Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05898-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-05898-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-05898-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
12 de diciembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DIECINUEVE ESPECIAL DE DECISIÓN
Bogotá D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP
Demandada: MABEL QUINTERO CONTRERAS
Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP, contra la sentencia de 23 de julio de 2020,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación núm.
25000-23-42-000-2013-00484-01.
I. ANTECEDENTES
I.1. Proceso ordinario
I.1.1. Demanda
1. Mabel Quintero Contreras, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo
138 de la Ley 1437 de 18 de enero 20111, instauró demanda contra la UGPP, para
que se declarara: (i) la nulidad de la Resolución RDP 014630 de 7 de noviembre de
2012, mediante la cual se negó la solicitud de reliquidación de la pensión; y (ii) la
nulidad de la Resolución RDP 021483 de 28 de diciembre de 2012 que, en sede del
recurso de apelación, confirmó el acto recurrido.
2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los citados actos
administrativos y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) la reliquidación
de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores que constituyen
salario, devengados en el último año de servicio; (ii) se establezca como mesada
pensional la suma de “[…] $ 2.816.208.06 […]”, a partir del 1 de enero de 2009; y
1
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
2
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
(iii) se ordene a la demandada efectuar los ajustes anuales a que haya lugar, desde
la fecha de adquisición del derecho pensional.
3.Sostuvo que la demandante tiene derecho a que se reliquide su mesada
pensional con la inclusión de todos los factores salariales devengados en el último
año de servicio, según lo dispuesto en las Leyes 33 de 29 de enero de 19852 y 62
de 16 de septiembre de 19853, por ser beneficiara del régimen de transición de la
Ley 100 de 23 de diciembre de 19934.
I.1.2. Contestación
4.La entidad demandada no contestó la demanda, pese a que fue legalmente
notificada.
I.1.3. Sentencia de primera instancia
5. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 18 de junio de 2015, anuló los actos demandados
y ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Mabel Quintero
Contreras con el 75% del promedio del total de factores devengados en el último
año de servicios, es decir: sueldo, prima técnica, pago del encargo y una doceava
de las primas de navidad, vacaciones, servicios y de la bonificación por servicios
prestados.
6.Argumentó que la accionante es beneficiaria del régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que, a 30 de junio de 1995, fecha
de entrada en vigencia de esta norma, tenía más de 35 años de edad. Por lo
anterior, la normativa aplicable al reconocimiento pensional de la señora Mabel
Quintero Contreras es la dispuesta en las Leyes 33 y 62 de 1985.
7. Advirtió que, acogiendo la posición adoptada por la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en sentencia de unificación de 4 de agosto de 20105, la pensión de
jubilación de la demandante se debía liquidar teniendo en cuenta todo lo devengado
en el último año de prestación de servicios. Adicionalmente, indicó que la Caja de
Previsión Social tenía que efectuar los descuentos por aportes para pensión sobre
los conceptos que no fueron objeto de deducción. Bajo esos argumentos, decidió lo
siguiente:
“[…] PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones RDP 014630 de 7 de
noviembre de 2012 y RDP 021483 de 28 de diciembre de 2012, por medio de las
cuales la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP niega
a la demandante la reliquidación de su pensión de jubilación.
2
“[…] Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el
Sector Público […]”.
3
“[…] Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985 […]”.
4
“[…] Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones […]”.
5
Radicación núm.: 2006-07509, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ayala.
3
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
SEGUNDO. CONDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a reliquidar la pensión de jubilación de la señora
MABEL QUINTERO CONTRERAS, en cuantía equivalente del 75% del promedio del
total de factores devengados en el último año de servicios prestados incluyendo como
factores salariales sueldo, prima técnica, pago encargo, (1/12) prima de navidad,
(1/12) prima de vacaciones, (1/12) prima de servicios y (1/12) bonificación por
servicios.
TERCERO. CONDÉNASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP a pagarle a la parte demandante las diferencias de
las mesadas pensionales resultantes entre los valores que le reconoció y los que le
debe reconocer de acuerdo a los numerales anteriores. […]” (negrilla y subrayado del
texto).
I.1.4. Recurso de apelación
8. La UGPP interpuso recurso de apelación contra el fallo de 18 de junio de 2015,
porque estimó que al ser la demandante beneficiaria del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debían revisar los requisitos de
edad, tiempo de servicio o semanas de cotización y monto, entendido como el
porcentaje o tasa de reemplazo, contemplados en las Leyes 33 y 62 de 1985; y en
lo que corresponde al cálculo del ingreso base de liquidación, tener en cuenta lo
establecido en el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
9. Manifestó que las providencias proferidas por la Corte Constitucional tienen
fuerza vinculante, por lo que correspondía emplear los lineamentos contenidos en
las sentencias SU-230 de 20156 y C-259 de 2013, en esta última se analizó el
régimen especial consagrado en el artículo 17 de la Ley 4 de 18 de mayo 19927 y
se hizo una interpretación en abstracto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
aplicable al caso concreto.
