Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05873-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-05873-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-05873-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
29 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 05873 00
Demandante: Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Demandados: Antolín Luis Ruiz Martínez y otros1
Asunto: Resuelve sobre un recurso extraordinario de revisión interpuesto contra
la sentencia de 9 de julio de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala Especial de Decisión número 15 de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado procede a resolver la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión interpuesta por la Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial contra la sentencia de 9 de julio de 2020 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de
reparación directa identificado con el número único de radicación 23001 23 31
000 2009 00209 01.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
1
Dalia Lucía Ballesteros Cárdenas, Breiner José Ruiz Ballesteros y Maileth Lorena Ruíz Ballesteros.
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 05873 00
I. ANTECEDENTES
La demanda de reparación directa
1. Los señores Antolín Luis Ruiz Martínez, Dalia Lucía Ballesteros Cárdenas,
Breiner José Ruiz Ballesteros y Maileth Lorena Ruíz Ballesteros2 presentaron
demanda3 contra la Nación -Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de la acción de reparación
directa4 para que se les declare administrativa y patrimonialmente responsables
por los daños y perjuicios antijurídicos que le fueron causados a los demandantes,
con ocasión de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor
Antolín Luis Ruiz Martínez.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó se condene a las
demandadas al pago: i) por perjuicios morales, 300 salarios mínimos legales
mensuales vigentes para la víctima directa del daño y 150 salarios mínimos
legales mensuales vigentes para cada uno de los otros demandantes; ii) por
perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de los salarios
dejados de percibir durante el tiempo que duró la reclusión, reajustados a valor
actual, teniendo como base el salario devengado por la víctima directa del daño y,
en la modalidad de daño emergente, la suma de $ 15’000.000, a favor de la víctima
directa del daño; iii) por perjuicios a la vida de relación o de placer, 200 salarios
mínimos legales mensuales vigentes para la víctima directa del daño y 100
salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los otros
demandantes.
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
2 Mediante apoderado.
3 La demanda se presentó el 14 de octubre de 2009.
4 Prevista en el artículo 86 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 “[…] Por el cual se reforma el Código
Contencioso Administrativo […]”.
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3.1. El señor Julio César Hernández López, el 22 de mayo de 2007, fue herido con
arma de fuego cerca de la estación de gasolina denominada la Bonga, en la vía
que de Lorica conduce a San Bernardo del Viento (Departamento de Córdoba).
3.2. La Fiscalía Veintitrés Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Lorica,
por estos hechos dio apertura formal a la instrucción contra los señores Antolín
Luis Ruiz Martínez y José Belisario Jiménez Ramos por el presunto delito de
homicidio en el grado de tentativa, toda vez que:
3.2.1. El señor Julio César Hernández López manifestó que el señor Antolín Luis
Ruiz Martínez le propuso cometer el hurto de dos pavos de una finca, para lo cual
se trasladaron en compañía del señor José Belisario Jiménez Ramos cerca del
lugar donde el hurto se iba a efectuar; sin embargo, indicó que allí recibió dos
disparos por parte del señor Antolín Luis Ruiz Martínez.
3.2.2. Los agentes de la policía que atendieron el caso, indicaron que el señor
José Belisario Jiménez Ramos aceptó haber conducido en una mototaxi al señor
Julio César Hernández López al sitio donde ocurrieron los hechos.
3.2.3. Por último, el señor Julio César Hernández López identificó al señor Antolín
Luis Ruiz Martínez como la persona que le había disparado, siendo posteriormente
capturado el señor José Belisario Jiménez Ramos.
3.3. La Fiscalía Veintitrés Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Lorica,
el 30 de mayo de 2007, resolvió la situación jurídica provisional del señor Antolín
Luis Ruíz Martínez, imponiéndole medida de aseguramiento de detención
preventiva por el presunto delito de homicidio en el grado de tentativa, por cuanto
por un lado, encontró que acorde con lo dicho por la víctima, el señor Ruiz Martínez
fue uno de sus probables agresores, versión que en su parecer era coherente con
las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sin que pudiera advertir que se tratara
de un falsa implicación; y por el otro, estimó que la captura sí se había realizado
en condición de flagrancia.
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3.4. La Unidad de Fiscalía Seccional de Lorica, el 23 de octubre de 2007, dictó
resolución de acusación contra el señor Antolín Luis Ruiz Martínez por la presunta
conducta punible de homicidio en grado de tentativa en calidad de coautor, por
cuanto consideró que, con las pruebas existentes hasta ese momento, no existía
duda sobre la autoría del atentado del que fue víctima el señor Julio César
Hernández, quedando a disposición del Juzgado Penal del Circuito de Lorica.
3.5. El Juzgado Penal del Circuito de Lorica, mediante sentencia de 11 de junio de
2008, absolvió al señor Antolín Luis Ruíz Martínez, por considerar que: i) se
presentaron contradicciones en la denuncia y declaración presentada por el señor
Julio César Hernández López y ii) de los demás testimonios recaudados durante
la investigación, tampoco era posible evidenciar que dicho procesado fuera quien
propinó los disparos.
3.6. El señor Antolín Luis Ruíz Martínez, manifestó que producto de su privación
injusta de la libertad, no pudo compartir con su familia, con las repercusiones
emocionales que ello conlleva, además del estigma que carga ante la sociedad
por haber permanecido durante más de un año privado de la libertad, pese a haber
sido exonerado de toda responsabilidad.
Normas violadas y concepto de violación
4. La parte demandante indicó como normas violadas, las siguientes:
● Preámbulo y artículos 1, 2, 11, 13, 16, 42, 44, 89, 90 y 93 de la Constitución
Política.
● Artículos 86, 136 a 139, 176 a 178, 206, 212 y ss del Decreto 01 de 1984.
● Ley 270 de 7 de marzo de 19965.
● Ley 74 de 26 de diciembre de 19686.
● Ley 16 de 30 de diciembre de 19727.
5 Por la cual se expide la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
6 Por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de
Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966".
7 Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José
de Costa Rica", firmado en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969”
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● Ley 600 de 24 de julio de 20008.
5. La parte demandante explicó el concepto de violación, en los siguientes
términos:
5.1. Indicó que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el
Estado es responsable por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia
y que toda privación de la libertad que concluya en sentencia absolutoria debe ser
indemnizada dado que los ciudadanos no deben soportar todos los costos del
ejercicio del poder punitivo del Estado aún en el caso en que la absolución fuera
el resultado del principio in dubio pro reo, con la única excepción de que la
privación de la libertad se haya producido por culpa exclusiva de la víctima, lo cual
no ocurrió en el presente asunto.
Contestaciones de la demanda
Nación -Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
6. La Nación -Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
contestó la demanda9 y se opuso a todas las pretensiones formuladas, así:
6.1. Indicó que no aparece en el expediente la demostración objetiva de los daños
antijurídicos que le pudieran acarrear responsabilidad administrativa y patrimonial,
toda vez que la Nación- Rama Judicial a través del Juzgado Penal del Circuito de
Lorica al proferir la sentencia absolutoria, puso fin al presunto hecho generador
del daño causante de los perjuicios.
