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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00039-00

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2022-00039-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad del formulario E- 26CAM del 26 de marzo del 2022, por medio del cual se declaró la elección de la señora Betsy Judith Pérez Arango como representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, para el período constitucional 2022-2026, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente decisión no procede recurso alguno. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 37 www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal) Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026 TERCERO: En firme la presente providencia, ARCHIVAR el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2022-00039-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

23 de febrero de 2023

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal)
Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero del dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Electoral
Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal)
11001-03-28-000-2022-00103-00 (Acumulado)
11001-03-28-000-2022-00114-00 (Acumulado)
Demandantes: Romeo Edison Pérez Ortiz y otros
Demandado: Acto electoral de Betsy Judith Pérez Arango como
representante a la Cámara por el departamento del
Atlántico – Período constitucional 2022-2026.
Tema: Inhabilidad consagrada en el artículo 179 numeral 2º de
la Constitución Política de 1991.

FALLO DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sección Quinta del Consejo de Estado a dictar fallo de única instancia en
el proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES

1.1. Expediente 2022-00039-001

1.1.1. La demanda

1. Mediante escrito del 18 de abril del 20222, subsanado3 el 27 de abril de dicha
anualidad4, se solicitó la nulidad del formulario E-26CAM del 26 de marzo del 2022,
por medio del cual se declaró la elección de Betsy Judith Pérez Arango como
representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, para el período
constitucional 2022-2026.

1.1.2. Hechos

2. En síntesis, el demandante señaló que la elegida inscribió su candidatura a la
Cámara de Representantes, siendo avalada por el partido Cambio Radical. Tras la
celebración de las elecciones parlamentarias del 13 de marzo de los corrientes,
resultó favorecida por el voto popular y accedió a una de las curules a ser asignadas
1
Demandante Romeo Edison Pérez Ortiz.
2
SAMAI. Actuación No. 2.
3
La demanda fue inadmitida mediante auto del 21 de abril del 2022, por el despacho del consejero Pedro Pablo Vanegas
Gil. En dicha providencia, se solicitó a la parte demandante precisar el concepto de violación, en el sentido de presentar los
argumentos por los cuales se considera que la demandada incurrió en la causal de inhabilidad que se predica. Así mismo,
se requirió la presentación de la constancia de envío de la demanda y sus anexos a la elegida.
4
SAMAI. Actuación No. 11.

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal)
Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026

por la circunscripción del Atlántico.

3. Resaltó que la demandada ocupó, dentro de los 12 meses anteriores a la elección,
el cargo de subgerente administrativa de la empresa TRANSMETRO S.A.S.,
compañía que tiene a su cargo la operación del sistema de transporte masivo del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y su área metropolitana.

1.1.3. Concepto de violación

4. Consideró que con el acto electoral demandado se incurrió en la causal de nulidad
del numeral 5º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, en tanto la señora Betsy
Judith Pérez Arango se encontraba inhabilitada para ocupar el cargo de congresista,
de conformidad con lo señalado en los numerales 2º y 3º5 del artículo 179 de la
Constitución Política de 1991.

5. En relación con la primera de las condiciones de inelegibilidad descritas, refirió que
aquella se configura en tanto la demandada administró el recurso humano, material,
logístico y financiero en cada uno de los procesos del negocio de TRANSMETRO,
diseñando políticas y lineamientos a seguir en el área de presupuesto y de personal.

6. Frente a la segunda, señaló que la elegida intervino en la gestión de negocios a
favor de TRANSMETRO S.A.S., y, adicionalmente, consideró que, en su calidad de
subgerente administrativa, administró tributos y contribuciones parafiscales.

1.1.4. Trámite procesal relevante

7. En auto del 10 de mayo del 20226, se dispuso la admisión de la demanda y se
ordenaron las notificaciones y avisos del caso.

8. En providencia del 5 de septiembre del 2022, se ordenó la acumulación de
procesos entre los expedientes con radicación 11001-03-28-000-2022-00039-00,
11001-03-28-000-2022-00103-00 y 11001-03-28-000-2022-00114-00, dejándose
como expediente principal al primero de los mencionados.

1.1.5. Contestaciones

9. Registraduría Nacional del Estado Civil7. En escrito del 13 de junio del 20228,
actuando a través de su apoderada judicial9, presentó contestación de la demanda en
la cual propuso la excepción de falta de legitimación en la causa10.

5
Respecto de este cargo de la demanda, el despacho conductor, en providencia del 18 de octubre del 2022, declaró
probada la excepción de inepta demanda, al encontrar que, en efecto, respecto de dicho reparo no se elevaron al momento
de la presentación del escrito inicial, los argumentos por los cuales se considera que se configura la condición de
inelegibilidad.
6
M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
7
Dicha entidad presentó contestación de la demanda únicamente en el expediente 2022-00039-00.
8
Actuación No. 20. Sistema SAMAI.
9
Señora María Patricia Guazo Castillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.100.393.623, portadora de la tarjeta
profesional No. 208.382 del Consejo Superior de la Judicatura.
10
La cual fue declarada en la providencia del 18 de octubre del 2022, ordenándose la desvinculación de la entidad.

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal)
Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026

10. Consejo Nacional Electoral11. En escrito radicado el 14 de junio de 202212,
actuando a través de apoderado judicial13, presentó una síntesis de los hechos y del
concepto de violación de la demanda, manifestando que, en relación con la
pretensión de nulidad del acto electoral de la señora Betsy Judith Pérez Ortiz como
representante a la Cámara por el departamento del Atlántico, dicha entidad se atiene
a lo que resulte demostrado al interior del proceso.

11. La demandada. En relación con los cargos de nulidad, expresó que no se
configuran los elementos de las inhabilidades allí deprecadas.

12. En primer lugar, hizo referencia a los requisitos que se han establecido por la
jurisprudencia de la Sección Quinta para entender debidamente presentados los
cargos de la demanda. Dicho lo anterior, concluyó que “el concepto de la violación
propuesto por el señor Romeo Pérez en la subsanación de la demanda es vago e
indeterminado, al punto que contiene serios problemas argumentativos que impiden a la
Sección Quinta adelantar un análisis de fondo de las causales de inhabilidad invocadas y, por
ende, darlas por ciertas. A esto se suma que el actor tampoco aportó ni solicitó pruebas que
permitan asegurar, con grado de certeza, que la señora Betsy Pérez no podía ser elegida
como congresista con base en los numerales 2° y 3° del artículo 179 de la Constitución.”14

13. Seguidamente, en cuanto hace a la causal del numeral 2º del artículo 179
constitucional, consideró que si bien es cierto su representada sí ostentó la condición
de subgerente administrativa de la empresa TRANSMETRO S.A.S., también lo es
que no se acreditó la razón por la cual la persona que ocupa dicho cargo adquiere la
condición de empleado público, ni tampoco se aportó o solicitó prueba alguna que
permita llegar a tal conclusión.

14. En cuanto hace al ejercicio de autoridad administrativa, resaltó que es necesario
verificar si la persona ostenta alguno de los cargos descritos en los artículos 189 y
190 de la Ley 136 de 1994 -criterio orgánico- o si de las funciones que ejerce es
posible derivar poderes de mando, decisión y dirección de manera autónoma -criterio
funcional-. Precisó que la jurisprudencia de la Sección Quinta ha señalado que la
inclusión del verbo “dirigir” en la descripción de actividades, no implica
necesariamente el ejercicio de autoridad requerido por la norma15.

15. Dicho lo anterior, consideró que su prohijada no ostentó alguno de los cargos que
se describen las normas de la Ley 136 de 1994, descartándose de esta manera el
criterio orgánico. En cuanto al funcional, y haciendo referencia de manera expresa a
las actividades que, según el dicho del demandante, constituyen ejercicio de
autoridad administrativa, refirió que ellas no hacen parte de la subgerencia
11
Esta entidad sólo presentó su contestación en el expediente 2022-00039-00.
12
SAMAI. Actuación No. 21.
13
Señor Mauricio Alexander Yandar Paz, identificado con cédula de ciudadanía 1.085.259.396, portador de la tarjeta
profesional 255.395 del Consejo Superior de la Judicatura.
14
Esta consideración fue tramitada como una excepción de inepta demandada, la cual se declaró respecto de la inhabilidad
consagrada en el numeral 3º del artículo 179 constitucional y se negó respecto del numeral 2º de la mira norma.
15
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 11 de febrero de 2021. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 54001-
23-33-000-2020-00011-01.