I.1.5. Sentencia de segunda instancia
10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
providencia de 23 de julio de 2020, modificó el numeral segundo de la sentencia de
18 de junio de 2015, en los siguientes términos:
“[…] CÓNDENASE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL – UGPP -, a reliquidar la pensión de jubilación de la señora Mabel Quintero
Contreras, con la inclusión, además de la asignación básica y la bonificación por
servicios prestados, de los factores salariales devengados durante los 10 años
anteriores al retiro del servicio, esto es, las horas extras (devengadas en el año 1999),
el sobresueldo de 20% por coordinación (devengado durante los años 2002, 2003 y
2004) y el pago por encargo (devengado durante los años 2007 y 2008), por las
6
En esta decisión se dio alcance y efectos erga omnes a la aplicabilidad del régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
7
“[…] Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación
del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública
y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad
con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política […]”.
4
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. […]” (negrilla del
texto).
11. Consideró que el problema jurídico a resolver en segunda instancia consistía en
determinar si la señora Mabel Quintero Contreras tenía derecho a la reliquidación
de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios.
12. Señaló que, en sentencia de 28 de agosto de 20188, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia en
relación con el índice base de liquidación (IBL) de las pensiones reconocidas en
virtud del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En
esta decisión se fijaron dos subreglas, así: (i) a aquellas personas que al momento
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el
derecho prestacional, el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento
de la pensión, de lo contrario, esto es, si les faltare menos de 10 años, el IBL será
el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo, el que fuere superior; y (ii) para la liquidación de la pensión
se debían incluir únicamente los factores salariales respecto de los cuales se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones y que se encuentren
consagrados expresamente en la ley.
13. En armonía con lo anterior, sostuvo que la pensión de jubilación reconocida a la
demandante se debía liquidar con “[…] la tasa de reemplazo equivalente al 75 %
sobre el IBL señalado anteriormente, según lo establece el artículo 36 de la Ley 100
de 1993 y los factores salariales consagrados en el Decreto 1158 de 1994 que
devengó y sobre los que cotizó durante los últimos 10 años antes de adquirir el
estatus pensional el 29 de julio de 2008 […]”.
14. En consecuencia, ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la señora Mabel
Quintero Contreras, pues advirtió que, durante los 10 años anteriores al retiro del
servicio, devengó los siguientes factores: “[…] el sueldo, la bonificación por servicios
prestados, las horas extras devengadas en el año 1999, el pago por encargo
(devengado en los años 2007 y 2008) y el sobresueldo del 20% por coordinación
(devengado en los años 2002, 2003 y 2004) […]”.
15. Por último, decidió no condenar en costas, toda vez que prosperaron
parcialmente las pretensiones de la demanda.
II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
II.1. El recurso extraordinario - causales invocadas-
16. La UGPP, por intermedio de apoderada judicial, instauró recurso extraordinario
de revisión en el que solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones:
8
Radicación núm.: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
“[…] 1. Revocar parcialmente la sentencia proferida el 23 de julio de 2020, por el
Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección “A”, que modificó, y confirmó la sentencia de primera instancia
proferida el 18 de junio de 2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “A”, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurado por la señora MABEL
QUINTERO CONTRERAS, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP, en tanto tomó de manera errada para la
reliquidación de (sic) pensión de jubilación, el factor salarial de sobresueldo de 20%
por coordinación (devengado durante los años 2002, 2003, 2004) y sobre el que no
se descontaron aportes para pensión; siendo el caso reliquidar la pensión de
jubilación solo con los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
2. Declarar que la señora MABEL QUINTERO CONTRERAS, no le asiste el derecho
a que la pensión de jubilación reconocida le sea reliquidada con el factor salarial de
sobresueldo de 20% por coordinación (devengado durante los años 2002, 2003 y
2004), es decir que deberá excluirse el concepto de: sobresueldo de 20%.
3. Declarar que la pensión reconocida a favor de la señora MABEL QUINTERO
CONTRERAS debe calcularse conforme con las previsiones del inciso 3º del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, al tenor de lo expresado por la H. Corte Constitucional en
(sic) sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y el Decreto 1158 de 1994, siendo
el caso incluir única y exclusivamente la asignación básica, el pago por encargo y las
horas extras para efectos del cálculo de la mesada pensional.
4. Declarar que la señora MABEL QUINTERO CONTRERAS debe efectuar la
devolución de las sumas pagadas en virtud del acto de reconocimiento de la
reliquidación de pensión jubilación, debidamente indexadas, al no haber lugar al pago
de valor alguno en virtud de tal prestación. […]”. (negrilla del texto).
17. En criterio de la revisionista, en el caso bajo estudio se configura la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 del 29 de enero de 20039, según
la cual procede la revisión de una sentencia cuando la cuantía del derecho
reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva
que le eran legalmente aplicables.
18. Como sustento de la causal invocada, expuso que la señora Mabel Quintero
Contreras es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, que mantiene las condiciones de edad, tiempo y monto -
entendido como tasa de reemplazo- del régimen pensional anterior; sin embargo,
en relación con el ingreso base de liquidación, dispone que corresponde al promedio
de los salarios devengados en el tiempo que le hiciera falta para adquirir el estatus
pensional o en los últimos 10 años de servicio y, únicamente, autoriza el cómputo
de los factores salariales contenidos en el Decreto 1158 de 3 de junio de 199410.
19. Arguyó que el factor denominado sobresueldo del 20% por coordinación es una
remuneración mensual a favor de los docentes cuando desarrollan determinadas
labores, bien sea en preescolar, como directivos o coordinadores.
9
“[…] Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales […]”.
