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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06701-00

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-06701-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Fondo Nacional de Vivienda, la UARIV y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Floresmiro Suárez León. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-06701-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

30 de noviembre de 2023

Demandante: Floresmiro Suárez León
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06701-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06701-00
Demandante: FLORESMIRO SUÁREZ LEÓN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El 1º de noviembre de 2023 el señor Floresmiro Suárez León, en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
confianza legítima y non bis in idem.

Lo anterior, con ocasión del auto de 10 de octubre de 2023 proferido dentro del
incidente de desacato que promovió contra la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV), por medio
del cual dispuso estarse a lo resuelto en el proveído de 15 de septiembre de este
año, en el que se decidió no abrir el mencionado trámite.

1.2. Pretensiones:

En consecuencia, el actor solicitó:

«1. Tutelar los derechos fundamentales a la igualdad art 13 al debido proceso art 29
CPN art 129, el derecho a la justicia art 228 a la administración de justicia art 229 se
garantiza al derecho de toda persona administración de justicia.

2. Declarar el auto 10 de 9 2023 proferido por la sala de contencioso consejo de
estado sección cuarta representado jurídicamente representado por el director del
proceso magistrado ponente MILTO CHAVEZ GARCIA y mediante el cual se

1
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declara estece a la resuelto al incidente de desacato el 15/ 9/ 2023. Que por el cual
indica que hay un hecho superado.

3. Ordenar la cesación o (revocar el auto 15/9/2023 y el auto 10/10/2023.»1

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

1.3.1. Relativos a la acción de tutela2

El señor Suárez León relató que el 21 de julio de 2021 elevó petición ante la
Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (DAPRE), con el propósito de obtener información sobre los recursos
destinados para las víctimas del conflicto, así como su ejecución y sus alcances,
en atención al cumplimiento de los acuerdos de paz.3

Narró que en vista de que no obtuvo respuesta de fondo a lo solicitado, promovió
acción constitucional contra la Presidencia de la República y otros4 para que se
garantizara la protección de sus derechos fundamentales de petición y al debido
proceso, junto con los principios de buena fe y confianza legítima.

Afirmó que del asunto conoció el Consejo de Estado, Sección Cuarta que, en
providencia de 28 de octubre de 2021, declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado en cuanto a la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), tras
encontrar que en el oficio CS2021-023185 de 8 de septiembre de 2021 resolvió lo
requerido por el peticionario.

Explicó que en dicha oportunidad también se concedió el amparo de su derecho
fundamental de petición y se ordenó al Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (DAPRE) que se pronunciara en torno a la ejecución
de los recursos destinados a las víctimas del desplazamiento en Colombia.
Además, se instó a la UARIV para que contestara el petitorio del actor, en
atención a que le fue remitido por competencia.

Indicó que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -
DAPRE impugnó la anterior decisión, con respaldo en que la Sociedad de Activos
Especiales SAS (SAE) es la entidad responsable de adelantar las gestiones para
la conformación del patrimonio que administra los recursos destinados a la
reparación de las víctimas del conflicto armado.

1
Trascripción literal del original con posibles errores.
2
Proceso con radicado 11001-03-15-000-2021-05701-01.
3
En los siguientes términos: «1. De la manera más respetuosa solicito al representante o quien
haga sus veces en la petición previa el alcance en el procedimiento sobre los recursos asignados
por los victimarios para las víctimas que fueron asignados y los bienes que fueron incautados, y
que fin han tenido y quienes los recibieron y de igual forma con qué fin.
2. Indíquese de forma detallada, año, mes, día y hora cuando se van a ejecutar estos recursos
para que sean otorgados a la víctima del desplazamiento en Colombia, y de acuerdo en conexidad
del acuerdo de paz firmado en la Habana Cuba».
4
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda, el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y/o Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación y la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE).