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal)
Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026

administrativa de TRANSMETRO.

16. Concluyó que las labores encomendadas al subgerente administrativo de la
empresa TRANSMETRO S.A.S., “son funciones de apoyo a la gestión de algunas áreas
de la entidad; no facultades que denoten un poder de imposición y toma autónoma de
decisiones”, lo cual se puede verificar al constatar el objetivo principal del cargo que
según el manual de funciones es “implementar y asegurar la ejecución de políticas y
estrategias de la Subgerencia Administrativa en la Oficina Principal de la Organización a
través de la gestión, seguimiento y control de las áreas de Talento Humano, Sistemas,
Servicios generales de las instalaciones administrativas (recepción y aseo) y gestión
documental.”

17. Refirió que no es procedente realizar el análisis de los elementos temporal y
espacial de la inhabilidad, en tanto para ello, se requiere haber demostrado el
ejercicio de autoridad.

1.2. Expediente 2022-00103-00

1.2.1. La demanda

18. En memorial del 10 de mayo del 202216, el ciudadano José Luis Eljiaek Percy
presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, en la cual
solicitó la anulación del formulario E-26CAM del 26 de marzo del 2022 que declaró la
elección de Betsy Judith Pérez Arango.

1.2.2. Hechos

19. En los hechos, refirió similares circunstancias a las aludidas en el expediente
2022-00039-00.

1.2.3. Concepto de la violación

20. En cuanto hace al concepto de la violación, consideró que se incurre en la causal
de nulidad establecida en el numeral 5º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, en
tanto la demandada se encontraba incursa en la causal de inhabilidad prevista en el
numeral 2º del artículo 179 de la Constitución.

21. En desarrollo de lo anterior, precisó que se configuran todos los elementos que
estructuran dicha situación de inelegibilidad, así:

(i) Ostentó la condición de empleado público como subgerente administrativo de
la empresa TRANSMETRO. Para soportar su dicho, refirió que los estatutos
generales de dicha empresa disponen que los empleados del nivel directivo
tienen tal calidad.

16
SAMAI. Actuación No. 4.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal)
Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026

(ii) En dicha posición ejerció autoridad administrativa. Argumentó que, revisado el
manual de funciones, se puede derivar que contaba con “potestad de mando, de
imposición, control, dirección e inclusive disciplinarias, que comportaban poder de
decisión sobre los actos de las personas controladas.” Sobre dicho particular,
resaltó que en el cargo ocupado por la demandada tuvo funciones de control
disciplinario interno, gestión del talento humano y de gastos, así como la
adquisición de bienes y servicios.

Señaló que las referidas competencias fueron evidenciadas en el manual
publicado en la página web de la entidad; sin embargo, en respuesta a un
derecho de petición, le fue entregado otro documento en el cual no se
registran las mismas, por lo que consideró necesario que, en la actividad
probatoria del proceso, se solicite la remisión de dicha prueba, debidamente
certificada.

A pesar de lo anterior, refirió que incluso en el manual de funciones entregado
por TRANSMETRO, se pueden encontrar labores que derivan en ejercicio de
autoridad, como son la formulación de políticas institucionales, planes y
programas de cumplimiento de la misión institucional; dirigir la planeación y
elaboración de los planes de inversión; elaborar pliegos de condiciones y
términos de referencia de los contratos que se requieran; realizar estudios de
competencia, costos de operación y el plan tarifario del sistema de transporte
masivo operado por la empresa; supervisar y controlar la ejecución de la
concesión de operación del sistema de recaudo; entre otros.

Concluyó señalando que la demandada ostentó la condición de supervisora de
las concesiones del sistema de recaudo, así como tenía la potestad de aplicar
las de nomas de control interno en su dependencia.

(iii) La autoridad fue ejercida en el departamento del Atlántico, circunscripción por
la cual fue electa como representante a la Cámara.

(iv) Todo lo anterior, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

22. Con fundamento en lo expuesto, en el mismo escrito de la demanda, solicitó la
suspensión provisional de los efectos del acto demandado.

1.2.4. Trámite procesal relevante

23. En providencia del 26 de mayo del 202217 se corrió traslado de la solicitud de
medida cautelar.

24. En auto del 16 de junio del 202218 , la Sala de Decisión de la Sección Quinta
admitió la demanda, dispuso las notificaciones y avisos del caso, y negó la solicitud
17
SAMAI. Actuación No. 5.
18
SAMAI. Actuación No. 15. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal)
Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026

de medida cautelar. Frente a esto último, señaló que no se tenía prueba que
permitiera concluir que, dentro de los doce meses anteriores a la elección, la
demandada ostentara la condición de empleada pública, es decir, no se acreditó el
correspondiente elemento temporal.

1.2.5. Contestaciones

25. En cuanto hace los reparos de nulidad del expediente 2022-00103-00, el
apoderado de la demandada manifestó que, “en el asunto de la referencia, el concepto
de la violación propuesto por el señor José Luis Eljaiek Percy en la demanda es vago e
indeterminado. Lo anterior se debe a que no pudo determinar con total precisión cuáles eran
las funciones asignadas a la señora Betsy Pérez como Subgerente Administrativa de
TRANSMETRO S.A.S., pese a ser un elemento estructural y necesario para evaluar la
configuración de la causal de inhabilidad alegada.”19

26. Seguidamente, reiteró que no se demostró el criterio subjetivo, en tanto ni los
argumentos del escrito inicial ni las pruebas aportadas, demuestran que el
subgerente administrativo de TRANSMETRO S.A.S tenga la condición de empleado
público.

27. En punto del ejercicio de autoridad administrativa, manifestó que los argumentos
que soportan el dicho de la parte actora se fundamentan en dos manuales de
funciones diametralmente opuestos, al parecer, uno que fue obtenido de la página
web de la empresa y otro entregado en respuesta a un derecho de petición
previamente presentado a la misma.

28. Por ello, consideró que lo primero que debe determinarse por la Sección Quinta
es cuál es el manual de funciones aplicable a Betsy Judith Pérez Arango y de este
establecer si las actividades allí descritas configuran ejercicio de autoridad. A su
juicio, el documento a tener en cuenta es aquel entregado por la entidad en respuesta
al derecho de petición, toda vez que el mismo se corresponde con el contenido del
artículo 4º de la Ley 1712 de 201420.

29. Adicionalmente, este documento tiene la fecha del que se encuentra publicado en
la página web de TRANSMETRO S.A.S. Así mismo, el segundo manual de
funciones, es decir, el entregado en respuesta a petición elevada por el demandante,
se encuentra vigente desde el 11 de noviembre del 2019, por lo que considerando
que la señora Pérez Arango ostentó el cargo de subgerente administrativa desde el 3
de marzo del 2020, lo allí señalado es lo que rige su vinculación laboral.

19
Esta consideración fue tramitada como una excepción previa de inepta demandada, la cual fue negada en providencia del
18 de octubre del 2022.
20
ARTÍCULO 4. CONCEPTO DEL DERECHO. En ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, toda
persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos
obligados. El acceso a la información solamente podrá ser restringido excepcionalmente. Las excepciones serán limitadas y
proporcionales, deberán estar contempladas en la ley o en la Constitución y ser acordes con los principios de una sociedad
democrática. El derecho de acceso a la información genera la obligación correlativa de divulgar proactivamente la
información pública y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso,
lo que a su vez conlleva la obligación de producir o capturar la información pública. Para cumplir lo anterior los sujetos
obligados deberán implementar procedimientos archivísticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos
electrónicos auténticos.”

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Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026

30. Precisado lo anterior, argumentó que las funciones transcritas en la demanda, de
las cuales se pretende derivar el ejercicio de autoridad administrativa, no
corresponden al cargo de subgerente administrativo sino al de subgerente de
operaciones SITM de la empresa, por lo que la parte actora concretó su cargo en
facultades que corresponden a un empleado diferente en TRANSMETRO S.A.S.

