RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00455-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00455-01

Fecha
4 de junio de 2024
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00455-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de marzo de 2024, la Sección Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00455-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

4 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

Radicado: 11001-03-15-000-2024-00455-01

Accionante: MARÍA DOLLY MÚNERA GIRALDO Y OTROS

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se acudió a la acción
de tutela con el propósito de reabrir la discusión definida en el medio de control de
reparación directa y el recurso extraordinario de revisión. SUBSIDIARIEDAD – No
se cumple con el requisito por no haber hecho uso de los medios de defensa
contemplados en el ordenamiento jurídico.

Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante
contra la sentencia del 14 de marzo de 2024, mediante la cual la Sección Primera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela de la referencia1.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 31 de enero de 2024, los señores María Dolly Munera Giraldo, Jorge León
Munera Giraldo, Héctor Ignacio Munera Giraldo, Rodrigo Hernán Munera Giraldo,
María Doris de Jesús Cardeño Avendaño, Jaime de Jesús Cardeño Avendaño,
Carmen Lucia Avendaño, Hernán Antonio Munera Avendaño, Saúl Antonio Munera

1 Que ingresó para fallo el 26 de abril de 2024.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Avendaño, Luz Mery Munera Avendaño, Hugo Alexander Munera Avendaño y
Rosmira Munera Avendaño, mediante apoderado presentaron acción de tutela
contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y la Sala Cuarta
Especial de Decisión, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Hechos relevantes

2. El 29 de agosto de 2002 a las 10:30 p.m., en la vereda “Las Lajas” o “Popalito”
del Municipio de Barbosa – Antioquia, el señor Luis Javier Múnera Avendaño fue
interceptado por miembros de un Batallón del Ejército Nacional, quienes lo
acostaron a un lado de la vía y lo asesinaron.

3. Los demandantes aducen que los miembros del Ejército Nacional afirmaron
que el señor Luis Javier Múnera Avendaño atracó a unos pasajeros de un bus de la
empresa Expreso Bolivariano, lo hicieron aparecer como miembro del ELN y lo
reportaron como muerto en combate.

4. El 19 de noviembre de 2002 la señora María Dolly Múnera Giraldo y otros2
mediante apoderado judicial, presentaron demanda de reparación directa en contra
de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con el fin de que se
declararan responsables por los perjuicios ocasionados por la muerte de Luis Javier
Múnera Avendaño.

5. En sentencia del 30 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Cuarta de Descongestión declaró que el daño era imputable a la
Nación – Ministerio de Defensa- Ejército Nacional porque los agentes de la
institución dispararon sus armas de dotación oficial contra el señor Luis Javier
Múnera Avendaño, desatendiendo el decálogo de seguridad.

2 Los demandantes de la reparación directa corresponden a Dolly Múnera Giraldo, Ramón Antonio
Múnera Márquez, María Belarmina Avendaño Duque, Román Antonio Múnera Giraldo, Jorge León
Múnera Giraldo, Héctor Ignacio Múnera Giraldo, Rodrigo Hernán Múnera Giraldo, María Doris de
Jesús Cardeño Avendaño, Jaime de Jesús Cardeño Avendaño, Carmen Lucia Avendaño, Hernán
Antonio Múnera Avendaño, Saúl Antonio Múnera Avendaño, Luz Mery Múnera Avendaño, Hugo
Alexander Múnera Avendaño y Rosmira Múnera Avendaño.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

6. Contra la anterior decisión, la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército
Nacional presentó recurso de apelación. Correspondió a la Subsección “C” de la
Sección Tercera del Consejo de Estado3 proferir sentencia de segunda instancia el
13 de diciembre de 2021, decisión en la que revocó la providencia de primer grado
para negar las pretensiones de la demanda. En la mentada providencia encontró
acreditada la culpa exclusiva de la víctima, pues la actuación desplegada por Luis
Javier Múnera Avendaño fue la que desencadenó la respuesta militar, sumado a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos y a la presencia de civiles,
que generó una reacción militar que resultó irresistible, imprevisible y externa a las
fuerzas militares.

