Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2019-00284-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Nulidad electoral: contra el acto de elección de concejal municipal
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 70001-23-33-000-2019-00284-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 70001-23-33-000-2019-00284-03
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
12 de agosto de 2021
NULIDAD ELECTORAL – Contra el acto de elección de concejal municipal / INHABILIDAD – Generalidades en los procesos de elección popular / RÉGIMEN DE INHABILIDADES DEL CANDIDATO A ELECCIÓN POPULAR
Ha señalado esta Sección, que son derechos fundamentales de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política, el de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, prerrogativas que no tiene el carácter de ser absolutas, por lo que la propia Constitución y la ley contemplan restricciones al ejercicio de tales derechos, motivadas en otras garantías -también constitucionales- como el interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública, tal como es el caso de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular. (…). [L]as inhabilidades “buscan preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades.”. (…).En este mismo sentido, la Sección Quinta ha señalado que las inhabilidades “buscan preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades.” Es así, como para cada cargo de elección popular se tiene previsto un régimen de inhabilidades, que enlista actuaciones que no pueden observarse durante un plazo determinado anterior a la inscripción o a la elección -según el caso- so pena de impedir la aspiración política, proscripciones estas que, a su vez, constituyen causales de nulidad de los actos de elección popular, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los derechos fundamentales de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de agosto de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2014-00051-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 12 de marzo de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 11001-03-28-000-2014-00065-00. Acerca de las inhabilidades y su finalidad, consultar: Corte Constitucional, sentencia del 4 de Febrero de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería, expediente D-4060; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de abril de 2009, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, radicación 2007-00581(PI); Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, C.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 2007-00244-02.
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA - Elementos que la configuran / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – Criterios orgánico y funcional para determinarla
La Sección Quinta del Consejo de Estado ha aceptado que a la noción de autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio funcional que, a partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de mando. (…). Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia ha admitido que comportan autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem: * La celebración de contratos o convenios. * La ordenación de gastos u horas extras. * La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones y su suspensión. * El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados. * La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva sede al personal de planta. * Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias. Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es: “…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional, departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa importancia.” (…). Es menester recordar que la inhabilidad prevista en la ley supone la configuración de tres elementos, de tal manera que de faltar alguno no estaría tipificada: A. Objetivo. Ejercer como empleado público, B. Modal: en tal virtud ostentar jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, C. Temporal. Se adelante dentro de los doce meses anteriores a la fecha de elección. D. Territorial. Que lo anterior se cumpla en el mismo municipio en el que se es elegido. Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo caso se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten de manera concurrente y, en caso de que no sea así se entenderá que no se materializó el cargo de nulidad planteado.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la necesidad de acudir al concepto de dirección administrativa para construir el concepto de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 20 de febrero de 2009, M.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 2007-00800; y Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 19 de marzo de 2009, M.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 2007-00704-02. En cuanto a los elementos que caracterizan la dirección administrativa, a título de referente conceptual para el concepto de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 30 de noviembre de 2010, M.P. Susana Buitrago Valencia, radicación 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). En relación al uso de los criterios funcional y orgánico para determinar la noción de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 1° de octubre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. Sobre los criterios orgánico y funcional, a los que se acude para establecer si el ejercicio de un cargo implica el ejercicio de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de septiembre de 2005, M.P. Filemón Jiménez Ochoa, radicación 41001-23-31-000-2003-01299-02 (3657). Sobre el enfoque funcional y las actividades que comportan el ejercicio de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 15 de octubre de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. De la definición de autoridad administrativa, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 27 de agosto de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicación 11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025).
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA - Perspectiva orgánica y funcional / INHABILIDAD DEL CONCEJAL POR PARENTESCO CON AUTORIDAD ADMINISTRATIVA – No acreditada
Según el Acuerdo No. 0000006 del 27 de abril de 2016 “por el cual se ajusta el manual de funciones, requisitos y competencias laborales de la E.S.E. Unidad de Salud San Francisco de Asís”, el cargo que desempeñó la hermana de la accionada es del nivel directivo, y además pertenece a la gerencia de la mencionada entidad. Por ende, es evidente que dentro la unidad de salud no ocupó el empleo de gerente, investidura de la cual por disposición del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, se desprende el ejercicio de autoridad administrativa. (…). En ese orden de ideas, desde la perspectiva orgánica, no se evidencia que la pariente de la demanda dentro de la estructura de la entidad haya desempeñado alguno de los cargos de mayor jerarquía, de los cuales pueda desprenderse prima facie el ejercicio de autoridad administrativa. (…). Empero, (…), también debe emprenderse el análisis del desempeño de dicha autoridad desde el punto de vista funcional, para lo cual se traen a colación las tareas que tenía asignadas la [hermana de la demandada] (…) como Subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E. San Francisco de Asís de Sincelejo, código 068 grado 14. (…). De las funciones enunciadas [en el manual de funciones], el recurrente hace énfasis en las que implican dirección, porque estima que de ellas se desprende per se, la capacidad de mando que caracteriza a la autoridad administrativa. En este punto vale la pena destacar, sin desconocer la importancia del propósito principal del empleo que desempeñó la hermana de la demandada y de las funciones (…), que para predicar el ejercicio de autoridad administrativa debe advertirse que las funciones se ejerzan con autonomía, con un amplio margen de facultad decisoria, lo que se pone entredicho por ejemplo, cuando el desempeño de las tareas está condicionado a las facultades y competencias de dependencias y/o funcionarios de mayor jerarquía, respecto de quienes formal y materialmente recae la potestad de mando que incluye posibilidad de coerción. En consonancia con lo anterior, la Sección ha establecido que si las funciones y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de dirección con autonomía decisoria, se puede concluir que el servidor público ejerce autoridad administrativa. (…). Sobre la relación entre el ejercicio de autoridad administrativa y la autonomía con poder en función de mando, se ha considerado necesario revisar si el desempeño de las funciones objeto de análisis está o no condicionado a las potestades de otras autoridades de mayor jerarquía. (…). [R]especto de las funciones de dirección (…), no puede pasarse por alto que la potestad decisoria en realidad recae en alguien de mayor jerarquía, esto es el gerente de la empresa social del Estado, según se desprende del Acuerdo No. 0000006 de 27 de abril de 2016. (…). Del análisis de las funciones de la máxima autoridad de la E.S.E.
