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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-05532-01

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-05532-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de octubre de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. 13 Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01 Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S. TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-05532-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

27 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: ALIMENTOS POLAR DE COLOMBIA S.A.S.
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
– CONFIRMA FALLO DE PRIMERA INSTANCIA – La
acción de tutela es improcedente. El actor debe
promover el recurso extraordinario de revisión.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada, a través de apoderado judicial, por la
sociedad Alimentos Polar de Colombia S.A.S. en contra de la sentencia de 14
de octubre de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad Alimentos Polar de Colombia S.A.S., a través de apoderado
judicial, solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, cuya
vulneración le atribuyó a la sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Cuarta, en el interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho número 25000-23-37-000-2016-00336-
00/01, y mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.

II. HECHOS

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan
la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifiesta que en el año 2012 se generó un saldo a su favor, producto del
impuesto de renta de ese año gravable, y que quiso compensar dicho saldo «con
las declaraciones de retención en la fuente de enero y febrero de 2013 entre
otras».

2.2. Refiere que, por distintos problemas, la solicitud de compensación y devolución
quedó radicada ante la DIAN «en un lapso superior a los seis meses previstos en
el artículo 580-1 del Estatuto Tributario».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

2.3. Señala que, como consecuencia de lo anterior, un funcionario de la Dirección
Seccional de Grandes Contribuyentes de Bogotá de la DIAN hizo que la sociedad
«volviera a presentar la declaración respectiva».

2.4. Sostiene que, por este motivo, el 4 de febrero de 2014 radicó una segunda
declaración y que «se liquidó además de la retención la sanción por
extemporaneidad y pagó únicamente la sanción, porque el capital -las retenciones
declaradas- estaban amparadas en el saldo a favor, que se encontraba
consolidado y eran materia de la solicitud de compensación que se encontraba
vigente».

2.5. Manifiesta
que, conforme con los conceptos emitidos por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, se encuentra permitido que el
contribuyente presente la declaración y pague únicamente la sanción «quedando
pendiente el valor solicitado en compensación a título de capital».

2.6. Indica que la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes de Bogotá de la
DIAN desconoció los referidos conceptos cuando «pretendió dar por ineficaz,
también, esta segunda declaración, por no haberse pagado la totalidad del
capital».

2.7. Narra que, como consecuencia de lo anterior, el 7 de febrero de 2014 la DIAN
ordenó la devolución de los saldos a favor del contribuyente por los periodos I y II
de la retención en la fuente del año 2012, y que contra esta decisión presentó
recurso de reconsideración.

2.8. Aduce que, con fecha 26 de febrero de 2014, la sociedad presentó una tercera
declaración en la que «pagó la totalidad de la retención, liquidó nuevamente la
sanción por extemporaneidad y determinó sanción moratoria». Asimismo, con
fecha 30 de mayo de 2014, presentó solicitud de devolución por pago de lo no
debido «y pago en exceso en relación con el periodo 1 de 2013».

2.9. Señala que, a través de la Resolución número 6283-0009 de agosto de 2014, la
DIAN reconoció que «la segunda declaración presentada el 4 de febrero de 2014
era válida» y ordenó la devolución de los valores pagados en exceso.

2.10. Indica
que, como quiera que los valores devueltos por disposición de la
Resolución número 6283-0009 de agosto de 2014 eran inferiores a los solicitados,
la sociedad interpuso recurso de reconsideración, el cual fue resuelto a través de
la Resolución número 007696 de 13 de agosto de 2015, en la que se confirmó el
acto administrativo recurrido.

2.11. Sostiene que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento,
presentó demanda en contra de las resoluciones número 6282-0597 de 12 de
agosto de 2014 y 007696 del 13 de agosto de 2015, que negaron la devolución de
$992.986.000 por concepto de pago en exceso de la retención en la fuente en el
mes de enero de 2013; y que la DIAN en su escrito de contestación de la
demanda «aceptó que la segunda declaración era válida».

