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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00079-00

Recurso extraordinario de revisión

Fecha
13 de agosto de 2021
Consejero ponente
Marta Nubia Velásquez Rico
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2020-00079-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E: PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Arturo Enrique José Vega Varón en contra de la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 4 de abril de 2019, en el medio de control de repetición con radicado 11001-33-36-031-2014-00156-00. SEGUNDO: Como consecuencia, DECLARAR la nulidad de todo lo actuado desde la sentencia del 8 de febrero de 2017, inclusive, proferida por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá. TERCERO: Mediante Secretaría de la Sección Tercera, REQUERIR al Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá para que, en el término de la distancia, remita con destino a esta Corporación, copia digital del expediente bajo radicado No. 11001-33-36-031-2014-00156-00 (actor: Incoder, demandado: Arturo Enrique José Vega Varón). Una vez se allegué el expediente, la Secretaría de la Sección Tercera lo someterá a reparto para la elaboración de la respectiva sentencia en única instancia, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente fallo, cuya copia se adjuntará al referido proceso. CUARTO: Sin condena en costas. QUINTO: En firme esta providencia, por Secretaría de la Sección, COMUNICAR lo decidido al Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEXTO: Cumplido lo anterior, mediante la Secretaría de la Sección, ARCHIVAR el presente asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2020-00079-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico

13 de agosto de 2021

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / ALCANCE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CONCEPTO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / DEFINICIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / FUNDAMENTO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NOCIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NATURALEZA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA

De conformidad con el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, el recurso extraordinario de revisión procede en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos , las cuales pueden ser invalidadas en los casos previstos expresamente por el legislador en el artículo 250 ejusdem, sin que se trate de una tercera instancia, tal como lo ha sostenido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación. (…) [L]a finalidad del recurso revisión no es la de cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, sino que su naturaleza extraordinaria implica que proceda en determinadas y especiales circunstancias taxativamente consagradas en la ley, las cuales, en todo caso, no deben ser imputables al afectado con el fallo.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A – ARTÍCULO 248 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 250

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, ver, Consejo de Estado, pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50330; sentencia del 8 de mayo de 2019, exp: 46453, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 41222; sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 54722, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp. 2013-02110

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

[E]l escrito de revisión que se fundamenta en la causal (…) [existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación] debe basarse en alguna de las situaciones de nulidad taxativamente consagradas en la ley procesal correspondiente. Adicionalmente, conviene destacar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (…) señaló [en su jurisprudencia] que la causal de revisión consistente en la nulidad originada en la sentencia también puede configurarse ante una violación del artículo 29 de la Constitución Política -debido proceso-, cuando se dicta un fallo inhibitorio.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A – ARTÍCULO 250 NUMERAL 5 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 140 NUMERAL 2 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 133 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el asunto, consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, C.P. Mario Alario Méndez, exp: Rev.093; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P: Mauricio Fajardo Gómez (E), exp. 35221; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-153-01(REV) y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión, auto del 31 de mayo de 2021, exp: 2018-00849 (REV), C.P. William Hernández Gómez. De igual forma, ver, Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C -491 del 2 de noviembre de 1995, M.P: Antonio Barrera Carbonell, exp: D-884.

NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN AL PROCESO / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / REMISIÓN DE LA NORMA / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / APLICACIÓN DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

[L]a causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, en virtud de la remisión consagrada en el artículo 208 ejusdem, se configura en los precisos eventos consagrados en los artículos 140 del C.P.C. y 133 del C.G.P, según corresponda; además, cuando se trate pruebas obtenidas con violación del debido proceso -artículo 29 de la Constitución Política. Para establecer el régimen de nulidades aplicable al sub lite C.P.C. o C.G.P- la Sala precisa que la demanda contentiva de la pretensión de repetición ejercida por el (…) en contra del señor (…) fue radicada el (…) mientras que el fallo de primera instancia se dictó el (…) y el de segunda el (…) La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del (…) unificó su jurisprudencia, en relación con la entrada en vigor del Código General del Proceso para los asuntos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y precisó que ello ocurrió a partir del 1 de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) Así las cosas, para la fecha de presentación de la demanda diciembre de 2012 el régimen de nulidades era el del C.P.C.; sin embargo, para el momento en el que se dictó sentencia en el asunto analizado –abril de 2019 la normativa vigente era la contenida en el C.G.P. de ahí que sea esta la que se tome en consideración para definir el asunto, dado que la parte recurrente lo que cuestiona es precisamente la configuración de una causal de nulidad contenida en el fallo.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A – ARTÍCULO 250 NUMERAL 5 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 140 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 133 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 29

NOTA DE RELATORÍA: Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 25 de junio de 2014, C.P: Enrique Gil Botero, exp: 49299; sentencia de 25 de octubre de 2019, exp: 62002, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y auto de 25 de mayo de 2018, exp: 59283, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas

FUNCIONARIO PÚBLICO / EMPLEADO PÚBLICO / DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / FACTOR DE COMPETENCIA / FUNCIONARIO JUDICIAL / COMPETENCIA FUNCIONAL / PRÓRROGA DE LA COMPETENCIA / CONSENTIMIENTO / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / COMPETENCIA SUBJETIVA / NULIDAD INSANEABLE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

La distribución de la competencia entre los funcionarios que administran justicia se encuentra sujeta al principio de legalidad, por cuya virtud se impone al juez la verificación de los denominados factores de competencia, que corresponden a reglas que de manera previa y abstracta ha fijado la ley en función de atribuir el conocimiento de una causa a un determinado funcionario judicial y no a otro. (…) [El criterio o factor funcional], atañe a la forma en la que el legislador asignó el reparto de la función judicial dentro de su estructura, y encierra tanto la distribución que se hace por grado como la que se realiza por estadios procesales (…) Así mismo, [en] el factor subjetivo (…) para efectos de determinar el juez competente se parte de la calidad de determinado sujeto procesal (…) Así las cosas, el artículo 16 del CGP estableció la improrrogabilidad de la competencia por los factores subjetivo y funcional, razón por la cual los jueces deben declararla cuando al dictar sentencia la adviertan, incluso cuando con posterioridad al fallo lo adviertan, con independencia de que haya sido alegada o no por las partes, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservará validez, salvo el respectivo fallo. De este modo, la improrrogabilidad de la competencia por los factores funcional y subjetivo impide la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, en virtud del cual el juez que asume la competencia de un caso no la pierde por circunstancias sobrevinientes .Por lo anterior, el carácter improrrogable de la competencia por los factores (…) se traduce en que de estos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, dado que si se llega a dictar fallo adquiere el carácter de insaneable .En suma, como la falta de competencia funcional o subjetiva implica la nulidad de la sentencia dictada en el respectivo proceso.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 133 NUMERAL 1 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 16 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO138 INCISO 1 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 139 INCISO 2 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 16 / C.P.A.C.A

