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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00733-00

Fecha
17 de febrero de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00733-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, al encontrarse configurada la causal de que trata el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso – CGP. SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor RIGOBERTO CASTRO RAMOS contra la sentencia proferida por la Subsección «A», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado el 26 de noviembre de 2020, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 17001-23-33-000-2017-00617-00, según lo expuesto en las consideraciones de esta decisión. 49 CGP. Art. 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (…)”. 50 Ver auto de 23 de junio de 2022, índice 19, expediente SAMAI. 34 Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00 Demandante: Rigoberto Castro Ramos Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. CUARTO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión, cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI y SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00733-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

17 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
Demandante: RIGOBERTO CASTRO RAMOS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DEPARTAMENTO DE
CALDAS
Tema: CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN - NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA –
INFUNDADA - INTERESES MORATORIOS POR EL PAGO TARDÍO DEL
RETROACTIVO POR HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN SALARIAL

Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor
Rigoberto Castro Ramos en contra de la sentencia de 26 de noviembre de 2020,
proferida por la Subsección «A», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-
23-33-000-2017-00617-01, con fundamento en la causal de revisión prevista en el
numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – en adelante CPACA1.

I.- ANTECEDENTES2

I.1.- La demanda ordinaria

1. El señor Rigoberto Ramos Castro, mediante apoderado especial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el
artículo 138 del CPACA, demandó a la Nación - Ministerio de Educación Nacional y

1
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […]».
2
Revisada la copia digital del expediente 17001-23-33-000-2017-00617-00, índice 16 expediente digital en SAMAI. El proceso
ordinario inicialmente fue conocido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Manizales, bajo el radicado 17001-
33-33-004-2016-00030-00, que después de la reforma de la demanda, mediante auto de 3 de agosto de 2017, lo remitió por
competencia (cuantía) al Tribunal Administrativo de Caldas, en donde se tramitó bajo el radicado 17001-23-33-000-2017-
00617-00.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
al departamento de Caldas – Secretaría de Educación, con miras a obtener las
siguientes declaraciones y condenas:

«Primera.- Se declare la nulidad de la Resolución No.8435-6 del 11 de
Septiembre de 2015, notificada el día, 23 de Septiembre de 2015, por medio
de la cual desconocieron y negaron los intereses moratorios generados con
ocasión al pago tardío del retroactivo de la Homologación y Nivelación Salarial.

Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare que el actor
tiene pleno derecho a que LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, le reconozcan y ordenen pagar los intereses moratorios, efectivos
a partir del día siguiente a los treinta (30) días posteriores a su causación (11
de Febrero de 1997), hasta el día en que fue efectivo el pago total del
retroactivo por homologación y nivelación salarial, esto es, el día 15 de mayo
de 2013.

Tercera.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, a pagar al actor los intereses moratorios a que tiene derecho,
liquidados con base al interés bancario corriente de la fecha de causación hasta
la fecha efectiva de pago; en consideración a que, el pago de la nivelación
salarial debe hacerse igual que el salario, por periodos de treinta (30) días, por
tanto, una vez ocurrido dicho vencimiento, su no pago genera
autoomáticamente la obligación de cancelar los intereses aludidos.

Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar, a expensas de LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a favor del actor, los intereses
reclamados, con base al capital neto cancelado, es decir, sin incluir el valor que
por concepto de indexación salarial se reconoció.

Quinta.- Se ordene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, dar cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el inciso
segundo del artículo 192 del CPACA, igualmente que en virtud de la voluntad
contemplada en el poder conferido se haga entrega de los dineros de los
dineros al apoderado.

Sexta.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, pagar a favor de mi mandante, los intereses moratorios, conforme
lo ordena el inciso 3ero. del artículo 192 del CPACA.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
Séptima.- Se condene a la LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, en caso de que se oponga a las pretensiones de esta demanda.

[…]» (sic para toda la cita)

I.2. Los hechos

2.El señor Rigoberto Castro Ramos prestó sus servicios en planta de cargos
administrativos de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas.

3. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de la Ley 60 de
12 de agosto de 19933, expidió la Resolución 3500 de 1996, a través de la cual
certificó al departamento de Caldas para la prestación del servicio educativo4.

4. Mediante el Decreto 0021 de 19975 se transfirió el personal administrativo
adscrito al servicio público del orden nacional a la planta de cargos y personal de la
Secretaría de Educación de la entidad territorial, antes señalada, con los mismos
cargos, códigos y salarios que venían vinculados a la Nación, sin que fueran
nivelados ni homologados salarialmente a los de la planta central del aludido ente
departamental.

5. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, con sustento en la
Directiva Ministerial 10 de 2005 y en la Resolución 2171 de 17 de mayo de 2006,
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, elaboró y presentó ante esta
última cartera ministerial el estudio técnico para la homologación nacional, el cual
fue aprobado a través de comunicación suscrita el 30 de marzo de 2007.

6.La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, mediante oficios SED
0345 de 17 de junio de 2008 y GJSED 1497 de 22 de mayo de 2009, solicitó al
Ministerio de Educación Nacional, la revisión y el ajuste del proceso de
homologación y nivelación salarial.

3
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288
de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones».
4
Ver artículo 14 de la Ley 60 de 1993.
5
Expedido por el departamento de Caldas.

4

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Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
7. El Ministerio de Educación Nacional, mediante el oficio 2009EE29765 del 1.° de
junio de 2009, aprobó la modificación al estudio técnico de homologación y
nivelación salarial del departamento de Caldas y, con base en ello, la entidad
territorial, a través del Decreto 337 de diciembre de 2010, modificó el Decreto 0399
de 20 de mayo del 2007, por el cual homologó y niveló los cargos administrativos
pertenecientes a la planta de personal del departamento de Caldas.

8. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, mediante el Decreto
0353 de 15 de diciembre de 2010, incorporó por homologación y nivelación salarial
al personal administrativo del departamento de Caldas, sector educativo, financiado
con recursos del Sistema General de Participaciones.

9.El Ministerio de Educación Nacional, por medio de Oficio núm. 2011EEE63868
de 5 de octubre de 2012, certificó la deuda por homologación y nivelación de los
cargos administrativos del departamento de Caldas -periodo 1997 a 2009-,
estableciendo que la citada deuda sería financiada por la Nación; recursos de
balance propios de 2011 y con recursos de balance del sistema general de
participaciones 2011, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 1450
de 16 de junio de 20116.

10. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas expidió la Resolución
1654-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 3979-6 de 19 de julio
de 2013, esta última modificada por la Resolución 8881-6 del 11 de diciembre de
2014, mediante las cuales reconoció y ordenó el pago en favor del señor Rigoberto
Castro Ramos del retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial,
por el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre de
2009.

11. El apoderado judicial del señor Rigoberto Castro Ramos afirma que el pago del
retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial se hizo de forma
tardía porque solo se efectuó hasta el 15 de mayo de 2013 -como lo certifica la
Secretaría de Educación del Departamento de Caldas-; a lo que agregó que el
retroactivo -correspondiente al ajuste de indexación reconocido en la Resolución 8881-6
del 11 de diciembre de 2014- fue pagado el 16 de diciembre de 2014.

6
«Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014».

5

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Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
12. El mismo apoderado judicial señala que, con fecha 10 de agosto de 2015,
presentó derecho de petición ante la Secretaría de Educación del departamento de
Caldas, en el que solicitó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por
el pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial, argumentando
que los intereses moratorios pretendidos se causaron a partir de su traslado como
empleado administrativo del nivel nacional al territorial, pues desde ese momento
debió percibir el mayor valor correspondiente a los emolumentos propios de los
empleados territoriales, de allí que, al no recibirlos, la administración local incurrió
en mora en el pago de esa parte del salario que debía homologar desde el principio,
lo cual fue negado, mediante la Resolución 8435-6 del 11 de septiembre de 2015 –
notificada el 23 de septiembre de 2015-.