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

2.12. Indica que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección B, mediante la sentencia de 5 de julio de 2017, negó las pretensiones
de la demanda, y que en contra de esta decisión formuló recurso de apelación, el
cual fue resuelto a través de la sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

2.13. Aduce que el Consejo de Estado – Sección Cuarta «no tenía competencia»
para «dejar sin efecto las consecuencias jurídicas de un acto administrativo que
reconoció como válida la declaración de retención en la fuente presentada el 4 de
febrero de 2013, para aplicar, en su defecto, un acto administrativo anterior que
determinaba que dicha declaración no era válida», con fundamento en las
siguientes consideraciones:

[…] 1.- la validez de la segunda declaración no estaba en discusión, porque
la DIAN, tanto en las actuaciones administrativas había dejado en firme dicha
validez, según acabo de exponer, como que, en la contestación de la
demanda ver folio 182 del Expediente – también lo precisó.

2.- Si ninguna de las partes discute la validez de la segunda declaración,
presentada el 4 de febrero de 2014, no puede el Consejo de Estado en abuso
del principio de jurisdicción rogada, el venir a decretar que dicha segunda
declaración es inválida, sin un fundamento o razón jurídica cierta [ya me
refería a ello al inicio de esta acción] lo cual es el verdadero motivo de esta
demanda.

3.- Claramente, del fallo tutelado, se desprende que el eje fundamental para
negar las pretensiones de la demanda se sustentó en que la segunda
declaración -la del 4 de febrero de 2014- es ineficaz […].

2.14. Enrazón a lo anterior, el accionante sostiene que la decisión judicial en
cuestión incurrió en un defecto orgánico, en un defecto fáctico, en un defecto
sustantivo y en una decisión sin motivación.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló, en su demanda de tutela, las siguientes
pretensiones:

[…] “1-. Decretar probadas las causales genéricas y específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme
se indica en esta demanda;

2-. Consecuente con lo anterior, amparar el derecho fundamental al debido
proceso y al derecho de defensa por las razones fácticas y jurídicas aquí
señaladas;

3-. Producto del amparo del derecho de defensa y el debido proceso se
ordene al Honorable Consejo de Estado reconocer la validez de la segunda
declaración para que, con fundamento en ella, proceda a modificar su fallo y
reconocer los derechos solicitados a título de pretensión en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho por Alimentos Polar Colombia -AP
COL.” […].

4

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del consejero sustanciador y
mediante auto de 26 de agosto de 2021, admitió la presente acción de tutela y
vinculó, en calidad de tercero con interés, «al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B [autoridad de primera instancia del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho]; y a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – DIAN – [extremo pasivo del proceso de ordinario». Asimismo, solicitó a la
Secretaría de la Sección Cuarta de esta corporación remitir copia digital del
expediente.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
se produjeron las siguientes intervenciones:

5.1. El Consejo de Estado – Sección Cuarta, a través de la magistrada ponente y
mediante escrito de 22 de septiembre de 2021, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la presente acción de amparo.

5.2. En primera medida indicó que la acción de tutela no cumplía con el requisito
general de relevancia constitucional, con base en los siguientes argumentos:

[…] En el caso bajo examen, la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional porque la accionante trata de convertir la tutela en una instancia
adicional al proceso en la medida que propone argumentos que ya fueron
resueltos por el juez ordinario.

En efecto, la discusión que plantea el accionante sobre la validez de las
declaraciones de retención en la fuente con el fin de que se acceda a la
devolución del pago realizado con el último denuncio, fue objeto de
pronunciamiento en la sentencia cuestionada en la que se realizó un estudio
detallado de cada una de las declaraciones con el fin de determinar si
operaba su ineficacia, en los términos del artículo 580-1 del Estatuto
Tributario, razones a las cuales me remito. […].

5.3. Como segundo argumento indicó que debido a que la providencia enjuiciada
había sido proferida por una alta corte, la procedencia de este mecanismo
constitucional era excepcional, tal como lo ha desarrollado la Corte Constitucional
en las sentencias SU – 917 de 2010 y SU -05 y 573 de 2017; y que «en el
presente caso no se configura este criterio adicional porque lo que origina esta
acción constitucional es la inconformidad de la sociedad tutelante con la
valoración realizada por la Sala, más no porque la decisión sea evidentemente
contraria a la Constitución. Se trata, entonces, de disparidad de criterios sobre la
apreciación de lo interpretado y valorado en el expediente».

5

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

5.4. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, a través de la
subdirectora de representación externa, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones en la presente acción de tutela, por las siguientes razones:

5.5. Enprimera medida, indicó que el motivo de inconformidad del accionante
obedece a una simple discrepancia con el criterio jurídico utilizado por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado y que, en realidad, no existe ningún defecto ni
afectación al derecho fundamental debido proceso.