6.2. En esa medida, argumentó que la ocurrencia del presunto hecho generador
de perjuicios debía ser atribuido a la entidad cuyos funcionarios lo generaron,
situación que en el caso concreto no correspondió a la Nación- Rama Judicial,
pues fueron estos los que se pronunciaron favorablemente, por lo cual adujo que
8 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.
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Mediante apoderado.
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la entidad que estaba llamada a responder de manera independiente y excluyente
es la Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía General de la Nación
7. La Fiscalía General de la Nación no contestó la demanda.
Sentencia de 5 de septiembre de 2013 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba dentro del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 23001 23 31 001 2009 00209
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8. El Tribunal Administrativo de Córdoba en la parte resolutiva de la sentencia,
resolvió:
“[…] Primero: Declárese probada la excepción de “Falta de Legitimación en la causa
por pasiva” a favor de la Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, conforme la motivación.
Segundo: DECLÁRESE a la Nación – Fiscalía General de la Nación, administrativa
y patrimonialmente responsable de los perjuicios causados al demandante
ANTOLÍN LUIS RUÍZ MARTÍNEZ, como víctima directa, y a los demás
demandantes, integrantes de su núcleo familiar, con ocasión de la privación injusta
de la libertad de que fuera objeto el primero, como sindicado de una conducta
punible de la cual fue absuelto.
Tercero: En consecuencia, CONDÉNASE a la Nación – Fiscalía General de la
Nación a pagar como indemnización tanto a la víctima directa, como a la madre e
hijos de aquel, las sumas equivalentes al correspondiente número de S.M.L.M.V.,
determinados para cada uno, en los distintos conceptos, en su orden por perjuicios
materiales y morales, detallados así:
3.1. Perjuicios Materiales:
a) A título de Lucro Cesante: Páguese a la víctima directa ANTOLÍN LUIS RUÍZ
MARTÍNEZ, en valor actual, la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($5’629.725, oo),
por los doce (12) meses y veintidós (22) días de detención, que compensa lo
supuestamente dejado de percibir por la víctima directa, durante el tiempo de
detención, actualizado.
3.2. Perjuicios Morales: De conformidad con la motivación y circunstancias del caso:
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3.2.1 Páguese a la víctima directa ANTOLIN LUIS RUÍZ MARTINEZ, el equivalente
a veinte (20) SMLMV, vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
3.2.2. Páguese a la cónyuge de la víctima, DALIA LUCIA BALLESTEROS
CARDENAS, la suma equivalente a diez (10) SMLMV, vigentes a la fecha de la
ejecutoria de la sentencia.
3.2.3 Páguese a los hijos de la víctima, BREYNER JOSE y MAILETH LORENA
RUIZ BALLESTEROS, la suma equivalente a diez (10) SMLMV, para cada uno de
ellos, a la fecha de la ejecutoria de la sentencia.
Cuarto: Todas las condenas a pagar por los distintos conceptos, están
determinadas en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, a la fecha de ésta
sentencia; por tanto, las respectivas sumas resultantes, sólo desde la ejecutoria de
la sentencia devengarán intereses moratorios hasta su pago efectivo, como dispone
el artículo 177.5 del C.C.A.
Quinto: Niéguense las demás pretensiones, de conformidad con la motivación.
Sexto: No hay lugar a condenas en costas. Se le dará cumplimiento a éste fallo de
conformidad con los términos establecidos en los artículos 176-178 del C.C.A […]”.
Consideraciones del Tribunal
9. Para fundamentar su decisión, el Tribunal Administrativo de Córdoba realizó un
análisis de las pruebas obrantes en el proceso para establecer que el señor Antolín
Ruíz Martínez fue objeto de detención preventiva en centro de reclusión, en virtud
de la investigación penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación, por el
presunto delito de “[…] homicidio en grado de tentativa […]”, fijando los extremos
temporales de la privación de su libertad por el lapso de once (12) meses y
veintidós (22) días.
9.1. Consideró que en la investigación adelantada por la Fiscalía General de la
Nación no se recaudaron de manera oportuna las pruebas necesarias para
decretar la medida de aseguramiento y luego proferir resolución de acusación,
toda vez que la única prueba con la que se contaba, fue la denuncia formulada por
la víctima del delito de homicidio en el grado de tentativa, quien posteriormente
retiró sus acusaciones y más tarde volvió a incriminar al señor Ruíz Martínez,
expresiones contradictorias que ponían en duda su mérito probatorio.
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9.2. A su vez, indicó que no se incorporó a la investigación prueba idónea de la
comisión de la conducta que se le atribuyó al señor Antolín Luis Ruiz Martínez,
como lo era la prueba de absorción atómica y no se practicó la experticia médica
legal a la historia clínica del denunciante, pruebas fundamentales para determinar
si efectivamente el señor Antolín Luis Ruiz Martínez accionó un arma de fuego.
9.3. En esa medida, concluyó que en el caso en concreto se configuró la
responsabilidad objetiva de la administración dado que en aplicación del principio
in dubio pro reo se absolvió al señor Antolín Luis Ruíz Martínez debido a la
imposibilidad de desvirtuarse la presunción de inocencia, por lo tanto, su privación
injusta de la libertad se erigía como el resarcimiento que debía ser reparado por
la Fiscalía General de la Nación en virtud de que fueron sus actuaciones y
decisiones la que directamente causaron el daño a la víctima e indirectamente a
sus familiares.
9.4. Por último, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación
– Rama Judicial, por cuanto la intervención del juez penal, había sido la que
rectificó el actuar del órgano investigador frente a la certeza probatoria de la
responsabilidad penal del señor Antolín Luis Ruíz Martínez.
Recursos de apelación
10. Las partes interpusieron, dentro del término legal, recursos de apelación contra
la sentencia proferida, en primera instancia, y los sustentaron con fundamento en
los siguientes argumentos:
Parte demandante
11. La parte demandante manifestó su desacuerdo con el Tribunal por su decisión
de declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
de la Nación -Rama Judicial, argumentando que debe ser declarada administrativa
y patrimonialmente responsable, en la medida que el Juzgado Penal del Circuito
de Lorica, de conformidad con el artículo 39 de la Ley 600, tuvo a su disposición
las herramientas constitucionales y legales para declarar la cesación del
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procedimiento y a pesar de ello, optó por esperar hasta la sentencia para
dictaminar la libertad del señor Antolín Luis Ruíz Martínez.
11.1. Solicitó aumentar el monto de los perjuicios morales decretados por el
Tribunal, toda vez que: i) vulneró el principio de equidad de reparación integral del
daño pues no determinó que aspectos tuvo en cuenta para reconocer las cuantías;
ii) desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado donde a personas con
menos afectaciones se les concedieron mayores sumas, violando la garantía de
igualdad constitucional; y iii) señaló que no se presentó un análisis integral de la
prueba testimonial, con la cual, a su juicio, se demostraba la existencia del daño
a la vida de relación.
11.2. Por último, respecto a la tasación de los perjuicios materiales por lucro
cesante, argumentó que no era procedente el descuento del 25% por gastos
personales, toda vez que esta actuación transgredía la competencia del Tribunal
al inmiscuirse en asuntos propios de la libertad de cada persona, como lo es la de
destinar los recursos a voluntad o de poder tener ingresos de otras fuentes.
