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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02857-00

Fecha
17 de febrero de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-02857-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora MARÍA CELINA OCAMPO OCAMPO contra la sentencia proferida por la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado el 4 de febrero de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado 17001-23-33-000-2015-00764-00, según lo expuesto en las consideraciones de esta decisión. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión, cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI y SAMAI. 47 Ver auto de 18 de julio de 2022, índice 16, expediente SAMAI. 30 Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00 Demandante: María Celina Ocampo Ocampo Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-02857-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

17 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: MARÍA CELINA OCAMPO OCAMPO
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DEPARTAMENTO DE
CALDAS
Tema: CAUSAL QUINTA DE REVISIÓN - NULIDAD ORIGINADA EN LA SENTENCIA –
INFUNDADA - INTERESES MORATORIOS POR EL PAGO TARDÍO DEL
RETROACTIVO POR HOMOLOGACIÓN Y NIVELACIÓN SALARIAL

Sentencia que resuelve recurso extraordinario de revisión

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la señora María
Celina Ocampo Ocampo, en contra de la sentencia de 4 de febrero de 2021,
proferida por la Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-
23-33-000-2015-00764-01, con fundamento en la causal de revisión prevista en el
numeral 5º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – en adelante CPACA1.

I.- ANTECEDENTES2

I.1.- La demanda ordinaria

1. La señora María Celina Ocampo Ocampo, mediante apoderado especial, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado
en el artículo 138 del CPACA, demandó a la Nación - Ministerio de Educación
Nacional y al departamento de Caldas – Secretaría de Educación, con miras a
obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […]».
2
Revisada la copia digital del expediente 17001-23-33-000-2015-00764-00, índice 11 expediente digital en SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
«Primera.- Se declare la nulidad de la Resolución No.8269-6 del 8 de
Septiembre de 2015, notificada el día, 16 de Septiembre de 2015, por medio
de la cual desconocieron y negaron los intereses moratorios generados con
ocasión al pago tardío del retroactivo de la Homologación y Nivelación Salarial.

Segunda.- Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, igualmente se declare que el actor
tiene pleno derecho a que LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, le reconozcan y ordenen pagar los intereses moratorios, en
cuantía de $34.194.681,96 ML7cte, efectivos a partir del día siguiente a los
treinta (30) días posteriores a su causación (11 de abril de 1997), hasta el día
en que fue efectivo el pago total del retroactivo por homologación y nivelación
salarial, esto es, el día 15 de mayo de 2013.

Tercera.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, a pagar al actor los intereses moratorios a que tiene derecho,
liquidados con base al interés bancario corriente de la fecha de causación hasta
la fecha efectiva de pago; o sea $34.194.681,96 ML(Cte., en consideración a
que, el pago de la nivelación salarial debe hacerse igual que el salario, por
periodos de treinta (30) días, por tanto, una vez ocurrido dicho vencimiento, su
no pago genera automáticamente la obligación de cancelar los intereses
aludidos.

Cuarta.- Se ordene liquidar y pagar, a expensas de LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a favor del actor, los intereses
reclamados, con base al capital neto cancelado, es decir, sin incluir el valor que
por concepto de indexación salarial se reconoció.

Quinta.- Se ordene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, dar cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el inciso
segundo del artículo 192 del CPACA, igualmente que en virtud de la voluntad
contemplada en el poder conferido se haga entrega de los dineros de los
dineros al apoderado.

Sexta.- Se condene a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, pagar a favor de mi mandante, los intereses moratorios, conforme
lo ordena el inciso 3ero. del artículo 192 del CPACA.

Séptima.- Se condene a la LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CALDAS y LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, en caso de que se oponga a las pretensiones de esta demanda.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
[…]» (sic para toda la cita)

I.2. Los hechos

2.La señora María Celina Ocampo Ocampo prestó sus servicios en planta de
cargos administrativos de la Secretaría de Educación del departamento de Caldas.

3. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de la Ley 60 de
12 de agosto de 19933, expidió la Resolución 3500 de 1996, a través de la cual
certificó al departamento de Caldas para la prestación del servicio educativo4.

4. Mediante el Decreto 0021 de 19975 se transfirió el personal administrativo
adscrito al servicio público del orden nacional a la planta de cargos y personal de la
secretaría de educación de la entidad territorial, antes señalada, con los mismos
cargos, códigos y salarios que venían vinculados a la Nación, sin que fueran
nivelados ni homologados salarialmente a los de la planta central del aludido ente
departamental.

5. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, con sustento en la
Directiva Ministerial 10 de 2005 y en la Resolución 2171 de 17 de mayo de 2006,
expedidas por el Ministerio de Educación Nacional, elaboró y presentó ante esta
última cartera ministerial el estudio técnico para la homologación nacional, el cual
fue aprobado a través de comunicación suscrita el 30 de marzo de 2007.

6.La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, mediante oficios SED
0345 de 17 de junio de 2008 y GJSED 1497 de 22 de mayo de 2009, solicitó al
Ministerio de Educación Nacional, la revisión y el ajuste del proceso de
homologación y nivelación salarial.

7. El Ministerio de Educación Nacional, mediante el Oficio 2009EE29765 del 1.° de
junio de 2009, aprobó la modificación al estudio técnico de homologación y
nivelación salarial del departamento de Caldas y, con base en ello, la entidad
territorial, a través del Decreto 337 de diciembre de 2010, modificó el Decreto 0399

3
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288
de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones».
4
Ver artículo 14 de la Ley 60 de 1993.
5
Expedido por el departamento de Caldas.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
de 20 de mayo del 2007, por el cual homologó y niveló los cargos administrativos
pertenecientes a la planta de personal del departamento de Caldas.

8. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas, mediante el Decreto
0353 de 15 de diciembre de 2010, incorporó por homologación y nivelación salarial
al personal administrativo del departamento de Caldas, sector educativo, financiado
con recursos del Sistema General de Participaciones.

9.El Ministerio de Educación Nacional, por medio de Oficio núm. 2011EEE63868
de 5 de octubre de 2012, certificó la deuda por homologación y nivelación de los
cargos administrativos del departamento de Caldas -periodo 1997 a 2009-,
estableciendo que la citada deuda sería financiada por la Nación; recursos de
balance propios de 2011 y con recursos de balance del Sistema General de
Participaciones 2011, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 1450
de 16 de junio de 20116.

10. La Secretaría de Educación del departamento de Caldas expidió la Resolución
1963-6 de 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución 4603-6 de 4 de julio de
2013, mediante las cuales reconoció y ordenó el pago en favor de la señora María
Celina Ocampo Ocampo del retroactivo por concepto de homologación y nivelación
salarial, por el periodo comprendido entre el 10 de febrero de 1997 y el 31 de
diciembre de 2009.

11. El apoderado judicial de la señora María Celina Ocampo Ocampo afirma que el
pago del retroactivo por concepto de homologación y nivelación salarial se hizo de
forma tardía porque solo se efectuó hasta el 15 de mayo de 2013 -como lo certifica
la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas-.

12. El mismo apoderado judicial señala que presentó derecho de petición, el 28 de
julio de 2015, ante la secretaría de Educación del departamento de Caldas, en el
que solicitó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios por el pago tardío
del retroactivo por homologación y nivelación salarial, argumentando que los
intereses moratorios pretendidos se causaron a partir de su traslado como
empleado administrativo del nivel nacional al territorial, pues desde ese momento
debió percibir el mayor valor correspondiente a los emolumentos propios de los
empleados territoriales, de allí que, al no recibirlos, la administración local incurrió

6
«Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014».