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Aludió que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante
sentencia de 27 de enero de 2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
negó la acción de tutela respecto del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (DAPRE) y amparó el derecho fundamental de
petición del señor Suárez León, al considerar que fue vulnerando por la UARIV y,
en consecuencia, resolvió:

«Ordenar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, UARIV, que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la ejecutoria de la presente providencia, en caso de no haberlo hecho,
emita una respuesta de fondo a la solicitud que le fue remitida por el DAPRE el 26
de agosto de 2021 mediante el oficio OFI21-00123737 / IDM 13030001, donde puso
en conocimiento la petición radicada por el accionante en la que solicitó información
sobre la ejecución de los recursos y bienes destinados a las víctimas del conflicto
armado de Colombia, o, en su lugar, si lo estima pertinente, en el mismo plazo,
adelante el trámite procedente para promover el conflicto de competencia
administrativo, en los términos del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011.»

Comentó que dicha decisión obedeció a que el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (DAPRE) procedió a remitir la petición del actor a las
autoridades que correspondía, al observar que no tenía competencia sobre el
asunto. Por otro lado, no encontró alguna prueba que evidenciara que la UARIV
se pronunció al respecto, a pesar de que le fue trasladada la solicitud y la recibió
el 26 de agosto de 2021.

1.3.2. Concernientes al incidente de desacato

El accionante puso de presente que el 29 de septiembre de 2022 promovió
incidente de desacato5, con sustento en que la UARIV no cumplió la orden
impartida en el fallo de 27 de enero de 2022, cuya apertura se ordenó mediante
providencia de 3 de octubre de ese mismo año.

Indicó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado requirió a la directora de la
entidad incidentada y, dado que dicha funcionaria no rindió informe, se le impuso
sanción por desacato consistente en multa equivalente a dos (2) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, por medio de auto de 17 de noviembre de 2022.

Expuso que, al surtirse el grado jurisdiccional de consulta, la Sección Segunda,
Subsección A de esta corporación revocó la anterior decisión y declaró que no
había lugar a imponerle alguna sanción a la directora de la UARIV, mediante auto
de 17 de mayo de 2023, por cuanto contestó la petición del accionante en la
comunicación LEX 7019247 de 21 de noviembre de 2022, la cual le fue enviada al
interesado ese mismo día.

Puntualizó que en la respuesta brindada al peticionario se le informó que el
Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) como responsable de
administrar los bienes inventariados y con el objetivo de cumplir con la reparación
material de las víctimas del conflicto, delegó esta función a la Sociedad de Activos
Especiales SAS (SAE).6

5
Asunto con radicado 11001-03-15-000-2021-05701-02.
6
Además, se le explicó al actor lo siguiente: «...conforme a la norma mencionada no se entregan
bienes a las víctimas, se realiza la reparación integral de las víctimas establecida en la Ley 1448

3
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Manifestó que el 3 de agosto de 2023 presentó por segunda vez incidente de
desacato7, al considerar que persistía la vulneración de su derecho fundamental
de petición debido a que no se acató lo ordenado por el juez constitucional en la
sentencia de 27 de enero de 2022.

Sostuvo que el despacho a cargo del asunto se abstuvo de abrir el trámite
incidental, por medio de auto de 15 de septiembre del año en curso, con respaldo
en que la entidad demandada demostró que el 21 de noviembre de 2022
respondió lo solicitado por el tutelante, caso distinto es que ahora no esté de
acuerdo con lo señalado, lo cual no implica que exista incumplimiento de la orden.

Adujo que el 21 de septiembre de este año radicó memorial en los siguientes
términos: «...solicito que se indique quienes son las autoridades que tienen los
recursos asignados por los victimarios para las víctimas para la reparación de
justicia y paz. Indíquese si es el fondo para las víctimas, o es la sociedad de
activos especiales...»8.

Señaló que mediante proveído de 10 de octubre de 2023 se resolvió estarse a lo
resuelto en la providencia de 15 de septiembre, pues no había lugar a abrir el
incidente dado que a la UARIV solo se le ordenó responder la solicitud dentro de
sus competencias. Además, se aclaró que ese trámite no está previsto para
controvertir la contestación ofrecida, ni para dar continuidad a la presunta
vulneración alegada por el actor.

1.4. Sustento de la petición

A juicio del señor Suárez León, el Consejo de Estado, Sección Cuarta vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia, así como los principios de confianza legítima y non bis
in idem, al incurrir en «vías de hecho» por cuanto aún no ha obtenido una
información adecuada a su petición.