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el asunto, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 25 de mayo de 2021, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 66730; sentencia de 14 de septiembre de 2012, C.P. Alberto Montaña Plata y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto de 8 de junio de 2021, C.P: Alberto Montaña Plata, exp: 46347. De igual forma, ver, Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-308 del 28 de mayo de 2014, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, exp: T- 4.203.808 y Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-537 de 5 de octubre de 2016, M.P: Alejandro Linares Cantillo, exp: D-11271. Así mismo, ver, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 19 de octubre de 2020, M.P: Luis Alonso Rico Puerta, exp: AC2747-2020; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 7 de julio de 2021, M.P: Octavio Augusto Tejeiro Duque, exp: SC2759-2021; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 23 de junio de 2021, M.P: Luis Alonso Rico Puerta, exp: AC2498-202; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 8 de junio de 2021, M.P: Hilda González Neira, exp: ATC784-2021 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de unificación de 24 de enero de 2020, M.P: Álvaro Fernando García Restrepo, exp: AC140-2020.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / COMPETENCIA FUNCIONAL / COMPETENCIA SUBJETIVA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA OBJETIVA / PROCESO ORDINARIO DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR CONEXIDAD / FUNCIONARIO PÚBLICO / EMPLEADO PÚBLICO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / AGENTE DEL ESTADO / ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / COMPETENCIA SUBJETIVA / CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / NULIDAD PROCESAL / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD PROCESAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD PROCESAL / REMISIÓN DE EXPEDIENTE / PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / SENTENCIA / NULIDAD DE LA SENTENCIA / ALCANCE DE LA NULIDAD DE LA SENTENCIA

La demanda de repetición que dio origen al presente asunto se presentó el 18 de diciembre de 2012, de ahí que le resultaran aplicables las reglas establecidas en la Ley 1437 de 2011, la cual, según su artículo 308, entró en vigor el 2 de julio de 2012. En ese contexto, la Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición, para lo cual recurrió al factor subjetivo frente a los procesos de conocimiento en única instancia del Consejo de Estado y al de carácter objetivo por cuantía para los de doble instancia; con lo que se derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001. (…) Así las cosas, la competencia de esta Corporación para conocer, en única instancia, de las demandas de repetición se determina por el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad de la persona en contra de la cual se ejerce la pretensión pertinente. Vale la pena precisar que la competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia de las demandas de repetición se extiende a dos supuestos: i) cuando se dirige contra funcionarios que, al momento de presentación de la demanda, ocupen alguno de los cargos mencionados en el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 o ii) cuando la causa que motiva el proceso la constituyen actuaciones que hayan tenido lugar durante el ejercicio de uno de tales cargos, pero que al momento de presentación del escrito inicial la persona ya no lo ocupa . Por lo anterior, el Consejo de Estado en única instancia es la autoridad judicial competente para conocer de las pretensiones de repetición ejercidas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, y que se formulen en contra de, entre otros, los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional.(…) [en el caso concreto] [L]a demanda de repetición presentada por el (…) el (…) en contra del señor (…) era de conocimiento en única instancia de esta Corporación, en atención a la calidad que el señor (…) ostentaba para la época de los hechos, de conformidad con el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011. La Subsección precisa que la anterior situación no fue advertida por las autoridades judiciales que conocieron la demanda de repetición en contra del señor (…) a pesar de que tuvieron presente su calidad de agente estatal con base en el cargo que el demandado ocupaba al momento de dictar el acto administrativo anulado, pues no razonaron acerca de la relevancia que tal situación tenía de cara a la autoridad que debía conocer el asunto , sino que, en primer lugar, se remitieron al factor de conexidad y, luego, a la cuantía de la pretensión. Por otra parte, si bien en el expediente no obra prueba de que el señor (…) hubiera manifestado, en el proceso inicial, alguna irregularidad por razones de competencia, lo cierto es que como se explicó en precedencia, la falta de competencia funcional o subjetiva constituye un vicio que no es susceptible de saneamiento, por lo que, de conformidad con los artículos 16 y 138 del CGP, una vez el juez advierte su configuración debe decretar, de manera oficiosa, la nulidad de la respectiva sentencia; sin embargo, la actuaciones que se adelantaron de forma previa, a dicha providencia, conservarán su validez.

Como consecuencia, a pesar de que la parte recurrente solo cuestionó el fallo de segunda instancia, la Subsección advierte que la nulidad alegada se configuró desde el momento en el que se dictó la sentencia de primera instancia, de allí que la Sala en esta oportunidad dispondrá la anulación de todo lo actuado desde el fallo proferido el 8 de febrero de 2017 por el Juzgado (…) Administrativo del Circuito (…) Así las cosas, como en este asunto se configuró la referida causal de nulidad la del numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, de acuerdo con el artículo 16 del CGP, la Sala anulará todo lo actuado desde la sentencia de 8 de febrero de 2017, inclusive, en el proceso de repetición (…) Las distintas actuaciones adelantadas por el Juzgado (…) Administrativo del Circuito (…) conservarán su validez -salvo la sentencia de primera instancia-, de conformidad con el artículo 138 del CGP, por lo que una vez se allegue la totalidad del expediente, la Secretaría de la Sección Tercera lo someterá a reparto para que se profiera el correspondiente fallo en única instancia. Como consecuencia de lo anterior, la Sala remitirá el proceso a la autoridad judicial competente para que dicte sentencia de nuevo Sección Tercera del Consejo de Estado, para lo cual solicitará al Juzgado (…) Administrativo del Circuito (…) que remita copia digital del expediente (…).

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A – ARTÍCULO 149 NUMERAL 13 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 255 / LEY 2080 DE 2021- ARTÍCULO 70 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 152 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 155 / LEY 678 DE 2001 – ARTÍCULO 7 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 138 / GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 16 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 250 NUMERAL 5

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 20 de mayo de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 66467; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 16 de noviembre de 2016, C.P: Hernán Andrade Rincón, exp: 50430; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 20 de agosto de 2019, exp: 63911, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 7 de mayo de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 58503; sentencia de 19 de junio de 2020, exp: 46047, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E); sentencia de 29 de octubre de 2018, exp: 47932, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de febrero de 2015, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 2014-00387-00 (REV) y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 12 de mayo de 2015, C.P: Guillermo Vargas Ayala, exp: 2012-02124-00 (REV).

CONDENA EN COSTAS / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA / NULIDAD PROCESAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD PROCESAL / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD PROCESAL / DECLARACIÓN DE NULIDAD PROCESAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas; sin embargo, el artículo 255 ejusdem regula tal tema en lo relacionado con los recursos extraordinarios de revisión (…) En el régimen procesal civil el asunto se regula de la misma manera, (…) [según el] artículo 359 del C.G.P. (…) En las condiciones analizadas, como se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión, se concluye que no resulta procedente la condena en costas, máxime cuanto la situación que dio lugar a la anulación de la sentencia no resulta imputable al demandado (…) pues a tal entidad no era a la que le correspondía establecer el alcance de la normativa sobre competencia en materia de repetición consagrada en la Ley 1437 de 2011.

