 11001 03 15 000 2021 05825 00, ibídem.
7
Visible a índice 10 ibídem.
8
Visible a índice 10 ibídem.
9
Visible a índice 10 ibídem.
10
Visible a índice 10 ibídem.
11
Visible a índice 11 ibídem.
12
Visible a índice 3 ibídem
13
Visible a índice 13 del expediente 11001 03 15 000 2021 05825 00, ibídem.
14
Visible a índice 10 ibídem.
15
Visible a índice 10 ibídem.
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7
Radicado: 11001 03 15 000 2021 05504 01 (Acumulado)
Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
Igualmente, debe recalcarse que en esos mismos proveídos se negaron las
respectivas medidas cautelares, pedidas por los allí demandantes.
2.3. Las entidades accionadas, dieron contestación a los escritos de amparo, así:
2.4. Mediante memoriales del 19 de agosto16 y 13 de octubre de 202117, la
Alcaldía del Municipio de Piedecuesta 18 manifestó que coadyuva las
pretensiones de la demandante, ya que consideraba que el Juzgado 15
Administrativo de Bucaramanga vulneró los derechos fundamentales a la salud, vida
y el medio ambiente sano de ese territorio con el cierre de El Carrasco; a su vez,
solicitó su desvinculación del trámite de la referencia por no causar ninguna
vulneración de derechos19.
2.4.1. La ANLA, en escritos del 20 de agosto20, 8 de septiembre21, 1222 y 2523 de
octubre de 2021, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, bajo
los siguientes argumentos:
Se opuso a cada una de las pretensiones planteadas en las correspondientes
demandas, en dos (2) puntos principales: la falta de competencia por parte de la
ANLA y la improcedencia de la acción de tutela por carecer de los requisitos de
procedibilidad. Frente al primero, manifestó que le fue conferida la función de
realizarle seguimiento y control al proyecto “RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL
RELLENO SANITARIO EL CARRASCO”, situación que no puede ser objeto de confusión
frente a las labores que le fueron encargadas por ley, como son el seguimiento y la
vigilancia ambiental.
Indicó que la obligación de asegurar la prestación de los servicios públicos
domiciliarios a los que hace referencia el artículo 1 de la Ley 142 de 1994, es de los
16
Visible a índice 4 ibídem.
17
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 05825 00
18
Visible en el índice 26 del proceso 11001 03 15 000 2021 05681 00
19
La anotada entidad no contestó en el proceso con número de radicado 11001 03 15 000 2021
06370 00
20
Visible a índice 6 ibídem.
21
Visible a índice 10 ibídem.
22
Dentro del expediente 11001 03 15 000 2021 05825 00
23
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 06370 00.
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05504 01 (Acumulado)
Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
municipios y departamentos, por lo que pidió su desvinculación, al no tener
legitimación en la causa por pasiva.
Con relación a la improcedencia de la acción de tutela, afirmó que la misma carece
de subsidiariedad, ya que ésta presupone que se agoten los recursos o medios de
defensa que puedan ser aplicables antes de ejercer la demanda constitucional, y en
el caso objeto de estudio se busca la suspensión de la Resolución que ordena el
desmantelamiento y abandono del Relleno Sanitario El Carrasco hasta que las
autoridades territoriales cuenten con un sitio de disposición para los residuos sólidos
de los municipios del Departamento de Santander, por lo que aseguró que la
accionante contaba con los medios de control de nulidad y nulidad y
restablecimiento, para defender la protección de sus derechos.
Por último, aludió a la inexistencia de la vulneración de los derechos invocados e
insuficiencia probatoria. Mencionó que, a pesar de la clausura del relleno sanitario
El Carrasco, la Empresa de Servicios de Aseo de Bucaramanga S.A E.S.P., en la
actualidad, se encuentra prestando el servicio de recolección de residuos sólidos en
sus frecuencias y rutas establecidas, al activar para esos efectos un plan de
contingencia.
Concluyó solicitando que se denegaran las pretensiones de la demanda por no
cumplir con los requisitos de procedencia señalados en la norma y los precedentes
judiciales, y que se reconozca la falta de legitimación en la causa por pasiva
respecto de la ANLA.
2.4.2. En oficios del 10, 20 de agosto24, 1325 y 2226 de octubre de 2021, el Gerente
de la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB S.A ESP, dio respuesta a la
acción de tutela esgrimiendo los argumentos que pasan a sintetizarse27:
Frente a los hechos, manifestó que los mismos son ciertos y que, como
consecuencia de las decisiones adoptadas por la ANLA, a partir del 14 de agosto
de 2021, no podría cumplir con sus funciones legales relacionadas con la prestación
del servicio de aseo.
24
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 05681 00
25
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 05825 00
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Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 06370 00
27
Visto en el índice 8 ibídem.