5

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Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
en mora en el pago de esa parte del salario que debía homologar desde el principio,
lo cual fue negado, mediante la Resolución 8241-6 del 8 de septiembre de 2015 –
notificada el 16 de septiembre de 2015-.

13. Igualmente, invocó como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 25, 53, 58, 93,
123, 209 y 350 de la Constitución Política; 1608, 1617, y 1649 del Código Civil, 177
del Decreto 01 de 1984 –CCA-, además de la Ley 60 de 1993 y apartes de la
sentencia C-367 de 16 de agosto de 1995, proferida por la Corte Constitucional. En
este sentido argumentó que en la homologación y nivelación salarial se debió
prever, calcular y ordenar el pago de la indexación y sanción moratoria, por el pago
tardío de estos salarios.

14. Señaló, por último, que si bien es cierto que las sumas pagadas por concepto del
retroactivo por homologación y nivelación salarial fueron indexadas, con el fin de
contrarrestar los efectos del transcurso del tiempo, también lo es que la mora tiene
carácter resarcitorio y sancionatorio por el pago tardío de la obligación.

I.3. Intervención del departamento de Caldas7

15. Por intermedio de apoderada judicial, la Secretaría de Educación departamental
se opuso a las pretensiones de la demanda, por cuanto afirma que pagó a la señora
María Celina Ocampo Ocampo los emolumentos en su favor resultado del proceso
de homologación y nivelación salarial de manera indexada, con recursos del
Sistema General de Participaciones
16. Alegó que no es procedente acceder a la sanción moratoria reclamada, dado que
ello constituiría una doble sanción en contra del ente territorial.

17. Propuso como excepciones las de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva;
ii) buena fe, y iii) prescripción

I.4. Intervención del Ministerio de Educación Nacional8

18. La citada cartera ministerial, por intermedio de apoderado judicial se opuso a las
pretensiones de la demanda, luego de considerar que la señora María Celina
Ocampo Ocampo se encuentra vinculada a la entidad territorial departamental de

7
Ff. 76 a 81 de la copia digital del expediente ordinario.
8
Ff. 88 a 104 de la copia digital del expediente ordinario.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
Caldas, motivo por el cual no expidió el acto administrativo demandado, y resaltó
que su participación estuvo centrada en el acompañamiento al proceso de
certificación en educación y de homologación de cargos y la nivelación salarial del
personal administrativo, sin disponer de los recursos provenientes del Sistema
General de Participaciones, los que fueron directamente transferidos a dicha
instancia para el cumplimiento de las obligaciones que de la prestación del servicio
educativo se derivaron.

19. Excepcionó: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; ii) ineptitud de la
demanda; iii) prescripción, y iv) la genérica o cualquier otra que durante el
transcurso del proceso se llegare a probar.

I.5. La sentencia de primera instancia9

20. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 12 de octubre de
2018, resolvió:

«PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADA la excepción de “prescripción”,
formulada por el Ministerio de Educación nacional y por el Departamento de
Caldas.

SEGUNDO: DECLÁRASE LA NULIDAD PARCIAL del oficio 8241-6 del 08 de
septiembre de 2015, expedido por la Secretaría de Educación del
Departamento de Caldas. A título de restablecimiento del derecho, SE
ORDENA a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL,
reconocer y pagar a la señora María Celina Ocampo Ocampo, la indexación del
capital de la nivelación salarial reconocida en virtud de las Resolucion No.
1936-6 del 22 de marzo de 2013, aclarada por la Resolución No. 4603-6 del 22
de MARZO de 2013, expedidas por la Secretaría de Educación del
Departamento de Caldas, desde el primero (1°) de enero de 2010 hasta el
quince (15) de mayo de 2013, pero con efectos fiscales a partir del treinta (30)
de julio de 2012, por prescripción trienal; indexación que cancelará de
conformidad con la fórmula citada en la parte motiva de esta providencia. Se
aclara que no se debe tener en cuenta la suma reconocida a título de
indexación hasta el 31 de diciembre de 2009.

TERCERO: La entidad demandad DARÁ cumplimiento a esta sentencia en los
términos previsto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

9
Ff. 194 a 191 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.

7

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Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
CUARTO: SE CONDENA EN COSTAS a la Nación-Ministerio de Educación
Nacional, cuya liquidación y ejecución se hará en la forma dispuesta en el
Código General del Proceso.

Se fijan agencias en derecho por el equivalente al 1% del valor de las
pretensiones de la demanda, en favor de la parte demandante.

[…]» (sic para toda la cita)

21. Para arribar a la anterior decisión, el Tribunal realizó un análisis normativo y
jurisprudencial sobre el proceso de homologación y nivelación salarial para los
empleados del área administrativa de los establecimientos educativos oficiales, bajo
la descentralización del servicio de educación a las entidades territoriales -Ley 60 de
1993 y Ley 715 de 2001-, resaltando que con ocasión del mismo, los departamentos
y municipios debieron ajustar sus propias plantas de personal -homologación de
cargos- y posteriormente realizar las nivelaciones salariales correspondientes, lo que
derivó en el reconocimiento de las diferencias económicas presentadas en favor de
los trabajadores, retroactivo como el que percibió la demandante.

22. Hizo referencia a la naturaleza jurídica de las figuras de los intereses moratorios
y la indexación, para indicar que las mismas no son acumulables en consideración
a que: «[…] los primeros inician con la mora en el crédito u obligación, en tanto el
periodo de la indexación está dado entre la fecha del crédito, capital u obligación y
la fecha en que se quiere actualizar, no siendo relevante la existencia de la mora.»
y como en el caso se demostró que las sumas reconocidas a título de nivelación
salarial comprendido desde el 10 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de
2009 fueron indexadas, «[…] es totalmente improcedente ordenar el reconocimiento
de intereses moratorios sobre valores ya indexados, dada la incompatibilidad que
existe entre estos dos conceptos».

23. No obstante lo anterior, el aludido Tribunal con fundamento en el artículo 53
Superior, acogió la decisión de casos similares en la misma Corporación en los que:
«[…] reconoció la actualización de sumas de dinero reconocidas de manera tardía
en sede administrativa, ya que en esos asuntos ocurrió que entre la fecha de
ejecutoria de la resolución de reconocimiento de homologación y su pago, había
transcurrido un lapso entre dos o más mensualidades distintas, lo que hacía variar
el IPC y por ende se hacía procedente realizar la actualización monetaria; además
por cuanto no hubo resolución posterior que modificara el valor de la indexación

8

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Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
para hacer un reconocimiento mayor por ajuste a este concepto» y en asunto sub
examine ordenó la indexación, así:

«En donde el valor presente se determine multiplicando el valor histórico (Rh)
que es lo dejado de percibir por la demandante, desde la fecha a partir de la
cual se le debe reconocer la indexación (1° de enero de 2010), hasta el
momento en que fue cancelado el reajuste salarial (15 de mayo de 2013), por
el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE vigente a la fecha del referido pago, por el índice inicial
vigente para la fecha en que debió hacerse el pago».

24. Del mismo modo, declaró la prescripción de las sumas por indexación causadas
con antelación al 30 de julio de 2012.

I.6. Los recursos de apelación

I.6.1. El Ministerio de Educación Nacional10

25. El apoderado judicial de la cartera ministerial insistió en la falta de legitimidad en
la causa por pasiva, toda vez que esa entidad no expidió el acto administrativo cuya
nulidad se depreca, además de no ser titular de la obligación que demanda el actor;
motivos por los cuales dicho ministerio no sería el llamado a responder por
obligaciones, daños o perjuicios respecto del asunto objeto de controversia.

