Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00261-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 54001-23-33-000-2023-00261-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 54001-23-33-000-2023-00261-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
8 de agosto de 2024
Demandante: Jesús Daniel Romero Castro
Demandado: Juan Sebastián Navas Patiño – concejal de Los Patios
Rad: 54001-23-33-000-2023-00261-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 54001-23-33-000-2023-00261-01
Demandante: JESÚS DANIEL ROMERO CASTRO
Demandado: JUAN SEBASTIÁN NAVAS PATIÑO - CONCEJAL DEL
MUNICIPIO DE LOS PATIOS (NORTE DE SANTANDER) -
PERÍODO 2024—2027.
Temas: Inhabilidad por parentesco con autoridad administrativa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra
la sentencia del 16 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander, que negó las pretensiones de la demanda tendiente a
obtener la nulidad del acto de elección del señor Juan Sebastián Navas Patiño
como concejal del municipio de Los Patios (Norte de Santander) para el período
2024 – 2027.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Jesús Daniel Romero Castro, obrando a través de apoderado, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, conforme a lo
establecido en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, con las siguientes
pretensiones1:
PRIMERO: DECLÁRESE que es NULA la declaración de elección como Concejal
del Municipio de los Patios (N de S) del señor JUAN SEBASTIAN NAVAS
PATIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. 1.093.795.042, realizada en
el formulario E-26 CON expedida por los Miembros de la Comisión Escrutadora,
el día 05 de noviembre del 2023, que contiene el resultado de las votaciones para
Concejo Municipal y declara la elección del este municipio, para el periodo
constitucional del 2024-2027.
1
Según consta en el escrito de subsanación de la demanda visible en la anotación 3 del
expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
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Demandante: Jesús Daniel Romero Castro
Demandado: Juan Sebastián Navas Patiño – concejal de Los Patios
Rad: 54001-23-33-000-2023-00261-01
SEGUNDO: Como consecuencia de la nulidad declarada, SE CANCELE, la
credencial de concejal del Municipio de los Patios (N de S) del señor JUAN
SEBASTIAN NAVAS PATIÑO, identificado con cédula No. 1.093.795.042, de
conformidad con lo expuesto en el numeral tercero del art. 288 del CPACA.
1.2. Hechos
Señaló que el señor Juan Sebastián Navas Patiño fue elegido concejal del
municipio de Los Patios (Norte de Santander) el 29 de octubre de 2023 con el
aval del partido Alianza Social Independiente.
Indicó que el demandado es hijo del señor Carlos Alberto Navas Chavarro, quien
ejerció el cargo de almacenista y jefe de Archivo del Instituto de Tránsito y
Transporte del municipio de Los Patios, con ocasión del cual tuvo funciones de
supervisión de contratos, ordenación del gasto y tuvo personal a cargo durante el
año anterior a las referidas elecciones; es decir, ejerció autoridad administrativa
dentro de los 12 meses anteriores a la designación del demandado como concejal
de ese municipio.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
La parte actora sostuvo que el demandado incurrió en la causal de inhabilidad
consagrada en el numeral 4 del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 que modificó el
artículo 43 de la Ley 136 de 1994.
Manifestó que la elección demandada se realizó con violación del régimen de
inhabilidades de los concejales, por lo que debe declararse su nulidad en los
términos del numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Adujo que en este caso está demostrado el parentesco en primer grado de
consanguinidad entre el señor Juan Sebastián Navas Patiño y el señor Carlos
Alberto Navas Chavarro.
Sostuvo que el padre del demandado ejerció autoridad civil por el criterio funcional
al haber sido almacenista y jefe de Archivo del Instituto de Tránsito y Transporte
del municipio de Los Patios.
Agregó que también ejerció autoridad política al haber supervisado la contratación
y realizado actividades tales como avalar y autorizar pagos en la actividad
contractual según consta en Secop II, así como el manejo de personal y
situaciones administrativas de algunos empleados.
Afirmó que algunas de las funciones de almacenista y jefe de Archivo encajan en
el ejercicio de autoridad civil y también implican autoridad administrativa, según
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Demandante: Jesús Daniel Romero Castro
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consta en el manual de funciones del Instituto de Tránsito y Transporte del
municipio de Los Patios, Acuerdo 002 del 1 de septiembre de 2021;
concretamente, las referentes a distribuir tareas administrativas; custodiar bienes
de la entidad; ejercer poder coercitivo; atribuciones de contratación; preparar y
presentar resoluciones que giran en torno a la unidad de talento humano tales
como el reconocimiento y pago de vacaciones y demás acreencias laborales,
nombramientos, certificaciones, comisiones, licencias, entre otros.
Destacó que aunque el señor Carlos Alberto Navas Chavarro no ostenta un cargo
de secretario o director de ente territorial, entre sus funciones sí se encuentran
las que corresponden a las de potestad de mando, teniendo plena injerencia en
asuntos contractuales y de manejo de personal.
Recordó que para acreditar la autoridad administrativa no es necesario que dichas
funciones se hayan ejercido, sino que basta con que sean atribuidas.
Aseveró que el señor Carlos Alberto Navas Chavarro ejerció el cargo en cuestión
en el municipio de Los Patios (Norte de Santander) misma entidad territorial en la
que su hijo Juan Sebastián Navas Patiño fue elegido como concejal para el
período 2024-2027, por lo que el elemento territorial está acreditado.
Afirmó que el padre del demandado ejerció el cargo de almacenista y jefe de
Archivo del Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Los Patios durante
todo el año anterior a las elecciones e incluso lo sigue desempeñando en la
actualidad, razón por la que el elemento temporal de la inhabilidad también se
configura.
Solicitó, además, el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional2.
1.4 Contestación de la demanda
1.4.1 Demandado
Por conducto de apoderado judicial, el señor Juan Sebastián Navas Patiño
contestó la demanda en los siguientes términos:
Manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda, por lo que solicitó que
aquellas fueran denegadas.
Señaló que los cargos de almacenista o jefe de Archivo no existen dentro de la
planta de personal del Instituto de Tránsito y Transporte de Los Patios y las
funciones desarrolladas en desempeño de un cargo de ese nivel no implican
2
Mediante auto del 16 de enero de 2024 se admitió la demanda y se denegó el decreto de la
medida cautelar solicitad.
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ejercicio de autoridad civil ni administrativa.
Precisó que el cargo del señor Carlos Alberto Navas Chavarro es el de técnico
operativo código 314, grado 02 el cual no solo por su nivel, sino también por sus
funciones no implica autoridad civil, política, administrativa ni militar.
Expuso que el propósito principal del cargo de técnico operativo, código 314,
grado 02 del Instituto de Tránsito y Transporte de Los Patios es el de «realizar
labores de oficina caracterizadas por el predominio de actividades técnicas,
manuales o tareas de simple ejecución que implican las actividades de apoyo y
complementación de las tareas propias de niveles superiores.»
Citó las funciones de dicho cargo, con el fin de destacar que de ninguna de ellas
se puede predicar el ejercicio de autoridad civil o administrativa, por cuanto en
manera alguna se relacionan con la expedición de órdenes de obligatorio
cumplimiento para los particulares ni para los empleados de la entidad.
Agregó que tampoco está alguna relacionada con la celebración de contratos,
ordenación del gasto, concesión de comisiones o reconocimiento de situaciones
administrativas, ni ninguna otra actividad que implique autoridad civil o
administrativa.
Destacó que el demandante no demostró que durante los 12 meses anteriores a
la elección cuestionada el señor Carlos Alberto Navas Chavarro haya ejercido un
cargo diferente al de técnico operativo, código 314, grado 02 en el Instituto de
Tránsito y Transporte del municipio de Los Patios, razón por la cual no está
acreditado el elemento material de la inhabilidad endilgada.