7. Inconforme con el proceso de reparación directa, la señora Dolly Múnera
Giraldo y otros4, presentaron recurso extraordinario de revisión. En resumen, los
recurrentes sostienen que la demanda de reparación directa fue radicada el 19 de
noviembre de 2002 y, para ese momento, la competencia para conocer de los
procesos ordinarios estaba distribuida en los Tribunales Administrativos (única y
primera instancia) y en el Consejo de Estado (única o segunda instancia), de
conformidad con lo establecido en los artículos 131 y 133 del Código Contencioso
Administrativo. Asimismo, aducen que la cuantía se encontraba determinada en el
Decreto Ley 597 de 1998. En este sentido, indicaron que el proceso inició con
vocación de doble instancia; sin embargo, señalaron que las reformas introducidas
por las leyes 446 de 1998 y 954 de 2005, de aplicación inmediata, convirtieron la
controversia en una de única instancia ante el Tribunal Administrativo de Antioquia,
por cuanto la cuantía de la pretensión mayor era inferior a 500 SMLMV.

8. Mediante providencia del 12 de julio de 2023, se declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión argumentando que no se encuentran acreditados los
requisitos de la causal No .5 del artículo 250 del CPACA, pues no se originó en la
sentencia proferida por la Subsección C – Sección Tercera del Consejo de Estado
misma sino que se generó a partir del auto del 16 de octubre de 2012, proferido por
el Tribunal Administrativo de Antioquia y la decisión del 28 de enero de 2013 de esta

3 Cabe resaltar que este se admitió el 28 de enero de 2013.
4 Se identifica como parte recurrente a: Luis Carlos Múnera Giraldo, María Dolly Múnera Giraldo,
Jorge León Múnera Giraldo, Héctor Ignacio Múnera Giraldo, Rodrigo Hernán Múnera Giraldo, María
Doris de Jesús Cardeño Avendaño, Jaime de Jesús Cardeño Avendaño, Carmen Lucia Avendaño,
Hernán Antonio Múnera Avendaño, Saul Antonio Múnera Avendaño, Luz Mery Múnera Avendaño,
Hugo Alexander Múnera Avendaño y Rosmira Múnera Avendaño.
3

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Corporación en la Sección Tercera – Subsección C en la que se concedió y admitió
el recurso de apelación. Sin embargo, cabe resaltar que los recurrentes tuvieron
varias oportunidades de presentar oposición a estas decisiones pero en todas
guardaron silencio o no asistieron.

Pretensiones

9. Solicita la parte accionante lo siguiente:

“Primero: Tutelar los derechos constitucionales fundamentales de los
demandantes a la igualdad de trato frente a la ley, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia que fueron desconocidos por las
sentencias proferidas el 13 de diciembre de 2021 por la Sección Tercera –
Subsección “C” del Consejo de Estado, dentro del proceso ordinario de
reparación directa con radicado N° 0500123310002002459101(45.843) C.P
Nicolás Yepes Corrales y de 12 de julio de 2023 por la Sala Cuarta Especial
de Decisión del Consejo de Estado dentro del recurso extraordinario de
revisión con radicado 11001031500020230075900.

Segundo: Dejar sin efectos todo lo actuado por el Consejo de Estado dentro
del proceso ordinario de reparación directa con radicado N°
05001233100020020459101(45.843), incluyendo el fallo proferido el 13 de
diciembre de 2021 por la Sección Tercera Subsección C del Consejo de
Estado y el 12 de julio de 2023 por la Sala Cuarta Especial de Decisión del
Consejo de Estado dentro del recurso extraordinario de revisión con
radicado 11001031500020230075900 y, en su lugar, declarar ejecutoriado
el fallo proferido en única instancia por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 30 de mayo de 2012.”

