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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-06076-01

Fecha
9 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-06076-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 19 de octubre de 2021, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el entendido de declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor Juan Carlos Garrido Díaz, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2021-06076-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de diciembre de 2021

Radicado: 11001-03-15-000-2021-06076-01
Demandante: Juan Carlos Garrido Díaz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2021-06076-01
Demandante JUAN CARLOS GARRIDO DÍAZ
Demandado CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN QUINTA Y TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE

Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos
generales de procedibilidad. La relevancia constitucional.
Medio de control de nulidad electoral. Inhabilidad. Cargo que
ostenta autoridad administrativa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Juan Carlos Garrido Díaz
contra la sentencia de 19 de octubre de 2021, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B que dispuso:
“PRIMERO: DECLARÁSE LA IMPROCEDENCIA frente al desconocimiento del precedente
alegado en relación con el cargo de nulidad electoral que no fue invocado en el proceso
ordinario y frente al defecto fáctico sustentado en la omisión de la valoración de las pruebas
que no fueron allegadas a ese proceso.

SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de amparo de los derechos invocados por los accionantes,
en relación con los otros defectos y cargos alegados.” 1.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de septiembre de 20212, el señor Juan Carlos Garrido Díaz instauró acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre y la Sección Quinta del Consejo de
Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad; así como el principio a la
seguridad jurídica.

“PRIMERO: TUTELAR los Derechos Constitucionales Fundamentales a DERECHO DE
IGUALDAD, AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD JURIDICA, APLICACIÓN PRECEDENTE JUDICIAL, APLICACIÓN INTEGRA
DE LA NORMA SUSTANCIAL Y VALORACIÓN INTEGRA DEL MATERIAL PROBATORIO.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de primera instancia expedido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE, de fecha y Bajo el radicado No 70001-23-33-000- 2019-
00284-000 (principal), 70001-23-33-000-2020-00007-00 y la sentencia de segunda instancia
del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN

1 Sentencia de tutela de 27 de agosto de 2021, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera.
Subsección C. Fl. 39. Archivo 211 KB en Samai.
2 Generación de tutela en línea. Archivo 213 KB en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-06076-01
Demandante: Juan Carlos Garrido Díaz

QUINTA de fecha 12 de agosto de 2021 bajo radicado No 7001-23-33-00-2019-00284-03
(principal) y 70001-23-33-000-2020-00007-00.

TERCERO: APLIQUESE EL PRECEDENTE JUDICIAL, LA NORMA SUSTANCIAL Y
VALORACION INTEGRA DEL MATERIAL PROBATORIO DENTRO PROCESO DE NULIDAD
ELECTORAL contra la concejal electa del Municipio de Sincelejo, DIANA LUCIA ARBEALEZ
HERNANDEZ, para periodo 2020-2023.”3

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El accionante presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral, con el fin de anular el acto por medio del cual se declaró la elección
de Diana Lucía Arbeláez Hernández como concejal del Municipio de Sincelejo,
para el periodo 2020-2023. Otros ciudadanos también presentaron demandas
en el mismo sentido. Todas fueron acumuladas bajo el radicado Nro. 70001-
23-33-000-2019-00284.

La solicitud de nulidad se fundó en que la referida concejal estaba inhabilitada,
debido a que su hermana ejerce autoridad administrativa dentro del Municipio
de Sincelejo, en virtud de su cargo de subdirectora administrativa y financiera
de la ESE Unidad de Salud San Francisco de Asís de Sincelejo.

La causal de nulidad alegada, en consecuencia, fue la consagrada en el
numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2014, en el que se dispone lo
siguiente: “Causales De Anulación Electoral. Los actos de elección o de
nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código
y, además, cuando: (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan
las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen
incursas en causales de inhabilidad”.

A su vez, la inhabilidad fue la contemplada en el numeral 4 del artículo 43 de
la Ley 136 de 1994:

“Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal
municipal o distrital: (…) 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o
militar en el respectivo municipio o distrito” (Negrillas propias).

2.2. En sentencia de primera instancia del 19 de mayo de 2021, el Tribunal
Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión negó las pretensiones de
la demanda, porque consideró que no se acreditó que la hermana de la señora
Diana Arbeláez Hernández detentara poder o autoridad administrativa,
derivado de su cargo de subdirectora administrativa y financiera de la ESE
Unidad de Salud San Francisco de Asís de Sincelejo.

Decisión apelada por la parte actora del medio de control.