Explicó que la asignación de funciones no conlleva el pago de salarios
adicionales, por cuanto no se desempeña otro empleo, toda vez que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.5.52 del Decreto 1083 de 2015
no implica la transformación del empleo de quien las recibe.
Afirmó que, según lo establecido en los artículos 4, 26, 83 y 84 de la Ley 80 de
1993 así como del desarrollo jurisprudencial que se ha hecho sobre la materia, el
ejercicio de la supervisión de contratos por parte de un empleado público no
implica el ejercicio de autoridad administrativa, toda vez que de acuerdo con el
artículo 190 de la Ley 136 de 1994 aquella conlleva poderes decisorios, de mando
o imposición sobre los subordinados o la sociedad, lo cual nada tiene que ver con
el supervisor de un contrato que se dedica a hacer seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto de
un acuerdo de voluntades.
Expuso que la supervisión de los contratos se ejerce por parte de la misma entidad
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estatal y no requiere de conocimientos especializados; además, que se
materializa a través de una asignación de funciones, pero no conlleva el ejercicio
de autoridad administrativa.
1.4.2 Registraduría Nacional del Estado Civil
Su intervención se limitó a proponer la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva.
1.4.3 Consejo Nacional Electoral
A través de apoderada manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda.
Señaló que, revisados los archivos de la entidad, no encontró ninguna petición,
queja o solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura del señor Juan
Sebastián Navas Patiño para el Concejo de Los Patios (Norte de Santander), por
lo que los hechos objeto de demanda no fueron puestos en su conocimiento y,
por ende, no tiene competencia para pronunciarse sobre aquellos.
Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva 3.
1.5 Tercero impugnador Germán Ernesto Escobar Higuera
El señor Escobar Higuera quien fue reconocido como tercero dentro del proceso
sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 002 del 1 de
septiembre de 2021 a través del cual «se actualiza, modifica y compila el manual
específico de funciones y competencias laborales de la planta global del Instituto
de Tránsito y Transporte del municipio de Los Patios» el cargo que desempeñó el
padre del demandado no fue de nivel superior ni directivo, razón por la cual no
ejerció autoridad civil ni administrativa.
1.6 La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander a través de sentencia del 16 de
mayo de 2024 negó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
argumentos:
Señaló que dentro del proceso se demostró que el señor Juan Sebastián Navas
Patiño, quien fue elegido como concejal del municipio de Los Patios (Norte de
Santander) es hijo del señor Carlos Alberto Navas Chavarro.
3
Mediante auto del 23 de febrero de 2024 se anunció que las excepciones de falta de legitimación
en la causa por pasiva formuladas por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo
Nacional Electoral serían decididas en la sentencia; sin embargo, no fue así.
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Además, que el padre del demandado labora en el Instituto de Tránsito y
Transporte de ese municipio desde el 14 de enero de 2008, con una vinculación
a término indefinido y desempeña el cargo de técnico operativo.
Indicó que del análisis del Manual de Funciones del Instituto de Tránsito y
Transporte del municipio de Los Patios contenido en el Acuerdo 002 del 1 de
septiembre de 2021, dentro de las responsabilidades asignadas al cargo del padre
del demandado no hay ninguna que implique el ejercicio de autoridad civil o
administrativa.
Agregó que, adicionalmente, fue aportada al expediente una certificación
expedida por el director de Tránsito y Transporte de Los Patios del 2 de abril de
2024 en la que consta que el señor Navas Chavarro no celebra contratos o
convenios en nombre de esa entidad; no actúa como ordenador del gasto; no
confiere comisiones, ni licencias no remuneradas a empleados; no otorga
vacaciones; no autoriza el traslado horizontal ni vertical de funcionarios, por
cuanto no tiene subordinados; no reconoce horas extras ni vincula personal
supernumerario ni de ningún otro tipo a la planta de personal de ese instituto.
Aseveró que el señor Carlos Alberto Navas Chavarro no fue alcalde, secretario
del despacho ni jefe de departamento administrativo del municipio de Los Patios;
además, de sus funciones tampoco se evidencia que tengan relación con algún
tipo de potestad de dirección o de mando sobre los ciudadanos o la comunidad
en general.
Afirmó que el señor Navas Chavarro no tiene atribuciones para expedir
reglamentos, designar o remover empleados ni para disciplinarlos, tampoco para
adoptar decisiones de mando, dirección, coordinación y control sobre empleados,
ciudadanos ni bienes de la entidad.
Explicó, respecto de la supervisión de contratos, que en ningún caso quienes la
ejercen pueden sustituir a las entidades estatales en la toma de decisiones sobre
el contrato vigilado, por lo que en últimas las determinaciones sobre esta materia
son adoptadas por el representante legal de la entidad.
Expuso que si bien la supervisión de contratos conlleva la posibilidad de impartir
instrucciones al contratista, ello no implica la sustitución de las obligaciones
contractuales previamente pactadas ni mucho menos generar direccionamientos
contrarios al objeto contractual, por lo que no puede ser tenida como ejercicio de
autoridad administrativa.
Concluyó que, por lo tanto, el padre del demandado no ejerció autoridad civil ni
administrativa dentro de los 12 meses anteriores a la fecha de la elección
demandada, ni desde el punto de vista orgánico ni funcional.
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1.7 El recurso de apelación
Inconforme con esta decisión, el demandante interpuso recurso de apelación, con
fundamento en los siguientes argumentos:
Adujo que en el fallo de primera instancia se concluyó que el padre del
demandado no ejerció autoridad administrativa por la simple denominación del
cargo y su nivel, sin tener en cuenta el alcance de sus funciones y atribuciones ni
las pruebas allegadas con la demanda.
Señaló que en este evento debe acudirse al factor funcional para establecer si el
señor Navas Chavarro ejerció o no autoridad administrativa dentro del año
anterior a la elección de su hijo como concejal de Los Patios (Norte de Santander).
Agregó que el ejercer como supervisor de contratos, avalar y autorizar pagos de
la actividad contractual del Instituto de Tránsito y Transporte del referido municipio
y manejar personal junto con sus situaciones administrativas demuestra el
ejercicio de autoridad en este caso.
Destacó que dentro de las funciones atribuidas al señor Navas Chavarro estaba
la de preparar y presentar las resoluciones que giran en torno a la unidad de
talento humano, referentes al pago de vacaciones y demás acreencias laborales,
así como la de apoyar en la ejecución de cumplimiento de las normas a que se
debe sujetar la selección, evaluación, capacitación y bienestar social de los
empleados. (Función 30 del acápite del manual de funciones del Instituto de
Tránsito y Transporte de Los Patios).
Además, las relacionadas con el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT;
matrículas y licencias que le otorgan poder de decisión. (Función 20 del acápite
del manual de funciones del Instituto de Tránsito y Transporte de Los Patios).
Reiteró que, en este caso, se reúnen todos los elementos de la inhabilidad
endilgada, razón por la cual se debe revocar la sentencia apelada y, en su lugar,
acceder a las pretensiones de la demanda.
1.7. Actuaciones de segunda instancia
Mediante auto del 20 de junio de 20244 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el actor en contra de la sentencia de primera instancia.
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Anotación 5 del expediente visible en la Sede electrónica para la gestión judicial, Samai.
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1.8 Alegatos de conclusión
1.8.1 Demandante:
A través de apoderado reiteró los argumentos esgrimidos durante la primera
instancia.
Agregó que el análisis debe hacerse a partir de las atribuciones asignadas por el
manual de funciones al padre del demandado de las cuales se evidencia que
ejerció supervisión de contratos y autorizó pagos de diversa naturaleza, por ende,
tuvo autoridad.