13. Igualmente, invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 72,
93, 123, 209 y 350 de la Constitución Política; 1608, 1617, y 1649 del Código Civil,
177 del Decreto 01 de 1984 –CCA-, además de la Ley 60 de 1993 y los apartes de
la sentencia C-367 de 16 de agosto de 1995, proferida por la Corte Constitucional.
En este sentido argumentó que en la homologación y nivelación salarial se debió
prever, calcular y ordenar el pago de la indexación y sanción moratoria por el pago
tardío de estos salarios.

14. Por último, señaló que si bien las sumas pagadas por concepto del retroactivo
por homologación y nivelación salarial fueron indexadas -con el fin de contrarrestar los
efectos del transcurso del tiempo- también lo es que la mora tiene carácter resarcitorio
y sancionatorio por el pago tardío de la obligación.

I.3. Intervención del Ministerio de Educación Nacional

15. La referida cartera ministerial, por intermedio de apoderado judicial, se opuso a
las pretensiones de la demanda, luego de considerar que el señor Rigoberto Castro
Ramos se encuentra vinculado a la entidad territorial departamental de Caldas, por
lo que no expidió el acto administrativo demandado y que su participación estuvo
centrada en el acompañamiento en el proceso de certificación en educación y de
homologación de cargos y en la nivelación salarial del personal administrativo sin
disponer de los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, los
que fueron directamente transferidos a dicha instancia para efectos del
cumplimiento de las obligaciones que de la prestación del servicio educativo se
derivaron.

6

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Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

16. Excepcionó: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) ineptitud de la
demanda, iii) caducidad; iv) prescripción, y v) cualquier otra que durante el
transcurso del proceso se llegare a probar.

I.4. Intervención del departamento de Caldas

17. Por intermedio de apoderado judicial, la Secretaría de Educación departamental
también se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto efectivamente pagó
al señor Rigoberto Castro Ramos los emolumentos en su favor resultado del
proceso de homologación y nivelación salarial de manera indexada, lo que llevó a
cabo con recursos del Sistema General de Participaciones
18. Alegó que no es procedente acceder a la sanción moratoria reclamada, dado que
ello constituiría una doble sanción en contra del ente territorial.

19. Propuso como excepciones las de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva;
ii) buena fe; iii) inexistencia de la obligación con fundamento en la ley; iv)
inaplicabilidad de los intereses moratorios, y v) prescripción.

I.5. La sentencia de primera instancia7

20. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 19 de noviembre de
2018, resolvió:

«PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADA la excepción de “falta de legitimación
en la causa por pasiva”, formulada por el DEPARTAMENTO DE CALDAS, en
el proceso relacionado en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: DECLÁRENSE NO PROBADAS las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva, prescripción y genérica propuesta por el
Ministerio de educación Nacional.

TERCERO: RECONOCER POR RAZONES DE EQUIDAD Y JUSTICIA, que
por parte de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, se le
reconozca al actor una indexación teniendo como base la suma de
$91.733.665, y como límites temporales para la liquidación el 1 de enero de
2013 al 6 de junio del mismo año.

7
Ff. 136 a 144 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.

7

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Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda

QUINTO: SIN COSTAS.

[…]» (sic para toda la cita)

21. Para arribar a la anterior decisión, el Tribunal refirió que el retroactivo pagado al
actor se derivó del proceso de homologación y nivelación salarial en la Secretaría
de Educación en el departamento de Caldas que surgió de la necesidad de
incorporar a la planta de empleos del orden municipal los cargos que eran del orden
nacional y ante la diferencia salarial y prestacional entre unos y otros, se le debían
reconocer las diferencias debidamente actualizadas al momento del pago.

22. Hizo referencia a la naturaleza jurídica de las figuras de indexación e intereses
moratorios, al señalar que la primera, mantiene el valor y evita la pérdida adquisitiva
de la moneda; mientras que la segunda contiene un carácter indemnizatorio por los
perjuicios en el retraso del cumplimiento de las obligaciones conforme lo prevé el
artículo 1617 del Código Civil, por lo que concluyó que las mismas no son
acumulables.

23. Frente al reconocimiento y pago de la sanción moratoria, indicó su
improcedencia, dada la incompatibilidad de estos dos conceptos y en la medida en
que no hay norma prestacional que expresamente la señale o autorice para el caso
del pago del retroactivo derivado de una homologación y nivelación salarial.

24. Pese a desestimar las pretensiones de la demanda, el aludido Tribunal, de oficio,
por razones de equidad y justicia, tuvo en cuenta que, si bien es cierto que, mediante
la Resolución 1654-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 3979-6
de 19 de julio de 2013 -esta última modificada por la Resolución 8881-6 del 11 de
diciembre de 2014-, se reconoció y ordenó el pagó en favor del señor Rigoberto
Castro Ramos el retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial;
también lo es que, entre el día siguiente a la última fecha de indexación y la fecha
de pago efectivo, existió un periodo que no fue indexado, por lo que ordenó su
reconocimiento por este lapso.

25. Del mismo modo condenó que dicho pago le correspondería a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional, toda vez que el proceso de homologación y

8

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Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
nivelación salarial adelantado en el departamento de Caldas se realizó de manera
concertada con dicho ente.

I.6. Los recursos de apelación

I.6.1. El señor Rigoberto Castro Ramos8

26. Por intermedio de apoderado judicial, el demandante interpuso recurso de
apelación en contra del referido fallo, en el que reiteró que el pago del retroactivo
del proceso de homologación y nivelación de su prohijado se realizó de forma tardía
y no lo encontró justificable al ser una «[…] deuda de vieja data, que se traduce en
una MORA susceptible de interés moratorio».

27. Alegó que en ningún aparte normativo se establece la incompatibilidad entre la
indexación e intereses de mora como consecuencia del pago tardío de una
obligación prestacional, como tampoco que los mismos sean conceptos no
acumulables; a lo que agregó que era innecesaria la exigencia de una norma que
así lo estableciera, dado que, por tratarse de una obligación dineraria, se deben
reconocer intereses de mora y no la indexación sobre las sumas debidas conforme
lo dispone el artículo 1608 del Código Civil.

I.6.2. El Ministerio de Educación Nacional9

28. El apoderado judicial de la referida cartera insistió en que esa entidad no expidió
el acto administrativo cuya nulidad se depreca -dado que no es titular de la obligación
que demanda el actor-, por lo que no está llamada a responder por obligaciones,
daños o perjuicios que de allí se deriven.

29. Aseveró que, en virtud de la Ley 60 de 1993, dicho ministerio transfirió la facultad
nominadora a los entes territoriales para la administración del personal docente y
administrativo a su cargo que implicó el reconocimiento y pago de las obligaciones
por homologación y nivelación salarial, bajo los actos administrativos emitidos por
la Secretaría de Educación departamental de Caldas, en los que tampoco tuvo
injerencia más allá del acompañamiento del proceso de certificación.

8
Ff. 147 al 157 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.
9
Ff. 158 al 168 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.

9

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Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
I.7. La segunda instancia

I.7.1. Concepto del Ministerio Público10

30. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, luego de referirse
al proceso de homologación y nivelación salarial en la Secretaría de Educación del
departamento de Caldas, no encontró admisible reconocer intereses moratorios
antes del 31 de diciembre de 2009 -fecha en que culminó el estudio técnico-, ni los
reclamados desde el año 2001 hasta el mes de abril de 2014, porque el derecho
solo se consolidó con la aprobación del retroactivo por parte del Ministerio de
Educación Nacional -2 de agosto de 2012-, conforme con los lineamientos de la
Directiva Ministerial 10 de 2005 y con cargo a los recursos del Sistema General de
Participaciones.

31. Afirmó que, en el caso concreto, al demandante se le reconoció y pagó la
indexación por concepto de homologación y nivelación salarial, por lo que no es
procedente reconocerle intereses moratorios, toda vez que se estaría condenando
un doble pago por la misma causa.