2.3. Mediante sentencia del 12 de agosto de 2021, el Consejo de Estado, Sección
Quinta confirmó la decisión de primera instancia, porque tampoco encontró
que la hermana de la concejal Diana Arbeláez Hernández desarrollara su

3 Escrito de tutela. Fl. 68. Archivo 1522 KB en Samai.
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cargo en ejercicio de autoridad administrativa alguna. Así lo explicó en la
providencia mencionada:

“2.7.1. Desde la perspectiva orgánica
78. Según el Acuerdo No. 0000006 del 27 de abril de 2016 “por el cual se ajusta el
manual de funciones, requisitos y competencias laborales de la E.S.E. Unidad de Salud
San Francisco de Asís”, el cargo que desempeñó la hermana de la accionada es del
nivel directivo, y además pertenece a la gerencia de la mencionada entidad. Por ende,
es evidente que dentro la unidad de salud no ocupó el empleo de gerente, investidura
de la cual por disposición del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, se desprende el
ejercicio de autoridad administrativa (…) desde la perspectiva orgánica, no se evidencia
que la pariente de la demanda dentro de la estructura de la entidad haya desempeñado
alguno de los cargos de mayor jerarquía, de los cuales pueda desprenderse prima facie
el ejercicio de autoridad administrativa.

2.7.2. Desde la perspectiva funcional

82. Empero, como se indicó líneas atrás, también debe emprenderse el análisis del
desempeño de dicha autoridad desde el punto de vista funcional, para lo cual se traen
a colación las tareas que tenía asignadas la señora Angélica María Arbeláez Hernández
como Subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E. San Francisco de Asís de
Sincelejo, código 068 grado 14, Acuerdo No. 0000006 del 27 de abril de 2016 ”por el
cual se ajusta el manual de funciones, requisitos y competencias laborales de la E.S.E.
Unidad de Salud San Francisco de Asís” (…)

83. De las funciones enunciadas, el recurrente hace énfasis en las que implican
dirección, porque estima que de ellas se desprende per se, la capacidad de mando que
caracteriza a la autoridad administrativa.

84. En este punto vale la pena destacar, sin desconocer la importancia del propósito
principal del empleo que desempeñó la hermana de la demandada y de las funciones
antes señaladas, cuya nota distintiva está en asumir responsabilidades que implica
liderazgo en lo relacionado con el manejo de los recursos humanos, físicos y financieros
de la empresa, la administración de los procesos de selección de los servidores, la
expedición de actos administrativos y certificaciones sobre la situación administrativa
de los empleados, la evaluación de los empleados de su dependencia y la atención de
algunos servicios básicos para apoyar la gestión misional de la administración, que para
predicar el ejercicio de autoridad administrativa debe advertirse que las funciones se
ejerzan con autonomía, con un amplio margen de facultad decisoria, lo que se pone
entredicho por ejemplo, cuando el desempeño de las tareas está condicionado a las
facultades y competencias de dependencias y/o funcionarios de mayor jerarquía,
respecto de quienes formal y materialmente recae la potestad de mando que incluye
posibilidad de coerción.

85. En consonancia con lo anterior, la Sección ha establecido que si las funciones y el
diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de dirección con
autonomía decisoria, se puede concluir que el servidor público ejerce autoridad
administrativa.

“No obstante ello, las potestades que se confieren a un determinado empleo en lo
concerniente a dirigir las actividades de coordinación, programación de los procesos de
administración de personal, seguridad industrial, y relaciones laborales (núm. 2); dirigir
la ejecución de los programas de selección, inducción, capacitación (núm. 3); controlar
y evaluar la ejecución de las políticas, planes y programas de gestión presupuestal
(núm. 5); dirigir la elaboración del plan financiero de fuentes y usos de recursos de la
entidad (núm. 6), y dirigir, coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios
(núm. 9), asignaciones todas estas precedidas del verbo dirigir, no implican, por esta
sola característica terminológica, que constituyan funciones que conlleven, que tengan
inmerso o implícito —per se— autonomía con poder en función de mando que incluya
posibilidad de coerción.

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Porque no se desprende de tales atribuciones nominales que por ostentar esta clase de
competencias el jefe administrativo y financiero goce de facultades que le concedan
autonomía funcional para tomar decisiones en campos tales como: nombrar o remover
personal de la corporación, conferir comisiones y traslados, sancionar
disciplinariamente, comprometer el presupuesto, celebrar contratos, imponer medidas
de obligatorio acatamiento”.

