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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00455-00

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-00455-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-00455-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

14 de marzo de 2024

Radicación: 11001 03 15 000 2024 00455 00
Accionante: María Dolly Munera Giraldo y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2024 00455 00
Accionante: MARÍA DOLLY MÚNERA GIRALDO Y OTROS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C Y OTROS

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de
relevancia constitucional cuando el debate planteado por
el demandante pretende reabrir la controversia ya
resuelta por el juez natural

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores María Dolly
Munera Giraldo, Jorge León Munera Giraldo, Héctor Ignacio Munera
Giraldo, Rodrigo Hernán Munera Giraldo, María Doris de Jesús Cardeño
Avendaño, Jaime de Jesús Cardeño Avendaño, Carmen Lucia Avendaño,
Hernán Antonio Munera Avendaño, Saúl Antonio Munera Avendaño, Luz
Mery Munera Avendaño, Hugo Alexander Munera Avendaño y Rosmira
Munera Avendaño, actuando por intermedio de apoderado, contra el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y Consejo de Estado
– Sala Cuarta Especial de Decisión.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. Los actores, por intermedio de apoderado judicial, solicitaron el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia, que estimaron vulnerados con ocasión de la
sentencia del 13 de diciembre de 2021, dictada por el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección C, que denegó las pretensiones de la

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Accionante: María Dolly Munera Giraldo y otros

demanda de reparación directa instaurada contra la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional, identificada con la radicación
05001-23-31-000-2002-04591-00/01; y de la providencia del 12 de julio
de 2023, proferida por el Consejo de Estado – Sala Cuarta Especial de
Decisión, que declaró infundado el recurso extraordinario de revisión
contra la anterior sentencia, proceso que se identificó con el radicado
11001-03-15-000-2023-00759-00.

1.2. Los demandantes manifestaron que, contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, instauraron demanda de reparación
directa con la finalidad de que se le declarara patrimonialmente
responsable por los perjuicios ocasionados por la muerte de Luis Javier
Múnera Avendaño, que acaeció el 29 de agosto de 2002 a manos de
miembros del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, quienes lo
interceptaron, lo hicieron acostar a un lado de la vía y lo asesinaron.

Señalaron que, mediante sentencia de 30 de mayo de 2012, el Tribunal
Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda, al
encontrar probado que la muerte de Luis Javier Múnera Avendaño no
había sido producto de un combate y que, contrario a lo alegado por la
entidad, no estaba acreditado que hubiere sido sorprendido atracando a
los pasajeros de un autobús.

Manifestaron que la parte demandada apeló la anterior decisión y el
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, mediante
providencia de 13 de diciembre de 2021, la revocó y, en su lugar, denegó
las pretensiones de la demanda, por considerar que el daño era imputable
al hecho determinante y exclusivo de la víctima.

1.3. Contra la anterior decisión los demandantes instauraron el recurso
extraordinario de revisión y, a través de proveído de 12 de julio de 2023,
el Consejo de Estado – Sala Cuarta Especial de Decisión lo declaró
infundado.

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1.4. La parte actora alegó en la tutela que la sentencia del 13 de diciembre
de 2021, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C, que agotó el proceso de reparación directa, incurrió en
defecto orgánico y en defecto procedimental absoluto porque esa
corporación no tenía competencia para pronunciarse sobre el asunto en
segunda instancia.

En concreto, adujo que, como consecuencia de la entrada en vigor de la
Ley 954 de 20051, cuyo artículo 12 modificó el parágrafo del artículo 164
de la Ley 446 de 1998, el proceso, que inició en el año 2002 ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia, pasó de ser de doble instancia a de
única instancia ante esa corporación, mientras entraban en
funcionamiento los juzgados administrativos -lo que tuvo lugar el 1º de
agosto de 2006-, momento en el que volvió a ser de doble instancia y
debía pasar a esos despachos, salvo que ya hubiera ingresado para
sentencia en el Tribunal, como lo establece el inciso tercero del referido
artículo3.