26. Aseveró que, en virtud de la Ley 60 de 1993, dicho ministerio transfirió la facultad
nominadora a los entes territoriales para la administración del personal docente y
administrativo a su cargo, lo que implicó el reconocimiento y pago de las
obligaciones por homologación y nivelación salarial, bajo los actos administrativos
emitidos por la secretaría de Educación departamental de Caldas, en los que
tampoco tuvo injerencia más allá del acompañamiento del proceso de certificación.

I.6.2. La señora María Celina Ocampo Ocampo11

27. Por intermedio de su apoderado judicial, la demandante interpuso recurso de
apelación en contra del referido fallo, en el que reiteró que solicita el reconocimiento
y pago de los intereses moratorios causados por el pago tardío de la homologación
y nivelación salarial sobre el capital neto sin indexación.

10
Ff. 196 a 207 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.
11
Ff. 208 a 218 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.

9

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Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
28. El mismo apoderado judicial insiste en que se le debió reconocer a su prohijada
el retroactivo pero no con indexación sino con intereses de mora, con apoyo en los
principios de favorabilidad laboral y analogía, entre otros; dado que debió recibir
estos salarios desde el momento en que fue trasladado el personal de la planta
nacional a la departamental, por lo que permaneció desde el 1° de enero de 2004
hasta el 31 de diciembre de 2009 devengando un saldo inferior al que legalmente le
correspondía, el que solamente le fue cancelado en el mes de mayo del 2013.

29. También alegó que en ningún aparte normativo se establece la incompatibilidad
entre la indexación e intereses de mora como consecuencia del pago tardío de una
obligación prestacional, como tampoco que los mismos sean conceptos no
acumulables, además de ser innecesaria la exigencia de una norma que así lo
estableciera, dado que, por tratarse de una obligación dineraria, se deben reconocer
intereses de mora, como indemnización de perjuicios por la mora, y no la indexación
sobre las sumas debidas conforme lo disponen los artículos 1608, 1613, 1614, 1615,
1616 y 1617 del Código Civil que cita.

30. Sostiene, por último, que: «El juzgador reconoce, que las sumas pagadas fueron
indexadas y por tanto concluye que no es válido reconocer los intereses de mora,
pero pierde de vista que la condena que realmente resarciría los perjuicios causados
por el paso del tiempo, sería los intereses de mora, emolumentos que, en los
alegatos de conclusión, se solicitaron se pagaran de forma preferente y favorable,
en lugar de la indexación, debido a la injustificada demora en el pago de dichas
acreencias laborales».

I.7. Sentencia de segunda instancia12

31. En segunda instancia, el conocimiento del medio de control le correspondió a la
Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, autoridad judicial
que, mediante sentencia de 4 de febrero de 2021 -ejecutoriada el 25 de mayo de
202113-, revocó la sentencia de primera instancia a través de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda y se reconoció, en uso de facultades
extra petita, la indexación de unas sumas en el proceso instaurado por la señora
María Celina Ocampo Ocampo contra la Nación – Ministerio de educación Nacional
y el departamento de Caldas.

12
Ff. 241 a 247 del cuaderno principal del expediente ordinario digitalizado.
13
Notificada electrónicamente el 24 de mayo de 2021, índice 18 expediente SAMAI.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

32. Laaludida Subsección, en relación con los intereses moratorios, citó las
consideraciones que la misma Subsección realizó en un caso análogo 14 en el que
señaló que: «[…] no es procedente acceder al pago de intereses moratorios
respecto del pago retroactivo de nivelaciones salariales, porque tratándose de
derecho sancionatorio debe existir una norma que ordene su pago» y que «[…] no
hay lugar al pago de intereses moratorios cuando en el contenido de los actos
administrativos que reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular
y además no existe una norma que autorice reconocimiento» y, en consecuencia,
era dable negar las pretensiones de la demanda.

33. Frente a la decisión extra petita proferida por el a quo, estimó que el tribunal
desconoció el principio de congruencia, en la medida que se pronunció sobre un
asunto que no fue pretendido en el medio de control, frente al cual la parte
demandada no ejerció su derecho de contradicción y defensa, lo que resulta
contrario a la naturaleza de esta jurisdicción que a diferencia de la jurisdicción
ordinaria sí opera, pues el principio de justicia rogada impone al demandante la
carga de solicitar de manera específica lo que se pretende, por lo cual revocó la
orden dada por el a quo.

34. Por último, y en cuanto la condena en costas de la sentencia apelada, con
fundamento en los artículos 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365
del CGP, estimó que la normativa deja a criterio del juez la procedencia o no de ello,
concluyendo que no era procedente la imposición de la misma.

II. EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

II.1. El recurso extraordinario – causal invocada

35. La señora María Celina Ocampo Ocampo, por conducto de apoderado judicial,
y mediante escrito presentado el 24 de mayo de 202215, instauró recurso
extraordinario de revisión en el que solicitó se efectuarán las siguientes
declaraciones:

14
Sentencia de 25 de abril de 2019 en el radicado 66001-23-33-000-2016-00471-01 (1731-18), C.P. César Palomino Cortés.
15
Enviado el 24 de mayo de 2022 del correo electrónico acopresbogota@gmail.com al email
cecs2secr@consejodeestado.gov.co del que a su vez se trasladó el escrito, por competencia, al correo
secgeneral@consejodeestado.gov.co (índice 2 expediente digital SAMAI)

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
«PRIMERO.- Declarar Infirmada la sentencia proferida por el Consejo de
Estado- Sección Segunda- Subsección B, del 04 de febrero de 2021 […] que
confirma la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO.- En consecuencia, como resultado de la declaratoria de la
sentencia viciada en nulidad, se reenvíe o remita el expediente al despacho
de origen, es decir, Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B,
conformado por los consejeros de Estado Carmelo Perdomo Cuéter, Sandra
Lisset Ibarra Vélez y César Palomino Cortés, para que se resuelva en debida
forma, es decir, profiriendo un fallo favorable.

TERCERO.- Las demás que el H. Despacho considere necesarias» (sic para
toda la cita)

36. En criterio del aludido apoderado, en el sub lite se configura la causal prevista
en el numeral 5°, del artículo 250, del CPACA, precepto según el cual procede la
revisión de providencias judiciales por «Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».

37. Como sustento de sus pretensiones, afirma que la sentencia objeto de revisión
viola el principio de congruencia, en la medida que se le negaron las pretensiones
«por un objeto distinto del pretendido en la demanda y una causa diferente a la
invocada, esto es, de manera citra petita […]», lo que trasgrede el debido proceso.

38. Señala que en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se
pretendió el reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados por el
pago tardío del retroactivo por homologación y nivelación salarial y, como sustento
de ello, sostuvo que el periodo para liquidarlos es el causado entre el año 1997,
cuando el personal administrativo del sector educación del nivel nacional fue
incorporado al nivel departamental, y el año 2013, cuando se concretó el pago del
retroactivo, sobre el capital neto, sin incluir indexación; sin embargo, cuestiona la
decisión judicial en tanto que: «[…] el problema jurídico versó sobre un
planteamiento que en nada tenía que ver, con lo pretendido en la demanda, y mucho
menos, con lo decantado en los hechos, la contestación, sus alegaciones y el
recurso de apelación»..