86. Sobre la relación entre el ejercicio de autoridad administrativa y la autonomía con
poder en función de mando, se ha considerado necesario revisar si el desempeño de
las funciones objeto de análisis está o no condicionado a las potestades de otras
autoridades de mayor jerarquía, como ocurrió en el fallo del 3 de diciembre de 2020 de
esta Sección, frente a la atribución de una función de dirección en cabeza de un
subdirector de planeación ambiental de una corporación autónoma regional, que estaba
estrechamente ligada a las potestades conferidas al representante legal y al consejo
directivo de la entidad.(…)

88. Del análisis de las funciones de la máxima autoridad de la E.S.E. San Francisco de
Asís de Sincelejo, y por ende, del superior jerárquico del subdirector Administrativo y
Financiero, se tiene que en materia de manejo del talento humano, (entre las cuales se
destaca los procesos de selección, ingreso y desvinculación de los servidores de la
empresa, decisión sobre las situaciones administrativas, permisos, licencias, encargos
o suspensiones por decisiones disciplinarias) de la administración de los recursos de la
entidad, la prestación de servicios generales y la subordinación y dependencias de los
empleados a su cargo, es el principal responsable, y por consiguiente, en cabeza de
quien se encuentra el ejercicio de potestad de mando con autonomía, que no se
evidencia respecto del empleo que desempeñó la hermana de la demandada, aunque
frente a las atribuciones de éste el manual de funciones haya empleado verbos como
dirigir, coordinar, evaluar, planear, administrar o controlar.

89. Por lo tanto, del tenor literal de las funciones que según el demandante, aluden
como constitutivas del ejercicio de autoridad administrativa, no se les puede dar el
alcance que pretende, pues sus labores siempre estuvieron bajo la autorización,
dirección y el poder de mando de su superior jerárquico.

90. De otro lado, entre las funciones enunciadas en el manual de funciones, la parte
recurrente hace énfasis en las atinentes a (I) la administración de procesos de selección,
ingreso, inducción, promoción y desvinculación de servidores, (II) a la expedición de
actos administrativos y certificaciones que correspondan a diferentes situaciones
administrativas del personal vinculado a la empresa; y (iii) la evaluación del desempeño
de los funcionarios adscritos a la subgerencias, porque para el cumplimiento de las
mismas puede inferirse el ejercicio de atribuciones en materia de contratación propias
de las autoridades administrativas.

91. Del análisis detallado de las mencionadas tareas, se advierte que la facultad
consistente en administración de las formas de vinculación del personal, elaboración de
certificaciones de las situaciones administrativas y evaluación de desempeño de los
funcionarios de su dependencia, no suponen per se para la hermana de la demandada
el reconocimiento de la potestad de contratación, de ordenador del gasto o facultad
nominadora, sino simplemente el desarrollo de tareas de coordinación que contribuyan
a la debida administración del talento humano requerido por la entidad para cumplir con
su cometidos.

92. Lo anterior es así, por cuando la labor de administración del proceso de selección,
ingreso, inducción, promoción y desvinculación de servidores, atiende a una labor
complementaria a la ejercida de quien tiene a su cargo la nominación de la entidad que
en este caso es el gerente, dado que es éste quien tiene la facultad de ingresar o
desvincular al personal.

93. En el mismo sentido, sucede con la potestad para expedir certificaciones y actos
administrativos referentes a las situaciones administrativas, atribución que no denota
que la subdirectora Administrativa y Financiera, tenga la potestad expedir algún tipo de

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permiso, licencia, encargo o suspensión, pues su labor se limita simplemente a proferir
una constancia del estado en que se encuentre cada funcionario de la entidad.

94. Por su parte en cuanto a la facultad de evaluación de desempeño de los funcionarios
de su dependencia, ello no es óbice para considerar que se tenga disposición sobre los
mismos, pues esta Sección ha sostenido que respecto de la evaluación de las labores
atribuidas al equipo de trabajo, “…corresponde a la coordinación natural que debe
existir frente a empleados directos de un cargo del nivel directivo y a la verificación del
cumplimiento de las metas propuestas al interior de una dependencia administrativa”,
sin que otorgue, por consiguiente, la titularidad de la autoridad de que trata el artículo
40.4 de la Ley 617 de 2000.