Adujo que la facultad nominadora y de ordenación del pago está en cabeza del o
la gerente de la entidad, pero, de todas formas, el señor Carlos Alberto Navas
Chavarro se pronunció sobre situaciones administrativas y matrículas y licencias
de conducción que le otorgaron poder de decisión frente a usuarios y empleados
de la entidad donde labora.
Precisó que para ser supervisor de un contrato no se requiere tener conocimientos
específicos, tanto es así, que el padre del demandado ejerció dicho rol respecto
de varios acuerdos de voluntades.
Solicitó acceder a las pretensiones de la demanda.
1.8.2 Demandado:
Por conducto de apoderado, reafirmó lo expuesto en el escrito de contestación de
la demanda.
1.8.3 Tercero Germán Ernesto Escobar Higuera
Sostuvo que en el presente evento no se demostró que el señor Carlos Alberto
Navas Chavarro hubiese ejercido autoridad civil, administrativa ni política desde
el punto de vista orgánico ni funcional dentro del año anterior a la elección de su
hijo Juan Sebastián Navas Patiño como concejal del municipio de Los Patios
(Norte de Santander).
Agregó que tampoco se acreditó que el padre del demandado tuviera potestad de
mando ni de dirección con autonomía decisoria.
Concluyó que se debe confirmar la sentencia de primera instancia.
1.8.4 Registraduría Nacional del Estado Civil
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Reiteró lo expuesto durante el trámite de primera instancia.
1.9 Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la
sentencia impugnada con base en los siguientes argumentos:
Adujo que, del análisis de las funciones atribuidas al cargo técnico operativo,
código 314, grado 2 desempeñado por el señor Carlos Alberto Navas Chavarro
no se encuentra ninguna que implique ejercicio de autoridad, por cuanto aquellas
se ubican en el marco del apoyo y complementación de las tareas propias de los
niveles superiores.
Explicó que la supervisión de contratos no implica ejercicio de autoridad
administrativa o civil, en tanto su labor se limita a verificar que el contrato se
ejecute según lo pactado y, en caso de no ser así, informar a los funcionarios
competentes para que adopten las medidas necesarias para asegurar su
cumplimiento.
Manifestó que las tareas relacionadas con la preparación de las resoluciones que
giran en torno al manejo del talento humano y el apoyo en la ejecución de las
normas a las que se deben sujetar la selección, evaluación capacitación y
bienestar social de los empleados, se refieren a labores asistenciales en las que
no media el ejercicio pleno para la toma de decisiones, por cuanto son meras
proyecciones de documentos.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 16 de mayo
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, de
conformidad con lo establecido en los artículos 1505 y 152 numeral 7.a del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.
5 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150. Competencia del
Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación…»
6 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152. Competencia de
los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos conocerán en primera
instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, de los… miembros de
corporaciones públicas de los municipios y distritos…»
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2.2. Cuestión previa
Mediante auto del 23 de febrero de 2024 el a quo anunció que la excepción de
falta de legitimación en la causa formulada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral serían resueltas en la sentencia de
primera instancia; sin embargo, en dicha providencia no hubo pronunciamiento
alguno al respecto.
Así las cosas y en atención a que la excepción formulada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil tiene vocación de prosperidad, hay lugar a pronunciarse
sobre aquella.
El apoderado de la entidad manifestó que no está llamada a responder por las
pretensiones de la demanda, en la medida que no hay conexidad entre las
censuras allí expuestas y las funciones del órgano electoral.
Como sustento de la excepción, sostuvo que la Sección Quinta ha señalado que
la vinculación de la RNEC en esta clase de procesos solo será necesaria, cuando
las competencias de la entidad tengan injerencia en el caso concreto, lo que no
sucede en situaciones donde se alega la inhabilidad bajo estudio.
Al respecto, es preciso advertir que si bien, se debe «determinar la correlación
que pueda surgir entre los planteamientos que somete el demandante al debate
judicial y las actuaciones de la RNEC en relación con los vicios de nulidad
advertidos»7, no se debe perder de vista que tal correlación depende de la
actuación desplegada por la autoridad electoral en sede administrativa, en
consideración a la materia sujeta a control judicial.
Conforme a lo anterior, hay lugar a declarar probada la excepción por virtud de
que la competencia que tiene esta entidad en relación con la inscripción de
candidaturas, no incluye la revisión de causales de carácter subjetivo de nulidad
electoral.
De modo que, frente a la naturaleza de los vicios por los cuales se acusa la
legalidad del acto de elección, esto es, presuntamente haber incurrido en la
inhabilidad por parentesco con autoridad civil o administrativa, es posible advertir
que esta causal no encuentra relación alguna ni se enmarca en la órbita de sus
funciones que amerite mantener su vinculación en el presente proceso.
Por tal motivo, debe declararse su prosperidad.
7 Ibidem.
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2.3. Problema jurídico
En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia
del 16 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, que negó las pretensiones de la demanda tendiente a obtener la
nulidad de la elección del señor Juan Sebastián Navas Patiño como concejal del
municipio de Los Patios (Norte de Santander) para el período 2024-2027.
Para el efecto, se debe establecer si estuvo incurso en la inhabilidad consagrada
en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994 modificado por el artículo
40 de la Ley 617 de 2000.
Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará la segunda
instancia desde los siguientes ejes temáticos: (i) el marco jurídico y
jurisprudencial de la inhabilidad por parentesco con funcionario que ejerce
autoridad, consagrada en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994
modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 y, (ii) el caso concreto.
2.4 La causal de inhabilidad por parentesco con funcionario que ejerce
autoridad del artículo 43, numeral 4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el
artículo 40 de la Ley 617 de 2000
Las inhabilidades están erigidas como especiales condiciones objetivas que
pueden recaer sobre una persona y que tienen como único fin que quienes
accedan o estén en la función pública, desempeñen su cargo bajo los criterios de
igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad, garantizando de esta forma la
prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales8.
En este sentido, las diferentes circunstancias que configuran una inhabilidad
examinan la órbita personal del aspirante o servidor en ejercicio, de manera que
«auscultan en los antecedentes personales, las relaciones familiares, el ejercicio
profesional y las actividades lucrativas del interesado»9.
Acorde con lo anterior, al constituir las inhabilidades una restricción al derecho de
acceso a cargos públicos, la Constitución Política de 1991 dispuso que el
desarrollo de su régimen jurídico tiene una cláusula de reserva legal, lo cual ha
sido enfatizado por parte de esta Corporación, estableciéndose en diferentes
8 Corte Constitucional. Sentencia C-564 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell. Ver también
sentencias C-558 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz, Sentencia C-483 de 1998 M.P. José Gregorio
Hernández Galindo.
9 OSORIO CALDERÍN, Ana Carolina, Manual de Inhabilidades Electorales, 2ª Edición, Grupo
Editorial Ibáñez, 2014, p. 24.
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oportunidades que el único facultado para estructurar las circunstancias
especiales que limitan el referido derecho es el legislador.10
Precisamente, tratándose de los concejales municipales y distritales, fue con la
Ley 136 de 1994 que se enlistaron las causales inhabilitantes de estos servidores
públicos para inscribirse o ser elegidos como tales. En relación con el supuesto
de hecho objeto de estudio, se tiene que el mismo fue dispuesto con el siguiente
tenor literal:
ARTÍCULO 43. INHABILIDADES. <Artículo modificado por el artículo 40 de la
Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como
candidato ni elegido concejal municipal o distrital:
(…)
4. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección
hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo municipio o distrito; o con quienes dentro del mismo lapso hayan
sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o
contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o
de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.
Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o
parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o
único civil, y se inscriba por el mismo partido o movimiento político para elección
de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el mismo
municipio o distrito en la misma fecha. (Se resalta).
