Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-05701-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-05701-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2021-05701-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
27 de enero de 2022
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 1- 0 5 70 1- 0 1
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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022)
F.T: 24
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05701-01
Accionante: FLORESMIRO SUÁREZ LEÓN
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS.
Temas: Acción de tutela por falta de repuesta a solicitud. Amparo del derecho
fundamental de petición del accionante.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide los recursos de impugnación interpuestos por las partes en contra
de la sentencia proferida el 28 de octubre de 2021 por la Sección Cuarta de esta
corporación.
HECHOS RELEVANTES
a) Escrito de tutela
El señor Floresmiro Suárez León afirmó que, en calidad de víctima del conflicto
armado y del desplazamiento forzado, el 21 de julio de 2021, formuló petición ante
la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República y otros, con el fin de obtener información sobre los recursos
destinados para las víctimas del conflicto, así como su ejecución y sus alcances,
en atención al cumplimiento de los acuerdos de paz.
Como sustento de lo anterior, destacó un comunicado de prensa, en el que fue
anunciada la venta y entrega de bienes cedidos por el grupo de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. De igual manera, refirió la
entrevista realizada al asesor político del mismo grupo, en la que manifestó haber
aportado los recursos para la reparación de las víctimas.
Por lo expuesto, consideró que los recursos que existen no están siendo
ejecutados en debida forma y, por ello, solicitó información sobre la proyección de
los mismos a cargo de las distintas autoridades y la respectiva entrega a las
personas que requieren las reparaciones por daños morales, económicos y
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sociales, así como la asignación de viviendas y demás proyectos a los que tienen
derecho.
b) Inconformidad
El accionante, Floresmiro Suárez León, estimó que la Presidencia de la República-
Departamento Administrativo de Presidencia de la República1 vulneraron sus
derechos fundamentales de petición y debido proceso y los principios de buena fe
y confianza legítima. Para el efecto, sostuvo que a la fecha no se le ha dado una
respuesta de fondo a la solicitud que presentó, con el fin de obtener información
sobre los recursos destinados a la población desplazada, su alcance y contenido.
Alegó que es obligación de la accionada la atención integral de las víctimas del
conflicto para garantizar las condiciones mínimas de su existencia con la
reparación integral, de modo que es obligación legal y constitucional el proveer de
los recursos necesarios para la destinación de los planes y programas a los que
tienen derecho.
PRETENSIONES
La parte accionante solicitó tutelar sus derechos fundamentales previamente
citados y, en consecuencia, requirió ordenar a la accionada emitir una respuesta
de fondo y en derecho, en la que se indique claramente sobre la asignación,
planeación, distribución y ejecución de los recursos y bienes asignados a la
población víctima del conflicto armado.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
La abogada Martha Isabel González Duque afirmó que la solicitud relacionada con
el manejo de los bienes y los recursos destinados a las víctimas del
desplazamiento en Colombia no le compete a esa cartera ministerial. Al respecto,
consideró que se configura falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
el Ministerio no es el llamado a responder por el derecho reclamado por el
accionante; en ese orden, indicó que su actuar no ha generado vulneración
alguna, pues las funciones legales y constitucionales que desempeña no se
encuentran relacionadas con lo pretendido en el amparo deprecado.
Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral de las
Víctimas, UARIV.
1 Se aclara que, en el auto admisorio, además, se vinculó al Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y al Fondo Nacional de Vivienda
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El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Bladimir Martín Ramos, precisó que, en su
calidad de vinculado, al verificar en el reporte de la entidad, pudo observarse que
el señor Floresmiro Suárez no radicó petición alguna ante la unidad.
Por otro lado, explicó que la petición fue elevada ante la Presidencia de la
República; en esa medida, adujo que lo pretendido en cuanto a los recursos
asignados por los victimarios para las víctimas del conflicto armado, su asignación
y destinación, de conformidad con la Ley 1448 de 2011 y los decretos 4800 y 4802
de la misma anualidad, así como las demás normas concordantes, no es una
función que le compete, por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva
para acceder a lo reclamado.