Fundamentos de la demanda de tutela

10. En criterio de la parte actora, la tutela cumple con los requisitos generales de
la procedencia con ocasión a que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto orgánico y defecto procedimental absoluto. Por otro lado, la Sala Cuarta
Especial de Decisión de la misma corporación incurrió en un defecto sustantivo por
haberle dado tratamiento a una nulidad insanable, además de presentarse un
defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial y vinculante.

11. En primer lugar, argumentó que, sentencia proferida el 13 de diciembre de
2021 proferida por el ad quem incurrió en un defecto orgánico y procedimental
absoluto ya que la demanda se radicó el 19 de noviembre de 2002, fecha para la

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

cual la competencia funcional para conocer en primera o segunda instancia de los
procesos ordinarios contencioso administrativo estaba distribuida entre Tribunales
Administrativos (única y primera instancia) y el Consejo de Estado (única o segunda
instancia) conforme a los artículos 131 y 132 del CCA que se encontraban
subrogadas por el Decreto-Ley 597 de 1988, pero también se definía por la
competencia funcional, es decir el artículo 2° del mismo decreto y subrogado por
los artículos 128 a 132 del CCA.

12. Sumado a lo anterior, esgrimió que conforme al artículo 131.10 del CCA en
lo relacionado a la reparación directa, cuando estas sean promovidas contra la
nación, entidades territoriales o entidades descentralizadas y si la cuantía no
exceda $3’500.000 se establecerá como única instancia los Tribunales
Administrativos. Sin embargo, resaltó que el artículo 4° del Decreto - Ley 597 de
1988 dispuso que las cuantías se ajustarán en un 40% cada 2 años esto sería a
partir del 1° de enero de 1990 y se reajustaría automáticamente cada 2 años en el
mismo porcentaje.

13. En consecuencia, el proceso se inició ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia en primera instancia, dado que la cuantía superaba los 36´950.000. Sin
embargo, años después de presentada la demanda, entró en vigor la Ley 954 de
2005, la cual ajustaba nuevamente las competencias de la jurisdicción de acuerdo
con lo establecido en la Ley 446 de 1998, que especificaba que los Tribunales
Administrativos tendrían competencia en única instancia para procesos cuyas
cuantías estuvieran entre 100, 300, 500 y 1500 SMLMV. Dado que la Ley 954 entró
en vigor el 28 de abril de 2005 y los juzgados administrativos empezaron a operar
el 1° de agosto de 2006, se deduce que los Tribunales Administrativos debían
conocer en única instancia los procesos de reparación directa cuya cuantía fuera
inferior a 500 SMLMV en el momento de la presentación de la demanda.

14. Por tanto, para la entrada del funcionamiento de los Juzgados
Administrativos, el proceso ya había ingresado al despacho del Tribunal para
sentencia (10 de noviembre de 2005), por lo cual no había lugar a surtir la alzada
ante el Consejo de Estado.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

15. Destacó que según lo estipulado en el artículo 138 del Código General del
Proceso (CGP), en caso de declararse la falta de jurisdicción o competencia por
razones objetivas de índole funcional, todo lo actuado conservará su validez y el
expediente será remitido de manera inmediata al juez competente. Sin embargo, si
se hubiese emitido una sentencia en lugar de ello, esta sería considerada inválida.
De manera similar, hizo mención al artículo 140 del Código de Procedimiento Civil
(CPC), el cual establece que el proceso sería nulo en el caso de que el juez carezca
de competencia, con el fin de resaltar la presencia de una nulidad insubsanable en
el proceso. Además, subrayó que a través del CGP, el legislador ha establecido un
régimen específico para las nulidades procesales, disponiendo que la falta de
jurisdicción o competencia, ya sea por motivos subjetivos o funcionales, resultan
improrrogables.

16. Por otra parte, alegó que el proveído del 12 de julio de 2023, dictado por el
Consejo de Estado – Sala Cuarta Especial de Decisión, incurrió en defecto
sustantivo porque no tuvo en cuenta los artículos 13, 16, 136, 137 y 139 del Código
General del Proceso (CGP), los cuales señalan que la falta de competencia por el
factor funcional es improrrogable, so pena de configurar una nulidad insaneable.