95. Así mismo se reitera, que tanto la facultad nominadora, como la ordenación del
gasto se encuentra en cabeza de la gerente de la empresa social del Estado,
circunstancia que logra determinar que quien ostente el mencionado empleo es de
quien se puede predicar el ejercicio de autoridad administrativa, así mismo se precisa
que en el plenario no existe prueba de que se haya delegado alguna función que permita
establecer que la hermana de la demanda ejerció el mencionado tipo de autoridad.

2.8. Conclusión

96. La Sala considera que el actor no desvirtuó la presunción de legalidad del acto de
elección de la señora Diana Lucia Arbeláez Hernández como concejal del Municipio de
Sincelejo, para el período 2020-2021, contenido en el formulario E- 26CON del 10 de
noviembre de 2019, por tanto, se confirmará sentencia de primer grado”.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora consideró que, al proferir las sentencias de primera y segunda
instancia, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente y fáctico.

Por una parte, sostuvo que la Sección Quinta de esta Corporación ignoró su propia
jurisprudencia, puntualmente, la sentencia del 22 de julio de 2021 proferida bajo el
radicado Nro. 05001-23-33-000-2019-02965-01. En esta se explicó que para
acreditar la configuración de la inhabilidad invocada por la parte actora el en proceso
electoral, “basta que la autoridad se haya ejercido o detentado en cualquier momento
durante el periodo inhabilitante, lo que deviene en que su materialización no es requisito
imperante para la citada prohibición”.

Es decir, que para que se configure la inhabilidad alegada no es imprescindible
acreditar la ejecución material de las funciones que denotan la autoridad
administrativa, sino únicamente la existencia de dichas funciones. En consecuencia,
la parte actora insistió en que el cargo de subgerente administrativo y financiero de
la ESE de la Unidad San Francisco de Asís sí conlleva autoridad administrativa,
pues así se desprende del manual de funciones. Y añadió que incluso la hermana
de la concejal también funge como autoridad civil.

Manifestó, a su vez, que la certificación expedida por la gerente de la entidad en la
cual se estableció que las funciones de la subgerente administrativa y financiera no
contenían ejercicio de autoridad administrativa no tiene la capacidad de desvirtuar
lo establecido en el manual de funciones de la entidad.

Más aún si se tiene en cuenta que la hermana de la concejal es ordenadora de
gastos; expide actos administrativos y certificaciones sobre diferentes situaciones
administrativas, como los actos de ejecución presupuestal de los años 2016, 2017,
2018, 2019; tiene a su cargo 13 servidores públicos, a quienes evalúa su
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desempeño y asigna funciones; celebra, ejecuta y supervisa contratos; y recibe
funciones administrativas por delegación.

De otro lado, mencionó que la Sección Quinta del Consejo de Estado interpretó
erradamente los artículos 54 y 475 de la Ley 909 de 2004 y 16 del Decreto Ley 785
de 2005. En su criterio, de estas normas se desprende que, en la administración
descentralizada del nivel territorial, el cargo de subgerente pertenece al ámbito
directivo. Lo cual se corrobora con lo establecido en el manual de funciones de la
ESE de la Unidad San Francisco de Asís.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto de 13 de septiembre de 2021, el despacho ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por Juan Carlos Garrido Díaz
contra el Tribunal Administrativo de Sucre y la Sección Quinta del Consejo de
Estado; ordenó notificar como terceros interesados a la señora Diana Lucía
Arbeláez Hernández, al Municipio de Sincelejo y a la E.S.E. Unidad de Salud
San Francisco de Sincelejo; y ordenó efectuar las notificaciones pertinentes.

4.2. El Consejo de Estado, Sección Quinta aseguró que la providencia de
segunda instancia fue razonable y que se basó tanto en el material probatorio
allegado, como en las normas y jurisprudencia aplicable. Por ende, aseveró
que lo realmente pretendido por el actor es emplear la acción de tutela como
una tercera instancia adicional, a fin de que se revisen nuevamente las
decisiones tomadas por los jueces de la causa.

Explicó, además, que en la sentencia se analizó el cargo ocupado por la
hermana de la concejal desde la perspectiva orgánica y la funcional. Lo cual
permitió concluir que aquella no ostentaba el ejercicio de autoridad, ya que las
funciones de talento humano y administración de los recursos dependen del
gerente.