Presidencia de la República
La abogada María Carolina Rojas Charry, en calidad de asesora, advirtió que no
existe vulneración de los derechos fundamentales alegados por el accionante,
debido a que la petición radicada fue resuelta mediante los Oficios OFI21-
00123741 / IDM 13030001, OFI21- 00123733 / IDM 13030001, y OFI21-00123737
/ IDM 13030001, que fueron remitidos al señor Floresmiro Suárez al correo
tony.2larry@hotmail.com. De igual manera, argumentó que la solicitud fue enviada
a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, y la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas el 26 de agosto de 2021, con el fin de que
emitieran respuesta en lo que corresponde.
Por consiguiente, solicitó declarar falta de legitimación en la causa por pasiva en
cuanto a la Presidencia de la República y del presidente de la República, toda vez
que no representan a la Nación en el presente asunto y no es la entidad
encargada de administrar el Patrimonio Autónomo del DAPRE, dado que es una
competencia que recae en la Sociedad de Activos Especiales precitada.
Por lo anterior, consideró que no existe vulneración alguna por parte de la entidad
que representa y, en su lugar, se configura un hecho superado, al haber resuelto
de fondo la petición y remitirla a las autoridades competentes para el trámite
respectivo.
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
La coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales y
Procedimientos Administrativos advirtió que no existe vulneración alguna de los
derechos fundamentales por parte del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, comoquiera que no ha sido radicada ni remitida por otra
entidad la petición que originó la acción constitucional, en cuanto al manejo,
destinación de los recursos y bienes asignados por los victimarios, con el fin de
reparar a las víctimas del conflicto.
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Por lo tanto, solicitó declarar falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que
este departamento ejerce sobre las autoridades inscritas, como es la UARIV, la
orientación, coordinación y control político, sin que pueda arrogarse las
competencias de cada una de ellas. Para el caso concreto, indicó que es la
UARIV, al ser la entidad coordinadora de ayuda humanitaria e indemnización, la
encargada de emitir pronunciamiento.
Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda.
El abogado Bili Hamiltón Daza Brito adujo que no existe vulneración alguna de los
derechos fundamentales del accionante, por parte del actuar de la entidad que
representa. Advirtió que, como resultado de la consulta al grupo de Atención al
Usuario, Archivo y Correspondencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
se registra una petición radicada por parte del señor Floresmiro Suárez, la cual fue
atendida por el Ministerio y debidamente notificada.
De otra parte, señaló que, al verificar los trámites adelantados ante el Fondo, no
existe constancia de que el accionante haya participado en ninguna de las
convocatorias para personas en situación de desplazamiento entre los años 2004
y 2007 ¨Desplazados arrendamiento mejoramiento CSP y adquisición vivienda
nueva o usada¨ ni en la convocatoria para el proceso de promoción y oferta
Resolución 1024 de 2011, derogada por la Resolución 0691 de 2012, realizadas
por el Fondo Nacional de Vivienda. De igual manera, informó que los programas
de Fase 1 y Fase 2 de Vivienda Gratuita o 100 Mil Viviendas, se encuentra
cerrada en su totalidad, dado que actualmente los programas ofertados son
Semillero de Propietarios, Mi Casa Ya y Casa Digna y Vida Digna.
Por lo anterior, solicitó denegar las pretensiones en relación con Fonvivienda,
dado que su actuar está conforme a los parámetros legales y constitucionales, con
garantía del derecho fundamental a la igualdad y debido proceso en acatamiento a
lo ordenado por la Corte Constitucional y de conformidad con las políticas que el
Gobierno Nacional ha desarrollado en materia de viviendas de interés social.
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y/o Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación
La abogada María Carolina Rojas Charry precisó que las pretensiones de la
demanda no son de su competencia y, por tanto, no existe vulneración de los
derechos fundamentales alegados, esto aunado a que no existe ninguna solicitud
radicada en dicha dependencia.
