Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05810-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-05810-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-05810-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
23 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05810-01
Demandantes: Alfonso Santos Montero y otros.
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-05810-01
Demandantes: ALFONSO SANTOS MONTERO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial por defecto fáctico, defecto
procedimental, defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa a la constitución.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 10 de marzo de 2022, por medio del cual la Sala de Conjueces de la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de demanda
1. Con escrito enviado el 31 de agosto de 2021 al buzón web de la Secretaría
General de esta Corporación, los señores Alfonso Santos Montero, Jaime
Gutiérrez Grisales, Antonio María Barrera Carbonell, Ernesto Rey Cantor, Raúl
Caro Porras, Jorge Mercado Tobías, Libardo Orejuela Díaz y Jesús Marino
Gutiérrez Osorio, a través de apoderada judicial, ejercieron acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Cauca, con el fin de que le sean amparados sus
derechos fundamentales a la “dignidad humana en cuanto a su buen nombre y
prestigio, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima, a la no
confiscación de la propiedad.”
2. La parte accionante consideró vulneradas las referidas garantías
constitucionales, con ocasión de la sentencia del 25 de marzo de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se revocó la decisión de
primera instancia, dictada por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán el 29 marzo de 2019, que negó las pretensiones de la
demanda de repetición, promovida por el Instituto Colombiano para la Evaluación
de la Educación -ICFES- en adelante ICFES, contra los señores Alfonso Santos
Montero y otros1 identificado con el N.º de radicado 19001-33-31-010-2011-
1
Los demás demandados son los señores Libardo Orejuela Díaz, Oscar Hurtado Gómez, Jaime Gutiérrez Grisales,
Francisco Diego Cadena Antia, Roosevelt Rodríguez, Antonio Escudero, José Joaquín Gamboa, Gilberto Aránzazu
Marulanda, Jesús Marino Gutiérrez Osorio, Antonio Barrera Carbonell, Ernesto Rey Cantor, Rodolfo Afanador Tobar, Raúl
Caro Porras y Jorge Mercado Tobías.
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Demandantes: Alfonso Santos Montero y otros.
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
00424-013. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los
derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
“(…)
2. Que se declare sin ningún valor y efecto la sentencia del 25 de marzo de
2021, expedida por el Tribunal Administrativo del Cauca que declaró
responsables a los demandados y los condenó al pago de perjuicios
solidariamente, e igualmente el auto de fecha 8 de junio de 2021.
Consecuentemente, que se declare que no hay lugar a exigir responsabilidad
alguna a los demandantes.
3. Que se dé cumplimiento al fallo de tutela dentro de las 48 horas siguientes a
la fecha de su expedición.” (sic a toda la cita)2
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
3. Por medio de la Resolución No. 001214 del 25 de mayo de 1992 el ICFES
determinó la suspensión en el ejercicio de sus funciones, por el término de 60 días
prorrogables para cederlas a la Sala General, a la Consiliatura y al rector
integrantes del gobierno de la Corporación Universidad Libre.
4. La Universidad Libre – Seccional Cali mediante Acta No. 003 del 16 de agosto
de 1994 expedida por el Consejo Directivo de dicho establecimiento educativo
aprobó la solicitud de la Consiliatura de la universidad, en punto de extender el
programa de derecho ofrecido en la ciudad de Cali, a la ciudad de Popayán, sin
contar con la autorización del ICFES, entidad que regulaba y vigilaba la creación y
extensión de programas de educación superior.
5. Posteriormente, mediante la Resolución No. 100 del 30 de agosto de 1994, el
Consejo Directivo de la Universidad, Seccional Cali, dio apertura a tres cursos
nocturnos para el programa de derecho en Popayán, como extensión del
programa de la facultad de derecho de Cali, lo cual se formalizó con el aval de la
Consiliatura de Intervención de la Universidad Libre a través del Acta No. 22 del
26 de octubre de 1994.
6. Ante dicha situación, el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución
No. 1888 de 3 de junio de 1998, ordenó la apertura de investigación preliminar a la
Universidad Libre, en dicho trámite se decidió, a través de la Resolución No. 1493
de 23 de julio de 2001, imponer una sanción de amonestación pública al ente
universitario y autorizar al ICFES a llevar a cabo un examen de idoneidad a los
alumnos para validar sus conocimientos, con el fin de determinar si podían obtener
el título correspondiente, y así minimizar los efectos nocivos a terceros por el
funcionamiento ilegal del programa ofrecido por la universidad, luego se le otorgó
dicha facultad de evaluación a la Universidad Pontificia Bolivariana.
7. Frente a dicha solución, varios estudiantes3 al no haber obtenido su título de
abogados presentaron una demanda de reparación directa contra la Nación-
2
Folio 28 de la demanda de tutela. Índice 2 del aplicativo SAMAI.
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Ministerio de Educación Nacional, el ICFES y la Universidad Libre con fundamento
en la omisión de dichas entidades al permitir que la universidad demandada,
Seccional Cali, creara la facultad de derecho en Popayán sin tener los respectivos
permisos.
8. El medio de control le correspondió en primera instancia al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán que mediante fallo del 28 de
agosto de 2008, decidió acceder parcialmente a las pretensiones. La anterior
decisión fue apelada y en segunda instancia conoció el Tribunal Administrativo del
Cauca que a través de fallo del 9 de julio de 2009 modificó la decisión anterior,
para en su lugar, acceder completamente a las pretensiones de la demanda y
declaró responsables a las entidades demandadas.
9. Por lo anterior, el ICFES fue condenado a pagar la suma de $353.650.020
dividida en entre los demandantes, a quienes les correspondió individualmente la
suma de $29.470.835. El pago de dicho monto fue autorizado en la Resolución
No. 900 del 21 de octubre de 2010.
10. En consecuencia, el 13 de junio de 2011 el ICFES inició una demanda de
repetición en contra de los señores Alfonso Santos Montero, Jaime Gutiérrez
Grisales, Antonio María Barrera Carbonell, Ernesto Rey Cantor, Raúl Caro Porras,
Jorge Mercado Tobías, Libardo Orejuela Díaz y Jesús Marino Gutiérrez Osorio,
parte accionante en el presente caso, incluyendo a los señores Oscar Hurtado
Gómez, Francisco Diego Cadena Antia, Roosevelt Rodríguez, Antonio Escudero,
José Joaquín Gamboa, Gilberto Aránzazu Marulanda, Rodolfo Afanador Tobar
para que se les declarara solidaria y patrimonialmente responsables por ser
funcionarios de los órganos de dirección y gobierno interno de la Corporación
Universidad Libre para el año 1994 y se les condenara al pago realizado por la
entidad a los perjudicados en el proceso de reparación directa.
11. El trámite de primera instancia de dicho medio de control estuvo a cargo del
Juzgado Décimo Administrativo Mixto de Oralidad del Circuito Judicial de Popayán
que mediante sentencia del 29 de marzo de 2019, declaró probada la falta de
pago como requisito de procedibilidad para instaurar la acción de repetición y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
12. Inconforme con lo anterior, la parte demandante presentó recurso de apelación
del cual tuvo conocimiento el Tribunal Administrativo del Cauca que, a través de
sentencia del 25 de marzo de 2021, revocó la de primera instancia y condenó
solidariamente a los señores Alfonso Santos Montero, Jaime Gutiérrez Grisales,
Antonio María Barrera Carbonell, Ernesto Rey Cantor, Raúl Caro Porras, Jorge
Mercado Tobías, Libardo Orejuela Díaz, Jesús Marino Gutiérrez Osorio, Oscar
Hurtado Gómez y Rodolfo Afanador Tobar al pago de $502.582.766 dando como
plazo 18 meses para realizarlo, en tanto consideró que:
“Es claro, entonces, que los demandados (…) para la época en que se autorizó la
extensión del plurimencionado programa de Derecho, se encontraban en ejercicio
3
Los señores Pedro Felipe Ordoñez Cáceres, Víctor Gabriel López Valencia, Silvio Sacanamboy Ortiz, Alexander Fabian
Rivera Muñoz, Diego Mesías Belalcázar Yacue, Sandra Liliana Ruiz Ordoñez, Olga Lucia Córdoba Cuellar, Mónica Victoria
Rengifo Ordoñez, Maria Lucia Paz Fernández, Elsa Margoth Montenegro Ledezma, Sandra Ruth Escobar Mosquera y
Amanda Beatriz Calvache Obando.
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de funciones estatales de intervención del ente universitario conforme a la
precitada resolución (Resolución No. 000805 de 1 de abril de 1992), En otras
palabras, cumplían y ejecutaban labores propias del ICFES o del Ministerio de
Educación Nacional dentro de la Universidad conforme a la plurimentada
intervención estatal.
(…)
Corolario de lo anterior, para la Sala son claras las consideraciones previamente
citadas, respecto al actuar gravemente culposo con el que los señores ALFONSO
SANTOS MONTERO, JAIME GUTIERREZ GRISALES, ANTONIO BARRERA
CARBONELL, ERNESTO REY CANTOR, RODOLFO AFANADOR TOBAR, RAUL
CARO PORRAS, JORGE MERCADO TOBIAS, LIBARDO OREJUELA DIAZ,
OSCAR HURTADO GOMEZ y JESUS MARINO GUTIERREZ OSORIO,
procedieron a aprobar y autorizar la extensión del programa de derecho de la
Universidad Libre – Seccional Cali, siendo evidente su incuria y negligencia en el
desarrollo de los hechos por los cuales se emitió condena en el proceso de
reparación directa, con radicado No. 2003 00697 01, por lo cual se impone revocar
el fallo apelado y declarar su responsabilidad.” (sic para toda la cita).
13. El anterior fallo fue notificado conforme al artículo 173 del Código Contencioso
Administrativo (Decreto 1 de 1984), el 9 de abril de 2021.
1.3. Fundamentos de la solicitud
14. La parte demandante aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales a la “dignidad humana en cuanto a su buen nombre y
prestigio, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima, a la no
confiscación de la propiedad”, en la medida que la providencia atacada incurrió en un
defecto procedimental, fáctico, sustantivo, desconocimiento de precedente y
violación directa a la Constitución, por las razones que se exponen a
continuación:
15. Respecto al defecto procedimental manifestaron que la autoridad judicial
accionada debió evaluar individualmente el comportamiento de cada uno de los
accionantes conforme al inciso 2 del artículo 90 superior respecto de la
responsabilidad subjetiva de los agentes del Estado contra los cuales se puede
repetir lo pagado por éste, de igual manera, que dicho análisis tenía que realizarse
confrontando las pruebas incorporadas al proceso, la conducta desplegada por los
demandados en repetición y el grado de participación exigido para deducir la culpa
grave y la consiguiente responsabilidad.
16. Indicaron que el ICFES carecía de legitimación en la causa por activa para
ejercer la acción de repetición ya que si le fueron eliminadas las competencias que
poseía en materia de inspección y vigilancia, dejó de tener facultades para
cederlas a los consiliarios de la Universidad Libre, por tal razón, si no les podía
asignar dichas funciones a los demandados tampoco los podía demandar en
repetición para obtener el pago de las sumas de dinero a que fue condenado.
17. Del mismo modo, aseveraron que era el Ministerio de Educación Nacional
como persona jurídica, quien ostentaba la legitimación en la causa por activa al
ser una entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica y
autonomía administrativa patrimonial y financiera, habilitada para iniciar la
demanda de repetición contra los demandados, en ese orden de ideas, si la
Nación no promovió la acción de repetición, la legitimación de ésta para demandar
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no era transferible al ICFES, ni esta entidad podía arrogársela, sin embargo, la
autoridad judicial accionada no se pronunció sobre esa cuestión ni justificó tal
omisión, pese a que era imperioso para definir el asunto objeto de debate.
18. En relación con el defecto fáctico sostuvieron que la autoridad judicial de
primera instancia dentro del medio de control de repetición, omitió decretar la
declaración de parte de los demandados, solicitada como prueba en la
contestación de la demanda; lo que los privó de la oportunidad de explicar los
motivos que determinaron su nombramiento como miembros de la consiliatura, la
índole jurídica de su relación con el Ministerio de Educación y el ICFES, y las
razones que de buena fe tuvieron para adoptar la extensión del programa de
derecho a Popayán.
19. De igual manera, alegaron que el Tribunal accionado omitió decretar pruebas
de oficio con el fin de establecer la verdad material respecto de la compleja
situación fáctica que presentaba el proceso, en relación con las competencias del
ICFES y del Ministerio de Educación y lo atinente a la investidura de funciones
públicas a los demandados en repetición.
20. Agregaron que la autoridad judicial accionada en su sentencia realizó “la
calificación de la conducta de los demandados” sin una evaluación probatoria
detallada y objetiva pues no examinó la conducta individual desplegada por cada
uno de los demandados, explicando su incidencia en la producción del daño, su
magnitud y la necesaria gradualidad de la cuantificación del perjuicio.
21. Así mismo, adujeron que para fijar el monto de la condena la autoridad judicial
demandada se basó exclusivamente en la cuantía que se condenó al ICFES e
incluso la hizo más gravosa al realizar la actualización de la condena que pasó de
$346.150.020 a la cantidad de $502.282.766, sin realizar el juicio de razonabilidad
y proporcionalidad haciendo un balance entre el deber del servidor o exservidor
público de responder por sus actos dolosos o gravemente culposos y la obligación
del Estado de respetar y garantizar los derechos fundamentales, lo cual implicaba
valorar la conducta de los demandantes en cuanto a las funciones asignadas, los
deberes u obligaciones exigibles, la naturaleza de la relación jurídica que vinculó a
las partes, la validez de la misma a la luz de la Constitución y la ley, y el grado de
la participación de cada uno de aquellos en la producción del daño.