Parte demandada
12. La Fiscalía General de la Nación10 solicitó revocar la sentencia proferida, en
primera instancia, y en su lugar se negaran las pretensiones de la demanda, con
base en los siguientes argumentos:
12.1. Indicó que, de conformidad, con la sentencia C-037 de 5 de febrero de
199611, proferida por la Corte Constitucional no debía ser declarada su
responsabilidad, toda vez que no se evidenció una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, señalando que el
régimen a aplicar era el objetivo, pues siempre debía analizarse la existencia de
una falla del servicio, la cual no se hallaba demostrada, debido a la necesidad de
la adopción de una detención preventiva en este caso, debido a los hechos que
implicaban al señor Antolín Ruiz en el delito investigado.
10 Mediante apoderado.
11 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa
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12.2. Adujo que las decisiones penales adoptadas al interior de dicho proceso
acataron las normas en que estas se fundan, concluyendo que la decisión del
Fiscal Instructor de imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva
obedeció a que las pruebas comprometían al señor Antolín Luis Ruiz Martínez en
la presunta comisión del punible, además de los mínimos necesarios para
previamente vincularlo a la investigación.
12.3. Asimismo, porque la decisión del Juzgado Penal del Circuito de Lorica, al
proferir sentencia absolutoria, se basó en el principio indubio pro reo, lo que
permitía inferir que no se produjo por una demostración de inocencia del señor
Antolín Luis Ruíz Martínez, sino por una insuficiencia probatoria de su
participación, que no da lugar a una hipotética detención injusta, puesto que el
interrogante gira en torno ya no a la conducta y responsabilidad en el delito, sino
a la probable participación del sujeto en el mismo.
La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
13. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 9 de julio de 2020, resolvió:
“[…] MODIFICAR la sentencia del 5 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, la cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR patrimonial y administrativamente responsables a la Nación
– Fiscalía General de la Nación y a la Nación – Rama Judicial, por los daños
antijurídicos causados por la privación injusta de la libertad del señor Antolín Luis
Ruíz Martínez.
SEGUNDO: Como consecuencia, condénese a la Nación – Fiscalía General de la
Nación y la Nación – Rama Judicial por los siguientes conceptos:
A. Por concepto de lucro cesante, para el señor Antolín Luis Martínez, la cantidad
de once millones cuatrocientos noventa y nueve mil veinticinco pesos m/cte. ($
11.499.025). De la anterior suma, la cantidad de nueve millones novecientos
ochenta y cinco mil seiscientos sesenta y siete pesos ($9.985.667) estarán a
cargo de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la suma de seis millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil cincuenta y ocho pesos ($6.457.058) estará
a cargo de la Nación – Rama Judicial. (sic)
B. Por concepto de indemnización de perjuicios morales se deberá reconocer a
favor de Antolín Luis Ruíz Martínez, Dalía Lucí Ballesteros, Breyner José Ruíz
Ballesteros y Maileth Lorena Ruíz Ballesteros el equivalente de 81.16 smlmv,
para cada uno. Teniendo en cuenta el salario mínimo vigente a la fecha de
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ejecutoria de esta providencia.
Las anteriores sumas que arrojan en total un valor de 324,64 smlmv, de los
cuales, 197,16 smlmv estarán a cargo de la Nación – Fiscalía General de la
Nación y los 127,48 smlmv restantes en cabeza de la Nación – Rama Judicial.
TERCERO: Las anteriores condenas, lo son sin perjuicio de que los
demandantes puedan reclamar la totalidad a cualquiera de las entidades
condenadas, que en todo caso tendrán la posibilidad de repetir o exigir lo relativo
al porcentaje pagado en exceso.
CUARTO: A título de reparación no pecuniaria de los derechos al buen nombre
y dignidad humana, la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Nación –
Rama Judicial, a través de sendas misivas personales dirigidas al señor Antolín
Luis Martínez y su familia le ofrecerán disculpas por la detención injusta de la
que fue objeto. Dichas entidades deberán coordinar con el aquí demandante si
es suficiente con que el documento le sea entregado personalmente a él o si,
además, debe publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de cada
entidad. Esta medida deberá cumplirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria
de la presente providencia.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Dese cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de
segunda constancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
[…]”.
Consideraciones de la Subsección B de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
14. Para sustentar su decisión, desarrolló sus consideraciones, señalando que el
estudio debía realizarse de la siguiente manera: i) identificar el daño y su
antijuridicidad; ii) analizar la legalidad de la medida de privación de la libertad bajo
una óptica subjetiva; y iii) verificar a quién es imputable el daño antijurídico; en
todos los casos debe analizarse la culpa de la víctima como causal eximente de
responsabilidad.
Sobre la existencia del daño
15. Encontró probado que el señor Antolín Luis Ruíz Martínez, como consecuencia
del proceso penal, fue capturado el 22 de mayo de 2007 y estuvo privado de la
libertad por el presunto homicidio en grado de tentativa hasta el 13 de junio de
2008, esto es, por un tiempo total de 12 meses y 22 días.
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Análisis de la legalidad de la medida respecto de la Fiscalía General de la Nación
16. Consideró que, para analizar la legalidad de la medida restrictiva de la libertad
del señor Antolín Luis Ruiz Martínez, debía tenerse en cuenta que su detención
obedeció a que presuntamente fue aprehendido en situación de flagrancia, luego
de que la víctima del supuesto delito de homicidio en el grado de tentativa, el señor
Julio César Hernández López, lo señalara como uno de sus agresores. No
obstante lo anterior, indicó que uno de los aspectos que en el momento de la
absolución resaltó el Juez Penal del Circuito de Lorica, consistió en que, en su
parecer, nunca hubo en realidad una situación de flagrancia que ameritara la
captura de Antolín Luis Ruíz Martínez.
17. Asimismo, señaló que según el artículo 352 de la Ley 600, una vez el fiscal
tuvo noticia de la aprehensión, contaba con un término de 36 horas para proceder
a su legalización, norma de la que se entiende que es necesario que la autoridad
instructora procediera a revisar si el procedimiento de captura se realizó de
manera legal, lo cual, no ocurrió en el presente caso, pues la Fiscalía Veintitrés
Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Lorica no se pronunció sobre si la
aprehensión se realizó o no en situación de flagrancia.
18. Adicional a lo anterior, consideró que nunca hubo verdaderamente una captura
en situación de flagrancia bajo las condiciones dispuestas en el artículo 346 de la
Ley 600, toda vez que: i) el señor Ruíz Martínez nunca fue sorprendido en el
momento de cometer la conducta punible; ii) tampoco fue identificado o
individualizado al momento de realizar el supuesto ilícito, ya que esto ocurrió
tiempo después, bajo las indicaciones de la víctima que solo fueron recibidas
mediante miembros de la policía, sobre las cuales se revelaron dudas, ya que
durante el trámite cambió en dos ocasiones su versión de los hechos; y iii) no se
evidenció que fuera capturado con objetos de los cuales se desprendiera que
momentos antes hubiera cometido un ilícito, ya que la presunta arma con la que
se disparó no fue hallada y menos en posesión del capturado.