10
“[…] Por el cual se modifica el artículo 6 del Decreto 691 de 1994 […]”.
6
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
20. Destacó que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en sentencia de 2 de mayo de 201311, consideró que:
“[…] El sobresueldo del 20% no puede reconocerse a directivos docentes que
no ejerzan funciones propias de tales empleos, en este particular caso
Coordinador Académico o de Disciplina, excepto cuando se trate de una comisión
para desarrollar actividades pedagógicas en instituciones del sector educativo. Ahora,
la sola adscripción o asignación de funciones no da derecho a su reconocimiento,
pues solo generaría en la medida en que el cargo directivo se desempeña en
propiedad, por razón de una comisión o en virtud de un encargo. […]”. (negrilla del
texto).
21. Señaló que el sobresueldo del 20% por coordinación es una remuneración que
se creó exclusivamente a favor de los directivos docentes, en sus diversas
categorías. En ese sentido, sostuvo que la demandada se desempeñó como
Profesional Universitario en el cargo de Secretario Ejecutivo, por lo que no cumplía
con los requisitos para que se incluyera este factor en la reliquidación de la pensión.
22. Adicionalmente, indicó que, del análisis de los certificados de factores salariales
allegados al expediente, se puede concluir que no se realizaron los descuentos por
aportes para pensión respecto al denominado sobresueldo del 20% por
coordinación, razón por la cual procedía la reliquidación de la pensión sin la
inclusión de este factor y teniendo en cuenta, únicamente, los conceptos
establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
23. Solicitó
la suspensión provisional del fallo cuestionado, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 238 de la Constitución Política y 229 de la Ley 1437.
24. Concluyó que se ordenó el pago de una prestación no ajustada a derecho, ni a
los parámetros fijados por la jurisprudencia12 sobre la interpretación de las normas
sobre el régimen de transición pensional, lo que genera un perjuicio a la UGPP y al
erario, pues se dispone la reliquidación de una pensión en valor superior al que
corresponde.
II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión
25. El recurso extraordinario de revisión fue presentado el 2 de septiembre de 2021
ante la Secretaría General del Consejo de Estado, y luego de efectuarse el
correspondiente reparto, se asignó su conocimiento a la Sala Diecinueve Especial
de Decisión, con la radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00.
26. Mediante proveído de 6 de octubre de 2021, se rechazó por improcedente la
medida cautelar formulada por la UGPP y se inadmitió el recurso de la referencia,
con el propósito de que la apoderada judicial de la entidad demandada informara el
lugar y dirección de notificación de su poderdante. Esta decisión se notificó el 10 de
noviembre de 202113.
11
“[…] radicado 2005-10366 […]”.
12
Para el efecto, citó las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: C-168 de 1995, C- 258 de 2013, Auto
324 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-631 de 2017, Auto-229 de 2017, SU
023 de 2018, T-039 de 2018, entre otras; y la sentencia de 28 de agosto de 2018, dictada por el Consejo de Estado.
13
Cfr. Índice 8 del expediente digital.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
27. El 18 de noviembre de 2021, la apoderada judicial de la entidad recurrente
subsanó el defecto indicado.
28. En decisión de 26 de enero de 2022, se admitió el recurso extraordinario de
revisión y se solicitó a la Secretaría de la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que allegara el expediente ordinario
núm.: 25000-23-42-000-2013-00484-00; expediente debidamente incorporado al
plenario y que se encuentra visible en el índice 21 del expediente digital.
29. Mediante auto de 3 de mayo de 2022, el magistrado sustanciador: (i) se abstuvo
de dar trámite al recurso de reposición que, aparentemente, había presentado el
apoderado de la demandada, al no haberse indicado la providencia contra la cual
se interponía, ni las razones por las cuales se apartaba de la decisión recurrida; (ii)
resolvió sobre el decreto y práctica de las pruebas solicitadas por las partes; y (iii)
reconoció personería al abogado Jairo Cabezas Arteaga para ejercer la
representación judicial de la señora Mabel Quintero Contreras.
30. El 23 de junio de 2022, el Consejero de Estado, doctor William Hernández
Gómez, en su calidad de ponente de la Sala Diecinueve Especial de Decisión,
manifestó su impedimento para conocer del asunto, con fundamento en las causales
previstas en los numerales 1. y 2. del artículo 141 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201214, por haber integrado la sala de decisión que profirió la sentencia objeto de
revisión.
31. En providencia de 25 de julio de 2022, la Sala Diecinueve Especial de Decisión
declaró fundado el impedimento manifestado por el doctor William Hernández
Gómez. En consecuencia, el despacho ponente de la presente decisión asumió el
conocimiento del proceso.
32. El 8 de marzo de 2023 se decretaron las siguientes pruebas de oficio:
“[…] 2. Para efectos de proferir decisión de fondo, se estima necesario decretar
pruebas de oficio, con el fin de contar con información que conste en documentos
legibles y claros, que certifiquen respecto de la señora Mábel Quintero Contreras (c.c.
41.644.754), en los años 2002, 2003 y 2004: (i) la denominación del empleo público
desempeñado (nombramiento), lugar de prestación del servicio, funciones asignadas
o delegadas o encargadas y situaciones administrativas presentadas en este
interregno (traslados, suspensiones, incapacidades, vacaciones, etc), allegando
copia de los actos administrativos que lo soportan; (ii) los emolumentos devengados
(sus valores de manera independiente) por los servicios prestados, discriminados
mes a mes; (iii) los factores y valores tenidos en cuenta, mes a mes, para realizar los
aportes a seguridad social en pensión, y (iv) contar con explicación del porqué se le
pagó el sobresueldo del 20% por coordinación, debiéndose anexar los actos
administrativos que soportan dicha decisión.