22. Señalaron que tampoco se demostró ni acreditó el carácter gravemente
culposo de la conducta de cada demandado, pues la simple aprobación de la
extensión del programa de derecho a la ciudad de Popayán, por sí sola no
conducía inexorablemente a la configuración de la culpa grave y es inexacta la
apreciación del Tribunal cuando aseveró que los nombramientos de los
consiliarios tienen su génesis en el procedimiento de intervención “que efectuaron el
ICFES y el Ministerio de Educación Nacional, a partir del 1 de abril de 1992, conforme lo
dispuesto en la Resolución No. 000805 de la mencionada fecha”, ya que los motivos de
esta datan de la época de la expedición de dicha resolución, no se le pueden
oponer a quienes sólo en el año de 1994 hicieron parte de la consiliatura.
23. Afirmaron que el Tribunal accionado, al analizar el requisito de procedibilidad,
referente al pago total de la condena por parte del ICFES no logró desvirtuar la
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argumentación jurídica presentada por el juez de primera instancia, que permitió
luego de un estricto, razonado y ponderado estudio, concluir que el ICFES no
acreditó el pago de la condena, pues para el efecto, la ley exige aportar al proceso
de prueba idónea, suficiente, pertinente y conducente, sobre el pago total de la
condena por parte de la entidad y, en favor de sus beneficiarios.
24. En efecto, los accionantes destacaron que el Tribunal expresamente admitió
que no se aportó al proceso la Resolución 900 del 21 de octubre de 2010 que
hace referencia a las órdenes de pago de los citados beneficiarios, en ese sentido,
dicha omisión constituye un indicio grave sobre el no pago de la condena. De igual
manera, afirmaron que la autoridad accionada ignoró que lo decidido por el Comité
de Derecho Justicia y Conciliación, respecto de la necesidad y obligación de
adelantar el proceso de repetición, no puede valorarse como prueba del pago
debido a que se trataba de una actuación o procedimiento interno y no jurídico.
25. Así mismo, tampoco se puede acreditar el pago de la condena por la entidad,
acudiendo a la revisión del sistema judicial del siglo XXI, en el sentido de que el
pago se podía inferir de la conducta asumida por los demandantes en reparación
directa quienes no presentaron una “demanda en vía ejecutiva”, lo cual no resulta
admisible porque i) no se trata de prueba decretada y practicada dentro del
proceso de repetición; ii) no presentar demanda ejecutiva para exigir el
cumplimiento de una obligación, no es indicativo de que ésta se hubiera pagado y
iii) el activismo de la autoridad judicial enjuiciada fue desmesurado y no autorizado
por la ley, pues crea una asimetría o desigualdad entre las partes en materia
probatoria, dotando de un mayor valor probatoria a un indicio como lo es el no
inicio de una acción ejecutiva.
26. Expresaron que se incurrió en un defecto sustantivo, por cuanto el Tribunal
aplicó normas referentes a la responsabilidad de los agentes, funcionarios o
empleados públicos a personas que no tienen este carácter. De otra parte, dejó de
aplicar las normas constitucionales que regulan la organización y el
funcionamiento de la administración desde la perspectiva de la función pública y
no analizó la imposibilidad de escindir la responsabilidad de la Universidad Libre y
de las personas designadas por los organismos de intervención, pues aquella era
la beneficiaria de la actividad que desarrollaban dichas personas. De modo tal
que, si exoneraba de responsabilidad a la Universidad Libre, igualmente deberían
quedar exonerados los demandados en repetición.
27. Refirieron que hubo un desconocimiento de precedente contenido en la
sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado4, en la cual se establecen las características propias que se predican de la
acción de repetición: i) se trata de una acción autónoma que sólo puede ejercer al
Estado con fundamento en el artículo 90 de la Constitución; ii) exige como
presupuesto: una condena impuesta por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para reparar los perjuicios antijurídicos causados a un particular; iii)
demanda que el daño antijurídico sea consecuencia de la conducta dolosa o
gravemente culposa del servidor, agente estatal o antiguo funcionario; y que la
4
Radicación No.11001-03-15-000-2017-02472-01, actores: ADONAY FERRARI PADILLA Y OTROS contra la SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCION C del CONSEJO DE ESTADO.
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entidad condenada haya pagado la suma determinada en la sentencia
condenatoria.
28. De mismo modo, que en la parte motiva del fallo enjuiciado todo lo
concerniente a los aspectos determinantes de la condena impuesta al ICFES y al
Ministerio de Educación, no se tomó en consideración que aquellos no podían
constituir la base fundamental de la repetición del pago de los perjuicios, pues los
demandantes no fueron parte en el proceso que dio lugar a la imposición de dicha
condena.
29. Del mismo modo, agregaron que no estaban configurados los elementos
constitutivos de responsabilidad, y frente a que “la única oportunidad procesal con la
que contaba para exponer tal argumento defensivo era el término de contestación de la
demanda de repetición” no procede teniendo en cuenta que no fue vinculada al
proceso inicial, por lo que no contó con la oportunidad de esgrimir elementos de
defensa.
30. Adicionalmente, señalaron que no se tuvo en cuenta la sentencia C-778 de
2003 de la Corte Constitucional que establece que la acción de repetición busca
obtener de los funcionarios o exfuncionarios de la administración pública, el monto
de la indemnización que haya reconocido el Estado a los particulares, como
resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por
los daños antijurídicos que les hubieren causado, pero no alude a la situación de
los particulares que no ostentan tal condición, por consiguiente, no procede la
repetición respecto de personas que no tengan una relación sustancial como
agentes del Estado, en su carácter de funcionarios o empleados públicos, o
particulares que ejerzan funciones públicas.
31. Adujeron como desconocida la sentencia C-957 de 2014, invocada en la
providencia del 3 de mayo de 2018 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la
cual establece las características propias que se predican de la acción de
repetición ya mencionadas.
32. Resaltaron que la Ley 678 de 2001 determina que la acción de repetición es
una acción de naturaleza civil y de carácter patrimonial, que en su artículo 5°
regula los eventos en los que se presume el dolo y en su artículo 6° la culpa grave;
y, en el artículo 14 establece la concurrencia del dolo o culpa en la conducta
generadora del perjuicio causado al Estado de manera que le corresponde al
demandado desvirtuar las referidas presunciones, demostrando que no obró con
dolo o culpa grave. Sin embargo, las referidas presunciones no son aplicables al
caso concreto, porque los hechos que dieron origen a la problemática que se
debate ocurrieron con anterioridad a la expedición de dicha ley.
33. Consideraron que se ignoró que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
222 del 4 de mayo de 2016, indicó: “la sentencia en la cual se defina el caso debe
sujetarse además a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El Estado como entidad
demandada debe, conforme a la jurisprudencia de la Corte, perseguir en la repetición el
reembolso de lo pagado en la condena. No obstante, ello no implica para el Juez que
declare la responsabilidad subjetiva del agente estatal una obligación de condenar a este
último por la totalidad del monto por el cual condenó al Estado.”
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34. Señalaron que el Tribunal Administrativo del Cauca al proferir la sentencia que
se cuestiona desconoció de manera flagrante la sentencia SU-354 del 26 de
agosto de 20205, así mismo desconoció las providencias T-7616782 y T-7629189,
en cuanto a que ignoró la esencia del contenido material y jurídico del referido
fallo, como se explica:
a) Adujeron el desconocimiento de los fallos mencionados en el capítulo de
desconocimiento de precedente con base en lo dispuesto en el artículo 90 de la
Constitución.
b) Explicaron que se inaplico la providencia SU-354 de 2020 que menciona las
normas de la Ley 678 de 2001, lo relativo a presunciones de dolo y culpa, las
definiciones concernientes a estos, como lo relativo a la responsabilidad de los
agentes estatales, cuando lesionan el patrimonio del Estado por actos dolosos o
gravemente culposos.
35. Por último, pusieron de presente que existió violación directa de la
Constitución por cuanto el tribunal omitió la aplicación de las normas de la
Constitución Política que rigen la estructura, organización y funcionamiento de la
administración, la función pública, el ejercicio de funciones públicas por
particulares y la intervención del Estado en el campo educativo, ya que la relación
jurídica sustancial que pudo existir entre los demandados, el ICFES y el Ministerio
de Educación, se ideó con desconocimiento flagrante del ordenamiento jurídico.
36. Adicionaron que es inválida la atribución de competencias asignadas a las
personas que integraron los órganos de gobierno, administración y la consiliatura
de la Universidad Libre, en las condiciones señaladas, por cuanto a la luz de la
Constitución y de la ley no era posible investirlos de poderes como agentes del
Estado, por lo que los demandados al carecer de una investidura formal no se les
podía exigir responsabilidad a título de culpa grave por haber decidido la extensión
del programa de derecho de la Seccional de Cali a la ciudad de Popayán, pues su
conducta indudablemente se encontraba amparada por el principio de la buena fe
y de la confianza debida o legítima; en la medida en que actuaron en beneficio de
los intereses académicos de la Universidad Libre y no de los propios.
37. Por lo anterior, nunca existió en cabeza de los accionantes investidura alguna
como agentes del Estado, tan es así que respecto del exconsiliario Antonio María
Barrera Carbonell se observa que no se le podían atribuir por el gobierno ni por
autoridad alguna, funciones públicas adicionales a las que le correspondían como
magistrado titular de la Corte Constitucional en la época de los hechos, según el
artículo 245 de la Constitución Política, pues según el artículo 110 de la Ley 489
de 1998 señala: “Condiciones para el ejercicio de funciones administrativas por
particulares. Las personas naturales y jurídicas privadas podrán ejercer funciones
administrativas, salvo disposición legal en contrario, bajo las siguientes condiciones: 1.
Expedición de acto administrativo, decreto ejecutivo en el caso de ministerios o
departamentos administrativos …. mediante el cual determine: a) las funciones
específicas que encomendará a los particulares”.
5
Corte Constitucional, Sala Plena de la Corte Constitucional, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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1.4. Trámite de la acción de tutela
38. Mediante escrito del 6 de septiembre de 2021, manifestaron impedimento los
magistrados Hernando Sánchez Sánchez, Nubia Margoth Peña Garzón, Oswaldo
Giraldo López y Roberto Augusto Serrato numeral 5° del artículo 56 del Código de
Procedimiento del Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 39 del
Decreto 2591 de 1991.
39. Lo anterior, por cuanto consideraron que los une una estrecha amistad con la
doctora María Elizabeth García González, quien funge como apoderada de la
parte demandante dentro del proceso de tutela, y teniendo en cuenta que la
manifestación de impedimento comprende a todos los magistrados de la Sección
Primera del Consejo de Estado, solicitaron que por intermedio de la Secretaría
General de esta Corporación, se realizará un sorteo de conjueces con el fin de
conformar la respectiva Sala y dieran solución a la controversia planteada.
40. El 16 de septiembre de 2021, se procedió al sorteo de los conjueces, siendo
designados los doctores Camilo Calderón Rivera, Juan Carlos Henao Pérez,
Jaime Humberto Tobar Ordóñez y Edgardo José Maya Villazón,
correspondiéndole a este último actuar como Conjuez Ponente.
41. A través de auto del 8 de octubre de 20216, la Sala de Conjueces declaró
fundado el impedimento manifestado, pues advirtió que, la circunstancia expuesta
por los magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado, se enmarca en
la causal invocada, dado el vínculo de amistad íntima que los une con la
apoderada judicial de la parte accionante, doctora María Elizabeth García
González, quien, valga destacarlo, fungió como magistrada de la Sección Primera
de esta Corporación y, en ese sentido, fue compañera de trabajo de los citados
magistrados.
42. Mediante auto del 29 de noviembre de 20217, se admitió la acción de tutela y
se dispuso su notificación8 a la parte actora, así como a los magistrados del
Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión No. 005, como autoridad
judicial accionada.
43. Así mismo, se ordenó la vinculación en calidad de terceros con interés, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-, entidad
demandante, en el medio de control de repetición que se cuestiona en sede de
tutela.
1.5. Intervenciones
44. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en la copia digital del expediente9, se presentaron las siguientes
intervenciones:
6
Índice 11 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
7
Índice 16 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
8
Actuación realizada el 15 de diciembre de 2021.
9
De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela, Índice 19, Oficio No.
132423, 132524, 132525, 132526 y 132527 del 15 de diciembre de 2021.
9
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Demandantes: Alfonso Santos Montero y otros.
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
1.5.1. Patricia Afanador Armenta
45. Con escrito remitido el 16 de diciembre de 2021 al buzón web de la Secretaría
General de la Corporación, solicitó se le reconociera como coadyuvante, en
nombre de su difunto tío Rodolfo Afanador Tobar, a su vez requirió acceder al
amparo deprecado por considerar que se violaron los derechos fundamentales de
los accionantes.
46. Señaló que conoce el contenido de la presente demanda de tutela y está en
total acuerdo con todas las razones esgrimidas por la apoderada de la parte
demandante, y con los errores fácticos y jurídicos en que detalle se describen de
la sentencia atacada.