San Francisco de Asís de Sincelejo, y por ende, del superior jerárquico del subdirector Administrativo y Financiero, se tiene que en materia de manejo del talento humano, (…) de la administración de los recursos de la entidad, la prestación de servicios generales y la subordinación y dependencias de los empleados a su cargo, es el principal responsable, y por consiguiente, en cabeza de quien se encuentra el ejercicio de potestad de mando con autonomía, que no se evidencia respecto del empleo que desempeñó la hermana de la demandada, aunque frente a las atribuciones de éste el manual de funciones haya empleado verbos como dirigir, coordinar, evaluar, planear, administrar o controlar. (…). [D]e las funciones que según el demandante, aluden como constitutivas del ejercicio de autoridad administrativa, no se les puede dar el alcance que pretende, pues sus labores siempre estuvieron bajo la autorización, dirección y el poder de mando de su superior jerárquico. (…). [S]e advierte que la facultad consistente en administración de las formas de vinculación del personal, elaboración de certificaciones de las situaciones administrativas y evaluación de desempeño de los funcionarios de su dependencia, no suponen per se para la hermana de la demandada el reconocimiento de la potestad de contratación, de ordenador del gasto o facultad nominadora, sino simplemente el desarrollo de tareas de coordinación que contribuyan a la debida administración del talento humano requerido por la entidad para cumplir con su cometidos. Lo anterior es así, por cuando la labor de administración del proceso de selección, ingreso, inducción, promoción y desvinculación de servidores, atiende a una labor complementaria a la ejercida de quien tiene a su cargo la nominación de la entidad que en este caso es el gerente. (…). En el mismo sentido, sucede con la potestad para expedir certificaciones y actos administrativos referentes a las situaciones administrativas, atribución que no denota que la subdirectora Administrativa y Financiera, tenga la potestad expedir algún tipo de permiso, licencia, encargo o suspensión, pues su labor se limita simplemente a proferir una constancia del estado en que se encuentre cada funcionario de la entidad. (…). [E]n cuanto a la facultad de evaluación de desempeño de los funcionarios de su dependencia, ello no es óbice para considerar que se tenga disposición sobre los mismos, pues esta Sección ha sostenido que respecto de la evaluación de las labores atribuidas al equipo de trabajo, “…corresponde a la coordinación natural que debe existir frente a empleados directos de un cargo del nivel directivo y a la verificación del cumplimiento de las metas propuestas al interior de una dependencia administrativa”, sin que otorgue, por consiguiente, la titularidad de la autoridad de que trata el artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000. Así mismo se reitera, que tanto la facultad nominadora, como la ordenación del gasto se encuentra en cabeza de la gerente de la empresa social del Estado, circunstancia que logra determinar que quien ostente el mencionado empleo es de quien se puede predicar el ejercicio de autoridad administrativa, así mismo se precisa que en el plenario no existe prueba de que se haya delegado alguna función que permita establecer que la hermana de la demanda ejerció el mencionado tipo de autoridad. (…). La Sala considera que el actor no desvirtuó la presunción de legalidad del acto de elección de la señora Diana Lucia Arbeláez Hernández como concejal del Municipio de Sincelejo, para el período 2020-2021, contenido en el formulario E-26CON del 10 de noviembre de 2019, por tanto, se confirmará sentencia de primer grado.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la autoridad administrativa y que su ejercicio se configura en la medida que las funciones y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de dirección con autonomía decisoria, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de mayo de 2013, M.P: Susana Buitrago Valencia, radicación 23001-23-31-000-2008-00087-03 (IJ); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de febrero de 2002, M.P. Darío Quiñones Pinilla, radicado 2804. Sobre la relación entre el ejercicio de autoridad administrativa y la autonomía con poder en función de mando, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2020-00016-00, 11001-03-28-000-2020-00017-00. En lo que se refiere a la coordinación de actividades para la toma de decisiones, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 9 de febrero de 2017, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 05001-23-33-000-2015-02491-01.
FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 - ARTÍCULO 40 NUMERAL 4 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 275 NUMERAL 5 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 43 NUMERAL 4 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 190
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., doce (12) de agosto dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 70001-23-33-000-2019-00284-03 (70001-23-33-000-2020-00007-00)
Actor: SANDRA PAOLA ANILLO DÍAZ, JUAN CARLOS GARRIDO DÍAZ Y OSCAR DAVID CANCHILA BARBOZA
Demandado: DIANA LUCÍA ARBELÁEZ HERNÁNDEZ - CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO - SUCRE, PERÍODO 2020-2023
Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Inhabilidad del artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000, ejercicio de autoridad administrativa de un pariente del elegido, requisitos para su configuración
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2021, por medio de la cual la Sala de Decisión N° 3 del Tribunal Administrativo de Sucre, negó la nulidad del acto de elección de la señora Diana Lucía Arbeláez Hernández, como concejal del municipio de Sincelejo, para el período constitucional de 2020-2023.
ANTECEDENTES
1. Las demandas en los expedientes 70001-23-33-000-2019-00284-03 y 70001-23-33-000-2020-00007-00
Los señores Sandra Paola Anillo Díaz, Juan Carlos Garrido Díaz y Oscar David Canchila Barboza, presentaron demandas en ejercicio del medio de control contenido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, contra el acto de elección de la señora Diana Lucía Arbeláez Hernández como concejal del Municipio de Sincelejo, para el período 2020-2021, contenido en el formulario E-26CON del 10 de noviembre de 2019.
1.1. Pretensiones
En ambos procesos, los demandantes coincidieron en solicitar:
“PRIMERA: Que se declare la nulidad del acto de elección (E-26) de la señora DIANA LUCÍA ARBELÁEZ HERNÁNDEZ como concejal del Municipio de Sincelejo para el período constitucional 2020-2023, expedido por el Consejo Nacional Electoral (comisión escrutadora) el 10 de noviembre de 2019.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se cancele la respectiva credencial que se le otorgó como concejal.”
1.1.1. Hechos
Afirmaron los accionantes, que el pasado 27 de octubre de 2019 se realizaron las elecciones para la escogencia de las autoridades territoriales (gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles), comicios en los que resultó favorecida la señora Diana Lucía Arbeláez Hernández, por tanto la comisión escrutadora, declaró su elección como concejal del municipio de Sincelejo para el período 2020-2023.
Refirieron que la concejal no podía ocupar dicha dignidad, en la medida en que su hermana, la señora Angélica María Arbeláez Hernández ejerce autoridad civil y administrativa en el municipio de Sincelejo, pues se desempeña como Subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E. San Francisco de Asís de Sincelejo desde el 3 de mayo de 2016, empleo en el que ostenta funciones que implican la configuración de los elementos de la causal de inhabilidad del artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000.
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
Argumentaron que el acto de elección se encuentra viciado de nulidad de acuerdo con lo normado en el artículo 275.5 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que la accionada incurrió en la causal de anulación contenida en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 40.4 de la Ley 617 de 2000, ello por cuanto la hermana de la demandada ejerció autoridad civil y administrativa, dentro del término inhabilitante en la circunscripción territorial en donde fue elegida la concejal cuestionada.
Sobre el particular destacaron que se cumplieron los presupuestos establecidos por el Consejo de Estado, para que se configurada la inhabilidad citada, esto es el parentesco, el elemento temporal, el territorial y el ejercicio de autoridad.
Para desarrollar lo antes referido, reseñaron en cuanto al parentesco, que según los registros civiles de nacimiento, se encuentra demostrado que la demandada y la señora Angélica María Arbeláez Hernández son hermanas; en lo concerniente al factor temporal, indicaron que la pariente de la ahora concejal se encontraba ejerciendo el empleo de subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E. San Francisco de Asís de Sincelejo desde el 3 de mayo del 2016, es decir en el término inhabilitante comprendido entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de octubre de 2019.
Así mismo, argumentaron que se cumple el elemento territorial teniendo en cuenta que la demandada fue elegida concejal del municipio de Sincelejo y que la E.S.E. San Francisco de Asís, según el acuerdo No. 022 del 10 de mayo de 1996 tiene circunscripción en el citado ente territorial; por último advirtieron que en el mencionado empleo la hermana de la demanda ejerció autoridad civil y administrativa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 188 y 190 de la Ley 136 de 1994, al tener el carácter de directivo y cumplir como propósito principal el de fijar políticas, planes y programas en relación con la ejecución de los fines de la entidad, lo que evidencia el poder de mando sobre 28 empleos que tenia subordinados, así como la facultad disciplinaria que ostenta sobre los mismos y la representación legal de la entidad.
Bajo estos supuestos, se presentó solicitud de suspensión provisional del acto demandado.
1.2. Actuaciones Procesales
1.2.1. Admisión de la demanda
Con auto del 19 de diciembre de 2019, la Sala del Tribunal Administrativo de Sucre admitió la demanda en el proceso radicado No. 70001-23-33-000-2019-00284-00, suspendió provisionalmente el acto acusado y ordenó las notificaciones respectivas. Respecto del radicado 70001-23-33-000-2020-00007-00, el 10 de marzo de 2020, hizo lo propio y aceptó el retiro de la solicitud de suspensión provisional.