En lo que interesa a este caso, de la norma que se aduce desconocida, se pueden
extraer los siguientes elementos estructuradores, a saber11:
1) La existencia del vínculo por matrimonio, unión marital o de parentesco hasta
el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, entre el
elegido y el funcionario.
2) Que el cargo se hubiere desempeñado dentro de los 12 meses anteriores a la
elección.
3) Que el empleo implique el ejercicio de autoridad civil, política, administrativa o
militar.
10 Sentencia Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 19 de septiembre de 2013,
radicado Nº 110010328000201200051-00, 110010328000201200052-00
110010328000201200057-00 Acumulado. CP. Alberto Yepes Barreiro Dte: Eduardo Carmelo
Padilla Hernández y otros
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 28
de enero de 2021. Expediente 76001-23-33-000-2020-00013-01. M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio.
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4) Que estos ocurran en el municipio donde resultó elegido el concejal.
Ahora bien12, la Sala Plena del Consejo de Estado y esta Sección13 han acudido,
«para efectos de precisar los elementos que caracterizan este poder (…) no con
carácter analógico sino a título de referente conceptual»14, a las definiciones
plasmadas en los artículos 188, 189 y 190 de la Ley 136 de 1994 que en su tenor
literal disponen:
ARTÍCULO 188. AUTORIDAD CIVIL. Para efectos de lo previsto en esta Ley, se
entiende por autoridad civil la capacidad legal y reglamentaria que ostenta un
empleado oficial para cualquiera de las siguientes atribuciones:
1. Ejercer el poder público en función de mando para una finalidad prevista en esta
Ley, que obliga al acatamiento de los particulares y en caso de desobediencia, con
facultad de la compulsión o de la coacción por medio de la fuerza pública.
2. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, por si o por
delegación.
3. Sancionar a los empleados con suspensiones, multas o destituciones.
ARTÍCULO 189. AUTORIDAD POLÍTICA. Es la que ejerce el alcalde como jefe del
municipio. Del mismo modo, los secretarios de la alcaldía y jefes de departamento
administrativo, como miembros del gobierno municipal, ejercen con el alcalde la
autoridad política.
Tal autoridad también se predica de quienes ejerzan temporalmente los cargos
señalados en este artículo.
ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del
alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento
administrativo y los gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes
de las unidades administrativas especiales, como superiores de los
correspondientes servicios municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos
o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800.
M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago
Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-
00087-03(IJ). M.P. Susana Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.
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Conforme con lo anterior, la autoridad civil se relaciona por el ejercicio de poder
de mando, así como para el nombramiento y remoción de subalternos y sus
respectivas sanciones.
Al respecto, la Sala la ha concebido como una «potestad de dirección o mando
que tiene determinado servidor público sobre los civiles o particulares, la cual
puede hacer cumplir incluso recurriendo a la coacción, esto es, incluso contra la
voluntad de los mismos»15.
Por su parte, la autoridad política se ejerce por los alcaldes, los secretarios y jefes
de departamento administrativo así como por los miembros del gobierno
municipal con poder de mando y decisión.
Ahora bien, frente a la autoridad administrativa, la Sección Quinta del Consejo de
Estado16 ha aceptado que a esta noción puede arribarse a través de un criterio
funcional que, a partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a
un cargo, permita obtener la certeza de que el titular de la función detenta la
autonomía decisoria requerida; o mediante el uso de un criterio orgánico que
se ocupa de desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo,
el ejercicio de la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera,
en poderes de mando.
Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 2005 17,
mediante la cual esta Sala dispuso:
Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad
administrativa por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican
dirección administrativa, por ser ésta es (sic) una manifestación de dicha
autoridad. Y, acudiendo al segundo, será posible concluir que las funciones propias
de un determinado cargo implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al
análisis que de dichas atribuciones haga el juzgador en el caso concreto». (Negrilla
fuera de texto)
Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia18 ha admitido que comportan
autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:
15
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 7 de
febrero de 2019, MP Alberto Yepes Barreiro, Rad. 11001-03-28-000-2018-00048-00.
16 En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-
00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-
31-000-2003-01299-02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-
000-2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.
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• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de
vacaciones y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva
sede al personal de planta.
• Hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.
Lo anterior, sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de funciones
que implican el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado, siempre
y cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones hasta aquí
referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la facultad
decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los fines
esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que, como
lo ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad administrativa es:
…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad.
La autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones
administrativas de una connotación como la descrita y excluye las demás que
no alcanzan a tener esa importancia».19 (Se resalta)
Es menester reiterar, entonces, que la inhabilidad prevista en la ley supone la
configuración de cuatro elementos, a saber: (i) el vínculo por matrimonio o unión
permanente o parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de
afinidad o único civil -elemento personal-, (ii) con un funcionario que ejerce
autoridad civil, política, administrativa o militar -elemento objetivo-, (iii) durante los
12 meses anteriores a la elección -elemento temporal-, (iv) en el respectivo
municipio o distrito por el cual se inscribe el candidato a alcalde o concejal -
elemento espacial o territorial-.
Con miras a analizar la configuración de esta causal de inelegibilidad, en todo
caso se debe examinar que los elementos anteriormente señalados se presenten
de manera concurrente y, en caso de que no sea así se entenderá que no se
materializó. Teniendo claros los requisitos estructuradores de la inhabilidad
endilgada al demandado, se entrará a revisar el caso particular.20
2.4 Caso concreto
Como viene de explicarse, en este asunto el acto acusado es el de elección de
Juan Sebastián Navas Patiño como concejal de Los Patios (Norte de Santander),
19 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-
0161-01(PI-025). M.P. Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.
20 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Expediente
23001233300020230019101. Providencia del 7 de marzo de 2024. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra
(e).
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para el período 2024-2027. El fundamento de la demanda y del ahora recurso de
apelación, es que dicho acto se encuentra viciado de nulidad, por cuanto el
demandado está inhabilitado en los términos del numeral 4 del artículo 43 de la
Ley 136 de 1994 modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, toda vez
que su padre, Carlos Alberto Navas Chavarro ejerció autoridad administrativa en
ese municipio dentro de los 12 meses previos a su elección.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander negó las
pretensiones de la demanda al concluir que no estaban acreditados los elementos
de la inhabilidad, por lo que no decretó la suspensión provisional deprecada.
Inconforme con la decisión, el demandante la apeló bajo el argumento de que el
a quo no tuvo en cuenta las funciones de supervisor de contratos y preparación
de actos administrativos referentes a Talento Humano y vinculación y calificación
de personal del Instituto de Tránsito y Transporte de Los Patios (Norte de
Santander).
Al respecto, resulta del caso recordar que la competencia del juez de segunda
instancia se encuentra limitada a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del Código
General del Proceso21 aplicables por remisión de los artículos 296 y 306 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por
lo tanto, la Sala se pronunciará exclusivamente en relación con los reparos
concretos formulados por el recurrente.
Precisado lo anterior, corresponde a la Sala analizar cada uno de los argumentos
esgrimidos por el apelante en el recurso, de cara a la providencia recurrida.
21
ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión… (Se resalta).
ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.
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Según se tiene, el motivo de inconformidad planteado en el recurso se refiere a la
supuesta falta de valoración del material probatorio aportado con la demanda que,
en criterio del recurrente, demostraría que el padre del demandado ejerció
autoridad administrativa dentro de los 12 meses anteriores a su elección como
concejal del municipio de Los Patios (Norte de Santander).
En el presente asunto, está fuera de discusión el parentesco en primer grado de
consanguinidad que existe entre el demandado y el señor Carlos Alberto Navas
Chavarro, quien es su padre.
Ahora bien, entre las pruebas decretadas durante la primera instancia obra
certificación suscrita por el técnico operativo de la Oficina de Talento Humano del
Instituto de Tránsito y Transporte de Los Patios el 2 de abril de 2024 en la que
consta que el señor Carlos Alberto Navas Chavarro se desempeña en esa entidad
desde el 14 de enero de 2008 en el cargo de técnico operativo.