17. Además, argumentó que dicha providencia incurrió en desconocimiento del
precedente fijado en la sentencia del 13 de agosto de 2021, proferida por esta
Subsección5, que resolvió un recurso extraordinario de revisión fundado en la causal
del numeral 5º del artículo 250 del CPACA —nulidad originada en la sentencia—,
particularmente en la falta de competencia funcional, y dijo que esta corporación era
competente para conocer en única instancia una acción de repetición contra el
representante legal del Incoder, y en consecuencia, anuló la sentencia allí recurrida.

Trámite en primera instancia

18. Mediante auto del 2 de febrero de 2024, el despacho del magistrado Oswaldo
Giraldo López admitió la tutela de la referencia, ordenó notificar al Consejo de
Estado – Sección Tercera – Subsección C y a la Sala Cuarta Especial de Decisión;
vinculó al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Descongestión y a
la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional como terceros interesados.

5 Radicación 11001-03-26-000-2020-00079-00 (66121), C.P Martha Nubia Velásquez Rico.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

Además, ofició para que se remitiera el expediente del proceso 05001-23-31-000-
2002-04591-00 de Reparación Directa y 110010-3-15-000-2023-00759-00 del
Recurso Extraordinario de Revisión y ordenó tener como pruebas los documentos
aportados junto con la solicitud de tutela.

Intervenciones

19. La Sala Cuarta Especial de Decisión del Consejo de Estado solicitó que
se declare la improcedencia de la acción de tutela, en tanto que, el recurso
extraordinario de revisión fue intuido como un mecanismo excepcional al principio
de la cosa juzgada, pues la finalidad es el restablecimiento de la justicia real y
material como valor fundamental del Estado de Derecho. Por tanto, su carácter
extraordinario hace que se encuentre sujeto a un riguroso y ajustado cumplimiento
de requisitos o causales que expresamente ha previsto el legislador, con el fin de
que no se convierta en una tercera instancia.

Además, mencionó que dentro de las causales dispuestas por el legislador, se
encuentra el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, sin embargo, de declararse la
misma, según por la parte actora, se hubiera dado en el momento que se concedió
el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y no después,
sumado a que, tuvo varias oportunidades para ponerlo de presente al interior del
proceso ordinario, y solo hasta que se presentó la decisión de segunda instancia,
contraria a sus intereses fue cuando alegó la configuración de esta causal.
Denotando que se busca discutir nuevamente un aspecto de mera legalidad, sin
ningún tipo de carga argumentativa frente a los defectos alegados.

20. El Ministerio de Defensa pidió que se negaran las pretensiones de la
demanda, debido a que el material probatorio allegado desde la primera instancia,
demuestra la ausencia de responsabilidad administrativa con ocasión de la muerte
del señor Munera Avendaño a pesar del comportamiento ilegal e imprudente que
conllevó al actuar del Ejército Nacional y en segundo lugar, no se desconoció
precedente alguno porque se resolvió la litis conforme a las pruebas obrantes en el
plenario.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

21. Advirtió que los argumentos expuestos por los accionantes no satisfacen los
requisitos de relevancia constitucional y su finalidad es utilizar la acción de amparo
como una tercera instancia, por cuanto la aludida causal de nulidad procesal no se
originó en la sentencia que puso fin al proceso de reparación directa, de manera
que no se configuraría un desconocimiento alguno del derecho a la igualdad, el
debido proceso o el acceso a la administración de justicia, pues las decisiones se
profirieron con observancia de todas las normas sustanciales y procedimentales.