Respecto a la oficina de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación,
indicó que, mediante los Oficios OFI21-00123733 / IDM 13030001 de 26 de agosto
de 2021 y OFI21- 00123737 / IDM 13030001 de la misma fecha, fue remitida la
petición ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
UARIV, y a la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, para que emitieran la
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correspondiente respuesta; situación que fue puesta en conocimiento del
accionante, a través del OFI21-00123741 / IDM 13030001 de 26 de agosto a
través de su correo electrónico (tony.2larry@hotmail.com).
Como sustento de lo anterior, manifestó que, de un lado, la SAE SAS es la entidad
administradora del Patrimonio Autónomo del DAPRE, que sirve de receptor de
todos los bienes y recursos patrimoniales monetizados y no monetizados,
inventariados por las FARC y, por el otro lado, la UARIV es la que coordina el
Sistema Nacional de Atención y Reparación de las Víctimas, así como la ejecución
e implementación de la política pública de atención, asistencia y reparación
integral de las mencionadas víctimas del conflicto.
Sociedad de Activos Especiales SAS, SAE
El representante de la sociedad señaló que la petición presentada fue resuelta,
mediante el Oficio CSS2021-023185 del 8 de septiembre de 2021, y remitido al
correo electrónico tony.2larry@hotmail.com, donde le informó al accionante que,
de conformidad con el Decreto Ley 903 de 2017 y la sentencia de la Corte
Constitucional C-071 de 2018, los bienes recibidos por parte de las FARC son
destinados de manera exclusiva para la reparación material de las víctimas del
conflicto armado. En ese sentido, no se configura vulneración alguna.
Conforme a lo anterior, indicó que el DAPRE es el titular del patrimonio autónomo
y receptor de los bienes inventariados, quien ejecuta los recursos resultantes de la
monetización de los bienes entregados. Agregó que la última transferencia de los
mencionados recursos la realizó en julio de 2021 porque es la UARIV la
encargada de planear y determinar la forma en que realizará la ejecución y
entregará los mismos a las víctimas beneficiarias, según corresponda.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
El 28 de octubre de 2021 la Sección Cuarta del Consejo de Estado, luego de
analizar lo pretendido por el accionante en la solicitud radicada el 17 de julio de
2021 y la respuesta brindada el 8 de septiembre de la misma anualidad mediante
Oficio CS2021-023185, allegada por la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS,
a quien le fue trasladada la solicitud por parte del DAPRE, concluyó que la
sociedad resolvió lo requerido por el accionante con relación a los bienes y
recursos incautados a las FARC, así como aquellos destinados a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las víctimas para la respectiva indemnización.
Por lo anterior, consideró pertinente declarar la carencia actual de objeto por
hecho superado.
Sin embargo, aquella aclaró, luego de realizar un análisis de las funciones del
DAPRE, que el señor Floresmiro Suárez León, en la petición, también solicitó
información sobre la ejecución de los recursos destinados a las víctimas del
desplazamiento en Colombia, la cual no había sido resuelta por la entidad
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mencionada, quien era la competente para decidir. En ese sentido, y aunque no
había vencido el plazo previsto por el Decreto Legislativo 491 de 2020 al momento
de la instauración de la acción de tutela, consideró necesario amparar el derecho
fundamental de petición.
De otra parte, instó a la UARIV para que, dentro del término previsto, se
pronunciará respecto a lo pretendido por el accionante, comoquiera que, pese a
que la petición no había sido radicada directamente, la autoridad respectiva, esto
es, el DAPRE, se la remitió
.
IMPUGNACIÓN
Presidencia de la República y el DAPRE
La apoderada María Carolina Rojas Charry manifestó inconformidad con el fallo de
primera instancia, por lo cual solicitó revocar la decisión allí adoptada y, en su
lugar, negar el amparo deprecado. Indicó que según el artículo 1º del Decreto
1407 de 24 de agosto de 2017, la SAE S.A.S es la administradora del Patrimonio
Autónomo. De igual manera, expuso que, mediante la Resolución 756 de 10 de
octubre de 2017, el DAPRE delegó a la SAE SAS las funciones “que se deriven de
la puesta funcionamiento del patrimonio autónomo Decreto ley 903 de 2017”.