19. Indicó que pese a tales falencias, el señor Antolín Luis Ruíz Martínez continuó
privado de la libertad y aunque le fue practicada la prueba de absorción atómica
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los resultados nunca fueron aportados al proceso penal, circunstancia que hubiera
sido de gran utilidad para efectos de dictar la medida de aseguramiento, previa a
la cual el presunto implicado señaló en su indagatoria que era totalmente ajeno a
los hechos, aunque sí dijo conocer a la víctima durante el tiempo que ejerció como
policía.
20. Consideró que para la verificación de la legalidad de la medida de
aseguramiento, en vigencia de la Ley 600, se debían tener en cuenta los
siguientes aspectos: i) que la medida fuera procedente, esto es, que conforme a
los artículos 356 y 357 la clase de delito establezca la posibilidad de una detención
preventiva y que aparezcan probados dos indicios graves de responsabilidad; y ii),
que acorde con el artículo 355 ibidem la medida restrictiva de la libertad cumpliera
con los criterios de necesidad y proporcionalidad.
21. Consideró que en el caso concreto no se identificó de manera adecuada los
indicios. Además, determinó que, en cuanto a la necesidad de la medida de
aseguramiento, la Fiscalía en su momento no realizó un análisis respecto de si la
detención preventiva en este caso era la idónea para evitar la alteración
probatoria, impedir el desarrollo de la conducta delictiva y garantizar la
comparecencia del investigado.
22. En suma, indicó que se trataba de una serie de falencias que llevaban a
determinar que “[…] no hubo una adecuada valoración del procedimiento de
captura, pues no lo fue en flagrancia; tampoco se estructuraron los dos indicios
graves de responsabilidad penal y no hubo una valoración sobre la necesidad de
decretar la medida restrictiva de la libertad, criterios todos que eran indispensables
para justificar la medida privativa de la libertad, que ponen en duda sus
fundamentos fácticos y a la par revelan una falla del servicio por parte del ente
investigador al momento de dictar la medida de aseguramiento […]”.
Análisis de la legalidad de la medida respecto de la Nación- Rama Judicial
23. Precisó que, de conformidad con el artículo 363 de la Ley 600, si bien contra
el señor Antolín Luis Ruíz Martínez ya pesaba una medida de aseguramiento
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vigente previo a la etapa de juicio, ello no significaba que, una vez conocido el
proceso por el juez, no le fuera posible realizar un control de tal medida, sin que
fuera necesario esperar hasta el momento de dictar sentencia de primera
instancia.
24. Así, en el presente caso no advirtió que el Juzgado Penal del Circuito de Lorica
hubiere desplegado la facultad de revisar la legalidad de la medida de
aseguramiento, siendo que desde el momento en que el proceso entró a la etapa
de juicio ya era posible darse cuenta de las irregularidades cometidas durante la
investigación, las cuales advirtió al momento de proferir la sentencia absolutoria.
25. Por las razones anteriormente expuestas consideró que tanto la Fiscalía
General de la Nación como la Rama Judicial incurrieron en falla del servicio, por
cuanto “[…] dentro del proceso penal desconocieron sus deberes obligacionales
establecidos en la Ley 600, al mantener privado de la libertad al accionante Antolín
Luis Ruíz Martínez, sin que existiera certeza o prueba suficiente sobre la relación
de este con la comisión del ilícito investigado, cuya tipificación incluso se puso en
duda al final del proceso penal […]”. Además, no se encontró probado alguna
causal exonerativa de responsabilidad por culpa de la víctima.
Determinación de los perjuicios y su reparación
26. Indicó que con relación al lucro cesante la jurisprudencia del Consejo de
Estado12 ha considerado que, con ocasión de una actividad lucrativa cuyo
desempeño no se pudo continuar por razón de una medida privativa de la libertad,
e igualmente, de probarse la actividad pero no los ingresos, se presumía que se
devengaba el salario mínimo legal mensual vigente, incrementándose las
prestaciones sociales en un 25% en caso de que existiera relación laboral.
27. En el caso concreto no se reconoció el incremento del 25% de la relación
laboral por cuanto no se solicitó de manera expresa en la demanda y desestimó
el 25% por concepto de gastos personales, toda vez que este porcentaje tiene
aplicación en los eventos de muerte, situación que no ocurrió en el caso concreto.
12
Sentencia de Unificación de la Sección Tercera del 18 de junio de 2019, exp. n.º 44572
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28. En lo que respecta a los perjuicios morales y su tasación en el marco de una
privación injusta de la libertad, trajo a colación la jurisprudencia del Consejo
Estado13, la cual estableció que para su acreditación bastaba con demostrar el
parentesco de los familiares más cercanos y que la cuantía del perjuicio resultaba
de establecer el periodo que duró la privación de la libertad, de modo que, si esta
fue superior a 12 meses e inferior a 18 meses, el tope máximo a reconocer es de
90 s.m.l.m.v.
29. Como en el caso de la referencia, el señor Antolín Luis Ruíz Martínez
permaneció privado de la libertad por un periodo de 12 meses y 22 días, reconoció
de manera proporcional a cada uno de los demandantes la suma de 81,16
s.m.l.m.v., cuyo valor debía ser pagado de acuerdo con los días en que cada
entidad demandada tuvo competencia sobre la víctima, arrojando la suma de
197,16 s.m.l.m.v. a cargo de la Nación – Fiscalía General de la Nación y 127,48
s.m.l.m.v. a cargo de la Nación – Rama Judicial.
30. Respecto del daño a la vida de relación, consideró que no resultaba viable
reconocerlo, toda vez que la Sección Tercera en pronunciamiento de unificación14
señaló que los perjuicios inmateriales son: i) el daño moral; ii) el daño a la salud;
y iii) daños por afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente amparados como el buen nombre al honor o a la honra; por
lo tanto, cuando efectuó un análisis de los argumentos establecidos en el recurso
de apelación, constató que efectivamente se ocasionó un padecimiento interno a
las víctimas, no obstante, los motivos empleados para acreditar el denominado
daño a la vida en relación, en realidad se encontraban inmersos en la
denominación genérica de daño moral, cuya indemnización previamente había
sido reconocida con sus respectivos parámetros.
31. Por último, ordenó a las entidades demandadas que, a criterio del señor
Antolín Luis Ruíz Martínez, le expresaran disculpas junto a su familia por la
vulneración al buen nombre y a la dignidad de la que fue objeto con ocasión de la
privación de la libertad, para lo cual debían coordinar con el demandante si dicha
13
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación
jurisprudencial del 287 de agosto de 2014. Exp. No. 36149. M.P. Hernán Andrade Rincón (E.)
14
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp n.º 32988.
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medida reparadora de bienes y derechos convencional y constitucionalmente
relevantes, se debía efectuar mediante una publicación en las plataformas de
comunicación y difusión de cada uno de los entes condenados, o si con una misiva
de cada entidad era suficiente.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión
35. La Nación -Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial15
presentó la demanda que contiene el recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia de 9 de julio de 2020 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa identificado
con el número único de radicación 23001 23 31 000 2009 00209 01, e invocó la
causal prevista en el numeral 5. ° del artículo 250 de la Ley 1437 de 18 de enero
de 201116.