1.2.2. Contestación de la demanda
La demandada en el proceso con radicado No. 70001-23-33-000-2019-00284-00 contestó de manera extemporánea, en atención a que la notificación se surtió por conducta concluyente el 15 de enero de 2020, de conformidad en lo indicado en el auto de 31 de enero de 2020, por tanto, el término para intervenir trascurrió entre el 21 de enero y el 10 de febrero de 2020, sin embargo, el escrito se radicó en el 20 de febrero siguiente.
Por su parte, en el proceso con radicado No. 70001-23-33-000-2020-00007-00, se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual advirtió que no existe discusión respecto de la naturaleza directiva que tiene el empleo de subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E San Francisco de Asís de Sincelejo, sin embargo, precisó que la inhabilidad no se estructura por el hecho de ostentar el cargo, sino que es pertinente observar cuáles son las atribuciones del mismo.
De acuerdo con lo anterior señaló que teniendo en cuenta las funciones del empleo, se extrae con claridad que su hermana no es ordenadora del gasto en los procesos contractuales de la E.S.E. citada y tampoco nominadora de su personal, dado que dicha atribución la tiene la gerencia de la referida entidad.
Adicionalmente, solicitó la aplicación del principio de confianza legítima, por cuanto su aspiración se sustentó en la inexistencia de inhabilidad, lo cual encuentra su génesis en múltiples pronunciamientos del Consejo de Estado, en donde el alto tribunal en casos análogos indicó que no había lugar a declarar la nulidad de la elección teniendo en cuenta que por el hecho de que su pariente hubiera ocupado el referido cargo, no es suficiente para endilgarle algún vicio al acto electoral.
1.2.3 Problema jurídico
Luego de surtida la acumulación de los procesos, se dictaminó sanear el mismo y decretar las pruebas requeridas, que el problema jurídico en el presente caso, se centraría en determinar, “si, la señora DIANA LUCIA ARBELÁEZ, al resultar elegida como concejal del municipio de Sincelejo, Sucre para el período constitucional 2020- 2023, incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43, numeral 4º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, puesto que su hermana ejercía autoridad civil y/o administrativa, al ostentar el cargo de Subdirectora Administrativa y Financiera de la ESE San Francisco de Asís de Sincelejo”.
Alegatos de conclusión en primera instancia.
El demandante, aseguró que si bien es cierto para las empresas sociales del Estado se establecieron órganos de dirección, ello no es óbice para considerar que no existen otros cargos que se ubican en el mismo nivel directivo, desarrollan funciones similares como en el subdirector administrativo y financiero desempeñado por la hermana de la concejal demandada.
Sin embargo, adujeron que la pariente de la demanda tiene a su cargo fijar políticas, planes y programas en relación con la ejecución de los fines de la E.S.E. lo que demuestra la dirección administrativa, poder de mando e imposición sobre los subordinados.
La demandada indicó que su hermana no ejercicio autoridad administrativa, por cuanto se evidenció del análisis del manual de funciones que el gerente en quien tiene las atribuciones propias para ejercicio de este tipo de autoridad.
Los demás sujetos guardaron silencio.
1.3. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Sucre mediante sentencia del 19 de mayo de 2021 negó las pretensiones formuladas por las siguientes razones:
Indicó que para determinar si se configura la causal de nulidad reprochada a la concejal demandada, contenida en el artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000, era pertinente establecer si su hermana cumplió con actividades que denoten autoridad administrativa, elemento necesario para la determinación de la misma.
En ese orden de ideas, luego de dar por acreditado el parentesco de conformidad con los registros civiles que reposan en el expediente, se comprobó que ésta última se posesionó como subdirectora Administrativa y Financiera Código 068 Grado 14, de la ESE Unidad San Francisco de Asís de Sincelejo, el 3 de mayo de 2016.
En cuanto al presupuesto temporal, señaló que de acuerdo con la norma contentiva de la inhabilidad, el ejercicio de autoridad debe tener lugar dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección. De conformidad a lo enunciado se probó que la señora Angélica María Arbeláez Hernández seguía ocupando a la fecha de expedición de la certificación adosada al expediente el empleo en la E.S.E, documento que data del 20 de noviembre de 2019.
Frente al elemento espacial, destacó que se configuró en la medida en que la ESE Unidad de Salud San Francisco de Asís de Sincelejo, es una entidad pública de categoría especial, descentralizada del orden municipal del ente territorial, en el cual fue designada como concejal la demandada.
En lo atinente al factor de autoridad, advirtió que de acuerdo a las funciones propias del cargo que ocupa la hermana de la demandada, sostuvo que no toda actividad que implique dirigir se traduce en autoridad administrativa, “sino que para su configuración, se requiere el desempeño de un cargo público que otorgue a su titular poder de mando, facultad decisoria frente a la sociedad o los subordinados y dirección de asuntos propios de la función administrativa, orientados al debido funcionamiento del aparato administrativo, sin que se requiera necesariamente la realización de actuaciones específicas y concretas que evidencien, por parte del funcionario pariente, el ejercicio material de las funciones atribuidas”.
Adicionalmente, precisó que “de acuerdo con lo establecido en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994, la facultad de dirección administrativa la ejercen, entre otros, los empleados oficiales autorizados para ordenar gastos con cargo a fondos municipales”, una vez establecido lo anterior procedió a revisar las funciones que podían revestir este tipo de autoridad, es así como frente a “planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar el manejo de recursos humanos, físicos y financiero de la empresa en materia de presupuesto, pagaduría, contabilidad, facturación mantenimiento y servicios generales”, estimó que de los verbos descritos, no se extrae el de ordenar el gasto que es una función propia del gerente de la E.S.E., lo que si demuestra es una labor de apoyo a esta última.
En cuanto la función de “ser nominador y ordenador del gasto de acuerdo con las facultades concedidas por la ley y la normatividad vigente”, el a quo indicó que la facultad de ordenación, atendiendo a la descripción de autoridad administrativa, requiere cierto grado de autonomía para su ejercicio, sin embargo en este caso consideró que se constituye como un apoyo para lograr el desarrollo de los planes programas y objetivos de la E.S.E. Unidad de Salud San Francisco de Asís, para lo cual se basó en la certificación que allegó la entidad en donde acreditó que la subdirectora Administrativa y Financiera durante el período comprendido entre el 27 de octubre de 2018 y el 27 de octubre de 2019, no suscribió ningún documento proveniente de la áreas de pagaduría, contabilidad, facturación, mantenimiento y servicios generales, que conlleven a la destinación o utilización de recursos de la entidad.
Aunado a lo anterior, indicó que si bien el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, la gerente de la E.S.E., puede delegar funciones, dentro de las cuales se encuentra la de ordenación del gasto, según las documentales del proceso, no obra un acto mediante el cual se haya entregado a la subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E., dicha atribución dentro del período inhabilitante.
Por otra parte, trajo a colación la prerrogativa del numeral 5 del manual de funciones, en donde se denota que tiene a su cargo “ Dirigir, supervisar y realizar el control a los contratos en materia administrativa y financiera que celebre la Gerencia de la Empresa de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia”, lo que a juicio del juzgador no constituye ejercicio de autoridad, por cuanto la labor de dirección, supervisión y revisión recae sobre los contratos que celebre la gerencia de la entidad, de lo cual no se denota ningún tipo de autonomía para ordenar gastos.