Por lo anterior, informó que el DAPRE y la SAE S.A.S. suscribieron el Convenio
Interadministrativo 014 de 2017, por medio del cual se perfeccionó la delegación
de las funciones antes mencionadas; por ello, la SAE S.A.S es la entidad
responsable de adelantar las gestiones para la conformación del patrimonio
autónomo que sirve de mecanismo para la administración de los recursos
destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
En el mismo sentido, precisó que la UARIV es la entidad beneficiaria del
patrimonio autónomo constituido, de conformidad con el Contrato 031 de 23 de
abril de 2021, a través del que se constituyó la fiducia mercantil, y con lo definido
en el artículo 4.° del Decreto Ley 903 de 2017, que determina la finalidad del
Fondo, así: «con los bienes y activos incluidos en el mencionado inventario se
procederá a la reparación material de las víctimas del conflicto, en el marco de las
medidas de reparación integral».
Sumado a ello, aclaró que existe un comité fiduciario2 de apoyo cuando la UARIV
requiere materializar las medidas de reparación, así, una vez la mencionada
unidad defina como realizará la ejecución de los recursos, esperará la aprobación
del manual operativo por parte del comité, para posteriormente ejecutarlo.
2 Conformado con voz y voto por un representante de UARIV – Entidad beneficiaria del PA, un representante
de la SAE – Administrador del PA y un representante de DAPRE – Fideicomitente del PA.
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De igual manera, para la ejecución de los recursos, indicó que es el supervisor del
contrato de la fiducia mercantil, la SAE SAS, el responsable de informar sobre los
tiempos de ejecución de los asuntos aprobados por el Comité Fiduciario. En ese
orden, considera que el DAPRE no es la entidad encargada de resolver la petición
objeto de amparo.
El señor Floresmiro Suárez León
El accionante impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual argumentó
que la solicitud objeto de amparo no ha sido resuelta de fondo ni de manera
clara y precisa, indicó que el fallo no se ajusta a la situación fáctica descrita,
situación que impide garantizar el pleno goce de sus derechos, aunado a que
puede evidenciarse algunas consideraciones inexactas que generan un yerro.
También alega que se incurrió en una nulidad procesal, al abstenerse el fallador
de vincular al Ministerio Público.
Advierte que no fue desarrollado el estudio conforme a la pretensión relacionada
con la indemnización de su núcleo familiar, misma que ha sido dilatada y persiste
la vulneración que recae en la UARIV. Por lo que solicita, revocar el fallo de
primera instancia y que se acceda a las súplicas de la acción.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A”, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20193, en
cuanto regula que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado
en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre
todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán
resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien
le haya correspondido el reparto».
Cuestión previa
Previo a definir el problema jurídico se observa que, en el escrito de impugnación,
el señor Floresmiro Suárez alega una presunta nulidad procesal por la falta de
vinculación del Ministerio Público a la acción constitucional. Sin embargo, la
Subsección advierte que la etapa procesal para presentar dicha petición debió ser
luego de que se le notificó el auto en el que se admitió la acción constitucional
dictado el 1.° de septiembre de 2021 por la Sección Cuarta de esta corporación,
pues desde esa etapa el accionante tuvo conocimiento de las vinculaciones
ordenadas, por lo que, si consideraba que no se realizaron de forma íntegra, debió
3 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.
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alegarlo en esa oportunidad.
En esos términos, y de conformidad con el ordinal 1.° del artículo 136 del Código
General del Proceso, la nulidad se considera saneada, en tanto la parte que podía
proponerla no lo hizo oportunamente. Por lo anterior, no hay lugar a decretarla y
sin que exista vicio procesal alguno que afecte la decisión emitida en primera
instancia, se procede a continuar con la decisión correspondiente.
Problema jurídico
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes
preguntas:
1. ¿El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
DAPRE, así como la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de
las Victimas, UARIV, resolvieron de manera clara, precisa y de fondo la
petición elevada por el accionante, en la que solicitó información sobre la
ejecución de los recursos destinados a las víctimas del conflicto armado?