31. Así mismo, refirió que las competencias del cargo que fue ocupado por la
demandada, no implican que su representada ostentó la coordinación, dirección,
supervisión, promoción y manejo de la entidad. Resaltó que la inclusión del verbo
“dirigir” no conlleva en sí mismo el ejercicio de autoridad, y, por lo tanto, es necesario
analizar cada función más allá del elemento gramatical que la describe, aspecto que
no se llevó a cabo en la demanda. Manifestó que lo anterior se encuentra en cabeza
del gerente general de TRANSMETRO S.A.S, tal y como se deriva de la certificación
suscrita por quien ocupa dicha posición al 1º de junio del 2022, que aporta con la
demanda.

32. Resaltó que las funciones que se incluyen en el manual correspondiente a la
subgerencia administrativa, no pueden ser tenidas en cuenta de oficio por la Sección
Quinta, en tanto no soportan el cargo de nulidad propuesto en la demanda, y que de
todas maneras, de una revisión de las mismas, no implican ejercicio de autoridad civil
ni administrativa, en tanto “las labores encomendadas al Subgerente Administrativo son de
apoyo a la gestión de algunas áreas de la entidad, no facultades que denoten un poder de
imposición y toma autónoma de decisiones.”

33. Concluyó esta intervención señalando que no resulta procedente analizar el
elemento temporal y espacial, en tanto para ello, se requiere tener acreditado el
ejercicio de autoridad, lo que, a su juicio, no ocurre en este caso conforme a lo dicho
en precedencia.

1.3. Expediente 2022-00114-0021

1.3.1. La demanda

34. El ciudadano Antonio Rafael Fonseca Zárate, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, solicitó se revise la legalidad del
formulario E-26CAM del 26 de marzo del 2022, por medio del cual se declaró la
elección de Betsy Judith Pérez Arango como representante a la Cámara por el
departamento del Atlántico.

1.3.2. Hechos

35. Sobre este particular, refirió similares circunstancias fácticas a las descritas en los
expedientes antes reseñados.

21
Demandante Antonio Rafael Fonseca Zárate.

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Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026

1.3.3. Concepto de la violación

36. Consideró que con el acto electoral demandado se incurrió en la causal de
nulidad consagrada en el numeral 5º del artículo 275 de la Ley 1437 del 2011, en la
medida en que la elegida se encontraba incursa en la causal de inelegibilidad
dispuesta en el numeral 2º del artículo 17922 de la Constitución Política de 1991.

37. Argumentó que se configuran todos los elementos de la referida inhabilidad, en
tanto ostentó la condición de subgerente administrativo de la empresa
TRANSMETRO, cargo que según los estatutos es del nivel directivo y, en
consecuencia, se rige por las normas de los empleados públicos.

38. En cuanto hace al ejercicio de autoridad, precisó que la señora Pérez Arango
tenía potestad de mando, imposición, control y dirección, lo que comporta un poder
de decisión respecto de las personas controladas. Manifestó que la referida no sólo
ostentaba funciones disciplinarias en el ámbito contractual, sino también de
reclutamiento de personal, contratación de estos y evaluación de su desempeño, así
como la gestión de gastos, adquisición de bienes y servicios.

39. Efectuó una relación de las funciones asignadas a la subgerencia administrativa,
para concluir que “salta a la vista que ejercía autoridad civil política y también administrativa,
pues contó siempre con facultades de dirección, coordinación, supervisión, promoción,
adopción y manejo en la entidad. Véase como, por ejemplo, tenía atribuciones para elaborar
los pliegos de condiciones y términos de referencia de los contratos que en su momento
requería la dependencia para su funcionamiento. (tal como se advierte en los contratos que
se anexaran como soporte de tal afirmación).”

40. Igualmente solicitó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos
del acto demandado.

1.3.4. Trámite procesal relevante.

41. En auto del 16 de mayo23 del 2022 se ordenó el traslado de la medida cautelar.

42. En providencia del 9 de junio del 202224 se admitió la demanda y se negó la
suspensión provisional requerida. En cuanto a esto último, se señaló que, de las
pruebas aportadas con la demanda, no era posible establecer los elementos que
configuran la inhabilidad deprecada, especialmente, en cuanto hace al ejercicio de
autoridad administrativa y al elemento temporal exigido por la norma.

1.3.5. Contestaciones

22
Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política,
civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.
23
SAMAI. Actuación No. 6.
24
SAMAI. Actuación No. 19. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal)
Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026

43. El apoderado de la demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la demanda. En primer lugar, refiere que “en el asunto de la referencia, el concepto de
la violación propuesto por el señor Antonio Fonseca en la demanda es vago e indeterminado.
En efecto, aun cuando él sostiene que la señora Betsy Pérez habría ejercido autoridad
política, civil y administrativa, en la demanda solo intenta desarrollar estas dos últimas.
Además, pese a señalar en qué consisten la autoridad civil y administrativa e identificar
algunas funciones desempeñadas por mi poderdante, no explicó el alcance de dichas labores
ni cómo serían una manifestación de autoridad. A ello se suma que tampoco aportó ni solicitó
pruebas que permitan asegurar, con grado de certeza, que la señora Betsy Pérez no podía
ser elegida como congresista con base en el numeral 2° del artículo 179 de la Constitución.”25

44. Contrario a lo expuesto en los demás expedientes, la intervención parte de
señalar que se encuentra acreditada la condición de empleada pública de la señora
Pérez Arango al haber ocupado el cargo de subgerente administrativa de la empresa
TRANSMETRO S.A.S.

45. En cuanto hace al ejercicio de autoridad administrativa, señaló que la conclusión
que se presenta en la demanda sobre dicho particular deviene en un análisis de los
verbos rectores que se consagran en las funciones consignadas en el manual de
funciones; sin embargo, resaltó que la inclusión de palabras como “dirigir” o “adoptar”,
no implican, de entrada, que se tengan competencias que permitan concluir dicha
situación26.

46. En lo referido a las “atribuciones disciplinarias contractuales”, la cual acorde con
el dicho del demandante deviene de las facultades de supervisión de contratos, refirió
que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha precisado que esta labor no implica
ejercicio de autoridad27, estando claro que las mismas son de apoyo y no incluyen
potestad sancionatoria alguna respecto de quien la ejerce, tal y como lo dispone el
Manual de Contratación de TRANSMETRO S.A.S, encontrándose que incluso dicho
documento dispone que todo procedimiento con tal finalidad debe ser adelantado por
la gerencia general de dicha compañía.

47. Finalmente, refirió que los contratos supervisados por la demandada, en ninguna
medida consagraron a favor de esta, competencias en tal sentido.

48. En relación con el reclutamiento de personal, señaló que dicha función recae
exclusivamente en la gerencia general de TRANSMETRO S.A.S., así como que la
función de evaluación del desempeño laboral de los empleados no implica ejercicio
de autoridad, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado28.

49. En punto de la gestión del gasto y la adquisición de bienes y servicios, manifestó
que del manual funciones de la subgerencia administrativa no es posible derivar que
25
Lo cual fue negado en providencia del 18 de octubre del 2022.
26
Sobre el particular, trajo a colación: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 29 de abril de 2021. MP. Carlos
Enrique Moreno Rubio, rad. 23001-23-33-000-2019-00461-01.
27
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 3 de noviembre de 2020. MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez,
rad. 11001-03-28-000-2020-00016-00.
28
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 28 de enero de 2021. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 76001-
23-33-000-2020-00013-01.

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal)
Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
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dicha facultad la ostente quien ocupa dicho cargo, lo cual aplica también respecto de
la alegada competencia para elaborar pliegos de condiciones.

50. Se abstuvo de pronunciarse en relación con la configuración de los elementos
espacial y temporal, en la medida que, para ellos, es presupuesto indispensable, el
haber acreditado el ejercicio de autoridad.

1.4. Auto que dispone aplicar el trámite de la sentencia anticipada

51. En providencia del 18 de octubre del 2022, el despacho conductor de la actuación
se pronunció sobre las excepciones propuestas en la contestación de la demanda, se
fijó el litigio29 y se resolvió respecto de la incorporación, decreto y práctica de pruebas
de naturaleza documental.

52. En la misma decisión, se señaló que, una vez terminado el período probatorio, se
procediera a correr traslado para alegar de conclusión y dictar sentencia anticipada,
en los términos del artículo 182A de la Ley 1437 del 2011.