FUENTE FORMAL: C.P.A.C.A – ARTÍCULO 188 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 359 / C.P.A.C.A – ARTÍCULO 255

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, sentencia de 27 de octubre de 2020, C.P: Martín Bermúdez Muñoz, exp: 2014-04397-00(REV) y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1 de septiembre de 2018, C.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp: 2020-00266-00(REV). De igual forma, ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 18 de enero de 2021, M.P: Luis Alonso Rico Puerta, exp: SC001-2021

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-26-000-2020-00079-00(66121)

Actor: ARTURO ENRIQUE JOSÉ VEGA VARÓN

Demandado: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN (SENTENCIA)

Temas: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – procedencia / CAUSALES nulidad originada en la sentencia / DECLARA FUNDADO –en la sentencia cuestionada se incurrió en la causal de nulidad / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN – competencia del Consejo de Estado en única instancia – la parte recurrente ostentaba la calidad de director general de una entidad del orden nacional para la época de los hechos / NULIDAD POR FALTA DE COMPETENCIA FUNCIONAL O SUBJETIVA – es improrrogable – lo actuado conserva validez, salvo la sentencia viciada de nulidad.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Arturo Enrique José Vega Varón en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 4 de abril de 2019, mediante la cual se revocó el fallo denegatorio proferido por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá el 8 de febrero de 2017.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Vega Varón interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia de repetición proferida en su contra en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual revocó la sentencia denegatoria dictada en primera instancia.

Lo anterior, porque, en su criterio, se configuró la causal de revisión prevista en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, dado que el proceso de repetición era de competencia en única instancia del Consejo de Estado, pese a lo cual fue conocido por otras autoridades judiciales.

II. ANTECEDENTES

1. Proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión

El 18 de diciembre de 2012, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –en adelante Incoder- presentó demanda de repetición en contra del señor Arturo Enrique José Vega Varón, con el fin de que se le restituyera la suma que tal entidad pagó como consecuencia de la anulación de la Resolución No. 01589 del 29 de septiembre de 2004, por medio de la cual el señor Vega Varón, en su calidad de “gerente general” del instituto, declaró insubsistente el nombramiento de la señora María Stella Albornoz Miranda.

El 5 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda de repetición, para lo cual invocó el factor de conexidad establecido en la Ley 678 de 2001; sin embargo, el 30 de enero de 2014, tal corporación declaró su falta de competencia en razón de la cuantía y lo remitió a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá.

El 19 de marzo siguiente, el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá avocó el conocimiento del asunto y surtido el trámite legal correspondiente, por medio de fallo del 8 de febrero de 2017, negó las pretensiones de la demanda, porque, en su criterio, no se evidenció algún comportamiento irregular por parte del demandado.

En contra de la anterior decisión, el Incoder interpuso recurso de apelación, el cual fue decidido de manera favorable por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de sentencia condenatoria del 4 de abril de 2019.

El Tribunal, una vez estableció el cumplimiento de los requisitos objetivos para la procedencia del medio de control de repetición, señaló que el accionado incurrió en culpa grave por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, ya que, a pesar de que le correspondía, no motivó el acto administrativo mediante el cual declaró insubsistente el nombramiento de la señora Albornoz Miranda, según lo establecido en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

2. El recurso extraordinario de revisión presentado y su trámite

2.1. El 27 de agosto de 2020, el señor Arturo Enrique José Vega Varón interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 4 de abril de 2019, para lo cual invocó la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

La parte recurrente indicó que el fallo de repetición fue proferido en primera instancia por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá y, en segunda, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pese a que el competente era el Consejo de Estado en única instancia, dado que el demandado tenía la condición de representante legal de una entidad del orden nacional, de ahí que le resultara aplicable lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011.

De este modo, a su juicio, en la sentencia de segunda instancia se configuró la causal de nulidad establecida en el numeral 2 del artículo 140 del CPC, por falta de competencia funcional, por lo que pidió que el medio de control de repetición formulado en su contra, fuera resuelto por la autoridad judicial competente “teniendo en cuenta para ello los planteamientos esgrimidos por el demandado”.

2.2. A través de auto del 27 de abril de 2021 se admitió la demanda de revisión extraordinaria, se ordenaron las notificaciones a la parte demandada y al Ministerio Público y su respectiva comunicación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.3. El 23 de junio de la misma anualidad, la Agencia Nacional de Tierras -en lo sucesivo ANT-, en calidad de sucesora procesal del Incoder, indicó que el recurso de revisión carecía de vocación de prosperidad, porque, de acuerdo con el artículo 133 del CGP, las falencias que no fueron advertidas oportunamente en el proceso ordinario se entienden subsanadas, sumado a ello, no se configura nulidad cuando “a pesar del vicio, el acto procesal cumplió con su finalidad y se garantizó el debido proceso”.

El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

2.4. A través de providencia del 16 de julio de 2021 se resolvieron las solicitudes probatorias formuladas por las partes, en el sentido de acceder parcialmente a ellas, determinación en contra de la cual no se interpusieron recursos.

El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente para dictar sentencia el 26 de julio siguiente.

III. CONSIDERACIONES

1. Régimen aplicable

Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación del recurso extraordinario –27 de agosto de 2020-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como a las disposiciones del C.G.P, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.

Adicionalmente, el sub lite se rige por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, cuyas reglas de vigencia se encuentran establecidas en el artículo 86 ejusdem, sin que en este caso se advierta alguna situación que imponga la sujeción del trámite a las disposiciones que existían antes de su publicación, pues no se observan recursos por resolver, práctica de pruebas decretadas antes de su publicación, audiencias convocadas antes de su entrada en vigor, diligencias, incidentes, notificaciones o términos en curso para la fecha citada.

2. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Ley 1437 de 2011, la Subsección es la competente para decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto en contra del fallo dictado el 4 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que revocó el dictado el 8 de febrero de 2017 por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá.

3. Alcance del recurso extraordinario de revisión

De conformidad con el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, el recurso extraordinario de revisión procede en contra de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos , las cuales pueden ser invalidadas en los casos previstos expresamente por el legislador en el artículo 250 ejusdem, sin que se trate de una tercera instancia, tal como lo ha sostenido la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación:

El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más (…).

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada (…) (se resalta).

De este modo, la finalidad del recurso revisión no es la de cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, sino que su naturaleza extraordinaria implica que proceda en determinadas y especiales circunstancias taxativamente consagradas en la ley, las cuales, en todo caso, no deben ser imputables al afectado con el fallo. Así lo ha precisado la jurisprudencia:

Dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, se prevé como uno de los requisitos para su procedencia, el que las razones o motivos que constituyen las causales del recurso no hayan sido provocadas ni le sean imputables al afectado con la sentencia, en el entendido de que este recurso no consagra una nueva instancia, ni prevé oportunidades para que las partes subsanen conductas omisivas o negligentes en las que hubiesen podido incurrir durante el trámite del proceso.