1.5.2. Tribunal Administrativo del Cauca
47. La autoridad judicial accionada, mediante respuesta enviada el 11 de enero de
2022 solicitó que se desestimen las pretensiones de la demanda, toda vez que el
Tribunal Administrativo del Cauca no ha quebrantado derecho fundamental alguno
y la totalidad de actuaciones adelantadas en el asunto que cursó en la
corporación, en el que fungieron como demandados, se ajustaron a las
previsiones normativas y jurisprudenciales aplicables a la naturaleza de los
procesos ordinarios.
48. Reiteró el contenido de la sentencia cuestionada para la determinación de la
calidad de agentes del estado de los demandados y su conducta, de igual manera,
señaló que dentro del expediente de repetición no fue aportada la Resolución No.
03894 del 9 de agosto de 1993 proferida por el Ministerio de Educación por la
cual, presuntamente, se “…designaron [los] miembros integrantes de la Consiliatura de
la Universidad Libre…”.
49. De otra parte, tampoco se controvirtieron las calidades que ostentaban para la
fecha de los hechos, por lo que los actores pretenden traer a la controversia
argumentos nuevos que no se debatieron en ninguna etapa del proceso de
repetición.
50. Así mismo, adujó que se valoraron las pruebas debidamente aportadas al
proceso y que, si bien, la Sala mencionó en la parte motiva del fallo acusado
algunos apartes de la sentencia del Consejo de Estado del 24 de marzo de 2017,
son los mismos contenidos en la providencia del 5 de marzo de 201810, la cual es
10
Dictada dentro del proceso con radicado No. 11001032600020140002600. “(…) La Sección Tercera ha explicado en
abundantes providencias 6 los elementos que determinan la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el
Estado contra sus agentes. Ha considerado que los tres primeros requisitos son de carácter objetivo y están sometidos a las
normas procesales vigentes al momento de la presentación de la demanda; en tanto que el último de ellos, es de carácter
subjetivo y está sometido a la normativa vigente al momento de la ocurrencia de la acción u omisión determinante de la
responsabilidad del Estado que generó el pago a su cargo y por cuya recuperación se adelanta la acción de repetición.
Los elementos necesarios y concurrentes definidos para la declaratoria de repetición son los siguientes: i) La calidad de
agente del Estado y su conducta determinante en la condena La calidad y la actuación u omisión de los agentes del Estado
debe ser materia de prueba, con el fin de brindar certeza sobre la calidad de funcionario o ex funcionario del demandado y
de su participación en la expedición del acto o en la acción u omisión dañina, determinante de la responsabilidad del
Estado. ii) La existencia de una condena judicial, una conciliación6, una transacción o de cualquier otra forma de
terminación de conflictos que genere la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del Estado. La entidad pública
debe probar la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de la condena judicial impuesta en su
contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un
conflicto6. iii) El pago efectivo realizado por el Estado. La entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo que hubiere
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mencionada por la parte actora en su escrito de tutela como fuente del
desconocimiento del precedente.
51. Respecto a la solidaridad del pago de la condena indicó que en la sentencia
cuestionada se citó a pie de página la sentencia del 11 de abril de 199411 en la
que se estableció “Con el fin de aplicar la figura de la solidaridad a este caso, el
Despacho estima pertinente citar lo que en materia de responsabilidad fiscal ha sostenido
un sector de la doctrina nacional. Al respecto, el profesor Uriel Alberto Amaya Olaya ha
sostenido como postulado general, que si se produce un daño al patrimonio público por
parte de un gestor fiscal (servidor público o particular) la obligación que emerge de tal
antijurídico comportamiento es de carácter solidario por pasiva frente a los plurales
actores dañinos. Afirmación ésta que reside en un criterio señalado de manera pretérita
por esta Sección del Consejo de Estado, según el cual: “[C]uando el hecho perjudicial ha
sido causado por dos o más personas (los sujetos son la causa eficiente) no se produce
una división de la responsabilidad, como si una llevara apenas una parte de la culpa, sino
que por mandato legal surge una obligación solidaria de responder.”
52. Por último, en lo que respecta a la acreditación del pago concluyó que como
se sostuvo en el fallo enjuiciado se sustentó la decisión en lo siguiente:
53. Finalmente, en relación con el pago adujo que como quedó contenido en la
providencia enjuiciada la entidad realizó todas las gestiones administrativas
tendientes a cumplir la condena, pues en las pruebas allegadas al proceso se
evidencia que se realizó el pago de la obligación a los beneficiarios por medio de
su apoderada en la cuenta de banco popular destinada para dicho fin, a través de
cheque, así mismo se demostró la afectación de los recursos por parte de la
entidad en su registro presupuestal.
54. Igualmente, se observó que el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la
entidad registró el pago efectuado, en la vigencia del año 2010 por cuenta de la
indemnización de perjuicios ordenada dentro del proceso 2003 00697 01, por lo
que de todos los elementos probatorios se puede determinar que se realizó el
pago, a pesar de que la Resolución No. 900 de 21 de octubre de 2010 no se
encuentre dentro de los documentos del expediente, de igual manera, adicionó
que al revisar en el Sistema Siglo XXI se estableció que los beneficiarios del
proceso de reparación directa no formularon demanda en vía ejecutiva cobrando
los dineros reconocidos en la condena.
55. Concluyó que no vulneró los derechos de la parte accionante, por el contrario,
lo que pretende la demanda de tutela es obtener que una vez más se estudie su
situación particular a pesar de que ésta ya fue resuelta previa valoración de las
normas, de las reglas establecidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado y
del material probatorio debidamente aportado por las partes, razón por la cual
solicitó negar las pretensiones en la acción constitucional de la referencia.
1.5.3. Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-
realizado respecto de la suma dineraria que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en
virtud de una conciliación. iv) La cualificación de la conducta del agente determinante del daño reparado por el Estado,
como dolosa o gravemente culposa. La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o ex agente del
Estado fue dolosa o gravemente culposa conforme a las normas que para el momento de los hechos sean aplicables.”
11
Consejo de Estado, sentencia del 11 de abril de 1994. M.P. Carlos Betancour Jaramillo.
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56. Por medio de memorial enviado el 17 de enero de 2022 al buzón web de la
Secretaría General de la Corporación, el apoderado de la entidad solicitó declarar
improcedente la tutela o negar las pretensiones de la parte demandante por
considerar que no existe vulneración de derechos fundamentales invocados.
57. Señaló que, el fallo de segunda instancia, se ajustó a los preceptos legales
aplicables al caso y fue proferido con la debida valoración de las pruebas
decretadas. En ese orden, los hechos cuestionados por la parte accionante ya
fueron analizados y decididos por el juez contencioso administrativo, sin que sea
posible demostrar una irregularidad procesal que haya trascendido a la decisión
cuestionada.
58. A su vez, adujo que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional
ni tampoco con el de inmediatez pues, según el ICFES, pasaron más de 8 meses
desde el momento en que se notificó la sentencia atacada y la presentación de la
demanda de tutela, así mismo, que se advierte que la solicitud de amparo se está
usando como una instancia adicional del proceso ordinario, sin justificar de forma
precisa y detallada cuáles son los argumentos fácticos y jurídicos que soportan la
presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales.
59. Indicó que en la tutela se presentaron alegaciones nuevas sobre la
competencia del ICFES para intervenir a la universidad, las cuales pudieron
proponerse en la etapa procesal correspondiente y no respecto de una decisión
judicial ejecutoriada, que tiene efectos de cosa juzgada.
60. Adujo que, en el presente caso, se verían gravemente afectados los principios
de autonomía judicial y seguridad jurídica si se accede a las peticiones de la parte
demandante, dado que se desconocería que no se cumplen la totalidad de
causales de orden general establecidas para determinar la procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial.
1.6. Sentencia de primera instancia
61. En providencia del 10 de marzo de 2022, la Sala de Conjueces del Consejo
de Estado, Sección Primera, declaró improcedente la acción de tutela presentada.
62. Como fundamento de su decisión, argumentó que la relevancia constitucional
no se satisface con que la parte actora invoque la vulneración de garantías
fundamentales y, mucho menos porque la decisión judicial sea adversa a sus
intereses. Así las cosas, consideró que lo pretendido por los actores, es insistir en los
argumentos por los cuales consideran que no debieron ser condenados dentro del
proceso de repetición que inició el ICFES en su contra, como si esta herramienta
constitucional fuera una tercera instancia.
63. Sostuvo que los accionantes más que demostrar la presunta existencia de la
vulneración de sus derechos fundamentales, plantearon una discusión de cómo el
juez natural debió resolver la controversia, a pesar de que los argumentos
expuestos ya fueron planteados en sede contenciosa y previamente resueltos por
el Tribunal accionado.
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64. De igual manera expresó: “Tan cierto es lo anterior, que de los argumentos
expuestos en el escrito de tutela para sustentar el cumplimiento del presupuesto de la
relevancia se advierte la inconformidad de la parte actora con lo decidido por el Tribunal
accionado por el hecho de haber adoptado una decisión adversa a sus propios
intereses, haciendo énfasis en cómo, a su juicio, se debió abordar y resolver la litis
puesta a consideración de la Corporación aquí accionada”12.
65. Finalmente, frente a la coadyuvancia solicitada por la señora Patricia Afanador
Armenta explicó que está plenamente acreditado que el señor Rodolfo Afanador
Tobar, tío de la coadyuvante falleció13 antes de que se profiriera la decisión aquí
enjuiciada, por lo que al ser parte en el proceso ordinario cuya sentencia se
discute y aportó el acta de liquidación de la sociedad conyugal y de herencia en la
que se observa su condición de heredera se le reconoció su condición de
coadyuvante del extremo accionante.
1.7. Impugnaciones
1.7.1. Apoderada de la parte demandante, señores Alfonso Santos
Montero, Jaime Gutiérrez Grisales, Antonio María Barrera Carbonell,
Ernesto Rey Cantor, Raúl Caro Porras, Jorge Mercado Tobías, Libardo
Orejuela Díaz y Jesús Marino Gutiérrez Osorio.
66. Con escrito enviado por correo electrónico el 25 de marzo de 2022, la
parte actora impugnó la decisión del 10 del mismo mes y año, notificada por
ese mismo medio el 23 de marzo de la misma anualidad y solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia.
67. Explicó que el asunto tiene relevancia constitucional, pues el Tribunal dio por
sentado la existencia de la responsabilidad de los actores, sin establecer su
alcance en atención de su calidad, pues no analizó la situación de los magistrados
de altas cortes que fueron designados miembros de la consiliatura, tampoco
evaluó la autoridad judicial si podía investirse a los actores con funciones de
intervención, vigilancia y control en materia educativa, sustituyendo las funciones
del ICFES.
68. Advirtió que la Sala de Conjueces no realizó un análisis completo e integral de
la problemática planteada en la demanda de tutela, no se ocupó de la naturaleza
sustancial, constitucional y reglamentaria de si los demandados debían responder
como agentes del Estado, como servidores públicos (funcionarios o empleados) o
particulares que desempeñan funciones públicas conforme el artículo 90 superior.
69. Insistió que no se estudió el hecho de que los demandantes no fueron
vinculados ni llamados en garantía dentro del proceso en el que se condenó al
ICFES y al Ministerio de Educación a pagar perjuicios y, en donde además se
exoneró de toda responsabilidad a la Universidad Libre.
70. Afirmó que no se tuvo en cuenta la responsabilidad subjetiva de cada uno de
los accionantes, a título de dolo o culpa grave por el contrario se utilizó la figura
12
Folio 10 Índice 24 del expediente digital que reposa en Samai.
13
De acuerdo con el registro civil de defunción aportado, el señor Rodolfo Afanador Tobar falleció el 17 de febrero de 2021.
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de la solidaridad, razón por la cual esta controversia tiene relevancia
constitucional.
71. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial de la tutela,
especialmente la configuración de la violación directa a la Constitución. Por lo que
destacó que no existió una investidura legítima de competencias sobre las
personas que integraron los órganos de gobierno y administración de la
Universidad Libre, bajo los preceptos constitucionales contenidos en los artículos
67, 90 inciso 2 superiores y 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 150-7-8,
19 literales e y f, numerales 21 y 23, artículo 189 numerales 13, 14, 15, 16, 209 y
210 de la Constitución Política.
72. Por último, concluyó que a diferencia de lo establecido por el a quo
constitucional que lo que se busca es utilizar la tutela como una tercera instancia,
el objetivo de la parte demandante es que se evalúen las trasgresiones de las
normas de la Constitución efectuadas por el Tribunal Administrativo del Cauca y la
violación de sus derechos fundamentales.
1.7.2. Coadyuvante, señora Patricia Afanador Armenta.
73. Por medio de oficio radicado el 28 de marzo de 2022, la señora Patricia
Afanador Armenta en calidad de coadyuvante de la parte actora impugnó la
decisión del 10 de marzo de 2022.
74. Señaló que coadyuva la impugnación presentada por la parte demandante
frente a la sentencia de tutela proferida dentro de este proceso que declaró
improcedente la acción por falta de relevancia constitucional, por lo que expresó
que comparte plenamente los argumentos planteados en el escrito de tutela y de
impugnación, por lo que solicita que sean valorados y que se acceda al amparo de
los derechos fundamentales de los accionantes.
1.8. Actuaciones en segunda instancia
1.8.1. Auto que pone en conocimiento nulidad saneable
75. Encontrándose el proceso en estado de resolver la impugnación presentada
por la parte demandante y su coadyuvante, se advierte que en el trámite de
primera instancia constitucional la Sala de Conjueces de la Sección Primera del
Consejo de Estado en el auto admisorio no vinculó a todas las partes dentro del
proceso ordinario.