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05504 01 (Acumulado)
Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
Resaltó que el sitio más cercano para disponer basuras en caso de que se cierre El
Carrasco se encuentra en el Municipio de Aguachica – César, esto es, a cinco (5)
horas de la ciudad de Bucaramanga, lo que hace inviable trasladar los residuos allí,
máxime cuando el Alcalde de dicho Municipio ha manifestado públicamente que
impedirá que ingresen vehículos provenientes del Departamento de Santander que
estén cargados con residuos sólidos
En consecuencia, solicitó se amparen los derechos fundamentales invocados, so
pena de que exista una crisis ambiental y sanitaria en caso de que prospere la orden
de cierre material de El Carrasco28.
2.4.3. Por memoriales del 23 de agosto, 14 de septiembre29 y 13 de octubre30 del
mismo año, el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga procedió a contestar
el libelo introductorio bajo los fundamentos que se sintetizan a continuación31:
Hizo un relato del trámite incidental que motivó la presentación de la acción de
tutela. Posteriormente, adujo que la orden de cierre del sitio de disposición final El
Carrasco había sido expedida hace diez (10) años por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Bucaramanga y confirmada parcialmente por el Tribunal
Administrativo de Santander, el 16 de febrero de 2011, pero que dicha decisión no
había sido materializada.
Afirmó que el 3 de octubre de 2018, en dicho lugar se generó una falla donde hubo
remoción de masa de residuos sólidos, lo que ocasionó que la citada autoridad
judicial ordenara la implementación del Plan de Desmantelamiento y Abandono del
sitio de disposición final El Carrasco. Con el fin de dar cumplimiento a dicha orden,
se creó una Mesa Técnica integrada por las partes.
Adujo que requirieron a los municipios del Área metropolitana de Bucaramanga,
para que realizaran planes de contingencia en los que encontraran un nuevo lugar
28
La anotada entidad no contestó en el proceso con número de radicado 11001 03 15 000 2021
06370 00
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Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 05825 00.
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Visto en el índice 12 ibídem
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05504 01 (Acumulado)
Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
para depositar los residuos sólidos, para así continuar con la prestación del servicio
en el momento en que se generara el cierre total de El Carrasco.
Por último, solicitó lo siguiente:
“solicito respetuosamente se deniegue por improcedente la Acción de Tutela y
se ordene a los 16 municipios que depositan sus residuos en ese lugar y a la
Empresa de Aseo de Bucaramanga dar cumplimiento sin ninguna dilación de
las órdenes judiciales impartidas en las sentencias expedida el 01 de marzo de
2009 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga
y confirmada parcialmente el 16 de febrero de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Santander dentro de la Acción Popular No.
68001233100020020289100, que dispuso el cierre definitivo del Sitio de
Disposición Final “El Carrasco” a partir del 30 de septiembre de 2011, sin que
su cumplimiento este condicionado a la declaratoria de emergencias sanitarias,
situación de riesgo de calamidad pública y Calamidad Pública, para disponer
indefinidamente en ese lugar bajo una “transitoriedad” que va a cumplir diez (10)
años.”32
2.4.4. A través de escritos del 24 de agosto, 10 de septiembre33 y 26 de octubre34
de 2021, la Alcaldía del Municipio de Bucaramanga se pronunció frente a los
hechos y las pretensiones de la acción de tutela, mencionando que, con el cierre
definitivo del Relleno Sanitario El Carrasco, los bumangueses han visto afectados
sus derechos a la vida, salud, salubridad pública, ambiente sano y saneamiento
ambiental y aplicación del principio de precaución, situación que ocasionó la
declaratoria de una emergencia sanitaria.
Por esta razón solicitó que sea declarado el amparo y que se ordene la apertura del
Carrasco para que se continúe disponiendo de los residuos sólidos de los dieciséis
(16) municipios, pues de no ser así se generaría una crisis sanitaria y ambiental de
gran magnitud35.
2.4.5. En memoriales del 2 y 10 de septiembre, 1236 y 2537 de octubre de 2021, la
Alcaldía del Municipio de Santa Bárbara - Santander mencionó que no le
constaban los hechos plasmados en la acción de tutela, y frente a las pretensiones,
32
Ibídem.
33
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 05681 00
34
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 06370 00
35
Visto en el índice 14 íbidem.
36
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 05825 00.
37
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 06370 00
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05504 01 (Acumulado)
Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
afirmó que no haría oposición, pues era el Consejo de Estado el encargado de
revisar su legalidad38.
Fundamentó su contestación en la improcedencia de la acción e inexistencia de la
violación de los derechos por parte del Municipio de Santa Bárbara – Santander, ya
que las solicitudes de la actora no tienen relación con la citada autoridad territorial,
pues la discusión versa sobre recolección de basuras en el municipio de
Bucaramanga, problema que, a su juicio, debía ser resuelto por ese municipio.
Por último, solicitó que se resuelva en el fallo que la autoridad territorial de Santa
Bárbara no ha causado ninguna clase de perjuicio irremediable que deba ser
protegido mediante acción de tutela39.