En relación a la inmediatez, esgrimió que la decisión proferida por la Subsección es
del 13 de diciembre de 2021 -notificada el 24 de marzo de 2022- excediendo el
término jurisprudencial de 6 meses. Así mismo, de existir nulidad procesal, por falta
de competencia razonada en la cuantía de las pretensiones, esta se suscitó con la
expedición de los autos de 16 de octubre de 2012 del Tribunal Administrativo de
Antioquia y el del 28 de enero de 2013 de esa Subsección, las cuales concedieron
y admitieron el recurso de apelación, en ese sentido carecería aún más de este
requisito.

Por otro lado, con respecto a la subsidiariedad, la parte accionante tuvo varias
oportunidades procesales para alegar la falta de competencia que advierte como
nulidad, ya sea con i) la improcedencia de la apelación interpuesta por la entidad
demandada ii) El auto que concedía la apelación en el que se podía presentar un
recurso de reposición conforme al artículo 348 del CPC; iii) El auto que admitía la
apelación procedía el recurso de súplica de acuerdo con el artículo 363 del CPC y
iv) En los alegatos de conclusión o en la audiencia de conciliación a la cual no
comparecieron los accionantes, es decir que, fueron varias las oportunidades para
advertir tal nulidad.

La sentencia de primera instancia

22. Mediante sentencia del 14 de marzo de 2024, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente el amparo constitucional invocado.

23. Indicó que los argumentos expuestos en la acción de tutela constituyen una
reiteración del debate que ya se agotó en el recurso extraordinario de revisión que
instauraron contra el fallo del 13 de diciembre de 2021, en el que también alegaron

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

que esa decisión estaba viciada de nulidad por falta de competencia funcional del
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, buscando ventilar sus
inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural del asunto
sobre el caso planteado.

24. Por otro lado, en relación al desconocimiento del precedente no basta
solamente mencionarlo, sin embargo, la parte actora se limitó a invocar la sentencia
del 13 de agosto de 2021 proferida por la Subsección A – Sección Tercera de esta
Corporación, sin identificar el problema jurídico que se resolvió, ni efectuó una
comparación entre los hechos estudiados para el caso de acreditar las reglas y
subreglas contenidas en la ratio decidendi si le eran aplicables o no. Por tanto, no
cumple con la carga argumentativa mínima que se exige cuando se incurre en el
desconocimiento de un precedente.

25. Concluyó que, el juez constitucional no puede inmiscuirse o pronunciarse por
fuera de las competencias que le corresponden, porque sería este quien vulneraría
el derecho al debido proceso constitucional, al entrar en una valoración legal y
fáctica de un proceso ordinario. Situación distinta sería cuando la decisión que se
controvierte no ha atendido el debate planteado, porque ahí si comprometería el
núcleo fundamental del debido proceso y lo relacionado al derecho a la defensa,
pero la parte accionante se limitó a reiterar los argumentos que ya se habían
estudiado en el Recurso Extraordinario de Revisión.

La impugnación

26. Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela6.

6 Cabe advertir que la parte accionante presentó impugnación, la cual se concedió mediante auto
del 9 de abril de 2024 y notificado el 17 de los mismos mes y año. Sin embargo, el 19 de abril de
2024 se remitió a la Secretaría General de esta Corporación una segunda impugnación, la cual
corresponde a un proceso diferente pero en el encabezado se cita el asunto de referencia.
9

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

27. La Subsección confirmará el fallo impugnado, porque considera que la acción
de tutela carece de relevancia constitucional y de subsidiariedad.

28. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido que el requisito de la
relevancia constitucional tiene por lo menos tres finalidades: a) proteger la
autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela invada la órbita de
competencia del juez natural de la causa; b) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten derechos
fundamentales e c) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces7.

29. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha sostenido que para
establecer si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional
es necesario examinar dos elementos, a saber8: i) Que el actor cumpla su carga
argumentativa de justificar suficientemente la relevancia constitucional por
vulneración de derechos fundamentales, pues no basta aducir la vulneración de
estos derechos y ii) que la tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, dado que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.