Pretensiones
34. La parte recurrente presentó las siguientes pretensiones:
“[…] Que se revoque el numeral 4° de la sentencia de fecha de 9 de julio de 2020,
proferida por la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado. […]
35. Para sustentar la causal de revisión expuso que la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado:
35.1. Profirió la sentencia de forma incongruente y extra petita en la medida que
fundamentó su decisión con argumentos que no fueron planteados por los
demandantes en el escrito de la demanda ni en los recursos de apelación
interpuestos, especialmente respecto de la orden de expresar disculpas como una
de las formas de reparación integral.
15
Mediante apoderado.
16
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
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35.2. No aplicó el criterio jurisprudencial establecido en la sentencia de unificación
de 28 de agosto de 201417, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado
que estableció las características y medios de reparación del daño a bienes
convencional y constitucionalmente protegidos, toda vez que no acreditó la
existencia de estos perjuicios y prescindió de realizar una valoración probatoria de
los mismos, en consecuencia, presumió su existencia y procedió a reconocerlos.
35.3. Adujo que es improcedente que en la sentencia cuestionada se ordene al
Director Ejecutivo de Administración Judicial expedir un comunicado en el que
ofrezca disculpas al señor Antolín Luis Ruiz Martínez y a su familia por el daño
antijurídico causado con la privación de su libertad, desconociendo la autonomía
e independencia de las autoridades judiciales y administrativas, y
desnaturalizando el ámbito de las funciones estatutarias del Director Ejecutivo.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
36. La parte demandada, debidamente notificada, guardó silencio en esta
oportunidad procesal.
Concepto del Ministerio Público
37. El señor Agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
38. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en los siguientes términos;
i) la competencia de la Sala; ii) la procedencia y término para interponer el recurso
extraordinario de revisión; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de revisión; v) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el numeral 5.º del
artículo 250 de la Ley 1437; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
17
Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2014, rad. 05001-23-25-
000-1999-01063-01(32988), M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
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sobre el principio de congruencia en las providencias judiciales y vii) el análisis de
la causal de revisión, los cuales se desarrollarán a continuación:
Competencia de la Sala
39. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 18, sobre la
procedencia del recurso extraordinario de revisión; ii) 249 ibidem19, sobre
competencia para conocer los recursos extraordinarios de revisión; iii) 111 ibidem,
en especial, el numeral 2.°20 sobre las funciones de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y iv) 29, en especial el numeral 1.° del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 201921 esta Sala es competente para resolver el recurso
extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de 9 de julio de 2020
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión
40. Visto el artículo 251 de la Ley 1437, sobre el término para interponer el recurso
extraordinario de revisión que dispone:
“[…] Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la
ejecutoria de la respectiva sentencia […]”
41. En el caso sub examine, la sentencia recurrida fue proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 9 de julio de 2020. Asimismo,
la sentencia quedó ejecutoriada el 4 de septiembre de 2020 y el recurso
extraordinario de revisión se interpuso el 1.° de septiembre de 2021; es decir
dentro del término indicado en el artículo 251 de la Ley 1437.
Problema jurídico
42. En el caso sub examine, el problema jurídico que la Sala debe resolver
consiste en determinar si se configura o no la causal de revisión señalada en el
18 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
19 Artículo adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
20 Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 2080.
21 Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437; en especial, determinar: i) si la
sentencia recurrida fue proferida en forma incongruente; ii) si el disenso frente a
la valoración de las pruebas y de los criterios jurisprudenciales adoptados dentro
del proceso ordinario; y iii) la condena impuesta al Director Ejecutivo de
Administración Judicial, son causales que generen la nulidad en la sentencia
recurrida y, en consecuencia, si se declara o no fundado el recurso extraordinario
de revisión.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del recurso extraordinario de
revisión
43. Vistos los artículos: i) 248 de la Ley 1437, sobre procedencia; ii) 24922 ibidem,
sobre competencia; iii) 250 ibidem, sobre causales de revisión; iv) 251, sobre el
término para interponer el recurso; y v) 252 ibidem, sobre requisitos del recurso
44. Atendiendo a que el recurso extraordinario de revisión es un medio de
impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa
juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.
45. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia 23, lo
cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada
y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que,
excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas
específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer
el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en
atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio
extraordinario de impugnación.
46. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso
y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el
legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo
22
Adicionado por el artículo 68 de la Ley 2080.
23
Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José
Gregorio Hernández Galindo.
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cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice
para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes,
o para controvertir juicios de valor del fallador24. Al respecto, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación25 ha considerado lo siguiente:
“[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la
tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto
del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez
más
[…]
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite
propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso,
hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia
ejecutoriada […]”.
47. En efecto, el artículo 250 de la Ley 1437, enumera las causales que pueden
proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás dan
cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que,
de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia
por la vía del recurso extraordinario que se analiza.
48. Los requisitos del recurso están enunciados en el artículo 252 de la Ley 1437,
que prevé que debe interponerse mediante escrito que reúna los siguientes
requisitos: i) la designación de las partes y sus representantes; ii) el nombre y
domicilio del recurrente; iii) los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento;
iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada; v) el poder para su
interposición y vi) las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder
y solicitará las que pretende hacer valer.
49. En suma, la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el
inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 27 de abril de 2004,
C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194, identificada con núm. único de radicación
1100103150001998016401.
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia proferida el 12 de agosto de
2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, identificada con núm. único de radicación
11001031500020130211000.
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proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales
circunstancias taxativamente señaladas en la ley.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la causal señalada en el
numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437
50. Visto el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, dispone como causal de revisión
la de “[…] existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra
la que no procede recurso de apelación […]”. Sin embargo, debido a que el
legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se considera que se ha
configurado la citada causal, ha sido la jurisprudencia del Consejo de Estado la que
ha dotado de contenido esta disposición26.
51. En esa medida, en relación con las irregularidades sustanciales del
procedimiento que pueden considerarse como nulidad originada en la sentencia,
la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado27 ha sostenido que son,
a modo enunciativo, las siguientes:
51.1. Cuando sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso
terminado normalmente por sentencia en firme.
51.2. Cuando sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el
auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o
declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente
concluido.
51.3. Cuando se profiere sentencia, como única actuación, sin el previo trámite
correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia.
51.4. Cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta.
26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 16, sentencia del 5 de mayo de 2020, número único
de radicación 11001-03-15-000-2017-02519-00.
27 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sentencia proferida el 3 de febrero de
2015, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, identificada con núm. único de radicación
11001031500020090049400.
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51.5. Cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello
se pretermite íntegramente la instancia.
51.6. Cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida
cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en estos
casos, antes de la oportunidad debida.
51.7. Cuando el juez provee sobre aspectos respecto de los cuales carece de
jurisdicción o competencia.
51.8. Cuando la providencia carece de motivación.
51.9 Cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; o cuando fue adoptada con un número
de votos diferente del previsto en la ley.