2.4.6. En escrito del 2 de septiembre de 202140, la Empresa Limpieza Urbana
SA ESP S.A., manifestó que son los encargados de prestar el servició de
recolección a los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón;
en razón a ello, solicitó que las pretensiones fueran acogidas, pues, al no contar con
un sitio para la disposición final de los residuos los habitantes del Área Metropolitana
de Bucaramanga, estaban viendo afectados sus derechos fundamentales a la salud,
vida, salubridad pública y disfrute de un ambiente sano41.
2.4.7. En escritos del 2 de septiembre42 y 25 de octubre de 202143, la Empresa
Ruitoque E.S.P. se pronunció frente a lo expuesto en el escrito demandatorio, bajo
los siguientes argumentos44:
Se pronunció frente a los hechos aduciendo que eran ciertos, y sobre las
pretensiones, adujo que debe primar la protección de los derechos a la vida, salud
y el ambiente sano y, por lo tanto, solicitó a esta Corporación tomar medidas para
resolver el conflicto que se está presentando con la disposición de los residuos
sólidos de los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.
38
La citada entidad no emitió respuesta en el proceso identificado 11001 03 15 000 2021 05825 00.
39
Visible a índice 26 ibídem.
40
Visible a índice 28 ibídem.
41
La citada entidad no emitió respuesta en los procesos identificados 11001 03 15 000 2021 05825
00 y 11001 03 15 000 2021 06370 00
42
Visible a índice 29 ibídem.
43
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 06370 00
44
La citada entidad no emitió respuesta en el proceso identificado 11001 03 15 000 2021 05825 00.
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Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
Afirmó que se encargaron de reactivar la prestación del servicio de recolección de
basuras en las áreas de su competencia, las cuales son los Municipios de
Piedecuesta, Floridablanca y Girón; por lo tanto, no son responsables de ningún tipo
de afectación ambiental.
2.4.8. Mediante escritos del 3 de septiembre, 12 45 y 2546 de octubre de 2021, la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios47 pidió su desvinculación
del trámite de la referencia indicando que no vulneraron ninguno de los derechos
invocados por las partes48. Mientras que la Empresa Metrolimpia ESP49, solicitó lo
propio en memorial del 3 de septiembre de 2021.
2.4.9. En oficios del 3 de septiembre, 10 de agosto50 y 2051 y 26 52de octubre de
2021, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga -CDMB dio respuesta a la acción de tutela de la referencia
esgrimiendo lo que sigue:
Indicó que, mediante Resolución 368 del 11 de marzo de 2014, expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se le otorgó la competencia para
evaluar y controlar ambientalmente a la Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB
– S.A ESP., en relación al proyecto “Recuperación ambiental del sitio de disposición
final el Carrasco”, y que la ANLA, en Resolución nro. 786 del 30 de abril de 2021,
ordenó el cierre definitivo del sitio de disposición final El Carrasco el 13 de agosto
del año 2021.
Pidió que se declare la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
ya que no existe una razón para vincularla en el proceso, pues no es la competente
frente a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de recolección de
basuras, dado que las responsables de la vulneración de los derechos invocados
45
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 05825 00.
46
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 06370 00
47
Visible a índice 30 ibídem
48
La citadas entidades no emitieron respuesta en el proceso identificado 11001 03 15 000 2021
05825 00.
49
Visible a índice 31 ibídem
50
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 05681 00
51
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 05825 00
52
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 06370 00
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por el demandante son las autoridades territoriales y judiciales que se encargaron
del cierre del sitio de disposición final El Carrasco.
Manifestó que la acción de tutela es un mecanismo transitorio con el cual se busca
evitar un perjuicio irremediable; además, afirmó que existen otras acciones o
mecanismos que puedan ser usados en el presente caso, ya que no se logró
demostrar un perjuicio irremediable, grave, urgente e insalvable, tal como lo ordena
la Corte Constitucional en su jurisprudencia53.
2.4.10. A través de mensajes de datos enviados el 3 de septiembre y el 2554 de
octubre de 2021, la Alcaldía del Municipio de Rionegro – Santander, solicitó que
fuera tenida en cuenta como coadyuvante de la parte demandante, por considerase
afectada con la sentencia del 18 de febrero de 2011, donde fue confirmada la orden
de cierre de El Carrasco5556.
2.4.11. En escrito calendado el 9 de septiembre de 202157, el Juez 4
Administrativo de Circuito Judicial de Bucaramanga solicitó su desvinculación
bajo el argumento que carecía de legitimación en la causa por pasiva para intervenir,
como quiera que los reproches de la demanda estaban dirigidos en contra de la
ANLA y el Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga 58.
2.4.12. En escrito del 29 de septiembre de 202159, la Gobernación de Santander
dio contestación al escrito demandatorio, indicando que no son la entidad encargada
de velar por cumplimiento y la prestación de los servicios públicos en los municipios,
de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 142 de 1994, pues son
éstos los competentes para buscar una solución frente a la suspensión del cierre
del Carrasco60.