De igual forma, se aportó un certificado suscrito por el director de Tránsito y
Transporte de ese municipio en el que consta que el señor Navas Chavarro «no
celebró contratos o convenios en nombre del ITTLP; no actuó como ordenador
del gasto, no confirió comisiones ni licencias no remuneradas a empleados del
ITTLP; no decretó ni confirió vacaciones en el ITTLP; no trasladó horizontal ni
verticalmente a funcionarios del ITTLP, en razón a que ninguno es subordinado;
no reconoció horas extras a funcionarios del ITTLP ni vinculó personal
supernumerario a la planta de personal de esa entidad».
Con base en lo anterior, corresponde ahora establecer si el cargo de técnico
operativo, código 314, grado 02 que desempeña el padre del demandado desde
el 14 de enero de 2008 implica el ejercicio de autoridad civil o administrativa o no.
Al respecto, como se dejó dicho, el artículo 190 de la Ley 136 de 1994 sobre la
autoridad administrativa dispone:
Esta facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes
de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las entidades
descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas especiales como
superiores de los correspondientes servicios municipales…
Así las cosas, teniendo en cuenta que el referido empleo no se encuentra dentro
de los enlistados por la norma, no puede afirmarse que aquel implica el ejercicio
de autoridad administrativa por el criterio orgánico, por lo que, conforme el recurso
de apelación bajo estudio, hay lugar a analizar el funcional.
En cuanto a las funciones desempeñadas por el señor Navas Chavarro obra
dentro del expediente copia del Acuerdo 002 del 1 de septiembre de 2021 «por el
cual se actualiza, modifica y compila el manual específico de funciones y
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competencias laborales de la planta global del Instituto de Tránsito y Transporte
del municipio de Los Patios – ITTLP» en el que se advierte que el cargo de técnico
operativo, código 314, grado 02, tiene como propósito principal «realizar labores
de oficina caracterizadas por el predominio de actividades técnicas, manuales o
tareas de simple ejecución que implican las actividades de apoyo y
complementación de las tareas propias de los niveles superiores.»
Además, tiene las siguientes atribuciones generales y específicas las cuales se
citan in extenso:
Funciones generales:
1. Atender al público para orientar y proporcionar la información requerida, con
base en el procedimiento administrativo.
2. Ejercer de manera eficiente y eficaz las funciones de apoyo administrativo,
dando cumplimiento al plan de acción de cada dependencia.
3. Ejecutar la tarea de archivo de correspondencia y documentos de la
dependencia, conforme al procedimiento de gestión documental.
4. Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato, dentro del contexto de las
funciones propias del cargo.
Funciones específicas de Secretaría Dirección General:
522. Recibir, clasificar y entregar de la manera oportuna la correspondencia interna
y externa a la dependencia correspondiente, inclusive las del correo electrónico
de la Dirección General, con base en el procedimiento administrativo.
6. Concertar las entrevistas que sean solicitadas.
7. Proyectar oficios, de conformidad a las instrucciones recibidas por el jefe
inmediato, con base en el procedimiento de gestión documental y velar por la
oportuna respuesta a los comunicados y solicitudes que reciba la Dirección
General.
8. Llevar el registro, control y archivo de las actas, resoluciones, comunicaciones
oficiales y/o conjuntas con otras entidades.
9. Elaborar actas de reuniones o del Concejo Directivo según sea el caso.
10. Apoyar a la Dirección General en la preparación de informes solicitados por
los entes de control y vigilancia, el Concejo Directivo, autoridades administrativas
o judiciales, la Unidad de Control Interno.
11. Participar en la implementación del sistema de Control Interno dentro de su
dependencia, fomentando la cultura del autocontrol y apoyando los programas y
eventos que coordine la unidad de control interno.
22
Numeración propia del Manual de funciones.
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Funciones específicas de especies venales:
12. Tramitar actos administrativos que conduzcan al cumplimiento del Código
Nacional de Tránsito y Transportes, conforme a los procedimientos adoptados por
la administración, en relación con los procesos de tránsito y transportes en
especies venales.
13. Recibir, verificar y registrar en los sistemas de información los documentos
relacionados con matrículas, traspasos, transformaciones, regrabaciones, cambio
de características, cambio de color, cambio de servicio, embargos, traslado de
cuentas y otros que por tramite normativo se puedan realizar de los automotores
y adelantar los respectivos tramites de conformidad con las normas vigentes y las
exigencias del Ministerio de Transporte y autoridad competente.
14. Revisar y verificar los formularios presentados por los usuarios en los
diferentes trámites de tránsito y transportes, facturas, manifiestos y demás
documentos anexos conforme a los requisitos exigidos por las normas del Código
Nacional de Tránsito y el procedimiento administrativo.
15. Realizar y verificar las liquidaciones de impuestos y derechos de acuerdo con
las normas y procedimientos que establezca el Ministerio de Transporte y las
autoridades pertinentes.
16. Llevar, controlar y responder por el registro de placas y demás especies
venales, y presentar el debido informe a la Dirección General.
17. Diseñar, proponer e implementar cursos sobre seguridad vial en coordinación
y apoyo con autoridades locales, dirigidos a la comunidad en general.
18. Registrar y mantener actualizado el registro del parque automotor del
municipio.
19. Proponer criterios y procedimientos para la aplicación de las normas y
aligeramiento de los trámites de especies venales en cuanto a Tránsito y
Transporte se refiere.
20. Llevar control y seguimiento a los recaudos de las especies venales que se
tramitan en el ITTLP y presentar los respectivos informes.
21. Las demás que en el marco de su misión se deriven de planes, programas y
proyectos del ITTLP, o le sean asignadas por norma o autoridad competente de
acuerdo con el carácter de sus funciones.
Funciones específicas de licencias:
22. Tramitar en forma oportuna la expedición y/o renovación de las licencias de
conducción, revisando la respectiva documentación, toma de foto, registro de
huella del usuario, conforme a las disposiciones del Ministerio de Tránsito y
Transporte y al procedimiento administrativo y aplicativo del sistema.
23. Inscribir en el RUNT a los usuarios, conforme al aplicativo del sistema.
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24. Revisar y mantener actualizado el sistema RUNT de acuerdo con las
solicitudes por orden judicial que tenga conocimiento, en los términos y en las
fechas determinadas conforme al procedimiento del sistema.
25. Informar a los usuarios los requisitos para expedición de licencia de
conducción.
26. Mantener actualizada la base de datos en materia de licencias expedidas,
renovaciones y demás.
27. Monitorear el cargue de la licencia de conducción ante el sistema del Ministerio
de Transporte.
28. Verificar en el sistema que el usuario no presente comparendos pendientes
de pago a la hora de realizar la expedición, duplicado o renovación de la licencia
de conducción.
29. Entregar la licencia de conducción al usuario una vez expedida, y verificar que
el usuario compruebe que la información plasmada en ella es correcta.
30. Entregar diariamente la documentación recibida de los usuarios al archivo de
la Institución, debidamente relacionada y recibida por el encargado de archivo.
Funciones específicas de matrículas:
10. Apoyar en la planeación, organización, control y trámites de los actos
administrativos que conduzcan al cumplimiento del Código Nacional de Tránsito
y Transportes en especies venales, conforme a los procedimientos adoptados por
la administración.
11. Revisar y verificar los formularios presentados por los usuarios en los
diferentes trámites de tránsito y transportes, facturas, manifiestos y demás
documentos anexos conforme a los requisitos exigidos por las normas del Código
Nacional de Tránsito y el procedimiento administrativo.