Respecto a “Elaborar los estudios de conveniencia y oportunidad de acuerdo con las necesidades del área a su cargo”, se consideró como una atribución relacionada con actuaciones de apoyo profesional de la cual no se desprende ningún ejercicio de autoridad administrativa.
De acuerdo con la función de “plantear, dirigir, coordinar y controlar la prestación de los servicios administrativos y logísticos a los clientes internos y a las instituciones relacionadas con el factor humano (administrador y desarrollo), suministros, planta física, tecnológica de equipos, sistemas de información y servicios de apoyo logístico”, sostuvo que es una prerrogativa que tiene el objetivo de trazar ideas o estrategias para la efectiva prestación de los servicios que hacen parte de los clientes internos y de las instituciones adscritas a esa entidad, lo cual no comporta ejercicio de autoridad, por cuanto no estaría facultado para ordenar el gasto.
Por otra parte, en lo que hace a “Administrar los procesos de selección, ingreso, inducción, promoción y desvinculación de los servidores de la empresa” y “expedir los actos administrativos y las certificaciones que le correspondan sobre las diferentes situaciones administrativas del personal vinculado a la empresa”, no advirtió la capacidad para tomar decisiones sobre los subordinados. Además, indicó que por Oficio G-100-094-2021 del 12 de marzo de 2021, se certificó que las facultades conferidas a la subgerente Administrativa y Financiera no son de mando, decisión o imposición que impliquen el ejercicio de autoridad civil o administrativa, dado que todas atribuciones tendientes a nombramientos, decisiones de carácter disciplinario, comisiones, licencias, vacaciones, traslados de funcionarios, desvinculación de trabajadores, son propias del gerente de la entidad.
En lo referente a la facultad de “evaluar el desempeño de los funcionarios adscritos a la Subgerencia administrativa y Financiera”, indicó que como lo ha sostenido la Sección Quinta del Consejo de Estado, dicha facultad, es “la coordinación natural que debe existir frente a empleados directos de un cargo del nivel directivo y a la verificación del cumplimento de las metas propuestas al interior de una dependencia administrativa”, sin que ello imple el ejercicio de autoridad administrativa.
En cuanto a la función que refiere a “dirigir y controlar la elaboración de la nómina para cancelar sueldos, vacaciones, primas y demás emolumentos para los servidores de la empresa”, consideró que si bien implica la ejecución del presupuesto, lo cierto es que no se desprende a simple vista de ésta que la hermana de la demandada estuviera facultada para ordenar el gasto de la entidad, es decir que sea ella la que expida y ordene el pago de los emolumentos.
Respecto a “organizar los servicios de trasporte, vigilancia, aseo, mantenimiento, conservación, archivo y correspondencia que contribuyan a la efectiva prestación de los servicios generales de la Empresa”, adujo que tal atribución más que ser de mando, es una facultad de coordinación de la cual no se logra identificar ejercicio de autoridad administrativa.
En cuanto al ejercicio de autoridad civil, consideró que tampoco fue detentada por la hermana de la demandada, por cuanto de las funciones del subgerente Administrativo y Financiero de la E.S.E San francisco de Asís de Sincelejo, ninguna reviste el ejercicio del poder público en función de mando para una finalidad prevista en la ley, que obligue al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con facultad de compulsión o de coacción por medio de la fuerza publica, máxime cuando la facultad nominadora y disciplinaria radica en la gerente de la entidad.
1.4. Recurso de apelación
1.4.1. El demandante
El demandante Juan Carlos Garrido Díaz, por intermedio de apoderada, solicitó revocar la sentencia de primera instancia para que en su lugar se declare la nulidad del acto demandado porque a su juicio la hermana de la demanda como subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E San Francisco de Asís de Sincelejo ejerció autoridad administrativa, teniendo en cuenta en dicho cargo resultaba evidente la potestad de mando que tiene al interior de la entidad.
Sostuvo que la jurisprudencia ha sido pacífica en determinar que para que se estructure la inhabilidad, solo basta con tener asignadas las atribuciones sin que sea necesaria su ejecución, ello por cuanto del manual de funciones se extrae su capacidad de mando, cuestión que es ajena a lo certificado por la entidad en donde señala que no celebró contrato alguno. Adicionalmente, precisó que en cuanto al valor probatorio el manual de funciones de la entidad está por encima de cualquier certificación expedida por alguna de las autoridades de la empresa, pues se trata de un documento vinculante para todos los empleados y contiene las atribuciones de cada empleo.
Refirió que en el expediente obra el acuerdo No. 0000006 de 27 de abril de 2016, “por el cual se ajusta el manual de Funciones, Requisitos y competencias laboral de la E.S.E. unidad San Francisco de Así”, donde se determina el nivel del cargo y las funciones que se le atribuyen, documento del cual se puede establecer de manera clara según el criterio orgánico que la hermana de la demandada ejerció autoridad administrativa, dada su jerarquía directiva, en calidad de subgerente y además que reviste a juicio del recurrente “ el motor y el cerebro estructural para la operatividad de la empresa, administrativa y financiera”.
Adicionalmente, agregó que le corresponde la planeación, dirección, coordinación, control y vigilancia de los asuntos de alta relevancia administrativa y financiera, trascendentes e imprescindibles para el funcionamiento de la E.S.E, lo que “implica y conlleva de suyo, necesariamente, tener poder decisorio y de mando, facultades directamente inherentes al ejercicio de autoridad administrativa”.
En esa medida, afirmó que el acto demandado debe anularse por cuando se desatendió el mandato constitucional y legal que obliga en la elección de carácter popular el equilibrio e igual entre los aspirantes, adicionalmente indicó que si bien el a quo intentó analizar algunas de las funciones, lo cierto es que en dicho ejercicio desconoció el nivel directivo en que si ubica el cargo de Subdirección Administrativa y Financiera de la E.S.E.
Precisó que contrario a lo indicado por el Tribunal, el cargo ostentado por la hermana de la demandada no es equiparable al de un profesional o técnico que simplemente presta una labor de apoyo o acompañamiento, dado que según la estructura de la E.S.E. en el cargo de subdirectora Administrativa y Financiera de la mentada entidad, se ejercen labores de dirección y se tiene injerencia en asuntos relevantes que implican decisión y poder de mando.
En complemento de lo anterior, dispuso que como se puede observar de la función 33 del manual antes referido, esto es, evaluar el desempeño de los funcionarios adscritos a la subgerencia administrativa y financiera, lo cual no se trata de un simple diligenciamiento de un formulario, sino a la potestad de calificar al personal que integra su equipo de trabajo, lo que constituye subordinación y dependencia de los empelados a su cargo, así mismo indicó que una certificación de la gerencias de la entidad no tiene la potencialidad de contrariar lo señalado en el manual de funciones respecto de un cargo como el que se trata.
Por otra parte, advirtió que era necesario descartar el análisis de las funciones relativas a los numerales 17 y 32 del manual, por cuanto son unas de las que más denotan el ejercicio de autoridad administrativa, pues tratan de la administración de proceso de selección, ingreso y desvinculación de servidores de la empresa, lo que implica el manejo y direccionamiento de dichos procesos y además mencionó que para el cumplimiento de la atribución resultaba necesario expedir actos administrativos sobre situaciones, como por ejemplo permisos, licencias, encargos e incluso suspensiones por decisiones disciplinarias, entre otros.
En consonancia con lo antes mencionado, la señalada atribución se traduce en crear, modificar o terminar un derecho o una obligación sobre los trabajadores, lo que denota poder de mando y decisión por parte de la hermana de la demandada.