Entonces, como el ingreso para sentencia se había producido el 10 de
noviembre de 2005, el proceso debió permanecer como de única instancia
en el Tribunal Administrativo de Antioquia, sin que hubiera lugar a surtir
la alzada ante el Consejo de Estado.

1.5. Por otra parte, alegó que el proveído del 12 de julio de 2023, dictado
por el Consejo de Estado – Sala Cuarta Especial de Decisión, incurrió en
defecto sustantivo porque no tuvo en cuenta los artículos 13, 16, 136,

1
Que tuvo lugar el 28 de abril de 2005.
2
“Artículo 1. Readecuación temporal de competencias previstas en la Ley 446 de 1998. El parágrafo del artículo
164 de la Ley 446 de 1998, quedará así:
‘Parágrafo. Las normas de competencia previstas en esta ley se aplicarán, mientras entran a operar los
Juzgados Administrativos, así:
Los Tribunales Administrativos conocerán en única instancia de los procesos cuyas cuantías sean hasta de 100,
300, 500 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes previstas en el artículo 42, según el caso, y en
primera instancia cuando la cuantía exceda de los montos (…)’”.
3
“Artículo 164. Vigencia en materia contencioso administrativa. (…)
Los procesos en curso que eran de única instancia ante el Consejo de Estado o ante los Tribunales y que
quedaren de doble instancia se deberán enviar en el estado en que se encuentren al competente, según esta
ley, salvo que hayan entrado al despacho para sentencia”.

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137 y 139 del Código General del Proceso (CGP), los cuales señalan que
la falta de competencia por el factor funcional es improrrogable, so pena
de configurar una nulidad insaneable.

1.6. Además, argumentó que dicha providencia incurrió en
desconocimiento del precedente fijado en la sentencia del 13 de
agosto de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A4, que resolvió un recurso extraordinario de revisión fundado
en la causal del numeral 5º del artículo 250 del CPACA —nulidad originada
en la sentencia—, particularmente en la falta de competencia funcional, y
dijo que esta corporación era competente para conocer en única instancia
una acción de repetición contra el representante legal del Incoder, y en
consecuencia, anuló la sentencia allí recurrida.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C, ponente de la decisión de 13 de diciembre de 2021,
advirtió que en este caso no se cumplen los requisitos de relevancia
constitucional, subsidiariedad e inmediatez, y que la parte actora
simplemente expone sus inconformidades con lo decidido por el juez del
proceso ordinario e intenta con ello acceder a una instancia adicional.

Arguyó que, de haberse configurado la nulidad que se alega en la acción
de tutela, esta no se habría originado en la sentencia que puso fin al
proceso de reparación directa, como bien lo declaró y sustento la Sala
Cuarta Especial de Decisión, de manera que la providencia atacada no
incurrió en vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Finalizó argumentando que la providencia de 13 de diciembre de 2021 se
ajustó a las normas sustanciales y procedimentales, y que, de haberse

4
Radicado 11001-03-26-000-2020-00079-00 (66121), C.P Martha Nubia Velásquez Rico.

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configurado la falta de competencia aducida por los demandantes, esta
se entendería subsanada en razón al silencio de las partes.

2.2. El magistrado del Consejo de Estado – Sala Cuarta Especial de
Decisión, ponente de la decisión de 12 de julio de 2023, manifestó que
la causal de nulidad se pudo haber dado en el momento en que se
concedió el recurso de apelación contra la providencia de primera
instancia, y que la parte actora tuvo varias oportunidades para poner de
presente en el proceso ordinario lo que alegó en el recurso extraordinario
de revisión; empero, solo alegó la supuesta nulidad cuando advirtió que
la decisión de segunda instancia fue contraria a sus intereses.

De igual forma, aseveró que lo que busca la parte actora con la presente
acción es reabrir un debate que ya fue superado en el trámite ordinario,
por lo que considera que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

Además, dijo que la decisión cuestionada se basó en la postura de la Sala
Plena del Consejo de Estado, que señala que la causal de revisión
establecida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA debe fundarse en
una nulidad configurada en el momento mismo de la sentencia y no antes.