12. Verificar las liquidaciones de impuestos y derechos, de acuerdo con las
normas y procedimientos que establezca el Ministerio de Tránsito y Transporte y
las autoridades pertinentes.
13. Atender y contestar oportunamente los derechos de petición tanto de
matrículas como de licencias de conducción, conforme a las disposiciones del
Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y pasar al jefe
inmediato para su revisión.
14. Apoyar el proceso general de migración, accidentes de tránsito, validación de
sistema SIMIT (sistema que integra el registro de infractores a nivel nacional y
controla la no realización de trámites cuando el usuario posee deudas por
infracciones a las normas de tránsito), conforme a las disposiciones y
procedimientos del Ministerio de Tránsito y Transporte.
15. Atender y solucionar en forma oportuna y eficiente los problemas de sistema
entre comunicación SIMIT y organismos de tránsito, que permita el trámite ágil,
transparente y la verificación de la información de este.
16. Atender los tramites correspondiente a la ventanilla de Matrículas del ITTLP.
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17. Asignar los Usuarios REDEMY para la creación de tickets ante el RUNT
Funciones específicas de RUNT:
18. Atender la migración del porque automotor del organismo de tránsito y
transportes, conforme a las disposiciones y procedimientos del Ministerio de
Tránsito y Transporte.
19. Apoyar el proceso general de migración, accidentes de tránsito, validación de
sistema RUNT, conforme a las disposiciones y procedimientos del Ministerio de
Tránsito y Transporte.
20. Atender y solucionar en forma oportuna y eficiente los problemas de sistema
entre comunicación RUNT y organismos de tránsito, que permita el trámite ágil,
transparente y la verificación de la información de este.
21. Atender los tramites correspondiente a la ventanilla de RUNT del ITTLP.
22. Revisar los comparendos y determinar cuál es el pago por cancelar por parte
del infractor a las normas de tránsito y transportes, conforme a la normatividad
vigente y procedimiento administrativo.
23. Elaborar los acuerdos de pago con base a las normas de tránsito y
transportes, conforme a la normatividad vigente y procedimiento administrativo.
24. Registrar y mantener actualizada, centralizada, autorizada y validada el
registro nacional de automotores, conductores, licencias de tránsito, empresas de
transporte público, infractores, accidentes de tránsito, seguros, remolques y
semirremolques, maquinarías agrícolas y de construcción autopropulsada y de
personas naturales o jurídicas que prestan servicio al sector.
Funciones específicas de Talento Humano:
25. Apoyar el sistema de administración de personal de carrera administrativa, así
como en los demás sistemas que la ley establezca para la administración del
talento humano, y orientar los lineamientos, políticas y estrategias que conduzcan
al cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos.
26. Brindar apoyo en la determinación de las necesidades de capacitación y
adiestramiento del personal, mantener actualizadas las novedades del personal,
archivo de hojas de vida, aplicando y cumpliendo con las normas legales
relacionadas con la administración de personal.
27. Apoyar en la ejecución del cumplimiento de las normas a que deben sujetarse
la selección, evaluación del desempeño laboral, capacitación y bienestar social
de los empleados.
28. Llevar los registros necesarios para la administración de personal, proyectar
las certificaciones que sean solicitadas de acuerdo con estos registros, y dar
respuesta a las peticiones relacionadas con la seguridad social de los funcionarios
del ITTLP.
29. Reportar las novedades del personal de la planta global, para la respectiva
liquidación de nómina, en los términos previstos y procedimiento administrativo.
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30. Preparar y presentar las resoluciones que giren en torno a la unidad de Talento
Humano tales como reconocimiento y pago de vacaciones, y demás acreencias
laborales, nombramientos, certificaciones, comisiones, licencias, entre otros;
conforme al procedimiento administrativo.
31. Mantener organizado y actualizado el archivo de personal de planta, con base
en el procedimiento de gestión documental y archivo.
32. Actualizar, ingresar y crear claves de acceso para los funcionarios y
contratistas al Sistema de Información y Gestión del Empleo (SIGEP), conforme
a las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Departamento
Administrativo de la Función Pública.
33. Apoyar en la supervisión para el cumplimiento del horario del personal de
planta, tanto al ingreso como a la salida, y rendir informe mensual al jefe de
Oficina.
34. Participar en la elaboración de los proyectos de plantas de personal, así como
en la modificación de los Manuales de Funciones y competencias laborales, de
conformidad con las normas vigentes; para lo cual podrán contar con la asesoría
del Departamento Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o
privadas, o de firmas especializadas o profesionales en Administración Pública.
Funciones específicas de gestión documental, almacén e inventario:
35. Digitar información, orientar y colaborar en los procesos administrativos del
área de gestión documental, almacén e inventario; recibir los documentos, datos
y elementos relacionados con los asuntos de competencia de archivo y almacén,
de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos.
36. Realizar, asignar rangos y actualizar el inventario del parque automotor
registrado ante el Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios.
37. Administrar y salvaguardar los recursos materiales y económicos que para el
cumplimiento de sus funciones le sean asignados y dejados bajo su custodia.
38. Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos en especial los
del Registro Nacional Automotor.
39. Atender y resolver problemas que se puedan presentar en el archivo, almacén
e inventario, y las solicitudes de los Organismos de Control y Judiciales.
40. Mantener en orden el equipo y sitios de trabajo, reportando cualquier anomalía
a inconsistencia.
41. Aplicar lo relacionado con el suministro oportuno y eficiente de los elementos,
materiales y servicios necesarios para el normal desempeño de las funciones.
42. Responder por el manejo del archivo y gestión documental, controlando que
los bienes, archivo entregado y adquirido, ingresen en las condiciones y calidades
previamente estipuladas, y sean suministrados oportunamente a las
dependencias; cumpliendo con lo contenido en la Norma de Trasparencia y la Ley
de Archivo.
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43. Controlar los inventarios de elementos devolutivos y de consumo, mantenerlos
actualizados y establecer los estándares de consumo de los bienes y servicios
que requieran las dependencias, garantizando la compra oportuna de los mismos
y su adecuado almacenamiento.
44. Llevar el control periódico de la documentación y bienes que maneja cada
dependencia, con el fin de garantizar su adecuada utilización y servicios, de
conformidad con las normas actuales sobre vigencia documental.
45. Organizar y mantener actualizado técnicamente el sistema de archivo y
gestión documental. (Seleccionando, numerando, rotulando, restaurando, y
clasificando).
46. Identificar los riesgos de seguridad y proponer los sistemas de prevención y
corrección de los mismos.
47. Diseñar y ejecutar las políticas, planes y programas en el área de archivo,
definiendo las estrategias que garanticen su uniformidad.
48. Determinar los sistemas de retroalimentación para comprender, satisfacer
necesidades y requerimientos del ciudadano, y lograr una adecuada atención al
público.
49. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y
actividades de la dependencia, promoviendo la participación de todos los
funcionarios.
50. Manejar y distribuir oportunamente las publicaciones, presentar
recomendaciones escritas en términos de mejoramiento y coadyuvar al
cumplimiento de los objetivos misionales del ITTLP.
51. Velar por la óptima preservación y conservación de los documentos que
reposan en archivo, planificando su reordenamiento cuando por causa de
espacio, humedad, iluminación, etc., se requiera.
52. Revisar que la documentación que ingrese a archivo este completa y que
corresponda a la exigida por la ley, para los diferentes procesos y procedimientos
manejados en cada dependencia del Instituto.
Funciones específicas de tecnologías de la información y comunicación:
53. Apoyar la planeación y evaluación del desarrollo tecnológico del ITTLP, para
la construcción de una infraestructura de servicios de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones que soporte los procesos de planeación,
programación, ejecución y evaluación de los programas y proyectos contenidos
en el Plan de Desarrollo Municipal y Plan de Acción.