En conclusión, advirtió que “un funcionario con competencias como las detalladas y demostradas a lo largo del proceso, puede influir sobre sus subalternos y los allegados de éstos sin necesidad de hacer uso de esas facultades. De igual modo, quien tiene la posibilidad de expedir actos administrativos (en este caso la hermana de la demandada) o de variar una decisión o una política influye sobre aquellos interesados en sostenerlas, precisamente mediante una abstención. A lo anterior se suma que quien tiene autoridad legal para tomar determinadas decisiones y dirigir los aspectos trascendentales de una entidad (desde el ámbito administrativo y financiero), puede generar expectativas e incluso promesas que tienen la virtualidad de mover la voluntad de los interesados que conocen de su poder para concretarlas”.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. De la parte demandante
Reiteró los argumentos propuestos en su escrito de demanda y de apelación.
1.5.1. De la parte demandada
La parte demandada, por intermedio de apoderado, solicitó la confirmación de la sentencia de primer grado, para lo cual advirtió que en cuando a la naturaleza directiva del cargo de subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E San Francisco de Asís de Sincelejo, no es sustento para predicar el ejercicio de autoridad, en la medida en que según el manual de funciones de la entidad quien tiene la facultad nominadora y de ordenación de gasto es la junta directiva y el gerente. En ese orden ideas indicó que según el criterio orgánico quien tiene la gerencia de la entidad es quien ordena el gasto y suscribe contratos previa autorización de la junta directiva y además ejerce la función disciplinaria, por tanto no podría pensarse de ninguna forma que la hermana de la demandada ejerce el tipo de autoridad que se pretende cuestionarle.
Concluyó, con similares argumentos presentados por el Tribunal de primer grado sobre las funciones que podrían ser concebidas como algún tipo de autoridad, que de las atribuciones de la Subdirectora Administrativa y Financiera de la entidad aludida, contenidas en el Acuerdo No. 0000006 del 27 de abril de 2016, no se observa poder de mando sobre los subordinados, autonomía para la ordenación de gastos o facultad para celebrar contratos que haga predicar el ejercicio de autoridad civil o administrativa.
1.5.2. El Ministerio público
Solicitó confirmar la sentencia de primer grado, para lo cual advirtió que el asunto objeto de debate se centra en determinar si la demandada se encontraba inhabilitada para ser inscrita y elegida como concejal del municipio de Sincelejo, toda vez que su hermana ocupaba un cargo desde el cual ejercía autoridad administrativa, dado el nivel jerárquico y las funciones asignadas en el empleo de subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E. San Francisco de Asís de Sincelejo. Por lo que se tiene que solamente se discute el elemento objetivo de la inhabilidad, lo que releva el estudio de los demás.
Indicó que, en atención al criterio funcional, la autoridad administrativa la ejercen quienes se encuentran autorizados para celebrar contratos o convenios, ordenar gastos con cargos a fondos municipales, conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, trasladar horizontal o verticalmente a los funcionarios subordinados, reconocer horas extras, vincular personal supernumerario, fijarle nuevas sedes al personal de planta, ser funcionario de las unidades de control interno y/o tener facultades para investigar faltas disciplinarias. Así mismo advirtió que no se requiere la verificación efectiva de su realización, sino que basta con que aquel tenga la virtualidad o potencialidad de desarrollarlas.
Indicó que, de las pruebas obrantes en el expediente, que el gerente de la E.S.E. Unidad San Francisco de Asís, tiene como atribución “ser nominador y ordenador del gasto de acuerdo con las facultades concedidas por la ley y la normatividad vigente”, adicionalmente, de los mismos elementos de juicio no se observa que la hermana de la demanda haya detentado dicha atribución ni siquiera por encargo.
Así, afirmó que, de las facultades enunciadas en los numerales 1, 15, 17 y 21, se observa que la hermana de la demandada si bien tenía bajo su dominio el ejercicio de control frente al talento humano de la E.S.E este no es absoluto, total y autónomo, por cuanto depende de la Gerencia por lo que demuestra un grado total de dependencia para la toma de decisiones sobre el recurso humano lo cual desconfigura el elemento de la autoridad administrativa.
En el mismo sentido, indicó que de la única función que se puede inferir autonomía total de la decisiones es la que se encuentra descrita en el numeral 32, que precisa “expedir los actos administrativos y certificaciones que le correspondan sobre las diferentes situaciones administrativas del personal vinculado a la empresa”, sin embargo dentro de los elementos probatorios, no se logró dilucidar cuál es el contenido, finalidad e impacto de dichos actos, por lo que no se advierte el ejercicio de autoridad administrativa.
CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para tramitar y decidir el presente proceso, en segunda instancia, en virtud de lo establecido en los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 –Reglamento del Consejo de Estado–, expedido por la Sala Plena de esta Corporación.
2.2 Oportunidad de la interposición y sustentación del recurso
El artículo 292 de la Ley 1437 de 2011, dispone la forma en que ha de interponerse y sustentarse el recurso de apelación contra el fallo que se dicte en el trámite de nulidad electoral, prescribiendo que se presentará ante el a quo en el acto de notificación de la sentencia o dentro de los 5 días siguientes a ello. Además, que dicho medio de impugnación se concederá en el efecto suspensivo.
En el presente caso, la demandante allegó la alzada el 8 de junio de 2021 contra el fallo del 19 de mayo de 2021 dentro de la oportunidad procesal antes indicada, toda vez que la sentencia de primera instancia se entiende notificada a los 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos correspondiente, es decir, el 31 de mayo de 2021, de manera tal que el término vencía el 8 de junio.
2.3 Problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar, de conformidad con el recurso de apelación interpuesto si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda contra el acto que declaró la elección de la señora Diana Lucia Arbeláez Hernández como concejal municipal de Sincelejo, para el período 2020-2023.
Para tal efecto corresponde establecer si la señora Angélica María Arbeláez Hernández hermana de la demandada al ocupar el cargo de subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E. San Francisco de Asís de Sincelejo, ejerció autoridad administrativa en el municipio mencionado, configurando así el elemento modal de la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000.
Previo a resolver el problema jurídico que subyace al caso concreto, se procederá a efectuar un análisis preliminar en relación con i) las generalidades de las inhabilidades, ii) los elementos que configuran la causal de inelegibilidad consagrada en el artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000, en cuanto al ejercicio de autoridad administrativa, para luego, iii) abordar el estudio del caso en concreto.
2.4. Generalidades de las inhabilidades en el marco de los procesos de elección popular
Ha señalado esta Sección, que son derechos fundamentales de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política, el de ser elegido y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, prerrogativas que no tiene el carácter de ser absolutas, por lo que la propia Constitución y la ley contemplan restricciones al ejercicio de tales derechos, motivadas en otras garantías -también constitucionales- como el interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública, tal como es el caso de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular.
Así pues, es abundante la jurisprudencia sobre la justificación de las inhabilidades electorales, entre lo cual ha dicho la Corte Constitucional que tales regímenes persiguen “impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los ciudadanos que no ostentan las condiciones y cualidades que han sido estatuidas para asegurar la idoneidad y probidad del que aspira a ingresar o está desempeñando un cargo público.”
En términos similares, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación explica que: “el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la buena administración, del patrimonio público y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda, razones para establecer restricciones a la libertad y a los derechos de los sujetos en el ámbito del derecho público, tendientes a evitar la vinculación a la función pública o el ejercicio de ésta en las diferentes ramas del Poder Público, de personas cuya conducta o situación pueda ser lesiva a esos intereses, principios y valores.”
En este mismo sentido, la Sección Quinta ha señalado que las inhabilidades “buscan preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades.”