2.3. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional, a través de apoderada, afirmó que no se pudo probar en el
trámite procesal la responsabilidad de la entidad, pues las pruebas
documentales y testimoniales acreditaron que fue el comportamiento
ilegal e imprudente de la víctima lo que dio lugar a la causación del daño.

Puntualizó que en la presente acción de tutela no se configuran los
defectos alegados por el accionante y solicitó se declare la improcedencia.

2.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia únicamente suministró
el enlace del proceso de reparación directa en el aplicativo SAMAI.

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III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. Los señores María Dolly Munera Giraldo, Jorge León Munera
Giraldo, Héctor Ignacio Munera Giraldo, Rodrigo Hernán Munera Giraldo,
María Doris de Jesús Cardeño Avendaño, Jaime de Jesús Cardeño
Avendaño, Carmen Lucia Avendaño, Hernán Antonio Munera Avendaño,
Saúl Antonio Munera Avendaño, Luz Mery Munera Avendaño, Hugo
Alexander Munera Avendaño, Rosmira Munera Avendaño, Ramón Antonio
Múnera Márquez, María Belarmina Avendaño Duque y Román Antonio
Munera instauraron demanda de reparación directa contra la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, con la finalidad de que
se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios
ocasionados por la muerte de Luis Javier Múnera Avendaño.

3.2.2. Mediante sentencia de 30 de mayo de 2012, el Tribunal
Administrativo de Antioquia accedió a las pretensiones de la demanda
pues encontró probado que la muerte de Luis Javier Múnera Avendaño
había sido causada por miembros del Ejército Nacional, pero no durante
un combate, y que no estaba demostrado que la víctima hubiere atracado
a los pasajeros de un bus de la empresa de Expreso Bolivariano, como
alegó la entidad en la contestación.

3.2.3. Las parte demandada apeló la decisión de primera instancia y,
mediante providencia de 13 de diciembre de 2021, el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección A, la revocó para, en su lugar, denegar

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las pretensiones de la demanda, al considerar que el daño resultaba
imputable al hecho determinante y exclusivo de la víctima, pues estaba
probado que el joven Luis Javier Múnera Avendaño había sido sorprendido
intentando asaltar a los pasajeros de un bus, momento en el cual disparó
contra la cuadrilla militar, lo que desató la reacción de los agentes del
Ejército.

3.2.4. Los accionantes presentaron recurso extraordinario de revisión
contra la anterior providencia, y alegaron, en síntesis, que esta había sido
proferida con falta de competencia funcional, pues el asunto debía ser
resuelto en única instancia por el Tribunal Administrativo de Antioquia. El
Consejo de Estado – Sala Cuarta Especial de Decisión, mediante decisión
del 12 de julio de 2023, declaró infundado recurso, por las siguientes
razones:

“[…] la nulidad procesal alegada no se originó en la sentencia misma, por el
contrario, resulta fácil concluir que la supuesta irregularidad se suscitó con la
expedición del auto de fecha 16 de octubre de 2012, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia y la decisión del 28 de enero de 2013 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C que concedió y admitió el
recurso de apelación, respectivamente. Lo anterior porque en dichas providencias
se determinó que se iba tramitar el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada.

79. Nótese que los recurrentes fueron citados a la audiencia de conciliación de
que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 a efectos de pronunciarse sobre
el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra el fallo de
primera instancia, y contrario a poner de presente la situación que hoy les aqueja,
solicitaron «continuar con el trámite del proceso».

80. Entonces, no se explica la Sala por qué, al momento de pronunciarse sobre
el recurso de apelación, los accionantes consideraban que el asunto sí debía
continuar para segunda instancia ante el Consejo de Estado, pero con la sentencia
en segundo grado y, al resultarle adversa a sus intereses, su parecer cambió.
Esto, al sostener, en el recurso extraordinario de revisión, que la controversia era
de única instancia.