Para resolver el problema así planteado se abordará la siguiente temática: (I)
derecho de petición y (II) análisis de la solicitud presentada por el accionante.
Veamos:
• Primer problema jurídico
¿El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, así
como la Unidad para la Atención y la Reparación Integral de las Victimas, UARIV,
resolvieron de manera clara, precisa y de fondo la petición elevada por el
accionante, en la que solicitó información sobre la ejecución de los recursos
destinados a las víctimas del conflicto armado?
I. Derecho de petición
En el artículo 23 de la Constitución Política se faculta a todas las personas, para
que puedan presentar peticiones respetuosas ante las autoridades públicas o las
organizaciones privadas y a obtener pronta respuesta. Adicionalmente, este
derecho comprende no sólo dicha prerrogativa, sino también la garantía de que las
solicitudes se resuelvan de fondo, de manera clara, precisa y oportuna4.
En efecto, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que la respuesta a las
solicitudes que se eleven ante autoridades públicas y particulares deben cumplir
los siguientes requisitos: ser oportuna, resuelta de fondo, clara, precisa y
congruente con lo pedido, así como ser puesta en conocimiento del
4 Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-481 de 1992, M.P: Jaime Sanín Greiffenstein.
5 Ver entre otras sentencias: T-095 de 2015.
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titular; además, ha precisado que la respuesta no significa que se acceda a lo
requerido. En síntesis, el derecho de petición, entonces, se garantiza cuando la
administración responde 1. De fondo, de manera clara y precisa, 2. Dentro del
plazo otorgado por la ley y 3. Cuando la respuesta es puesta en conocimiento del
peticionario.
Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta antes de que se cumpla con
el término legal dispuesto, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y
señalar el término en el cual se dará la contestación. Así mismo, en el evento en
que la petición se dirija en contra de quien no es el competente, este deberá
remitirla al que sí lo es, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015.
De otra parte, es importante aclarar que no queda satisfecho el derecho de
petición con respuestas evasivas o informes acerca del trámite de los pedimentos
de los particulares. En efecto, la omisión o el silencio de la administración en
relación con las solicitudes de los ciudadanos van en contra del cumplimiento de
los deberes de los funcionarios públicos de resolver de manera oportuna las
solicitudes provenientes de los particulares. En suma, la garantía del derecho de
petición se entiende cumplida con la manifestación adecuada a la petición
planteada, con la respuesta efectiva para la solución del caso y con la oportuna
comunicación de esta al interesado.
II. Análisis de la solicitud presentada por el accionante
El señor Floresmiro Suárez León consideró que la Presidencia de la República-
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República vulneraron sus
derechos fundamentales de petición y debido proceso y los principios de buena fe
y confianza legítima, puesto que a la fecha no le han brindado una respuesta de
fondo a la solicitud que elevó, con el fin de conocer sobre la asignación y
ejecución de los recursos y bienes destinados a la reparación de las víctimas del
conflicto armado en Colombia.
Pues bien, al revisar el material probatorio que obra en el expediente de la
referencia, se observa que el 17 de julio de 2021 el hoy accionante peticionó, ante
la Presidencia de la República y el DAPRE, lo siguiente:
«[…] 1. De la manera más respetuosa solicito al representante o quien haga sus
veces en la petición previa el alcance en el procedimiento sobre los recursos
asignados por los victimarios para las víctimas que fueron asignados y los bienes
que fueron incautados, y que fin han tenido y quienes los recibieron y de igual
forma con qué fin.
2. Indíquese de forma detallada, año, mes, día y hora cuando se van a ejecutar
estos recursos para que sean otorgados a la víctima del desplazamiento en
Colombia, y de acuerdo en conexidad del acuerdo de paz firmado en la Habana
Cuba […]».