54. Establecer estándares y características técnicas mínimas de los equipos y
ofimática de base y gestionar la capacidad de la infraestructura de cómputo para
los sistemas centrales de información de la entidad y terminales de las diferentes
dependencias.
55. Documentar, realizar y/o gestionar el mantenimiento correctivo y preventivo
periódico de los equipos de cómputo; implementar un plan de manejo de residuos
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tecnológicos generados por la entidad y su correcta disposición final, y administrar
la bodega de equipos defectuosos y dados de baja.
56. Planificar, gestionar y administrar anualmente las necesidades de Tecnologías
de la Información y Comunicación, en cuanto a stock de repuestos, elementos de
equipos de cómputo y nuevas tecnologías; soportados con estudios de factibilidad
de adquisición e implementación, a partir de los requerimientos de las
dependencias en materia de infraestructura tecnológica para garantizar el
eficiente funcionamiento y el cumplimiento de las metas institucionales.
57. Apoyar a la Unidad Gestión de Talento Humano, con el inventario, ubicación
y entrega oportuna de los equipos de cómputo a cada funcionario del ITTLP.
58. Brindar la asistencia tecnológica en la implementación del Software necesario
para el manejo y aseguramiento de la información a cargo de cada dependencia,
garantizando una plataforma informática óptima.
59. Coordinar la implementación, administración, seguridad y mantenimiento de
los sistemas de información que soportan la gestión administrativa, y administrar
los servidores y bases de datos que soportan las aplicaciones en el ITTLP.
60. Instalar, reparar y mantener los diferentes servicios de almacenamiento,
correo, herramientas de trabajo colaborativo y sistemas de información en
general, y fomentar buenas prácticas de licenciamiento de programas, sistemas
operativos, software de ofimática, antivirus y actualizaciones.
61. Capacitar a los servidores públicos en el uso de los sistemas de información
y garantizar la disponibilidad de los aplicativos y servicios corporativos en materia
de Tecnologías de la Información y Comunicación.
62. Configurar la autenticación y autorización de los servicios y cuentas de usuario
a las principales Bases de Datos y sistemas de seguridad.
63. Diseñar, implementar y documentar procesos de copia de seguridad y
recuperación de datos (incluye la copia externa); así como los procedimientos de
funcionamiento alterativos a utilizar mientras se superan los inconvenientes.
64. Liderar y participar en los proyectos que el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (MINTIC) desarrolle para las entidades públicas.
65. Administrar la página web del ITTLP y brindar la capacitación de su uso.
66. Verificar que la información despachada por las diferentes dependencias
cumpla con las disposiciones contenidas en la Ley de Archivo, conforme al
procedimiento de gestión documental.
67. Brindar asistencia tecnológica en la estructuración del plan de adquisiciones
anual del ITTLP y verificar la coherencia entre los bienes adquiridos y las
especificaciones presentadas en su recepción.
68. Registrar el ingreso y consumo de bienes tecnológicos, identificando
alteraciones frente al consumo y aplicando las medidas de prevención y
protección de los bienes que administra.
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69. Realizar el inventario de los equipos tecnológicos, identificar los que se
requieran dar de baja y tomar las acciones pertinentes exigidas por la ley.
70. Diseñar, desarrollar y aplicar los sistemas de información, clasificación,
actualización del software, manejo y conservación de los recursos propios,
materiales almacenados, diferenciando entre devolutivos y de consumo,
diligenciando los reportes y documentos de los aplicativos: Almacén y Activos fijos
(bienes muebles) del ITTLP.
Funciones específicas de caja:
71. Expedir los recibos de caja, que, por concepto de ingresos de tasas, derechos,
multas y cualquier otro ingreso de pago que se perciba, recibir los pagos por todo
concepto de los trámites de licencia, matrículas, comparendos y sanciones,
conforme al programa contable y de tesorería, siguiendo las instrucciones del jefe
inmediato.
72. Digitalizar en el sistema contable, todos los trámites de ingresos cancelados
en caja, los pagos autorizados por el director de Tránsito, los pagos
correspondientes a la nómina y contratos de prestación de servicios, los pagos de
seguridad social y parafiscal del Instituto, con base en el procedimiento
administrativo contable y generar los recibos respectivos.
73. Hacer el cuadre de caja entregar al jefe de Oficina, con base en el
procedimiento administrativo y contable.
74. De acuerdo con el área de trabajo realizar funciones y actividades de manera
específica que le sean asignadas por su superior inmediato.
75. Expedir de acuerdo con la dirección las instrucciones reglamentarias,
normativas y procedimentales de carácter financiero y contable.
76. Apoyar al jefe de Oficina, la elaboración del proyecto de presupuesto para
cada vigencia y someterlos a las aprobaciones correspondientes y controlar
mensualmente su ejecución e informar sobre el particular a la dirección y a las
oficinas interesadas.
77. Apoyar al director y Sub-director en el manejo de la información presupuestal
y financiera como herramienta importante en la toma de decisiones que afecte el
ITTLP, elaboración de los proyectos de créditos adicionales.
Conforme al referido manual, es claro que el cargo de técnico operativo, código
314, grado 02, que desempeña el padre del demandado, por su naturaleza no
tiene atribuciones que impliquen el ejercicio de autoridad, toda vez que, si bien
cuenta con un nutrido número de funciones aquellas se relacionan en su mayoría
con brindar apoyo o asistencia a sus superiores para el cumplimiento de los
objetivos de la entidad, es así como son frecuentes los verbos apoyar, preparar y
brindar asistencia en la descripción de dichas responsabilidades, pero no se
encuentran los de decidir, por ejemplo.
Al respecto, la jurisprudencia de la Sección ha entendido que algunas formas de
autoridad administrativa de conformidad a lo dispuesto en el el artículo 190 ibidem
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son las siguientes23: la celebración de contratos o convenios; la ordenación de
gastos u horas extras; la autorización de comisiones, licencias no remuneradas,
el decreto de vacaciones y su suspensión; el traslado horizontal o vertical de los
funcionarios subordinados; la vinculación de personal supernumerario o el
establecimiento de una nueva sede al personal de planta; hacer parte de las
unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias.
Entonces, aunque no se trata de un listado taxativo, como se expresó con
antelación, sí proporciona una pauta para el análisis de la cuestión bajo estudio.
Ahora bien, si bien el recurrente dice cuestionar de manera genérica las
atribuciones del señor Navas Chavarro centra su apelación en 3 funciones
específicas a saber: la de ejercer como supervisor de contratos de la entidad24; la
de «preparar y presentar las resoluciones que giren en torno a la unidad de
Talento Humano tales como reconocimiento y pago de vacaciones, y demás
acreencias laborales, nombramientos, certificaciones, comisiones, licencias, entre
otros; conforme al procedimiento administrativo» consagrada en el numeral 30 del
apartado relacionado con esa área y la de «atender y solucionar en forma
oportuna y eficiente los problemas de sistema entre comunicación RUNT y
organismos de tránsito, que permita el trámite ágil, transparente y la verificación
de la información de este» a la que se refiere el numeral 20 de la funciones
específicas relacionadas con el RUNT.
Frente a la primera de ellas25, resulta del caso precisar que de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 la supervisión contractual:
…[C]onsistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los
contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
Asimismo, el artículo 84 de la norma en cita establece como facultades y deberes
de los supervisores de contratos estatales los siguientes:
La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a
cargo del contratista.
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-
000-2020-00035-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.
24
Que no se encuentra en el manual de funciones para dicho cargo, sino que deviene directamente
de la ley.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 12 de agosto del
2021, radicación 50001-23-33-000-2020-00012-02(principal), M.P. Rocío Araújo Oñate.