53
Visible en el índice 33 ibídem
54
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 06370 00
55
Visible en el índice 34 ibídem.
56
La citada entidad no emitió respuesta en el proceso identificado 11001 03 15 000 2021 05825 00.
57
Visible en el índice 12 ibìdem.
58
Dicho Juzgado únicamente emitió respuesto en el expediente del proceso 11001 03 15 000 2021
05681 00.
59
Visible en el índice 43 ibídem.
60
La citada entidad no emitió respuesta en los procesos identificados 11001 03 15 000 2021 05825
00 y 11001 03 15 000 2021 06370 00
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2.4.13. En oficios del 26 de octubre61 y del 23 de noviembre de 2021, las Alcaldías
de Floridablanca62 y Zapatoca63 solicitaron la desvinculación por carecer de falta
de legitimación en la causa, en razón a que la prestación de los servicios públicos
no son actividades que se encuentren dentro de las funciones administrativas de las
entidades territoriales.
2.4.14. En memorial del 26 de octubre de 2021, el Área Metropolitana de
Bucaramanga 64 pidió su desvinculación del trámite de la referencia indicando que
no ha vulnerado, ni puesto en peligro, ninguno de los derechos que fueron
invocados con el escrito de tutela.
2.4.15. Mediante providencia del 7 de diciembre de 2021 65, el Despacho
sustanciador ordenó remitir el proceso de la referencia al Despacho del Consejero
Fredy Ibarra Martínez, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2.3.1.3.1. del Decreto
1834 de 201566.
En auto del 24 de enero de 202267, el Magistrado en cita avocó conocimiento en el
proceso de la referencia y negó la acumulación del proceso 11001 03 15 000 2021
05572 00.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia
del 14 de febrero de 2022, declaró improcedente la solicitud de tutela impetrada por
los señores Luz Amparo Rodríguez Flórez, Adriana Ruiz Patiño, Carmen Sofía
Villamizar de Portilla, Paulina Ariza Valenzuela, Eida Castellanos Jiménez, Yasmin
Rueda Galvis, Rita Olga Barrera, Flor Elba Guerrero, Laura Barreto Serrano, Jenny
Patricia Ribero Duarte, Orlando Morales Rueda y Erik Mauricio Oliveros Amaya,
señalando que, al no estar satisfecho el requisito de subsidiariedad, la acción de
tutela no era procedente, por las razones que se proceden a transcribir:
61
Dentro del proceso 11001 03 15 000 2021 06370 00
62
Visible en el índice 88 ibídem
63
Visible en el índice 110 ibídem.
64
Visible a índice 28 ibídem.
65
Visible en el índice 122 ibídem.
66
La citada entidad no emitió respuesta en el proceso identificado 11001 03 15 000 2021 05825 00.
67
Visible en el índice 130 ibídem.
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“1) De acuerdo con las pruebas aportadas al expediente la Sala concluyó que
es un hecho evidente que a la fecha se encuentra en trámite el incidente de
desacato de la acción popular en la que actuaron como demandantes los
ciudadanos Luis Guillermo Rosso Bautista, Jacob Giraldo Dávalos y Linnette
Andrea Gutiérrez, demandantes de la acción popular referida ante el Juzgado
15 Administrativo del Circuito de Bucaramanga en la que solicitaron el amparo
a los derechos colectivos de los habitantes de los barrios El Porvenir, Balcones
de Provenza, Mal Paso, Manuela Beltrán, Dangond, Monterredondo,
Estoraques y Punta Estrella de Bucaramanga.
2) Justamente en ese trámite incidental en curso se discute si hay lugar a
declarar el cumplimiento de la sentencia proferida el 1° de marzo de 2009 por
el Juzgado 4 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga confirmada el
16 de febrero de 2011 por el Tribunal Administrativo de Santander y en el que
las partes legitimadas podrán exponer las razones que sustenten una u otra
postura. 3) Basta lo anterior para concluir que la acción de tutela no superó el
requisito de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por lo
que será declarada improcedente en la parte resolutiva de esta sentencia.”68
IV. LA IMPUGNACIÓN
El apoderado del Municipio de Bucaramanga, quien fue vinculado como tercero
con interés, en escrito radicado el 28 de febrero de 2022, presentó impugnación en
contra de la mencionada sentencia, teniendo en consideración las razones que
pasan a sintetizarse:
Adujo que, en la providencia impugnada, se resolvió que la acción de la referencia
no superaba el requisito de subsidiariedad debido a que sigue en trámite el incidente
de desacato, pero, para el recurrente, dicha afirmación va en contravía de lo
expuesto en la Jurisprudencia Constitucional, ya que, a pesar de que existen otros
mecanismos ordinarios para la defensa de sus derechos, estos no son efectivos ni
eficientes.