I.7.2. Sentencia de segunda instancia11

32. En segunda instancia, el conocimiento del medio de control le correspondió a la
Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, autoridad judicial
que, mediante sentencia de 26 de noviembre de 2020 -ejecutoriada el 30 de enero de
202112-, revocó el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia, que había
ordenado al Ministerio de Educación Nacional reconocer y pagar al demandante la
indexación del retroactivo por homologación y nivelación salarial, por el periodo
comprendido entre el 1° de enero y el 6 de junio de 2013, sobre la suma de
$91.733.665, y confirmó en todo lo demás dicha providencia, en tanto denegó las
pretensiones de la demanda.

33. Lareferida Subsección estimó que los problemas jurídicos a resolver eran
consistentes en determinar: «1. ¿El señor Rigoberto Castro Ramos tiene derecho al
reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del valor
correspondiente al retroactivo derivado del proceso de homologación y nivelación

10
Ff. 216 al 224 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.
11
Ff. 226 al 235 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.
12
Notificada electrónicamente el 29 de enero de 2021, índice 18 expediente SAMAI.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
salarial de la planta de personal administrativo adscrito al sector educativo del
departamento de Caldas? [y] 2. ¿Era procedente emitir en este caso una decisión
extra petita a fin de ordenar al Ministerio de Educación, reconocer la indexación
sobre las sumas abonadas al demandante por concepto de nivelación salarial
derivada del proceso de homologación referido?».

34. Respecto del primer problema jurídico planteado, luego de referirse al proceso de
homologación de personal al servicio de los establecimientos educativos, con
fundamento en el proceso de descentralización de la educación, de manera general
y específica en el departamento de Caldas, sostuvo que no le asiste al señor
Rigoberto Castro Ramos el derecho al reconocimiento de intereses moratorios,
porque revisadas las pruebas, determinó que:

«En conclusión: no es procedente el reconocimiento de intereses moratorios
a favor del demandante por el no pago inmediato del valor correspondiente a
la homologación y nivelación salarial de la planta de personal administrativo
de la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, en tanto la sola
tardanza por parte de las demandadas en cancelar la obligación dineraria, no
implica necesariamente dicha indemnización por mora, más aún en el
entendido de que existió una justificación razonable para esa dilación,
referente a la superación de diferentes etapas en un proceso
interadministrativo complejo y extenso que en esas condiciones, implica
también la necesidad de conjurar la pérdida del poder adquisitivo de la
moneda pero a manera de compensación a través de la indexación como en
efecto se hizo, y no en virtud de una sanción como lo pretendía la parte
activa».

35. Frente al segundo interrogante de la decisión extra petita proferida por el a quo,
recordó la Corporación que la presente jurisdicción se desarrolla de manera general
bajo la égida de la justicia rogada y, excepcionalmente, de manera oficiosa, «[….]
cuando la misma ley lo permite o en situaciones puntuales de abierta vulneración
de garantías constitucionales que ameriten una protección inmediata en razón de
su prevalencia», afirmando que no se configura en el caso concreto, pues se trata
de una decisión que no fue objeto de debate de acuerdo con las pretensiones de la
demanda, acorde con el artículo 281 del Código General del Proceso -en adelante
CGP-.

36. Advirtió la segunda instancia que no era dable proferir decisiones respecto de
asuntos que no fueron discutidos en la vía administrativa y tampoco incluidos en el
litigio con opción de pronunciamiento, por la parte demandada, como en el presente

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
caso que no se planteó ni solicitó el reconocimiento de indexación sobre las sumas
reconocidas desde la fecha del acto que así lo ordenó hasta la data real de pago
sino solo los intereses moratorios respecto del capital abonado, premisa esta -
actualización monetaria- que tampoco fue incluida en la fijación del litigio determinado
en la audiencia inicial, además de entender que tampoco están en riesgo derechos
fundamentales que deprequen protección inmediata.

37. Por último, y en cuanto atañe a la condena en costas de la sentencia apelada,
con fundamento en los artículos 188 del CPACA, en concordancia con el artículo
392 del Código de Procedimiento Civil -CPC- (hoy artículo 365 del Código General
del Proceso -CGP-), estimó que la normativa deja a criterio del juez la procedencia
o no de ello, pues examinada la actuación procesal se debe tener la certeza de que
la conducta desplegada comporte temeridad o mala fe, por lo que en el sub examine
concluyó que no era procedente tal condena.

II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

II.1. El recurso extraordinario – causal invocada

38. Elseñor Rigoberto Castro Ramos, por conducto de apoderado judicial, y
mediante escrito presentado el 27 de enero de 202213, instauró recurso
extraordinario de revisión en el que solicitó se efectuarán las siguientes
declaraciones:

«PRIMERO.- Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de
Estado- Sección Segunda- Subsección B, del 26 de noviembre de 2020 […]
que confirma la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO.- En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la
sentencia viciada en nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho
de origen, es decir, Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B
(sic), conformado por los consejeros de Estado William Hernández Gómez,
Rafael Francisco Suárez Vargas y Gabriel Valbuena Hernández, para que se
resuelva en debida forma, es decir, profiriendo un fallo favorable.

TERCERO.- Las demás que el H. Despacho considere necesarias» (sic para
toda la cita)

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Enviado del correo electrónico acopresbogota@gmail.com al email secgeneral@consejodeestado.gov.co (índice 2
expediente digital SAMAI)

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39. En criterio del aludido apoderado judicial, en el sub lite se configura la causal
prevista en el numeral 5°, del artículo 250, del CPACA, precepto según el cual
procede la revisión de providencias judiciales por «Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

40. Como sustento de sus pretensiones, afirma que la sentencia objeto de revisión
viola el principio de congruencia, en la medida que se le negaron las pretensiones
«por un objeto distinto del pretendido en la demanda y una causa diferente a la
invocada, esto es, de manera citra petita […]», lo que trasgrede la garantía del
debido proceso.

41. Señala que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se
pretendió el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados por el
pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial y, como sustento
de ello, sostuvo que el periodo para liquidarlos es el causado entre el año 1997, esto
es, cuando el personal administrativo del sector educación del nivel nacional fue
incorporado al nivel departamental, y el año 2013, cuando se concretó el pago del
retroactivo, sobre el capital neto, sin incluir indexación; sin embargo, cuestiona la
decisión judicial en tanto que: «[…] el problema jurídico versó sobre un
planteamiento que en nada tenía que ver, con lo pretendido en la demanda, y mucho
menos, con lo decantado en los hechos, la contestación, sus alegaciones y el
recurso de apelación»..

42. El mismo apoderado judicial refiere que la autoridad judicial:

«Al resolver de fondo el asunto, a través de la sentencia objeto de revisión,
reconoce que el pago de la homologación, en efecto fue realizado de manera
posterior al momento de su exigibilidad, pero de una manera totalmente
diferente a la expuesta en la demanda; La autoridad judicial entendió que la
reclamación de dichos intereses abarcó el interregno de un mes entre el 22 de
marzo de 2013, cuando se reconoció y se ordenó el pago del consecuente
retroactivo, y el mes de abril de 2013, cuando se efectuó el pago
correspondiente, por lo que tal lapso fue razonable, según la comprensión del
despacho.

En suma, el(a) demandante solicitó el reconocimiento de intereses de mora
desde el año de 1997, cuando pasó a pertenecer a la planta de personal
territorial, y hasta el año 2013, fecha en la cual se concretó el pago del
retroactivo salarial de que se trata, en tanto que en la sentencia enjuiciada se
evidencia, que se entendió erróneamente que la reclamación de dichos
intereses se refirió a los que se causaron desde el acto de reconocimiento del

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retroactivo, dictado el 22 de marzo de 2013, y hasta el año 2013 cuando se
efectuó el pago.

