Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01373-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-01373-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-01373-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 8 ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Número único de radicación: 11001031500020220137300
Actora: ALIMENTOS EL POLAR
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por
la sociedad ALIMENTOS EL POLAR, contra la sentencia de 11 de
febrero de 2021, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, a través de la cual se resolvió el recurso de apelación
interpuesto contra el fallo de 5 de julio de 2017, dictado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “B”.
I. ANTECEDENTES
1.1. La sociedad ALIMENTOS EL POLAR formuló demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, por conducto de apoderado, contra las resoluciones 6282-
0597 de 12 de agosto de 2014 y 007696 de 13 de agosto de 2015.
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Actora: ALIMENTOS EL POLAR
Recurso Extraordinario de Revisión
1.2. La solicitud de nulidad recayó en el acto administrativo que
rechazó la devolución de $992.986.000, valor reclamado a título de
pago en exceso en la retención en la fuente del mes de enero de
2013. También se demandó la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración que confirmó tal negativa. A título de
restablecimiento del derecho pidió la devolución de tales sumas y
el pago de los intereses de mora.
1.3. Los argumentos de reproche en contra de tales decisiones se
sustentaron, según la sociedad recurrente, en la imposibilidad para
radicar electrónicamente la solicitud de compensación dentro de los
6 meses siguientes a la declaración de retención en la fuente del
primer período de 2013.
Agregó que la DIAN expidió la Resolución núm. 628290000136098,
en la que se pronunció sobre la solicitud de compensación respecto
de los períodos 1 y 2 de 2013, en razón a que fueron “ineficaces”
por presentarse sin pago y, además, haberse pedido la
compensación luego de transcurridos 6 meses desde la
presentación de las declaraciones de retención.
Esta situación, según el dicho de la recurrente, la llevó a presentar
de nuevo la declaración de retención en la fuente respecto del
primer período de 2013, en la que reportó el mismo valor por
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Actora: ALIMENTOS EL POLAR
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retenciones ($779.288.000), liquidó la sanción por
extemporaneidad ($506.537.000) y también los intereses
moratorios ($246.031.000), según da cuenta el formulario
4907887860503.
Ocurrido lo anterior la sociedad insistió, mediante solicitud, en el
reconocimiento y devolución del pago de lo no debido, soportado
en las sumas recaudadas mediante formulario 4907887860503 por
valor de $1.466.586.000, correspondiente a la declaración de
retención del citado primer período de 2013.
En relación con esta reclamación la DIAN, por Resolución 6282-
0597 de 12 de agosto de 2014, ordenó únicamente la devolución
de $437.600.000 y la rechazó en lo demás ($992.986.000), para
lo cual señaló que: i) la declaración presentada el 12 de febrero de
2013 era ineficaz; ii) la declaración de 4 de febrero era válida; y
iii) la presentada el 26 de febrero de 2014 era una corrección.
Contra esta decisión la recurrente interpuso el recurso de
reconsideración, decidido por la DIAN mediante la Resolución
007696 de 13 de agosto de 2015, de manera desfavorable a sus
intereses.
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1.4. La sociedad actora promovió el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los precitados actos, el cual se
decidió en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, en el sentido de
denegar las pretensiones de la demanda.
El examen que abordó el a quo tuvo en consideración las tres (3)
declaraciones de retención en la fuente que presentó la actora
dentro del primer período de 2013, de las cuales destacó lo
siguiente:
Declaración de 12 de Declaración de 4 de Declaración de 26 de
febrero de 2013 febrero de 2014 febrero de 2014
Consideró que esta En esta declaración se En esta ocasión la
declaración fue ineficaz registró el mismo valor sociedad demandante
y no surtió efecto. para retenciones volvió a registrar
Que si bien en la ($779.288.000) más retenciones de
declaración se registró la una sanción por $779.288.000, y
suma de $779.288.000 $467.573.000 para un sanciones por
como retenciones, su total de 1.246.861.000. $506.537.000 para un
presentación fue sin total de
pago, pues lo Con esta declaración se $1.285.825.000, suma
pretendido por el realizó un pago de que se pagó el mismo
contribuyente era $467.573.000 día. Así mismo, en los
compensar ese valor correspondiente a la dos recibos de pago se
con el saldo a favor de la sanción. hizo uno por valor de
declaración del $246.031.000,
Impuesto de Renta del Afirmó el TAC que esta correspondiente a
año 2012. Sin embargo, declaración también es intereses. Esta
tal solicitud la radicó ineficaz. declaración es válida
después de los 6 meses para el primer período
siguientes, esto es, el 23 de 2013 porque se
de septiembre y 25 de presentó con el
octubre de 2013, las correspondiente pago
cuales fueron del impuesto,
inadmitidas y sólo la sanciones e intereses.
petición presentada el
26 de noviembre de
2013 fue la aceptada y
resuelta por la
administración.
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Atendiendo a este examen, concluyó que no había lugar a devolver
los valores pagados, lo que desvirtuó la presunta ilegalidad de los
actos demandados. Se abstuvo de condenar en costas al no
encontrarlas causadas.
1.5. Contra la anterior decisión la parte actora interpuso recurso de
apelación.
Manifestó su inconformidad con la declaratoria de “ineficaz” de la
declaración de retención del 4 de febrero de 2014, pues aseguró
que la DIAN había declarado su validez y, en todo caso, el Tribunal
no podía otorgarle tal calificativo porque en su entender no debió
realizar ningún pago a título de intereses.
Destacó que no se demandó la Resolución 62829000136089 de 6
de febrero de 2014, confirmada por la núm. 900141, pero que ello
en nada afectó la validez de la declaración de 4 de febrero de 2014,
porque los actos acusados así lo declararon.
II. PROVIDENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN
Corresponde a la sentencia de 11 de febrero de 2021, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que resolvió el recurso de
apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia, en el
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sentido de CONFIRMARLA, esto es, de negar las súplicas de la
demanda y no condenar costas.
El problema jurídico se fundó en determinar si había lugar a
devolver la suma pagada con ocasión de la declaración de retención
en la fuente presentada el 26 de febrero de 2014.
Aclaró que la parte actora presentó 3 declaraciones de retención en
la fuente para el primer período de 2013, motivo por el cual era
necesario establecer la eficacia de cada una de ellas, en los
términos del artículo 580-11 del Estatuto Tributario, y concluir, si
era viable o no la devolución de pagos por estos conceptos.
1. Declaración de 12 de febrero de 2013
Fecha de la Formulario Total de Se Solicitud de
declaración retenciones acreditó compensación
pago
12-feb-2013 3507740091371 $779.288.000 No2 23- sept-2013
1
Artículo 580-1. Ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin
pago total. Las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán
efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.
Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará cuando la declaración de retención en la fuente se
presente sin pago por parte de un agente retenedor que sea titular de un saldo a favor igual o superior
a ochenta y dos mil (82.000) UVT susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva
declaración de retención en la fuente. Para tal efecto el saldo a favor debe haberse generado
antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o
superior al saldo a pagar determinado en dicha declaración.
El agente retenedor deberá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la
compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención,
dentro de los seis meses (6) siguientes a la presentación de la respectiva declaración de
retención en la fuente.
Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando
la solicitud sea rechazada la declaración de retención en la fuente presentada sin pago no producirá
efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare”.
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Lo pretendido era compensar tal valor con el saldo a favor que arrojaba la declaración del Impuesto
de Renta del año gravable 2012.
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Al respecto, el ad quem señaló que la compensación se solicitó por
fuera del término establecido, dado que la primera solicitud en
dicho sentido fue el 23 de septiembre, es decir, 7 meses después
de la declaración de Retención de 12 de febrero de 2013. Bajo esta
consideración, refirió que la declaración es ineficaz y no había
necesidad de expedir acto que declarará esa calidad.