Se pronunció frente a los requisitos de procedibilidad previstos para las acciones
que se presentan en contra de providencias judiciales, de la siguiente manera:
Sobre la “relevancia constitucional” indicó que “los derechos fundamentales
alegados por el cierre, en este momento, del relleno sanitario El Carrasco son nada
menos que la vida, la salud, la salubridad pública, el disfrute de un ambiente sano y
el saneamiento ambiental. Cuando en este tipo de situaciones, como la de
68
Visible a índice 142 ibídem.
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Radicado: 11001 03 15 000 2021 05504 01 (Acumulado)
Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
disposición de desechos, se presenta un eventual conflicto con los derechos
fundamentales como los comprometidos en este caso, la Corte ha considerado que
existe relevancia constitucional”69.
Mencionó que no se dispone de otro medio judicial de defensa que logre la
protección de los derechos invocados y que intervengan de manera urgente las
decisiones que se están tomando en el trámite del incidente de desacato. De igual
forma, recalcó que el fallo de primera instancia presenta irregularidades de fondo,
por no analizar correctamente las pruebas que demostraban la realidad de la
situación; es decir, se ve viciado por un defecto fáctico, ya que se debieron estudiar
las dificultades técnicas y jurídicas que han impedido el cumplimiento de la orden
impartida en la acción popular.
Procedió a transcribir la sentencia SU 034 de 2018, de la cual extrajo que el Juez
incidental tiene la posibilidad de modular las órdenes principales, siempre y cuando
sea imposible su cumplimiento, para garantizar la protección de los derechos
fundamentales amparados.
Aseguró que “en este caso la vulneración es permanente en el tiempo y la situación
desfavorable de irrespeto de los derechos fundamentales afectados continúa y es
actual, pues ante el incumplimiento del cierre de El Carrasco se puede ver afectados
en grado sumo los derechos fundamentales del accionante y de todos los habitantes
del municipio de Bucaramanga y sus alrededores, pues aún no ha sido posible
implementar una solución adecuada y definitiva de sustitución del mentado relleno
sanitario, que cuente con todos los avales de las autoridades ambientales del caso,
y a necesidad de disposición de los desechos no da espera, por lo que es evidente
que se necesita gradualidad técnica en la adopción de medidas que impliquen en
(Sic) de El Carrasco, lo que no está ocurriendo.”70
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
69
Índice 142 ibídem.
70
Ibídem.
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Demandante: Luz Amparo Rodríguez Flórez y otros
De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 202171, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de
2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
5.2. Hechos
5.2.1. A través de auto del 5 de agosto de 2021, el Juzgado Quince Administrativo
de Bucaramanga ordenó la materialización del cierre definitivo del sitio de
disposición final El Carrasco a partir del 14 de agosto de 2021, dentro del trámite
incidental del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos con
número de radicado 68001 23 31 000 2002 02891 00, que busca el cumplimiento
del numeral cuarto de la sentencia expedida el 1° de marzo de 2009 por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Bucaramanga y confirmada parcialmente el 16 de febrero
de 2011, por el Tribunal Administrativo de Santander.
5.2.2. Inconformes con la orden dada dentro del trámite de incidente de desacato,
los ciudadanos Luz Amparo Rodríguez Flórez, Adriana Ruiz Patiño, Carmen Sofia
Villamizar de Portilla, Paulina Ariza Valenzuela, Eida Castellanos Jiménez, Yasmin
Rueda Galvis, Rita Olga Barrera, Flor Elba Guerrero, Laura Barreto Serrano, Jenny
Patricia Ribero Duarte, Orlando Morales Rueda, Erik Mauricio Oliveros Amaya,
Javier Enrique Landazábal Martínez, Maríah Silvana Castillo Van – EPS, Nohora
Pradilla y Laura Viviana García Osorio; ciudadanos miembros del Consejo Municipal
de Gestión de Riesgo de Bucaramanga; Luisa Fernanda Villalobos Saldaña; Jaime
Eduardo Amarillo Serrano; Oficina del Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de
Piedecuesta, Milton Alejandro Desousa, presentaron acción de tutela pidiendo la
protección de sus derechos fundamentales a la salud, la vida, la salubridad pública,
71
“Artículo 1°. Modífícacíón del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”
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ambiente sano y el saneamiento ambiental, que estimaron conculcados con ocasión
del auto del 5 de agosto de 2021, que ordenó el cierre definitivo del sitio de
disposición final El Carrasco.
5.2.3. En auto del 25 de agosto de 2021, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la demanda y ordeno vincular al Municipio de Bucaramanga, entre otros 72.
5.2.4. A través de providencia del 7 de diciembre de 2021, el Despacho
sustanciador resolvió remitir los expedientes de la referencia al Consejero Fredy
Ibarra Martínez, de la Sección Tercera de esta Corporación, para que éste avocara
conocimiento. Esto, en virtud de lo previsto en los artículos 2.2.3.1.3.1 y 2.2.3.1.3.3
del Decreto 1834 de 2015, los cuales determinaron que el Juez que conoció de la
primera acción de tutela masiva estaba obligado a pronunciarse sobre las demás
que le fueren remitidas.