En ese sentido, afirmó que persistía la situación de «incertidumbre y compleja ante
la conducta indolente de las autoridades administrativas, y judiciales no dan
respuesta afectivas, congruentes dentro de los términos señalados.»9

Expresó que «la autoridad» pretende con pronunciamientos evasivos no cumplir
con lo que en derecho corresponde y en el ejercicio de sus funciones, con el fin de
desviar los recursos de las personas vulnerables y que están en la pobreza
extrema.

de 2011 y que esta disposición fue ratificada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-071 de
2018. Y que, de acuerdo con la información suministrada por la SAE, en el marco de la ejecución
del contrato de fiducia el Patrimonio Autónomo cuenta a la fecha con recursos por valor de
$43.230.000.000 pesos aproximadamente, producto de la monetización. Así las cosas, se inició
ejecución del contrato de fiducia que constituyó el patrimonio autónomo desde el 23 de abril de
2021, el cual se encuentra actualmente en ejecución de los recursos para la reparación integral a
las víctimas conforme las líneas de inversión ya referidas en el punto anterior y bajo los acuerdos
contractuales pactados entre la SAE S.A.S., en calidad de contratante y Consorcio Fondo Víctimas
2021, en calidad de contratista.»
7
El cual se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2021-05701-04.
8
Trascripción literal del original con posibles errores.
9
Ibíd.

4
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1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 3 de noviembre de 2023, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar esta decisión al actor y como demandados a los magistrados que
integran el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

Además, se vinculó a los representantes de la Presidencia de la República, del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), de la
UARIV, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del Fondo Nacional de
Vivienda, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de la
Oficina del Alto Comisionado para la Paz y/o Consejería Presidencial para la
Estabilización y la Consolidación, así como de la Sociedad de Activos Especiales
SAS (SAE), dado que les asiste un interés en las resultas del presente trámite.

Remitidas las respectivas comunicaciones10, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (DAPRE)

La delegada del DAPRE se pronunció con escrito de 8 de noviembre del año en
curso, por medio del cual solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que esa entidad no es la responsable de la
presunta omisión planteada por el accionante.

Destacó que la independencia del poder judicial es un pilar fundamental de
cualquier democracia, de modo que el DAPRE debe respetar esta independencia,
garantizando así un equilibrio de poderes esencial para el funcionamiento de un
Estado de Derecho.

1.5.2. Fondo Nacional de Vivienda

Con memorial remitido el 8 de noviembre del presente año, el apoderado judicial
de Fonvivienda puso de presente que el señor Suárez León no se ha postulado
para ser beneficiario de alguno de los subsidios que ofrece, es decir que no
vulneró sus derechos fundamentales y por este motivo requirió su desvinculación
de la acción de tutela de la referencia.

1.5.3. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas (UARIV)

En informe rendido el 9 de noviembre de 2023, la apoderada judicial de la unidad
señaló que «no encontró radicación por parte del accionante [de algún] derecho de
petición», según la validación realizada en el sistema de gestión documental,
razón por la que no tiene competencia legal para resolver lo pretendido por el
actor y debe ser desvinculada por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

10
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 7 de noviembre de 2023.

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1.5.4. Consejo de Estado, Sección Cuarta

El magistrado ponente de la providencia controvertida, en escrito presentado el 10
de noviembre del presente año, indicó que la acción constitucional se torna
improcedente por no cumplir el requisito de relevancia constitucional, toda vez que
el señor Suárez León no explicó las razones por las cuales se configuró algún
defecto y más bien insiste en los mismos argumentos para reabrir el debate
concluido en la solicitud de amparo con radicado 11001-03-15-000-2021-05701-
01/04.

1.5.5. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Por medio de oficio enviado el 10 de noviembre del año en curso, la coordinadora
del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales y Procedimientos
Administrativos consideró que la acción constitucional es improcedente debido a
que no se cumplen los requisitos establecidos para su procedencia excepcional,
teniendo en cuenta que el accionante no precisó los defectos que adolece la
decisión atacada.