Traducido lo anterior, el sentido que le han dado al periodo a reclamar, difiere
con el pedido en la demanda; la parte actora no se refirió a una mora causada
entre la resolución que reconoció y ordenó la homologación y, la fecha de su
pago; la parte demandante lo que reclamó en vía administrativa y luego judicial,
fueron unos intereses desde el momento del traslado del personal de una
planta a otra, hasta la fecha que la entidad efectuó el pago, de allí que, lo
resuelto por el despacho nunca guardó relación con el objeto de la demanda,
por tal razón en la sentencia hay desarmonía entre lo resuelto y lo debidamente
pedido.

Lo que se resolvió en la sentencia, desconoció el principio de congruencia, de
acuerdo con el cual el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto
por la parte demandante como la parte demandada».

43. Asimismo, se indicó por el aludido apoderado judicial que la sentencia no tuvo en
cuenta la normativa preexistente, dado que:

«Si se revisa con detenimiento su parte considerativa, el Juez no indica las
razones de hecho y de derecho, por las cuales no hay lugar a intereses de
mora, en su lugar, el escenario es una mera interpretación argumentativa, que
no se encuentra soportada en la ley, por lo tanto, es válido reconocer que mi
representado(a) no fue juzgada, conforme a las normas preexistentes; única y
exclusivamente se dijo que en el proceso de homologación se agotaron las
etapas necesarias, sin embargo, al tratarse de los intereses de mora, la
decisión no tuvo un análisis normativo concreto al caso.

Por lo tanto, tenemos que la decisión no se encuentra, dentro del margen de
interpretación razonable, en consideración a que se trata de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) y claramente perjudicial para los
intereses legítimos de quienes acuden a la administración de justicia, lo que
genera que las decisiones Judiciales adoptadas estén por fuera del marco de
la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable, de manera que la
sentencia, tal y como fue resuelta, indefectiblemente genera vulneración del
derecho fundamental al Debido Proceso

[…]».

44. Adicionalmente se menciona que en fallo objeto del presente recurso
extraordinario se expusieron tres tesis, que no comparte y replica.

45. La primera la desarrolla de la siguiente manera: «“(…) Sin que se observe que,
en modo alguno, el Ministerio de Educación Nacional o el Departamento de Caldas

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hayan incurrido en una dilación injustificada del pago, toda vez que el pago fue
realizado en el mes de enero de 2013 (…)”», a lo que replica señalando que:
«[…]resulta incongruente, incoherente e inconsecuente, pues no se puede hablar
de “dilación injustificada”, cuando en el plenario obran pruebas suficientes, con las
que se permite establecer, que el Estado duró 16 años para cumplir con su
responsabilidad, ocultando así, años de mora en el pago del retroactivo, el cual
genera por supuesto, por obvias razones y de pleno derecho, intereses moratorios».

46. La segunda consiste en que: «“(…) Por su carácter sancionatorio, los intereses
moratorios deben estar consagrados en una norma que los autorice expresamente,
es decir, que faculte el cobro de estos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoció el derecho (…)”», a lo que replica señalando la posibilidad de acudir a la
analogía o principios generales del derecho, toda vez que: «[…] en el ordenamiento
jurídico colombiano, en efecto existen normas que autorizan expresamente el
reconocimiento y pago de intereses de mora, normas tales como el Código Civil
Colombiano, mediante los artículos 1608 al 1617, también el Código de Comercio a
través de los artículos 884, Ley 45 de 1990 en su artículo 65, el mismo Código
Sustantivo del Trabajo, y también la Ley 100 de 1993 en sus artículos 23, 101, 102
y 141; el Decreto 116 de 1976, a su vez, encontramos lo normado en la Ley 446 de
1998, en lo que atañe al desarrollo del principio de la responsabilidad patrimonial
del Estado, […] (art. 53)», por lo que, en su sentir, el juzgador resolvió crear
requisitos que no están contemplados en el ordenamiento jurídico, evidenciándose
así una decisión totalmente incongruente.

47. La tercera radica en que: «“(…) No puede concluirse que, por el hecho de no
haberse pactado el pago de un interés moratorio, deba acudirse en subsidio a la
regla que trae el artículo 1617 del Código Civil, pues en estricto sentido no se está
hablando de un asunto negocial, en el cual las partes involucradas puedan pactar a
su arbitrio cláusulas contractuales», a lo que replica que en el acto administrativo
que reconoció el retroactivo no se dijo nada sobre el pago de intereses moratorios
ni de indexación; pero agrega que, a su juicio, el Código Civil reconoce para el
deudor incumplido el pago de intereses moratorios.

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II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión

45. El recurso extraordinario de revisión objeto de análisis fue radicado ante la
Secretaría General del Consejo de Estado el 28 de enero de 2022, y luego de
efectuarse el correspondiente reparto, se asignó el conocimiento de este a la Sala
Veinte Especial de Decisión, bajo el radicado 11001-03-15-000-2022-00733-00.

46. En decisión del 9 de mayo de 202214, se admitió el recurso extraordinario y se
ordenó solicitar del Tribunal Administrativo de Caldas que allegara copia digital del
expediente ordinario con radicado 17001-23-33-000-2017-00617-00.

47. Mediante auto de 23 de junio de 202215 se tuvo por oportunamente contestada
la demanda por parte del Ministerio de Educación Nacional, y se resolvió sobre el
decreto y práctica de pruebas. El departamento de Caldas guardó silencio pese a
estar debidamente notificado.

48. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

II.3. Intervención del Ministerio de Educación Nacional

49. El apoderado de la cartera de Educación Nacional contestó la demanda y se
opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas, en la medida que, a su
juicio, no se configura la causal invocada, dado que lo que el señor Rigoberto Castro
Ramos pretende es reabrir el debate jurídico que se encuentra concluido.

50. Indicó que: «[…] dentro de los argumentos planteados por el recurrente [no se
encuentra] tal disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado a partir de la cual
se pueda considerar la configuración de una falta de congruencia de tal
protuberancia, que no exista justificación objetiva y relacionada con las materias
medulares del proceso, como lo indica el fallo aludido […]».

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Índice 6. del expediente digital en SAMAI.
15
Índice 19. del expediente digital en SAMAI.

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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia y oportunidad

51. El artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispone que el recurso extraordinario de revisión procede en contra
de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos.

52. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 del CPACA prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin exclusión de la Sección que
profirió la decisión.

53. En ese sentido, es oportuno mencionar que, de conformidad con el artículo 107
ibidem, las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado decidirán los
procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de la Corporación en los asuntos que esta última les encomiende, salvo en los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.

54. Al respecto, se tiene que el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –
Reglamento Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de
las Salas Especiales de Decisión de esta Corporación, dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los
siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo:

1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
[…]». (negrilla fuera del texto)

55. Por otra parte, el artículo 251 del CPACA prevé que este recurso extraordinario
debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia,
mediante demanda que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 252

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ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y que pretenda hacer valer.

56. En el presente caso, el señor Rigoberto Castro Ramos el 27 de enero de 2022
interpuso recurso extraordinario de revisión, en contra de la sentencia de 26 de
noviembre de 202016, proferida por la Subsección «A», de la Sección Segunda, del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17001-23-33-000-2017-00617-00, con fundamento en la
causal de revisión prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA17, luego fue
presentado oportunamente.

57. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que el mismo fue instaurado
oportunamente y fue promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida
por la Subsección «A», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, motivo por
el cual se cumplen los presupuestos procesales para el estudio de fondo de este.

III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

58. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.

59. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:

«Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues
puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite

16
Ejecutoriada el 30 de enero de 2021.
17
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […]».

18

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en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en
aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión
judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar
que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa
juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido […]».

60. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver
alterada la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras18;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido19.

III.3. De las causales de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA

61. El artículo 250 del CPACA enumera las causales que pueden proponerse como
fundamento de este recurso, las cuales dan cuenta de la naturaleza eminentemente
procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, son los únicos
que permitían la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se
analiza.