4.3. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Tercera de Decisión sostuvo que
la acción de tutela está siendo empleada como una instancia adicional, pues
se pretende añadir argumentos nuevos al debate surtido en el medio de
control, como lo es que la hermana de la concejal fungía como autoridad civil.
Asimismo, con la tutela se está efectuando una tacha de falsedad de la
certificación de la gerente, en la cual esta última dio fe de que la subgerente

4 Ley 909 de 2004. Artículo 5: “Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades
regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de: (…) En la Administración
Descentralizada del Nivel Territorial: Presidente; Director o Gerente; Vicepresidente; Subdirector o
Subgerente; Secretario General; Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o de
Comunicaciones y Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga sus veces (…)”
5 Ley 909 de 2004. Artículo 47: “Empleos de naturaleza gerencial. 1. Los cargos que conlleven ejercicio de
responsabilidad directiva en la administración pública de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y
territorial tendrán, a efectos de la presente ley, el carácter de empleos de gerencia pública. 2. Los cargos de
gerencia pública son de libre nombramiento y remoción. No obstante, en la provisión de tales empleos, sin
perjuicio de las facultades discrecionales inherentes a su naturaleza, los nominadores deberán sujetarse a
las previsiones establecidas en el presente título. 3. La gerencia pública comprende todos los empleos del
nivel directivo de las entidades y organismos a los cuales se les aplica la presente ley, diferentes de: a) En
el nivel nacional a aquellos cuya nominación dependa del Presidente de la República; b) En el nivel territorial,
a los empleos de secretarios de despacho, de director, gerente; rector de Institución de Educación Superior
distinta a los entes universitarios autónomos. Estos empleos comportan responsabilidad por la gestión y por
un conjunto de funciones cuyo ejercicio y resultados son posibles de ser medidos y evaluados”.
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administrativa y financiera no tenía funciones de las que se desprendiera
autoridad administrativa. Ejercicio que no se efectuó en el proceso electoral.

Finalmente, aseveró que la sentencia fue producto de las pruebas allegadas,
no tachadas como falsas; de las normas y jurisprudencia aplicable; y de las
funciones del cargo de subgerente administrativo y financiero.

4.4. La concejal Diana Lucía Arbeláez Hernández manifestó que lo pretendido
por la parte actora era reabrir el debate agotado en el proceso ordinario.
Asimismo, señaló que en el medio de control no se controvirtió ni tachó de
falsa la certificación expedida por la gerente de la entidad en la cual se
estableció que las funciones de la subgerente administrativa y financiera no
contenían ejercicio de autoridad administrativa.

5. Providencia impugnada

En sentencia de 19 de octubre de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B declaró improcedente la acción de tutela frente a algunos cargos y
negó el amparo frente a otros.

Con relación a la declaratoria de improcedencia, sostuvo lo siguiente “(…) mediante la
acción de tutela el accionante introdujo un nuevo cargo de nulidad electoral que no fue objeto de
discusión en el proceso ordinario, a saber, el ejercicio de autoridad civil por parte de la subgerente
en cuestión al ser miembro del Comité Coordinador de Control Interno de la E.S.E. A la misma
conclusión se llegó frente a los actos administrativos de ejecución presupuestal y el denominado
contrato de prestación 002 de 2017, ya que estos no fueron allegados al expediente ordinario ni se
reprochó la falta de su valoración en el recurso de apelación que en su momento interpuso el
accionante contra la sentencia ordinaria de primera instancia”.

De otra parte, el juez de tutela de primera instancia consideró que no se
configuraban los demás vicios expuestos por la parte actora. En primer lugar,
explicó que no se desconoció lo dispuesto en los artículos 5 y 47 de la Ley 909 de
2004 y el artículo 16 del Decreto Ley 785 de 2005. Por el contrario, el juez de la
causa concluyó que no bastaba acreditar el carácter directivo del cargo, si se
demostraba que este carecía de autonomía suficiente.

En segundo lugar, sostuvo que no se desconoció la regla jurisprudencial aludida por
el actor. Simplemente, el análisis del juez natural se centró en determinar si la
hermana de la concejal detentaba autoridad administrativa desde la perspectiva
funcional y orgánica de la entidad.

Y finalmente, manifestó que el juez electoral valoró debidamente el material
probatorio allegado al medio de control. Al respecto indicó que el hecho que la
hermana de la concejal tuviera personal a su cargo no significaba que aquella
ostentara autoridad administrativa. Esto únicamente acreditaba “el desarrollo de tareas
de coordinación que contribuyen a la debida administración del talento humano requerido por la
entidad para cumplir con su cometido”.