1.5. Alegatos de conclusión30

53. Dentro del término otorgado para el efecto, se presentaron las siguientes
intervenciones:

54. La demandada. En su escrito final, solicitó se denieguen las pretensiones de la
demanda acumulada de la referencia. Tras hacer referencia a los elementos que
configuran la causal de inhabilidad deprecada, señaló que, en efecto, ocupó el cargo
de subgerente administrativa de la empresa TRANSMETRO S.A.S., el cual, de
conformidad con los estatutos internos de dicha compañía, tiene la condición de
empleado público.

55. En cuanto al presunto ejercicio de autoridad administrativa, concluyó que desde
el punto de vista orgánico no ocupa ninguno de los cargos descritos en el inciso 1º del
artículo 190 de la Ley 136 de 1994 (alcalde, secretario de alcaldía, jefe de
departamento administrativo, entre otros). Así la cosas, bajo este parámetro, no es
posible endilgar la atribución que pretenden demostrar los demandantes.

56. De otra parte, señaló que, desde el cargo de subgerente administrativa, no tenía
la autorización para expedir actos administrativos, firmar contratos, autorizar el gasto
o ejercer funciones de control interno disciplinario, o competencia alguna en materia
de recurso humano o en aspectos logísticos o financieros de TRANSMETRO S.A.S.,
por lo que desde el punto de vista funcional tampoco es posible predicar el ejercicio
de autoridad administrativa.

29
En los términos en que se expone en las consideraciones de esta providencia.
30
El término para alegar de conclusión transcurrió entre el 20 de enero y el 2 de febrero del 2023.

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Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
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57. Transcribió las funciones que de conformidad con el manual correspondiente
fueron certificadas por la gerencia de TRANSMETRO S.A.S., para señalar que “no se
enmarcan en las enlistadas en los artículos 188 y 190 de la Ley 136 de 1994, ni implican
coerción por parte de dicho funcionario frente a sus dependientes y la ciudadanía en
general, ni son de aquellas que otorgan capacidad de mando o de decisión de manera
autónoma en asuntos propios de la función administrativa. En realidad, las labores
encomendadas al Subgerente Administrativo son de apoyo a la gestión de algunas áreas
de la entidad.”

58. Seguidamente, citó la jurisprudencia adoptada por esta Sección31, para referir
que de la misma se puede concluir que el ejercicio de la supervisión de los contratos
no implica autoridad administrativa, en la medida en que en el desarrollo de esta
función no se toman decisiones respecto de los aspectos vigilados, lo cual
fundamentó también en lo dispuesto en el Manual de Contratación de
TRANSMETRO S.A.S., del que no se puede derivar lo pretendido por la parte actora.
Por ello resaltó:

“Es cierto que la ciudadana Betsy Pérez ejerció el cargo de Subgerente
Administrativa, y que en virtud de este se le asignó la facultad de supervisión de 26
contratos, en los términos previamente expuestos. Sin embargo, de conformidad
con el criterio de la jurisprudencia del Consejo de Estado esta asignación no
implica el ejercicio de autoridad civil o administrativa.”

59. Finalmente, respecto de los elementos territorial y temporal, manifestó lo
siguiente:

3.4. No se configura el elemento territorial.

El artículo 179.2 de la Constitución exige que para que se configure la inhabilidad
consagrada es necesario que el ejercicio de autoridad reputado a la congresista
elegida se desarrolle en la circunscripción territorial por la cual aspiró a ser electa.

Para el examen y configuración de este elemento, debió comprobarse que la
congresista electa en efecto hubiera detentado autoridad civil y/o autoridad
administrativa. No obstante, conforme ya se explicó, no lo hizo. Luego, tampoco
puede tenerse como acreditada la satisfacción del elemento espacial.

3.5. No se configura el elemento temporal.

De acuerdo con el artículo 179.2 de la Constitución, para que se configure la
causal de inhabilidad el servidor público debió haber ejercido autoridad calificada
dentro de los 12 meses anteriores a la elección, “es decir, partimos de un extremo
temporal final que sería el día de la celebración de los respectivos comicios, para
contabilizar el término inhabilitante hacía atrás hasta completar los doce meses,
que constituiría el extremo temporal inicial de este factor temporal”

Para el examen y configuración de este elemento necesariamente debió
comprobarse que la congresista electa en efecto hubiera detentado autoridad civil
y/o autoridad administrativa. No obstante, conforme ya se explicó no lo hizo.

31
Sentencia del 2 de octubre de 2020, radicado 50001-23-33-000-2020-00012- 01. Criterio reiterado en sentencia del 22 de
julio de 2021, radicado 05001- 23-33-000-2019-02965-01.

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Luego, tampoco puede tenerse como acreditada la satisfacción del elemento
temporal.

60. El demandante en el proceso 11001-03-28-000-2022-00103-00. Actuando a
través de su apoderado judicial, solicitó se declare la prosperidad de las pretensiones
y, en consecuencia, se anule el acto electoral demandado. En punto del ejercicio de
autoridad administrativa, manifestó que el cargo de subgerente administrativo
ocupado por la elegida es del nivel directivo de TRANSMETRO S.A.S., dependencia
respecto de la cual es posible predicar poder jerárquico y de mando respecto de los
empleados públicos y trabajadores oficiales asignados a dicha dependencia.

61. Trajo a colación las funciones desempeñadas por los profesionales universitarios
que laboran en la referida dependencia, para resaltar que de ella se desprenden la
orientación y de directriz que ejerce el subgerente administrativo sobre los mismos, lo
que implica que no es un mero cargo de acompañamiento o apoyo a la gestión, como
lo pretende hacer ver la demandada en sus intervenciones.

62. Hizo referencia al manual de funciones vigente desde el 2019, para indicar que
de conformidad con las competencias generales de los funcionarios del nivel directivo
de TRANSMETRO, confrontándolas con las esenciales y específicas del cargo de
subgerente administrativo, de todas ellas es posible concluir la configuración del
elemento objetivo de la causal de inelegibilidad deprecada contra la demandada.

63. Finalmente, trajo a colación las obligaciones derivadas de la posición de
supervisora de los contratos celebrados por TRANSMETRO, para señalar que de
ellas se evidencia que se puede exigir el cumplimiento al contratista, lo que implica
ejercicio de autoridad, conllevando a la adopción de actos administrativos de dicha
naturaleza.

1.6. Concepto del Ministerio Público

64. En el concepto 2023-01-NE-017 del 30 de enero del 2023, la procuradora
séptima delegada ante el Consejo de Estado solicitó se nieguen las pretensiones de
la demanda de la referencia. En síntesis, consideró que:

65. En relación con el ejercicio de autoridad administrativa endilgado a la
demandada, señaló la vista fiscal que de una revisión de las funciones certificadas al
interior del expediente respecto del cargo de subgerente administrativo de
TRANSMETRO, se puede evidenciar que, aunque algunas de ellas incluyen el verbo
rector “dirigir”, lo cierto es que su desempeño siempre estuvo atado a la decisión de
una instancia jerárquica superior, esto es, el gerente general de la compañía, por lo
que no se observa el grado de autonomía que se requiere para la configuración de la
inhabilidad.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

66. De conformidad con lo establecido en el numeral 3° del artículo 149 de la Ley
1437 de 201132 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, esta Sección es competente para conocer, tramitar y
fallar en única instancia el proceso de la referencia.

2.2. Problemas jurídicos

67. En providencia del 18 de octubre del 2022, se fijó el litigio33 en los siguientes
términos:

¿Se configuran los elementos de la inhabilidad prevista en el numeral 2º del
artículo 179 constitucional, respecto de Betsy Judith Pérez Arango?

68. Para el efecto, será necesario dar respuesta a los siguientes subproblemas
jurídicos:

a) ¿Tuvo la señora Betsy Judith Pérez Arango en el cargo de subgerente
administrativa de la empresa TRANSMETRO S.A.S la condición de
empleada pública que se exige por el numeral 2º del artículo 179 de la
Constitución Política de 1991?

b) En caso de encontrar acreditado el anterior interrogante, determinar si de
las funciones del cargo, ¿es posible predicar el ejercicio de autoridad
administrativa o civil?

c) ¿Dicho ejercicio de autoridad se adelantó durante el período inhabilitante
que consigna en el numeral 2º del artículo 179 de la Constitución Política de
1991, esto es, dentro de los doce meses anteriores a la elección?

d) ¿La mencionada autoridad fue ejercida en la circunscripción del
departamento del Atlántico?