81. Aunado a ello, tuvieron a su disposición los recursos de reposición y súplica
dispuestos por los artículos 180 y 183 del CCA en contra de las decisiones que
concedieron y admitieron la impugnación. Sin embargo, optaron por guardar
silencio […]”. (Subrayas de la Sala).

Por lo anterior, consideró que no estaba acreditada la causal consagrada
en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, pues las situaciones por las

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cuales los accionante consideran que existe nulidad no tuvieron origen en
la sentencia recurrida.

3.2.5. Los señores María Dolly Munera Giraldo, Jorge León Munera
Giraldo, Héctor Ignacio Munera Giraldo, Rodrigo Hernán Munera Giraldo,
María Doris de Jesús Cardeño Avendaño, Jaime de Jesús Cardeño
Avendaño, Carmen Lucia Avendaño, Hernán Antonio Munera Avendaño,
Saúl Antonio Munera Avendaño, Luz Mery Munera Avendaño, Hugo
Alexander Munera Avendaño y Rosmira Munera Avendaño 5 interpusieron
acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección C y el Consejo de Estado – Sala Cuarta Especial de Decisión,
al considerar vulnerados sus derechos fundamentales por las providencias
de 13 de diciembre de 2021 y 12 de julio de 2023.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C–590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación6,
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la

5
Los señores Ramón Antonio Múnera Márquez, María Belarmina Avendaño Duque y Román Antonio Munera
Giraldo, quienes fueron demandantes en el proceso de reparación directa, fallecieron antes de la interposición
de la presente acción.
6
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).

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situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20227, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es
suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional,
pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción
desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso, la parte actora invocó los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, que estimaron
vulnerados con ocasión de la sentencia del 13 de diciembre de 2021,
dictada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, que
denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional,
identificada con la radicación 05001-23-31-000-2002-04591-00/01; y de
la providencia del 12 de julio de 2023, proferida por el Consejo de Estado
– Sala Cuarta Especial de Decisión, que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión contra la anterior providencia, proceso que se
identificó con el radicado 11001-03-15-000-2023-00759-00.

Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello
se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

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M. P. Natalia Ángel Cabo.

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3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.

A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20198, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:

8
M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022

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(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 9.

3.3.1.3. La instancia adicional

La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho10:

“[…] Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado
a discutir asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia
constitucional, ‘la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios’, pues la
competencia del juez de tutela se restringe ‘a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia
dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si
la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se
garantizaría ‘la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales,
como de los de las demás jurisdicciones’, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios […]”.

9
Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
10
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).

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En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.

Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].

Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que

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este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.

3.3.2. Caso concreto

3.3.2.1. La Sala recuerda que en el sub lite, los argumentos con base en
los cuales la parte actora ataca la sentencia del 13 de diciembre de 2021,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, que
denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa, giran en
torno a la supuesta falta de competencia de esta corporación para conocer
dicho proceso en segunda instancia, pues, en virtud de la entrada en vigor
del artículo 1 de la Ley 954 de 2005 y del posterior inicio del
funcionamiento de los juzgados administrativos, este pasó de ser de doble
instancia a de única instancia, por lo que debió culminar con el fallo del
30 de mayo de 2012, mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Antioquia accedió a lo pedido.

3.3.2.2. A su vez, contra el proveído del 12 de julio de 2023, por medio
del cual el Consejo de Estado – Sala Cuarta Especial de Decisión declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión, alegan el
desconocimiento (i) de las disposiciones del Código General del Proceso,
que señalan que la falta de competencia funcional es improrrogable y que
la nulidad que de esta se deriva es insaneable, y (ii) del precedente fijado
en la sentencia del 13 de agosto de 2021, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección A11, que anuló la decisión dictada en
un proceso de repetición, al considerar que este solo podía ser conocido
por esta corporación en única instancia.