4. Oportunidad del recurso

De conformidad con señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 , el término para interponer el recurso extraordinario de revisión se determina en función de la causal invocada y como en este caso el señor Arturo Enrique José Vega Varón recurrió a la establecida en el numeral 5 del artículo 250 ejusdem -la de nulidad originada en la sentencia-, el plazo para tal fin correspondía a un año contado desde el día siguiente a la ejecutoria del respectivo fallo.

En este asunto, el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia el 8 de febrero de 2017, decisión que fue revocada en segunda instancia el 4 de abril de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La referida corporación, mediante auto de 17 de febrero de 2020, determinó que “los términos de ejecutoria de la providencia en mención [sentencia del 4 de abril de 2019] solo empezarán a correr a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la presente providencia”. Decisión que fue notificada por estado al día siguiente.

Así las cosas, el fallo quedó en firme el 21 de febrero siguiente y el recurso extraordinario de revisión se radicó el 27 de agosto del mismo año, es decir, en oportunidad.

5. Caso concreto

El numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 establece como causal de revisión el hecho de “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”, situación frente a la cual la jurisprudencia ha sostenido:

(…) el proceso solamente es nulo, en todo o en parte, por las causas establecidas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil [hoy artículo 133 del Código General del Proceso]. Así, por ejemplo, la nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos. (…).

En suma, el escrito de revisión que se fundamenta en la causal citada debe basarse en alguna de las situaciones de nulidad taxativamente consagradas en la ley procesal correspondiente.

Adicionalmente, conviene destacar que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de 8 de mayo de 2018, señaló que la causal de revisión consistente en la nulidad originada en la sentencia también puede configurarse ante una violación del artículo 29 de la Constitución Política -debido proceso-, cuando se dicta un fallo inhibitorio. Así se razonó:

Lo expuesto permite concluir, que los derechos al acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva generan la configuración de la causal de revisión por violación del artículo 29 constitucional por haberse visto comprometidos ante la existencia de una decisión inhibitoria fundada en motivos contraevidentes.

(…)
Por tal razón, concluye la Sala, que también hay una vulneración del derecho fundamental al debido proceso, artículo 29 Constitucional, cuando una autoridad judicial dicte sin fundamento válido, razonable, una sentencia inhibitoria, que, como se expuso, es una clara denegación de justicia”.

6.2.3 Nuevo alcance de la causal de nulidad originada en la sentencia.
Todo lo anterior permite afirmar sin ambages que los eventos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta Corporación como constitutivos de nulidades originadas en la sentencia, no son taxativos.

Así, por ejemplo, con esta providencia queda claro que, en aras de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, es deber del juez decidir de fondo los litigios cuando las circunstancias así se lo permitan, lo que significa que la violación a tales preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la causal de revisión alegada.

En conclusión, si bien nuestra legislación procesal civil mediante el CPC o el CGP -artículos 140 y 133, respectivamente-, según el caso, determinó algunas causales de nulidad, lo cierto es que a ello se debe sumar la interpretación efectuada por la Corte Constitucional en su sentencia C-491 de 1995, en la cual señaló que la prueba obtenida con violación del debido proceso es nula de pleno derecho, por lo que, en todo caso, del artículo 29 de la Constitución Política solo se puede derivar esta causal de nulidad, la cual tiene una repercusión puntual respecto de un determinado medio de prueba, sin que se vea afectada una etapa procesal en concreto.

5.1. Régimen de nulidades aplicable al presente caso

En el sub examine, la parte actora invocó como causal de revisión la establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, consistente en la nulidad originada en la sentencia, por haberse configurado lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 140 del CPC, dada la falta de competencia funcional de la autoridad judicial que falló en segunda instancia el proceso de repetición promovido en su contra por el Incoder.

Lo expuesto, porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no era el competente para tramitar el proceso de repetición promovido en su contra, por cuanto para la época de los hechos, el señor Vega Varón era el representante legal del Incoder, de ahí que el asunto fuera de conocimiento en única instancia del Consejo de Estado.

Como antes se explicó, la causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, en virtud de la remisión consagrada en el artículo 208 ejusdem, se configura en los precisos eventos consagrados en los artículos 140 del C.P.C. y 133 del C.G.P, según corresponda; además, cuando se trate pruebas obtenidas con violación del debido proceso -artículo 29 de la Constitución Política-.

Para establecer el régimen de nulidades aplicable al sub lite –C.P.C. o C.G.P- la Sala precisa que la demanda contentiva de la pretensión de repetición ejercida por el Incoder en contra del señor Vega Varón fue radicada el 18 de diciembre de 2012, mientras que el fallo de primera instancia se dictó el 8 de febrero de 2017 y el de segunda el 4 de abril de 2019.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de junio de 2014, unificó su jurisprudencia, en relación con la entrada en vigor del Código General del Proceso para los asuntos de conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y precisó que ello ocurrió a partir del 1º de enero de 2014, salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición “(…) las cuales se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”.

Así las cosas, para la fecha de presentación de la demanda –diciembre de 2012– el régimen de nulidades era el del C.P.C.; sin embargo, para el momento en el que se dictó sentencia en el asunto analizado –abril de 2019– la normativa vigente era la contenida en el C.G.P. , de ahí que sea esta la que se tome en consideración para definir el asunto, dado que la parte recurrente lo que cuestiona es precisamente la configuración de una causal de nulidad contenida en el fallo.

5.2 Falta de competencia funcional en vigencia del C.G.P.

La distribución de la competencia entre los funcionarios que administran justicia se encuentra sujeta al principio de legalidad, por cuya virtud se impone al juez la verificación de los denominados factores de competencia, que corresponden a reglas que de manera previa y abstracta ha fijado la ley en función de atribuir el conocimiento de una causa a un determinado funcionario judicial y no a otro.

De tales reglas hace parte el factor funcional, definido por la doctrina como aquel que “se deriva de la clase especial de funciones que desempeña el juez en un proceso y de las exigencias propias de estas, y en razón de que su conocimiento se halla atribuido entre varios jueces de distinta categoría. Así, tenemos jueces de primera y de segunda instancia” o, en su defecto, de única instancia. De modo que este criterio, atañe a la forma en la que el legislador asignó el reparto de la función judicial dentro de su estructura, y encierra tanto la distribución que se hace por grado como la que se realiza por estadios procesales.

Así mismo, el factor subjetivo ha sido entendido como aquel en el cual “la competencia se radica en determinados funcionarios judiciales en consideración a la calidad de sujeto que debe intervenir en la relación procesal”, es decir, para efectos de determinar el juez competente se parte de la calidad de determinado sujeto procesal.

El Código General del Proceso, en su artículo 133, establece las causales de nulidad, de las cuales no hace parte la falta de competencia, sino el hecho de actuar después de que esta se declare, así lo señala el numeral 1 ejusdem: “cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia”.