3. En este sentido, se solicitará a la Secretaría de Educación del Departamento de
Cundinamarca y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag,
remitir la anterior información y documentos de soporte, sin perjuicio de que puedan
ser aportados por las partes.
14
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
4. También se pedirá de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que alleguen copia, en
medio digital o físico y claramente legible, del expediente administrativo pensional de
la señora Mábel Quintero Contreras (c.c. 41.644.754).
5. Del mismo modo, se hace necesario requerir de la Subsección A, de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que remita, en medio digital o
físico, claramente legible, copia de los folios 52 a 58 (por ambas caras) del cuaderno
principal y folios 17 y 20 (por ambas caras) del cuaderno de anexos del expediente
con radicado 25000-23-42-000-2013-00484-00, correspondiente al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho de Mábel Quintero Contreras vs UGPP.
[…]” (negrilla del texto).
33. ElTribunal Administrativo de Cundinamarca15 y la UGPP16 remitieron la
documentación requerida mediante providencia del 8 de marzo de 2023. A su vez,
el Fomag17 indicó que corrió traslado de la solicitud probatoria a la Secretaría de
Educación del departamento de Cundinamarca, teniendo en cuenta que la
información reposa en dicha entidad.
34. En proveído de 29 de mayo de 2023 se requirió a la Secretaría de Educación del
departamento de Cundinamarca y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio para que remitieran las certificaciones solicitadas en auto de 8 marzo de
2023.
35. La Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca 18 dio respuesta
a lo solicitado y adjuntó la siguiente documentación correspondiente a la señora
Mabel Quintero Contreras: (i) Certificación Electrónica de Tiempos Laborados –
CETIL; (ii) copia de la Resolución núm. 002892 de 7 de mayo de 200819; y (iii)
certificación laboral.
36. Mediante decisión de 10 de agosto de 2023, se corrió traslado a las partes de los
documentos aportados por la Secretaría de Educación del departamento de
Cundinamarca.
37. En escrito de 22 de agosto de 2023, la apoderada judicial de la UGPP20 consideró
que se debía complementar la prueba remitida por la Secretaría de Educación del
departamento de Cundinamarca, porque no se allegaron “[…] los actos
administrativos de nombramiento solicitados ni la explicación del porqué se le pagó
el sobresueldo del 20% por coordinación, junto con los actos administrativos que
soportan dicha decisión […]”.
38. En auto de 29 de septiembre de 2023 se requirió a la Secretaría de Educación
del departamento de Cundinamarca para que remitiera: “[…] (i) copia de los actos
administrativos de nombramiento y posesión de la señora Mabel Quintero Contreras
respecto del empleo público desempeñado en la Institución Educativa
Departamental Diversificado Chía (Cundinamarca), durante los años 2002, 2003 y
15
Cfr. Índice 48 del expediente digital.
16
Cfr. Índice 49 del expediente digital.
17
Cfr. Índice 50 del expediente digital.
18
Cfr. Índice 66 del expediente digital.
19
“[…] Por la cual se reconoce y ordena un segundo pago parcial del retroactivo de nivelación salarial por concepto de
homologación de empleos correspondiente a los años 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 […]”.
20
Cfr. Índice 77 del expediente digital.
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
2004; (ii) copia del acto administrativo de asignación de funciones de dicho empleo
durante el periodo identificado en el numeral anterior, y (iii) rinda explicación de por
qué se le pagó a dicha funcionaria el sobresueldo del 20% por coordinación,
debiéndose anexar los actos administrativos que soportan tal decisión. […]”.
39. En cumplimiento de lo anterior, el 19 de octubre de 2023, la Secretaría de
Educación del departamento de Cundinamarca remitió por medio de correo la
documentación solicitada.
II.3. Intervención de la señora Mabel Quintero Contreras
40. La demandada, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las
pretensiones del recurso extraordinario de revisión, con fundamento en los
siguientes argumentos:
41. Señaló que no existe vulneración del derecho al debido proceso, toda vez que la
decisión recurrida se dictó con fundamento en la jurisprudencia vigente sobre la
interpretación del régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.
42. Advirtió que, en el caso concreto, no se debe aplicar lo considerado por la Corte
Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 204 y demás decisiones
citadas en el recurso extraordinario de revisión, toda vez que podría generarse la
vulneración de los artículos 4, 29, 48, 53, 93 y 230 de la Constitución Política y el
desconocimiento de la sentencia de unificación proferida el 28 de agosto de 2018
por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, pues la
sentencia recurrida hizo tránsito a cosa juzgada y no puede ser objeto de un nuevo
estudio.
II.4. Ministerio Público
43. Guardó silencio21.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
III.1. Competencia y oportunidad
44. El artículo 248 de la Ley 1437 dispone que el recurso extraordinario de revisión
procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
por los tribunales administrativos y por los juzgados administrativos.
45. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado contra las
sentencias proferidas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 de la Ley 1437 prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sin exclusión de la Sección que profirió la decisión.