3.3.2.3. Siendo así, para la Sala es claro que los argumentos expuestos
por los demandantes en la acción de tutela constituyen simplemente la
reiteración del debate que ya se agotó en el recurso extraordinario de

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Radicado 11001-03-26-000-2020-00079-00 (66121), C.P Martha Nubia Velásquez Rico.

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revisión que instauraron contra el fallo del 13 de diciembre de 2021, en
el que también alegaron que esta última decisión estaba viciada de
nulidad por falta de competencia funcional del Consejo de Estado, Sección
Tercera, porque el proceso, a su juicio, debió ser de única instancia y
concluir ante el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Tales argumentos ya fueron resueltos por el Consejo de Estado – Sala
Cuarta Especial de Decisión en la providencia del 12 de julio de 2023, lo
que permite colegir que la parte actora solo busca ventilar sus
inconformidades frente a las conclusiones a las que llegó el juez natural
del asunto sobre el caso planteado. Dicho de otro modo, la parte actora
pretende que el juez constitucional analice la controversia y emita una
nueva y distinta resolución sobre el particular, pero sin proponer en torno
a sus argumentos una discusión de índole propiamente constitucional, por
lo que es evidente que sólo quiere acceder a una instancia adicional.

3.3.2.4. En el mismo sentido, frente al desconocimiento del precedente,
se advierte que esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202112,
sostuvo que en las acciones de tutela contra providencia judicial en las
que se alega el desconocimiento del precedente se exige, como carga
argumentativa mínima, que se identifiquen: (i) la providencia
desconocida, (ii) las reglas y subreglas jurisprudenciales contenidas en la
ratio decidendi de la sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables
al caso a resolver, y (iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos
deben ser análogos o similares.

En el caso sub examine, la parte actora se limitó a invocar la sentencia
del 13 de agosto de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, relacionada con la competencia de esta
corporación para conocer de los procesos de repetición en única instancia.
Empero, no identificó el problema jurídico que se resolvió, ni efectuó una
comparación entre los hechos estudiados en ese caso, para acreditar que

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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).

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las reglas y subreglas contenidas en la ratio decidendi le eran aplicables
a su caso particular.

Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Lo
anterior es también indicativo de que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con las decisiones que adoptaron las autoridades
judiciales demandadas, y que, en consecuencia, pretende que el juez
constitucional realice un nuevo y distinto análisis frente al debate que ya
fue agotado en el proceso de reparación directa y en el recurso
extraordinario de revisión.

A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate sobre
las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen demandante
y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta precisamente en
las razones de la demanda y de la contestación, las pruebas y el derecho
que ellas ponen a su disposición, o, en los casos excepcionales que la ley
prevé, de conformidad con las facultades oficiosas que aquél tiene. Por lo
tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente sobre la
controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido
atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias,
y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez
constitucional constituiría claramente un pronunciamiento por fuera de las
competencias que le corresponden, utilizando además el trámite de una
acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como lo es la tutela.

En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo

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de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.

Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.

Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.

Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
reiterar los argumentos que ya habían sido estudiados sobre la alegada
falta de competencia funcional y a cuestionar la supuesta falta de
aplicación del precedente que, a su juicio, le resultaba más favorable.

En razón a todo lo expuesto, la Sala concluye que no se encuentra
acreditado en este caso el elemento de la relevancia constitucional, en lo
relativo al tercer criterio señalado en relación con el derecho fundamental
cuya protección se solicitó en este caso.

Siendo así, resulta completamente innecesario el estudio sobre el posible
cumplimiento de los restantes presupuestos generales de procedibilidad

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de la tutela contra decisiones judiciales y, en consecuencia, declarará la
improcedencia del amparo.

3.4. Conclusión

De acuerdo con lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela de la referencia, al constatar la ausencia del requisito de relevancia
constitucional, respecto de los derechos fundamentales invocados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, si ella no es impugnada oportunamente en los términos
señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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