69. A efectos de responder a los interrogantes antes expuestos, la Sala expondrá
los siguientes temas (i) generalidades sobre el concepto, aplicación e
interpretación de las inhabilidades; (ii) elementos de la inhabilidad consagrada en
el numeral 2º del artículo 179 constitucional, haciendo énfasis en el concepto de
autoridad administrativa y (iii) caso concreto.

32
“ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA: El Consejo de Estado, en Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a
la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…)
3. De los de nulidad del acto de elección (…) de los representantes a la Cámara (…)”.
33
Decisión que quedó en firme, en tanto no se presentaron recursos respecto de esta.

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2.3 Concepto, finalidad e interpretación de las inhabilidades34
70. La Constitución Política de 1991, desde el artículo 1º precisó que Colombia es
una República unitaria “democrática, participativa y pluralista”, determinándose que
en el marco de las finalidades del Estado -art. 2º-, se encuentra la de “facilitar la
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación”.

71. Bajo este principio fundante de nuestra estructura constitucional, resulta
importante hacer referencia al derecho de participación política, en su componente
de acceso al ejercicio de funciones públicas. Desde 199435 se ha señalado que la
democracia participativa no se limita a establecer procedimientos para la toma de
decisiones, toda vez que por la decisión constituyente de 1991 esta fue redefinida
buscando la “estructuración de nuevos escenarios en los que el ciudadano no agota su
rol político en movilización para votaciones periódicas, sino que, el Constituyente propició
nuevos escenarios de injerencia social y política, caracterizados por mayores espacios de
deliberación y de decisión, sobre temas que le afectan o en los que tiene interés.”36

72. Con esta concepción de la democracia participativa, se tiene que la misma
encuentra un instrumento para su materialización en los denominados derechos
políticos consagrados en el artículo 40 constitucional37, el cual precisa:

ARTÍCULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido. (…)

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse.38

73. Entendiendo que no existen derechos absolutos, la anterior prerrogativa
constitucional puede ser objeto de restricciones razonables y proporcionales
establecidas por el texto fundamental o el legislador -arts. 123 y 150, numeral 23

34
Este acápite, reitera apartes de lo dispuesto por la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 27
de julio del 2021, radicado 11001-03-28-000-2020-00004-00; M.P. Rocío Araújo Oñate, criterios que fueron reiterados por
esta Sala del Sección en el fallo del 20 de octubre del 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00047-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate.
35
Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 1994. M.P. Hernando Herrera Vergara.
36
Corte Constitucional. Sentencia C- 101 del 24 de octubre del 2018. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
37
Es de resaltar que, sobre este derecho, la Corte Constitucional también ha predicado su naturaleza universal y expansiva.
En decisión C-089 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz se indicó que esta garantía es universal bajo el entendido de
que compromete diversos escenarios, procesos y lugares dentro de la esfera pública y privada, y, además, porque el
concepto de política sobre el que descansa se nutre de todo lo que le puede interesar a la persona, a la comunidad y al
Estado, lo que justifica la injerencia en la distribución, el control y la asignación del poder social. De otro lado, en la misma
decisión, se desarrolló su naturaleza expansiva, porque su dinámica comprende el conflicto social y busca encauzarlo a
partir del respeto y la constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social, la cual debe ampliarse de
manera progresiva con la finalidad de conquistar nuevos ámbitos y profundizar permanentemente en su vigencia, lo que
exige de los principales actores públicos y privados, un ineludible compromiso con su efectiva construcción.
38
No sobra indicar que, en virtud del bloque de constitucionalidad consagrado en los incisos 1º y 2º de artículo 93 de la
Constitución, el reconocimiento de esta garantía se encuentra incorporado en diversos tratados internacionales hace parte
de nuestro ordenamiento interno, por lo que es importante referenciar igualmente al contenido del artículo 21 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así
como el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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de la Constitución- y que, por lo tanto, se contraponen directamente al interés del
ciudadano de participar en el ejercicio, conformación y control del poder político 39.

74. Es de resaltar que estas limitaciones también encuentran su fundamento en la
finalidad de la función pública, que busca la satisfacción de los intereses de la
población, bajo los específicos criterios que guían su ejercicio, como son la
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, ello
conforme al artículo 209 Superior40.

75. Bajo el panorama antes descrito, se presenta la figura jurídica de las
inhabilidades. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esta
se entiende de la siguiente manera:

“(…)las inhabilidades son ‘aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la
ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un
cargo público (…) y tienen como objetivo primordial lograr la moralización,
idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están
desempeñando empleos públicos’, y que las mismas pueden tener naturaleza
sancionatoria, en materia penal, contravencional, disciplinaria, correccional y de
punición por indignidad política; en los demás casos no tienen dicha naturaleza.”41.

76. Las decisiones de esta Corporación han sido pacíficas en exponer igual
concepto respecto de la figura en estudio. En fallo de unificación, la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo precisó respecto del concepto de inhabilidad42:

“3.1 Una noción general de inhabilidad implica restricciones al ejercicio del derecho
fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político,
pues buscan impedir la elegibilidad de determinadas personas que se encuentran
afectadas por situaciones, circunstancias o condiciones, que el Constituyente
anticipó como riesgos que afectan intereses, valores y principios superiores
protegidos.”

77. Esta Sección ha sido constante y pacífica al referir que las inhabilidades, en
tanto limitaciones al ejercicio de derechos políticos, deben ser interpretadas de
manera literal y sin acudir a figuras como la analogía o la extensión de sus efectos
a situaciones no reguladas por ellas, en la medida en que sólo de esa manera se
concreta el menor grado de restricción respecto de las garantías constitucionales
que subyacen al ejercicio democrático.

78. En sentencia de unificación reciente43, se determinó que el criterio de
interpretación restrictiva busca la aplicación de la norma a casos concretos44,

39
Al respecto, pueden consultar las sentencias C-537 de 1993 M.P. Ciro Angarita Barón, C-200 de 2001 M.P. Eduardo
Montealegre Lynett y C-408 de 2001 M.P. Jaime Araújo Rentería, reiteradas en la sentencia C-100 de 2004 M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
40
Corte Constitucional. Sentencia C-612 de 2013 M.P. Alberto Rojas Ríos
41
Al respecto, ver: sentencias C-558 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-348 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño;
Sentencia C-181 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz. Todas citadas en Corte Constitucional. Sentencia C-903 del 2008. M.P.
Jaime Araújo Rentería.
42
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 29 de enero del 2019.
Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00. C.P. Rocío Araújo Oñate.
43
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de julio del 2021. Radicación 11001-
03-28-000-2020-00004-00. M.P. Rocío Araújo Oñate.

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razón por la cual los operadores jurídicos al momento de determinar la ocurrencia
de una inhabilidad respecto de quien pretende ocupar un cargo público, deben
limitarse i) al alcance de los verbos rectores incluidos por el constituyente o el
legislador, por ejemplo, la gestión de negocios, inscribirse para otra elección- ii) a
las situaciones de orden jurídico que la originan y su prueba plena -vr. gr. el
parentesco-, así como a los límites de orden temporal -ejemplo, durante el año
anterior a la elección- y/o espacial -vr.gr. cuando se limita a la jurisdicción donde
se llevará a cabo la elección – y iii) las calidades específicas de las personas
respecto de las cuales se predican -por ejemplo, la condición de empleado
público-.

79. Se debe resaltar que también la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo45
señaló que, en el criterio restrictivo, además de comprender el análisis literal de
las disposiciones normativas, debe ceñirse en forma estricta al sentido lato de las
expresiones que estas contienen, puestas en consonancia con la finalidad de la
norma jurídica, de tal manera que se logre asegurar la eficacia de esta y su
respectiva utilidad. Ello fue precisado en los siguientes términos:

“6.1.5.3 Ello quiere decir que de la literalidad, el juez solo deriva el sentido o
significado común que las expresiones de la norma tienen, pero sin entrar a
realizar ningún otro razonamiento. Mientras que la interpretación restrictiva supone
que el texto dispositivo se encuentre en consonancia con la finalidad o
propósito de la norma constitucional, responda a su poder normativo y
eficacia inmediata y salvaguarde su utilidad.”46

80. En conclusión, si bien es cierto que la determinación del alcance y aplicación
de una inhabilidad o incompatibilidad debe estar limitado por los precisos
elementos que el constituyente o el legislador determinen en el ámbito de sus
competencias, ello no obsta para que, incluso en el marco de dicha restricción
interpretativa, se establezca la forma en que aquellas cumplen con la finalidad -de
orden constitucional y legal- que persiguen y se garantice su eficacia y efecto útil.