30. Revisada la demanda, se evidencia que la señora María Dolly Múnera
Giraldo y otros, acudieron a la acción de tutela con el propósito de reabrir el debate
propuesto en el Recurso Extraordinario de Revisión que promovió en contra del
Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección “C”, cuando lo cierto es que, el
mecanismo judicial de protección de derechos fundamentales no comporta una
instancia adicional del proceso ordinario ni extraordinario.

31. Tan evidente resulta que los accionantes buscan un nuevo análisis de los
aspectos definidos por los jueces de instancia, que todos los argumentos que

7 Corte Constitucional, Sentencia T–422 del 16 de octubre del 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01
(IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

presentó en esta acción están dirigidos a insistir en que se originó una nulidad en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procedía ningún recurso; en
resumen, la parte actora insiste que el Consejo de Estado carecía de competencia
por razón de la cuantía para conocer del proceso en segunda instancia.

32. Así lo expuso en el recurso extraordinario de revisión9 interpuesto contra la
providencia del 13 de diciembre de 2021, en el que manifestó lo siguiente
(transcripción literal):

“[…].NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA POR FALTA DE COMPETENCIA
FUNCIONAL.

En este caso, el Consejo de Estado carecería de competencia funcional para decidir
la controversia en segunda instancia, pues el proceso era de conocimiento, en única
instancia, del Tribunal Administrativo de Antioquia, tal como se explicará a
continuación.

En efecto, la demanda fue radicada el 19 de noviembre de 2002, fecha para la cual
la competencia funcional para conocer en primera o en segunda instancia los
procesos ordinarios contencioso-administrativos estaba distribuida entre los
Tribunales Administrativos (en única o primera instancia) y en el Consejo de Estado
(en única o segunda instancia), según las normas de distribución de competencias
previstas en los artículos 131 y 132 del Código Contencioso Administrativo, normas
subrogadas por el Decreto - Ley 597 de 1988.

Es importante aclarar que para la época en que se encontraba el proceso de
despacho para sentencia (10 de noviembre de 2005) ya habían sido creadas los
Juzgados Administrativos por la Ley Estatutaria 270 y 1996 y sus competencias
estaban fijadas por la ley 446 de (sic)

1998, el parágrafo del artículo 164 de la misma Ley 446 de 1998 dispuso qué
“Mientras entran a operar los Juzgados Administrativos continuarán aplicándose las
normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”, de modo que la
vigencia de la distribución de competencias previstas en la ley 446 de 1998 quedó
suspendida, en principio, hasta que entrarán en funcionamiento los Juzgados
Administrativos.

En ese sentido, para la fecha de interposición de la demanda que dio origen al
proceso, la competencia, por razón de la cuantía, se determinaba atendiendo a los
criterios contemplados en el Decreto - Ley 597 de 1998.

Así, para las acciones de reparación directa, la competencia por razón de la cuantía
estaba definida por el artículo 2 del Decreto – Ley 597 de 1988, el cual subrogó los
artículos 128 a 132 del Código Contencioso Administrativo.

(…)

lo anterior significa que para el año 2002, fecha de interposición de la demanda
reparación directa que dio origen a este proceso, los tribunales administrativos
conocían, en única instancia, de los procesos de reparación directa cuya cuantía

9 Visible en el documento denominado “036RecursoApelacionSenteciaDte (.pdf) NroActua 19” que
obra a índice 19 de Samai del expediente electrónico de la primera instancia del proceso ordinario.
11

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

no excediera $36’950.000 y, en primera instancia, los procesos qué excedieran
dicha suma.

(…)

Todo lo que acá se ha expuesto constituye la base para afirmar que existe una
nulidad que se originó en la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2021 por la
Sección Tercera, Subsección “C”, del Consejo de Estado, debido a la falta de
competencia funcional para decidir la controversia en segunda instancia.