Es así, como para cada cargo de elección popular se tiene previsto un régimen de inhabilidades, que enlista actuaciones que no pueden observarse durante un plazo determinado anterior a la inscripción o a la elección -según el caso- so pena de impedir la aspiración política, proscripciones estas que, a su vez, constituyen causales de nulidad de los actos de elección popular, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala:
“Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: /…/
“5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.”
Aclarado lo anterior, se procederá a analizar los elementos constitutivos de la inhabilidad consagrada en el artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000.
2.5. Elementos que configuran la causal de inelegibilidad consagrada en el artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000. Criterios jurisprudenciales para identificar el ejercicio de autoridad administrativa.
Pretende la parte demandante que se revoque la sentencia apelada y en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda, debido a que considera que la señora Diana Lucía Arbeláez Hernández incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43.4 de la Ley 136 de 1994, modificada por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que a la letra reza:
“Artículo 43. Inhabilidades. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: …
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; ...”
La Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección han acudido, “para efectos de precisar los elementos que caracterizan este poder (…) no con carácter analógico sino a título de referente conceptual”, a la definición de dirección administrativa plasmada en el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 que en su tenor literal dispone:
“DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras, vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.”
La Sección Quinta del Consejo de Estado ha aceptado que a la noción de autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio funcional que, a partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio de la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes de mando.
Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 2005, mediante la cual esta Sala dispuso:
“Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección administrativa, por ser ésta es una manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia ha admitido que comportan autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:
La celebración de contratos o convenios.
La ordenación de gastos u horas extras.
La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones y su suspensión.
El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva sede al personal de planta.
Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.
Sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones que implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre y cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como lo ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:
“…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional, departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a tener esa importancia.” (Negrilla y subrayas fuera de texto)
Es menester recordar que la inhabilidad prevista en la ley supone la configuración de tres elementos, de tal manera que de faltar alguno no estaría tipificada:
Objetivo. Ejercer como empleado público,
Modal: en tal virtud ostentar jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar,
Temporal. Se adelante dentro de los doce meses anteriores a la fecha de elección.
Territorial. Que lo anterior se cumpla en el mismo municipio en el que se es elegido.
Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo caso se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten de manera concurrente y, en caso de que no sea así se entenderá que no se materializó el cargo de nulidad planteado. Teniendo claros los requisitos estructuradores de la inhabilidad endilgada al demandado, se entrará a revisar el caso concreto.
2.7. Caso concreto
Dentro del proceso existe plena prueba de que la señora Angélica María Arbeláez Hernández, hermana de la concejal demandada se desempeña en el cargo de Subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E. San Francisco de Asís de Sincelejo, código 068 grado 14, del nivel directivo y de libre nombramiento y remoción, nombrada mediante resolución No. 00000255 del 3 de mayo de 2016 y posesionada en la misma fecha.
Como pudo anticiparse, la discusión entre las partes se centra exclusivamente en la presunta materialización del elemento modal de la inhabilidad relacionado con el ejercicio de autoridad administrativa por parte de la hermana de la demanda, para lo cual en el escrito de impugnación, se hizo énfasis en que en virtud del cargo que ocupó ésta y de las funciones asignadas, en especial las de planeación, dirección, coordinación y vigilancia, contenidas en los numerales 17, 32 y 33 del manual de funciones del empleo de subdirector Administrativo y Financiero de la E.S.E. San Francisco de Asís, salta a la vista que la hermana de la demandada (I) tenía personal a cargo respecto del cual le correspondía adelantar proceso de selección, ingreso y desvinculación, lo que implicaba a su vez la facultad de conceder permisos, licencias no remuneradas y vacaciones, y (II) la evaluación de desempeño de funcionarios adscritos a su dependencia, lo que constituye subordinación y dependencia de los empleados a su cargo, lo que a todas luces traduce el poder decisorio y de mando que implica el ejercicio de autoridad administrativa.
En consideración a que el ejercicio de autoridad administrativa puede constatarse desde la perspectiva orgánica o funcional, como se explicó en el acápite 2.6 de esta providencia, desde el primer punto de vista evidencia la Sala lo siguiente:
2.7.1. Desde la perspectiva orgánica
Según el Acuerdo No. 0000006 del 27 de abril de 2016 “por el cual se ajusta el manual de funciones, requisitos y competencias laborales de la E.S.E. Unidad de Salud San Francisco de Asís”, el cargo que desempeñó la hermana de la accionada es del nivel directivo, y además pertenece a la gerencia de la mencionada entidad. Por ende, es evidente que dentro la unidad de salud no ocupó el empleo de gerente, investidura de la cual por disposición del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, se desprende el ejercicio de autoridad administrativa, tal y como se puede observar, del acto de nombramiento y del organigrama, así:
Nombramiento:
Organigrama:
En ese orden de ideas, desde la perspectiva orgánica, no se evidencia que la pariente de la demanda dentro de la estructura de la entidad haya desempeñado alguno de los cargos de mayor jerarquía, de los cuales pueda desprenderse prima facie el ejercicio de autoridad administrativa.
2.7.2. Desde la perspectiva funcional
Empero, como se indicó líneas atrás, también debe emprenderse el análisis del desempeño de dicha autoridad desde el punto de vista funcional, para lo cual se traen a colación las tareas que tenía asignadas la señora Angélica María Arbeláez Hernández como Subdirectora Administrativa y Financiera de la E.S.E. San Francisco de Asís de Sincelejo, código 068 grado 14, Acuerdo No. 0000006 del 27 de abril de 2016 ”por el cual se ajusta el manual de funciones, requisitos y competencias laborales de la E.S.E. Unidad de Salud San Francisco de Asís”
Propósito principal: Planear, dirigir, evaluar y ejecutar políticas administrativas en materia de recursos humanos, físicos y de apoyo logístico y financieros para generar y agenciar recursos que apoyen e impulsen los programas y proyectos de la E.S.E Unidad de Salud San Francisco de Asís para cumplir la misión, metas y objetivos trazados.
Descripción de funciones esenciales: 1. Planear, dirigir, organizar, coordinar y controlar el manejo de los recursos humanos, físicos y financieros de la Empresa en materia de presupuesto, pagaduría, contabilidad, facturación, mantenimiento y servicios generales.
5. Dirigir, supervisar y realizar el control a los contratos en materia administrativa y financiera que celebre la Gerencia de la Empresa de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia.
6. Evaluar la calidad, el impacto y la productividad de los servicios administrativos y financieros, garantizando el cumplimiento de la misión, los objetivos y metas institucionales señaladas por la Gerencia y por el Plan de Desarrollo.
12. Planear, organizar, coordinar, controlar y evaluar las actividades de su área y gestionar los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.
15. Planear, dirigir, coordinar y controlar la prestación de servicios administrativos y logísticos a los internos y a las instituciones relacionadas con el factor humano (administración y desarrollo), suministros, planta física, tecnologías de equipos, sistemas de información y servicios de apoyo logístico.
17. Administrar los procesos de selección, ingreso, inducción, promoción y desvinculación de los servidores de la Empresa.
21. Vigilar y controlar la elaboración de las hojas de vida de los servidores de la Empresa, custodiar y mantenerlas y expedir las certificaciones requeridas.
24. Dirigir y controlar la elaboración y el envío de los reportes de cesantías de los servidores y ex servidores de la Empresa.
25. Dirigir y controlar la elaboración de la nómina para cancelar sueldos, vacaciones, primas y demás emolumentos para los servidores de la Empresa.
32. Expedir los actos administrativos y las certificaciones que le correspondan sobre las diferentes situaciones administrativas del personal vinculado a la Empresa.
33. Evaluar el desempeño de los funcionarios adscritos a la subgerencia administrativa y financiera.
37. Dirigir la gestión de los servicios de mantenimiento locativo, seguridad, aseo, mensajería y conducción requeridos por las dependencias.