5.6. Asimismo, realizó un breve resumen sobre las actuaciones administrativas que
se surtieron en el marco del procedimiento administrativo ante dicha entidad.

VI. FALLO IMPUGNADO

6. La Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de la sentencia de 14 de
octubre de 2021, declaró improcedente la acción de tutela porque no cumplía con
el requisito de subsidiariedad. Al respecto señaló lo siguiente:

[…] 2.4.5. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial,
la Sala advierte que el mismo no se cumple, toda vez que la parte actora
cuenta con el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 de
la Ley 1437 de 2011, particularmente por la causal del numeral 5° del artículo
250 ibidem, esto es, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

En efecto, esta Colegiatura considera que el fundamento de la solicitud
de tutela se centra en que la sentencia de segunda instancia atacada
desconoció el principio de congruencia, comoquiera que esta decisión
resulta “opuesta a los hechos que obran en el expediente”, ya que se
hizo alusión a la validez de la declaración de retención en la fuente
presentada el 4 de febrero de 2014 lo que “no era un aspecto a discutir o
que fuera materia de debate (…) calificándola como ineficaz, sin que
ninguna norma jurídica y los hechos avalen tal circunstancia”.

Entonces, la Sala observa que lo que se plantea en la acción de tutela es
que la autoridad judicial desconoció el principio de congruencia, porque
el fallo de segunda instancia debe estar en armonía con los argumentos
de la demanda y lo que se encontraba en controversia, que para el caso
concreto se refería a la solicitud de devolución del pago en exceso de la
declaración de retención en la fuente de fecha 26 de febrero de 2014 y no
de cuestionar la eficacia de la presentada el 4 de febrero de 2014,
máxime cuando la DIAN aceptó que esta última mencionada era válida.

Al margen de la razonabilidad de este argumento, lo cierto es que esta Sala,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si
el proveído bajo cuestionamiento adolece de incongruencia, ya que tal
análisis corresponde al juez natural en instancias del recurso extraordinario
de revisión, ya que, como se analizará más adelante, la vulneración al
principio de congruencia se enmarca en la causal No. 5º del artículo 250 de la
Ley 1437 de 2011 […].

6

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. La sociedad accionante, a través de apoderado judicial, impugnó la decisión de
primera instancia para que fuese revocada y en su lugar se accedieran a las
pretensiones de la acción de tutela.

8. Enprimer lugar, expuso «en el caso concreto la nulidad no se originó en la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado sino en la providencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca».

9. Como consecuencia de lo anterior, señaló que no se encuentran acreditados los
presupuestos de la causal quinta de revisión, la cual está relacionada con la
nulidad originada en la sentencia y, debido a esto, la acción de tutela era el único
mecanismo que permitía la protección y el restablecimiento de su derecho
fundamental.

10. En segundo lugar, afirmó que la Sección Quinta era «la llamada a pronunciarse
de fondo sobre la tutela (…), por tanto era el juez natural dentro de la respectiva
instancia y la encargada de proteger los derechos» de la accionante; y, además,
indicó que no podía abstenerse de analizar del fondo el asunto bajo el argumento
de que otro recurso judicial es procedente.

11. Entercer lugar, recriminó que la Sección Quinta hubiese afirmado que la
presente acción de tutela no se dirigía contra otra providencia de idéntica
naturaleza.

12. Porúltimo, concluyó que la Sección Quinta advirtió la vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso, y por ello le correspondía ampararlo y
adoptar las medidas de restablecimiento transitorias, en tanto que existe el riesgo
de que se materialice un perjuicio irremediable.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la impugnación
presentada, a través de apoderado judicial, por la sociedad Alimentos Polar de
Colombia S.A.S., en contra de la sentencia de 14 de octubre de 2021, proferida
por el Consejo de Estado – Sección Quinta, en virtud de lo previsto en el el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia
con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y, en armonía, con el
Acuerdo 80 de 2019, respecto de la distribución de negocios al interior de las
secciones del Consejo de Estado.

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

VIII.2. Problema Jurídico

14. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
carece de fundamento3, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Si ello es así:

b) Determinar si la sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Cuarta, vulneró los derechos
fundamentales del accionante al confirmar la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda y, a juicio del actor, declaró la
invalidez de la declaración de renta de 4 de febrero de 2014.

15. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

16. En sentencia de 31 de julio de 20124, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

17. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

18. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

3
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
4
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

19. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.