33. Aspectos que fueron analizados y definidos por la Sala Cuarta Especial de
Decisión, mediante providencia del 12 de julio de 202310, en la que se declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión bajo los siguientes argumentos
(transcripción literal):

“75. Vistas todas las circunstancias que rodearon el proceso ordinario de reparación
directa, la Sala debe aclarar que la falta de competencia alegada debió́ originarse
en la sentencia, como fue visto, porque de lo contrario el vicio se habría originado
a partir de la providencia que admitió́ la demanda o en este caso el recurso de
apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia y en ese sentido no
28
es causal de revisión .

76. Valga señalar que no es posible alegar como causal del recurso extraordinario
de revisión una nulidad que hubiere acaecido en una etapa previa a la sentencia,
máxime si se advierte que la proposición de nulidades procesales se encontraba
sometida a las reglas de oportunidad y legitimación previstas en el artículo 142 del
Código de Procedimiento Civil.

77. La jurisprudencia de esta corporación ha aceptado la posibilidad de alegar como
nulidad originada en la sentencia aquella que, aunque ocurrida en momento anterior
al de la emisión del fallo definitivo no apelable, no pudo ser advertida por el
29
recurrente durante el curso del proceso . En este caso se configura esta hipótesis
porque lo aquí́ alegado se hubiese podido promover en el trámite del proceso de
reparación directa.

78. En efecto, de lo expuesto la Sala prevé́ que la nulidad procesal alegada no se
originó́ en la sentencia misma, por el contrario, resulta fácil concluir que la supuesta
irregularidad se suscitó́ con la expedición del auto de fecha 16 de octubre de 2012,
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia y la decisión del 28 de enero
de 2013 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que
concedió́ y admitió́ el recurso de apelación, respectivamente. Lo anterior porque en
dichas providencias se determinó́ que se iba tramitar el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada.

79. Nótese que los recurrentes fueron citados a la audiencia de conciliación de que
trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 a efectos de pronunciarse sobre el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra el fallo de
primera instancia, y contrario a poner de presente la situación que hoy les aqueja,
solicitaron «continuar con el trámite del proceso».

80. Entonces, no se explica la Sala por qué, al momento de pronunciarse sobre el
recurso de apelación, los accionantes consideraban que el asunto sí debía

10 Visible en el índice 17 de Samai en el radicado 11001031500020230075900.

12

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

continuar para segunda instancia ante el Consejo de Estado, pero con la sentencia
en segundo grado y, al resultarle adversa a sus intereses, su parecer cambió. Esto,
al sostener, en el recurso extraordinario de revisión, que la controversia era de única
instancia.

81. Aunado a ello, tuvieron a su disposición los recursos de reposición y súplica
dispuestos por los artículos 180 y 183 del CCA en contra de las decisiones que
concedieron y admitieron la impugnación. Sin embargo, optaron por guardar
silencio.

82. En este punto conviene destacar lo que esa corporación ha precisado sobre el
particular:

[...] en lo concerniente al momento procesal para invocarlas, pues aun cuando se
trate de nulidades insubsanables, como la falta de competencia funcional, si esta
no se produjo en la sentencia que puso fin al proceso, ya no habrá́ mecanismos
procesales para impugnarla, en tanto la acción de revisión extraordinaria exige
que el vicio de nulidad tenga su génesis en la providencia impugnada, y sólo así́
podrá́ el fallador de la revisión extraordinaria invalidar el carácter de cosa juzgada
31
de ampara el fallo jurisdiccional que se encuentra ejecutoriado .

83. En ese orden de ideas, esta Sala Especial de Decisión considera que no se
encuentran acreditados los requisitos de la causal número 5 del artículo 250 del
CPACA, pues las situaciones que las partes consideran constituyen nulidad, no
tuvieron su origen en la sentencia del 13 de diciembre de 2021 proferida por la
Sección Tercera, Subsección C de esta corporación.

34. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el
requisito de la relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es continuar
con el debate propuesto en el recurso extraordinario, lo cual escapa de la órbita de
intervención del juez constitucional, toda vez que la decisión acusada se sustenta
en los principios de autonomía judicial y seguridad jurídica.