38. Dirigir y supervisar todos los recursos y recaudos que correspondan a la Empresa por la prestación de los servicios de salud que ofrece de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley.
42. Vigilar el manejo transparente y uso eficiente de los recursos financieros y atender oportunamente el pago de las exigibilidades a cargo de la Empresa.
43. Dirigir, coordinar y supervisar la realización y entrega oportuna de los informes contables y demás informes que requieran las autoridades competentes.
De las funciones enunciadas, el recurrente hace énfasis en las que implican dirección, porque estima que de ellas se desprende per se, la capacidad de mando que caracteriza a la autoridad administrativa.
En este punto vale la pena destacar, sin desconocer la importancia del propósito principal del empleo que desempeñó la hermana de la demandada y de las funciones antes señaladas, cuya nota distintiva está en asumir responsabilidades que implica liderazgo en lo relacionado con el manejo de los recursos humanos, físicos y financieros de la empresa, la administración de los procesos de selección de los servidores, la expedición de actos administrativos y certificaciones sobre la situación administrativa de los empleados, la evaluación de los empleados de su dependencia y la atención de algunos servicios básicos para apoyar la gestión misional de la administración, que para predicar el ejercicio de autoridad administrativa debe advertirse que las funciones se ejerzan con autonomía, con un amplio margen de facultad decisoria, lo que se pone entredicho por ejemplo, cuando el desempeño de las tareas está condicionado a las facultades y competencias de dependencias y/o funcionarios de mayor jerarquía, respecto de quienes formal y materialmente recae la potestad de mando que incluye posibilidad de coerción.
En consonancia con lo anterior, la Sección ha establecido que si las funciones y el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de dirección con autonomía decisoria, se puede concluir que el servidor público ejerce autoridad administrativa.
“No obstante ello, las potestades que se confieren a un determinado empleo en lo concerniente a dirigir las actividades de coordinación, programación de los procesos de administración de personal, seguridad industrial, y relaciones laborales (num. 2); dirigir la ejecución de los programas de selección, inducción, capacitación (num. 3); controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes y programas de gestión presupuestal (num. 5); dirigir la elaboración del plan financiero de fuentes y usos de recursos de la entidad (num. 6), y dirigir, coordinar y controlar la adecuada prestación de los servicios (num. 9), asignaciones todas estas precedidas del verbo dirigir, no implican, por esta sola característica terminológica, que constituyan funciones que conlleven, que tengan inmerso o implícito —per se— autonomía con poder en función de mando que incluya posibilidad de coerción.
Porque no se desprende de tales atribuciones nominales que por ostentar esta clase de competencias el jefe administrativo y financiero goce de facultades que le concedan autonomía funcional para tomar decisiones en campos tales como: nombrar o remover personal de la corporación, conferir comisiones y traslados, sancionar disciplinariamente, comprometer el presupuesto, celebrar contratos, imponer medidas de obligatorio acatamiento”.
Sobre la relación entre el ejercicio de autoridad administrativa y la autonomía con poder en función de mando, se ha considerado necesario revisar si el desempeño de las funciones objeto de análisis está o no condicionado a las potestades de otras autoridades de mayor jerarquía, como ocurrió en el fallo del 3 de diciembre de 2020 de esta Sección, frente a la atribución de una función de dirección en cabeza de un subdirector de planeación ambiental de una corporación autónoma regional, que estaba estrechamente ligada a las potestades conferidas al representante legal y al consejo directivo de la entidad.
“4.5.1.1. “Dirigir el proceso de formulación de los planes, programas y proyectos que se requieran para el desarrollo del objeto y funciones de la Corporación, así como la formulación de las actualizaciones o modificaciones necesarias para los instrumentos de planeación, Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR, Plan de Acción Institucional y Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI.”
Una lectura desprevenida de la atribución dada al Subdirector de Planeación Ambiental de la CVS permite sostener que las labores que de allí se desprenden, responden al apoyo profesional especializado del cargo, lo que impide reconocer el ejercicio de actos de poder que se impongan de forma obligatoria a los diferentes componentes que hacen parte de ese órgano corporativo.
En otros términos, y sin desconocer su importancia, la Sala admite que dirigir el proceso de formulación de los programas y proyectos requeridos para el desarrollo del objeto de la CVS y las actualizaciones de los instrumentos de planeación, así como de los planes de Gestión Ambiental Regional – en adelante PGAR–, de Acción Institucional –en adelanta PAI– y Operativo Anual de Inversiones –en adelante POAI–, tan solo puede traducirse en la participación activa del Subdirector en su elaboración, comoquiera que el estudio sistémico de las competencias de la entidad, lleva a concluir que la adopción y, por consiguiente, la facultad decisoria, es atribuida a otro tipo de órganos.
En ese orden, se tiene que, de conformidad con el artículo 4° del Acuerdo N°. 302 de 15 de noviembre de 2016, la Dirección General de la CVS es la dependencia que “…lidera y orienta la formulación de políticas institucionales, así como la adopción y ejecución de planes, programas y proyectos de la entidad, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la misión de la corporación y el desarrollo organizacional de la misma…”; prerrogativa que, sin duda, se aviene, a la condición que ostenta su Director General, como representante legal y máxima autoridad ejecutiva, a las voces del artículo 28 de la Ley 99 de 1993.
Igualmente, se resalta que a la luz del literal l) del artículo 3° del referido Acuerdo, el Consejo Directivo es el órgano encargado de la aprobación del PAI y el PGAR, descontando con ello la titularidad de autoridad administrativa en cabeza de JUAN CARLOS BENÍTEZ MORA ante la ausencia de un poder de imposición.
Desconocer lo anterior, significaría transgredir los postulados del principio de legalidad que orientan la puesta en marcha de las prerrogativas que son ofrecidas a las autoridades estatales, y que enseña que sus competencias se encuentran limitadas por los precisos términos referidos en la Constitución, la ley y los reglamentos, sin que el intérprete pueda deducir o suponer en este campo” (destacado fuera de texto).
Se traen a colación las anteriores consideraciones, porque respecto de las funciones de dirección a que hace referencia la parte demandante, no puede pasarse por alto que la potestad decisoria en realidad recae en alguien de mayor jerarquía, esto es el gerente de la empresa social del Estado, según se desprende del Acuerdo No. 0000006 de 27 de abril de 2016, el cual, respecto del anterior funcionario le reconoce las facultades de:
“Ejercer las funciones de dirección, asesoría, supervisión y control en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en la E.S.E. Unidad de Salud San Francisco de Asís y entre sus funciones esenciales se encuentra la de “1) dirigir la empresa manteniendo la unidad de intereses en torno a la misión y objetivos de la misma; 2. representar a la E.S.E. (…) judicial y extrajudicialmente; 5. Definir las políticas, planes y programas relacionados con la administración y desarrollo del talento humano, los recursos físicos y los recursos financieros en sujeción a las normas vigentes; 6. Ser nominador y ordenador del gasto de acuerdo con las facultades concedidas por la ley y la normatividad vigente; 7. Velar por el cumplimiento del manual de funciones y las normas legales que rigen la empresa para establecer un orden y control sobre sus procesos objetivos; 14. ejercer la función disciplinaria de acuerdo con las normas legales sobre la materia; 16. Presentar para la aprobación de la Junta Directiva los planes de desarrollo, el presupuesto de rentas y gastos, el plan de cargos conforme con las normas reglamentarias y dentro de los términos previstos; 18. Dirigir el desarrollo de los procesos de licitaciones públicas, concursos de mérito y demás formas de adquisición y/o contratación de bienes y/o venta de servicios para la empresa y celebrar y/o suscribir los contratos de conformidad con los estatutos y normas establecidos por la junta directiva en sujeción con las normas vigentes.”