20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión7” que se encaje en
dichos parámetros.

21. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

22. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

23. La sociedad Alimentos Polar de Colombia S.A.S., a través de apoderado
judicial, solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, cuya
vulneración le atribuyó a la sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Cuarta, en el interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho número 25000-23-37-000-2016-00336-

5
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
6
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

00/01, y mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda.

VIII.4.1. Incumplimiento del requisito de subsidiariedad

24. En el sub judice la parte accionante afirmó que, en la sentencia de 11 de febrero
de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, se incurrió en
un defecto fáctico, en defecto sustantivo y en un defecto orgánico porque la
autoridad judicial accionada declaró la invalidez de la declaración de renta de 4 de
febrero de 2014, pese a que la DIAN, en distintos actos administrativos y en el
escrito de contestación de la demanda, reconoció la validez de dicha declaración.

25. En criterio de la parte accionante, la Sección accionada desconoció el margen
de competencia y el carácter rogado de la justicia contenciosa. En virtud de lo
anterior sostuvo que la Sección Cuarta carecía de atribuciones para: «dejar sin
efecto las consecuencias jurídicas de un acto administrativo que reconoció como
válida la declaración de retención en la fuente presentada el 4 de febrero de 2013,
para aplicar, en su defecto, un acto administrativo anterior que determinaba que
dicha declaración no era válida»; porque:

[…] 1.- la validez de la segunda declaración no estaba en discusión, porque
la DIAN, tanto en las actuaciones administrativas había dejado en firme dicha
validez, según acabo de exponer, como que, en la contestación de la
demanda ver folio 182 del Expediente – también lo precisó.

2.- Si ninguna de las partes discute la validez de la segunda declaración,
presentada el 4 de febrero de 2014, no puede el Consejo de Estado en abuso
del principio de jurisdicción rogada, el venir a decretar que dicha segunda
declaración es inválida, sin un fundamento o razón jurídica cierta [ya me
refería a ello al inicio de esta acción] lo cual es el verdadero motivo de esta
demanda.

3.- Claramente, del fallo tutelado, se desprende que el eje fundamental para
negar las pretensiones de la demanda se sustentó en que la segunda
declaración -la del 4 de febrero de 2014- es ineficaz […].

26. La Sección Quinta de esta Corporación, a través del fallo impugnado, encontró
que la presente acción de amparo no cumplía con el requisito de subsidiariedad
debido a que el actor podía hacer uso del recurso extraordinario de revisión, bajo
el amparo de la causal quinta, ya que el motivo de su inconformidad, en síntesis,
se reduce a que se profirió un fallo incongruente.

27. Precisado lo anterior, es menester destacar que la acción de tutela tiene un
carácter subsidiario, excepcional y residual y por lo tanto este mecanismo de
protección de derechos fundamentales no puede reemplazar a los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa dispuestos por el legislador. Este carácter excepcional
y residual se encuentra previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 19918,
que expresamente prescribe: «la acción de tutela no procederá: 1. Cuando

8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable».

28. Por lo anterior, el accionante se encuentra en el deber de agotar todos los
medios de defensa previstos el ordenamiento jurídico para proteger los derechos
fundamentales que estima vulnerados con la decisión judicial. Este deber incluye
la obligación de interponer, dentro del término, los medios de defensa ordinarios.
Así que la parte accionante deberá interponer la acción, los recursos o promover
los incidentes9 establecidos en la normatividad, so pena de que la acción
constitucional de tutela devenga en improcedente.

29. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha sostenido en su
jurisprudencia que la acción de tutela contra una providencia judicial es
improcedente por desconocer el requisito de subsidiariedad cuando: «(i) el
asunto está en trámite10; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios11; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en
donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico»12.

30. EstaSala de Decisión también ha tenido la oportunidad de pronunciarse en
diferentes oportunidades sobre el incumplimiento del requisito general de
subsidiariedad de la acción de tutela. Por ejemplo, en sentencia de 25 de abril de
2019 precisó lo siguiente: «la tutela no puede ser utilizada como acción
judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos
medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos
fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable»13.

31. Enconclusión, en aquellos eventos en los que la acción de tutela se dirige
contra providencias judiciales, se entiende que esta no cumple con el requisito de
subsidiariedad: i) cuando se usa para revivir etapas procesales donde se dejaron
de emplear los recursos previstos por el legislador; ii) en los casos en que el
accionante cuenta con otros medios judiciales, y iii) cuando el asunto se
encuentre en trámite.