35. En consecuencia, la Subsección considera que lo pretendido por la tutelante
es que se realice un nuevo estudio frente a lo definido razonablemente por el juez
natural, lo que conlleva a la improcedencia de la acción de tutela11, dado que, como
lo ha señalado la Corte Constitucional, esta acción “es concebida como un ‘juicio de
validez’ y no como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado12, lo que se opone
a que se use indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los

11 Corte Constitucional, Sentencia T-016 del 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
12 Original de la cita: “Al respecto, la sentencia T-310 de 2009 (MP Luis Ernesto Vargas Silva) indicó:
“(…) la acción de tutela contra sentencias es un juicio de validez de la decisión judicial, basado en
la supremacía de las normas constitucionales. Esto se opone a que la acción de tutela ejerza una
labor de corrección del fallo o que sirva como nueva instancia para la discusión de los asuntos de
índole probatoria o de interpretación del derecho legislado que dieron lugar al mismo. En cambio, la
tutela se circunscribe a detectar aquellos casos excepcionales en que la juridicidad de la sentencia
judicial resulte afectada, debido a que desconoció el contenido y alcances de los derechos
fundamentales’. Sobre el punto también se puede consultar la sentencia T-126 de 2018 (MP Cristina
Pardo Schlesinger)”.
13

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado, que dieron
origen a la controversia”13.

36. Por otro lado, cabe advertir que dado el carácter subsidiario y residual que
identifica la acción de tutela, tampoco es procedente efectuar un estudio a la
decisión adoptada por la Subsección “C” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado que revocó la sentencia de primera instancia y que fue favorable a los
intereses de las partes.

37. En armonía con lo resuelto en el recurso extraordinario de revisión, la Sala
constata que las decisiones que concedieron el recurso de alzada por el Tribunal y
admitieron el recurso de apelación por la Subsección accionada, eran pasibles de
los recursos ordinarios previstos en los artículos 180 y 183 del Decreto 01 de 1984,
medios de defensa judiciales que no fueron usados por la parte interesada para
poner de relieve los argumentos relativos a la cuantía del proceso, de cara al tránsito
legislativo propuesto por la Ley 954 de 2005. La parte actora, según se indicó en la
providencia que resolvió el recurso extraordinario, tampoco efectuó manifestación
en la audiencia de conciliación que se realizó por solicitud del Ministerio Público al
tenor de lo previsto en el artículo 70 de la Ley 1395 de 201014.

38. La Sala encuentra que la parte accionante no hizo uso de los recursos y
oportunidades de alzada para controvertir una de las providencias señaladas. Por
tanto, el escenario natural para salvaguardar los derechos fundamentales
presuntamente vulnerados a los accionantes era el mismo medio de control de
reparación directa en donde, en su calidad de demandantes, tuvieron la oportunidad
de controvertir la decisión adoptada por la Subsección C – Sección Tercera del
Consejo de Estado, sumado a que la parte actora no dio cuenta de las razones por
las cuales se abstuvo de interponer los recursos y oportunidades procesales, ni
aportó pruebas que demostraran la idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios
que tenía a su alcance para controvertir la decisión.

13 Corte Constitucional, Sentencia T-016 de 22 de enero de 2019. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.
14 Ver índices 30 y 31 del proceso 05001233100020020459101 “APODERADA DE LA PARTE
DEMANDADA MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, MANIFIESTA QUE NO LE
ASISTE ÁNIMO CONCILIATORIO”, en el que solo se hizo presente la parte demandada.
14

Radicación número: 11001-03-15-000-2024-00455-01
Accionante: María Dolly Múnera Giraldo y otros
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otros
Referencia: Acción de tutela (impugnación)

39. Por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad y de relevancia
constitucional la Subsección confirmará la decisión pero por las razones expuestas
en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de marzo de 2024, la Sección
Primera del Consejo de Estado, por las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.