2.4. De la inhabilidad consagrada en el numeral 2º del artículo 179
constitucional

81. El artículo 179 numeral 2º de la Constitución, en su tenor literal, dispone:

ARTÍCULO 179. No podrán ser congresistas:

(…)

2. Quienes hubieren ejercido, como empleados públicos, jurisdicción o autoridad
política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la
fecha de la elección.

44
Criterio acogido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en: Sentencia del 29 de enero del 2019. Consejera
Ponente Rocío Araújo Oñate. Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
45
Ídem.
46
Ídem.

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82. De conformidad con ello, es posible derivar de la referida condición de
inelegibilidad los siguientes elementos que, valga la pena resaltar, deben
presentarse de forma concurrente para otorgar los efectos jurídicos derivados de
la misma:

Elemento Contenido
Subjetivo Condición de “empleados públicos”.
Modal Ejercicio de jurisdicción o autoridad política, civil,
administrativa o militar
Temporal Dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la
elección
Territorial En la respectiva circunscripción en la cual se lleva a cabo la
elección

83. A efectos de entender el concepto de autoridad administrativa, la Sala Plena
del Consejo de Estado y esta Sección47 han acudido, “para efectos de precisar los
elementos que caracterizan este poder (…) no con carácter analógico sino a título de
referente conceptual”48, a la definición de dirección administrativa plasmada en el
artículo 190 de la Ley 136 de 1994, que en su tenor literal dispone:

“DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la ejercen los
secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los gerentes o
jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas
especiales, como superiores de los correspondientes servicios municipales.

También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.”

84. La Sección Quinta del Consejo de Estado49 ha aceptado que a la noción de
autoridad administrativa puede arribarse a través de un criterio funcional que, a
partir del análisis casuístico de las competencias atribuidas a un cargo, permita
obtener la certeza de que el titular de la función detenta la autonomía decisoria
requerida50; o mediante el uso de un criterio orgánico que se ocupa de
desentrañar, tomando como base la ubicación jerárquica del empleo, el ejercicio
de la dirección administrativa que la caracteriza, cristalizada, se itera, en poderes
de mando.

47
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800. M.P. Susana Buitrago
Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009.
48
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 23001-23-31-000-2008-00087-03(IJ). M.P. Susana
Buitrago Valencia. Sentencia de 30 de noviembre de 2010.
49
En reciente decisión, esta Sección ratificó el uso de los denominados criterios: Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01 acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate.
Auto de 1° de octubre de 2020.
50
Esta postura fue expuesta por la Sala de la Sección Quinta, en fallo del 12 de agosto del 2021, radicación 50001-23-33-
000-2020-00012-02(principal), M.P. Rocío Araújo Oñate.

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Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
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85. Lo anterior, en consonancia con la decisión de 9 de septiembre de 2005 51,
mediante la cual esta Sala dispuso:

“Es claro, entonces, que para establecer si el ejercicio de determinado cargo público
implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede acudirse, o bien a un criterio
orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud del primero, es posible entender
que el ejercicio de determinado cargo conlleva el ejercicio de autoridad administrativa
por tratarse de aquellos que, de conformidad con la ley, implican dirección
administrativa, por ser ésta es una manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al
segundo, será posible concluir que las funciones propias de un determinado cargo
implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que de dichas
atribuciones haga el juzgador en el caso concreto.” (Negrilla y subrayas fuera de
texto)

86. Así, desde el enfoque funcional, la jurisprudencia52 ha admitido que comportan
autoridad administrativa, de conformidad con el artículo 190 ibidem:

• La celebración de contratos o convenios.
• La ordenación de gastos u horas extras.
• La autorización de comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de
vacaciones y su suspensión.
• El traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados.
• La vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una
nueva sede al personal de planta.
• Hacer parte de la dirección de las unidades de control interno o investigar
las faltas disciplinarias.

87. Lo anterior, sin que se trate de un listado taxativo, pues el catálogo de
funciones que implica el ejercicio de este tipo de autoridad, puede verse ampliado,
siempre y cuando, las competencias analizadas cumplan con las condiciones
hasta aquí referidas, esto es, que se constituyan en manifestaciones propias de la
facultad decisoria atribuida al cargo, y cuyo propósito sea el cumplimiento de los
fines esenciales del órgano administrativo al que se encuentra adscrito, ya que,
como lo ha advertido la Sala Plena de esta Corporación, la autoridad
administrativa es:

“…aquella que ejercen quienes desempeñan cargos de la administración nacional,
departamental y municipal o de los órganos electorales y de control que impliquen
poderes decisorios de mando o imposición sobre los subordinados o la sociedad. La
autoridad administrativa, comprende, entonces, las funciones administrativas
de una connotación como la descrita y excluye las demás que no alcanzan a
tener esa importancia.”53 (Negrilla y subrayas fuera de texto)

88. Es de resaltar que esta Sala de Sección, en cumplimiento de lo dispuesto en
el fallo de unificación SU-207-del 2022, dictó la sentencia de reemplazo del 1º de
51
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. N°. 41001-23-31-000-2003-01299-
02(3657). M.P. Filemón Jiménez Ochoa.
52
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P.
Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.
53
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Rad. 11001-03-15-000-2001-0161-01(PI-025). M.P.
Darío Quiñones Pinilla. Sentencia del 27 de agosto de 2002.

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diciembre del 202254, en donde fue necesario analizar, en los casos de parentesco
de un funcionario elegido al nivel municipal con otro que ejerza autoridad
administrativa al nivel departamental, si en efecto la función respecto de la cual se
predica esta última condición, puede ser ejercida de forma efectiva en el
correspondiente municipio o distrito.

2.5. Caso concreto

89. Para efectos metodológicos, la Sala abordará el estudio del caso concreto,
identificando las pruebas obrantes en el expediente que conllevan a demostrar
cada uno de los elementos de la inhabilidad deprecada, de conformidad con el
marco teórico descrito en precedencia.

2.5.1. Del elemento subjetivo – la condición de empleada pública de la
señora Betsy Judith Pérez Arango

90. Obra en el plenario, copia de la Resolución 123 del 27 de febrero del 2020 55,
por medio de la cual el gerente de la referida entidad nombró a la señora Betsy
Judith Pérez Arango en la posición referenciada, en la cual tomó posesión el 3 de
marzo siguiente56.

91. La mencionada ocupó dicho empleo hasta el 7 de diciembre del 2021, fecha
en la cual presentó su carta de renuncia57, la cual fue aceptada en la misma
oportunidad58.

92. Es necesario indicar que el artículo 76 de los Estatutos de TRANSMETRO
S.A.S. 59señala que:

“ARTÍCULO 76.- REGIMEN DE EMPLEADOS.- El Gerente de la sociedad, el
Secretario General, los empleados del nivel directivo (subgerentes), serán
empleados de libre nombramiento y remoción y estarán sujetos al régimen
de los empleados públicos y a los presentes estatutos; el Director de Control
Interno será nombrado por el Alcalde del Distrito de Barranquilla por un período fijo
de cuatro años en la mitad del respectivo período del Alcalde, con fundamento en
lo regulado en el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. Los demás empleados de la
sociedad, estarán sujetos al régimen de los trabajadores oficiales.”

93. A su vez, de conformidad con el mismo documento antes señalado,
“TRANSMETRO S.A.S. es una sociedad por acciones del orden Distrital, con acciones del
Área Metropolitana de Barranquilla, y además es una sociedad por Acciones Simplificada,
regulada por la Ley 1258 de Diciembre 5 de 2008, regida en lo pertinente por las
disposiciones legales aplicables a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y
en particular a lo previsto en el Articulo 85 y siguientes de la Ley 489 de 1998, sus

54
Expediente 76001-23-33-000-2019-01126-01. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
55
SAMAI. Actuación No. 46.
56
SAMAI. Actuación No. 46.
57
SAMAI. Actuación No. 46.
58
SAMAI. Actuación No. 46.
59
Citado por la parte demandada en los alegatos de conclusión.