1.5.6. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

La apoderada judicial de la cartera ministerial se opuso al amparo solicitado por el
tutelante con memorial recibido el 14 de noviembre de 2023, toda vez que sus
pretensiones carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que permitan demostrar
el presunto quebranto de sus derechos fundamentales.

Afirmó que la acción de tutela es improcedente ante la existencia de otros
mecanismos judiciales –sin precisar a cuáles hacía referencia–, sin que se
evidenciara algún perjuicio irremediable pues el actor no se encuentra en una
situación de peligro que implique la amenaza grave de su mínimo vital.

Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto ese ministerio no tiene la función de coordinar y asignar la ayuda
humanitaria de emergencia, así como tampoco conocer de las solicitudes
presentadas en lo referente a los subsidios familiares de vivienda de interés social
urbana.

1.5.7. Los demás vinculados, pese a que fueron debidamente notificados del
presente trámite, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201911.

11 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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2.2. Cuestión previa

Antes de resolver el fondo del asunto, la Sala observa que la Presidencia de la
República - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
(DAPRE), el Fondo Nacional de Vivienda, la UARIV y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, peticiones que serán denegadas.

Lo anterior, teniendo en cuenta que tales entidades fueron vinculadas al presente
trámite en calidad de tercero con interés, mas no como la autoridad contra la cual
se encuentren dirigidos los reparos expuestos en la acción de tutela.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el
Consejo de Estado, Sección Cuarta vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los
principios de confianza legítima y non bis in idem del actor.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
y, en particular, ii) contra los autos proferidos en el marco de un incidente de
desacato, iii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad y,
finalmente, de encontrarse superados se estudiará iv) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

12
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de
2014, rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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2.5. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas en
incidente de desacato

La Corte Constitucional se pronunció sobre la procedencia de la acción de tutela
contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, en los
siguientes términos:

«Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas en el
curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente, la Corte
ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre que logre
verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es claro que
por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman decisiones
que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes. Entonces,
siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela, debe tenerse presente
que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar asuntos que afecten la
ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se adoptó en el fallo de tutela, y
que sirve como fundamento para promover el incidente de desacato. Así, el estudio
de una acción de tutela interpuesta contra un incidente de desacato deberá
limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada por el juez durante el
incidente mismo, sin consideración alguna del fallo que le sirve de trasfondo.
Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a cosa juzgada.»14

Del texto trascrito se puede colegir que en principio la acción de tutela resulta
procedente en los casos en que se le atribuye la presunta vulneración de los
derechos fundamentales a las providencias proferidas dentro del trámite de un
incidente de desacato. No obstante, en sentencia SU-627 de 201515 el alto tribunal
constitucional fijó las reglas para que proceda la solicitud de amparo, en los
siguientes términos:

«...4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional».16

En ese orden, el incumplimiento de una sentencia de tutela constituye una
vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia, así como la
violación a los derechos fundamentales, dado que las órdenes que allí se
impartieron, pretenden precisamente que los mismos no se sigan transgrediendo.

Se resalta que precisamente el objetivo de un incidente de desacato es lograr que
el obligado obedezca la orden judicial que le fue impuesta, y de advertirse una
omisión, el juez constitucional deberá sancionar dicha conducta; por lo que
procede, sin que medie solicitud de parte, la consulta ante el superior jerárquico,
para que éste verifique la “legalidad de la decisión adoptada por el inferior”.

2.6. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

2.6.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
14
Corte Constitucional, sentencia T-482 de 2013.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
16
Destacado por la Sala.

8
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sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «...el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»

Enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, el análisis
de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

«...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.»17

En el asunto que nos ocupa, el señor Suárez León controvierte el auto de 10 de
octubre de 2023 proferido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante el
cual se dispuso estarse a lo resuelto en el proveído de 15 de septiembre de este
año, en el que se decidió no abrir el incidente de desacato que promovió contra la
UARIV por el presunto incumplimiento de la orden impartida en la sentencia de 27
de enero de 2022, mediante la cual se amparó su derecho fundamental de
petición.