La referida regla debe interpretarse en concordancia con lo previsto en los artículos 16, 138 - inciso primero- y 139 -inciso segundo- del mismo estatuto.

El artículo 16 del CGP señala:

Artículo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo.

La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente (se destaca).

Por su parte, el inciso primero del artículo 138 ejusdem señala que “cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, ésta se invalidará”.

Finalmente, el inciso segundo del artículo 139 del CGP indica que “siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente” y más adelante dispone que “el juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional”.

En relación con el alcance de las anteriores disposiciones, la Corte Constitucional ha precisado:

La combinación de estas dos normas, a primera vista, podría dar lugar a concluir (…) que ésta es saneable. Sin embargo, como quedó establecido en el párrafo anterior, de acuerdo con el artículo 16 del CGP, esta nulidad debe ser declarada de oficio por el juez el que se percatará del vicio en cumplimiento de su deber de control permanente de legalidad del proceso (artículo 132) y la competencia es improrrogable, es decir, que el juez no podrá dictar válidamente sentencia, la que expresamente se dispone que será nula. En estos términos, habrá que concluirse que, a pesar de que el CGP mantuvo un sistema taxativo de nulidades, la lista completa no se encuentra de manera exclusiva en el artículo 136 y la nulidad de la sentencia derivada de la incompetencia por los factores subjetivo y funcional, es insaneable (se destaca).

A su vez, la Corte Suprema de Justicia se ha referido a la nulidad de la sentencia a causa de la falta de competencia funcional o subjetiva en los siguientes términos:

El análisis de esta normatividad permite sostener que por designio legal la sentencia emitida sin jurisdicción o competencia funcional está signada de nulidad y que esta es insaneable, pues sea que se dicte antes o después de que el juez admite que en el caso concreto no tiene alguna de esas potestades que emanan del Estado, la consecuencia lacónica y fatal es que “se invalidará” o “será nula”, lo que elimina cualquier margen para que los extremos procesales dispongan a voluntad, en lo que radica la esencia de los vicios que son superables, máxime si se advierte que el fallador puede proceder de oficio (se destaca).

Así las cosas, el artículo 16 del CGP estableció la improrrogabilidad de la competencia por los factores subjetivo y funcional, razón por la cual los jueces deben declararla cuando al dictar sentencia la adviertan, incluso cuando con posterioridad al fallo lo adviertan, con independencia de que haya sido alegada o no por las partes, en cuyo caso lo actuado hasta antes de la sentencia conservará validez, salvo el respectivo fallo.

De este modo, la improrrogabilidad de la competencia por los factores funcional y subjetivo impide la aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, en virtud del cual el juez que asume la competencia de un caso no la pierde por circunstancias sobrevinientes.

Por lo anterior, el carácter improrrogable de la competencia por los factores citados se traduce en que de estos no se puede disponer ni aun bajo el consentimiento de las partes, dado que si se llega a dictar fallo adquiere el carácter de insaneable.

En suma, como la falta de competencia funcional o subjetiva implica la nulidad de la sentencia dictada en el respectivo proceso, la Sala determinará si tal situación se estructuró o no en el sub lite, lo que implica el estudio de las normas de la Ley 1437 de 2011 sobre el conocimiento de las demandas presentadas en ejercicio del medio de control de repetición.

5.3. Competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia de los medios de control de repetición

La demanda de repetición que dio origen al presente asunto se presentó el 18 de diciembre de 2012, de ahí que le resultaran aplicables las reglas establecidas en la Ley 1437 de 2011, la cual, según su artículo 308, entró en vigor el 2 de julio de 2012.

En ese contexto, la Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición, para lo cual recurrió al factor subjetivo frente a los procesos de conocimiento en única instancia del Consejo de Estado y al de carácter objetivo por cuantía para los de doble instancia; con lo que se derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001.
El numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 dispone:

Artículo 149. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:(…).

13. De la repetición que el Estado ejerza contra el Presidente de la República o quien haga sus veces, Senadores y Representantes, Ministros del Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, Registrador Nacional del Estado Civil, Auditor General de la República, magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, de los tribunales administrativos y del Tribunal Superior Militar y, en general, de los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional (…) (se destaca).

Al respecto, la Sección Tercera, mediante auto del 16 de noviembre de 2016, se refirió a la regulación expresa del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en lo concerniente a la competencia para conocer y decidir el medio de control de repetición, así:

Ahora bien, (…) el CPACA reguló expresamente la competencia para conocer de medios de control de repetición y la distribuyó en primera instancia entre los Jueces y Tribunales Administrativos, de acuerdo con la cuantía de las pretensiones.
(…) en el caso de que exista incompatibilidad entre las legislaciones por regulación disímil –tal y como se advierte en el sub examine– lo procedente es entender que la legislación posterior –con independencia de su generalidad– derogó tácitamente la anterior.

Así las cosas, en los medios de control de repetición las normas de competencia aplicable son las contenidas en los artículos 149, 152 y 155 del CPACA, que establecen, para esos efectos, el factor subjetivo y el factor objetivo por cuantía, por lo que el artículo 7 de la Ley 678 de 2001 está derogado y resulta inaplicable (se destaca).

Así las cosas, la competencia de esta Corporación para conocer, en única instancia, de las demandas de repetición se determina por el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad de la persona en contra de la cual se ejerce la pretensión pertinente.

Vale la pena precisar que la competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia de las demandas de repetición se extiende a dos supuestos: i) cuando se dirige contra funcionarios que, al momento de presentación de la demanda, ocupen alguno de los cargos mencionados en el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 o ii) cuando la causa que motiva el proceso la constituyen actuaciones que hayan tenido lugar durante el ejercicio de uno de tales cargos, pero que al momento de presentación del escrito inicial la persona ya no lo ocupa.

Por lo anterior, el Consejo de Estado en única instancia es la autoridad judicial competente para conocer de las pretensiones de repetición ejercidas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1437 de 2011, y que se formulen en contra de, entre otros, los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional.

5.4. Configuración de la nulidad de la sentencia objeto de revisión

En el proceso inicial, el Incoder –entidad del orden nacional– presentó demanda de repetición en contra del señor Arturo Enrique José Vega Varón, con el fin de que se le restituyera la suma que tal entidad pagó como consecuencia de la anulación de la Resolución No. 01589 del 29 de septiembre de 2004, por medio de la cual el referido señor Vega Varón declaró insubsistente el nombramiento de la señora María Stella Albornoz Miranda, decisión que adoptó en su calidad de “gerente general” de dicha entidad, calidad que la Sala encuentra acreditada, como se explicará a continuación.