5.2.5. Mediante sentencia del 14 de febrero de 2022, la Subsección “B” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la petición de amparo
de la referencia, fallo éste que fue impugnado por el accionante en memorial del 28
de febrero de 2022.
5.3. Planteamiento
La presente controversia supone el análisis de varias demandas que han sido
acumuladas por reunir los requisitos definidos por el orden jurídico para ese efecto,
debido a que en todas ellas se pretende el amparo de la comunidad en general,
particularmente de la ciudadanía de los Municipios de Girón, Piedecuesta,
Bucaramanga, Tona y Rionegro, todos del Departamento de Santander, a propósito
de la emergencia que, invocan, se ha generado por el cierre del Relleno Sanitario
El Carrasco.
Ahora, en los procesos identificados con los números 2021-05825, 2021-06099,
2021-06367, 2021-06370 y 2021-06372, se señala que actúan a nombre propio
pidiendo la protección de los derechos de esa población, pero además la
salvaguarda de “mis derechos a la vida y a la salud”.
72
Visible a índice 16 del expediente 11001 03 15 000 2021 05504 00
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En ese escenario, fue que el Municipio de Bucaramanga impugnó la sentencia que
dispuso rechazar por improcedente los pedimentos anotados, sosteniendo que se
vulneran los derechos a la vida y a la salud de la comunidad afectada por el cierre
del citado relleno, razón que conduce a esta Sala a analizar un presupuesto previo
al que define la viabilidad de recurrir providencias judiciales a través del mecanismo
de la acción de tutela, cual es, el de la legitimación en la causa por activa.
5.4. Legitimación en Segunda Instancia. Impugnante. Coadyuvante.
Así pues, en el asunto bajo examen se advierte lo que sigue: (i) el ente territorial
que recurrió el fallo se vinculó al proceso de la referencia como tercero con interés,
(ii) los sujetos que fungían como extremo activo estuvieron conformes con la
decisión emitida en primera instancia, y (iii) el Municipio de Bucaramanga, quien sí
discrepa de dicha providencia, aduce que no es viable que se defina el asunto
indicando que existen otros mecanismos de defensa, pues estos son ineficaces e
ineficientes dada la importancia de los derechos que están de por medio que afectan
a una colectividad y que además debe analizarse el fallo de primera instancia que
resolvió la acción popular, pues consideró que se encontraba viciado por indebida
valoración probatoria.
En tal orden, corresponde a la Sala analizar si está legitimado un municipio,
vinculado en primera instancia como tercero interviniente, para presentar un recurso
de impugnación, en contra del fallo de tutela que rechazó por improcedente la
acción, si la parte actora decide no recurrir la sentencia.
5.4.1. Para resolver tal aspecto es preciso aludir a lo que prevé el artículo 31 del
Decreto 2591 de 1991; veamos:
“Artículo 31. impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente,
sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión.” (Subrayas de la Sala)
De la norma anteriormente transcrita, se puede concluir que se encuentran
legitimados para impugnar el fallo, quienes funjan como solicitante del amparo, el
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Defensor del Pueblo y la autoridad pública o representante del órgano contra el cual
se dirige la petición.
No obstante, tal y como lo ha considerado la jurisprudencia, dicha disposición debe
ser entendida en consonancia con lo dispuesto en el artículo 13 ibidem, que es del
siguiente tenor:
“Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que
presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior,
o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de
la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en
él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien
se hubiere hecho la solicitud.” (Subrayas de la Sala)
En efecto, la Corte Constitucional en Auto 051 de 1996, con ponencia del
Magistrado Antonio Barrera Carbonell, definió que el tercero con interés tiene
derecho para impugnar siempre y cuando exista un interés legítimo:
“La Corte ha considerado que la intervención permite al tercero el derecho a
impugnar siempre que se mantenga un interés legítimo en la decisión. Al
respecto la sentencia T043 de 1996, Magistrado Ponente Dr. José Gregorio
Hernández Galindo advierte:
“Por otro lado, el interés en la decisión judicial viene a ser elemento relevante
para configurar la legitimidad de quien impugna, ya que sería injusto y
contrario a toda lógica que el tercero afectado con aquélla, pese a no haber
sido parte, tuviera que sufrir las consecuencias negativas de la misma sin
poder acudir al superior jerárquico, en ejercicio de la impugnación, para
obtener que en el caso se examinen sus circunstancias y su situación jurídica
a la luz del Derecho que aplica el juez de tutela.”
(…)
Sobre el mismo tema el Auto de Julio 24 de 1996, Magistrado Ponente Dr.