39. El mismo apoderado judicial refiere que la autoridad judicial:

«Al resolver de fondo el asunto, a través de la sentencia objeto de revisión,
reconoce que el pago de la homologación, en efecto fue realizado de manera
posterior al momento de su exigibilidad, pero de una manera totalmente

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Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
diferente a la expuesta en la demanda; La autoridad judicial entendió que la
reclamación de dichos intereses abarcó el interregno de un mes entre el 22 de
marzo de 2013, cuando se reconoció y se ordenó el pago del consecuente
retroactivo, y el mes de abril de 2013, cuando se efectuó el pago
correspondiente, por lo que tal lapso fue razonable, según la comprensión del
despacho.

En suma, el(a) demandante solicitó el reconocimiento de intereses de mora
desde el año de 1997, cuando pasó a pertenecer a la planta de personal
territorial, y hasta el año 2013, fecha en la cual se concretó el pago del
retroactivo salarial de que se trata, en tanto que en la sentencia enjuiciada se
evidencia, que se entendió erróneamente que la reclamación de dichos
intereses se refirió a los que se causaron desde el acto de reconocimiento del
retroactivo, dictado el 22 de marzo de 2013, y hasta el año 2013 cuando se
efectuó el pago.

Traducido lo anterior, el sentido que le han dado al periodo a reclamar,
difiere con el pedido en la demanda; la parte actora no se refirió a una
mora causada entre la resolución que reconoció y ordenó la
homologación y, la fecha de su pago; la parte demandante lo que reclamó
en vía administrativa y luego judicial, fueron unos intereses desde el momento
del traslado del personal de una planta a otra, hasta la fecha que la entidad
efectuó el pago, de allí que, lo resuelto por el despacho nunca guardó relación
con el objeto de la demanda, por tal razón en la sentencia hay desarmonía entre
lo resuelto y lo debidamente pedido.

Lo que se resolvió en la sentencia, desconoció el principio de congruencia, de
acuerdo con el cual el fallo debe estar en armonía con lo pedido y alegado tanto
por la parte demandante como la parte demandada».

40. Asimismo, se indicó por el aludido apoderado judicial que la sentencia no tuvo en
cuenta la normativa preexistente, dado que:

«Si se revisa con detenimiento su parte considerativa, el Juez no indica las
razones de hecho y de derecho, por las cuales no hay lugar a intereses de
mora, en su lugar, el escenario es una mera interpretación argumentativa, que
no se encuentra soportada en la ley, por lo tanto, es válido reconocer que mi
representado(a) no fue juzgada, conforme a las normas preexistentes; única y
exclusivamente se dijo que en el proceso de homologación se agotaron las
etapas necesarias, sin embargo, al tratarse de los intereses de mora, la
decisión no tuvo un análisis normativo concreto al caso.

Por lo tanto, tenemos que la decisión no se encuentra, dentro del margen de
interpretación razonable, en consideración a que se trata de una interpretación
contraevidente (interpretación contra legem) y claramente perjudicial para los
intereses legítimos de quienes acuden a la administración de justicia, lo que

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genera que las decisiones Judiciales adoptadas estén por fuera del marco de
la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable, de manera que la
sentencia, tal y como fue resuelta, indefectiblemente genera vulneración del
derecho fundamental al Debido Proceso

[…]

41. Adicionalmente, menciona que en fallo objeto del presente recurso extraordinario
se expusieron tres tesis, que no comparte y replica.

42. La primera consiste en que: «“(…) Sin que se observe que, en modo alguno, el
Ministerio de Educación Nacional o el Departamento de Caldas hayan incurrido en
una dilación injustificada del pago, toda vez que el pago fue realizado en el mes de
enero de 2013 (…)”», a lo que replica señalando que: «[…] resulta incongruente,
incoherente e inconsecuente, pues no se puede hablar de “dilación injustificada”,
cuando en el plenario obran pruebas suficientes, con las que se permite establecer,
que el Estado duró 16 años para cumplir con su responsabilidad, ocultando así,
años de mora en el pago del retroactivo, el cual genera por supuesto, por obvias
razones y de pleno derecho, intereses moratorios».

43. La segunda consiste en que: «“(…) Por su carácter sancionatorio, los intereses
moratorios deben estar consagrados en una norma que los autorice expresamente,
es decir, que faculte el cobro de estos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoció el derecho (…)”», a lo que replica señalando la posibilidad de acudir a la
analogía o principios generales del derecho, toda vez que: «[…] en el ordenamiento
jurídico colombiano, en efecto existen normas que autorizan expresamente el
reconocimiento y pago de intereses de mora, normas tales como el Código Civil
Colombiano, mediante los artículos 1608 al 1617, también el Código de Comercio a
través de los artículos 884, Ley 45 de 1990 en su artículo 65, el mismo Código
Sustantivo del Trabajo, y también la Ley 100 de 1993 en sus artículos 23, 101, 102
y 141; el Decreto 116 de 1976, a su vez, encontramos lo normado en la Ley 446 de
1998, en lo que atañe al desarrollo del principio de la responsabilidad patrimonial
del Estado, […] (art. 53)», por lo que, en su sentir, el juzgador resolvió crear
requisitos que no están contemplados en el ordenamiento jurídico, por lo que estima
la decisión totalmente incongruente.

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44. La tercera está asociada a que: «“(…) No puede concluirse que, por el hecho de
no haberse pactado el pago de un interés moratorio, deba acudirse en subsidio a la
regla que trae el artículo 1617 del Código Civil, pues en estricto sentido no se está
hablando de un asunto negocial, en el cual las partes involucradas puedan pactar a
su arbitrio cláusulas contractuales (…)”», a lo que replica afirmando que en el acto
administrativo que reconoció el retroactivo no se dijo nada sobre el pago de
intereses moratorios ni de indexación, pero señaló que, a su juicio, el Código Civil
reconoce para el deudor incumplido el pago de intereses moratorios.

II.2. Trámite del recurso extraordinario de revisión

45. El recurso extraordinario de revisión objeto de análisis fue recibido
electrónicamente en el correo de la Secretaría General del Consejo de Estado el 24
de mayo de 2022, y luego de efectuarse el correspondiente reparto, se asignó el
conocimiento de este a la Sala Veinte Especial de Decisión, bajo el radicado 11001-
03-15-000-2022-02857-00.

46. En decisión del 6 de junio de 202216, se admitió el recurso extraordinario y se
ordenó solicitar del Tribunal Administrativo de Caldas que allegara copia digital del
expediente ordinario con radicado 17001-23-33-000-2015-00764-00.

47. Mediante auto de 18 de julio de 202217 se tuvo por oportunamente contestada la
demanda, por parte del Ministerio de Educación Nacional, y se resolvió sobre el
decreto y práctica de pruebas. El departamento de Caldas guardó silencio pese a
estar debidamente notificado.

48. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

II.3. Intervención del Ministerio de Educación Nacional18

49. El apoderado judicial de la cartera ministerial contestó la demanda y se opuso a
la prosperidad de las pretensiones formuladas, en la medida que, a su juicio, no se
configura la causal invocada, dado que lo que pretende la señora María Celina
Ocampo Ocampo es reabrir el debate jurídico que se encuentra concluido.

16
Índice 4. del expediente digital en SAMAI.
17
Índice 16. del expediente digital en SAMAI.
18
Índice 14 del expediente digital en SAMAI.

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50. Indicó, por último, que: «[…] dentro de los argumentos planteados por el
recurrente [no se encuentra] tal disparidad entre lo pedido, lo debatido y lo probado
a partir de la cual se pueda considerar la configuración de una falta de congruencia
de tal protuberancia, que no exista justificación objetiva y relacionada con las
materias medulares del proceso, como lo indica el fallo aludido […]».

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. Competencia y oportunidad

51. El artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo dispone que el recurso extraordinario de revisión procede en contra
de las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales
Administrativos y por los jueces administrativos.