62. En este contexto, la Sala advierte que el recurso extraordinario de revisión «[…]
no pretende corregir errores “in judicando” ni puede fundamentarse en las mismas
pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso […]»,
pues para estas circunstancias se encuentran establecidos los recursos ordinarios
dentro del propio proceso20.

63. Asimismo, tampoco es una tercera instancia que pueda ser utilizada para
remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para
controvertir juicios de valor del fallador21; en este sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación ha sostenido que:

18 Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. Magistrado Ponente: doctor Eduardo Montealegre
Lynett.
19 Ibidem.
20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
21
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 27 de abril de 2004. C.P. María Inés Ortiz
Barbosa Rev. 194.

19

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«[…] no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que
los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio original para que
el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más […].

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con
trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del
debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de
una sentencia ejecutoriada […]»22.

64. Ensíntesis, en todos los eventos previstos en el artículo 250 ejusdem, se
pretende proteger al perjudicado con una sentencia que desconoce la justicia
material, la posibilidad de acceder a la justicia y obtener la protección de sus
derechos.

65. En consecuencia, en este proceso no son admisibles argumentos de fondo en
relación con la sentencia o aquellos que pretendan subsanar conductas omisivas o
negligentes en que las partes hubiesen podido incurrir durante el trámite del
proceso, pues las pretensiones deben ceñirse estrictamente a demostrar la
configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su
procedencia.

III.4. Cuestión previa

66. Previamente a descender sobre el caso concreto, la Sala se pronuncia sobre el
impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Rafael Francisco
Suárez Vargas, quien solicita23 que se le aparte del conocimiento del proceso, por
cuanto considera que se configura la causal de impedimento prevista en el numeral
1° del artículo 141 del CGP, toda vez que como integrante de la Subsección «A»
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, discutió, aprobó y firmó el fallo de
26 de noviembre de 202024 del que es objeto el presente recurso extraordinario de
revisión.

67. Sustenta la manifestación del impedimento en que:

22
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 12 de agosto de 2014. C.P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez, número único de radicación 2013-02110.
23
Escrito del 15 de febrero de 2023 (índice 26 de SAMAI).
24
Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho radicado: 17001-23-33-000-2017-00617-01.

20

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«[… está] convencido de que la sentencia objeto del recurso extraordinario, en
consonancia con las pretensiones formuladas, se adoptó luego de un riguroso
análisis fáctico y jurídico.

Conforme a lo expuesto, me he formado un criterio en relación con el fondo del
asunto, el cual me lleva a concluir que la decisión está amparada por el principio de
legalidad y que el análisis del material probatorio se realizó en estricto sometimiento
a las reglas de la sana crítica.

Por lo tanto, me asiste un interés jurídico frente al resultado del proceso objeto de
estudio, pues considero que el criterio allí plasmado es el que debe imperara para
resolver el sub lite, en este orden, de continuar el trámite del presente asunto, existiría
una posible vulneración al principio de imparcialidad. ».

68. Cabe resaltar que los impedimentos y las recusaciones establecidos en la ley,
son mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por
los administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
imparcialidad, independencia y transparencia.

69. Estas instituciones procesales tienen igualmente su fundamento constitucional
en el derecho al debido proceso, pues el trámite judicial adelantado por un juez no
puede entenderse desarrollado bajo el amparo de la presunción de imparcialidad a
la cual se llega, sólo en cuanto sea posible garantizar que el funcionario judicial
procede y juzga con absoluta rectitud; esto es, apartado de designios anticipados
o prevenciones que, al margen del análisis estrictamente probatorio y legal, puedan
favorecer o perjudicar a una de las partes.

70. Descendiendo al caso concreto, y como se anotó en líneas atrás, el Consejero
de Estado, doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, fundamenta su impedimento en
el numeral 1° del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión del artículo 130 del
CPACA, norma procesal que preceptúa:

«[…] Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las
siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad,
interés directo o indirecto en el proceso.
2. […]». (negrillas fuera del texto)

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71. En relación con esta causal, cabe resaltar que como bien lo ha sostenido la
Sección Primera del Consejo de Estado25 para la configuración de la misma, deben
concurrir dos presupuestos: (i) el objetivo: que consistente en que en la actuación
intervenga el juez y/o uno de sus parientes en cierto grado determinado por la ley.
Para la determinación de dicho presupuesto es suficiente que el impedido afirme la
existencia del parentesco o la condición de juez para que se configure la causal, y
(ii) el subjetivo: relacionado con el hecho de que el juez o sus parientes tengan
interés calificado en las resultas del proceso. Este interés se presenta en variadas
situaciones que deben identificarse en cada caso concreto, y tiene como común
denominador que los sujetos respecto de los cuales se predica la causal pueden
resultar afectados o favorecidos con la decisión.

72. En lo que atañe al interés directo o indirecto en el proceso, la Sección Tercera
de esta Corporación26, sostuvo:

«[…] en relación con la referida causal de impedimento, la Sala, de manera
reiterada, ha adoptado el criterio expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en los siguientes términos:

´Si bien la causal subjetiva es bastante amplia, en cuanto subsume cualquier
tipo de interés, ya sea directo o indirecto, lo cierto es que dicho interés
además de ser real y serio, debe tener relación inmediata con el objeto
mismo de la litis o cuestión a decidir; debe ser de tal trascendencia que,
teniendo en cuenta al caso concreto, implique un verdadero trastorno en
la imparcialidad del fallador y pueda afectar su capacidad de juzgamiento
y el desempeño eficaz y ajustado a derecho respecto de la labor que
desempeña.

´Es por esta razón que cualquier tipo de manifestación que no esté sustentada
o en la que no se evidencia de manera clara y precisa la posibilidad de que el
juzgador pueda verse perturbado al momento de pronunciarse en determinado
asunto, comprometiendo por ello su imparcialidad, no será suficiente para
declarar fundado el impedimento […]».

73. Con base en lo anterior, la Sala advierte que el Consejero de Estado, doctor
Rafael Francisco Suárez Vargas, como sustento de la presente manifestación de
impedimento, consideró que le asiste interés en que en este mecanismo
extraordinario se mantenga incólume la decisión recurrida, en atención a que
25
Consejo de Estado, Sección Primera, 15 de diciembre de 2015. Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala. Expediente
2013-06956.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, 28 de julio de 2010, Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Expediente 2009-
0016.

22

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
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participó en la misma y ya fijó su posición en torno a la controversia jurídica
suscitada al interior de dicho trámite ordinario, comoquiera que discutió aprobó y
firmó el fallo de 26 de noviembre de 2020.

74. Sobre el particular esta Corporación ya tuvo la oportunidad de pronunciase
mediante providencias de 4 de junio de 201927, de 10 de junio de 201928, 8 de abril
de 202129 y 25° de julio de 202230, en las cuales se declararon fundados los
impedimentos manifestados por los Consejeros de Estado, doctores William
Hernández Gómez, Gabriel Valbuena Hernández y Jorge Octavio Ramírez, para
conocer de los respectivos recursos extraordinarios de revisión, con fundamento en
el interés que les asistía «[…] en cuanto ya anunci[aron] su criterio respecto del
fallo, pues indica[ron] que [habían] guard[ado] el debido proceso y las garantías
procesales […]», e inclusive en otros casos de similar temática, a la que aquí se
discute, también fueron aceptados los impedimentos, con base en las mismas
razones31.

75. Así las cosas, resulta claro el interés que le asiste para que la decisión objeto de
revisión se mantenga, por lo que se podría ver afectada la imparcialidad del fallador
respecto del asunto objeto de pronunciamiento, motivo por el cual se considera que,
el impedimento se encuentra fundado, con base en la causal contenida en el
numeral 1º del artículo 141 del CGP.