76. De igual manera, omitió vincular al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Popayán, como autoridad judicial que profirió la sentencia de primera
instancia en el proceso de repetición.
77. Conforme con lo anterior, se profirió auto del 5 de mayo de 2022 en el que se
ordenó; vincular y notificar en calidad de terceros con interés en las resultas del
proceso a los señores Oscar Hurtado Gómez, Francisco Diego Cadena Antia,
Roosevelt Rodríguez, Antonio Escudero, José Joaquín Gamboa, Gilberto
Aránzazu Marulanda y al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
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Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Popayán, para que se pronunciaran sobre sus fundamentos, alleguen las pruebas
y rindan los informes que consideren pertinentes. En atención a lo anterior, se
presentaron las siguientes:
1.8.2. Intervenciones
1.8.2.1. Roosevelt Rodríguez Rengifo
78. Por medio de escrito presentado el 12 de mayo de 2022, el señor Roosevelt
Rodríguez Rengifo sostuvo que el Tribunal Administrativo del Cauca incurrió en los
defectos de decisión sin motivación, sustantivo, desconocimiento del precedente y
fáctico al no pronunciarse sobre la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva invocada expresamente en la demanda.
79. Adujó que la mencionada excepción está fundada en que los condenados en
la acción de repetición no tenían ninguna carga obligacional impuesta por la ley 30
de 199214 o por el decreto 837 de 1994, normas que sí imponen responsabilidad
de personas jurídicas, pero no de personas naturales, por lo que estos defectos
incidieron en la sentencia atacada originando un daño patrimonial a los
condenados.
80. Expresó que para el caso concreto es la ley 30 de 1992 sobre sujetos
obligados, personas naturales y jurídicas, pero también la propia ley de acción de
repetición que, al momento de los hechos, 1994, no existía, puesto que la ley 678
solamente vino a expedirse en el año 200115. Por tanto, la única voluntad de la ley
que debía aplicarse para la época de los hechos era la ley mencionada, su decreto
reglamentario 837 de 1994, y el decreto 01 de 1984, decreto que nunca contempló
a los particulares que ejercieran función pública, hipótesis que solo fue prevista
posteriormente, en la Constitución Política de 1991, pero aún no reglamentada en
1994.
81. Agregó que, la actuación de las universidades privadas, incluidas sus reformas
estatutarias16, y su eventual imputación de responsabilidad, solo se realiza bajo el
carácter de personas jurídicas, como textualmente lo establece el artículo 98 de la
Ley 30 de 1992, “Las instituciones privadas de Educación Superior deben ser personas
jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones,
fundaciones o instituciones de economía solidaria”.
82. Señaló que el Decreto 837 de 1994 había consagrado la implementación
automática, es decir, que bastaba informar al ICFES acerca de la apertura de la
extensión sin contemplar plazos que condicionaran la apertura de dicha extensión,
es así como, la carga de informar, según la voluntad de la Ley 30 de 1992 y del
Decreto 837 de 1994, y como se acaba de ver del artículo 2 del Decreto 2790 de
1994, fue asignada a la persona jurídica de derecho privado denominada
universidad.
14
“Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior”
15 Así se desprende de la página oficial del Senado: LEY 678 DE 2001, (agosto 3), Diario Oficial No. 44.509, de 4 de
agosto de 2001, Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del
Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.
16
ARTÍCULO 103. Las reformas estatutarias de estas instituciones deberán notificarse para su ratificación al Ministerio de
Educación Nacional por intermedio del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes). Véase:
Demanda de inconstitucionalidad contra el Artículo 103 de la Ley 30 de 1992. Actores: James Fernández Cardozo y Carlos
Olmedo Arias.
15
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83. Concluyó que el Tribunal desconoció los precedentes establecidos por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-354 de 2020, sobre los presupuestos
constitucionales de la acción de repetición por responsabilidad patrimonial del
estado y en la sentencia C-778 de 2003, que contiene los elementos constitutivos
del medio de control como son: “La acción de repetición, es una acción que, para su
prosperidad, exige los siguientes presupuestos: “(a) la existencia de condena impuesta
por la jurisdicción contencioso administrativa para reparar los perjuicios antijurídicos
causados a un particular; (b) que el daño antijurídico haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa del servidor, agente estatal o antiguo funcionario
público; y (c) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por
el juez en su sentencia, toda vez que es a partir de ese momento que se considera
causado el detrimento patrimonial del Estado”.
2.2.2.1. Juez Décima Administrativa Mixta de Oralidad del Circuito de
Popayán
84. Por medio de memorial presentado el 12 de mayo de 2022, la juez presentó su
intervención, en la cual argumentó que en primera instancia del medio de control
de repetición profirió la sentencia No. 34 del 29 de marzo de 2019, mediante la
cual negó las pretensiones de la demanda “por encontrar la suscrita probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Dicha decisión se fundo (sic) en
la ley y la jurisprudencia aplicable para el caso.”17
85. Adujó que el proceso se encuentra archivado y que como el objeto de la
presente tutela, es la revisión de la decisión proferida por su superior jerárquico no
le es dable pronunciarse al respecto, de manera que si no hay relación alguna
entre la actuación de su despacho y el trámite de esta acción constitucional solicitó
su desvinculación de esta actuación pues se configura la falta de legitimación en la
causa por pasiva, de igual manera, envió el expediente del medio de control de
repetición.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
86. Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación presentada
por la parte demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
87. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo del Cauca, de modo que le corresponde conocer al Consejo de
Estado como máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
por ser su superior funcional.
17
Lo anterior lo consideramos una imprecisión de la autoridad judicial teniendo en cuenta que el fallo indicó en el ordinal
primero del resuelve: “DECLARAR probada la excepci6n de FALTA DE PAGO COMO REQUSITO DE PROCEDIBILIDAD
como requisito de procebilidad para instaurar la acci6n de repetici6n, formulada por la parte demandada y en consecuencia
NEGAR las pretensiones de la demanda”.
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2.3. Legitimación en la causa
88. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
89. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.
90. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-
416 de 199718, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye
un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la
calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el
proceso de tutela.
91. En la sentencia T-086 de 201019, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que
la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante
legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.
92. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 201120, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer
que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.
93. En la sentencia T-435 de 201621, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo
especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo
cual quedó reiterado en la SU-454 de 201622, en la que, adicionalmente, señaló
que el estudio de la legitimación en la causa de las partes es un deber de los
jueces constitucionales y constituye un presupuesto procesal de la demanda23.
94. Con fundamento en el marco conceptual expuesto24, la Sala advierte que los
señores Alfonso Santos Montero, Jaime Gutiérrez Grisales, Antonio María Barrera
18
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416 del 28.08.97., M.P. Antonio Barrera Carbonell.
19
Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083 del 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
20
Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176 del 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
21
Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435 del 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
22
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454 del 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
23
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 del 08.08.17., M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 del 19.09.18., M.P. Luis
Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del
caso planteado, el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de manera oportuna
(inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas,
o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
24
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha venido aplicando la
línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y
por pasiva. Sentencia del 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05810-01
Demandantes: Alfonso Santos Montero y otros.
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Carbonell, Ernesto Rey Cantor, Raúl Caro Porras, Jorge Mercado Tobías, Libardo
Orejuela Díaz y Jesús Marino Gutiérrez Osorio son titulares de los derechos
fundamentales que reclaman, en consideración a que fueron los demandados en
el proceso de repetición en el que se dictó la providencia cuestionada.
95. En consecuencia, los accionantes gozan de legitimación en la causa por activa
en el presente trámite constitucional, presupuesto procesal que al superarse
permite el estudio sobre los requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de
los derechos presuntamente vulnerados.
96. En relación con la autoridad judicial accionada, se advierte que la demanda se
dirigió contra el Tribunal Administrativo del Cauca que profirió la decisión que, a
juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales, por lo que se
encuentra legitimado por pasiva.
97. Ahora bien, frente a la solicitud de desvinculación realizada por la Juez Décima
Administrativa Mixta de Oralidad del Circuito de Popayán, esta Sala de Decisión
negará dicha petición atendiendo a que conoció del proceso de repetición que dio
origen a esta acción constitucional, pues profirió la sentencia de primera instancia
del medio de control identificado con el radicado No. 19001-33-31-010-2011-
00424-00/01, de manera que su vinculación no se efectuó en calidad de
demandado sino de tercero con interés por lo expuesto anteriormente.
2.4. Problema jurídico
98. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia del 10 de marzo de 2022, proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Primera del Consejo de Estado, instaurada por la parte accionante para
solicitar la protección de sus derechos “dignidad humana en cuanto a su buen nombre
y prestigio, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima, a la no
confiscación de la propiedad.” Y los problemas jurídicos que subyacen al caso
concreto son los siguientes:
● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?
99. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:
● ¿El Tribunal Administrativo del Cauca vulneró los derechos fundamentales
“dignidad humana en cuanto a su buen nombre y prestigio, al debido proceso, a la
seguridad jurídica, a la confianza legítima, a la no confiscación de la propiedad.”
de la parte actora, por presuntamente incurrir en un defecto fáctico, defecto
procedimental, defecto sustantivo, desconocimiento del precedente fáctico y
violación directa a la Constitución, al proferir la sentencia de 25 de marzo
de 2021, mediante la cual revocó el fallo dictado por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, el 29 marzo de 2019, que
negó las pretensiones de la demanda de repetición, promovida por el
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05810-01
Demandantes: Alfonso Santos Montero y otros.
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- contra los
señores Alfonso Santos Montero y otros25 ?
100. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.
2.5. Razones jurídicas de la decisión
2.5.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
101. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201226 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y
la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema27 y declaró
su procedencia.28
102. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y vi)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho
que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.
103. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
104. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.2.1. Relevancia constitucional29
25
Los demás demandados son los señores Libardo Orejuela Díaz, Oscar Hurtado Gómez, Jaime Gutiérrez Grisales,
Francisco Diego Cadena Antia, Roosevelt Rodríguez, Antonio Escudero, José Joaquín Gamboa, Gilberto Aránzazu
Marulanda, Jesús Marino Gutiérrez Osorio, Antonio Barrera Carbonell, Ernesto Rey Cantor, Rodolfo Afanador Tobar, Raúl
Caro Porras y Jorge Mercado Tobías.
26
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez
Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
27
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
28
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de
conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
29
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Sentencia del 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia del 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05810-01
Demandantes: Alfonso Santos Montero y otros.
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
105. En el presente caso, la Sala entiende superado este requisito, por cuanto al
realizar el test de procedibilidad de la acción en relación con los supuestos fácticos
de la demanda y las pretensiones, se advierte que la parte actora solicita, entre
otros, la garantía de los derechos fundamentales a la “dignidad humana en cuanto a
su buen nombre y prestigio, al debido proceso, a la seguridad jurídica, a la confianza
legítima, a la no confiscación de la propiedad.” que consideró vulnerados con la
sentencia que revocó el fallo que negó las pretensiones de la entidad, para en su
lugar, acceder a estas y condenar patrimonialmente a la parte accionante a
devolver lo pagado al ICFES en el medio de control de repetición30.
106. En el presente caso se alegó la vulneración del derecho al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, lo que implica que la
misma trascienda el ámbito meramente legal. Igualmente, se solicitó la protección
del derecho al buen nombre, consagrado en el artículo 15 superior.
107. Así las cosas, se observa, que contrario a lo expuesto en la sentencia de
primera instancia constitucional, no se trata de un debate de orden exclusivamente
legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del
derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, de tal manera
que al existir la eventualidad de que no haya obtenido la protección de sus
derechos ante el juez contencioso administrativo, natural de la causa ordinaria,
quien tenía la obligación de constituirse en garante de los derechos fundamentales
asumiendo el rol de juez de constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede
comparecer al juez de tutela, quien deberá analizar el caso a la luz de los
postulados del Estado Social de Derecho.
108. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la violación
o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento judicial establecido por la ley para su protección.
109. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la
acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas31.
000-2019-05258-00; Sentencia del 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia del 13.02.2020, Rad.
11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia del 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia del 06.02.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia del
30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia
del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
30
Según lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas
situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves falencias, de relevancia constitucional, que
conllevan una decisión incompatible con la Constitución (Sentencia T-817 de 2012 de la Corte Constitucional). Por tal razón,
la jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales es que el asunto tenga evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales (Sentencia SU-573 de 2017, reiterando las consideraciones expuestas en la C-590
de 2005) esto se refiere a que , “involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del juez
ordinario”(Sentencia SU-050 de 2018).
31
Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2020-00004-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05258-00; sentencia del 20.02.2020, Exp.
11001-03-15-000-2019-05291-00; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00; sentencia del
13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05354-00; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
sentencia del 30.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05121-00; sentencia del 30.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-
05167-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04664-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-
000-2019-04833-00.
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Demandantes: Alfonso Santos Montero y otros.
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
2.5.2.2. Tutela contra tutela32
110. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto a este aspecto, toda
vez que, no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza,
pues la sentencia cuestionada corresponde a un proceso de repetición adelantado
por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES- contra los
señores Alfonso Santos Montero y otros33 identificado con el N.º de radicado
19001-33-31-010-2011-00424-01.34
2.5.2.3. Subsidiariedad35
111. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que la sentencia fue dictada en segunda instancia, sin
que contra de tal decisión procedan recursos ordinarios adicionales, poniendo así
fin al proceso.