21
Cfr. Índice 14 del expediente digital.
10
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
46. De conformidad con el artículo 107 ibidem, las Salas Especiales de Decisión del
Consejo de Estado decidirán los procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo en los asuntos que esta última les encomiende,
salvo en los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por
inconstitucionalidad.
47. Al respecto, el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –Reglamento
Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de las Salas
Especiales de Decisión, dispuso lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes
asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las
Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
[…]”.
48. Los artículos 251 y 252 de la Ley 1437 prevén que este recurso extraordinario
puede interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia, mediante escrito que debe reunir los requisitos establecidos en esta
última disposición, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y las que pretenda hacer valer.
49. En el caso concreto, se advierte que la UGPP, el 2 de septiembre de 202122,
presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 23 de julio de
2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho núm.: 25000-
23-42-000-2013-00484-01; providencia que fue notificada por correo electrónico el
16 de septiembre de 202023 y quedó ejecutoriada24 el 21 de septiembre de 2020, es
decir, que el recurso se presentó antes del vencimiento del término de un año que
señala la norma.
50. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario
de revisión de la referencia, en la medida en que fue instaurado oportunamente y
promovido contra una sentencia ejecutoriada proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, motivo por el cual se cumplen los
presupuestos procesales para su estudio de fondo.
III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
51. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.
22
Cfr. Índice 2 del expediente digital.
23
Cfr. Índice 21 del expediente digital.
24
Conforme con el artículo 302 de la Ley 1564.
11
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
52. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en la sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:
“[…] Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede
llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal
situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que
hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta.
En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los
efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido
[…]”.
53. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver alterada
la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
expresamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras 25;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido26.
54. Por tal razón, el recurso extraordinario de revisión no puede ejercerse como un
medio de impugnación para abordar el fondo del asunto que fue objeto de análisis
en el trámite ordinario, pues se trata de un mecanismo de control autónomo que
vincula su procedencia a las causales previstas por el legislador en los artículos 250
de la Ley 1437 y 20 de la Ley 797. Es por ello que, su naturaleza excepcional impide:
(i) reabrir el debate jurídico, probatorio o fáctico propio de las instancias ordinarias;
(ii) subsanar las omisiones de las partes en el curso del proceso; y (iii) cuestionar la
interpretación normativa del juez natural.
III.3. De las causales especiales de revisión previstas en la Ley 797 de 2003
55. El artículo 20 de la Ley 797 previó dos razones cualificadas de revisión para
efectos de controvertir providencias judiciales que reconocen la obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza con cargo al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública, en los siguientes términos:
“[…] Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro
público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en
cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de
dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de
Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud
del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del
Procurador General de la Nación.
25
Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. M.P.: Eduardo Montealegre Lynett.
26
Ibidem.
12
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una
transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario
de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las
causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo
con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables27 […]”
(los apartes subrayados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-835 de 23 de septiembre de 2003) (negrilla fuera de texto).
56. Al respecto, en la exposición de motivos del proyecto de Ley 797 se enfatizó en
la necesidad de crear sistemas sociales solidarios, justos para todos los ciudadanos
y económicamente factibles y duraderos. Bajo ese entendido, se consideró oportuno
implementar un mecanismo que permitiera revisar las pensiones otorgadas de
forma irregular o por montos que exceden lo establecido en la ley, con el fin de
abordar los casos de corrupción, prevenir los perjuicios que podría sufrir la Nación
y reducir el déficit fiscal.
57. La Corte Constitucional, en la sentencia C-835 de 200328, señaló que la
transcrita disposición estableció una acción de revisión sui generis, cuyo ejercicio
tiene las siguientes características: (i) está restringida a una parte activa calificada,
es decir, son determinadas entidades las llamadas a instaurarla; (ii) procede
únicamente por dos causales específicas que tienen por finalidad la protección y
recuperación del patrimonio público, y (iii) su objeto es limitado y el análisis se dirige
a establecer la legalidad de las sumas periódicas que han sido reconocidas.
58. Visto lo anterior, la Sala procederá a efectuar el análisis de fondo de los
argumentos expuestos en el recurso, para, luego, determinar si se configura o no la
causal de revisión invocada por la parte recurrente.
III.4. Problema jurídico
59. Corresponde determinar si se configura o no la causal del literal b) del artículo 20
de la Ley 797, dado que, según la demandante, la señora Mabel Quintero Contreras
no tenía derecho a que se reliquidara su mesada pensional con la inclusión del
sobresueldo del 20% por coordinación, devengado durante los años 2002, 2003 y
2004, en razón a que: no ocupó el cargo y funciones requeridas legalmente para el
reconocimiento de este factor; no se efectuaron los descuentos correspondientes
por aportes para pensión; y este concepto no está enlistado en el Decreto 1158 de
1994.
60. Del análisis de los argumentos planteados por la revisionista, la Sala Especial
de Decisión evidencia que su inconformidad se concreta en los siguientes cargos:
27
La expresión subrayada fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-835 de 23 de septiembre de
2003, como se explicará infra.
28
Corte Constitucional. Sentencia C – 835 de 23 de enero de 2003. M.P.: Jaime Araújo Rentería.