III.5. Problema jurídico

76. Ala Sala le corresponde determinar si se configura la causal de revisión
contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, la nulidad de la
sentencia de 26 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección «A», de la
Sección Segunda, del Consejo de Estado, en tanto que, a juicio del recurrente, tal

27
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial Trece. Auto de fecha 4 de junio de 2019. Rad.: 2018-02341.C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
28
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Trece Especial de Decisión. Auto de 10 de junio de
2019. Rad. 13001031500020190083200. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
29
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecinueve Especial de Decisión. Auto de 8 de abril
de 2021. Rad. 111001031500020200090400. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
30
. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecinueve Especial de Decisión. Auto del 25 de julio de 2022..
Radicado: 11001-03-15-000-2021-05898-00.
31
Auto de 27 de mayo de 2022, recurso extraordinario de revisión con radicado: 11001-03-15-000-2022-00938-00,
demandante: Jorge Buriticá Marín, demandados: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Manizales y
de la Sala Veinte Especial de Decisión, sentencia de 10 de febrero de 2023, radicado 11001-03-15-000-2022-00, demandante:
José Pompilio Menjura, demandados La Nación-Ministerio de Educación Nacional y municipio de Manizales; tema: Sanción
moratoria por el pago tardío de retroactivo de la homologación y nivelación salarial.- Aceptan impedimentos al Consejero
William Hernández Gómez.

23

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
providencia fue proferida de forma incongruente, por lo que se vulneró el
debido proceso.

77. Para resolver lo anterior, se analizarán: (i) las características y elementos de
configuración de la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso; (ii) el principio de congruencia en las providencias judiciales, y
posteriormente se emitirá pronunciamiento en relación con (iii) la configuración o no
de la causal contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA.

III.5.1. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

78. Respecto de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, la Sala hace suyo el
pronunciamiento de esta Corporación en la que se precisaron los elementos para
que la misma se configure, el cual es del siguiente tenor:

«4.4.1 Elementos para la configuración de la causal invocada

[…] para su estructuración que concurran los siguientes presupuestos: i) que
exista nulidad procesal y ii) que tal nulidad se origine en una sentencia
que ponga fin al proceso, contra la que no proceda recurso de apelación.

Este primer elemento nos permite identificar a partir del concepto procesal,
cuáles son aquellos eventos que se consideran constitutivos de nulidad;
mientras que el segundo, representa la verificación de que la sentencia de que
se predique esta causal debió proferirse en única o segunda instancia, pues
solo en estos casos, el proceso ha llegado a su fin, ante la improcedencia del
recurso ordinario de apelación.

[…] Superada esta verificación debemos adentrarnos en el análisis
concerniente a cuándo se predica o puede ocurrir que una sentencia se
encuentra afectada de nulidad procesal. Al respecto de manera reiterada la
Sala Plena del Consejo de Estado ha señalado que la irregularidad que se
invoque debe originarse en la sentencia que se cuestiona, es decir, que
debe acreditar que no hubo otro momento a efectos de plantear la
irregularidad, sino que la misma ocurrió con su expedición.

En este punto vale resaltar que esta causal no se estableció con el objeto de
vaciar en ella los planteamientos de oposición que el recurrente tenga respecto
de la decisión adoptada por el juez de conocimiento, pues los aspectos
procedimentales a invocar son precisos y no tiene un margen de movilidad que
abarque el sentido mismo de la decisión. Darle este alcance desnaturalizaría
este mecanismo de defensa extraordinario.

24

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
En efecto, otorgarle un entendimiento que acepte la posibilidad de controvertir
las apreciaciones fácticas y jurídicas encontradas por el juzgador al momento
de resolver el asunto sometido a su examen, sería tanto como asignarle al juez
extraordinario la competencia de pronunciarse sobre un debate que es propio
de las instancias ordinarias, éstas sí diseñadas para promover una discusión
de legalidad sobre lo decidido por el fallador cuando la sentencia sea
susceptible del recurso de alzada.

Aclarado este punto, conviene revisar los límites que deben considerarse como
examen de la causal de nulidad invocada. Al respecto esta Corporación en
reiterados pronunciamientos ha sido consistente y reiterativa en la siguiente
regla:

“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están
de acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un
proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o
perención, o cuando se condena a quien no ha figurado como parte, o
cuando el proveído se profiere estando legalmente suspendido el
proceso. Igualmente, cuando la sentencia aparece firmada con mayor o
menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre aspectos
que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de
jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece
completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución
Nacional ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada’.

En esta materia no puede confundirse la nulidad del proceso (art. 152 del
C.P.C.), con la generada en la sentencia, que solo admite el manejo fáctico
que se ha dejado precisado, en todos los casos en que el fallo no era
susceptible de otro recurso32 […]» (negrilla fuera de texto).

79. Por otra parte, también se han aceptado como constitutivas de esta causal,
aquellas situaciones que devienen de la vulneración del artículo 29 de la
Constitución Política, aunque no se encuentren previstas en los estatutos
procesales como causales de nulidad; pero con la advertencia de que al juez le
corresponde establecer si el hecho que se afirma es irregular y tiene la entidad de
afectar la inmutabilidad de la sentencia que puso fin al proceso, y, por ende,
configurar la mentada causal de revisión33.

32
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de enero de 2017. Radicado: 1100103-28-000-2016-00073-00. C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
33
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 16 de enero de 2017. Radicado: 11001-03-28-000-2016-00070-00. C.P.
Alberto Yepes Barreiro.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
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Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
80. En armonía con lo anterior, la Sala Veintiséis Especial de Decisión de esta
Corporación así lo concibió al señalar que: «[…] las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que
establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por violación
del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29 […]»34.

81. En suma de lo expuesto, la Sala precisa que, para efectos de declarar probada
la existencia de esta causal de revisión se requiere: (i) que el vicio que se alega se
presente en la sentencia y no durante el trámite del proceso; (ii) que contra la
sentencia recurrida no proceda recurso de apelación, y (iii) que el vicio sea tan grave
que afecte la validez de la sentencia, bien sea porque se configura alguna de las
causales de nulidad hoy contenidas en el artículo 133 del Código General del
Proceso -CGP-35 o porque se advierte una vulneración flagrante del debido proceso
-artículo 29 constitucional-.

III.5.2. El principio de congruencia en las providencias judiciales

82. Frente al principio de congruencia regulado por el artículo 281 del CGP, la
sentencia debe tener correspondencia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda, a lo que se agrega que no puede haber condena, por objeto distinto
al pretendido, ni por causa diferente a la invocada. Ello se traduce en que debe
existir identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones o
planteamientos de defensa oportunamente aducidas.

83. En este mismo sentido, y de acuerdo con lo regulado en los artículos 280 del
CGP y 187 del CPACA, la sentencia debe ser motivada y contener el análisis crítico
de las pruebas junto con los razonamientos legales -normativos y jurisprudenciales-
necesarios para fundamentar sus conclusiones.

84. Del mismo modo, y en lo que respecta al recurso de apelación, este se entiende
interpuesto en lo desfavorable al apelante y, por regla general, el superior no puede
enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo cuando
todas las partes apelan, circunstancia que otorga competencia sin limitaciones para

34
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia de 3 de
febrero de 2015. Radicado: 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
35
En lo que atañe a las normas procesales que deben aplicarse en la resolución de un recurso extraordinario de revisión
cuando la sentencia fue proferida en vigencia del CGP, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
de Recurso Extraordinario de Revisión de 13 de agosto de 2021. Radicado: 11001-03-26-000-2020-00079-00. C.P. Martha
Nubia Velásquez Rico.

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la revisión total de la decisión36. No de otra forma se respetan los derechos al debido
proceso, a la igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.

85. Por otra parte, la congruencia también debe ser interna y externa, la primera
equivale a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de
la sentencia; y, la segunda, que la decisión contenida en la resolutiva se encuentre
en concordancia con lo pedido en la demanda, como a lo aludido en la contestación
o en los recursos interpuestos.