2. Declaración de 4 de febrero de 2014
Fecha de la Formulario Total de Se Solicitud de
declaración retenciones acreditó compensación
pago
04-feb-2014 No se relacionó $779.288.000 Parcial3 04-feb-2014
(retención)
$467.573.000
(sanción)
El ad quem afirmó que revisada la Resolución 62829000136098 de
6 de febrero de 2014, corresponde a la respuesta a la solicitud de
la compensación presentada por la sociedad contribuyente respecto
del valor del impuesto declarado el 4 de febrero con el saldo a favor
del año 2012, petición a la cual no accedió la DIAN por considerar
que tal declaración fue ineficaz. Esta decisión no se controvirtió,
motivo por el cual adquirió firmeza. Tampoco se cuestionó
judicialmente.
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Con esta declaración se hizo un pago parcial que corresponde a la sanción, esto es, de $467.573.000
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La Sección Cuarta del Consejo de Estado destacó que a través de
la citada Resolución 62829000136098 de 6 de febrero de 2014 se
ordenó: i) la compensación de $4.751.311.000 correspondiente a
algunas de las declaraciones de Retención en la Fuente, pero dentro
de las cuales no se encuentra la del primer período de 2013 que
origina este litigio, y ii) la devolución de $1.504.407.000.
3. Declaración de 26 de febrero de 2014
Fecha de la Formulario Total de Se Solicitud de
declaración retenciones acreditó compensación
pago
26-feb-2014 No se $779.288.000 total4 30-05-2014
identificó (retención)
$506.537.000
(sanción)
$246.031.000
(intereses
moratorios)
total de
$1.531.856.000
Indicó que la declaración es válida para el primer período de 2013,
porque se realizó el pago tanto del impuesto, sanciones e intereses;
no obstante, no había lugar a devolver los valores pagados con la
declaración, pues no se desvirtuó su legalidad.
Aclarado lo anterior, el ad quem destacó que la sociedad
demandante reconoció no haber cuestionado judicialmente las
decisiones con ocasión de las declaraciones de 12 de febrero de
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Esta declaración se presentó con pago total de la obligación mediante dos recibos de pago por
$65.270.000 y $1.466.586.000.
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2013 y 4 de febrero de 2014, lo que imponía concluir que los actos
se encontraban en firme y se presumían legales,
independientemente de las razones que llevaron a la DIAN a
denegar esta solicitud de compensación.
Tales circunstancias fueron suficientes para concluir que no había
lugar a acceder a las pretensiones formuladas, porque la negativa
a compensar el impuesto declarado el 4 de febrero de 2014 no fue
cuestionado vía judicial y, en todo caso, no se realizó el pago total
de la declaración, lo que condujo a considerar que era ineficaz por
el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo
580-1 del Estatuto Tributario.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado insistió en tal declaratoria,
porque la parte actora no cuestionó los actos por los cuales se
denegó la compensación, sumado a que la tercera de las
declaraciones que presentó la sociedad se liquidó nuevamente la
sanción de extemporaneidad y se pagaron las retenciones, la
sanción y los correspondientes intereses de mora, de lo que se
concluyó que la segunda declaración no generó efectos.
Respecto de la tercera declaración, presentada el 26 de febrero de
2014, se registró como valor de retención la suma de $779.288.000
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y una sanción de $506.537.000. También se liquidaron intereses
moratorios de $246.031.000, para un total de $1.531.856.000.
Esta declaración se presentó con pago total de la obligación
mediante dos recibos de pago, por valor de $65.270.000 y
$1.466.586.000.
Para el ad quem esta declaración resultó eficaz puesto que se
declaró la obligación a cargo y se hizo el pago total de la misma,
en los términos del artículo 580-1 del Estatuto Tributario. Además,
consideró que no constituyó un pago de lo no debido y que por tal
motivo no debía ser devuelto al contribuyente, pues realmente no
constituyó una corrección de la declaración presentada el 4 de
febrero de 2013, sino que la accionante debía presentarla con el fin
de cumplir con su carga tributaria.
Finalmente, aclaró que: i) el contribuyente reconoció que se le hizo
la devolución del saldo a favor de la declaración de renta que no le
fue compensado, según lo ordenó la DIAN; ii) la manifestación de
que a pesar de que se hizo una devolución lo procedente era la
compensación, requería que fueran objeto de control judicial a fin
de verificar su legalidad; iii) la devolución no era extensiva para la
declaración del 26 de febrero de 2014, pues no se acreditó el pago
de la declaración de retención en la fuente; iv) el saldo a favor de
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la declaración del impuesto a la renta correspondiente al año
gravable 2012, pretendía compensar la Retención de enero de
2013, pero como la DIAN no lo consideró procedente se hizo la
devolución de dicho valor; v) lo pretendido ahora por el
contribuyente era la devolución del valor pagado por la retención
del mismo período y acceder a tal petición sería aceptar que no
había lugar al pago para enero de 2013; vi) los actos demandados
reconocieron un pago de lo no debido con relación a la declaración
de 4 de febrero de 2014, que justificó la devolución parcial de
$473.600.000; y vii) el pago de 26 de febrero de 2014 sí debía
realizarse con el fin de cumplir la obligación tributaria, luego no
había lugar a la nulidad.
Por todo lo expuesto, concluyó que no era procedente la devolución
solicitada por el contribuyente y, en consecuencia, confirmó la
sentencia que denegó las pretensiones. No condenó en costas por
no encontrarlas probadas.
III. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La sociedad ALIMENTOS POLAR presentó escrito ante esta
Corporación, en ejercicio del recurso extraordinario de revisión,
previsto en el artículo 248 del CPACA.
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La decisión objeto del recurso es la sentencia de segunda instancia
de 11 de febrero de 2021, proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, dentro del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 25000233700020160033601.
Como causal del recurso extraordinario invocó la prevista en el
numeral 5 del artículo 250 del CPACA, la que, a su juicio, se
configuró por la violación al debido proceso y por constituir la
sentencia una decisión incongruente, con fundamento en la
siguiente argumentación5:
Alegó que la sentencia de 11 de febrero de 2021 incurrió en una
flagrante violación al debido proceso, porque no consideró las
pruebas obrantes en el expediente y en razón a los siguientes
argumentos:
Oposición al argumento de que la declaración no era válida.
Cuestionó la manifestación del fallo recurrido, registrada en el folio
9 y consistente en que “[…] no se realizó pago total de la
declaración por parte de la contribuyente […]”, pues estima que ello
no es cierto al tenor del artículo 803 del Estatuto Tributario, en
5
Aludió a la sentencia de 27 de enero de 2022, en la que la Sección Primera del Consejo de Estado
estimó que la acción de tutela promovida contra la sentencia objeto de recuso es improcedente para
cuestionar el fallo atacado habida cuenta que lo alegado puede examinarse bajo la causal de revisión
del numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
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tanto que “el pago” se entiende efectuado desde el momento en
que ingresó a las arcas públicas, lo cual, dice, se consolidó desde
el año 2012 y no se discutió por la DIAN.
Aseguró que el saldo que solicitó a título de compensación para el
período 1-2013, objeto de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, cursaba desde antes de la “segunda
declaración” de 4 de febrero de 2014, y solo “faltaba consolidarse”
sí le daba una prerrogativa al agente retenedor de no optar por otra
afectación adicional, como la de pagar en efectivo; y que “bajo las
amenazas del funcionario”, fue constreñido a presentar la tercera
declaración.
Indicó que no acepta la conclusión del fallo en cuanto dice que “que
no había lugar a solicitar la compensación de esta retención porque
la DIAN ya la había negado, cuando no fue así […]”; y que en todo
caso “la DIAN en vez de compensar el saldo a favor optó por
devolverlo”, lo que, a su juicio, constituyó un abuso de la entidad
demandada.