112. No obstante, este requisito no se supera en relación con el defecto
denominado decisión sin motivación alegado por el señor Roosevelt Rodríguez
Rengifo, en su calidad de tercero con interés, pues en sentir de la parte actora, el
Tribunal Administrativo del Cauca al proferir la sentencia del 25 de marzo de 2021
omitió “(…) pronunciarse de fondo sobre las excepciones, entre ellas la excepción de la
falta de legitimación en la causa por pasiva, invocada expresamente en la demanda. (..)
Esta omisión del Tribunal Administrativo del Cauca le ha hecho incurrir en el defecto
consistente en decisión sin motivación”.
113. Tampoco frente al defecto procedimental fundado en no efectuar un
pronunciamiento sobre la ausencia de legitimación en la causa por activa respecto
del ICFES que también se enmarca dentro de una falta de motivación.
114. Así las cosas, estos argumentos al igual que el planteado por el tercero con
interés se enmarcan dentro de la competencia del juez del recurso extraordinario
de revisión, bajo la causal “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, prevista en el artículo 250 de
32
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia del 27.02.20., M.P.
Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00179-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00;
Sentencia del 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia del 13.02.20., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-
00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
33
Los demás demandados son los señores Libardo Orejuela Díaz, Oscar Hurtado Gómez, Jaime Gutiérrez Grisales,
Francisco Diego Cadena Antia, Roosevelt Rodríguez, Antonio Escudero, José Joaquín Gamboa, Gilberto Aránzazu
Marulanda, Jesús Marino Gutiérrez Osorio, Antonio Barrera Carbonell, Ernesto Rey Cantor, Rodolfo Afanador Tobar, Raúl
Caro Porras y Jorge Mercado Tobías.
34
En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del 27.02.2020, Exp.
11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-
000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia
del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2020-00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00037-00, M.P.
Rocío Araújo Oñate; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05346-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia
del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05202-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
35
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-
03-15-000-2019-05025-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del
20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
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la Ley 1437 de 2011, para exponer los motivos por los cuales considera que el
Tribunal Administrativo del Cauca adoptó una decisión sin argumentos probatorios
y jurídicos, como sobre los cargos frente a los cuales no se pronunció.
115. Lo anterior, por cuanto esta Corporación ha considerado que la nulidad
originada en la sentencia ocurre al “[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir
una sentencia sin motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como
cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido
en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria
contra un tercero que no fue vinculado al proceso.”36 (Destacado por la Sala)
116. Por consiguiente, dichos reparos deben ser formulados por los actores ante
el juez competente para conocer del recurso extraordinario de revisión de manera
que, la Sala declarará frente a dichos cargos la improcedencia de la solicitud de
tutela por no cumplir el requisito de la subsidiariedad.
117. En lo relacionado con la violación directa de la Constitución que se
sustentó en que el tribunal desconoció los mandatos constitucionales respecto de
la estructura, organización y funcionamiento de la administración, la función
pública, el ejercicio de funciones públicas por particulares y la intervención del
Estado en el campo educativo, ya que la relación jurídica sustancial que pudo
existir entre los demandados, el ICFES y el Ministerio de Educación, se ideó con
desconocimiento flagrante del ordenamiento jurídico.
118. Y, el defecto sustantivo, consistente en que el Tribunal aplicó normas
referentes a la responsabilidad de los agentes, funcionarios o empleados públicos
a personas que no tienen este carácter y no analizó la imposibilidad de escindir la
responsabilidad de la Universidad Libre, por cuanto si exoneraba de
responsabilidad a la Universidad Libre, igualmente deberían quedar exonerados
los demandados en repetición.
119. Respecto de los anteriores cargos formulados por la parte demandante,
tampoco se cumple con este requisito, y por ello, no es posible hacer un estudio
de fondo sobre estos ya que los argumentos que sustentan los anteriores defectos
no fueron argumentos planteados en la demanda de repetición que promovió el
ICFES contra los tutelantes, por lo que ni siquiera los jueces ordinarios tuvieron la
oportunidad de pronunciarse sobre aquellos, razón por la cual este comporta un
hecho nuevo y externo a la controversia del proceso ordinario que no puede ser
alegado en sede de tutela.
120. Como lo ha indicado la Sala en ocasiones anteriores37, se trata de un
requisito de procedencia adoptado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en un movimiento de articulación respecto
de la jurisprudencia de la Corte Constitucional38 en la materia.
36
Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado, radicación: 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV), actor:
Carlos Ossa Escobar, demandado: Contraloría General de la República, magistrada ponente Rocío Araújo Oñate, en la que
se cita, a su vez, la decisión de la Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, Radicación: 110010315000
2008 00320 00, Actor: José Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General de la Nación, C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
37 Ver al respecto las sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta del 15.03.18 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez. Rad. 11001-03-15-000-2017-02644-01 y del 24.05.18. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad.
11001-03-15-000-2018-00099-01.
38 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8.06.05. M.P. Jaime Córdoba Triviño
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121. En efecto, en sentencia de 5 de agosto de 201439, la Sala Plena de esta
Corporación adoptó como condiciones necesarias para amparar los derechos
fundamentales invocados en una acción de tutela contra una providencia judicial
del Consejo de Estado, aquellas erigidas por la Corte Constitucional en sentencia
C-590 de 2005.
122. Al respecto, adujo que:
“3.1.- En la Sentencia C-590 de 2005, posición que se adopta de manera
expresa en la presente providencia, la Corte señaló como requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, los siguientes:
(…)
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible40.
Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse
de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento
de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos.” (Negrita y subrayado
fuera del texto)
123. Se concluye de lo expuesto que en este presupuesto de procedibilidad del
recurso de amparo en contra de providencias judiciales, el accionante además de
identificar de manera clara y precisa los yerros e irregularidades imputables a la
autoridad jurisdiccional acusada, debe haberlos puesto en conocimiento del juez
de instancia en su debida oportunidad de haber sido ello posible.
124. Dicho en otros términos, debe existir cierta congruencia o coherencia entre
las falencias esgrimidas al interior del proceso ordinario y las acciones u omisiones
cuestionadas por parte del accionante a las autoridades judiciales vía acción de
tutela. Empero, la anterior exigencia se morigera luego de que se constata la
existencia de circunstancias objetivas que impiden la alegación de las mismas
en el procedimiento jurisdiccional de instancia41, que no se presentan en el caso
concreto.
125. En ese orden de ideas, los argumentos relacionados con los defectos
sustantivo y violación directa a la constitución no fueron objeto de
pronunciamiento por parte de la autoridad judicial accionada y, en consecuencia,
no es posible que el juez de tutela haga un análisis de fondo sobre esto, toda vez
que se inmiscuiría en la esfera de competencia del juez natural y la solicitud de
amparo se convertiría en una “tercera instancia” de la causa ordinaria.
126. Así las cosas, la Sala tendrá por superado el requisito de subsidiariedad en
relación con los cargos del defecto fáctico por la indebida valoración de las
pruebas para acreditar el requisito de procedibilidad del medio de control de
repetición del pago de la condena y el desconocimiento de precedente de las
39 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5. 08.14. M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
40 Corte Constitucional, Sentencia T-658 del 11.11.98. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
41 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-297 del 21.05.15., M.P. Luis Guillermo Guerrero.
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providencias que presuntamente fueron ignoradas por la autoridad judicial
accionada, por no ser posible interponer otros recursos ordinarios ni
extraordinarios, y a que los argumentos expuestos no están consagrados como
causales de revisión ni de unificación de jurisprudencia, por lo que no son
procedentes ni idóneos en el caso concreto.
2.4.2.4. Inmediatez42
127. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, por cuanto la parte actora consideró vulnerados sus derechos
con la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 25 de marzo
de 2021, la cual fue notificada el 16 de abril de 2021 a las partes e intervinientes
por medios electrónicos, por lo que cobró ejecutoria el 21 del mismo mes y año.
128. Por su parte, el escrito de tutela se radicó el 31 de agosto de 2021, de tal
manera que se presentó en un plazo inferior a seis (6) meses, el cual se considera
razonable de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la posición
unificada del Consejo de Estado.
2.5.3. Generalidades del defecto fáctico
129. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015,43 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:
130. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen, entre otras, las siguientes
características:
Evento Características
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan
probatorio decisivos frente a los hechos que se pretenden
determinante probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
para identificar la ordinario. En este punto, se requiere que de forma
veracidad de los específica, se concrete en el escrito de amparo,
hechos alegados cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
por las partes fueron desconocidas por el juez.
Así las cosas, se configura siempre que:
a) Se identifiquen los elementos de prueba no
42
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío
Araújo Oñate, Sentencia del 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05121-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia del 13.02.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del
20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
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valorados por el juez.
b) Se demuestre que éstos fueron aportados en
forma legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador,
arbitraria de las resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
pruebas por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
aportadas alterado.
Se requiere entonces que:
a) La parte precise cual o cuales de las pruebas
fueron objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular,
la consideración del operador judicial se aleja de
las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta
de vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la
cual arribó el juez de instancia, en ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
con fundamento decide el asunto con base en pruebas que no
en pruebas observaron los requisitos legales para su producción o
obtenidas con introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
violación del ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación,
debido proceso pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el
problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una
prueba que desconoce el debido proceso de las
partes.
Para su configuración corresponde señalar:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.
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131. Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe
precisar en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
132. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad
jurídica, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la
Constitución Política.
133. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues ello resulta desacertado.
2.5.4. Del desconocimiento del precedente
134. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte como órgano de cierre para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin
que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que
aquella sea considerada como precedente. También se considera que constituyen
precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas
tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
135. Sin embargo, resulta necesario advertir que “«…debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin
una actividad creadora del juez.»”44
2.6. Análisis del caso concreto
136. Teniendo en cuenta lo ya resuelto en el acápite 2.5.2.3, el accionante
también alegó que la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada
incurrió en un defecto fáctico y desconocimiento de precedente, por las
razones que se exponen a continuación:
137. Respecto al defecto fáctico los argumentos de la parte actora se
consignaron en los numerales 19 al 26. Sin embargo, la Sala resalta el reproche
según el cual, el Tribunal accionado, al analizar el requisito de procedibilidad,
referente al pago total de la condena por parte del ICFES no logró desvirtuar la
argumentación jurídica presentada por el juez de primera instancia, que permitió
luego de un estricto, razonado y ponderado estudio, concluir que el ICFES no
acreditó el pago de la condena, pues para el efecto, la ley exige aportar al proceso
de prueba idónea, suficiente, pertinente y conducente, sobre el pago total de la
condena por parte de la entidad y, en favor de sus beneficiarios.
138. Igualmente afirmaron que el tribunal dio como cierto el pago teniendo en
cuanta meros indicios y especulaciones sobre el actuar de los demandantes del
44
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-
02690-01
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proceso de reparación directa y su consulta en el sistema de gestión judicial siglo
XXI, lo que no puede constituirse como una prueba idónea para la acreditación del
pago.
139. Del mismo modo, agregó que hubo un desconocimiento de precedente
contenido en la sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado45, en la cual se establecen las características propias que
se predican de la acción de repetición, de la sentencia C-778 de 2003, SU-354 de
2020, C-957 de 2014, SU-222 del 4 de mayo de 2016, T-7616782 y T-7629189de
la Corte Constitucional, por las razones contenidas en los numerales 30 al 36.
140. Desde ese panorama, la Sala advierte que la parte demandante cumplió con
la carga argumentativa requerida para el estudio de los defectos, y que su
argumentación va dirigida a que la autoridad judicial accionada inaplicó los
precedentes jurisprudenciales que rigen el proceso de repetición, así mismo
realizó una indebida valoración de las pruebas, por lo anterior, dichos defectos se
estudiaran en conjunto y será analizada la sentencia de 25 de marzo de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en segunda instancia, dentro
del medio de control, comoquiera que fue la que puso fin al trámite ordinario.
141. En cuanto al defecto fáctico, el extremo accionante manifestó que la
autoridad judicial accionada debió evaluar individualmente la conducta de cada
uno de los accionantes, confrontando las pruebas que reposan en el expediente
con la conducta desplegada por los demandados en repetición y el grado de
participación exigido para deducir la culpa grave y la consiguiente responsabilidad.
142. Dicha providencia realizó el estudio de la calidad del agente del Estado y su
conducta determinante en la condena de la siguiente manera:
“Dentro del expediente, obra la copia de la Resolución No. 000805 del 1 de
abril de 1992, por la cual el entonces Instituto Colombiano para el Fomento de
la Educación Superior – ICFES, dispuso la suspensión en el ejercicio de las
funciones, a la Sala General de la Consiliatura y al Rector, integrantes del
Gobierno de la Universidad libre, a nivel nacional.