13
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
61. (i) La falta de cumplimiento de los requisitos para que se reliquidara la pensión
con la inclusión del sobresueldo del 20% por coordinación, devengado los años
2002, 2003 y 2004, porque la señora Mabel Quintero Contreras no desempeñó el
cargo de docente directivo ni funciones de coordinación.
62. (ii) La inclusión del sobresueldo del 20% por coordinación en los años 2002,
2003 y 2004 para la reliquidación de la pensión, sin tener en cuenta que no se
efectuaron los descuentos por aportes para pensión y que este concepto no está
enlistado en el Decreto 1158 de 1994.
III.5. La falta de cumplimiento de los requisitos para que se reliquidara la
pensión con la inclusión del sobresueldo del 20% por coordinación,
devengado los años 2002, 2003 y 2004, porque la señora Mabel Quintero
Contreras no desempeñó el cargo de docente directivo ni funciones de
coordinación
63. En lo atinente a este cargo, la Sala evidencia que la UGPP pretende que se
excluya de la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Mabel Quintero
Contreras, el sobresueldo del 20% por coordinación, que devengó en los años 2002,
2003 y 2004, porque, a su juicio, no tenía derecho a percibir este concepto al no
haber desempeñado las funciones de coordinador, ni ocupar el cargo de docente
directivo en dicho periodo, pues estuvo vinculada en el cargo de Profesional
Universitario como Secretario Ejecutivo.
64. La Sala precisa que en el fallo objeto de revisión se abordó el siguiente problema
jurídico:
“[…] Acorde con lo expresado en el recurso de apelación de la entidad demandada,
corresponde a la Sala de Subsección establecer ¿si la señora Mabel Quintero
Contreras tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión
de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios? […]”.
65. Conforme se observa, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en el cual se profirió la sentencia objeto del presente recurso, tuvo por
objeto decidir sobre la procedencia de la reliquidación de la pensión de jubilación
que le fue reconocida a la señora Mabel Quintero Contreras, respecto al ingreso
base de liquidación. En dicho asunto, las partes no plantearon ni debatieron la
legalidad de los conceptos devengados en el tiempo que estuvo vinculada al
departamento de Cundinamarca, por ello los jueces de instancia limitaron el estudio
a los aspectos que fueron sometidos a su conocimiento.
66. Así las cosas, es claro que no era dable que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado estudiara si el concepto denominado sobresueldo
del 20% por coordinación que devengó la señora Mabel Quintero Contreras le fue
pagado por haber cumplido los requisitos para su reconocimiento.
67. Aunadoa lo anterior, se considera que este mecanismo extraordinario de
impugnación fue concebido por el legislador para que los entes de previsión social
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Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
y las entidades públicas mencionadas en el artículo 20 de la Ley 797 puedan
accionar contra una sentencia judicial ejecutoriada y que ha hecho tránsito a cosa
juzgada, con el fin de obtener la corrección de la misma, cuando se concede una
prestación periódica cuyo monto o cuantía excede lo legalmente previsto; sin que
ello habilite al juez revisor para ahondar en el estudio de asuntos ajenos a la cuantía
del derecho que le fue reconocido al beneficiario.
68. De acuerdo con lo expuesto, la acción especial de revisión no es el medio de
defensa judicial idóneo para examinar si las funciones y cargo que desempeñó la
señora Mabel Quintero Contreras en los años 2002, 2003 y 2004, le permitían
percibir el sobresueldo del 20% por coordinación.
69. En virtud de lo expuesto, se advierte que el cargo planteado por el revisionista
no configura la causal del literal b) del artículo 20 de la Ley 797.
III.6. La inclusión del sobresueldo del 20% por coordinación en los años 2002,
2003 y 2004 para la reliquidación de la pensión, sin tener en cuenta que no se
efectuaron los descuentos por aportes para pensión y que este concepto no
está enlistado en el Decreto 1158 de 1994
70. La recurrente manifestó que en la sentencia proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado se ordenó la inclusión del sobresueldo del
20% por coordinación, devengado por la señora Mabel Quintero Contreras en los
años 2002, 2003 y 2004, sin que se hubieran efectuado los descuentos por aportes
para pensión sobre este concepto, motivo por el que manifestó que la pensión de
jubilación debía liquidarse únicamente teniendo en cuenta los factores establecidos
en el Decreto 1158 de 1994, acogiendo lo dispuesto en las sentencias proferidas
por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la materia.
71. Para resolver este cargo, la Sala precisa que el juez ordinario de segunda
instancia determinó que la pensión de jubilación reconocida a la señora Mabel
Quintero Contreras debía calcularse de acuerdo con el período de liquidación y los
factores sobre los cuales realizó aportes, como se transcribe a continuación:
“[…] Ahora bien, a fin de determinar si a la accionante le asiste derecho a la
reliquidación pensional solicitada, es necesario verificar las reglas y subreglas fijadas
en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018:
REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
«ARTÍCULO 36: RÉGIMEN DE Edad: nació el 29 de julio Goza del régimen
TRANSICIÓN. […] de 1953 (f.7), es decir que de transición por
La edad para acceder a la pensión de para el 30 de junio (sic) tener más de 35
vejez, el tiempo de servicio o el número 1995 (en tanto era años de edad y 15
de semanas cotizadas, y el monto de la empleada del orden años de servicios a
pensión de vejez de las personas que al territorial) tenía 41 años de la entrada en
momento de entrar en vigencia el edad. vigencia de la Ley
Sistema tengan treinta y cinco (35) o más Tiempo de servicio: 100 de 1993, para
años de edad si son mujeres o cuarenta Laboró en la Secretaría empleados del
(40) o más años de edad si son hombres, Distrital de Integración orden territorial.