Concepto de jurisdicción rogada
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Luego de hacer la transcripción de las pretensiones y hechos de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con la mención
de los alegatos de conclusión, en relación con este principio refirió:
1. La validez de la segunda declaración no estaba en discusión,
porque la DIAN en las actuaciones administrativas había
dejado en firme dicha validez.
2. Si ninguna de las partes discutió la validez de la segunda
declaración, el Consejo de Estado no podía decretar su
invalidez.
3. El eje fundamental de la decisión que denegó las pretensiones
se sustentó en la declaración de 4 de febrero de 2014.
Agregó que el error de la decisión se deriva de una “indebida
interpretación de la prueba”, pues si bien la Resolución 900.141
ordenó la devolución, ésta no tuvo el efecto dado por la sentencia,
basada en que no se puede tener por cierto o derivar el hecho de
una devolución posterior, por el no pago. Para explicarlo, utiliza la
siguiente gráfica con la cual pretende demostrar la indebida
valoración de una serie de sucesos, así:
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Para la recurrente esta gráfica es indicativa que para el 4 de febrero
de 2014 cuando se presentó la segunda declaración, el saldo de
renta incluía la compensación del valor de la retención en la fuente
del período en discusión.
En ese sentido y fundada en el artículo 815 del E.T. estimó que el
saldo a favor de la declaración de renta del año gravable de 2012
estaba debidamente consolidado, lo que hacía viable que con este
monto se compensara la retención en la fuente presentada el 4 de
febrero, pese a que el funcionario de la DIAN con “animadversión”
exigiera que la segunda declaración debía pagarse en su
totalidad, so pena de la ineficacia que declaró, pero que resultó
contraria al concepto 9304 de 2008 de la DIAN, que sirvió de
sustento a la recurrente para no pagar la retención por estar
amparada en un saldo a favor.
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Además, aseguró que surgió una segunda línea de tiempo ajena a
la de la Resolución 62829-136098, que denegó la compensación de
la retención en la fuente para los períodos enero-febrero de 2013 y
que no surtió efectos en 2014, producto del recurso de
reconsideración que interpuso y a la discusión en sede judicial.
Basado en esto, indicó que debió accederse a las pretensiones de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
IV. TRÁMITE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO
4.1. Mediante proveído de 20 de febrero de 2022, el Despacho
admitió el recurso y ordenó las notificaciones de rigor. Durante el
término de traslado se contestó la demanda, por la entidad
demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, también se presentó concepto por el Ministerio Público,
así:
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4.1.1. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN.
Solicitó declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, por
cuanto el recurrente conocía de la presunta irregularidad que ahora
invoca, pues constituyó el motivo de la apelación, lo que deviene
en que no se originó en la sentencia que puso fin al proceso y
demuestra que este medio se usa como una instancia adicional.
En cuanto a la alegación en que se funda el recurso, que dice
consistir en el desconocimiento del “principio de congruencia al
fallar extra petita el asunto, al calificar como ineficaz la segunda
declaración”, refirió que no se trata de un vicio estructurante de
nulidad, pues no se configuró en el momento de proferirse la
sentencia que puso fin al proceso, en razón a que fue el motivo del
recurso de apelación.
Destacó que la inconformidad con la conclusión que se lee a folio 9
del fallo recurrido, relativa a que “no se realizó pago total de la
declaración por parte de la contribuyente” y que calificó como “no
cierto”, da cuenta de que es un argumento de oposición que se
planteó en una etapa previa a la sentencia, lo que evidencia que el
recurso es usado para reabrir un debate propio de la instancia
judicial ordinaria.
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Por todo lo anterior, indicó que la situación no puede ser objeto de
nuevo debate jurídico mediante este recurso extraordinario, puesto
que la intención del actor, sin lugar a duda, es obtener una nueva
posición por la Sala Plena, en claro desconocimiento del objeto de
este mecanismo excepcional de impugnación.
4.1.2. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El recurso se repartió a la Procuraduría Quinta Delegada ante el
Consejo de Estado6, y en el concepto rendido sostuvo, luego de
referirse a los antecedentes administrativos judiciales, que el
recurso extraordinario de revisión resulta infundado, por cuanto no
se configuró la causal 5ª del artículo 250 del CPACA.
Indicó que, contrario a lo manifestado por el recurrente, sí existe
una norma aplicable y además vigente para la época de los hechos,
esto es, el artículo 580-1 del Estatuto Tributario7, que dispone “que
las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago
total no producirán efecto legal alguno y sin necesidad de acto
administrativo que así lo declare”, es decir, son de plano ineficaces
y, por ende, no podían ser tenidas en cuenta, siendo ese el caso de
la segunda declaración o declaración B como la denomina la parte
recurrente.
6
Según da cuenta el informe rendido por la PGN y registrado en el índice 22 del aplicativo SAMAI
7
Adicionado al Estatuto Tributario por el artículo 15 de la Ley 1430 de 2010.
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En ese orden, estimó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
no accedió a las pretensiones de la demanda, después de estudiar
y analizar los cargos planteados por el demandante, cuyo análisis
se basó en la eficacia de la segunda declaración de retención en la
fuente, cargo que ahora presenta la recurrente como violatorio del
debido proceso, decisión que no conlleva la violación alegada.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1 Competencia de la Sala
En los términos del artículo 248 del CPACA, el recurso
extraordinario de revisión procede contra las sentencias
ejecutoriadas, dictadas por el Consejo de Estado, los tribunales y
los jueces administrativos.
Frente a la competencia asignada a esta Corporación, el artículo
249 del CPACA dispone que la Sala Plena conocerá del recurso
extraordinario de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de
aquella sección que profirió la decisión que se cuestiona.
20
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Recurso Extraordinario de Revisión
En armonía con la anterior disposición, es preciso destacar que el
artículo 1078 del CPACA creó las Salas Especiales de Decisión para
resolver los procesos asignados por competencia a la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, o aquellos que ésta les encomiende.
De este modo, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través de los
Acuerdos 321 de 2 de diciembre de 2014 y 080 de 2019,
reglamentó la integración9 y funcionamiento de las Salas Especiales
y les asignó, entre otras, la competencia para resolver 10 los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las secciones o subsecciones del Consejo de Estado.
5.2 Generalidades del recurso extraordinario
Este recurso es un medio judicial de carácter extraordinario
establecido por el legislador como excepción al principio de
8
“[…] ARTÍCULO 107. INTEGRACIÓN Y COMPOSICIÓN. […]
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este
Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por
cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si
fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo
que al respecto establezca el reglamento interno […]”
9
“ARTÍCULO 28.- SALAS ESPECIALES DE DECISIÓN. Las Salas Especiales de Decisión creadas
por el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 estarán integradas por un (1) magistrado de cada una de
las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La designación de un nuevo
magistrado no modificará la integración de las Salas Especiales de Decisión. El nuevo Magistrado
entrará a formar parte de la Sala a que pertenecía quien se retiró. La conformación o modificación
de la integración de cada una de estas Salas será publicada en el sitio web del Consejo de Estado.
La Sala Plena podrá variar la conformación de las Salas Especiales de Decisión, previa publicación en
el sitio web del Consejo de Estado. PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para la integración inicial de las Salas
Especiales de Decisión cada uno de los magistrados de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
hará Sala Especial de Decisión con los magistrados de las otras Secciones, en orden alfabético por
apellido […]”.
10
“ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
2. […]”
21
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inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, que hacen tránsito a
cosa juzgada.
Su propósito se orienta a cuestionar la decisión judicial que ha
adquirido firmeza, bajo el entendido que su controversia se
sustenta en la ocurrencia de alguna de las causales taxativas
previstas en los artículos 250 del CPACA y 20 de la Ley 797 de
2003, las que se tramitan bajo este procedimiento especial.