(…)
El Acta del Consejo Directivo No. 003, de la Universidad Libre – Seccional
Cali, se consignó que en reunión del 16 de agosto de 1994, presidida por los
señores LIBARDO OREJUELA DIAZ, en calidad del presidente del consejo
directivo, OSCAR HURTADO GOMEZ, en calidad del representante del rector,
JAIME GUTIERREZ GRISALES, en calidad de honorable consiliatario,
FRANCISCO DIEGO CADENA ANTIA, en calidad de sindico general,
ROOSEVELT RODRÍGUEZ, en calidad de representante sensor, ANTONIO
ESCUDERO, en calidad de representante suplente de los profesores, JOSE
JOAQUIN GAMBOA, en calidad de representante de los egresados,
GILBERTO ARANZAZU MARULANDA, en calidad de representante de los
estudiantes, JESUS MARINO GUTIERREZ OSORIO, en calidad de decano de
la facultad de derecho y otros (…)
Luego, de conformidad con lo consignado en el Acta No. 20 de 24 de agosto
de 1994 de la Consiliatura de la Universidad Libre, integrada por los señores
GUSTAVO HUMBERTO RODRÍGUEZ, en calidad de Presidente de la
Corporación, ALFONSO SANTOS MORENO, en calidad de Rector, JORGE
45
Radicación No.11001-03-15-000-2017-02472-01, actores: ADONAY FERRARI PADILLA Y OTROS contra la SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCION C del CONSEJO DE ESTADO.
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GAVIRIA LIEVANO, JAIME GUTIERREZ GRISALES, ERNESTO REY
CANTOR, RODOLFO AFANADOR TOBAR, RAUL CARO PORRAS y JORGE
MERCADO TOBÍAS, en calidad de Consiliatorios, se constató que en el cuarto
punto del orden del día, se trató el tema de la extensión del programa de
pregrado de derecho en Popayán (…)
Así mismo, en el Acta No. 22 del 26 de octubre de 1994 de la Consiliatura de
Intervención conformada por los señores GUSTAVO HUMBERTO
RODRÍGUEZ, en calidad de Presidente de la Corporación, ALFONSO
SANTOS MONTERO, en calidad de Rector, ANTONIO BARRERA
CARBONEL, JAIME GUTIERREZ GRISALES, ERNESTO REY CANTOR,
RODOLFO AFANADOR TOBAR, RAUL CARO PORRAS y JORGE
MERCADO TOBÍAS, en calidad de consiliatarios (…) ” (sic para toda la cita).
143. De lo transcrito, esta Sala encuentra que la autoridad judicial accionada
confrontó las pruebas que reposan en el expediente y concluyó que conforme a la
Resolución No. 000805 del 1 de abril de 1992, el ICFES, dispuso la suspensión en
el ejercicio de sus funciones y las cedió a la Sala General de la Consiliatura y al
Rector, integrantes del Gobierno de la Universidad libre, que conforme el Acta No.
20 de 24 de agosto de 1994 de la Consiliatura de la Universidad Libre en el cuarto
punto se discutió lo relacionado con el tema de la extensión del programa de
pregrado de derecho en Popayán, y que según el Acta No. 22 del 26 de octubre
de 1994 se probó quienes cumplían la calidad de consiliatarios para el momento
en que se aprobó la extensión del programa.
144. Así mismo, en lo que tiene que ver con que el Tribunal no decretó pruebas de
oficio o las declaraciones de parte solicitadas por la parte demandante en el medio
de control de repetición, es una facultad que tiene el juez mas no una obligación el
decretar las pruebas que considere pertinentes, por lo que es una obligación de
las partes en el proceso presentar las pruebas necesarias para demostrar los
argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la contestación de la
demanda.
145. Del mismo modo, el Tribunal accionado identificó el papel que cumplieron los
demandantes al extender el programa de derecho a la ciudad de Popayán,
respecto a este punto explicó:
“(…) Así, quedo plenamente establecido que, en la autorización de la
extensión del programa de Derecho de la Universidad Libre con sede en la
ciudad de Cali, para la ciudad de Popayán, intervinieron:
• En calidad de miembros del Consejo Directivo de la Universidad Libre –
Seccional Cali: LIBARDO OREJUELA DÍAZ, OSCAR HURTADO GOMEZ,
JAIME GUTIERREZ GRISALES, FRANCISCO DIEGO CADENA ANTIA,
ROOSEVELT RODRÍGUEZ, ANTONIO ESCUDERO, JOSÉ JOAQUIN
GAMBOA, GILBERTO ARANZAZU MARULANDA Y JESÚS MARINO
GUTIERREZ OSORIO.
• La Consilitura de la Universidad Libre, integrada por: GUSTAVO
HUMBERTO RODRÍGUEZ, ALFONSO SANTOS MONTERO, JORGE
GAVIRIA LIEVANO, ANTONIO BARRERA CARBONEL, JAIME
GUTIERREZ GRISALES, ERNESTO REY CANTOR, RODOLFO
AFANADOR TOBAR, RAUL CARO PORRAS y JORGE MERCADO
TOBÍAS.
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• Los suscriptores de la Resolución No. 100 del 30 de agosto de 1994:
LIBARDO OREJUELA DÍAZ, OSCAR HURTADO GÓMEZ, JOSÉ RAFAEL
CERVANTES ACOSTA y JESÚS MARINO GUTIERREZ OSORIO.
De lo indicado, estima la Sala, que la forma como se efectuó la
autorización de la mentada extensión, se evidencia, que el tiempo en que
los mencionados demandados laboraron al servicio de la Universidad Libre
y en el que se adoptó la decisión de extensión del programa de derecho de
la Sede en Cali, en la ciudad de Popayán, coincide con el periodo de
intervención dispuesto sobre el ente universitario, por el ICFES y el
Ministerio de Educación Nacional (…) ” (sic para toda la cita).
146. La Sala observa que el fallo de 25 de marzo de 2021 identificó cual fue el
periodo en el cual se aprobó la extensión del programa de derecho a la ciudad de
Popayán y los cargos ocupados por los accionantes, por lo que mediante el
análisis del material probatorio evidenció que los señores Alfonso Santos Montero,
Jaime Gutiérrez Grisales, Antonio María Barrera Carbonell, Ernesto Rey Cantor,
Raúl Caro Porras, Jorge Mercado Tobías, Libardo Orejuela Díaz y Jesús Marino
Gutiérrez Osorio fueron quienes tomaron la decisión y estaban facultados, en
virtud de la intervención a la Universidad Libre por parte del ICFES, para gestionar
dicho trámite.
147. De igual manera, el tribunal argumentó:
“(…) Es claro, entonces, que los demandados ALFONSO SANTOS
MONTERO, LIBARDO OREJUELA DÍAZ, OSCAR HURTADO GÓMEZ,
JAIME GUTIERREZ GRISALES, FRANCISCO DIEGO CADENA ANTIA,
ROOSEVELT RODRÍGUEZ, ANTONIO ESCUDERO, JOSÉ JOAQUÍN
GAMBOA, GILBERTO ARANZAZU MARULANDA, JESÚS MARINO
GUTIERREZ OSORIO, ANTONIO BARRERA CARBONELL, ERNESTO
REY CANTOR, RODOLFO AFANADOR TOBAR, RAUL CARO PORRAS y
JORGE MERCADO TOBÍAS, para la época en que se autorizó la
extensión del plurimencionado programa de Derecho, se encontraban en
ejercicio de funciones estatales de intervención del ente universitario
conforme a la precitada resolución (Resolución No. 000805 de 1 de abril
de 1992). En otras palabras, cumplían y ejecutaban labores propias del
ICFES o el Ministerio de Educación Nacional dentro de la Universidad
conforme a la plurimentada intervención estatal. (…)” (sic para toda la
cita).
148. Lo anterior, permite demostrar que la autoridad judicial accionada en la
providencia enjuiciada si se refirió al papel que cumplió cada uno de los actores y
su incidencia en la aprobación de la extensión del programa de derecho, así como
la culpa grave y la responsabilidad de cada uno de los implicados, confrontando
las pruebas que reposan en el expediente, razón por la cual no se incurre en el
defecto fáctico alegado por este motivo.
149. De igual manera, respecto a que en la sentencia enjuiciada se realizó “la
calificación de la conducta de los demandados” sin una evaluación probatoria
detallada, objetiva, seria y responsable, pues no examinó la conducta individual
desplegada por cada uno de los demandados, se puede evidenciar que, el
Tribunal sostuvo:
“(…) En ese sentido, se procederá a efectuar el análisis de la conducta de los
demandados ALFONSO SANTOS MONTERO, LIBARDO OREJUELA DIAZ,
OSCAR HURTADO G6MEZ, JAIME GUTIERREZ GRISALES, FRANCISCO DIEGO
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CADENA ANTIA, ROOSEVELT RODRÍGUEZ,, ANTONIO ESCUDERO, JOSE
JOAQUIN GAMBOA, GILBERTO ARANZAZU MARULANDA, JESUS MARINO
GUTIERREZ OSORIO, ANTONIO BARRERA CARBONELL, ERNESTO REY
CANTOR, RODOLFO AFANADOR TOBAR, RAUL CARO PORRAS y JORGE
MERCADO TOBÍAS, a la luz de los referidos conceptos de culpa grave o dolo, para
de esta manera poder establecer si hay lugar a atribuirles responsabilidad a través
del juicio de valor de su actuar dentro del marco obligacional que les vincula con el
Estado.
(…)
Observa la Sala, que dicho juicio de reproche en la conducta que dio lugar a la
condena, según el lineamiento impartido por el fallador de la sentencia objeto de la
presente repetición, se enrostra, tanto al entonces rector interventor de la institución
y a los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad Libre que suscribieron la
Resolución No. 100 del 30 de agosto de 1994, pues, en consideración de esta
Corporación, era del resorte de los señores ALFONSO SANTOS MONTERO,
LIBARDO OREJUELA DÍAZ, OSCAR HURTADO GÓMEZ y JESUS MARINO
GUTIERREZ OSORIO, el asegurarse que la extensión del programa que se
pretendía, cumpliera con todos los requisitos exigidos por las normas aplicables,
previo a suscribir su autorización, máxime, se itera, que fue precisamente uno de las
razones para que el estado interviniera en ente universitario, conforme a los
hallazgos efectuados por la entidad demandante al momento de disponer la
intervención en el año 1992 y que son indicativos de las falencias en la observancia
de los requisitos por parte de la Universidad al crear programas. (…)
… quien decidía sobre la aprobación de nuevos programas seccionales, era la
Conciliatura, como en efecto lo hizo y quedó registrado, en las Actas No. 20 del 24
de agosto de 1994 y 22 del 26 de octubre de 1994. De todo lo expuesto, es posible
decantar que los miembros de la Consiliatura, ALFONSO SANTOS MONTERO,
JAIME GUTIERREZ GRISALES, ANTONIO BARRERA CARBONELL, ERNESTO
REY CANTOR, RODOLFO AFANADOR TOBAR, RAUL CARO PORRAS y JORGE
MERCADO TOBÍAS, también actuaron con culpa grave, al haber aprobado la
extensión del programa de derecho de la Universidad Libre de la ciudad de Cali,
hacia la ciudad de Popayán” (sic para toda la cita).
150. En ese sentido, el Tribunal Administrativo del Cauca al tenor de dicha
interpretación analizó la conducta de cada uno de los accionantes en el presente
trámite y determinó que tanto el señor Alfonso Santos, como rector de la
institución universitaria como los integrantes del Consejo Directivo firmaron la
Resolución No. 100 del 30 de agosto de 1994, en ese sentido eran los
responsables de que la extensión del programa cumpliera con todos los requisitos.
151. Así mismo, dedujo que quien decidió sobre la aprobación de los nuevos
programas fue la Consiliatura de la cual hacían parte los actores de esta tutela,
dicha aprobación quedó registrada en las Actas No. 20 del 24 de agosto de 1994 y
No. 22 del 26 de octubre del mismo año, motivo por el cual también se evidenció
su culpa grave en la comisión de la conducta que se les atribuyó, y fue suficiente
el material probatorio con el que contaba por lo que no consideró necesario
decretar la declaración de parte solicitada por los demandados, pues explicar los
motivos que determinaron su nombramiento como miembros de la consiliatura, la
índole jurídica de su relación con el Ministerio de Educación y el ICFES, y las
razones que de buena fe tuvieron para adoptar la extensión del programa de
derecho a Popayán, no cambiaría la decisión tomada en la sentencia.
152. Ahora bien, en relación con la acreditación del pago de la condena por parte
del ICFES, la parte accionante estableció que el Tribunal Administrativo del Cauca
no logró desvirtuar la argumentación jurídica realizada por el Juzgado Décimo
Administrativo del Circuito Judicial de Popayán que no encontró probado el
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Demandantes: Alfonso Santos Montero y otros.
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referido pago, toda vez que no existe constancia de que efectivamente se haya
realizado la cancelación del monto por el que fue condenado, por cuanto no se
aportó al proceso una prueba idónea, suficiente, pertinente y conducente que
permitiera concluir sin asomo de duda el pago realizado en favor de los
beneficiarios de la condena.
153. En efecto, la entidad demandante en un proceso de repetición debe probar
que la condena impuesta fue cancelada en su totalidad y que el dinero fue
entregado según la orden judicial a los beneficiarios, por lo que la autoridad
judicial accionada expresamente estableció:
“Ahora, para acreditar el pago de la condena impuesta en contra de la entidad
demandante, se allegaron al proceso los siguientes medios de prueba:
• Copia Autentica de las órdenes de pago No. 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657,
4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4651, 4665 y 4668 del 14 de diciembre de 201024,
suscritas por el Director Financiero y contable y por el Tesorero del lCFES, del
siguiente contenido: (…)
• En los mencionados documentos, también se aludió al Registro Presupuestal No.
1251, ello, para efectos de la afectación del presupuesto.