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Asimismo, se aprecia que el 26 de agosto de 2021, el consejero presidencial
ejecutivo del DAPRE, mediante Oficio OFI21-00123741 / IDM 13030001, emitió
respuesta en los siguientes términos:
«[…] En resumen, usted solicita que se informe “de forma detallada y congruente
qué entidades las van a recibir … y con qué fin”; “en qué tiempo se van a ejecutar
en su totalidad estos recursos, y cómo puedo recurrir a ellas para ser beneficiario
de los componentes de los estándares que me asisten por ser sujeto de especial
protección y ser poseedor de un grupo legitimado”; “forma detallada el manejo de
los bienes incautados y los recursos voluntariamente que fueron asignados por los
victimarios para las víctimas y que fin y que alcance han surtido y quienes los
poseen, y si es así, a que autoridades les han sido asignadas y de igual forma con
qué fin”. Así mismo pide “los alcances de las funciones asignadas” a la SAE.
Ahora bien, el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, por medio del cual se regula el
derecho fundamental de petición, dice que, si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, debe remitirse a quien si lo es y enviar copia del
traslado al peticionario.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que la Sociedad de Activos Especiales SAE
SAS es la entidad designada como administrador del patrimonio autónomo del
DAPRE6 que sirve de receptor de todos los bienes y recursos patrimoniales
monetizados y no monetizados inventariados por las FARC EP7 nos permitimos
trasladar la petición a esa entidad, con el fin de que le responda directamente.
En cuanto al traslado a las demás entidades intervinientes “para que se indique de
forma detallada qué entidades las van a ejecutar y lo mismo y con qué fin, y
quienes la reciben para efectos de los derechos que nos asisten a las víctimas del
desplazamiento en Colombia.» (sic), solicitado en el numeral 10º de la relación de
los hechos, damos traslado a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas – UARIV.
Lo anterior, teniendo en cuenta que una de sus inquietudes, que invoca en calidad
de víctima de desplazamiento, es cómo puede ser beneficiario de los bienes
inventariados por las FARC EP, y la UARIV “tiene por objetivo coordinar el Sistema
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas y la ejecución e implementación
de la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las mismas”8.
Por otra parte, aclaramos que no se realiza la vinculación de la Vicepresidencia de
la República, solicitada en el numeral 5º de sus peticiones, porque según los
artículos 8, 9 y 10 del Decreto 1784 de 2019, esta dependencia del DAPRE no
tiene funciones relacionadas con las solicitudes presentadas. Finalmente,
adjuntamos los oficios mediante los cuales se realizan los traslados […]».
6 Artículo 1 Decreto 1407 de 2017
7 Artículo 3 Decreto Ley 903 de 2017
8 Artículo 2 Decreto 4802 de 2011.
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De lo trascrito, puede advertirse que el DAPRE emitió una respuesta de manera
clara y precisa a lo solicitado por el peticionario, puesto que, al observar que no
tenía competencia para emitir un concepto sobre el fondo del asunto, procedió a
remitir la petición a las autoridades que correspondía. En esa medida, actúo
conforme a las normas procesales del derecho de petición y dentro del término de
los 35 días, conforme al Decreto 491 de 2020, sin que su actuar pueda
considerarse vulnerador de los derechos fundamentales. En ese sentido,
considera esta Subsección procedente revocar el fallo de primera instancia, pues
no se halla trasgresión del derecho de petición por parte de esa entidad.
Ahora bien, en cuanto a la respuesta emitida por la UARIV, puede evidenciarse
que en el escrito del 8 de noviembre de 2021, en el que advierte el cumplimiento
del fallo, reiteró que el accionante no radicó petición alguna directamente ante la
mencionada autoridad, por lo que considera que no existe vulneración alguna de
su parte, dado que, de conformidad con sus competencias, no le resulta posible
indicar el tiempo, modo o lugar y la forma en que se ejecutan los recursos y bienes
asignados para las víctimas del conflicto armado.