6. Impugnación

La parte actora controvirtió la sentencia de tutela de primera instancia, porque
consideró que las autoridades judiciales accionadas desconocieron el precedente
del Consejo de Estado, según el cual, en palabras del accionante:

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“no se necesita establecer la ejecucion (sic) material de las funciones administrativas
establecidas en el manual de funciones, por el contrario, basta con detentarla, por parte del
servidor publico (sic), para establecer, el ejercicio de la autoridad administrativa (…)

el Honorable Consejo de Estado, ha mantenido el criterio con respecto al ejercicio o ejecución
de la autoridad administrativa, textualmente ha aceptado que no es necesario demostrar el
ejercicio material de las funciones para dar por probado el elemento propio de la inhabilidad
denominado autoridad administrativa, sino que debe reflexionarse, en cada caso en particular,
sobre la incidencia que las funciones del empleo ejercido puede tener respecto del desarrollo
de la contienda electoral, a fin de mantener la condición de igualdad de armas”.

Por ende, aseguró que se ejerzan o no dichas funciones, lo cierto es que el cargo
de subgerente administrativo y financiero de la ESE de la Unidad San Francisco de
Asís sí implica el ejercicio de autoridad administrativa. Tanto así que en el manual
de funciones se dispuso que ese cargo tiene como responsabilidad la expedición de
actos administrativos que resuelven situaciones administrativas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales.
Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Por esto, la
jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7 y especiales8 que
deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales
y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será
procedente.

Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de

6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
8

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unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones. Por ende, los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.

Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela verificar
el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales
de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial
acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y
sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

Con base en los antecedentes expuestos, y particularmente los argumentos de la
impugnación contra el fallo de tutela de primera instancia, se desprende que el
argumento principal de inconformidad del actor radica en que se desconoció la regla
jurisprudencial, según la cual para probar la inhabilidad alegada en el medio de
control por él instaurado basta acreditar la existencia de funciones que den cuenta
de autoridad administrativa, independientemente de si en la práctica estas se
ejercen o no.

En consideración a que ese fue el desacuerdo planteado por la parte actora frente
a la sentencia impugnada, la Sala delimitará su estudio a establecer si en el caso
se satisface presupuesto de la relevancia constitucional, o si por el contrario, el
argumento en mención denota que la acción de tutela se está empleando como una
instancia adicional al medio de control. Esto por tratarse de una acción de tutela
contra providencia judicial.

De superar dicho estudio, junto con el cumplimiento de los demás requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial, se analizará si al
proferir la sentencia del 12 de agosto de 2021, en el medio de control de nulidad
electoral Nro. 70001-23-33-000-2019-00284-03, el Consejo de Estado, Sección
Quinta incurrió en los defectos invocados por el actor.

4. Requisito de relevancia constitucional

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en
los asuntos propios del juez natural.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5

9

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de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales»9. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural10.

De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración
del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos

9 Ibidem
10 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
10

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fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo
proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa. En
palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable los
hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,
tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos”11.

5. Análisis del caso concreto

5.1. Con base en los criterios expuestos hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para
tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

En caso de que se trate de los mismos argumentos y que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es factible que el juez de tutela concluya
que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es
insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de
que el juez de tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.
Justamente, la Sala considera que la acción de tutela analizada se está
empleando como si fuera una instancia adicional.

5.2. En el escrito de tutela, y particularmente en la impugnación, el reproche
principal del actor consistió en que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
reiterado que para acreditar que la inhabilidad alegada por el actor en el medio
de control de nulidad electoral, basta que el cargo cuente con funciones que
denoten autoridad administrativa, sin que sea necesario acreditar que estas
son implementadas por el servidor que ocupa dicho cargo.

A su vez, en el medio de control de nulidad electoral, específicamente en el
recurso de apelación, el ahora tutelante expuso los siguientes argumentos
relacionados con el argumento anotado:
“Así mismo olvida que ha sido y es reiterada y pacífica la consideración
jurisprudencial en el sentido que para que se estructure la inhabilidad, basta con
tener asignadas las atribuciones, sin que sea necesaria su ejecución. (…)
no queda espacio alguno de duda, ante la evidencia e incontrovertible, que por el solo
criterio orgánico, -en virtud al nivel directivo en el que se ubica el cargo de Subdirector
Administrativa y Financiera de la ESE San Francisco de Asís-, la hermana de la
demandada ejerció autoridad administrativa, dada la jerarquía en el que se ubica dentro
de estructura organizacional de la entidad.
Se trata de la Subdirección no solo administrativa sino también financiera de la ESE
San Francisco de Asís (que en realidad tiene la connotación de subgerente), es decir,
es el motor y el cerebro estructural para la operatividad de la empresa, administrativa y