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decretos reglamentarios y el Artículo 93 de la ley 1474 de 2011, modificatorio del Artículo
14 de la ley 1150 de 2007.”

94. Conforme con todo lo dicho, encuentra esta judicatura que está plenamente
acreditado el elemento subjetivo de la condición de inelegibilidad del numeral 2º del
artículo 179 constitucional.

2.5.2. Elemento objetivo – ejercicio de autoridad administrativa por parte de la
señora Betsy Judith Pérez Arango.

95. En el plenario obran los siguientes elementos de convicción, de naturaleza
documental:

96. Se cuenta con el “MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABORALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PLANTA DE
PERSONAL DE LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICO URBANO DE TRANSPORTE
MASIVO DE PASAJEROS DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA –
TRANSMETRO S.A.S.”60, el cual se corresponde con la versión No. 5 vigente desde
el 11 de diciembre del 2019, siendo este el aplicado durante la relación legal y
reglamentaria de la demandada, tal y como fue certificado con el gerente general
en los siguientes términos61:

97. Del referido manual de funciones, se puede resaltar lo siguiente:

a) En el numeral 7 se determina la naturaleza general de las funciones de los
empleados de TRANSMETRO S.A.S. Respecto del nivel directivo, categoría
en la que se encuentre el subgerente administrativo, se señala que estos
comprenden “los empleados a los cuales corresponden funciones de Dirección

60
SAMAI. Actuación No. 46.
61
SAMAI. Actuación No. 46

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General, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes,
programas y proyectos.” Seguidamente, se indica que:

“De acuerdo con su naturaleza, los empleos de este nivel tendrán, entre otras, las
siguientes funciones:

• Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución
o el sector al que pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y
condiciones establecidos para su ejecución.
• Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas.
• Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización
interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites
administrativos internos.
• Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.
• Representar al país, por delegación del Gobierno, en reuniones nacionales e
internacionales, relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del
sector.
• Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de
los planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de
información para la ejecución y seguimiento de los planes del sector.
• Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en
que tenga asiento la entidad o efectuar las delegaciones pertinentes.
• Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe
ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización.
• Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las
disposiciones que determinen la organización de la entidad o dependencia a su
cargo y la naturaleza del empleo.

b) El mismo documento, refiere que el propósito principal del cargo de
subgerente administrativo es “Implementar y asegurar la ejecución de políticas y
estrategias de la Subgerencia Administrativa en la Oficina Principal de la
Organización a través de la gestión, seguimiento y control de las áreas de
Talento Humano, Sistemas, Servicios generales de las instalaciones
administrativas (recepción y aseo) y gestión documental.” (énfasis propio)

c) Como responsabilidades se reportan:

“Para con el cargo
21. Gestión humana: Inducción, formación, bienestar, desarrollo y evaluación del
desempeño laboral.
22. Gestión de sistemas, tecnología y comunicaciones.
23. Archivo y correspondencia
24. Servicios generales.

Para con el SG – SST
25. Favorecer el control de la accidentalidad, morbilidad y el ausentismo, presente
en las actividades laborales de TRANSMETRO SAS.
26. Servir como multiplicador de los efectos, controles y protecciones de los
factores de riesgo presentes en la Entidad y ser ejemplo en la aplicación de
procedimientos y comportamientos seguros en el trabajo.
27. Promover los hábitos de vida y de trabajo saludables, convirtiéndose en
modelo sobre el autocuidado en salud.

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28. Participar y estimular la asistencia de los servidores públicos en los programas
de inducción-reinducción en la Entidad.
29. Motivar y facilitar la asistencia de los servidores públicos a las reuniones de
capacitación.
30. Garantizar que los accidentes e incidentes sean reportados, registrados e
investigados en forma adecuada.”

98. El gerente de la empresa TRANSMETRO S.A.S., el 24 de octubre del 2022,
certificó62 que, según el manual específico de funciones y competencias laborales, la
señora Betsy Judith Pérez Arango, en su condición de subgerente administrativa,
tuvo la siguientes “competencias funcionales”:

“1. Implementa el programa de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo.
2. Garantiza las actividades de apoyo de servicios generales.
3. Coordina y supervisa el sistema de administración de la mensajería y
correspondencia interna y externa de la entidad, teniendo en cuenta las políticas,
normas y procedimientos establecidos.
4. Realiza oportunamente el seguimiento al cumplimiento de los indicadores de
gestión y al cronograma y metas establecidas para el área de la subgerencia
administrativa.
5. Realiza los procesos de inducción, formación, evaluación y desarrollo de
personal de acuerdo con las políticas de la entidad y las normas y procedimientos
establecidos.
6. Elabora el plan de acción de la Subgerencia Administrativa de acuerdo con las
actividades, recursos económicos y logísticos que se requiera para su desarrollo,
enfocados en los procesos de Talento Humano, Servicios Generales, Sistemas y
Gestión Documental.
7. Elabora y presenta los informes a la Gerencia y/o entidades gubernamentales
nacionales, locales u organismos de control de acuerdo con los requerimientos
técnicos solicitados.”

99. El 25 de octubre siguiente, se certificó por el mismo funcionario que la demanda
ostentó las siguientes funciones específicas:

1. Formular y proponer planes de acción de la Subgerencia administrativa a la Gerencia,
con el fin de contar con los recursos económicos y logísticos para el desarrollo de las
actividades programadas y enfocadas en los procesos de Talento Humano, Sistemas,
Servicios Generales de las instalaciones administrativas (recepción y aseo) y gestión
documental.
2. Proponer al Gerente desde la gestión administrativa de la entidad, planes, programas
y proyectos que contribuyan al mejoramiento continuo del talento humano, la
disponibilidad de herramientas tecnológicas (equipos de cómputo / software) y
gestión documental para el desarrollo óptimo de las actividades administrativas al
interior de la Institución.
3. Adoptar sistemas y procesos de información, para la ejecución de los planes y
programas indicados en el Plan de Desarrollo Institucional concernientes a la
subgerencia administrativa y enfocados en Talento Humano, Seguridad y Salud en el
Trabajo, Sistemas y Gestión Documental, como proceso de apoyo a la mejora
continua de la entidad.
4. Aplicar los planes y programas en materia de inducción, formación, evaluación y
desarrollo de personal.

62
SAMAI. Actuación No. 46.

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5. Organizar los programas de administración de personal de planta, nómina, bienestar
laboral, incentivos y de capacitación de los servidores públicos de la empresa.
6. Orientar y dirigir los programas de seguridad social, seguridad y salud en el trabajo de
los servidores públicos de Transmetro.
7. Desarrollar y coordinar la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados
por la Gerencia y relacionados con la administración del Talento Humano, Sistemas y
Gestión Documental, tendientes a garantizar el buen funcionamiento de la entidad
aportando, desde su competencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos y
las normas legales vigentes sobre la materia.
8. Coordinar y verificar el sistema de administración de la mensajería y correspondencia
interna y externa de la entidad, con el fin de garantizar la prestación de este servicio.
9. Coordinar el proceso de centralización de la información y el acervo documental
histórico de interés administrativo e institucional contemplado en la normatividad
vigente conforme con el procedimiento de manejo de archivo.
10. Dirigir la gestión integral de sistemas de información y comunicaciones internas de la
entidad.
11. Desarrollar las actividades para la implementación y actualización de manuales de
funciones y procedimientos e indicadores de gestión del área de la Subgerencia
Administrativa, con el apoyo de la Subgerencia de gestión estratégica.
12. Participar en el diseño de estrategias de comunicación interna para divulgar los
programas, planes y proyectos de la empresa a los actores interesados, en
coordinación con la Oficina de Comunicaciones y atención al cliente.
13. Establecer los indicadores de gestión, estándares de desempeño y mecanismos de
evaluación y control de los procesos a cargo de la Subgerencia Administrativa para el
cumplimiento de los objetivos, metas, planes de acción y mantenimiento de
adecuados niveles de eficiencia y eficacia.
14. Efectuar la interventoría de los contratos que le sean asignados, relacionados con los
procesos de Talento Humano, Servicios Generales, Sistema y Gestión Documental.
15. Difundir las normas y procedimientos del área de su competencia a todo el personal
de la entidad que por su actividad requiera tales conocimientos.
16. Programar, coordinar reuniones de trabajo, diligencias o eventos que le sean
indicados por la gerencia acatando las directrices impartidas para tal fin.
17. Preparar y presentar los informes solicitados por la gerencia y/o las entidades
gubernamentales nacionales, locales o por los organismos de control sobre asuntos
relacionados con el área.
18. Realizar programas y actividades en general que fomente la empresa, la formación
de una cultura que contribuya al mejoramiento continuo y cumplimiento de la misión
institucional.
19. Participar en la definición de los procesos y procedimientos del área a su cargo y
asegurar el correcto cumplimiento de los mismos.
20. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.