32. Conviene aclarar que excepcionalmente es procedente la acción de amparo en
aquellos casos en los que se acredite la inminente materialización de un perjuicio

9
Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006, T-113 de
2013, T-103 de 2014, entre otras.
11
Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente
fue aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. EN el mismo sentido ver la Sentencia T-
001 de 2017.
13
Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación 11001-03-15-000-2018-04033-01(AC), Sentencia de 25 de abril de
2019. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

irremediable, situación en el cual, la medida de amparo tendrá un carácter
transitorio.

33. En este contexto, la Sala encuentra que la causa petendi de la presente acción
de amparo ineludiblemente se encuentra asociada al hecho de que, a juicio del
accionante, se produjo un fallo judicial incongruente por parte de la Sección Cuarta
de esta corporación, ya que la autoridad judicial cuestionada en este trámite,
presuntamente, desconoció el restringido margen de sus competencias cuando
concluyó que la declaración de renta de 4 de febrero de 2014 era inválida.

34. A juicio del actor esta afirmación contradice lo dicho por las partes y, además,
trasvasa el objeto del proceso de nulidad y restablecimiento, en el cual se partía
de la base de que la declaración de renta de 4 de febrero de 2014 era válida.

35. Visto lo anterior, para la Sala resulta claro que la causa petendi de la presente
acción de amparo encaja en la causal quinta de procedencia del recurso
extraordinario de revisión -contemplada en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA-,
la cual dispone: «son causales de revisión: (…) 5. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación».

36. Es preciso resaltar que, en relación con el alcance de la causal 5ª de revisión,
esta corporación ha sostenido lo siguiente:

[…] La nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión, está
instituida para atacar las irregularidades procesales generadas en ella, ya
que se trata de un acto jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades
que de ser desoídas y “ante la improcedencia de recursos ordinarios contra
ella subsistirían groseramente”.

Para la configuración de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado
ha señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en
la sentencia y no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe
alegarse por el interesado durante las oportunidades previstas en el artículo
140 del C.P.C., “sin perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al
juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que observe antes de
dictar sentencia”14.
(…)
El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio
grave o insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta
Corporación ha identificado los siguientes defectos como causantes de
nulidad en la sentencia15:

Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente
concluido.

14
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 2010, rad. 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres Cuervo, reiterada
en las sentencias 15 de mayo de 2014, rad. 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando Bastidas y de 7 de abril de 2015,
rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad. REV-093; de
18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de sentencia de 7 de abril de
2015, rad. 2013-02724-00 (REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11 de junio
de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de diciembre de 2009, rad. 2006-00123.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.

Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma
de más o menos jueces de los requeridos legalmente.

Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto al pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada)
o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al
proceso […].

37. Con fundamento en las anteriores premisas, para la Sala resulta claro que la
sociedad actora cuenta con otro medio de defensa judicial y, por ese motivo, la
acción de tutela deviene en improcedente.

38. Ahora bien, el actor sostuvo, en el escrito de impugnación, que teniendo en
cuenta que la nulidad en esta oportunidad no tuvo origen en la decisión objeto de
tutela, sino en la providencia proferida en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Cuarta – Subsección B, el recurso
extraordinario de revisión era improcedente.

39. En relación con este argumento, la Sala debe precisar que, según el escrito de
tutela, el origen de la supuesta irregularidad en el proceso de nulidad número
25000-23-37-000-2016-00336-00/01 se deriva del fallo de 11 de febrero de 2021 -
proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación- porque fue esta la providencia que
resolvió el recurso de apelación, hizo tránsito cosa juzgada y, además,
desconoció, presuntamente, el principio de congruencia, ya que dicho fallo se
profirió con violación a la prohibición de fallar extra petita en asuntos contenciosos.

40. En atención a lo anterior y como quiera que en el anterior contexto procede la
causal de revisión aludida, la acción de tutela deviene en improcedente.

41. Aunado a esto, hay que destacar que en el sub lite no se advierte que se
encuentre acreditado la configuración de un perjuicio irremediable. Por lo anterior,
la Sala confirmará la decisión de 14 de octubre de 2021, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 14 de octubre de 2021, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2021-05532-01
Accionante: Alimentos Polar de Colombia S.A.S.

TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

(Firmado electrónicamente) (Firma electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
P (15)

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