El objeto del recurso extraordinario es el restablecimiento de la
justicia material y su procedencia se supedita a demostrar que la
decisión cuestionada es contraria a derecho. Ello ocurre cuando se
prueba que las circunstancias que surgieron con la sentencia se
encuadran en alguna de las causales delimitadas por el legislador
con lo cual procede la infirmación11, tanto para “enmendar los errores
o ilicitudes cometidos en su expedición, así como [para] restituir el
derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en
razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico”12.
En estos términos, la Corte constitucional precisó:
“[…] La revisión, que no es un recurso sino una acción,
pretende, como lo ha señalado la doctrina y la
jurisprudencia, un examen detallado de ciertos hechos
11
El artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 prevé la manera
en que el fallador debe proceder atendiendo la causal alegada que se encuentre fundada.
12
Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009. M.P María Victoria Calle.
22
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nuevos que afectan la decisión adoptada y el sentido
de justicia que de ella emana. La acción de revisión, en la
medida en que afecta la certeza brindada por la cosa juzgada,
es no sólo extraordinaria, sino que además procede por las
causales taxativamente señaladas por la ley, y no es
posible aducir otras distintas. Y esta taxatividad es
razonable, pues se trata de una figura que modifica
providencias amparadas en el principio de cosa juzgada, y por
ello las causales previstas para la revisión deben ser aplicadas
e interpretadas en sentido restringido”13
Además, es oportuno destacar que su objeto y la naturaleza de
constituir un nuevo trámite ajeno al proceso en el cual se dictó la
decisión cuestionada, torna en improcedente su uso como medio
para plantear reproches a modo de una instancia adicional, en
razón a que está vedado cuestionar la interpretación normativa y
la valoración probatoria que sustentó la decisión del juez natural;
es decir, que en este trámite únicamente pueden ventilarse
aspectos que encuadren en alguna de las causales taxativas14 que
habilitan su procedencia.
5.3 Cuestión previa
La Sala estima oportuno referir que la recurrente promovió solicitud
de tutela en contra de la sentencia cuestionada, la que fue objeto
13
Corte Constitucional. Sentencia C-450 de 2015. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
En Efecto, la taxatividad deviene de lo restrictivo y específico de su examen. Al respecto la
jurisprudencia destacó: “Las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso,
enlistadas de manera taxativa en el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, dan cuenta
de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad
con la ley procesal, son los únicos que permiten la revisión de la sentencia por la vía del recurso
extraordinario que se analiza […]” Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 1° de
diciembre de 2010. Radicación número: 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV). Actor: Municipio
de Belmira y Otros. Demandado: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. C.P. Susana Buitrago
Valencia.
23
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de decisión mediante fallo de 27 de enero de 2022, proferido por la
Sección Primera del Consejo de Estado15, en la que se confirmó el
fallo de la Sección Quinta, que declaró su improcedencia.
Esta precisión resulta necesaria, habida cuenta que el examen que
se aborda a continuación se hará desde la óptica del objeto del
recurso extraordinario de revisión y de acuerdo con la alegación de
la causal que invocó la accionante, la cual constituye el marco de
competencia del juez extraordinario.
Además, porque independientemente de la decisión de tutela en la
que se declaró la improcedencia de esta acción bajo el argumento
de proceder el recurso extraordinario, lo cierto es que el escrito de
revisión debe presentarse atendiendo los requisitos exigidos en el
numeral 4 del artículo 252 del CPACA, esto es, contener la
indicación precisa de la causal y los argumentos que la explican.
Finalmente, el examen que efectúa el juez constitucional frente a
la solicitud y la sentencia cuestionada, delimita si lo alegado puede
15
En el fallo de tutela se concluyó lo siguiente: “[…] 39. En relación con este argumento, la Sala debe
precisar que, según el escrito de tutela, el origen de la supuesta irregularidad en el proceso de nulidad
número 25000-23-37-000-2016-00336-00/01 se deriva del fallo de 11 de febrero de 2021 - proferido
por la Sección Cuarta de esta Corporación- porque fue esta la providencia que resolvió el recurso de
apelación, hizo tránsito cosa juzgada y, además, desconoció, presuntamente, el principio de
congruencia, ya que dicho fallo se profirió con violación a la prohibición de fallar extra petita en
asuntos contenciosos.
40. En atención a lo anterior y como quiera que en el anterior contexto procede la causal de
revisión aludida, la acción de tutela deviene en improcedente. […]”. Consejo de Estado - Sala
de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia de 27 de enero de 2022. Radicación:
11001-03-15-000-2021-05532-01. Accionante: ALIMENTOS POLAR DE COLOMBIA S.A.S. C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
24
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adecuarse a una de las específicas causales de revisión, sin que ello
implique que luego del análisis, se de por probada la ocurrencia o
no de la misma.
5.4 De la causal invocada
En el asunto bajo examen se invocó la causal 5ª del artículo 250 de
la Ley 1437 de 201116, cuyo texto es del siguiente tenor:
“[…] Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 20 de la ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[...]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación.[…].”
En lo que respecta al entendimiento de esta causal, la Sala precisa
que su ocurrencia ha sido examinada por la jurisprudencia de esta
Corporación, aclarando que puede provenir de una nulidad
procesal, en los términos del artículo 133 del CGP, o de una de
carácter constitucional, fundada en el artículo 29 Superior17.
16
En vigencia del CCA correspondía a la enlistada en el numeral 6° del artículo 188, por lo tanto,
cuando se haga mención a esta como consecuencia de decisiones judiciales dictadas en su vigencia
ha de entenderse que se trata de la prevista ahora en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
17
Sobre el particular esta Corporación precisó: “[…] las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional, contemplado en el
artículo 29 […]”. CONSEJO DE ESTADO. Sala Especial núm. 26. Expediente: 11001-03-15-000-2011-
01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz
25
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En uno u otro caso, los requisitos para su formulación se concretan
así:
1. Debe existir una sentencia que ponga fin al proceso ordinario
y contra la que no procede recurso de apelación.
2. El vicio de nulidad debe configurarse en el momento de la
expedición de la sentencia. De este modo, no es procedente
controvertir circunstancias que acaecieron con anterioridad a ésta,
y que por oportunidad debieron ser alegadas cuando ocurrieron,
según el artículo 13418 del CGP.
3. En su alegación debe identificarse la irregularidad o el vicio
grave y su influencia sobre la decisión, con la cual se acredite que
de no haber acaecido el resultado sería distinto. De lo anterior se
evidencia que no resultan aceptables errores en la aplicación de la
ley o in iudicando.
Ahora bien, para acreditar la ocurrencia de alguna de las causales
de nulidad es posible recurrir a las previstas en el Código General
del Proceso como constitutivas de este vicio en los términos del
artículo 133, restringido, como se dijo atrás, a la expedición de la
sentencia.
18
“ARTÍCULO 134. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE. Las nulidades podrán alegarse en cualquiera de
las instancias antes de que se dicte sentencia o con posteridad a esta, si ocurrieren en ella. […]”
26
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En este primer escenario 19 , la jurisprudencia se decantó por
identificar que para la interpretación de la causal invocada debía
acudirse al artículo 140 del CPC, hoy 133 del CGP, a fin de delimitar
las circunstancias en las cuales se podría encuadrar la nulidad
invocada, y para ello ejemplarizó algunas situaciones que podrían
dar lugar a su configuración. Al respecto es del caso traer a colación
el siguiente pronunciamiento20:
“[…] De forma más clara expresó la sentencia del 4 de
noviembre de 1999 - exp. 2185 - que las nulidades a las
que remite el recurso extraordinario de revisión, por la
causal sexta, son las previstas en el artículo 140 del
CPC21. El razonamiento fue el siguiente: i) la sentencia hace
parte del proceso, y lo concluye; ii) como lo señala el artículo
140, el proceso solamente es nulo por las causales allí
señaladas; por tanto iii) la nulidad que se origina en la
sentencia se configura solo por las causales previstas en la
disposición referida.