52. En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado,
para probar la configuración de la causal, se ha considerado que, por regla
general, no es posible “[…] alegar como fundamento del recurso, alguna causa de
nulidad acaecida en una etapa previa a la sentencia, ya que ‘la proposición de
nulidades procesales se encuentra sometida a las reglas de oportunidad y
legitimación previstas en el artículo 142 del Código de Procedimiento Civil [hoy,
artículo 134 del Código General del Proceso], sin perjuicio del deber que el artículo
145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio las nulidades insaneables que
observe antes de dictar sentencia […]’”28. Sin embargo, en algunos casos se ha
aceptado la proposición de la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de
la sentencia, siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el
recurrente, evento en el que la parte demandante debe probar que efectivamente
no tuvo la posibilidad de proponer la nulidad en el curso del proceso.
28 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 13, sentencia del 7 de junio de 2016, número único
de radicación 11001-03-15-000-2015-02493-00.
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23
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53. Asimismo, que la anomalía sea de tal magnitud que configura un defecto
insanable de la actuación, al punto que, de no presentarse ese yerro, la decisión
adoptada hubiese sido distinta29. Dentro de este grupo de anomalías se
encuentran las relacionadas con: i) irregularidades que constituyen causal de
nulidad del proceso previstas en las normas procesales y que solo pudieron ser
advertidas en la sentencia: y ii) los vicios que contiene la propia sentencia y que
pueden derivar en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que conciernan
al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la forma de aplicación
de una determinada norma.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el principio de
congruencia en las providencias judiciales
54. Vistos los artículos: i) 281 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 30, sobre
congruencia; ii) 320 ibidem, sobre fines de la apelación; y iii) 328 ibidem, sobre
competencia del superior.
55. Esta Corporación31 ha definido el principio de congruencia como “[…] el
principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que
deben proferirse, de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas
por las partes, para el efecto de que exista identidad jurídica entre lo resuelto y las
pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas oportunamente aducidas,
a menos que la ley otorgue facultades especiales para separarse de ellas […]”, es
decir, que el alcance y contenido de una providencia está delimitado por las
pretensiones, existiendo una correspondencia entre esta y los hechos que se
esgrimen en la demanda y en su contestación.
29 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión número 26, sentencia del 14 de agosto de 2018, número
único de radicación 11001-03-15-000-2014-03093-00; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 18 de noviembre de 2018, radicado 11001-03-25-000-2015-00996-00; y Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión número 22, sentencia del 3 de diciembre de 2019, número único de radicación
11001-03-15-000-2019-00894-00.
30
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de noviembre
de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 13001 23 31 000 2001 02023 01.
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24
Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 05873 00
56. La citada sentencia señaló que la congruencia debe ser interna y externa. La
primera obedece a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y
resolutiva de la sentencia; y la segunda, la externa, que la decisión contenida en
la resolutiva se encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda como en
su contestación o en los recursos interpuestos.
57. Asimismo, indicó que en los procesos ordinarios el recurso de apelación tiene
límites, pues debe guardar correspondencia con el petitum de la demanda, los
fundamentos fácticos y jurídicos que la sustentan, los argumentos de oposición a
la misma y las consideraciones que sirven de sustento al a quo para fundamentar
su sentencia. No de otra forma se respetan los derechos al debido proceso, a la
igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.
58. Por último, se determinó que en aplicación del principio de congruencia el juez
puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las normas legales
pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes, siempre y cuando,
como regla general, sus consideraciones se desplieguen en el marco de las
pretensiones del proceso y con base en el acervo probatorio debatido en el mismo.
En concordancia con lo anterior, se han señalado los eventos en los que se
presenta incongruencia de la sentencia. Sobre el particular ha indicado lo
siguiente:
“[…] de conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil, aplicable a este asunto en virtud de la remisión prevista en el
artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, la sentencia resulta
incongruente cuando se falla de manera extrapetita, es decir, "por objeto distinto
del pretendido en la demanda" o "por causa diferente a la invocada en esta";
asimismo, en los eventos en que se condena al demandado de manera ultra petita,
esto es, “por cantidad superior a la solicitada en la demanda” e, incluso, si se omite
decidir sobre alguna de las pretensiones invocadas en el libelo introductorio del
proceso, lo que da cuenta de una decisión mínima petita.
Con el fin de establecer si se estructura alguna de las anteriores circunstancias
corresponde comparar las pretensiones de la respectiva demanda con la sentencia
dictada, para determinar si esta resulta o no acorde con lo solicitado y en caso de
advertirse que el juez de primera instancia decidió por fuera de lo pedido, la
condena deberá ajustarse de manera oficiosa […]”32
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A; Sentencia de
17 de agosto de 2017; C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; número único de radicación
41001233100020020092801.
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Número único de radicación: 11001 03 15 000 2021 05873 00
59. Del criterio jurisprudencial citado se concluye que: i) la sentencia debe ser
congruente con los hechos y las pretensiones de la demanda; ii) el Juez en su
ejercicio hermenéutico puede traer a colación los análisis sobre el alcance de las
normas legales pertinentes, aunque no hayan sido planteados por las partes,
siempre y cuando, sus consideraciones se enmarquen en las pretensiones del
proceso y se fundamenten en el acervo probatorio debatido en el mismo y iii) se
presenta una sentencia incongruente cuando: a) se falla de manera extra petita,
es decir, "[…] por objeto distinto del pretendido en la demanda […]” o "[…] por
causa diferente a la invocada en esta […]"; b) en los eventos en que se condena
al demandado de manera ultra petita, esto es, "[…] por cantidad superior a la
solicitada en la demanda […]” y c) cuando se omite decidir sobre alguna de las
pretensiones invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuanta de
una decisión mínima petita.
Análisis de la causal de revisión
60. La Sala procede a considerar si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios jurisprudenciales citados en acápites anteriores, para la
configuración de la causal señalada en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley
1437, en los siguientes términos:
Sobre la presunta incongruencia de la sentencia
61. Para determinar si la sentencia recurrida fue proferida de forma incongruente,
en la medida que fundamentó su decisión con argumentos que no fueron
planteados por la parte actora en la demanda y en el recurso de apelación
interpuesto, se tiene lo siguiente:
61.1. El señor Antolín Luis Ruiz Hernández y otros, en la demanda de reparación
directa, solicitó como pretensiones que: i) se declarara administrativa y
patrimonialmente responsables a la Nación -Rama Judicial -Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por los daños y
perjuicios antijurídicos que le fueron causados a los demandantes, con ocasión de
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la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Antolín Luis Ruiz
Martínez; y ii) condenar a las entidades demandadas al reconocimiento de los
perjuicios morales, materiales y por perjuicios a la vida de relación o de placer.
61.2. El Tribunal Administrativo de Córdoba en la sentencia proferida en primera
instancia, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda así: i) declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-
Rama Judicial; ii) declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la
Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad del señor
Antolín Luis Ruíz Martínez; y iii) lo condenó al reconocimiento y pago de perjuicios
materiales (lucro cesante) y morales, excluyendo de estos últimos lo relacionado
con lo correspondiente a la vida en relación.