Al revisar el expediente digital, se tiene que la parte recurrente allegó los siguientes documentos:

No.
Documento
Contenido del documento
1
Decreto No. 1956 de 14 de julio de 2003 y acta de posesión No. 355 de ese mismo día.
Mediante el cual se nombró al señor Arturo Enrique José Vega Varón como “gerente general” del Incoder, cargo en el que se posesionó el 14 de julio de 2003.
2
Resolución No. 0437 de 29 de agosto de 2003.
A través de la cual el señor Arturo Enrique José Vega Varón nombró en provisionalidad a la señora María Stella Albornoz Miranda.
3
Resolución No. 01589 de 29 de septiembre de 2004.
Por medio de este acto administrativo, el señor Vega Varón, en su calidad de “gerente general”, declaró insubsistente el nombramiento de la señora Albornoz Miranda.
4
Decreto No. 2846 de 17 de agosto de 2005.
Se aceptó la renuncia del señor Arturo Enrique José Vega Varón y, en su reemplazo, se designó al señor Luis Beltrán Ortiz López.

Como consecuencia, el señor Arturo Enrique José Vega Varón tenía la condición de representante legal de una entidad del orden nacional para la época de los hechos, en concreto, para el momento en el que expidió la Resolución No. 01589 de 29 de septiembre de 2004, por medio de la cual declaró insubsistente el nombramiento de la señora Albornoz Miranda, decisión que, posteriormente, fue anulada por esta jurisdicción, mediante sentencia dictada el 23 de septiembre de 2010 por el Consejo de Estado, en el sentido de revocar la proferida el 8 de febrero de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Por lo anterior, la demanda de repetición presentada por el Incoder el 18 de diciembre de 2012 en contra del señor Arturo Enrique José Vega Varón era de conocimiento en única instancia de esta Corporación, en atención a la calidad que el señor Vega Varón ostentaba para la época de los hechos, de conformidad con el numeral 13 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011.

La Subsección precisa que la anterior situación no fue advertida por las autoridades judiciales que conocieron la demanda de repetición en contra del señor Arturo Enrique José Vega Varón, a pesar de que tuvieron presente su calidad de agente estatal con base en el cargo que el demandado ocupaba al momento de dictar el acto administrativo anulado, pues no razonaron acerca de la relevancia que tal situación tenía de cara a la autoridad que debía conocer el asunto, sino que, en primer lugar, se remitieron al factor de conexidad y, luego, a la cuantía de la pretensión.

Por otra parte, si bien en el expediente no obra prueba de que el señor Vega Varón hubiera manifestado, en el proceso inicial, alguna irregularidad por razones de competencia, lo cierto es que como se explicó en precedencia, la falta de competencia funcional o subjetiva constituye un vicio que no es susceptible de saneamiento, por lo que, de conformidad con los artículos 16 y 138 del CGP, una vez el juez advierte su configuración debe decretar, de manera oficiosa, la nulidad de la respectiva sentencia; sin embargo, la actuaciones que se adelantaron de forma previa, a dicha providencia, conservarán su validez.

Como consecuencia, a pesar de que la parte recurrente solo cuestionó el fallo de segunda instancia, la Subsección advierte que la nulidad alegada se configuró desde el momento en el que se dictó la sentencia de primera instancia, de allí que la Sala en esta oportunidad dispondrá la anulación de todo lo actuado desde el fallo proferido el 8 de febrero de 2017 por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá.

5.5. Consecuencias de la configuración de la causal de nulidad establecida en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

El artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, señala:
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.

Así las cosas, como en este asunto se configuró la referida causal de nulidad –la del numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011–, de acuerdo con el artículo 16 del CGP, la Sala anulará todo lo actuado desde la sentencia de 8 de febrero de 2017, inclusive, en el proceso de repetición con radicado 11001-33-36-031-2014-00156-00, demandante Incoder, demandado Arturo Enrique José Vega Varón.

Las distintas actuaciones adelantadas por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá conservarán su validez -salvo la sentencia de primera instancia-, de conformidad con el artículo 138 del CGP, por lo que una vez se allegue la totalidad del expediente, la Secretaría de la Sección Tercera lo someterá a reparto para que se profiera el correspondiente fallo en única instancia.

Como consecuencia de lo anterior, la Sala remitirá el proceso a la autoridad judicial competente para que dicte sentencia de nuevo –Sección Tercera del Consejo de Estado-, para lo cual solicitará al Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá que remita copia digital del expediente bajo radicado No. 11001-33-36-031-2014-00156-00 (actor: Incoder, demandado: Arturo Enrique José Vega Varón).

6. Costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas; sin embargo, el artículo 255 ejusdem regula tal tema en lo relacionado con los recursos extraordinarios de revisión, en el sentido de precisar que fallo “[s]i se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”, de donde se infiere que la condena en costas procede solo en los casos en los que el recurso no prospera.

En el régimen procesal civil el asunto se regula de la misma manera, pues el artículo 359 del C.G.P. dispone que “si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”, regla a la que la Corte Suprema de Justicia le ha dado el mismo alcance, pues ha considerado que la carencia de fundamento del recurso extraordinario es lo que da lugar a las costas.

En las condiciones analizadas, como se declarará fundado el recurso extraordinario de revisión, se concluye que no resulta procedente la condena en costas, máxime cuanto la situación que dio lugar a la anulación de la sentencia no resulta imputable al demandado –Incoder-, pues a tal entidad no era a la que le correspondía establecer el alcance de la normativa sobre competencia en materia de repetición consagrada en la Ley 1437 de 2011.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Arturo Enrique José Vega Varón en contra de la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el 4 de abril de 2019, en el medio de control de repetición con radicado 11001-33-36-031-2014-00156-00.

SEGUNDO: Como consecuencia, DECLARAR la nulidad de todo lo actuado desde la sentencia del 8 de febrero de 2017, inclusive, proferida por el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá.

TERCERO: Mediante Secretaría de la Sección Tercera, REQUERIR al Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá para que, en el término de la distancia, remita con destino a esta Corporación, copia digital del expediente bajo radicado No. 11001-33-36-031-2014-00156-00 (actor: Incoder, demandado: Arturo Enrique José Vega Varón).

Una vez se allegué el expediente, la Secretaría de la Sección Tercera lo someterá a reparto para la elaboración de la respectiva sentencia en única instancia, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente fallo, cuya copia se adjuntará al referido proceso.

CUARTO: Sin condena en costas.

QUINTO: En firme esta providencia, por Secretaría de la Sección, COMUNICAR lo decidido al Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEXTO: Cumplido lo anterior, mediante la Secretaría de la Sección, ARCHIVAR el presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link  HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador" \h https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.