52. En tratándose del recurso extraordinario de revisión instaurado en contra de las
sentencias proferidas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, el
artículo 249 del CPACA prevé que la competencia radica en la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, sin exclusión de la Sección que
profirió la decisión.

53. En ese sentido, es oportuno mencionar que, de conformidad con el artículo 107
ibidem, las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado decidirán los
procesos sujetos al conocimiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de la Corporación en los asuntos que esta última les encomiende, salvo en los
procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.

54. Al respecto, se tiene que el artículo 29 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 –
Reglamento Interno del Consejo de Estado–, al asignar los asuntos de conocimiento de
las Salas Especiales de Decisión de esta Corporación, dispuso lo siguiente:

«ARTÍCULO 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los
siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo:

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1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
[…]». (negrilla fuera del texto)

55. Por otra parte, el artículo 251 del CPACA prevé que este recurso extraordinario
debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia,
mediante demanda que debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 252
ejusdem, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda,
acompañada de los documentos necesarios y de las pruebas documentales que el
recurrente tenga en su poder y que pretenda hacer valer.

56. En el presente caso, la señora María Celina Ocampo Ocampo interpuso el 24 de
mayo de 2022, recurso extraordinario de revisión, en contra de la sentencia de 4 de
febrero de 202119, proferida por la Subsección «B», de la Sección Segunda, del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 17001-23-33-000-2015-00764-00, con fundamento en la
causal de revisión prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA 20, luego fue
presentado oportunamente.

57. En consecuencia, la Sala es competente para decidir el recurso extraordinario de
revisión de la referencia, en la medida en que el mismo fue instaurado
oportunamente y fue promovido en contra de una sentencia ejecutoriada proferida
por la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado, motivo por
el cual se cumplen los presupuestos procesales para el estudio de fondo de este.

III.2. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión

58. El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de la cosa
juzgada que ampara las sentencias ejecutoriadas, ha sido instituido por el legislador
para enmendar los errores o ilícitos cometidos en la expedición de tales
providencias.

19
Ejecutoriada el 25 de mayo de 2021.
20
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son
causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. […]».

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59. El citado recurso procede por las causales taxativas que en cada caso haya
definido el legislador, y tiene como propósito garantizar la justicia real y material
como valor fundante del Estado de Derecho, tal y como lo sostuvo la Corte
Constitucional en sentencia C-871 de 2003, en la cual señaló lo siguiente:

«Con todo, el principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues
puede llegar a colisionar con la justicia material del caso concreto. Para
enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en
aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión
judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede afirmarse que la
revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar
que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa
juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido […]».

60. Así las cosas, en la medida en que, a través de este recurso se puede ver
alterada la certeza brindada por la cosa juzgada, el mismo procede por las causales
taxativamente señaladas por la ley, imposibilitando alegar o acudir a otras 21;
taxatividad que resulta razonable, pues se trata de un mecanismo que modifica
providencias que se consideraban inmutables y definitivas, razón por la cual los
motivos que dan lugar a la revisión deben ser aplicados e interpretados en sentido
restringido22.

III.3. De las causales de revisión previstas en el artículo 250 del CPACA

60. El artículo 250 del CPACA enumera las causales que pueden proponerse como
fundamento de este recurso, las cuales dan cuenta de la naturaleza eminentemente
procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, son los únicos
que permitían la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se
analiza.

61. En este contexto, la Sala advierte que el recurso extraordinario de revisión «[…]
no pretende corregir errores “in judicando” ni puede fundamentarse en las mismas
pruebas que sirvieron de soporte a la decisión que puso término al proceso […]»,

21 Corte Constitucional. Sentencia C – 0004 de 20 de enero de 2003. Magistrado Ponente: doctor Eduardo Montealegre
Lynett.
22 Ibidem.

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pues para estas circunstancias se encuentran establecidos los recursos ordinarios
dentro del propio proceso23.

62. Asimismo, tampoco es una tercera instancia que pueda ser utilizada para
remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para
controvertir juicios de valor del fallador24; en este sentido, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación ha sostenido que:

«[…] no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que
los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio original para que
el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más […].

En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con
trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del
debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de
una sentencia ejecutoriada […]»25.

63. Ensíntesis, en todos los eventos previstos en el artículo 250 ejusdem, se
pretende proteger al perjudicado con una sentencia que desconoce la justicia
material, la posibilidad de acceder a la justicia y obtener la protección de sus
derechos.

64. En consecuencia, en este proceso no son admisibles argumentos de fondo en
relación con la sentencia o aquellos que pretendan subsanar conductas omisivas o
negligentes en que las partes hubiesen podido incurrir durante el trámite del
proceso, pues las pretensiones deben ceñirse estrictamente a demostrar la
configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su
procedencia.

III.4. Problema jurídico

65. Ala Sala le corresponde determinar si se configura la causal de revisión
contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA, esto es, la nulidad de la
sentencia de 4 de febrero de 2021, proferida por la Subsección «B», de la Sección
Segunda, del Consejo de Estado, en tanto que, a juicio de la recurrente tal

23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-520 de 4 de agosto de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
24
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 27 de abril de 2004. C.P. María Inés Ortiz
Barbosa Rev. 194.
25
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 12 de agosto de 2014. C.P. Bertha Lucía
Ramírez de Páez, número único de radicación 2013-02110.

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providencia fue proferida de forma incongruente, por lo que se vulneró el
debido proceso.

66. Para resolver lo anterior, se analizarán: (i) las características y elementos de
configuración de la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia que puso
fin al proceso; (ii) el principio de congruencia en las providencias judiciales, y
posteriormente se emitirá pronunciamiento en relación con (iii) la configuración o no
de la causal contenida en el numeral 5° del artículo 250 del CPACA.

III.4.1. Nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso

67. Respecto de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, la Sala hace suyo el
pronunciamiento de esta Corporación en la que se precisaron los elementos para
que la misma se configure, el cual es del siguiente tenor:

«4.4.1 Elementos para la configuración de la causal invocada

[…] para su estructuración que concurran los siguientes presupuestos: i) que
exista nulidad procesal y ii) que tal nulidad se origine en una sentencia
que ponga fin al proceso, contra la que no proceda recurso de apelación.

Este primer elemento nos permite identificar a partir del concepto procesal,
cuáles son aquellos eventos que se consideran constitutivos de nulidad;
mientras que el segundo, representa la verificación de que la sentencia de que
se predique esta causal debió proferirse en única o segunda instancia, pues
solo en estos casos, el proceso ha llegado a su fin, ante la improcedencia del
recurso ordinario de apelación.

[…] Superada esta verificación debemos adentrarnos en el análisis
concerniente a cuándo se predica o puede ocurrir que una sentencia se
encuentra afectada de nulidad procesal. Al respecto de manera reiterada la
Sala Plena del Consejo de Estado ha señalado que la irregularidad que se
invoque debe originarse en la sentencia que se cuestiona, es decir, que
debe acreditar que no hubo otro momento a efectos de plantear la
irregularidad, sino que la misma ocurrió con su expedición.

En este punto vale resaltar que esta causal no se estableció con el objeto de
vaciar en ella los planteamientos de oposición que el recurrente tenga respecto
de la decisión adoptada por el juez de conocimiento, pues los aspectos
procedimentales a invocar son precisos y no tiene un margen de movilidad que
abarque el sentido mismo de la decisión. Darle este alcance desnaturalizaría
este mecanismo de defensa extraordinario.