61.3. La parte demandante en el proceso ordinario presentó recurso de apelación,
argumentando que: i) la Nación Rama Judicial debía ser declarada administrativa
y patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad; ii) asimismo,
solicitó aumentar el monto de los perjuicios morales decretados por el Tribunal; iii)
señaló que no se presentó un análisis integral de la prueba testimonial, con la cual,
a su juicio, se demostraba la existencia del daño a la vida de relación; y iv) respecto
a la tasación de los perjuicios materiales por lucro cesante, argumentó que no era
procedente el descuento del 25% por gastos personales.
61.4. A su vez, la Fiscalía General de la Nación presentó el recurso de apelación,
argumentando que, en síntesis, no debía ser declarada su responsabilidad, toda
vez que no se evidenció una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria
de los procedimientos legales, señalando que el régimen a aplicar era el objetivo,
pues siempre debía analizarse la existencia de una falla del servicio, la cual no se
hallaba demostrada, debido a la necesidad de la adopción de una detención
preventiva en este caso, debido a los hechos que implicaban al señor Antolín Ruiz
en el delito investigado.
61.5. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la
sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión, consideró que:
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61.5.1. La Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación fueron
patrimonial y administrativamente responsables por los daños antijurídicos
causados al señor Antolín Luis Ruíz Martínez y a su núcleo familiar.
61.5.2. Como consecuencia de la anterior declaración, condenó a las entidades
demandadas a reparar por los conceptos de lucro cesante y perjuicios morales las
sumas equivalentes a los criterios jurisprudenciales establecidos, teniendo en
cuenta para su cálculo los periodos en los cuales la víctima directa del daño estuvo
bajo la competencia de cada entidad, sin perjuicio de que se pudiera reclamar la
totalidad de la suma a cualquiera de las entidades condenadas.
61.5.3. A título de reparación no pecuniaria, las entidades demandadas debían
ofrecer disculpas al señor Antolín Luis Ruíz Martínez y a su familia, esto por cuanto
la privación de su libertad constituyó un menoscabo al buen nombre y la dignidad
humana de los integrantes de la familia y por consiguiente, una afectación
relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados.
62. Realizado el anterior recuento, esta Sala considera toda vez que, con
fundamento en el concepto de violación, la contestación de la demanda y los
recursos de apelación interpuestos por las partes, los problemas jurídicos
desarrollados en las instancias giraron en torno a resolver si:
62.1. La medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía General de la Nación,
consistente en detención preventiva en centro de reclusión del señor Antolín Luis
Ruíz Martínez por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa fue o no
injusta.
62.2. El Juzgado Penal del Circuito de Lorica actuó de manera oportuna y diligente
en la revisión de la legalidad de esta medida de aseguramiento, esto, teniendo en
cuenta que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia del señor Antolín Luis
Ruíz Martínez y ello condujo a que fuera exonerado de responsabilidad mediante
sentencia absolutoria y si ello daba lugar a la reparación de los perjuicios
ocasionados.
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63. De esta manera, se puede concluir que la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
desarrolló los argumentos expuestos en los recursos de apelación, considerando
que de las pruebas obrantes en el expediente y de los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto había lugar a declarar responsables
administrativamente a las entidades demandadas, toda vez que examinados los
presupuestos que sustentaron la imposición de la medida de aseguramiento
consistente en detención preventiva en centro carcelario, se encontró que hubo
errores “[…] fáciles de evidenciar […]” y que las autoridades judiciales pasaron por
alto, además de decisiones desacertadas producto de yerros en la apreciación de
los hechos y de las pruebas, así como la indebida aplicación de las normas, en
especial de la Ley 600, vigente en la época de la ocurrencia de los hechos.
64. Ahora bien, es preciso indicar que para el reconocimiento de los perjuicios
materiales y morales se fundamentó en los criterios jurisprudenciales establecidos
por la Sección Tercera, en especial, en la sentencia de unificación de 28 de agosto
de 201433.
64.1. En efecto, respecto a la consideración según la cual la privación de la libertad
ocasionó un daño al buen nombre y a la dignidad del señor Antolín Ruíz Martínez,
lo que desató una afectación relevante a bienes y derechos convencional y
constitucionalmente amparados, y en esa medida, ordenó de manera oficiosa que
las entidades demandadas se disculparan en aras de reparar integralmente a las
víctimas, la citada jurisprudencia, determinó:
“[…] 15.4. Así, en los casos de perjuicios por vulneraciones o afectaciones
relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, se
reafirman los criterios contenidos en la sentencia precitada. En esta oportunidad la
Sala, para efectos de unificación de la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, precisa:
15.4.1. El daño a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados
tiene las siguientes características:
33 Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. Radicación número: 05001-23-25-000-1999-01063-
01(32988) actor: Félix Antonio Zapata González y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional. CP. Ramiro Pazos Guerrero.
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i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos
contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o
afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto,
es una nueva categoría de daño inmaterial.
ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un
efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y
convencionales.
iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está
condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los
perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento
previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos
de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica
particular.
iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos
del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al grado de intensidad de la
afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y
disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.
15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:
i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en
el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a)
restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de
manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas
originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las
posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo
posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño;
(c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos
constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización
efectiva de la igualdad sustancial.
ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este
tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y
cuando aparezca acreditada su existencia.
iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la
lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a)
permanente y los parientes hasta el 1º de consanguinidad, incluida la relación
familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas "de
crianza", en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre
ellos.
iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no
pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no
indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a
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consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá
otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante
el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso,
siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en
el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a
la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado.
v) Es un daño que requiere de un presupuesto de declaración: debe existir una
expresa declaración de responsabilidad del Estado por la existencia de un daño a
bienes constitucionales y convencionales imputables al mismo, y se deben justificar
y especificar las medidas de reparación integral adecuadas y pertinentes al caso,
de tal manera que el Estado ejecute el debitum iuris. Las medidas de reparación
integral operarán teniendo en cuenta la relevancia del caso y la gravedad de los
hechos, todo con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar
las relevantes violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de
garantía de verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el
derecho internacional.
vi) Es un daño frente al cual se confirme el rol del juez de responsabilidad
extracontractual como reparador integral de derechos vulnerados, sin desconocer
que las indemnizaciones que tradicionalmente han venido siendo reconocidas
impactan directa o indirectamente en los derechos de las víctimas; sin embargo, en
tratándose de vulneraciones o afectaciones relevantes a derechos constitucional y
convencionalmente amparados, se impone la necesidad de que el juez acuda a
otras medidas, con el fin de reparar plenamente a las víctimas.
15.4.3. En aras de evitar una doble reparación, el juez deberá verificar ex ante: (a)
que se trate de una vulneración o afectación relevante de un bien o derecho
constitucional o convencional; (b) que sea antijurídica; (c) que en caso de ordenarse
una indemnización excepcional, no esté comprendida dentro de los perjuicios
materiales e inmateriales ya reconocidos, y (d) que las medidas de reparación sean
correlativas, oportunas, pertinentes y adecuadas al daño generado. […]”.