A partir del razonamiento precedente, se destacaron
algunos eventos que configurarían la nulidad originada
en la sentencia, los cuales no se aducen como causales
de nulidad propiamente dicha, sino eventos,
circunstancias, ejemplos, que se desprenden de las
causales del artículo 140, cuya abstracción se concretiza. La
providencia señaló:
“La sentencia, que es la providencia mediante la cual se
decide sobre las pretensiones de la demanda y las
excepciones de fondo y con la cual, de ordinario, concluye el
proceso, es, obviamente, parte del proceso en que se
dicta. Y el proceso es nulo, en todo o en parte, solo por
las causas establecidas en el artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil.
19
El Consejo de Estado desde la previsión de este recurso extraordinario y en específico, para esta
causal de nulidad originada en la sentencia ha transitado por diversas posturas de interpretación de
las cuales se identificaron 3 etapas según se lee en la providencia 3 de febrero de 2015. Radicación
número: 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz (E), que las recoge así: i) Las causales de nulidad de la sentencia
son las que define la jurisprudencia, ii) Las causales de nulidad de la sentencia son las que expresa
y taxativamente define el artículo 140 del CPC –art. 133 CGP, y iii) Las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas tanto en la jurisprudencia como en el artículo 140 del CPC.
20
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Veintiséis Especial de
Decisión. Sentencia de 3 de febrero de 2015. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00157-
01(REV). Actor: Sociedad de Mejoras Públicas de Cali C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (E)
21
Debe entenderse que en la normativa vigente se entiende el artículo 133 del CGP.
27
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“Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la
sentencia puede ocurrir, según el artículo 140 referido, (i)
cuando se provee sobre aspectos para los que el juez no
tiene jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando,
(ii) sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en
proceso terminado normalmente por sentencia firme, o (iii)
sin más actuación se dicta sentencia después de
ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el
desistimiento, aprobada la transacción o declarada la
perención del proceso, porque así se revive un proceso
legalmente concluido, o (iv) cuando se dicta sentencia
como única actuación, sin el previo trámite correspondiente,
porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando
(v) se condena al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa
diferente de la invocada en esta, o (vi) se condena a quien
no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo
concerniente, también (vii) se pretermite íntegramente la
instancia (numeral 3); o cuando, (viii) sin más actuación,
se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las
causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre
otros eventos. (…)
“Ninguna de las causas de nulidad establecidas en el artículo
140 del Código de Procedimiento Civil alegó el recurrente en
apoyo del cargo de nulidad de la sentencia, lo cual sería
bastante para desestimar el recurso […]”. (Cursiva fuera de
texto)”
A esta remisión normativa se sumó la interpretación contenida en
la sentencia de exequibilidad22 de la Corte Constitucional C-491-95.
Allí, la Corte entendió que además de las causales del artículo 140
del CPC23 debía comprender la de violación al debido proceso, bajo
el entendido que es una garantía que debe observarse en el trámite
procesal y que su previsión está en la Constitución Política. Al
respecto precisó:
22
En el proceso de control de constitucionalidad se cuestionó el inciso 1° del artículo 140 del Código
de Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989,
específicamente la expresión “solamente” de la frase “Causales de nulidad: El proceso es nulo en
todo o en parte, solamente en los siguientes casos: […]". Del examen de constitucionalidad la Corte
concluyó “Declarar EXEQUIBLE la expresión acusada del inciso 1° del artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil, subrogado por el art. 1, numeral 80, del decreto 2282 de 1989, con la
advertencia expresa de que dicho artículo reguló las causales de nulidad legales en los procesos
civiles. En consecuencia, además de dichas causales, es viable y puede invocarse la prevista
en el art. 29 de la Constitución, según el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con
violación del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos […]”
23
Actualmente está previsto en el artículo 133 del CGP.
28
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“[…] Al examinar las causales de nulidad previstas en el art.
140, claramente se advierte que allí no aparece
enlistada la referida nulidad de carácter constitucional.
Sin embargo, esta omisión obedece a la circunstancia de
que dicha norma es anterior a la Constitución de 1991.
• No se opone a la norma del art. 29 de la Constitución
la circunstancia de que el legislador señale
taxativamente las causales o motivos de nulidad, por
las siguientes razones:
La Constitución en el art. 29 señala los fundamentos básicos
que rigen el debido proceso; pero corresponde al legislador
dentro de su facultad discrecional, aunque con arreglo a
criterios objetivos, razonables y racionales, desarrollar a
través de las correspondientes fórmulas normativas las
formas o actos procesales que deben ser cumplidos para
asegurar su vigencia y respeto. En tal virtud, la regulación
del régimen de las nulidades, es un asunto que atañe
en principio al legislador, el cual puede señalar, con
arreglo a dichos criterios y obedeciendo al principio de
la proporcionalidad normativa, las causales o motivos
que generan nulidad, a efecto de garantizar la regularidad
de las actuaciones procesales y consecuentemente el debido
proceso.
Conforme a lo anterior no corresponde, en principio, al
Constituyente señalar las causales de nulidad en los procesos.
La aludida nulidad constitucional que consagra el art.
29, constituye una excepción a dicha regla. […]
Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad
para determinar los casos en los cuales un acto
procesal es nulo por carencia de los requisitos formales
y sustanciales requeridos para su formación o
constitución. Por consiguiente, es válido, siempre que se
respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las
nulidades por el legislador. […]
Con fundamento en lo anterior, estima la Corte que se ajusta
a los preceptos de la Constitución, porque garantiza el debido
proceso, el acceso a la justicia y los derechos procesales de
las partes, la expresión "solamente" que emplea el art. 140
del C.P.C., para indicar que en los casos allí previstos es
posible declarar la nulidad, previo el trámite incidental
correspondiente, pero advirtiendo, que además de dichas
causales legales de nulidad es viable y puede ser
invocada la consagrada en el art. 29 de la Constitución,
según el cual "es nula, de pleno derecho, la prueba
obtenida con violación del debido proceso", esto es, sin
29
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la observancia de las formalidades legales esenciales
requeridas para la producción de la prueba,
especialmente en lo que atañe con el derecho de
contradicción por la parte a la cual se opone ésta. Por lo tanto,
se declarará exequible la expresión demandada, con la
referida advertencia.
Al mantener la Corte la expresión "solamente" dentro de la
referida regulación normativa, respeta la voluntad política del
legislador, en cuanto reguló de manera taxativa o
específicamente las causales legales de nulidad en los
procesos civiles, las cuales ahora con el cambio
constitucional se encuentran adicionadas con la
prevista en la norma del art. 29, a la cual se hizo
referencia. […]”24
Bajo este análisis, la Corporación 25 ha delimitado que la causal
examinada se predica, entre otras, cuando la sentencia: i) no
cuenta con el número de votos necesarios para su aprobación; ii)
se profiere dentro de un proceso culminado por desistimiento,
transacción o perención; iii) se dicta en un proceso que se
encuentra suspendido o interrumpido; iv) se profiere fallo
condenatorio contra un tercero que no fue vinculado al proceso; v)
se profiere sentencia con falta de competencia o de jurisdicción;
vi) el fallo carece de motivación formal y material, vii) se aprecia
incongruencia26; viii) se profiere un fallo inhibitorio injustificado27
y ix) se dicta con violación al principio de la non reformatio in pejus.