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En efecto, otorgarle un entendimiento que acepte la posibilidad de controvertir
las apreciaciones fácticas y jurídicas encontradas por el juzgador al momento
de resolver el asunto sometido a su examen, sería tanto como asignarle al juez
extraordinario la competencia de pronunciarse sobre un debate que es propio
de las instancias ordinarias, éstas sí diseñadas para promover una discusión
de legalidad sobre lo decidido por el fallador cuando la sentencia sea
susceptible del recurso de alzada.

Aclarado este punto, conviene revisar los límites que deben considerarse como
examen de la causal de nulidad invocada. Al respecto esta Corporación en
reiterados pronunciamientos ha sido consistente y reiterativa en la siguiente
regla:

“En esta materia - (nulidad originada en la sentencia) - los procesalistas están
de acuerdo en enseñar que ésta se genera cuando ella se dicta en un
proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o
perención, o cuando se condena a quien no ha figurado como parte, o
cuando el proveído se profiere estando legalmente suspendido el
proceso. Igualmente, cuando la sentencia aparece firmada con mayor o
menor número de magistrados, o adoptada con un número de votos
diverso al previsto en la ley. Igualmente, la que provea sobre aspectos
que no corresponden ora por falta de competencia, ora por falta de
jurisdicción. Podría darse también la causal cuando la providencia carece
completamente de motivación, pues el artículo 163 de la Constitución
Nacional ordena que: ´Toda sentencia deberá ser motivada’.

En esta materia no puede confundirse la nulidad del proceso (art. 152 del
C.P.C.), con la generada en la sentencia, que solo admite el manejo fáctico
que se ha dejado precisado, en todos los casos en que el fallo no era
susceptible de otro recurso26 […]» (negrilla fuera de texto).

68. Por otra parte, también se han aceptado como constitutivas de esta causal,
aquellas situaciones que devienen de la vulneración del artículo 29 de la
Constitución Política, aunque no se encuentren previstas en los estatutos
procesales como causales de nulidad; pero con la advertencia de que al juez le
corresponde establecer si el hecho que se afirma es irregular y tiene la entidad de
afectar la inmutabilidad de la sentencia que puso fin al proceso, y, por ende,
configurar la mentada causal de revisión27.

26
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 26 de enero de 2017. Radicado: 1100103-28-000-2016-00073-00. C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
27
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 16 de enero de 2017. Radicado: 11001-03-28-000-2016-00070-00. C.P.
Alberto Yepes Barreiro.

21

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69. En armonía con lo anterior, la Sala Veintiséis Especial de Decisión de esta
Corporación así lo concibió al señalar que: «[…] las causales de nulidad de la
sentencia son las previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que
establece el art. 142 del mismo y las que se originen en la sentencia por violación
del debido proceso constitucional, contemplado en el artículo 29 […]»28.

70. En suma de lo expuesto, la Sala precisa que, para efectos de declarar probada
la existencia de esta causal de revisión se requiere: (i) que el vicio que se alega se
presente en la sentencia y no durante el trámite del proceso; (ii) que contra la
sentencia recurrida no proceda recurso de apelación, y (iii) que el vicio sea tan grave
que afecte la validez de la sentencia, bien sea porque se configura alguna de las
causales de nulidad hoy contenidas en el artículo 133 del Código General del
Proceso -CGP-29 o porque se advierte una vulneración flagrante del debido proceso
-artículo 29 constitucional-.

III.4.2. El principio de congruencia en las providencias judiciales

71. Frente al principio de congruencia regulado por el artículo 281 del CGP, la
sentencia debe tener correspondencia con los hechos y las pretensiones aducidos
en la demanda, a lo que se agrega que no puede haber condena por objeto distinto
al pretendido ni por causa diferente a la invocada en la demanda. Ello se traduce
en que debe existir identidad jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o y las
excepciones o planteamientos de defensa oportunamente aducidos.

72. En este mismo sentido, y de acuerdo con lo regulado en los artículos 280 del
CGP y 187 del CPACA, la sentencia debe ser motivada y contener el análisis crítico
de las pruebas junto con los razonamientos legales -normativos y jurisprudenciales-
necesarios para fundamentar la decisión que se profiera.

73. Del mismo modo, y en lo que respecta al recurso de apelación, este se entiende
interpuesto en lo desfavorable al apelante y, por regla general, el superior no puede
enmendar la providencia en aquello que no fue objeto del recurso, salvo cuando
todas las partes apelen, circunstancia que otorga competencia sin limitaciones para

28
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintiséis Especial de Decisión. Sentencia de 3 de
febrero de 2015. Radicado: 11001-03-15-000-2011-01639-00. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
29
En lo que atañe a las normas procesales que deben aplicarse en la resolución de un recurso extraordinario de revisión
cuando la sentencia fue proferida en vigencia del CGP, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
de Recurso Extraordinario de Revisión de 13 de agosto de 2021. Radicado: 11001-03-26-000-2020-00079-00. C.P. Martha
Nubia Velásquez Rico.

22

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la revisión total de la decisión30. No de otra forma se respetan los derechos al debido
proceso, a la igualdad procesal y la garantía de la doble instancia.

74. Por otra parte, la congruencia también debe ser interna y externa, la primera
equivale a la correspondencia que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de
la sentencia; y la segunda, que la decisión contenida en la parte resolutiva se
encuentre en concordancia con lo pedido en la demanda, como a lo aludido en la
contestación o en los recursos interpuestos.

75. Contrario a lo anterior, la Corporación31 ha señalado que se presenta una
sentencia incongruente cuando (i) se falla de manera extra petita, es decir: «[…]
por objeto distinto del pretendido en la demanda […]» o «[…] por causa diferente a
la invocada en esta […]»; (ii) en los eventos en que se condena al demandado de
manera ultra petita, esto es, «[…] por cantidad superior a la solicitada en la
demanda […]» y (iii) cuando se omite decidir sobre alguna de las pretensiones
invocadas en el libelo introductorio del proceso, lo que da cuanta de una decisión
mínima petita.

76. Se erige entonces el principio de congruencia como una verdadera garantía del
derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, asociado
a que al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base
en lo pretendido, lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable
dictar sentencias por fuera (extra) o por más (ultra) de lo pedido (petita), y en caso
de omitir pronunciarse sobre lo solicitado como pretensión tiene el deber de explicar
de forma clara las razones de tal omisión32.

III.4.3. Configuración o no de la causal contenida en el numeral 5° del artículo
250 del CPACA.

30
«Artículo 328 del CGP. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia».
31
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 17 de agosto de 2017. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
Radicado 41001233100020020092801.
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. sentencia de 26 de octubre de 2017. C.P. César Palomino Cortés.
Radicado: 25000-23-42-000-2014-01139-01

23

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

77. La Sala procede a establecer si, en el presente caso, se estructuran los
presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado, a
través de los criterios citados en acápites anteriores, para la configuración de la
causal prevista en el numeral 5.º del artículo 250 de la Ley 1437, por haberse
proferido de manera incongruente y, por ello, con violación al debido proceso.

78. Examinada la demanda, la señora María Velia Ocampo Ocampo solicitó que se
declarara la nulidad de la Resolución 8241-6 del 8 de septiembre 2015, por medio
de la cual le negaron los intereses moratorios con ocasión del pago tardío del
retroactivo de la homologación y nivelación salarial de los empleos de la planta de
cargos administrativos de la secretaría de educación del departamento de Caldas.
Adicionalmente, pidió, a título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y
pago de los intereses moratorios a partir del día siguiente a los treinta días
posteriores a su causación y hasta el día que se pagó el retroactivo por
homologación y nivelación salarial, es decir desde el 11 de abril de 1997 y hasta el
15 de mayo de 2013, con base en el capital neto, sin incluir el valor que por
concepto de indexación salarial que se le reconoció.