-Copia del informe al Comité de Defensa Judicial y conciliación sobre las acciones
de repetición que se requiere adelantar por parte del lCFES con referencia a los
pagos de las sentencias adversas pagadas por el lnstituto durante la vigencia
201046, entre las que figura el expediente identificado con radicado No. 2003 00697,
y los siguientes datos relevantes: (…)
De lo expuesto, observa la Sala en lo que respecta a la acreditación del pago, que la
entidad demostró que realizó Ias gestiones de carácter administrativo tendientes a
cumplir con las ordenaciones impartidas por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Popayán, modificadas por el Tribunal Administrativo del Cauca; pues,
para el efecto, se allegó prueba en la que es posible extractar que, a los
beneficiarios de dicha condena se les realizó el pago de la obligación por intermedio
de su apoderada en la cuenta del banco popular destinada para dicho fin, a través
de cheque, por el valor total de $346.150.020 y en la que además se demuestra la
afectación de los recursos por parte de la entidad a través del registro presupuestal
de dicha suma.
De esta manera y conforme a las pruebas del plexo y a las reglas de la sana critica
en su valoración, indican a la Corporación, que el pago efectivamente fue realizado,
puesto que no es posible sostener que el lCFES no canceló la condena que le fue
impuesta, cuando de los documentos antes citados se evidencia lo contrario,
máxime que la misma entidad sostuvo ante su Comité de Defensa Judicial y
Conciliación el pago efectuado, en la vigencia del año 2010 por cuenta de la
indemnización de perjuicios ordenada dentro del proceso 2003 00697 01.
(…)
Adicionalmente, revisado el Sistema Judicial Siglo 21, se observó que los
demandantes en reparación directa, PEDRO FELIPE ORDOÑEZ CACERES,
VICTOR GABRIEL LÓPEZ VALENCIA, SILVIO SACANAMBOY ORTÍZ,
ALEXANDER FABIAN RIVERA MUN6Z, DIEGO MESÍAS BELALCAZAR YACUE,
SANDRA LILIANA RUIZ ORDÓÑEZ, OLGA LUCÍA CARDOBA CUELLAR, MONICA
VICTORIA RENGIFO ORDOÑEZ, MARIA LUCIA PAZ FERNANDEZ, ELSA
MARGOTH MONTENEGRO LEDEZMA, SANDRA RUTH ESCOBAR MOSQUERA y
AMANDA BEATRIZ CALVACHE OBANDO, no formularon demanda en vía ejecutiva
sobre las sumas reconocidas en las sentencia ordinaria objeto de esta repetición,
46
Folios 165 y 166 del Cuaderno Principal No. 1 del proceso de repetición.
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situación que, se itera, conforme a la sana critica, permite inferir que el pago en
comento fue debidamente realizado.
Así, al realizar un análisis conjunto de los documentos allegados al expediente, es
posible concluir que se probó la manifestación del pago efectuada por parte de la
entidad en el libelo inicial; contrario sensu, Ia excepción propuesta por los
demandados en su contestación, denominada "falta de requisito de procedibilidad
de acreditación del pago de las condenas por parte del lnstituto Colombiano para la
Evaluación de la Educación -ICFES'', en la que sostienen que el pago fue realizado
por el Ministerio de Educación Nacional y no por la demandante, no pudo ser
constatado con los elementos de prueba de la foliatura”
154. En atención al defecto planteado la Sala, resalta que las normas que rigen el
caso concreto son las del Código Contencioso Administrativo, Decreto 01 de 1984,
teniendo en cuenta que la demanda fue presentada antes de que entrará en
vigencia la Ley 1437 de 2011. Por lo anterior, se tiene que la acción de repetición
estaba regulada, en el artículo 78 y numeral 9 del 136 del anterior compendio
normativo y en la Ley 678 de 200147.
155. El Decreto 01 de 1984 en las anteriores disposiciones establecía:
ARTÍCULO 78. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo
contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o
a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera
que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que
satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el
funcionario por lo que le correspondiere.
ARTÍCULO 136. Caducidad de las acciones.
(…)
9. La de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad. (…)
(Subrayado y negrita fuera del texto)
156. Igualmente, la Ley 678 de 2001 establece:
“ARTÍCULO 8º. Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses
siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad
pública, deberá ejercitar la acción de repetición la persona jurídica de derecho
público directamente perjudicada con el pago de una suma de dinero como
consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución de un
conflicto permitida por la Ley. (…)” (Subrayado y negrita fuera del texto)
157. En las anteriores normas se observa que una de las condiciones que se debe
cumplir para iniciar la demanda de repetición es la comprobación de que se haya
realizado el pago total por parte de la entidad de la condena que se le haya
impuesto.
158. Conforme a lo anterior, la jurisprudencia desarrolló varios supuestos de
hecho para esclarecer los eventos en los que procede el medio de control, así la
sentencia C-832 de 2011 declaró exequible la expresión “contados a partir del día
siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad", contenida en el
numeral 9º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984), bajo el entendido que el término de caducidad de la acción empieza a
47
“por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a
través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.”
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correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más
tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177
inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.
159. Por lo anterior, dicho precedente explica que el plazo con que cuenta la
entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra no es
indeterminado y, por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de
la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho
de defensa. Por otro lado, también aclaró que si esta fecha no fuera determinada,
se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una
prerrogativa desproporcionada para la administración contrariando la finalidad que
persiguen.
160. Así mismo, sobre el particular, esta Corporación, en sentencia del 26 de
noviembre de 200648, precisó lo siguiente:
La entidad pública debe probar la existencia de la obligación de pagar una
suma de dinero derivada de la condena impuesta en su contra, en sentencia
debidamente ejecutoriada. La entidad pública tiene que acreditar el pago
efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial o en
la conciliación, a través de prueba que generalmente es documental,
constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del
beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago o consignación y/o
paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario. El pago, en los
términos del artículo 1626 del Código Civil, es la prestación de lo que se
debe y debe probarlo quien lo alega, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1757 ibídem. Conforme a lo anterior, no basta que la entidad pública
aporte documentos emanados de sus propias dependencias, si en ellos no
está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su
recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza
sobre el cumplimiento de la obligación.
161. Del mismo modo, el Consejo de Estado ha reiterado dicha posición49:
Así, para cumplir con la exigencia señalada, es necesario acreditar que la obligación
ha sido efectivamente satisfecha, de modo que no exista duda alguna en relación
con el hecho de que el beneficiario de la condena, conciliación o transacción ha
recibido lo adeudado.
Por consiguiente, a la entidad interesada le correspondía allegar el documento
pertinente que acreditara que el pago fue efectivamente realizado, aspecto sobre el
cual la jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica y reiterada, ha
sostenido que:
En materia probatoria, a pesar de la consagración del principio de libertad probatoria
y de apreciación conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba por excelencia
del pago es, de conformidad con nuestro Código Civil, la carta de pago50, y en
48
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de noviembre de 2006, exp. 25.749, M.P. Alier Hernández
Enríquez, posición jurisprudencial reiterada por esta misma Subsección en sentencia del 28 de septiembre de 2017, exp.
36.162, M.P. (e) Marta Nubia Velásquez Rico.
49
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2019, Rad. 13001-23-31-000-2013-00048-01
(51528) M.P. María Adriana Marín,
50
Cita del original. Artículos 1628, 1653, 1654 y 1669 del Código Civil.
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derecho comercial, el recibo51, documentos que reflejan que la obligación fue
satisfecha52”53.
162. Por lo anterior, la Sección entrará a determinar si conforme a los argumentos
expuestos en la demanda constitucional, se incurrió o no en un defecto fáctico por
parte de la autoridad judicial accionada al no existir prueba idónea y pertinente
para acreditar el presupuesto de procedibilidad del medio de control de repetición
mediante la certificación del pago proferida por la entidad estatal y si existe dentro
del proceso evidencia de que los beneficiarios recibieron a satisfacción el
dinero acordado.
163. Con lo anterior, es indispensable que en la repetición exista plena prueba de
que los beneficiarios de la condena impuesta en el proceso de reparación directa
hayan sido indemnizados, según lo ordenado por el juez. Revisado el expediente y
pese a que el tribunal accionado refirió que “la entidad demostró que realizó Ias
gestiones de carácter administrativo tendientes a cumplir con las ordenaciones
impartidas”, la Sala estudiará cada una de las pruebas que fueron estudiadas en la
sentencia cuestionada para determinar si las mismas permiten constatar que los
beneficiarios de la reparación recibieron a satisfacción el pago de la orden judicial.
164. En lo referente a las órdenes de pago, se observa que dentro del expediente
en préstamo aportado por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial
de Popayán reposa:
51
Cita del original. Artículos 877 y 1163 del Código de Comercio.
52
El inciso segundo del artículo 232 del Código de Procedimiento Civil señala que: “Cuando se trate de probar obligaciones
originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba por
escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las
circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal
omisión”.
53
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 18.621, M.P. Mauricio Fajardo Gómez,
posición jurisprudencial reiterada por esta misma Subsección en sentencia del 28 de septiembre de 2017, exp. 36.162, M.P.
(e) Marta Nubia Velásquez Rico.
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165. La Sala advierte que la orden de pago contiene: el nombre de señora Teresa
Eugenia Lemos Bermeo, quien presuntamente, actuó como apoderada judicial de
los señores Víctor Gabriel López Valencia, Pedro Felipe Ordoñez Cáceres, Silvio
Sacananboy Ortiz, Alex Fabian Rivera Muñoz, Diego Mesías Belalcázar Yocue,
Sandra Liliana Ruiz Ordoñez, Olga Lucia Córdoba Cuellar, Mónica Victoria Rengifo
Ordoñez, Maria Lucia Paz Fernández, Elsa Margot Montenegro Ledezma, Sandra
Ruth Escobar Mosquera y Amalia Beatriz Calvache Obando, demandantes en el
proceso de reparación directa, identificado con el radicado 2003-00697-01, el valor
a pagar, la presunta forma de pago, la identificación del número de cuenta de la
que proviene el cheque del Banco Popular, las firmas del subdirector financiero y
tesorero de la entidad.
166. Sin embargo, no cuenta con la firma y fecha de recibido por la beneficiaria, ni
la certeza de que dicho pago se efectuó con destino al proceso de reparación
directa que involucraba las acciones de los accionantes, ya que si bien se hace
referencia a la Resolución No. 900 del 21 de octubre de 2010, la misma no fue
aportada al plenario como lo reconoció la misma providencia, tampoco se
evidencia algún sello de recibido, como tampoco se encuentra anexo a dicho
documento la copia del cheque como título valor mediante el cual se realizó el
pago.
167. De igual manera, vale la pena destacar que frente a la decisión proferida en
primera instancia del proceso de repetición por parte del juzgado, en el cual se
declaró probada la excepción de falta de pago como requisito de procedibilidad
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para instaurar la acción de repetición, la entidad demandante presentó recurso de
apelación en el cual argumentó lo siguiente:
“El lCFES con el libelo introductorio allegó al Despacho las siguientes pruebas que
acreditaban el pago realizado:
1. Copia de la sentencia del 29 de agosto de 2008, emitida par el JUZGADO
SEGUND0 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUlTO DE POPAYAN dentro del proceso
ordinario de acci6n de reparación con radicado 2003T00697-00.
2. Copia de la sentencia del 09 de julio de 2009, emitida por el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAUCA, dentro de la actuación citada y
como consecuencia de estas decisiones.
3. Copia autentica de las órdenes de pago expedidas par Tesorería del lCFES por
valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES, SEISCIENTOS
CINCUENTA MIL VEINTE PESOS ($353.650.020)”
168. Del mismo modo, la apoderada del ICFES agregó:
“Todas estas órdenes en copia autentica y firmadas per el tesorero de la Entidad
quien finalmente da fe del pago realizado a cada uno de los beneficiarios que para
el escenario de la acción de repetición son suficientes para acreditar el pago ya que
en las mismas se avizora el nombre del beneficiario, su número de cédula el número
de cuenta donde se consignó el dinero y el banco, y en caso de generar duda al
Juzgador del recibimiento efectivo del dinero por cada uno de estas personas, quien
en un estado social de derecho no puede ser un convidado de piedra debió
entonces activar la facultad discrecional de decretar pruebas de oficio, incluso no
esperar a la etapa de fallo sino al momento de recibir la demanda y ejercer el control
de legalidad sobre la misma, debió inadmitirla, y permitir su subsanación o
rechazarla de plano, pero no después de nueve (9) años manifestar que el
demandante según su criterio no cumplió con la carga de demostrar el pago.”
169. Lo anterior, evidencia, como lo alegó la parte actora, que la entidad al apelar
la sentencia de primera instancia solo reiteró los documentos que aportó con la
demanda de repetición e insistió en que los mismos eran suficientes para acreditar
el pago de la condena, sin embargo, no presentó un medio probatorio que
permitiera concluir que efectivamente los beneficiarios de la condena recibieron el
pago como lo indica la jurisprudencia vigente para el momento de los hechos,
únicamente enfatizó en que se debe dar fe de dichas órdenes de pago por cuanto
están firmadas por el tesorero de la entidad y que la autoridad judicial debió
decretar pruebas de oficio en caso de tener dudas sobre tal aspecto .
170. Ahora, frente al Acta de Reunión y el Informe del Comité de Defensa Judicial
y Conciliación del ICFES de 14 de abril de 201154 figura como sentencias pagadas
durante la vigencia del año 2010, las siguientes:
54
Folios 165 y 166 del Cuaderno Principal No. 1 del proceso de repetición.