En atención a lo mencionado anteriormente, de las pruebas allegadas al plenario,
puede evidenciarse que el DAPRE, en la contestación que emitió al señor
Floresmiro Suárez, informó las funciones que por competencia realizaban otras
entidades, y mediante Oficio OFI21-00123737 / IDM 13030001 dio traslado de la
petición a la UARIV, para que atendiera los requerimientos que, dentro del marco
de sus competencias, debía responder al accionante; sin embargo, lo cierto es que
a la fecha no existe prueba alguna sobre la cual pueda evidenciarse que de
manera concreta la UARIV haya emitido pronunciamiento, esto es, a pesar de
haber recibido el traslado el 26 de agosto de 2021, situación que no fue
controvertida ni desvirtuada por la mencionada unidad
Ahora bien, en caso de que la UARIV considerara que no era la autoridad
competente para emitir una decisión que resolviera de fondo lo pretendido por el
accionante, como lo expuso en esta sede, debió promover un conflicto de
competencia administrativa, conforme al artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, pero
no podía simplemente abstenerse de brindar respuesta a la solicitud que le fue
trasladada, en razón de ello resulta evidente la vulneración del derecho
fundamental de petición del accionante, por la omisión de la UARIV de
pronunciarse sobre la petición que le fue trasladada y puesta en conocimiento.
Finalmente, en el escrito de impugnación el señor Floresmiro Suárez alega que
están siendo vulnerados sus derechos fundamentales al no desarrollar el amparo
conforme a la pretensión relacionada con la indemnización de su núcleo familiar.
No obstante, puede evidenciarse que en la petición objeto de esta acción aquel
solamente se enfocó en dos puntos específicos y en ninguno de ellos de manera
particular solicitó ante las autoridades administrativas la reclamación directa sobre
el beneficio aludido.
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En atención a ello, si lo estima pertinente, podrá iniciar el trámite administrativo
correspondiente, con el fin de que una vez cumplidos con los requisitos, pueda
reclamar el reconocimiento al que considera tiene derecho, a través de los canales
previstos por las autoridades para ese efecto, puesto que no es dable solicitar la
protección de un beneficio ante el juez de tutela, máxime cuando no ha sido
agotado el trámite que el mismo exige.
Por todo lo expuesto, la Subsección revocará la sentencia proferida el 28 de
octubre de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y, en su lugar,
negará las pretensiones de la demanda sobre el DAPRE y amparará el derecho
fundamental de petición invocado por el señor Floresmiro Suárez León respecto a
la UARIV.
En consecuencia, se ordenará a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir de la ejecutoria de la presente providencia, en
caso de no haberlo hecho, emita una respuesta de fondo a la solicitud que le fue
remitida por el DAPRE el 26 de agosto de 2021, mediante el oficio OFI21-
00123737 / IDM 13030001, donde puso en conocimiento la petición radicada por
el accionante, en la que solicitó información sobre la ejecución de los recursos y
bienes destinados a las víctimas del conflicto armado de Colombia, o, en su lugar,
si lo estima pertinente, en el mismo plazo, adelante el trámite procedente para
promover el conflicto de competencia administrativo, en los términos del artículo
39 de la Ley 1437 de 2011.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia proferida el 28 de octubre de 2021 por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en la acción de tutela instaurada en contra de la
Presidencia de la República-Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, DAPRE. En su lugar:
Segundo: Negar el amparo constitucional respecto del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE.
Tercero: Amparar el derecho de petición, cuya protección invocó el accionante en
el presente mecanismo constitucional frente a la UARIV.
Cuarto: Ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, que, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la ejecutoria de la presente providencia, en caso de
no haberlo hecho, emita una respuesta de fondo a la solicitud que le fue remitida
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por el DAPRE el 26 de agosto de 2021 mediante el oficio OFI21-00123737 / IDM
13030001, donde puso en conocimiento la petición radicada por el accionante en
la que solicitó información sobre la ejecución de los recursos y bienes destinados
a las víctimas del conflicto armado de Colombia, o, en su lugar, si lo estima
pertinente, en el mismo plazo, adelante el trámite procedente para promover el
conflicto de competencia administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley
1437 de 2011.
Quinto: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.
Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
Séptimo: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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