Nombre tomado de forma literal de la demanda. Demanda de repetición que fue aportada junto con el recurso extraordinario. Índice 2 de SAMAI. Providencia que obra en el índice 2 de SAMAI. En esa oportunidad, el juzgado no hizo manifestación alguna respecto de su competencia. Índice 2 de SAMAI. Ibidem. Índice 2 de SAMAI. Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión: (…). 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación (…). Índice 14 de SAMAI. Mediante auto del 5 de octubre de 2020, notificado el 7 de abril de 2021, la magistrada conductora del proceso inadmitió la demanda, con el fin de que el actor allegara el poder por él conferido e indicara un correo electrónico para efectos de notificación. Ese mismo día, la parte recurrente allegó memorial de subsanación. Índices 4, 7 y 10 de SAMAI. Índice 15 a 21 de SAMAI. Mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Índice 24 de SAMAI. Índice 26 de SAMAI. Según informe secretarial que obra a índice 30 de SAMAI. Publicada en el Diario Oficial No. 51.568 de 25 de enero de 2021, razón por la cual, cumplida su promulgación, entró a regir al día siguiente. En virtud del cual la nueva normativa en materia de competencias de los juzgados y tribunales administrativos y del Consejo de Estado entrará a regir un año después de la publicación y en lo relativo al dictamen pericial, siempre que no se hubiesen decretado pruebas. En todo caso, las reformas procesales introducidas por dicha ley prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde su publicación y respecto de procesos y trámites iniciados en vigencia de la Ley  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html" \l "INICIO" \h 1437 de 2011, salvo los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas -incluido la de carácter pericial-, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos conocerán las secciones y subsecciones del consejo de estado según la materia (se destaca). Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos. Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera, Subsección A: i) sentencia del 14 de junio de 2019, C.P. María Adriana Marín, exp: 50.330; ii) sentencia del 8 de mayo de 2019, exp: 46.453 y iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, exp: 41.222. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, exp: 2013-02110. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de 2019, exp: 54.722. Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.

En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso (…) (se destaca). Previa solicitud de nulidad por indebida notificación elevada por el demandado. Providencia que obra a índice 2 de SAMAI. Ibídem. El artículo 302 del CGP estableció las ejecutorias de las providencias, así: Artículo 302. Ejecutoria (…) Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos (se destaca). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 1998, C.P. Mario Alario Méndez, exp: Rev.-093. Reiterada por la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P: Mauricio Fajardo Gómez (E), exp. 35.221. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 1998-153-01(REV). En esa ocasión se sostuvo que la providencia revisada había vulnerado los derechos del actor al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, al haberse adoptado una decisión inhibitoria sin soporte jurídico para ello, razón que permitía acceder a las pretensiones de la demanda interpuesta en ejercicio del recurso extraordinario de revisión. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C -491 del 2 de noviembre de 1995, M.P: Antonio Barrera Carbonell, exp: D-884. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco Especial de Decisión, auto del 31 de mayo de 2021, exp: 2018-00849 (REV).
. Artículo 208. Nulidades. Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil y se tramitarán como incidente. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación de 25 de junio de 2014, C.P: Enrique Gil Botero, exp: 49.299. Sobre la vigencia del régimen de nulidades establecido en el CPC o el CGP, consultar: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de octubre de 2019, exp: 62.002 y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 25 de mayo de 2018, exp: 59.283. La doctrina ha definido la competencia en los siguientes términos: La competencia es una medida de jurisdicción. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para conocer de determinado asunto. Un juez competente es, al mismo tiempo, un juez con jurisdicción; pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y sin competencia. La competencia es el fragmento de la jurisdicción atribuido a un juez. MATTIROLO, Luis, Tratado de Derecho Procesal Civil, tomo I, editorial Reus, página 3. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 25 de mayo de 2021, C.P: José Roberto Sáchica Méndez, exp: 66.730. DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, Aguilar S.A. de Ediciones, página 101. Sobre el factor de competencia funcional, la Corte Constitucional ha precisado: comprende la llamada competencia vertical en contraposición a la horizontal que se presenta en el factor territorial, y comprende tanto la competencia por grado como según la etapa procesal en que se desenvuelva. También se encuentra en este factor de competencia los denominados recursos extraordinarios de casación y revisión. Existe otra competencia funcional y es la que se basa en la división del proceso en etapas, cuando tales etapas están confiadas por la ley en su conocimiento a jueces diversos.

Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-308 del 28 de mayo de 2014, M.P: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, exp: T- 4.203.808
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso-Parte General, DUPRE editores, página 244. El factor subjetivo, que responde a las especiales calidades de las partes del litigio. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 19 de octubre de 2020, M.P: Luis Alonso Rico Puerta, exp: AC2747-2020. 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia. 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida. 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. 5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado. 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado (…) (se destaca). Se modifica radicalmente la causal de nulidad originada por falta de jurisdicción y falta de competencia, que es la que más discusiones ha generado en vigencia del Código de Procedimiento Civil. En este sentido, a partir de la vigencia del nuevo código, solamente habrá nulidad por falta de jurisdicción o por falta de competencia, cuando a pesar de que el juez haya declarado su incompetencia siga conociendo del proceso. Esto significa que solamente habrá nulidad en el extraño evento en que un juez se declare incompetente (por falta de jurisdicción o por falta de competencia) y no obstante ello, continúe tramitando el proceso. SANABRIA SANTOS, Henry, memorias del XXXIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal, editorial Universidad Libre de Colombia, página 155. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-537 de 5 de octubre de 2016, M.P: Alejandro Linares Cantillo, exp: D-11271. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 7 de julio de 2021, M.P: Octavio Augusto Tejeiro Duque, exp: SC2759-2021.Igualmente, consultar, i) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 23 de junio de 2021, M.P: Luis Alonso Rico Puerta, exp: AC2498-2021 y ii) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 8 de junio de 2021, M.P: Hilda González Neira, exp: ATC784-2021. Según se observa, la improrrogabilidad es, para estos efectos, sinónimo de insaneabilidad, y, por ende, la prorrogabilidad, de saneabilidad. Desde este punto de vista, como se dijo, el hecho de que el demandado no proponga la excepción previa de falta de jurisdicción o de ausencia de competencia por los factores subjetivo o funcional (art. 100 núm.