Alejandro Martínez Caballero señala:
“Observa la Sala que, si bien los impugnantes en este caso concreto, no
forman parte de los sujetos llamados a impugnar las decisiones de tutela -
artículo 31 del decreto 2591 de 1991-, al existir en ellos un interés legítimo
en el recurso solicitado, toda vez que los efectos del fallo pueden vulnerar
derechos igualmente susceptibles de protección, en este caso en concreto y
en general, la Sala concluye que los impugnantes sí están legitimados para
controvertir la decisión.”
“A esta conclusión llega la Sala después de un análisis sistemático del
Decreto 2591 de 1991, por cuanto el inciso 2 de su artículo 13, establece que
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todo aquél que tenga interés legítimo en el resultado del proceso, podrá
intervenir como coadyuvante, bien del solicitante o de la autoridad contra la
que se dirige la acción correspondiente.
“De esta manera no ve la Sala cómo, sin menoscabo del derecho de defensa
y de la propia idea de justicia que figura en el preámbulo de la Constitución,
nociones éstas que deben prevalecer aún en el trámite de tutela, pueda
negarse válidamente la impugnación solicitada por quien demuestra que el
fallo le puede vulnerar derechos, en algunos casos fundamentales.”
(Subrayado por la Sala)
En otras palabras, aun cuando el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 no prevé
que el coadyuvante tenga la posibilidad de impugnar, la lectura de esa disposición,
en armonía con lo previsto en el artículo 13 ibidem, permiten sostener que ello sí es
procedente siempre que exista un “interés legítimo” del tercero para impetrar la
alzada.
Ahora bien, la Corte Constitucional en sentencia T-304 de 1996, y más
recientemente en fallo T-1062 de 2010, sostuvo que los planteamientos revelados
por el tercero deben guardar correspondencia con las pretensiones de la demanda
(si es que busca coadyuvar al extremo activo de la Litis), so pena de desvirtuar la
naturaleza misma de esa figura y derivar entonces en una nueva controversia;
veamos:
“La reglamentación procesal de la acción de tutela prevé, en el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991, las figuras de la coadyuvancia y de la agencia oficiosa
como dos instituciones procesales distintas. Respecto de la primera de estas, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que el coadyuvante “es un tercero
que tiene con una de las partes una relación sustancial que, indirectamente,
puede verse afectada si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo
desfavorable.”73
En este orden de ideas, la misma jurisprudencia indica que “el coadyuvante,
entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y,
en todo caso, no puede afectar a la parte, pues de la esencia de la coadyuvancia
es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para
prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias.”74
Frente a este planteamiento, es claro entonces que la coadyuvancia surge en
los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el
resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello
suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o
reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues
de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que
desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia.
73
Ver sentencia T-304 de 1996.
74
Ibídem.
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Así, en el presente caso, la Federación Nacional de Pensionados Portuarios –
FENALPENPOR-, la Sociedad de Pensionados del Terminal Marítimo y
Portuario de Barranquilla y de las Obras de Boca de Ceniza –SOPETERMA- y
empleados, directivos y/o personal en misión del programa Clínica General del
Norte Puerto Atlántico, actúan en el proceso, en su calidad de coadyuvantes,
es decir, de terceros con interés en el resultado del proceso. Bajo esa calidad,
se entenderá que su participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar
y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante, es decir, la Clínica
General del Norte S.A., razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por
parte de esta Sala de Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la
demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de aquellos que difieran o no
hagan parte en ésta”. (Subrayas de la Sala)
Bajo esa perspectiva, resulta indispensable concluir que al coadyuvante, es decir,
quien ha sido vinculado en primera instancia como tal, le es permitido impugnar la
sentencia de primera instancia incluso si la parte que ayuda no lo efectuó, siempre
que demuestre tener un interés legítimo; y que tal interés tiene un límite, cual es el
objeto del litigio en el que participa. en otras palabras, el interés legítimo del tercero
debe estar circunscrito al objeto del proceso, pues de lo contrario, tal y como lo
precisó la Corte Constitucional, se estaría en presencia de un litigio diferente.
5.4.2. De lo anterior se desprende que el Municipio de Bucaramanga se encontraría
legitimado para presentar el recurso de impugnación siempre y cuando exista un
interés legítimo respecto del objeto del proceso de la referencia.
Como se expuso en el acápite de antecedentes, varias personas, tanto naturales o
jurídicas, formularon acción de tutela pidiendo, en síntesis, la protección a los
derechos fundamentales “a la SALUD, LA VIDA, LA SALUBRIDAD PÚBLICAD, DISFRUTAR
DE UN AMBIENTE SANO Y EL SANEAMIENTO AMBIENTAL”75, que estimaron vulnerados
con ocasión del trámite incidental adelantado en el medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos que ordenó el cierre definitivo del relleno sanitario El
Carrasco, a partir del 14 de agosto de 2021; ahora, del escrito de impugnación esta
Sala encuentra que lo pretendido por el recurrente es que se protejan los derechos
de la población afectada con el cierre del relleno sanitario El Carrasco, estos son,
vida, salud y saneamiento ambiental.