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serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente…
De conformidad con la normativa en cita, la figura del supervisor en un contrato
estatal está establecida con el fin de que se verifique el cumplimiento del acuerdo
de voluntades, seguimiento para el cual no se requieren de conocimientos
especializados -a diferencia de lo que ocurre con la interventoría- razón por la cual
para el efecto se puede designar al personal de la entidad contratante.
Ahora bien, frente a la responsabilidad y atribuciones de los supervisores, la
Agencia Nacional de Contratación Pública26 ha establecido que quien ejerce como
tal:
…[T]iene el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos
vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los
mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual,
impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a
lograr la correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor
o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que
realice deben publicarse en el SECOP. En ningún caso los interventores o
supervisores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal en
la toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre
deben ser tomadas por el representante legal de la Entidad Estatal con base en
lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecución de las obligaciones
contractuales.
Con base en lo anterior, en lo que tiene que ver con el interrogante sobre si el
ejercicio de la supervisión contractual implica o no ejercicio de autoridad esta
Sección ha sostenido que la respuesta a aquel es negativa.
De manera específica se ha dicho27:
142. Es decir, la supervisión si bien conlleva a la posibilidad que se impartan
instrucciones al contratista, ello no conlleva sustituir las obligaciones
contractuales previamente pactadas ni mucho menos generar direccionamientos
contrarios al objeto contractual, por el contrario, sus lineamientos deben buscar la
ejecución exitosa del acuerdo de voluntades, sin que esto implique disposición de
los recursos que es una función propia del ordenador del gasto.
26
Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado,
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_eje
rcicio_de_las_funciones_de _supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf Este
concepto fue utilizado por la Sala de Sección a efectos de obtener claridad respecto de las
funciones de supervisión de contratos estatales. Al respecto ver: fallo del 12 de agosto del 2021,
radicación 50001-23-33-000-2020-00012-02(principal), M.P. Rocío Araújo Oñate.
27
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 23
de febrero de 2023. Expediente acumulado 11001032800020220003900. M.P. Rocío Araújo
Oñate.
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143. Lo anterior, aunado al cumplimiento de funciones de verificación contractual
que llevan a que el supervisor se presente como el canal de comunicación entre
el contratista y la entidad contratante, sin que de las competencias imputadas
pueda predicarse la existencia de facultades de mando que denoten la presencia
de autoridad administrativa.
144. Esta Sección ha concluido en varias ocasiones que la supervisión de
contratos estatales no conlleva, en principio, el ejercicio de autoridad
administrativa, comoquiera que las atribuciones que se asignan para el desarrollo
de esta actividad responden a una lógica instrumental y de apoyo que pretende,
en todos los casos, la debida puesta en marcha de los procedimientos
contractuales desplegados por el Estado, excluyendo la titularidad de facultades
impositivas y, en general, de poderes de mando que permitan remarcar el
elemento modal de esta inhabilidad.
Así las cosas, es claro que el mero ejercicio de la supervisión de un contrato no
implica per se el desempeño de autoridad administrativa o civil.
Por lo tanto, como en este caso con la demanda solo se allegaron pruebas de que
el señor Navas Chavarro fungió como supervisor en varios contratos del Instituto
de Tránsito y Transporte de Los Patios, ello no resulta suficiente para acreditar el
ejercicio de autoridad civil ni administrativa.
Precisado lo anterior, en lo referente a las funciones de «preparar y presentar las
resoluciones que giren en torno a la unidad de Talento Humano tales como
reconocimiento y pago de vacaciones, y demás acreencias laborales,
nombramientos, certificaciones, comisiones, licencias, entre otros; conforme al
procedimiento administrativo» y la de «atender y solucionar en forma oportuna y
eficiente los problemas de sistema entre comunicación RUNT y organismos de
tránsito, que permita el trámite ágil, transparente y la verificación de la información
de este» se advierte que aquellas no se alejan al propósito general del cargo de
técnico operativo bajo estudio: apoyar a los superiores en el ejercicio de sus
responsabilidades para lograr el correcto desempeño de la entidad.
Sobre el punto, se resalta que la primera de ellas consiste en una labor
meramente asistencial de preparación de actos administrativos, pero en manera
alguna se refiere a que quien la ostenta tenga poder decisorio sobre la materia.
La segunda se relaciona con asuntos del sistema de comunicación entre el
Registro único nacional de tránsito, RUNT y los organismos de tránsito, que
tampoco conllevan el ejercicio de autoridad civil o administrativa en los términos
anteriormente expuestos, que son pacíficos para la jurisprudencia de la Sección
Quinta del Consejo de Estado, toda vez que no se refieren a la celebración de
contratos, ordenación del gasto, la autorización de comisiones, licencias no
remuneradas, el decreto de vacaciones y su suspensión; el traslado horizontal o
vertical de los funcionarios subordinados; la vinculación de personal
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supernumerario o el establecimiento de una nueva sede al personal de planta;
hacer parte de las unidades de control interno o investigar las faltas disciplinarias
así como de ninguna similar.
Al respecto, esta Sección ha dicho28:
…para predicar el ejercicio de autoridad administrativa debe advertirse que las
funciones se ejerzan con autonomía, con un amplio margen de facultad decisoria,
lo que se pone entredicho por ejemplo, cuando el desempeño de las tareas está
condicionado a las facultades y competencias de dependencias y/o funcionarios
de mayor jerarquía, respecto de quienes formal y materialmente recae la potestad
de mando que incluye posibilidad de coerción.
En consonancia con lo anterior, la Sección ha establecido que si las funciones y
el diseño jerárquico del cargo le otorgan a su titular potestad de mando y de
dirección con autonomía decisoria29, se puede concluir que el servidor público
ejerce autoridad administrativa.
(…)
Sobre la relación entre el ejercicio de autoridad administrativa y la autonomía con
poder en función de mando, se ha considerado necesario revisar si el desempeño
de las funciones objeto de análisis está o no condicionado a las potestades de
otras autoridades de mayor jerarquía, como ocurrió en el fallo del 3 de diciembre
de 2020 de esta Sección30.
De otra parte, en lo que atañe al ejercicio de autoridad civil y política, lo cierto es
que el recurrente no ahonda en los argumentos para sustentar dicho cargo. Con
todo, se advierte que del análisis del cargo y las funciones atribuidas al padre del
demandado no se encuentra que aquel corresponda al de alcalde o miembro del
gabinete municipal; además, tampoco implica en manera alguna potestad de
mando, ni facultad para nombrar o remover empleados a su cargo ni mucho
menos sancionarlos, toda vez que no tiene subordinados.
Conforme a lo anterior, encuentra la Sala que ninguno de los reparos esbozados
por el recurrente en el escrito de apelación tiene vocación de prosperidad, por
cuanto no se encuentra acreditado dentro del proceso que el señor Carlos Alberto
Navas Chavarro, padre del demandado haya ejercido autoridad administrativa,
civil o política dentro de los 12 meses anteriores a la elección de su hijo Juan
Sebastián Navas Patiño como concejal del municipio de Los Patios (Norte de
Santander) período 2024-2027.
En consecuencia, se impone confirmar la sentencia de primera instancia del 16
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Providencia del 12
de agosto de 2021. Expediente: 700012333000201900284-03 M.P. Rocío Araújo Oñate.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de
febrero de 2002, radicado 2804, M.P. Darío Quiñones Pinilla.
30
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez, Rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00, 11001-03-28-000-2020-00017-00.
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Demandante: Jesús Daniel Romero Castro
Demandado: Juan Sebastián Navas Patiño – concejal de Los Patios
Rad: 54001-23-33-000-2023-00261-01
de mayo de 2024 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictada
dentro de este asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de mayo de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa formulada por la Registraduría Nacional del Estado Civil.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.
CUARTO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso ordinario alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclara voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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