24
Corte Constitucional. Sentencia C-491-95 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
25
En una inicial etapa, la jurisprudencia identificó que ocurriría cuando: i) la sentencia hubiera sido
firmada por un número diferente de magistrados al que ordena la ley; ii) que la sentencia se hubiera
proferido dentro de un proceso que había culminado por desistimiento, transacción o perención; iii)
que se profiera en un proceso que se encuentre suspendido o interrumpido. (Sentencia de Sala Plena
del 08 de septiembre de 1992. Exp. 039. Tesis reiterada por la Sección Segunda en la sentencia del
18 de mayo de 1993. Exp. 4092. Tesis reiterada en sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado,
el 1 de diciembre de 1997. Exp. 080.) Y luego se agregaron las siguientes: i) Cuando se condena a
quien no es parte; ii) cuando la sentencia se profiere con falta de competencia o de jurisdicción, y
iii) cuando carezca completamente de motivación.
26
Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de febrero de
2016. Expediente núm. 11001-03-15-000-2015-02342-00. C.P. Alberto Yepes Barreiro.
27
Sentencia de 8 de mayo de 2018 dictado por la Sala Plena del Consejo de Estado C.P. Alberto
Yepes Barreiro. Radicación número: 11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
30
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Este examen, sobre el alcance y contenido de la causal invocada,
impone que el recurrente en ejercicio de su derecho de acción
precise la razón que invoca como constitutiva de nulidad; y que ella
obedezca bien a las causales taxativas que prevé el artículo 133 del
CGP o a la invocación de transgresión del derecho fundamental del
debido proceso, en una de las circunstancias identificadas por la
jurisprudencia.
Aclarado este contexto, la Sala se ocupará de examinar el reproche
invocado por la parte actora a fin de identificar si se configura la
causal invocada.
5.5 Del caso concreto
En esta oportunidad le corresponde a la Sala identificar si como lo
alega la sociedad recurrente, resultaba viable para el juez de
segunda instancia pronunciarse sobre la validez de la declaración
de 4 de febrero que presentó la recurrente con el fin de obtener la
compensación del impuesto a la renta, petición que dio lugar a la
expedición de actos administrativos no demandados; y si ello
acredita la existencia de incongruencia entre lo pedido y lo
decidido en el proceso ordinario, sustentado además en la violación
del principio de justicia rogada.
31
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Para tal fin, la Sala analizará su concepto y el contexto en el que se
presenta, y luego resolverá sobre la alegación planteada, así:
5.5.1 El principio de congruencia
La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y
se traduce en la armonía que deber estar presente en su estructura
interna, esto es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como en la
externa, entendida como la coherencia entre la decisión y lo pedido
por las partes.
Este principio es una garantía de que gozan las partes para exigir
del fallador una decisión que resuelva la controversia formulada, no
solo frente a las pretensiones que formula el actor, sino respecto
del pronunciamiento que el juez debe realizar de la defensa de
quien funge como parte accionada y que, generalmente, se propone
a título de excepciones.
Ahora, la congruencia en la decisión de segunda instancia está
atada a la competencia del superior funcional y al examen que le
corresponde realizar como consecuencia de la revisión de la
providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para
que, según su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra
32
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pertinente, la confirme, de acuerdo con el artículo 320 28
armonizado con el 28129, ambos del CGP.
Para ahondar en esta estructura, se prohíja la siguiente decisión30
en la que se precisó:
“[…] Ello significa que es procedente el recurso
extraordinario de revisión contra los fallos dictados por esta
jurisdicción en segunda instancia o única, si se alega el
desconocimiento del principio de la congruencia, que en
últimas implica una actuación sin competencia. […]
En términos generales, la congruencia se entiende como el
deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus
decisiones de NO INCURRIR en fallos ultrapetita,
extrapetita o minuspetita, definidos por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, en los siguientes términos:
“Este principio de la congruencia de la sentencia [C.C.A. Art.
170], exige de una parte que exista armonía entre la
parte motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que
ella contenga, sea concordante con lo pedido por las
partes tanto en la demanda, como en el escrito de
oposición, denominada congruencia externa, es decir, se
tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en
el proceso.
“Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina
ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en reconocer un
mayor derecho que el invocado por el demandante,
28
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. […]”
29
“Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho
sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la
demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada
a más tardar en su alegato de conclusión, o que la ley permita considerarlo de oficio.”
30
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Sentencia de 2 de febrero de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-02342-
00(REV). Actor: Luis Ángel Torres Gómez. CP Alberto Yepes Barreiro.
33
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Actora: ALIMENTOS EL POLAR
Recurso Extraordinario de Revisión
“extrapetita”: cuando se reconoce un derecho que no ha sido
reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se
acoge la pretensión pero por una causa diferente o deducida
de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el
pronunciamiento sobre una de las pretensiones.”31
Además, la congruencia también se puede calificar según las
relaciones que se produzcan entre la sentencia, entendida
como un todo, y lo pedido y planteado por las partes.
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la
sentencia. Se puede identificar porque en líneas generales es
lo que preceptuaba el artículo 170 del C.C.A., y las normas
del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte
demandante como por la parte demandada. Y, en el
segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que
es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la
parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la
providencia.
Las dos formas de congruencia han sido abordadas por la
jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes
términos:
“Se reitera32 que el principio de congruencia de la sentencia,
exige de una parte, que exista armonía entre la parte
motiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se
denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión
que ella contenga, sea concordante con lo pedido por
las partes tanto en la demanda, como en el escrito de
oposición, denominada congruencia externa, es decir, se
tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en
el proceso.
Este principio fundamental busca no solo la protección del
derecho de las partes a obtener una decisión judicial que dé
certeza jurídica al asunto que se ha puesto a consideración de
un juez, sino la salvaguarda del derecho de defensa de la
contraparte, quien ha dirigido su actuación a controvertir los
argumentos y hechos expuestos en la demanda.
La violación de dicho principio traería como consecuencia,
igualmente la violación al debido proceso, en la medida en que
nuestro ordenamiento positivo consagra etapas procesales
exclusivas a que las partes manifiesten y contradigan
argumentos en defensa de sus derechos, siempre bajo el marco
de litis que se ha planteado desde la demanda.
31
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de
agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345-01 (12668). Actor: Productora de Papeles
Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
32
Sentencia de 16 de agosto de 2002, expediente 12668, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
34
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Actora: ALIMENTOS EL POLAR
Recurso Extraordinario de Revisión
En materia contenciosa la demanda marca el límite dentro del
cual el funcionario judicial debe pronunciarse para decidir la
controversia, las normas violadas y su concepto de violación,
se constituyen en el marco de análisis y estudio al momento
proferir la sentencia […]”33(Subrayas y mayúsculas fuera del texto
original)
En atención a la exposición anterior, la Sala procede al examen de
los reclamos de este recurso.
5.5.2 Análisis del asunto bajo examen
El argumento de la sociedad recurrente se funda en cuestionar la
competencia del Consejo de Estado para examinar o pronunciarse
sobre las declaraciones y actos administrativos que no fueron
objeto de control a través de la acción de nulidad en la que se dictó
la sentencia recurrida. En efecto, su dicho está referido a la
imposibilidad de emitir un calificativo respecto de la validez de la
declaración presentada el 4 de febrero de 2014.
Sin embargo, olvida la sociedad recurrente que el análisis que
expuso el Consejo de Estado estuvo orientado a contextualizar el
asunto objeto de examen, pues si bien, como se observó atrás,
correspondió a tres actuaciones administrativas diferentes, las
identifica un común denominador que antecedió a los actos
33
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 21 de
noviembre de 2007. Expediente: 500012331000200200198-02 (15770). Actor: Germán Darío
Ospina Garzón. Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. C.P. María Inés
Ortiz Barbosa.
35
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Actora: ALIMENTOS EL POLAR
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acusados, y cuya determinación no era otra que obtener una
respuesta viable a su solicitud de compensación.
Esta precisión resulta necesaria porque el asunto que estuvo bajo
examen de la Sección Cuarta ameritó considerar la situación fáctica
que precedió a la solicitud de compensación sustento de los actos
acusados, en tanto se presentaron tres declaraciones, respecto de
las cuales la recurrente solicitó la devolución del saldo a favor de la
declaración de renta que no le fue compensado, lo que derivó en
tres decisiones independientes de la administración frente a la
sociedad actora.