86. Contrario a lo anterior la Corporación37 ha señalado que se presenta una
sentencia incongruente cuando (i)) se falla de manera extra petita, es decir, «[…]
por objeto distinto del pretendido en la demanda […]» o «[…] por causa diferente a
la invocada en esta […]»; (ii) en los eventos en que se condena al demandado de
manera ultra petita, esto es, «[…] por cantidad superior a la solicitada en la
demanda […]» y (iii) cuando se omite decidir sobre alguna de las pretensiones
invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuanta de una decisión
mínima petita.

87. Se erige entonces el principio de congruencia como una verdadera garantía del
derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, asociado
a que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base
en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable
dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso
de omitir pronunciarse sobre lo solicitado como pretensión tiene el deber de explicar
de forma clara las razones de tal omisión38.

III.5.3. Configuración o no de la causal contenida en el numeral 5° del artículo
250 del CPACA.

36
«Artículo 328 del CGP. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».
37
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 17 de agosto de 2017. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Radicado 41001233100020020092801.
38
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia de 26 de octubre de 2017. C.P. César Palomino Cortés.
Radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01

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88. La Sala procede a establecer si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios citados en acápites anteriores, para la configuración de la
causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, por haberse
proferido de manera incongruente y, por ello, con violación al debido proceso.

89. Examinada la demanda el señor Rigoberto Castro Ramos solicitó que se
declarara la nulidad de la Resolución 8435-6 del 11 de septiembre 2015, por medio
de la cual le negaron los intereses moratorios con ocasión del pago tardío del
retroactivo de la homologación y nivelación salarial, de los empleos de la planta de
cargos administrativos de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas.
Adicionalemte, solicitó, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento
y pago de los intereses moratorios a partir del día siguiente a los treinta días
posteriores a su causación y hasta el día que se pagó el retroactivo por
homologación y nivelación salarial, es decir, desde el 11 de febrero de 1997 y hasta
el 15 de mayo de 2013, con base en el capital neto, sin incluir el valor que por
concepto de indexación salarial se le reconoció.

90. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de sentencia de primera instancia
de 19 de noviembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda; sin embargo,
«por razones de equidad y justicia» ordenó al Ministerio de Educación Nacional
reconocer y pagar al demandante la indexación del retroactivo por homologación y
nivelación salarial, por el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 6 de junio
de 2013, sobre la suma de $91.733.665, decisión que en su momento fue apelada
por los apoderados judiciales del demandante y el Ministerio de Educación
Nacional.

91. Al conocer del medio de control en segunda instancia, el Consejo de Estado,
con competencia ilimitada para decidir, ante la apelación conjunta de las partes
planteó dos problemas jurídicos, el primero de ellos, determinar si: «¿El señor
Rigoberto Castro Ramos tiene derecho al reconocimiento de intereses moratorios
por el no pago inmediato del valor correspondiente al retroactivo derivado del
proceso de homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Caldas?».

92.El ad quem decidió confirmar la denegatoria de reconocer los intereses
moratorios pretendidos dado que:

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«[…] el proceso de homologación y nivelación salarial del Departamento de
Caldas se materializó a través del Decreto 337 del 2 de diciembre de 2010,
en virtud del cual, se expidió con posterioridad las Resoluciones 1654-6 del
22 de marzo de 2013, 3979-6 del 19 de junio de la misma anualidad y 8881-
6 del 11 de diciembre de 2014, por medio de las cuales se ordenó cancelar al
demandante la suma total de $142.683.352 como valor del retroactivo
correspondiente en razón de servicios personales y contribuciones inherentes
a la nómina, y el valor de $63.918.544 por concepto de indexación, tal como
se aprecia del cálculo efectuado en los últimos actos administrativos
precitados (folios 14 a 15 y 45 a 46).

Bajo ese entendido, la Subsección estima que a pesar de que el proceso
como tal de homologación se consolidó desde 1997 hasta 2009 y que el pago
del retroactivo al libelista se dio hasta el año 2013, lo cierto es que no se
observa que en modo alguno el Ministerio de Educación Nacional o el
Departamento de Caldas hayan incurrido en una dilación injustificada del
pago a través de maniobras dolosas o evasivas que buscaran enervar la
obligación, sino que en efecto se debieron surtir múltiples etapas propias e
inherentes al desembolso y transferencia de recursos de la Nación a
entidades territoriales, en las que además se efectuaron sendos ajustes, pero
todo bajo el entendido de que se canceló el monto correspondiente a la
indexación para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de la monera
por el paso del tiempo.

Por lo anterior, resulta improcedente alegar que los intereses moratorios
tenían que primar sobre la indexación como lo sostiene el libelista, en la
medida que conforme adujo previamente, en el presente caso se estructuró
una causa justificante en la tardanza en el pago, cuya consecuencia directa,
es el reconocimiento de una actualización monetaria con base en el IPC y no
el pago de una indemnización por mora, habida cuenta de que tampoco se
demostró el actuar doloso de la administración para evitar cumplir con la
obligación, aunado al hecho de que en el contexto normativo aplicable al
asunto, no se previó expresamente el reconocimiento de dicha sanción en
caso de dilación en el proceso en comento, lo cual convalida el actuar de las
demandadas, así como el acto cuestionado.

93. Visto lo anterior, encuentra la Sala que, en efecto, en el análisis realizado en la
sentencia objeto del asunto sub examine para decidir sobre el derecho a los
intereses moratorios reclamados por el actor se tuvo en cuenta que, desde el año
1997, fecha de incorporación a la planta de cargos administrativos de la Secretaría
de Educación del departamento de Caldas, es decir, desde la presunta fecha de
causación y hasta el año 2013, fecha en la que los rubros -retroactivo por
homologación y nivelación- fueron efectivamente pagados, acorde con las
pretensiones de la demanda.

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94. Destaca igualmente la Sala que, frente a las figuras de indexación y de
indemnización moratoria (o intereses moratorios) la sentencia objeto del presente
recurso extraordinario refirió que son herramientas jurídicas para cubrir efectos
adversos por el paso del tiempo frente a obligaciones dinerarias sin pagar, a lo que
agregó lo siguiente:

«[…] la primera hace referencia a la forma de actualización monetaria con base
en el IPC en los casos en los que se evidencia una razón válida para la tardanza
en la cancelación del saldo, mientras que los intereses moratorios implican una
suerte de sanción, que si bien igualmente busca equipara los valores de la
deuda a un momento posterior, lo hace con el cálculo de una tasa fijada en un
porcentaje mayor a la que resultaría de la aplicación de la regla anterior, pero
como consecuencia de una actitud dolosa o de mala fe por parte del obligado,
que no genere un sustento explicativo de aquella disrupción.

En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago
de una deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso
sistemático con la superación de etapas, la fijación de un término específico
para el cumplimiento de la obligación o la materialización de una condición que
se configura por el paso del tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios
por su naturaleza sancionatoria, deben estar estipulados previamente en la
norma que regule el asunto y tienen que obedecer a una causa injustificada en
la dilación del abono, que se relacione con la demostración por parte de quien
los solicita, de la mala fe o la intención del deudor de no cumplir a pesar de
estar expresamente conminado a ello.

Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras
ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y
otra de tipo sancionatorio, deben tenerse en cuenta que las dos instan por un
mismo fin que es restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de
una obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir
su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra, así se solicite
descontar lo ya cancelado por alguno de estos conceptos, pues tanto los
aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia39».
(negrillas fuera del texto)

95. Tambiénen la sentencia de 26 de noviembre de 2020, proferida por la
Subsección «A» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se planteó un
segundo problema jurídico asociado a determinar si «¿Era procedente emitir en
este caso una decisión extra petita a fin de ordenar al Ministerio de Educación,

39
Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la presente Sección del Consejo de Estado en sentencias
del: 14 de mayo de 2020, Subsección A, radicado: 08001-23-33-000-201-01426-01 (0074-2017); y del 16 de agosto de 2018,
Subsección B, radicado 20001-23-33-000-201-00313-02 (2633-2017).