1° CGP) , no implica que el juez adquiera jurisdicción o competencia para conocer de ese proceso, pues se trata de atribuciones improrrogables, de tal suerte que deberá el juez declararlas , en cualquier estado del proceso, , antes de dictar sentencia y remitir el proceso al que corresponda, sino lo hace el juez de primera instancia, la irregularidad no se subsana y le corresponderá al Ad quem declarar la nulidad del fallo de primera instancia y de lo actuado a partir de éste. Si el juez de segundo grado no lo hace y la sentencia de segundo grado es susceptible de recurso de casación podrá alegarse este vicio a través del recurso extraordinario, caso en el cual se declarará la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia y se remitirá el expediente al que considere competente (se destaca) SANABRIA SANTOS, Henry, Ley 1564 de 2012-comentado con artículos explicativos de miembros del ICDP, Instituto Colombiano de Derecho Procesal, página 267. Así se dejó consignado en el informe de ponencia para segundo debate al proyecto de Ley Número 196 de 2011 -por la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones- de la Cámara de Representantes, donde al referirse a la justificación de la modificación introducida al proyecto inicialmente presentado sobre esta materia, puntualmente en lo que respecta al actual artículo 16, se señaló lo siguiente: Artículo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. En primer lugar, se modifica el título de la norma por uno más técnico y preciso, por cuanto el artículo regula tanto la prorrogabilidad como la improrrogabilidad de la jurisdicción y la competencia. De otro lado, se precisa el alcance de la improrrogabilidad de la jurisdicción y de la competencia por los factores subjetivo y funcional, para evitar dudas en torno a las consecuencias de que el proceso sea iniciado y tramitado por un juez distinto del asignado por la ley en desatención de estos factores. En virtud de la aclaración realizada, queda claro que lo único anulable es la sentencia y la actuación procesal que adelante el juez después de declarada su incompetencia, es decir, lo actuado ante el juez carente de jurisdicción o carente de competencia por los factores subjetivo y funcional es válido hasta que se advierta y declare tal circunstancia. Además, se hace énfasis en que la competencia por factores distintos del funcional y del subjetivo (objetivo, territorial y conexidad) es prorrogable, lo que implica que si no se pone en discusión oportunamente la falta de competencia queda radicada en el juez que inició el trámite, aunque originariamente no hubiere sido el competente con aplicación de las demás reglas de competencia (se destaca). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de unificación de 24 de enero de 2020, M.P: Álvaro Fernando García Restrepo, exp: AC140-2020. Respecto de los efectos de la declaratoria de nulidad por falta de competencia funcional, esta Corporación ha señalado: Ahora bien, conviene recordar que el CGP, en desarrollo del principio de economía procesal, prevé en sus artículos 16 y 138 que lo actuado por un juez incompetente por el factor funcional es válido, con excepción de la sentencia que se hubiere proferido y las actuaciones que resulten afectadas por ella. Así las cosas, el despacho concluye que el proceso de la referencia se encuentra viciado y, por consiguiente, declarará la nulidad de todo lo actuado desde la Sentencia de 14 de septiembre de 2012. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto de 8 de junio de 2021, C.P: Alberto Montaña Plata, exp: 46.347. Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 20 de mayo de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 66.467. Artículo 7. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo. Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 16 de noviembre de 2016, C.P: Hernán Andrade Rincón, exp: 50.430. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 20 de agosto de 2019, exp: 63.911. Sobre la competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia de las demandas de repetición presentadas en contra de representantes legales de entidades u órganos del orden nacional, ver, entre muchas otras, las siguientes providencias dictadas por la Subsección A: i) sentencia de 7 de mayo de 2021, C.P: María Adriana Marín, exp: 58.503; ii) sentencia de 19 de junio de 2020, exp: 46.047 y iii) sentencia de 29 de octubre de 2018, exp: 47.932. El Decreto 1300 de 21 de mayo de 2003, se refirió a la naturaleza jurídica del Incoder en los siguientes términos: Artículo 1o. creación, naturaleza jurídica y jurisdicción. Créase el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. El Instituto tendrá como sede principal la ciudad de Bogotá, D. C., y podrá conformar dependencias para el ejercicio de sus funciones en el orden territorial (se destaca). En el escrito inicial, la entidad planteó como pretensiones que se condenara al señor Arturo Enrique José Vega Varón por “sus acciones u omisiones en el ejercicio de la gerencia general del instituto”. En la demanda se le endilgó responsabilidad al señor Vega Varón por la anulación del acto administrativo en el que se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Albornoz Miranda. Índice 2 de SAMAI. El artículo 6° del Decreto 1300 de 2003, señalaba que la dirección del instituto referido estaría a cargo de un consejo directivo y un gerente general “que será su representante legal”. Índice 2 de SAMAI. Por medio de auto de 30 de enero de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró su falta de competencia por la cuantía del caso, por su parte, el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá en providencia de 19 de marzo de la misma anualidad, avocó el conocimiento de la demanda sin que dichas autoridades judiciales advirtieran las reglas de competencias señaladas en el CPACA, en especial, la consagrada en el numeral 13 del artículo 149. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló lo siguiente: Con el propósito de acreditar la calidad de agente del Estado, para la fecha en la que se profirió la Resolución No.

1589 de 29 de septiembre de 2004, a través de la cual se declaró insubsistente a la señora María Stella Albornoz Miranda, al plenario se aportó:
-El Decreto 1956 de 14 de julio de 2003, a través del cual se nombró a Arturo Enrique José Vega Varón en el cargo de gerente general del INCODER.
• Acta de posesión de la misma fecha. Lo anterior permite a la Sala concluir que para septiembre de 2004, fecha en la que se profirió el acto administrativo a través del cual se declaró insubsistente a la señora María Stella Albornoz Miranda, el señor Vega Varón fungía como Gerente General del INCODER (Índice 2 de SAMAI). La Sala reitera que las modificaciones establecidas en la Ley 2080 de 2021 resultan aplicables a este asunto, dado que si bien se trata de un recurso que ya estaba en trámite para el momento en el que dicha normativa entro en vigor, no es menos cierto que no se rige por el régimen de transición establecido en su artículo 86 ejusdem, en cuanto tal disposición se refiere a los recursos en curso pero al interior del proceso, los de carácter ordinario, pero no a aquellos extraordinarios, dado que estos dan lugar a un nuevo proceso y, por ende, no deben asemejarse a una reposición, apelación, súplica o queja, sino a una demanda que da lugar a una controversia independiente. Así las cosas, la Ley 2080 de 2021 sí rige los recursos extraordinarios de revisión instaurados con anterioridad a su entrada en vigor, salvo en lo relacionado con las actuaciones en curso para esa fecha: los recursos ordinarios interpuestos, la práctica de pruebas decretadas -incluido la de carácter pericial-, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo
Al respecto, esta Corporación ha sostenido: Sin embargo, en reciente decisión, providencia de 12 de agosto del año en curso, la Sala Plena Contenciosa modificó la postura expuesta, para indicar que el recurso extraordinario de revisión constituye un nuevo proceso y no una instancia adicional en la que los interesados pueden plantear el asunto objeto del litigio original. Pese a su nombre -recurso extraordinario-, este se inicia con una demanda contra la sentencia, la que está sujeta a una serie de requisitos que deben ser observados para su admisibilidad y procedencia, es decir, es un medio de control más que consagró el legislador en la jurisdicción contencioso administrativa. (se destaca). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de febrero de 2015, C.P: Alberto Yepes Barreiro, exp: 2014-00387-00 (REV) y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 12 de mayo de 2015, C.P: Guillermo Vargas Ayala, exp: 2012-02124-00 (REV). Al respecto, ver: i) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, sentencia de 27 de octubre de 2020, C.P: Martín Bermúdez Muñoz, exp: 2014-04397-00(REV) y ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, sentencia de 1° de septiembre de 2018, C.P: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, exp: 2020-00266-00(REV). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 18 de enero de 2021, M.P: Luis Alonso Rico Puerta, exp: SC001-2021.

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