De ahí que el fallador se haya referido a las diferentes actuaciones
que le precedieron a los actos administrativos demandados, para
poder plantear y analizar la procedencia o no de la pretensión
anulatoria de las resoluciones acusadas, y explicar que debido a los
procedimientos fallidos de las dos solicitudes previas, la recurrente
presentó la tercera declaración, trámite del que no fue ajena,
pues incluso sustentó su relato fáctico a partir de tales actuaciones
con miras a contextualizar el debate planteado a través del ejercicio
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Ahora bien, el reproche principal de este recurso se sintetiza en el
calificativo de “inválido” que le asignó el Consejo de Estado a la
36
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declaración presentada el 4 de febrero de 2014 y que la recurrente
estima como una extralimitación en la decisión que estaba a su
cargo, alegación que no es acogida por esta Sala Especial, en
atención a que:
1. La mención sobre la eficacia de la declaración se predica
incluso desde el examen de la primera instancia que concluyó que
“la única declaración eficaz presentada por la demandante” fue la
que se presentó con ocasión de los actos acusados34.
2. Para la Sección Cuarta del Consejo de Estado resultó claro
que se presentaron tres declaraciones de Retención en la Fuente
para el primer período de 2013 y por ello era determinante estudiar
la eficacia de cada una de ellas, en los términos del artículo 580-1
del Estatuto Tributario, para así establecer si resultaba procedente
la devolución de pagos por estos conceptos, esto es, el objeto del
restablecimiento del derecho como consecuencia de la nulidad de
los actos acusados.
34
En el fallo de primera instancia se lee el siguiente argumento en el folio 23: “[…] En cuanto al
requisito de la solicitud de compensación dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la
declaración de retención en la fuente, la Sala advierte de la lectura de la Resolución nro.
62829000136098 de 6 de febrero de 2014 que la actora radicó las respectivas peticiones el 23
de septiembre de 2013, el 25 de octubre de 2013, el 26 de noviembre de 2013 y el 4 de febrero de
2014, las cuales fueron analizadas por la DIAN en tal acto administrativo.
Sin embargo, en dicha resolución se lee que respecto de la petición de compensación del 4 de
febrero de 2014 la Administración dijo que no era procedente por cuanto la declaración de
esa misma fecha era ineficaz; decisión que en la actualidad se encuentra en firme y se presume
legal por cuanto no fue discutida por la actora.
Además, la declaración de retención en la fuente presentada por la demandante el 4 de
febrero de 2014 no es válida porque se incurrió en lo dispuesto en el inciso 4 del artículo
580-1 del ET, el cual prescribe que«[ ... ] cuando la solicitud [ se refiere a la petición de
compensación] sea rechazada la declaración de retención en la fuente presentada sin pago no
producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare»[…]”.
37
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3. Frente a este reproche, dicha Sección precisó:
“[…] La segunda declaración, y la que en el recurso de apelación
se denomina declaración B, es la presentada el 04 de febrero
de 2014. En esta declaración se mantuvo el valor de retenciones
$779.288.000 y se registró una sanción de $467.573.000. Con
esta declaración se hizo un pago parcial que corresponde a
la sanción, esto es de $467.573.000.
Según manifiesta la demandante, este pago parcial se debe
a que al momento de la presentación de la declaración la DIAN
todavía tenía en sus cuentas el saldo a favor de la
declaración de renta. Revisada la Resolución Nro.
62829000136098 del 6 de febrero de 2014, se observa que la
contribuyente solicitó la compensación del valor del impuesto
declarado el 04 de febrero con el saldo a favor del año 2012.
No obstante, la administración no accedió a esta solicitud,
actuación que fue confirmada mediante Resolución 900.141 del 26
de febrero de 2015. Ahora bien, ante la negativa de
compensar este período, en dichas resoluciones se ordenó y
confirmó, respectivamente, la devolución de
$1.504.407.000.
Independientemente de las razones que llevaron a la DIAN
a negar esta solicitud de compensación, la sociedad
demandante expresamente reconoció en el recurso de apelación
que no cuestionó en sede judicial estas decisiones, razón por la
cual los actos se encuentran en firme y se presumen legales. Así
mismo, en este recurso la demandante manifestó que la devolución
del saldo a favor se realizó en el año 2015.
De lo anterior se desprende que i) sin importar los motivos de la
administración, se negó la solicitud de compensación del
impuesto declarado el 04 de febrero de 2014 y no se
debatieron en sede judicial estas decisiones, y ii) no se realizó
pago total de la declaración por parte de la contribuyente.
ESTAS DOS RAZONES LLEVAN A CONSIDERAR QUE LA
DECLARACIÓN ES INEFICAZ POR EL INCUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 580-1
DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.
Es por esto, que, la Sala tendrá como ineficaz esta declaración,
razón por la cual, el pago parcial que se hizo con ocasión a la
misma si es objeto de devolución.
Se destaca, igualmente, que la ineficacia de esta declaración se
desprende de las actuaciones de la demandante. En primer lugar,
porque la parte actora no cuestionó los actos por los cuales se
38
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negó la compensación con el fin de que el saldo a favor
pudiera tenerse como pago de esta declaración. En segundo
lugar, porque al presentar la tercera declaración o declaración C,
la entidad nuevamente liquida la sanción de extemporaneidad y
paga las retenciones, la sanción y los correspondientes intereses
de mora lo que permite razonar que consideró la declaración
B sin efectos […]”.
De todo lo anterior, se evidencia que para resolver el recurso de
apelación era necesario referirse a las circunstancias que
antecedieron a la declaración de 26 de febrero de 2014 (declaración
c) y a los actos acusados que negaron la compensación para
examinar su legalidad, sin que ello implique, como lo alega la
recurrente, una circunstancia que invalide el fallo recurrido por
violación al debido proceso.
Y ello es así, habida cuenta que no le está vedado al juez el análisis
pleno de la situación fáctica planteada, las pruebas que la respaldan
y los reproches alegados, sin que tal estudio desborde su límite
competencial, máxime que la conclusión que se cuestiona está
relacionada necesariamente con la existencia de una declaración
presentada y sus efectos de “validez” y afectación frente a la última
de las declaraciones y a los actos administrativos que surgieron con
ocasión de esta solicitud de compensación, los que fueron
sometidos a control judicial.
Así las cosas, lo alegado por la sociedad demandante no configura
la nulidad de la sentencia, en tanto que tales conclusiones
39
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Recurso Extraordinario de Revisión
obedecieron al examen de los cargos formulados en el recurso de
apelación.
Y es, precisamente, frente a tales conclusiones que al juez
extraordinario le está vedado examinar como una tercera instancia
las circunstancias que constituyeron el debate judicial ordinario y
respecto de las cuales la parte accionante insiste en controvertir.
Cabe reiterar que el estudio de la apelación del fallo de primera
instancia habilitó al Consejo de Estado para examinar los
argumentos de oposición, los antecedentes de los actos acusados
y también las acusaciones frente a la actuación de los funcionarios
de la DIAN en las que se soporta la recurrente para insistir en sus
pretensiones anulatorias. Al respecto de estas últimas, se aprecia
que el reproche no pasó de ser una manifestación no corroborable
en esa instancia lo que descarta reabrir su examen en este medio
extraordinario.
Además, la apreciación de la recurrente se ubica en el ámbito del
desacuerdo con la decisión judicial e incluso, al plantear como
reproche el que tampoco hubo una adecuada valoración probatoria,
se aprecia de contera que esta alegación desborda las causales de
procedencia de este recurso, lo que lleva a declararlo infundado.