79. El Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia de primera instancia de 12
de octubre de 2018, negó las pretensiones de la demanda; no obstante, con
fundamento en el artículo 53 superior y con apoyo en decisiones de la misma
Corporación en casos similares, ordenó al Ministerio de Educación Nacional
reconocer y pagar a la demandante la indexación del retroactivo por homologación
y nivelación salarial, por el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el
15 de mayo de 2015, sobre el capital de la nivelación; decisión que en su momento
fue apelada por los apoderados judiciales de la demandante y del Ministerio de
Educación Nacional.

80. Al conocer del medio de control en segunda instancia, la Subsección «B» de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, con competencia ilimitada para decidir,
ante la apelación conjunta de las partes planteó varios problemas jurídicos, el
primero de ellos, determinar si: «(i) a la demandante le asiste derecho al
reconocimiento de intereses moratorios por el no pago inmediato del valor
correspondiente a la homologación y nivelación salarial de la planta de personal
administrativo adscrito al sector educativo del departamento de Caldas».

24

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
81. Para resolver dicho problema jurídico, el ad quem negó el reconocimiento de
los intereses moratorios solicitados en la demanda, para lo cual hizo suyo el análisis
que en caso análogo realizó la Subsección, en providencia de 25 de abril de 201933,
para concluir lo siguiente:

«[…] la accionante, servidora administrativa al servicio de la educación oficial,
que por cuenta de la descentralización de ese sector fue homologada y
nivelada salarialmente en la planta de personal de la secretaría de educación
de Caldas, no puede reclamar intereses moratorios por el pago tardío a su
favor de los dineros por concepto del correspondiente retroactivo, pues esa
obligación, que se hizo exigible el 22 de marzo de 2013 (cuando se expidió el
acto administrativo que reconoció los valores causados entre el 11 de abril de
2004 y el 31 de diciembre de 2009), fue pagada el 15 de mayo de 2013, plazo
que no resulta irracional o caprichoso dados los trámites administrativos que
deben surtirse, cuanto más si dicha sanción económica no quedó plasmada
dentro del referido trámite o en alguna disposición legal.

Ahora bien, pese a que la demandante fue incorporada a la planta de la
secretaría de educación de Caldas a partir de 2004 y tenía derecho a que le
sufragaran los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos en
forma correcta desde esa anualidad, lo cierto es que, con el fin de conjurar la
pérdida del poder adquisitivo de lo que dejó de devengar, la entidad, conforme
al mandato constitucional contenido en el artículo 53 superior, indexó las
correspondientes sumas, lo que resultaría, además, incompatible con el pago
de intereses moratorios.»

82. Por otra parte, integran el fallo objeto de censura en su ratio decidendi las
consideraciones que en el caso análogo se hicieron y que sirvieron de fundamento
a la decisión que niega las pretensiones, las cuales estima la Sala importante citar
dada la relevancia de su contenido. Tales argumentos son del siguiente tenor:

«[…] En el mismo sentido, en providencia del 7 de diciembre de 2017 se señaló que
no es procedente acceder al pago de los intereses moratorios respecto del pago
retroactivo de nivelaciones salariales, porque tratándose de derecho sancionatorio
debe existir una norma que ordene su pago, así:

“Por otro lado, tampoco hay lugar a reconocer intereses moratorios en el
presente caso, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente sancionatoria
de los mismos, en cuanto buscan castigar al deudor incumplido. Bajo este
entendido si no se dijo nada al respecto en las resoluciones que reconocieron
el retroactivo, como tampoco hay norma que expresamente lo consagre, no se
puede en consecuencia, entrar a reconocerse los intereses moratorios.
33
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, consejero ponente: César
Palomino Cortés, expediente 66001-23-33-000-2016-00471-01(1731-18).

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Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

Recordemos que por su carácter sancionatorio, los intereses moratorios deben
estar consagrados en una norma que los autorice expresamente, es decir, que
faculte el cobro de los mismos para los casos de pagos retroactivos por
homologación y nivelación, o estar claramente incluidos en el documento que
reconoce el derecho, supuestos, que no se evidencian en el presente asunto”34.

Siguiendo esta línea hermenéutica, en sentencia del 23 de agosto de 2018, se reiteró
que no hay lugar al pago de intereses moratorios cuando en el contenido de los actos
administrativos que reconocieron el retroactivo no se incluyó nada sobre el particular
y además no existe una norma que autorice dicho reconocimiento35.»

83. Significa lo anterior que la Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, para efectos de decidir sobre el derecho a los intereses moratorios
reclamados por la actora, tuvo en cuenta que, desde el año 2004 fue incorporada a
la planta de cargos administrativos de la secretaría de Educación del departamento
de Caldas, y que, tan solo en el año 2013, los rubros -retroactivo por homologación y
nivelación- le fueron efectivamente pagados.

84. Adicionalmente se resalta que, en la sentencia de 4 de febrero de 2021,
proferida por la Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se
determinó un segundo problema, a saber: «(ii) si es dable emitir decisión extra
petita dentro de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo; y, en caso de ser
afirmativa alguna de las mencionadas hipótesis, (iii) si la Nación – Ministerio de
Educación Nacional carece de legitimación en la causa por pasiva, o por el
contrario, es la que debe dar cumplimiento a la orden impartida en este proceso».

85. Respecto del segundo problema jurídico concluyó la aludida Subsección que: «[…]
la decisión extra petita adoptada por el a quo, referente a la indexación del
retroactivo resultante del procedimiento de homologación salarial, que se causó
desde el 1° de enero de 2010 hasta el 15 de mayo de 2013, cabe anotar que el
Tribunal de instancia desconoció el principio de congruencia, habida cuenta de que
decidió sobre un asunto que no fue pretendido con el medio de control presentado
y frente al cual la parte demandada no ejerció su derecho de contradicción y
defensa».

34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 7 de diciembre de
2017, proceso con radicado 73001-23-33-000-2014-00311-01 (0905-15).
35
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia del 23 de agosto de 2018, M.P. César Palomino Cortés, b

26

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Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
86. Asimismo, adujo que: «[…] resultaría contrario a la naturaleza de esta jurisdicción
admitir la aplicación de las facultades ultra y extra petita, como sí opera en la
jurisdicción ordinaria laboral36, dado que ello vulneraría el principio de justicia
rogada, el cual impone la carga a la persona que acude al aparato jurisdiccional de
solicitar en la demanda, de manera específica, lo que se quiere; así como el de
congruencia, que consiste en la obligación que tiene la autoridad judicial de decidir
de acuerdo con lo pedido y probado; por lo tanto, deberá revocarse la orden
impuesta en el fallo apelado, al constatarse que lo pretendido por la actora era el
pago de los intereses moratorios, en los términos analizados en precedencia, y no
la indexación dispuesta por el a quo».

87. Significa lo anterior que la Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, en su ejercicio hermenéutico, profirió la sentencia de segunda instancia
dentro del marco competencial que le fue otorgado por los apelantes para examinar
la totalidad de los hechos y pretensiones de la demanda, su contestación y los
argumentos de cada uno de los recurrentes, con ocasión de lo cual realizó el
análisis de las normativa aplicable y criterios jurisprudenciales pertinentes sobre: i)
la procedencia o no del reconocimiento de los intereses moratorios en el proceso
de homologación y nivelación salarial del personal de la planta administrativa de la
secretaría de educación del Departamento de Caldas, conforme fue planteado en
la demanda; ii) el reconocimiento extra petita hecho por la primera instancia de la
indexación de las sumas de dinero, su periodo de causación, lo cual incluyó el
estudio de la procedencia o no del reconocimiento de pretensiones que no fueron
formuladas en el procedimiento administrativo ni en el proceso judicial; y iii) la
incompatibilidad del reconocimiento de intereses moratorios, frente a la indexación
en el caso en concreto.