En criterio del accionante, la referida autoridad judicial vulneró sus derechos
fundamentales invocados al incurrir en «vías de hecho», por cuanto aún no ha
obtenido «la información adecuada» que resuelva la solicitud que elevó en torno a
los recursos destinados para las víctimas del conflicto, así como su ejecución y
sus alcances, en atención al cumplimiento de los acuerdos de paz.

Entonces, indicó que persistía la situación de «incertidumbre y compleja ante la
conducta indolente de las autoridades administrativas, y judiciales no dan
respuesta afectivas, congruentes dentro de los términos señalados.»18 Esto,
debido a que «la autoridad» pretende con pronunciamientos evasivos no cumplir
con lo que en derecho corresponde y en el ejercicio de sus funciones, con el fin de

17
Destacado por la Sala.
18
Ibíd.

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Floresmiro Suárez León
Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06701-00

desviar los recursos de las personas vulnerables y que están en la pobreza
extrema.

Así las cosas, la Sala advierte que el actor no sugirió alguna discusión que permita
al juez de tutela revisar si se afectaron de manera grave sus garantías
constitucionales, dado que no precisó cuál fue la posible irregularidad que se
configuró en la providencia que cuestiona, sin que sea dable reabrir un asunto
concluido por la autoridad judicial competente con tan solo la mención del
quebranto de las garantías constitucionales invocadas.

Nótese que el accionante no expuso argumentos que permitan considerar, prima
facie, que su caso amerita algún pronunciamiento adicional pues sus reparos se
dirigen contra la entidad encargada de resolver su petitorio, sin que exista alguna
manifestación tendiente a demostrar la grave afectación de sus derechos
fundamentales19 derivada de alguna actuación u omisión de la autoridad judicial
accionada.

Vale la pena resaltar que en las acciones de tutela dirigidas contra providencias
judiciales de una alta Corte se exige la observancia de una carga argumentativa
mayor, sin que ello implique una técnica hermenéutica específica, con el propósito
de que se expliquen los motivos por los cuáles un proveído vulnera los derechos
fundamentales invocados.

La razón de ser de esta exigencia radica en que si prospera el amparo deprecado
se afectaría el principio de cosa juzgada de la providencia, cuyo análisis se
pretende en sede de tutela, estudio que solo tiene lugar cuando de la
argumentación que la parte actora realice se deduzca con claridad que la decisión
es irrazonable y que con ella se quebrantan garantías constitucionales.

Adicionalmente, es oportuno señalar que este mecanismo constitucional no
constituye una tercera instancia en la que la intervención del juez implique la
realización de un nuevo estudio del proceso objeto de reproche y de los
fundamentos que sirvieron de soporte en la providencia que se pretende
controvertir en sede de tutela.

En las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022 la Corte Constitucional
puntualizó que para determinar si un asunto ventilado tiene relevancia
constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la mera
«inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales», lo cual
justamente se evidencia en el caso particular.

Lo anterior, por cuanto el despacho a cargo del asunto se pronunció en cuanto a la
controversia que sugirió el actor en la presente acción, aunque no fuera en el

19
Entre estos, se invocaron los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, cuyo núcleo esencial fue definido en la sentencia SU-215 de 26 de junio de 2022 como el
de: «...hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante la defensa
contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho”[121]. Sin embargo, los
derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se traducen en la obtención de una
respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha explicado que esta
garantía se traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados
para ser oído y pretender una decisión favorable”.»

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sentido que esperaba y, por ello, explicó que el trámite incidental no está previsto
para controvertir la contestación de la UARIV, ni para dar continuidad a la presunta
vulneración de su derecho fundamental de petición.

Esto quiere decir que el cuestionamiento propuesto por el tutelante no podía
limitarse a la discrepancia con la decisión a la que le atribuye el quebranto de sus
garantías constitucionales, sino que era necesario que señalara reparos que
denotaran la existencia de una afectación desproporcionada a un derecho
fundamental producto de una actuación arbitraria de la colegiatura enjuiciada.

En este orden de ideas, se declarará improcedente la tutela por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional, en atención a que el accionante no presentó
algún cuestionamiento que tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución o determinar el alcance de un derecho fundamental.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por la
Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República (DAPRE), el Fondo Nacional de Vivienda, la UARIV y el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Floresmiro Suárez León.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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