40
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Recurso Extraordinario de Revisión
Finalmente, es importante referir que el principio de la justicia
rogada que caracteriza la controversia judicial en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo delimita que el pronunciamiento del
juez se enmarque en un pronunciamiento que se restringe a las
pretensiones de la demanda, los cargos formulados, las
excepciones propuestas en la primera instancia y el recurso de
alzada, cuando quiera que el fallo del a quo es apelado.
En este caso en particular, el motivo que sustentó este recurso
extraordinario fue objeto de debate en la apelación del fallo de
primera instancia en el proceso, lo que explica que además de
guardar congruencia con la impugnación, conforme lo concluyó la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, requería para su examen
identificar las condiciones de eficacia que se predicaban de las
declaraciones que presentó la sociedad, pues ello era determinante
para la devolución deprecada en observancia de la norma que
habilita tal calificativo.
Conviene recordar que el examen sobre la violación del principio de
congruencia se puede adelantar a través de una comparación, como
lo explicó la Corte Constitucional, así:
“[…] El alcance que en esta jurisprudencia se le da al principio
de congruencia implica que puede llegar a ser desconocido
por:
“1. Resolver sobre elementos o puntos no comprendidos
en la relación jurídico-procesal (extra petita);
41
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2. Proveer más de lo que el demandante pide (ultra
petita); y
3. Ser deficiente por dejar de proveer, positiva o
negativamente, acerca de puntos integrantes de la
demanda o sobre las excepciones que, además de
aparecer probadas, hayan sido alegadas por el
demandado cuando así lo exija la ley (citrapetita).”[42]
Los anteriores supuestos se pueden evidenciar con relativa
facilidad, comparando el contenido de fondo de la
relación jurídico-procesal y lo resuelto por el juzgador
en el respectivo fallo[43]. Valga decir que en los primeros dos
supuestos se da un exceso en el ejercicio jurisdiccional,
mientras que en el último hay un defecto u omisión más
conocido como fallo omiso o diminuto […]”35.
En observancia de lo anterior, la Sala aprecia que el calificativo del
que se sirvió tanto el Tribunal a quo como la Sección Cuarta del
Consejo de Estado frente a la declaración B, conforme se anticipó,
no representa una incongruencia en la sentencia, pues esta
conclusión era necesaria para examinar la legalidad de las
resoluciones acusadas y, contrario a lo alegado, su estudio no
implicó un análisis que desbordara la competencia del juez
contencioso.
En efecto, la petición que la DIAN resolvió con ocasión de la solicitud
de devolución soportada en dicha declaración, hacen parte de una
actuación administrativa que mantuvo su presunción de legalidad,
pues ningún examen sobre ella abordó el juez ordinario; no
obstante, es oportuno aclarar que la manifestación que reprocha la
recurrente no recae sobre acto administrativo ajeno al proceso, sino
35
Corte Constitucional. Sentencia T-714 de 2013. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB
42
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Recurso Extraordinario de Revisión
que abordó el estudio de validez de una declaración presentada por
el contribuyente ante la autoridad, examen que resulta posible pues
como documento aportado al proceso judicial posibilitaba su
análisis a la luz de las normas que convalidan su presentación y la
eficacia del tributo que respaldan.
Visto lo anterior, encuentra la Sala que contrario a lo invocado por
la parte actora el fallo recurrido no se dictó con desconocimiento
del principio de congruencia.
De lo expuesto se devela que no le asiste razón a la recurrente y
que la violación al debido proceso no se configura, por el hecho de
confirmar la negativa de acceder a las pretensiones de su demanda.
Todo lo anterior lleva a concluir que la congruencia externa no se
vio afectada con el fallo proferido por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, pues no existió una extralimitación frente a las
pretensiones alegadas y los argumentos que expuso la apelante
fueron objeto de decisión.
En estos términos, se declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión al no probarse la causal invocada.
43
Número único de radicación: 11001031500020220137300
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Recurso Extraordinario de Revisión
5.5 Condena en costas
Las costas procesales se definen36 como la “erogación económica
que debe asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial,
que se compone de las i) expensas 37 y las ii) agencias en
derecho38”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo su fijación varió
con respecto a lo estatuido en el CCA 39, al pasar de un criterio
subjetivo40 a uno objetivo valorativo41, en el que se requiere que
el juez revise si se causaron.
Ahora, si bien el CPACA prevé que las costas se fijen de manera
objetiva contra la parte vencida en juicio, no operan de manera
automática, pues al juzgador le corresponde valorar si se configura
alguna de las hipótesis previstas por el legislador, reglas que se
predicaban también respecto de los recursos extraordinarios de
revisión.
36
Consejo de Estado - Sala Plena. Exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Sentencia de
6 de Agosto de 2019. C.P. Rocío Araújo Oñate.
37
“73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de
copias, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la
justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gasto de traslado de
testigos, por citar algunos ejemplos”.
38
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de
la parte favorecida con la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la
representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y
esfuerzo dedicados a la causa.”
39
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección a.
Sentencia de 28 de febrero de 2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-
18). C.P. William Hernández Gómez.
40
esa valoración estaba atada a la prueba del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad
durante el proceso.
41
En cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, bien sea total
o parcial o con abstención, según las reglas del Código General del Proceso.
44
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No obstante lo anterior, la condena en costas en el recurso
extraordinario fue objeto de reforma por la Ley 2080 de 2021, en
el sentido de prever que, en los términos del artículo 255 ibidem,
cuando “se declare infundado [el recurso] se condenará en
costas”, mandato que implica para el fallador que adopte esta
decisión.
Ahora, para verificar su aplicación es necesario establecer si en el
asunto bajo examen concurren los presupuestos de la Ley 2080,
que reformó el CPACA, así: i) establecer si el proceso se radicó en
vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, pues por mandato del artículo 8642 de
la Ley 2080 las normas procesales le resultan aplicables a los
procesos en curso y tramitados en vigencia del CPACA43, y ii) si el
recurso se declaró infundado.
Para el efecto, en el caso bajo examen se dan los presupuestos
requeridos, lo que impone que se fijen de acuerdo con la
naturaleza, calidad y duración de la gestión útil.
42
Según lo prevé el artículo 86 “[…] De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887,
modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, las reformas procesales
introducidas en esta ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde
el momento de su publicación Y SOLO RESPECTO DE LOS PROCESOS Y TRÁMITES
INICIADOS EN VIGENCIA DE LA LEY 1437 DE 2011.
En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las
audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes
cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse
las notificaciones.
43
El recurso extraordinario de revisión se radicó el 28 de enero de 2022.
45
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Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código
General del Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de
2016, contentivo de las tarifas de agencias en derecho expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de acuerdo con
las actuaciones procesales realizadas, fijará las agencias en
derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha
de esta providencia, en favor de la entidad que acudió a participar
en este trámite.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de
decisión, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de
revisión interpuesto contra la sentencia de 11 de febrero de 2021,
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Se condena en costas a la accionante, por Secretaría
liquídense.
46
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TERCERO: FIJAR como agencias en derecho la suma equivalente
a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia, la cual deberá incluirse en la liquidación de costas a
pagar por el recurrente, en favor de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES – DIAN, entidad que acudió a participar
en este trámite.
CUARTO: TENER al doctor PABLO NELSON RODRIGUEZ
SILVA 44 como apoderado de la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL - DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES, de conformidad con el poder y demás documentos
anexos, visibles en el índice 21 del expediente digital.
QUINTO: En firme esta providencia, archívese la actuación.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de agosto de 2023.
44
Según índice 21 del registro SAMAI. RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_RV__CONTESTACION_REC(.z ip) NroActua 21. PODER C.E. 2022-01373 ALIMENTOS POLAR
DE COLOMBIA SA.pdf
47
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(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO CÉSAR PALOMINO CORTÉS
RUBIO
(Firmado electrónicamente)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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