11 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
11

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financieramente hablando; el segundo cargo de más alto rango jerárquico después del
gerente.
Sumado a lo anterior, es de lógica y de obviedad que dada la naturaleza misma y el
grado de entidad de las competencias atribuidas, puesto que le corresponde la
planeación, la dirección, la coordinación y el control y vigilancia de los asuntos de la
más alta relevancia administrativa y financiera, que son materias trascendentes e
imprescindibles para el adecuado funcionamiento de la ESE, asumirlas, implica y
conlleva de suyo, necesariamente, tener poder decisorio y de mando, facultades
directamente inherentes al ejercicio de autoridad administrativa. (…)
Tampoco resulta relevante que, a pesar de que la hermana de la demandada
detentara dicha atribución no la haya efectivamente ejercido, pues “…para la
configuración de la inhabilidad originada en el ejercicio de autoridad por
parientes, no se requiere el ejercicio material de las funciones propias del cargo
para que se pueda predicar la existencia de la autoridad, sino que este requisito
se debe tener como demostrado si las solas funciones atribuidas al cargo
implican el ejercicio de autoridad”, toda vez que para que un empleado influya a los
potenciales electores con la autoridad de que dispone no es condición necesaria que
ejerza materialmente las funciones que tiene asignadas sino únicamente que detente
tal condición”.

Estos reparos son una reproducción del cargo principal expuesto en el escrito
de tutela y en la impugnación referente a que para acreditar la inhabilidad basta
acreditar que el cargo bajo escrutinio tiene funciones que implican autoridad
administrativa, sin requerirse que efectivamente estas se ejecuten. Esta
circunstancia denota que el tutelante está empleando la tutela como si fuera
una instancia adicional, debido a que la inconformidad fue manifestada en el
proceso aludido.

Ahora bien, la Sala resalta que el referido argumento del actor parte de
una premisa: la existencia de un cargo que, de entrada, cuente con poder
de autoridad administrativa. En el caso, sin embargo, la Sección Quinta de
esta Corporación consideró que el cargo analizado no detentaba autoridad
administrativa, ni desde la perspectiva orgánica de la entidad ni desde la
funcional. Por ende, no era necesario entrar a establecer si las funciones que
reflejaban la autoridad administrativa (inexistentes en el cargo de subdirector
administrativo y financiero, según la Sección Quinta) se ejercían efectivamente
o no. ¿Pues si aquel cargo no contaba con funciones que reflejaran ese tipo
de autoridad, cómo iban a ser ejercidas?

Para llegar a la conclusión de que dicho cargo no detentaba autoridad
administrativa, la autoridad judicial de segunda instancia indicó que el
subdirector administrativo y financiero no hace parte de los cargos de mayor
jerarquía. Por lo que desde el ámbito orgánico no podía entenderse que se
tratara de un cargo con esa naturaleza.

Y respecto a la órbita funcional, el órgano colegiado explicó que el tener
funciones de liderazgo frente al manejo de los recursos humanos, físicos y
financieros de la empresa, no implica el ejercicio de autoridad administrativa.
Esta última solo se configura cuando las funciones se ejercen con autonomía
y con un amplio margen de facultad decisoria. Por ende, la autoridad
administrativa “se pone entredicho (…) cuando el desempeño de las tareas está
condicionado a las facultades y competencias de dependencias y/o funcionarios de mayor
jerarquía, respecto de quienes formal y materialmente recae la potestad de mando que incluye
posibilidad de coerción”. Tal como sucede con el cargo de subdirector

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administrativo y financiero, en tanto que “la potestad decisoria en realidad recae en
alguien de mayor jerarquía, esto es el gerente de la empresa social del Estado”.

Así las cosas, al encontrar que el cargo de subdirector administrativo y
financiero no detentaba autoridad administrativa ni desde la perspectiva
orgánica ni desde la funcional no era necesario que la Sección Quinta
examinara en minucia el argumento reiterado por el actor en el curso de la
tutela. Se insiste si el cargo no cuenta con funciones de autoridad
administrativa es irrelevante establecer si estas (funciones inexistentes)
eran realmente implementadas o no por el servidor.