Del análisis de las funciones de la máxima autoridad de la E.S.E. San Francisco de Asís de Sincelejo, y por ende, del superior jerárquico del subdirector Administrativo y Financiero, se tiene que en materia de manejo del talento humano, (entre las cuales se destaca los procesos de selección, ingreso y desvinculación de los servidores de la empresa, decisión sobre las situaciones administrativas, permisos, licencias, encargos o suspensiones por decisiones disciplinarias) de la administración de los recursos de la entidad, la prestación de servicios generales y la subordinación y dependencias de los empleados a su cargo, es el principal responsable, y por consiguiente, en cabeza de quien se encuentra el ejercicio de potestad de mando con autonomía, que no se evidencia respecto del empleo que desempeñó la hermana de la demandada, aunque frente a las atribuciones de éste el manual de funciones haya empleado verbos como dirigir, coordinar, evaluar, planear, administrar o controlar.
Por lo tanto, del tenor literal de las funciones que según el demandante, aluden como constitutivas del ejercicio de autoridad administrativa, no se les puede dar el alcance que pretende, pues sus labores siempre estuvieron bajo la autorización, dirección y el poder de mando de su superior jerárquico.
De otro lado, entre las funciones enunciadas en el manual de funciones, la parte recurrente hace énfasis en las atinentes a (I) la administración de procesos de selección, ingreso, inducción, promoción y desvinculación de servidores, (II) a la expedición de actos administrativos y certificaciones que correspondan a diferentes situaciones administrativas del personal vinculado a la empresa; y (iii) la evaluación del desempeño de los funcionarios adscritos a la subgerencias, porque para el cumplimiento de las mismas puede inferirse el ejercicio de atribuciones en materia de contratación propias de las autoridades administrativas.
Del análisis detallado de las mencionadas tareas, se advierte que la facultad consistente en administración de las formas de vinculación del personal, elaboración de certificaciones de las situaciones administrativas y evaluación de desempeño de los funcionarios de su dependencia, no suponen per se para la hermana de la demandada el reconocimiento de la potestad de contratación, de ordenador del gasto o facultad nominadora, sino simplemente el desarrollo de tareas de coordinación que contribuyan a la debida administración del talento humano requerido por la entidad para cumplir con su cometidos.
Lo anterior es así, por cuando la labor de administración del proceso de selección, ingreso, inducción, promoción y desvinculación de servidores, atiende a una labor complementaria a la ejercida de quien tiene a su cargo la nominación de la entidad que en este caso es el gerente, dado que es éste quien tiene la facultad de ingresar o desvincular al personal.
En el mismo sentido, sucede con la potestad para expedir certificaciones y actos administrativos referentes a las situaciones administrativas, atribución que no denota que la subdirectora Administrativa y Financiera, tenga la potestad expedir algún tipo de permiso, licencia, encargo o suspensión, pues su labor se limita simplemente a proferir una constancia del estado en que se encuentre cada funcionario de la entidad.
Por su parte en cuanto a la facultad de evaluación de desempeño de los funcionarios de su dependencia, ello no es óbice para considerar que se tenga disposición sobre los mismos, pues esta Sección ha sostenido que respecto de la evaluación de las labores atribuidas al equipo de trabajo, “…corresponde a la coordinación natural que debe existir frente a empleados directos de un cargo del nivel directivo y a la verificación del cumplimiento de las metas propuestas al interior de una dependencia administrativa”, sin que otorgue, por consiguiente, la titularidad de la autoridad de que trata el artículo 40.4 de la Ley 617 de 2000.
Así mismo se reitera, que tanto la facultad nominadora, como la ordenación del gasto se encuentra en cabeza de la gerente de la empresa social del Estado, circunstancia que logra determinar que quien ostente el mencionado empleo es de quien se puede predicar el ejercicio de autoridad administrativa, así mismo se precisa que en el plenario no existe prueba de que se haya delegado alguna función que permita establecer que la hermana de la demanda ejerció el mencionado tipo de autoridad.
2.8. Conclusión
La Sala considera que el actor no desvirtuó la presunción de legalidad del acto de elección de la señora Diana Lucia Arbeláez Hernández como concejal del Municipio de Sincelejo, para el período 2020-2021, contenido en el formulario E-26CON del 10 de noviembre de 2019, por tanto, se confirmará sentencia de primer grado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. FALLA:
PRIMERO: LEVANTAR la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto de elección de la señora Diana Lucia Arbeláez Hernández como concejal del Municipio de Sincelejo, para el período 2020-2021, contenido en el formulario E-26CON del 10 de noviembre de 2019.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de mayo de 2021, por medio de la cual la Sala de Decisión N° 3 del Tribunal Administrativo de Sucre que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.
ARTICULO 40. DE LAS INHABILIDADES DE LOS CONCEJALES. No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital: 4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo municipio o distrito en la misma fecha. Articulo 3: jurisdicción. El centro de salud de la unidad intermedia San Francisco de Asís “empresa social del estado”. Tiene jurisdicción en todo el territorio del municipio de Sincelejo, pero podrá ampliar su área de influencia dependiendo de su capacidad técnica, administrativa y financiera. Su domicilio y sede de sus órganos administrativos, será en la cabecera municipal de Sincelejo, donde actualmente funciona la entidad que se trasforma”. Personalmente a la demandada, a la RNEC, al CNE, Ministerio Público y por estado al demandante. Personalmente a la demandada, a la RNEC, al CNE, Ministerio Público y por estado al demandante. Como obra en la sentencia de primera instancia, visible en SAMAI. En razón a que la notificación se realizó el 27 de mayo (Documento: 53 folio 1) pues conforme el número 2 del artículo 205 de la Ley 1437 modificada por la Ley 2080 “La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación”. Artículo 292 de la Ley 1437 de 2011. Se debe tener en cuenta los días festivos. Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 3 de agosto de 2015. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez Rad. 11001032800020140005100. Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia del 12 de marzo de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. 1100103280002014-0006500. Corte constitucional. Sentencia del 4 de Febrero de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería. Expediente D-4060. Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 21 de abril de 2009. C.P. Ruth Stella Correa Palacio Rad. 2007-00581(PI). Consejo de Estado- Sección Quinta. Sentencia de 31 de julio de 2009. C.P. Susana Buitrago Valencia Rad. 2007-00244-02. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800. M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010. En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-31-000-2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020. Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de febrero de 2002, radicado 2804, M.P. Darío Quiñones Pinilla. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 3 de mayo de 2013, M.P: Susana Buitrago Valencia, Radicado No. 23001-23-31-000-2008-00087-03 (IJ)
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00, 11001-03-28-000-2020-00017-00. De la competencia que se comenta.
“El Director General será el representante legal de la Corporación y su primera autoridad ejecutiva.”
“Son funciones del Consejo Directivo, las señaladas en el artículo 27 de la Ley 99 de 1993 y en las demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan a saber: (…) l) Aprobar el Plan de Acción Institucional PAl y el Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR, que fuesen presentados por parte del Director General.”
Art. 6 C.P. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00, 11001-03-28-000-2020-00017-00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-23-33-000-2015-02491-01. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 9 de febrero de 2017.
Radicado: 700012333000201900284-03
Demandante: Sandra Paola Anillo Díaz y otros
Demandado: Diana Lucía Arbeláez Hernández, concejal de Sincelejo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 70001-23-33-000-2019-00284-03
Demandante: Sandra Paola Anillo Díaz y otros
Demandado: Diana Lucía Arbeláez Hernández, concejal de Sincelejo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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