Se trata entonces de coadyuvar, en segunda instancia, demandas que buscan la
protección de derechos que, según se indica en todos los escritos introductorios, le
75
Visible a índice 2 del expediente 11001 03 15 000 2021 05504 00 en el Sistema de Gestión Judicial
Samai.
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han sido vulnerados a una colectividad y también de derechos de rango
fundamental, lo cual permite abordar la controversia en esta instancia, pues, ab
initio, guardan similitud en su objeto.
5.5. Legitimación de los accionantes. Impugnante
Como quedó explicado en el planteamiento, en todos los procesos acumulados se
ventilaron pretensiones de protección de derechos al saneamiento ambiental, vida
y salud de los afectados por el cierre de un relleno sanitario; luego, es menester
preguntarse si se encuentra legitimado en la causa por activa un ente territorial para
presentar una demanda en ejercicio de la acción de tutela en la que se pretenden
la protección de esos derechos.
5.5.1. Al respecto, el inciso primero del artículo 86 de la Constitución Política
establece que toda persona podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o
mediante apoderado para obtener la protección de sus derechos fundamentales;
veamos:
“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los
jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública. (…)” (Subrayas de la Sala)
Frente a la legitimación por activa dentro del marco de la acción de tutela, el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991 establece:
“Artículo 10. Legitimidad e Interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en
todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno
de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.
También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.”
(Subrayado por la Sala)
Como se puede evidenciar, la acción de tutela puede ser interpuesta directamente
por: i) el titular de los derechos fundamentales; ii) mediante apoderado donde se
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acredite el respectivo poder, y iii) por medio de la figura de la agencia oficiosa.
Frente al tema, la Corte Constitucional ha dicho:
Ahora bien, dado que los dos primeros escenarios no acontecen en el plenario, la
Sala analizará el caso frente a la figura de la agencia oficiosa según el desarrollo
que la jurisprudencia ha efectuado; veamos:
“6. Ahora bien, con respecto a la legitimación del agente oficioso, en
las sentencias T-452 de 2001, T-372 de 2010, y la T-968 de 2014, este Tribunal
estableció que se encuentra legitimada para actuar la persona que cumpla los
siguientes requisitos: (i) la manifestación que indique que actúa en dicha
calidad; (ii) la circunstancia real de que, en efecto, el titular del derecho no se
encuentra en condiciones físicas o mentales para interponer la acción, ya sea
dicho expresamente en el escrito de tutela o que pueda deducirse del contenido
de la misma; y (iii) la ratificación de la voluntad del agenciado de solicitar el
amparo constitucional.
En concordancia con lo anterior, en la sentencia SU-173 de 2015, reiterada en
la T-467 de 2015, la Corte indicó que, por regla general, el agenciado es un
sujeto de especial protección y, en consecuencia, la agencia oficiosa se
encuentra limitada a la prueba del estado de vulnerabilidad del titular de los
derechos.”76(Subrayas de la Sala)
5.5.2. Expuesto lo anterior, la Sala tampoco halla el cumplimiento de ninguno de los
parámetros que logre connotar al Municipio de Bucaramanga como agente oficioso
de la comunidad afectada por el cierre del Relleno Sanitario El Carrasco, ya que: (i)
no se evidencia manifestación explícita por parte de alguno de ellos que acredite
que actúan en tal calidad, (ii) no se deduce de ningún escrito y tampoco existe una
afirmación de los habitantes del citado ente territorial de los cuales se colija la
imposibilidad física o mental de acudir directamente ante el juez para invocar la
salvaguarda de sus derechos, y (iii) menos aún se halla una ratificación del
agenciado que para el caso resulta ser un colectivo de personas.
Bajo tal perspectiva, y desde la arista de la legitimación por agencia oficiosa, la Sala
lo que encuentra es que las demandas incoadas y debidamente acumuladas
debieron ser rechazadas por improcedentes dada la falta de legitimación en la causa
por activa, pues adicionalmente es necesario precisar que la acción que nos ocupa
tiene un claro carácter subjetivo sin que se haya logrado acreditar un interés legítimo
para promoverla.
76
Corte Constitucional T-511 del 8 de agosto de 2017 M.P Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Vistas así las cosas, dado que respecto de los derechos que se invocan vulnerados
al saneamiento ambiental, vida y salud de los afectados por la clausura de El
Carrasco no existe legitimación en ninguno de los procesos, se confirmará la
decisión adoptada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por las
razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
VI. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de impugnación presentado
por el Municipio de Bucaramanga en contra de la Sentencia del del 11 de noviembre
de 2021, expedida por la Sección Segunda de esta Corporación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte
Constitucional para que se surta la eventual revisión.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 19 de agosto de 2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
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La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad
con la ley
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