o quince (15) o más años de servicios Social de Bogotá D.C., de
cotizados, sería la establecida en el manera continua, entre el
20 de enero de 1975 y el
15
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
régimen anterior al cual se encuentren 31 de marzo de 2012 (fl. 6,
afiliados» (Subraya de la sala). C1)
Al 30 de junio de 1995
tenía cumplidos más de 15
años de servicio oficial (20
años exactamente),
REQUISITOS PENSIÓN DE JUBILACIÓN LEY 33
«ARTÍCULO 1.° El empleado oficial que Tiempo de servicios: Acreditó requisitos
sirva o haya servido veinte (20) años laboró por más de 28 años de pensión de
continuos o discontinuos y llegue a la desde el 28 de julio de jubilación. Ley 33
edad de cincuenta y cinco (55) tendrá 1980 hasta el 30 de de 1985, esto es,
derecho a que por la respectiva Caja de diciembre de 2008 (f. 56 más de 20 años de
Previsión se le pague una pensión anexo). servicio público y
mensual vitalicia de jubilación 55 años de edad
equivalente al setenta y cinco por ciento Edad: Cumplió 55 años de
(75%) del salario promedio que sirvió de edad el 29 de julio de
base para los aportes durante el último 2008.
año de servicio.» (Subraya fuera de
texto).
PERIODO PARA LIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
«[…] 94. La primera subregla es que para Consolidación del La pensión de
los servidores públicos que se pensionen estatus pensional: el 29 jubilación se debe
conforme a las condiciones de la Ley 33 de julio de 2008 por liquidar con el
de 1985, el periodo para liquidar la cumplimiento de la edad promedio de los
pensión es: (f. 57 anexo) en el año salarios o rentas
• Si faltare menos de diez (10) años 2000 cumplió los 20 años sobre los cuales
para adquirir el derecho a la pensión, el de servicio en el sector ha cotizado la
ingreso base de liquidación será (i) el público). afiliada durante los
promedio de lo devengado en el tiempo Tiempo que faltaba para diez (10) años
que les hiciera falta para ello, o (ii) el consolidarlo a la entrada anteriores al
cotizado durante todo el tiempo, el que en vigencia de la Ley reconocimiento de
fuere superior, actualizado anualmente 100: más de 10 años (del la pensión.
con base en la variación del Índice de 30 de junio de 1996 al 29
Precios al consumidor, según de julio de 2008).
certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el
ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre
los cuales ha cotizado el afiliado durante
los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que
expida el DANE, cotizados […]»
FACTORES SALARIALES PARA INCLUIR EN LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
«[…] 96. La segunda subregla es que los Factores devengados y Los factores para
factores salariales que se deben incluir cotizados: sueldo, pago computar son el
en el IBL para la pensión de vejez de los por encargo (devengado sueldo, la
servidores públicos beneficiarios de la en los años 2007 y 2008), bonificación por
transición son únicamente aquellos prima técnica (como factor servicios
sobre los que se hayan efectuado los no salarial), prima de prestados, las
aportes o cotizaciones al Sistema de navidad, prima de horas extras
Pensiones […]» servicios, prima de devengadas en el
vacaciones, bonificación año 1999, el pago
Factores Decreto 1158 de 1994: a) por servicios prestados, por encargo
asignación mensual, b) gastos de bonificación por (devengado en los
representación, c) prima técnica, cuando recreación (como factor años 2007 y 2008)
sea factor de salario, d) primas de no salarial, horas extras y el sobresueldo
antigüedad, ascensional y de (en el año 1999) y del 20% por
capacitación cuando sean factor de sobresueldo del 20% por coordinación
salario, e) remuneración por trabajo coordinación (en los años (devengado en los
dominical o festivo, f) remuneración por
16
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
trabajo suplementario o de horas extras, 2002, 2003 y 2004) (f. 17 años 2002, 2003 y
o realizado en jornada nocturna, g) a 20 anexo). 2004).
bonificación por servicios.
En resumen: La pensión de jubilación de la parte demandante bajo el régimen de
transición, debía ceñirse al periodo de liquidación y los factores sobre los cuales
realizó aportes según el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
[…]
En conclusión: de lo anterior se advierte que es procedente ordenar la reliquidación
pensional reclamada, pues de conformidad con los certificados que reposan en el
proceso, la señora Mabel Quintero Contreras devengó, durante los 10 años anteriores
al retiro del servicio, los factores de horas extras (en el año 1999), el sobresueldo del
20% por coordinación (en los años 2002, 2003 y 2004) y el pago por encargo (en los
años 2007 y 2008), los cuales constituyen una retribución directa a la labor
desempeñada.
Es pertinente precisar que el sobresueldo constituye una asignación salarial
adicional calculada como un porcentaje sobre la asignación básica mensual y forma
parte del sueldo dado que la misma no es una prima, ni un factor extralegal, y se ha
dispuesto para ciertos docentes cuando desarrollaran determinadas labores como el
de preescolar, directivos y coordinadores, por lo tanto, deberá incluirse en el IBL de
la pensión de la actora, teniendo en cuenta que sobre tal factor se efectuaron las
cotizaciones con destino a pensión, según se desprende de la certificación de salarios
que reposan a folios 17 a 20 del anexo de las que se advierte que la señora Mabel
Quintero Contreras devengó, en los meses señalados, a título de factores salariales,
el pago por encargo y sobresueldo por coordinación. […]” (negrilla del texto y
subrayado del texto).