(Subrayado por la Sala).
64.2. De lo anterior se colige que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado se encontraba facultada para el reconocimiento de los
perjuicios inmateriales derivados de afectaciones relevantes a bienes o derechos
convencional y constitucionalmente amparados y, contrario a lo señalado por la
entidad recurrente, procede no solo a solicitud de parte, sino también de oficio “[…]
con el propósito de restablecer la dignidad de las víctimas, reprobar las relevantes
violaciones a los derechos humanos y concretar las medidas de garantía de
verdad, justicia, reparación, no repetición y las demás definidas por el derecho
internacional […]”, sin que ello signifique la vulneración de derecho fundamental
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alguno para la parte vencida en el juicio y más, cuando no existe duda en la
concreción del daño.
64.3. Por ende, el juez puede disponer las reparaciones de carácter no pecuniario
que considere frente a afectaciones a derechos constitucional y
convencionalmente protegidos, como el buen nombre establecido en el artículo
15 de la Constitución Política, cuando encuentre demostrado el perjuicio, como
ocurrió en este caso con lo dispuesto frente a las disculpas por parte de la Nación-
Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en la medida en
que resultó razonable concluir que la privación de la libertad del señor Antolín Luis
Ruíz Martínez causó un grave perjuicio a su buen nombre.
65. Por lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en su ejercicio hermenéutico profirió la
sentencia con la competencia propia que le otorgaba los argumentos de la
demanda, su contestación y los recursos de apelación, en la cual realizó el análisis
sobre las normas legales pertinentes y sus consideraciones se enmarcaron en las
pretensiones del proceso y se fundamentaron en el acervo probatorio debatido en
el mismo, quedando desvirtuada la vulneración al principio de congruencia, toda
vez que se encuentra acorde con el objeto y con las causas invocadas por las
partes.
Sobre la presunta falta de valoración probatoria y la no aplicación de una sentencia
judicial
66. La parte recurrente indicó que la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado no aplicó el criterio jurisprudencial establecido en la sentencia
de unificación de 28 de agosto de 201434, proferida por la Sección Tercera del
Consejo de Estado que estableció las características y medios de reparación del
daño a bienes convencional y constitucionalmente protegidos, toda vez que no
acreditó la existencia de estos perjuicios y prescindió de realizar una valoración
34
Sección Tercera del Consejo de Estado, sentencia del 28 de agosto de 2014, rad. 05001-23-25-
000-1999-01063-01(32988), M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero.
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probatoria de los mismos, en consecuencia, presumió su existencia y procedió a
reconocerlos.
67. En los términos en que fue propuesto el cargo, es evidente que, la causal de
revisión de nulidad originada en la sentencia por este cargo, no está llamada a
prosperar, toda vez que el supuesto defecto no corresponde a alguno de los
presupuestos legales y jurisprudenciales que podrían viciar de nulidad la sentencia
recurrida, en la medida que los argumentos del recurso se encaminan a convertir
esta etapa procesal en una tercera instancia, al pretender revivir el debate
probatorio al controvertir la valoración realizada por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado de las pruebas aportadas y decretadas dentro de
las instancias, en las que determinó que la afectación del derecho al buen nombre
era consecuencia directa de la concreción del daño antijuridico soportado por
quien fuere privado de la libertad, definidos como bienes o derechos convencional
y constitucionalmente amparados, así como del análisis normativo y los criterios
jurisprudenciales adoptados en la decisión recurrida, reproches que no son
propios de la causal alegada y que escapan al objeto del recurso extraordinario de
revisión. Al respecto, esta Corporación ha reiterado35:
“[…] No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia, motivados en
que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se aplicó una
determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en que se
interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas observaciones
escapan al ámbito de la aludida causal […]”.
68. Por lo tanto, los argumentos de inconformidad expuestos por la parte
demandante en este cargo cuestionan la autonomía e independencia del
funcionario judicial, lo que impide la prosperidad del recurso.
Sobre la presunta falta de competencia del Director Ejecutivo de Administración
Judicial
69. La parte recurrente adujo que es improcedente que en la sentencia
cuestionada se ordene al Director Ejecutivo de Administración Judicial expedir un
35
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P
Mauricio Fajardo Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
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comunicado en el que ofrezca disculpas al señor Antolín Luis Ruiz Martínez y a su
familia por el daño antijurídico causado con la privación de su libertad,
desconociendo la autonomía e independencia de las autoridades judiciales y
administrativas, y desnaturalizando el ámbito de las funciones estatutarias del
Director Ejecutivo.
70. Sobre este punto, es preciso indicar que el numeral 8.° del artículo 99 de la
Ley 270, dispone como funciones del Director Ejecutivo de Administración Judicial,
entre otras “[…] Representar a la Nación-Rama Judicial en los procesos judiciales
para lo cual podrá constituir apoderados especiales […]“ y, en esa medida, si bien
el perjuicio no se predica directamente por alguna actuación de la citada entidad,
es la llamada a representar a la Nación - Rama Judicial.
71. Por lo anteriormente expuesto, se considera que no se configura la causal de
revisión alegada.
Condena en costas
72. Vistos los artículos: i) 25536 de la Ley 1437; ii) 361 de la Ley 1564 sobre la
composición de las costas; iii) 365 ibidem en especial, su numeral 8.º37, sobre
condena en costas; iv) 366 ibidem, sobre liquidación de costas y agencias en
derecho y v) el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, en especial, los artículos 2.°38
sobre criterios para la fijación de agencias en derecho y 5.°39 sobre las tarifas de
las agencias en derecho.
36 Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080.
37 “[…] Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya
controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los
casos especiales previstos en este código.
[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación […]”.
38 “Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro
del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso
y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
39 Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS. […]
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V. […]
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73. Atendiendo a que la condena en costas: i) están integradas por la totalidad de
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en
derecho; ii) para su imposición se deben tener en consideración las reglas
previstas en el artículo 365 de la Ley 1564; iii) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación 40;
y iv) en la determinación de las agencias en derecho se tendrán en cuenta los
criterios para su fijación y las tarifas indicadas por el Consejo Superior de la
Judicatura.
74. En el caso sub examine, la Sala considera que no hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, en la medida que, si bien se declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto, no se acreditó
probatoriamente su causación, es decir, no aparece prueba alguna que acredite
los gastos en que incurrió la parte demandada para su defensa.
Conclusiones de la Sala
75. Así las cosas, se declarará infundado el recurso propuesto, al no encontrarse
acreditada las causales de anulación esgrimidas, con lo que no se advierte la
configuración de la causal de revisión del numeral 5.º del artículo 250 de la Ley
1437, por lo cual resultan suficientes para no invalidar la sentencia objeto de
revisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión
Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración
40
Numeral 8 del art. 365 de la Ley 1564.
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Judicial contra la sentencia de 9 de julio de 2020 proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 23001 23 31 000 2009 00209 01,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso
extraordinario de revisión y DEVOLVER el cuaderno contentivo de la acción de
reparación directa al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto
CARMELO PERDOMO CUÉTER PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado Consejero de Estado
Con aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Quince Especial de
Decisión en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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