Adicionalmente, frente al cargo que se propone en el escrito de impugnación,
relacionado con el presunto desconocimiento del precedente, se tiene que en
la sentencia cuestionada, la autoridad judicial accionada resolvió el caso
concreto a la luz de su propia jurisprudencia y concluyó que “del tenor literal de
las funciones que según el demandante, aluden como constitutivas del ejercicio de autoridad
administrativa, no se les puede dar el alcance que pretende, pues sus labores siempre
estuvieron bajo la autorización, dirección y el poder de mando de su superior jerárquico”.

Así se evidencia en los argumentos contenidos en los apartes 84 a 89, de las
consideraciones de la sentencia del 12 de agosto de 2021, de las cuales se
destacan las siguientes:
(…)
84. En este punto vale la pena destacar, sin desconocer la importancia del propósito
principal del empleo que desempeñó la hermana de la demandada y de las funciones
antes señaladas, cuya nota distintiva está en asumir responsabilidades que implica
liderazgo en lo relacionado con el manejo de los recursos humanos, físicos y
financieros de la empresa, la administración de los procesos de selección de los
servidores, la expedición de actos administrativos y certificaciones sobre la situación
administrativa de los empleados, la evaluación de los empleados de su dependencia
y la atención de algunos servicios básicos para apoyar la gestión misional de la
administración, que para predicar el ejercicio de autoridad administrativa debe
advertirse que las funciones se ejerzan con autonomía, con un amplio margen de
facultad decisoria, lo que se pone entredicho por ejemplo, cuando el desempeño de
las tareas está condicionado a las facultades y competencias de dependencias y/o
funcionarios de mayor jerarquía, respecto de quienes formal y materialmente recae la
potestad de mando que incluye posibilidad de coerción.
85. En consonancia con lo anterior, la Sección ha establecido que si las funciones y el
diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de dirección
con autonomía decisoria12, se puede concluir que el servidor público ejerce autoridad
administrativa. (…)13”.
86. Sobre la relación entre el ejercicio de autoridad administrativa y la autonomía con
poder en función de mando, se ha considerado necesario revisar si el desempeño de
las funciones objeto de análisis está o no condicionado a las potestades de otras
autoridades de mayor jerarquía, como ocurrió en el fallo del 3 de diciembre de 2020
de esta Sección14, frente a la atribución de una función de dirección en cabeza de un
subdirector de planeación ambiental de una corporación autónoma regional, que

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de febrero de 2002, radicado
2804, M.P. Darío Quiñones Pinilla.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 3 de mayo de 2013, M.P: Susana Buitrago
Valencia, Radicado No. 23001-23-31-000-2008-00087-03 (IJ)
14
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00, 11001-03-28-000-2020-00017-00.
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estaba estrechamente ligada a las potestades conferidas al representante legal y al
consejo directivo de la entidad. (…) 15”16.
87. Se traen a colación las anteriores consideraciones, porque respecto de las funciones
de dirección a que hace referencia la parte demandante, no puede pasarse por alto
que la potestad decisoria en realidad recae en alguien de mayor jerarquía, esto es el
gerente de la empresa social del Estado, según se desprende del Acuerdo No.
0000006 de 27 de abril de 2016 (…).
(…)
89. Por lo tanto, del tenor literal de las funciones que según el demandante, aluden como
constitutivas del ejercicio de autoridad administrativa, no se les puede dar el alcance
que pretende, pues sus labores siempre estuvieron bajo la autorización, dirección y el
poder de mando de su superior jerárquico.”

Con todo, lo relevante a efectos de la acción de tutela es que la parte actora
está empleando la tutela como si se tratara de una tercera instancia adicional,
ya que el argumento principal de la tutela fue expuesto y desestimado en el
medio de control de nulidad electoral.

5.3. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela
contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores
razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y
propósito.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.

En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las

15
Art. 6 C.P.
16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00, 11001-03-28-000-2020-00017-00.
14

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autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
el tutelante.

Por todo lo expuesto, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional, porque el reproche expuesto en el escrito de tutela
es una reproducción de uno de los cargos presentados en el medio de control.

6. Conclusión

Por las razones expuestas en precedencia, la Sala confirmará la decisión
impugnada, en el entendido de declarar la improcedencia de la acción de tutela, a
falta del requisito de relevancia constitucional, pues como se explicó aquella se está
empleando como una tercera instancia adicional medio de control.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el 19 de octubre de 2021, por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el entendido de
declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor
Juan Carlos Garrido Díaz, dadas las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL
Presidente BASTO

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

15

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