72. En ese contexto, cabe destacar que la revisionista aseguró que respecto al
sobresueldo del 20% por coordinación, devengado por la señora Mabel Quintero
Contreras los años 2002, 2003 y 2004, no se realizaron los descuentos por aportes
para pensión, con fundamento en las siguientes certificaciones:
“[…]
17
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
[…]”29.
73. Visto el contenido de los anteriores documentos, la Sala advierte que, contrario
a lo afirmado por la UGPP, la información contenida en dichas tablas muestra que
el factor denominado sobresueldo del 20% por coordinación, se encuentra enlistado
y fue sumado en la casilla “30. Σ Otros factores salariales pagados en el mes
certificado (Dec. 1158)”, por lo que no resulta válido deducir que fue excluido al
efectuarse los descuentos de aportes para pensión, en especial, porque solo se
evidencia que allí se enlistó como factor no salarial, la prima técnica, la cual no fue
tenida en cuenta en la reliquidación de la pensión.
74. Además, con el fin de resolver este cargo, en el trámite del presente recurso
extraordinario de revisión, se solicitó de oficio a la Secretaría de Educación del
departamento de Cundinamarca y al Fondo Nacional de Previsión Social del
Magisterio – Fomag, que remitieran, entre otras pruebas, la siguiente:
“[…] 2. Para efectos de proferir decisión de fondo, se estima necesario decretar
pruebas de oficio, con el fin de contar con información que conste en documentos
legibles y claros, que certifiquen respecto de la señora Mábel Quintero Contreras (c.c.
41.644.754), en los años 2002, 2003 y 2004: […] (iii) los factores y valores tenidos en
cuenta, mes a mes, para realizar los aportes a seguridad social en pensión […]”.
(negrilla del texto).
75. En respuesta al anterior requerimiento, la Secretaría de Educación del
departamento de Cundinamarca allegó la Certificación Electrónica de Tiempos
Laborados -CETIL- núm. 202307899999114900800003 de 4 de julio de 202330, en
la cual se certifican los factores salariales devengados por la señora Mabel Quintero
Contreras en los años 2002, 2003 y 2004. En este documento se evidencia que en
los tres años se encuentra enlistado un concepto denominado “ASIGNACIÓN
ADICIONAL”, que, según las observaciones generales del mismo, “[…] corresponde
a sobresueldo coordinador 20% […]”.
29
Cfr. Índice 2 del expediente digital.
30
Cfr. Índice 66 del expediente digital.
18
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
76. Igualmente,al analizar la información contenida en el CETIL, se encuentra
demostrado que el factor denominado sobresueldo del 20% por coordinación sí fue
tenido en cuenta como parte del Ingreso Base de Cotización -IBC- en los años 2002,
2003 y 2004, para realizar los aportes para pensión.
77. La Sala pone de relieve que en la sentencia de unificación 28 de agosto de
201831, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, se determinó que “[…] los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al Sistema de Pensiones […]” (negrilla fuera del texto).
78. En esas condiciones, se considera que lo resuelto por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, respecto a la inclusión del mencionado
factor salarial, está debidamente sustentado en los certificados que acreditan que
se realizaron los descuentos por concepto de aportes para pensión, razón por la
cual no se observa que el incremento de la cuantía de la mesada pensional exceda
lo debido legalmente, como lo planteó la UGPP en el recurso extraordinario de
revisión.
79. En consecuencia, la Sala Especial de Decisión concluye que no se acreditó la
configuración de la causal de revisión prevista en el literal b) del artículo 20 de la
Ley 797, por tal razón se declarará infundado el recurso.
III.7. De la condena en costas
80. La Sala estima que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25532 de la Ley 1437
y en el numeral 8. 33 del artículo 365 de la Ley 1564, procede condenar en costas a
la recurrente, por concepto de agencias en derecho, dado que el recurso
extraordinario se declarará infundado y se acreditó la labor defensiva de la
demandada.
81. Para efectos de la liquidación de las agencias en derecho, el consejero
sustanciador dictará un auto posterior, de conformidad con lo establecido en el
numeral 3.34 del artículo 366 de la Ley 1564, una vez quede en firme la presente
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Diecinueve Especial de Decisión, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,
31
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 28 de agosto de 2018. Radicación: 52001-
23-33-000-2012-00143-01. C.P. Cesar Palomino Cortés.
32
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
33
Por remisión del artículo 306 de la Ley 1437.
34
Ibidem.
19
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2021-05898-00
Demandante: UGPP
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, contra la sentencia de
23 de julio de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
derecho con radicación núm. 25000-23-42-000-2013-00484-01.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, por concepto de agencias en derecho, a la
parte recurrente.
TERCERO: Para la fijación de las agencias en derecho, por Secretaría General,
INGRESAR el expediente al despacho del consejero ponente para lo de su
competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
WILSON RAMOS GIRÓN PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado (E) Consejero de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Diecinueve Especial de
Decisión en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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