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reconocer la indexación sobre las sumas abonadas al demandante por concepto de
nivelación salarial derivada del proceso de homologación referido?».

96. En relación con este problema jurídico, el ad quem concluyó en su fallo que: «[…]
no resultaba procedente la condena impuesta en la sentencia apelada al Ministerio
de Educación de manera oficiosa y en aplicación de facultades extra petita,
concerniente al pago de una indexación en reemplazo del reconocimiento de
intereses moratorios sobre las sumas pagadas al demandante en razón de la
nivelación salarial generada por el proceso de homologación del sector educativo
del Departamento de Caldas, puesto que tal potestad resulta ser excepcional a la
preponderancia del principio de congruencia y debido proceso que se predica de las
sentencia dictadas en el marco de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
sin embargo, en el caso particular, dicha excepción no se configura, por lo que debe
revocarse la orden en comento».

97. Significa lo anterior que la Subsección «A» de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en su ejercicio hermenéutico, profirió la sentencia de alzada con la
competencia que le otorgaron los apelantes para examinar la totalidad de los
hechos y pretensiones de la demanda, su contestación y los argumentos de cada
uno de los recurrentes, frente a lo cual realizó el análisis de las normativa aplicable
y criterios jurisprudenciales pertinentes sobre: i) la procedencia o no del
reconocimiento de los intereses moratorios en el proceso de homologación y
nivelación salarial del personal de la planta administrativa de la Secretaría de
Educación del Departamento de Caldas, conforme fue planteado en la demanda; ii)
el reconocimiento extra petita hecho por la primera instancia de la indexación de
las sumas de dinero, su periodo de causación, lo cual incluyó el estudio de la
procedencia o no del reconocimiento de pretensiones que no fueron formuladas en
el procedimiento administrativo ni en el proceso judicial, y iii) la incompatibilidad del
reconocimiento de intereses moratorios y de la indexación en el caso en concreto.

98.Visto lo anterior, no se incurrió en decisión citra petita, como fuera alegado
por señor Rigoberto Castro Ramos, en la medida que la sentencia se
pronunció sobre todo lo planteado por las partes en el litigio, pues no se
omitió ningún aspecto de los que fueron expuestos en la demanda acorde
con los hechos y las pretensiones de esta ni en los recursos de apelación.

31

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99.Incluso, ante la decisión extra petita de la primera instancia, en la alzada se
examinó en detalle dicha condena de la que conluyó su improcedencia y la
necesidad de revocarla, bajo el juicio de valor que su competencia le arroga.

100. Cosa distinta es que el recurrente disienta de la decisión que no le fue
favorable a sus pretensiones, -como lo aduce en gran parte argumentativa de la
demanda del recurso extraordinario- y que utilice este mecanismo extraordinario
para insistir en sus planteamientos de oposición, reabrir el debate y
controvertir la tesis jurídica adoptada por el juez natural del asunto; lo que,
valga resaltarlo, desvirtúa la naturaleza de este instrumento excepcional, no
se adecúa a los presupuestos que legal y jurisprudencialmente se le han dado
a la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, y escapa al objeto del recurso
extraordinario de revisión.

101. Al respecto, cabe traer a colación el pronunciamiento de esta Corporación
según la cual «[…] los eventos de nulidad originada en la sentencia, que ha
desarrollado el Consejo de Estado para definir la causal, son de aplicación
restrictiva y no admiten interpretación o aplicación extensiva a otros supuestos»40,
por lo que «No resulta acertado plantear cuestionamientos a la sentencia,
motivados en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en que no se
aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma indebida o en
que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas estas
observaciones escapan al ámbito de la aludida causal […]»41.

102. A manera de corolario, en el sub lite la sentencia de 26 de noviembre de 2020,
por la Subsección «A» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, fue proferida
de manera congruente con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda,
por lo cual no se vulneró el debido proceso al señor Rigoberto Castro Ramos.

103. Cabe señalar que a similares conclusiones llegó esta Corporación en su Sala
Quince Especial de Decisión42, en la que examinó un caso de idéntica situación
fáctica y jurídica, oportunidad en la que determinó que las consideraciones de la
sentencia examinada se enmarcaron dentro de las pretensiones de la demanda de

40
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. sentencia de 13 de julio de 2022, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00072-00 (66086) REV.
41
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P Mauricio Fajardo
Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
42
Consejo de Estado, Sala Quince Especial de Decisión. Sentencia de 10 de octubre de 2022. C.P. Hernando Sánchez
Sánchez. Radicado: 11001-03-15-000-2022-041314-00

32

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
nulidad y restablecimiento del derecho y se fundamentaron en el acervo probatorio
debatido en el mismo, sin que se observara pronunciamiento alguno que no
guardara relación con los reparos concretos formulados en los respectivos recursos
de apelación, quedando así desvirtuada la vulneración al principio de congruencia.

III.6. Conclusión

104. De conformidad con lo expuesto, la Sala estima que no se configura la causal
de procedencia adjetiva del recurso extraordinario de revisión alegada en el caso
concreto, esto es, la nulidad originada en la sentencia, pues la sentencia no se
profirió de manera incongruente ni citra petita.

III.7. De la condena en costas

105. Las costas procesales se definen43 como la «erogación económica que debe
asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial, que se compone de las
i) expensas44 y las ii) agencias en derecho45».

106. Para el caso en estudio, en el recurso extraordinario de revisión el artículo 255
del CPACA46 en su inciso final prevée que cuando «[…] se declare infundado [el
recurso] se condenará en costas».

107. Cabe señalar que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para
efectos de la fijación de las costas47, se aplica el criterio objetivo valorativo48, lo que
exige que la autoridad judicial revise, en cada caso concreto, si las mismas
efectivamente se causaron, bajo la premisa consistente en que solo habrá lugar al

43
Consejo de Estado - Sala Plena. Exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Sentencia de 6 de agosto de 2019.
C.P. Rocío Araújo Oñate.
44
«73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de copias, publicaciones,
impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de desplazamiento por diligencias
fuera del despacho judicial, gasto de traslado de testigos, por citar algunos ejemplos”.
45
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de la parte favorecida con
la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la representación de un abogado o, si actuó en nombre
propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo dedicados a la causa.»
46
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
47
Con la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021 que modificó el CPACA.
48
El criterio que se aplicaba en vigencia del Código Contencioso Administrativo era el subjetivo, que estaba atada a la prueba
del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad durante el proceso; en este sentido se puede consultar la Consejo
de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección a. Sentencia de 28 de febrero de
2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-18). C.P. William Hernández Gómez.

33

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
reconocimiento de expensas y agencias en derecho en la medida de su causación,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 365 del CGP49.

108. Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código General del
Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, contentivo de las tarifas de
agencias en derecho expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de
acuerdo con las actuaciones procesales realizadas, no encuentra que se hubieren
causado expensas pero si considera que se deben reconocer agencias en derecho
en la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia, únicamente en favor del Ministerio de Educación Nacional, en la
medida que el departamento de Caldas guardó silencio50.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado, doctor Rafael Francisco Suárez Vargas, al encontrarse configurada la
causal de que trata el numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso –
CGP.

SEGUNDO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor RIGOBERTO CASTRO RAMOS contra la sentencia
proferida por la Subsección «A», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado el
26 de noviembre de 2020, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado 17001-23-33-000-2017-00617-00, según lo expuesto en
las consideraciones de esta decisión.

49
CGP. Art. 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas: (…) 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación (…)”.
50
Ver auto de 23 de junio de 2022, índice 19, expediente SAMAI.

34

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00733-00
Demandante: Rigoberto Castro Ramos
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
TERCERO: CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de
información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI y SAMAI.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente (Salva parcialmente el voto)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejera de Estado Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Consejero de Estado (E)
(Impedido)
P (6)

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