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171. Es así como, se puede observar que se encuentra en la casilla 1 el
expediente correspondiente al proceso de reparación directa identificado con el
radicado No. 2003-00697, el cual tiene como valor total $357.828.192, sin
embargo, contrario a lo dicho por la autoridad judicial demandada, en dicho
documento no reposa la información de si efectivamente se recibió dicho pago, en
qué fecha y por cual medio fue entregada la suma de dinero, por lo que tampoco
podría ser una prueba suficiente de que los beneficiarios hayan recibido a
satisfacción la suma de dinero ordenada, conforme a lo dicho en los precedentes
jurisprudenciales anteriormente citados.
172. Ahora bien, frente a la Resolución No. 900 del 21 de octubre de 2010,
mediante la cual fue autorizado la realización del pago de la condena no se
encuentra en el expediente del medio de control, de manera que no era dable
presumir por la autoridad judicial accionada que efectivamente se trataba de la
resolución que involucraba el proceso de reparación directa.
173. Así, al revisar los documentos obrantes en el plenario únicamente se
encontraron las copias de las órdenes de pago, el Acta de Reunión y el Informe
del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del ICFES de 14 de abril de 2011,
que por sí mismos no acreditan el pago de la condena, en razón a que, evidencian
actuaciones administrativas previas al pago y no que este haya sido recibido
efectivamente por los beneficiarios de la reparación directa, por lo que el Tribunal
accionado no desvirtuó la determinación del Juzgado que decidió en la primera
instancia del proceso de repetición.
174. Esta Sección advierte que, contrario a lo establecido en la providencia
enjuiciada, la revisión del sistema judicial del siglo XXI para verificar que ninguno
de los beneficiarios de la condena presentó demanda ejecutiva sobre la sentencia
proferida en la reparación directa, tampoco puede tenerse como prueba del pago
de la condena, se insiste que para acreditar el pago se debe aportar el material
probatorio idóneo y los indicios no generan certeza sobre tal requisito.
175. De lo anterior, se puede concluir que la autoridad judicial accionada mediante
la providencia acusada incurrió en el defecto fáctico alegado por los argumentos
expuestos.
176. Frente al desconocimiento del precedente contenido en los fallos T-7616782
y T-7629189 proferidos por la Corte Constitucional, los mismos no son
considerados precedente, pues esta Sala de Decisión ha indicado que solo
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considera como precedente las sentencias de constitucionalidad (C) o de
unificación (SU) proferidas por la Sala Plena de dicha Corporación, ya que
contienen una regla o subregla de derecho plasmada por el órgano de cierre en la
materia.
177. Ahora bien, respecto de la sentencia del 3 de mayo de 2018, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado55 si bien puede no constituir precedente por
tratarse de una acción de tutela, se analizará por la presunta violación del derecho
a la igualdad ya que es una providencia dictada esta Sección.
178. Dicha providencia se confirmó el amparo de los derechos del accionante que
atacó una sentencia proferida dentro del medio de control de repetición, y en sus
consideraciones resaltó que el fallo que defina este proceso debe sujetarse a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y aun cuando es cierto, que el
Estado como entidad demandada debe, perseguir en la repetición el reembolso de
lo pagado en la condena, ello no implica, para el juez que declare la
responsabilidad subjetiva del agente estatal, una obligación de exigir de este
último la totalidad del monto por el cual condenó al Estado.
179. Por lo anterior, consideró que el juez que conoce de la acción de repetición
debe realizar un análisis de las circunstancias del caso concreto, teniendo
presente que la obligación del Estado consiste concretamente en reparar el daño
antijurídico causado, y la del servidor público es reembolsar al Estado lo que pagó
cuando el agente es causante del daño con dolo o culpa grave pero en la
proporción que corresponda a la causación efectiva del perjuicio por el cual se
condenó al Estado.
180. A lo anterior, agregamos que la parte actora también consideró que se ignoró
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-222 del 4 de mayo de 2016,
estableció que: “la sentencia en la cual se defina el caso debe sujetarse además a
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El Estado como entidad demandada debe,
conforme a la jurisprudencia de la Corte, perseguir en la repetición el reembolso de lo
pagado en la condena. No obstante, ello no implica para el Juez que declare la
responsabilidad subjetiva del agente estatal una obligación de condenar a este último por
la totalidad del monto por el cual condenó al Estado.”
181. Es así como, esta Sección analizara los dos precedentes mencionados de
manera conjunta, teniendo en cuenta que contienen la misma regla
jurisprudencial. En la sentencia de 25 de marzo de 2021 se determinó frente a
este punto, lo siguiente:
“Para efectos de la liquidación de la condena a imponer en este fallo, debe tenerse
en cuenta que, el total pagado como consecuencia de la condena impuesta al
entonces lnstituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ascendió
a la suma de $346.150.020. Resta, entonces, actualizar el monto de la condena, a lo
cual se procederá siguiendo la fórmula de matemática empleada por esta
Corporación para el efecto, así:
55
Radicación No.11001-03-15-000-2017-02472-01, actores: ADONAY FERRARI PADILLA Y OTROS contra la SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCION C del CONSEJO DE ESTADO.
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De esta manera, se condenará solidariamente56 a los señores ALFONSO SANTOS
MONTERO, JAIME GUTIERREZ GRISALES, ANTONIO BARRERA CARBONELL,
ERNESTO REY CANTOR, RODOLFO AFANADOR TOBAR, RAUL CARO
PORRAS, JORGE MERCADO TOBIAS, LIBARDO OREJUELA DÍAZ, OSCAR
HURTADO GÓMEZ y JESUS MARINO GUTIERREZ OSORIO, a reintegrar la suma
equivalente a QUINIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE. (S502.282.766), en favor del
lnstituto Colombiano para la Evaluaci6n de la Educación -lCFES.”
182. Conforme a lo anteriormente citado se observa que para efectos de la
liquidación del monto a pagar en el proceso de repetición por parte de los
accionantes, debía tenerse en cuenta que, el total pagado como consecuencia de
la condena impuesta al lnstituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior – ICFES, ascendió a la suma de $346.150.020, dicho valor se actualizó
conforme a la fórmula matemática dispuesta por esta Corporación para tal fin y,
por último, decidió que los condenados pagaran de manera solidaria habiendo
definido su responsabilidad del hecho, sin embargo, no aplico el criterio de
razonabilidad y proporcionalidad como lo disponen los precedentes
jurisprudenciales citados, pues no explicó la proporción que les correspondía
pagar a cada uno de los accionantes según la conducta que cada uno desplego en
la causación efectiva del daño por el cual se condenó al Estado, desconociendo el
criterio dispuesto en los fallos de la Corte Constitucional.
183. La parte demandante también afirmó que no se tuvo en cuenta la sentencia
SU-354 del 26 de agosto de 202057, relacionada con los requisitos que se deben
cumplir para dar trámite al medio de control de repetición y su función resarcitoria,
así como lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución y la aplicación de la Ley
678 de 2001, en lo relativo a presunciones de dolo y culpa, las definiciones
concernientes a estos, frente a lo cual como se explicó en el numeral 173 de esta
providencia, no se logró acreditar el cumplimiento de uno de los requisitos para
que proceda la repetición.
184. Finalmente, la Sala encuentra que el juez del proceso de repetición no
expuso razones suficientes para acreditar el pago de la condena por la entidad
condenada y así acceder a las pretensiones de la demandante en dicho medio de
control, pues no se demostró ni argumentó que los beneficiarios hayan recibido la
56
Consejo de Estado, sentencia 11 de abril de 1994. M.P.: Dr. Carlos Betancour Jaramillo "Con el fin de aplicar la figura de
la solidaridad a este caso, el Despacho estima pertinente citar lo que en materia de responsabilidad fiscal ha sostenido un
sector de la doctrina nacional. Al respecto, el profesor Uriel Alberto Amaya Olaya ha sostenido como postulado general, que
si se produce un daño al patrimonio público por parte de un gestor fiscal (servidor público o particular) la obligación que
emerge de tal antijurídico comportamiento es de carácter solidario por pasiva frente a los plurales actores dañinos.
Afirmación esta que reside en un criterio señalado de manera pret6rita para esta Sección del Consejo de Estado, según el
cual: "[C]uando el hecho perjudicial ha sido causado por dos o más personas (los sujetos son la causa eficiente) no se
produce uno división de la responsabilidad, como si uno llevara apenas uno parte de la culpa, sino que por mandato legal
surge uno obligaci6n solidaria de responder".
57
Corte Constitucional, Sala Plena de la Corte Constitucional, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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suma de dinero, tan solo se indicó que se evidenciaban las actuaciones
administrativas tendientes a cumplir, pero no se verificó concretamente el pago.
185. Adicionalmente, como ya se indicó tampoco menciono las razones por las
cuales correspondía a los accionantes pagar todo el monto del valor indemnizado
a los beneficiarios de la reparación directa.
186. Frente al desconocimiento de la sentencia C-778 de 2003 de la Corte
Constitucional que estableció que la acción de repetición persigue que los
funcionarios o exfuncionarios de la administración pública, paguen el monto de la
indemnización que haya reconocido el Estado a los particulares, por consiguiente,
al ser los accionantes particulares no procedía la repetición respecto de personas
que no tengan una relación sustancial como agentes del Estado, en su carácter de
funcionarios o empleados públicos, o particulares que ejerzan funciones públicas.
187. La Sala considera que, tal como se ha demostrado en el presente caso, que
la providencia atacada tuvo en cuenta la regla anteriormente mencionada, por
cuanto explicó en diferentes apartes la relación directa que existía entre el consejo
directivo y consiliatura de la Universidad Libre con las funciones asignadas por el
ICFES durante el tiempo de su intervención, lo que les otorgó la calidad de
particulares que ejercían funciones públicas para el momento de los hechos.
188. Adicionalmente, la Sala advierte que en lo que tiene que ver con la presunta
inaplicación de la providencia C-957 de 2014, la cual contiene las características
propias que se predican de la acción de repetición: i) se trata de una acción
autónoma que sólo puede ejercer al Estado con fundamento en el artículo 90 de la
Constitución; ii) exige como presupuesto: una condena impuesta por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo para reparar los perjuicios antijurídicos causados
a un particular; iii) demanda que el daño antijurídico sea consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa del servidor, agente estatal o antiguo
funcionario; y que la entidad condenada haya pagado la suma determinada en la
sentencia condenatoria.
189. Es deber de esta Sección resaltar, que frente al requisito de que la entidad
condenada acredite el pago de la suma determinada en la sentencia de reparación
directa, dicho precedente ha establecido que debe estar demostrado con toda
certeza que la entidad condenada haya pagado la suma total a los beneficiarios de
la sentencia condenatoria, lo que en este caso no se pudo constatar, de manera
que se desconoció la regla contenida en dicho precedente.
190. Así pues, se acreditó que la sentencia atacada incurrió en el defecto fáctico y
desconocimiento de precedente alegados.
2.6. Conclusión
191. En atención a que en el presente asunto se demostró la configuración de los
defectos fáctico y desconocimiento de precedente, la Sala dispondrá el amparo del
derecho fundamental al debido proceso de los accionantes.
192. Por lo anterior, el Tribunal Administrativo del Cauca deberá, en el término de
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Demandantes: Alfonso Santos Montero y otros.
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
quince (20) días hábiles contados a partir de la notificación del presente fallo,
proferir una decisión de remplazo en la que se de aplicación al precedente
desconocido, en lo que tiene que ver con la acreditación del pago y frente a ajustar
a criterios de razonabilidad y proporcionalidad el pago de la condena por parte de
los accionantes según su responsabilidad. De igual manera, se efectué un análisis
probatorio que atienda a las reglas allí establecidas, del mismo modo requiera
certificación, paz y salvo o cualquier medio probatorio mediante el cual se pueda
constatar que los beneficiarios de la reparación recibieron efectivamente el pago,
lo que permita concluir si se cumple con el requisito de procedibilidad de acreditar
el pago de la condena por parte de la entidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación que presentó el Juzgado
Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, de conformidad con lo
dispuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 10 de marzo de 2022, por medio de la
cual la Sala de Conjueces de la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción constitucional de la referencia para, en su lugar,
AMPARAR el derecho constitucional al debido proceso de los señores Alfonso
Santos Montero, Jaime Gutiérrez Grisales, Antonio María Barrera Carbonell,
Ernesto Rey Cantor, Raúl Caro Porras, Jorge Mercado Tobías, Libardo Orejuela
Díaz y Jesús Marino Gutiérrez Osorio, por las razones expuestas en este
proveído.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cauca que, en el término de
veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera
una decisión de remplazo en la que decida sobre la aplicación al precedente
desconocido, en lo que tiene que ver con a ajustar a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad el pago de la condena por parte de los accionantes según su
responsabilidad.
De igual manera, se efectué un análisis probatorio que atienda a las reglas allí
establecidas para constatar que los beneficiarios de la reparación recibieron
efectivamente el desembolso, lo que permita concluir si se cumple con el requisito
de procedibilidad de acreditar el pago de la condena por parte de la entidad, de
conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-05810-01
Demandantes: Alfonso Santos Montero y otros.
Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca
CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela formulada por los
accionantes frente a lo estudiado en el acápite de la subsidiariedad.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Salvamento de voto
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
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