88. Visto lo anterior, no se incurrió en decisión citra petita, como fuera alegado por
la señora María Celina Ocampo Ocampo, en la medida que la sentencia se
pronunció sobre todo lo planteado por las partes en el litigio, pues no se omitió
ningún aspecto de los que fueron expuestos en la demanda acorde con los hechos
y las pretensiones de esta ni en los recursos de apelación.

36
Las facultades ultra y extra petita de las que se reviste a un juez ordinario laboral están consagradas en el artículo 50 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, al prever que «[e]l Juez de primera instancia podrá ordenar el pago
de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos
en el proceso y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo
concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y
siempre que no hayan sido pagadas».

27

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
89. Cosa distinta es que la recurrente disienta de la decisión que no le fue favorable
a sus pretensiones, -como lo aduce en gran parte argumentativa de la demanda del
recurso extraordinario- y utilice este mecanismo extraordinario para insistir en sus
planteamientos de oposición, reabrir el debate y controvertir la tesis jurídica
adoptada por el juez natural del asunto; lo que , valga resaltarlo, desvirtúa la
naturaleza de este medio excepcional, no se adecúa a los presupuestos que legal
y jurisprudencialmente se le han dado a la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, y
escapa al objeto del recurso extraordinario de revisión.

90. Al respecto, cabe traer a colación el pronunciamiento de esta Corporación,
según el cual: «[…] los eventos de nulidad originada en la sentencia, que ha
desarrollado el Consejo de Estado para definir la causal, son de aplicación
restrictiva y no admiten interpretación o aplicación extensiva a otros supuestos»37
o, dicho de otro modo, «No resulta acertado plantear cuestionamientos a la
sentencia, motivados en que se realizó una apreciación errada de las pruebas, en
que no se aplicó una determinada regla de derecho, en que se aplicó en forma
indebida o en que se interpretó equivocadamente una norma jurídica, pues todas
estas observaciones escapan al ámbito de la aludida causal […]»38.

91.A manera de corolario, la sentencia dictada el 4 de febrero de 2021 por la
Subsección «B» de la Sección Segunda del Consejo de Estado, fue proferida de
manera congruente con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda,
motivo por el cual no se vulneró el debido proceso a la señora María Celina Ocampo
Ocampo.

92. Cabe señalar que a similares conclusiones llegó esta Corporación en su Sala
Quince Especial de Decisión39, en la que examinó un caso de idéntica situación
fáctica y jurídica, oportunidad en la que determinó que las consideraciones de la
sentencia examinada se enmarcaron dentro de las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho y se fundamentaron en el acervo probatorio
debatido en el mismo, sin que se observara pronunciamiento alguno que no
guardara relación con los reparos concretos formulados en los respectivos recursos
de apelación, quedando así desvirtuada la vulneración al principio de congruencia.

37
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. sentencia de 13 de julio de 2022, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
Radicado: 11001-03-26-000-2020-00072-00 (66086) REV.
38
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. sentencia de 26 de mayo de 2010, C.P Mauricio Fajardo
Gómez, número único de radicación 2001 – 1504.
39
Consejo de Estado, Sala Quince Especial de Decisión. Sentencia de 10 de octubre de 2022. C.P. Hernando Sánchez
Sánchez. Radicado: 11001-03-15-000-2022-041314-00

28

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Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro

III.5. Conclusión

94. De conformidad con lo expuesto, la Sala estima que no se configura la causal de
procedencia adjetiva del recurso extraordinario de revisión alegada en el caso
concreto, esto es, la nulidad originada en la sentencia, pues la sentencia no se
profirió de manera incongruente ni citra petita.

III.6. De la condena en costas

95. Las costas procesales se definen40 como la «erogación económica que debe
asumir la parte que resulte vencida en un proceso judicial, que se compone de las
i) expensas41 y las ii) agencias en derecho42».

96. Para el caso en estudio, en el recurso extraordinario de revisión el artículo 255
del CPACA43 en su inciso final prevée que cuando «[…] se declare infundado [el
recurso] se condenará en costas».

97. Cabe señalar que en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para efectos
de la fijación de las costas44, se aplica el criterio objetivo valorativo45, lo que exige
que la autoridad judicial revise, en cada caso concreto, si las mismas efectivamente
se causaron, bajo la premisa consistente en que solo habrá lugar al reconocimiento
de expensas y agencias en derecho en la medida de su causación, de conformidad
con lo dispuesto en el numeral 8º del artículo 365 del CGP46.

40
Consejo de Estado - Sala Plena. Exp. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU. Sentencia de 6 de agosto de 2019.
C.P. Rocío Araújo Oñate.
41
«73. […] responden a los gastos necesarios para tramitar el proceso, tales como son el valor de copias, publicaciones,
impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de desplazamiento por diligencias
fuera del despacho judicial, gasto de traslado de testigos, por citar algunos ejemplos”.
42
“74. Las […] -agencias de derecho-, obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de la parte favorecida con
la condena en costas, para reconocerle los costos afrontados por la representación de un abogado o, si actuó en nombre
propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo dedicados a la causa.»
43
Modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021.
44
Con la entrada en vigor de las modificaciones introducidas por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021 que modificó el CPACA.
45
El criterio que se aplicaba en vigencia del Código Contencioso Administrativo era el subjetivo, que estaba atada a la prueba
del comportamiento de la parte y a la mala fe o temeridad durante el proceso; en este sentido se puede consultar la Consejo
de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo - sección segunda - subsección a. Sentencia de 28 de febrero de
2020. Radicación número: 19001-23-33-000-2017-00086-01(2445-18). C.P. William Hernández Gómez.
46
CGP. Art. 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas
se sujetará a las siguientes reglas: (…) 8. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación (…)”.

29

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
98. Con tal propósito y en observancia del artículo 366 del Código General del
Proceso y del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, contentivo de las tarifas de
agencias en derecho expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala, de
acuerdo con las actuaciones procesales realizadas, no encuentra que se hubieren
causado expensas pero si considera que se deben reconocer agencias en derecho
en la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta
providencia, únicamente en favor del Ministerio de Educación Nacional, en la
medida en que el apoderado judicial del departamento de Caldas guardó silencio47.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Veinte Especial de Decisión, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la señora MARÍA CELINA OCAMPO OCAMPO contra la sentencia
proferida por la Subsección «B», de la Sección Segunda, del Consejo de Estado el
4 de febrero de 2021, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con radicado 17001-23-33-000-2015-00764-00, según lo expuesto en las
consideraciones de esta decisión.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión,
cumplido lo anterior y previas las anotaciones pertinentes en el sistema de
información de gestión de procesos y manejo documental Justicia XXI y SAMAI.

47
Ver auto de 18 de julio de 2022, índice 16, expediente SAMAI.

30

Radicación: 11001-03-15-000-2022-02857-00
Demandante: María Celina Ocampo Ocampo
Demandado: La Nación-Ministerio de Educación Nacional y otro
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Consejera de Estado Consejero de Estado

(Firmado electrónicamente)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado (E)

P (6)

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