100. Precisado lo anterior, la Sala analiza cada uno de los cargos de las demandas
acumuladas, específicamente, para fijar respecto de cada una de las funciones a las
que hace alusión los accionantes, a efectos de determinar si las mismas constituyen
ejercicio de autoridad administrativa.

101. Expediente 2022-00039-00. Se alegó que la demandada tuvo funciones de
administración del recurso humano, logístico y financiero en cada uno de los
procesos del negocio de TRANSMETRO S.A.S., diseñando políticas y lineamientos a
seguir en áreas presupuestal y de administración del personal.

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102. De las funciones en materia financiera y presupuestal. En primer lugar, la
Sala observa que en el detalle de las actividades descritas en el manual de funciones
de la subgerencia administrativa de TRANSMETRO S.A.S., esta no tiene
competencia, función o ámbito de decisión alguno respecto de los campos financiero
y presupuestal de la compañía.

103. Se resalta que, en el mismo documento, la entidad cuenta con una subgerencia
financiera, cuyo propósito general es “asegurar y garantizar que la gestión financiera
general se lleven (sic) a cabo de manera eficiente y eficaz, contribuyendo al logro de
objetivos institucionales.”63, dependencia que incluso tiene dentro de sus
responsabilidades la denominada como “gestión presupuestal”. A su vez,
corresponde al gerente general, “Preparar y presentar para su aprobación oportuna
por parte de la Junta Directiva, el proyecto de presupuesto anual, acorde con las
políticas generales fijadas por dicho órgano”. (énfasis propio)

104. De las funciones de logística y administración del talento humano. Ahora
bien, de las funciones certificadas, se observa que algunas de ellas hacen referencia
a los aspectos logísticos y al talento humano de la empresa TRANSMETRO, sin
embargo, de estas no se puede evidenciar que se trate de competencias que
impliquen ejercicio de autoridad administrativa.

105. En cuanto al aspecto logístico, la primera función detallada en el manual de
funciones refiere:

63
El Manual de Funciones de TRANSMETRO consagra respecto de esta dependencia, las siguientes funciones:1. Asesorar
al gerente en la gestión financiera de la entidad, proponiendo planes, programas y proyectos que contribuyan al
mejoramiento continuo de la entidad. 2. Formular políticas institucionales, planear, organizar y controlar las actividades
relacionadas con la planeación financiera, tales como tesorería, contabilidad y presupuesto. 3. Consecución de recursos
necesarios para la ejecución y logística de los planes propuestos. 4. Coordinar la elaboración, la ejecución, el seguimiento y
el control del plan de acción de las dependencias a su cargo. 5. Asesorar a los funcionarios en la formulación y
programación de los presupuestos de cada área. 6. Administrar y disponer de los bienes obsoletos, inservibles o en desuso
en la entidad, de acuerdo con las normas vigentes del Control Fiscal. 7. Establecer los indicadores de gestión, estándares
de desempeño y mecanismos de evolución y control de los procesos a cargo del área para el cumplimiento de los objetivos,
metas, planes de acción y mantenimiento de adecuados niveles de eficiencia y eficacia. 8. Difundir las normas y
procedimientos del área de su competencia a todo el personal de la entidad que, por su actividad, requiera tales
conocimientos. 9. Preparar y presentar los informes solicitados por la gerencia y/o las entidades gubernamentales
nacionales, locales o por los organismos de control sobre asuntos relacionados con el área. 10. Participar en la definición de
los procesos y procedimientos del área a su cargo y asegurar el correcto cumplimiento de los mismos. 11. Responder fiscal
y administrativamente por el buen manejo de los bienes, títulos valores, fondos, cuentas corrientes y demás documentos
que representan valor para la entidad. 12. Intervenir en el desarrollo de productos y paquetes de servicio adecuados a las
necesidades de SITM, en conjunto con las dependencias involucradas. 13. Presentar los informes requeridos por todas las
entidades de control, tanto de los gastos como de las inversiones de la entidad, observando los formatos y metodología de
cada una de las entidades que involucra. 14. Asistir en representación de la entidad a las reuniones del comité técnico
establecido para la estructuración legal y financiera del proyecto, igualmente a las reuniones de seguimiento de DPN,
Mintransporte, Minhacienda. 15. Coordinar y controlar los recursos, tanto del proyecto como del ente gestor, ya sean de
fuentes distritales, nacionales o generación interna de fondos. 16. Gestionar la colocación de los recursos de Transmetro,
ya sean del proyecto o del ente gestor, ante las entidades correspondientes y realizar el respectivo seguimiento y control.
17. Manejar las relaciones y atender los requerimientos de la banca nacional e internacional. 18. Representar a la empresa
ante las entidades financieras. 19. Tramitar las solicitudes de giros de la nación y del distrito. 20. Firmar cheques, órdenes
de pago, cartas de traslados de fondo, de acuerdo con su nivel de autorización y las normas y procedimientos establecidos.
21. Revisar y presentar oportunamente los estados financieros de Transmetro ante la gerencia y la junta directiva de la
entidad. 22. Coordinar y controlar el pago oportuno de las obligaciones contraídas de la empresa, de acuerdo con las
políticas, normas y procedimientos establecidos. 23. Participar en la elaboración de los aspectos económicos-financieros de
los pliegos de condiciones para las licitaciones y concursos de la empresa, y realizar el análisis y evaluación para sus
adjudicaciones. 24. Realizar la interventoría de los contratos que le sean asignados. 25. Recibir, tramitar y resolver las
quejas, reclamaos y derechos de petición que los ciudadanos formulen en relación con los asuntos a su cargo. 26. Las
demás funciones que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza
del empleo.

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“Formular y proponer planes de acción de la Subgerencia administrativa a la
Gerencia, con el fin de contar con los recursos económicos y logísticos para
el desarrollo de las actividades programadas y enfocadas en los procesos de
Talento Humano, Sistemas, Servicios Generales de las instalaciones
administrativas (recepción y aseo) y gestión documental.” (énfasis propio)

106. Como se observa, de la redacción de esta, se puede derivar que en cabeza de
la subgerencia administrativa de TRANSMETRO, se tiene la potestad para “formular”
y “proponer” planes de acción para contar con recursos económicos y logísticos para
el desarrollo de las actividades en los procesos de talento humano, sistemas,
servicios generales y gestión documental.

107. Conforme con ello, contrario a lo dicho por el demandante, no se observa que
se tenga facultades de administración del recurso logístico señalado, pues, por el
contrario, en este caso concreto, la subgerencia administrativa presenta los planes de
acción para su consecución, sin que de ello se pueda derivar alguna facultad de
disposición de este. Así las cosas, frente a dicho particular, tal función no constituye
ejercicio de autoridad administrativa.

108. Ahora bien, merecen la especial atención de esta Sala, aquellas disposiciones
del manual de funciones que se relacionan con los procesos de talento humano y
administración del personal de TRANSMETRO. Para ello, se presenta el siguiente
análisis:

Función Conclusión
Formular y proponer planes de Sobre este particular, se insiste en que la función consiste en
acción de la Subgerencia “formular” y “proponer” los planes para contar con los recursos
administrativa a la Gerencia, con necesarios para el desarrollo de las actividades de los
el fin de contar con los recursos procesos de talento humano, lo que pone de presente que no
económicos y logísticos para el se ejercen facultades decisorias sobre el mismo.
desarrollo de las actividades
programadas y enfocadas en los No sobra indicar, que la expresión “proponer”, conforme a la
procesos de Talento Humano, RAE incluye:”
Sistemas, Servicios Generales de
las instalaciones administrativas “1.tr. Manifestar con razones algo para conocimiento de
(recepción y aseo) y gestión alguien, o para inducirle a adoptarlo.”2. tr. Determinar o h
documental. acer propósito de ejecutar o no algo. U. m. c.
prnl.3. tr. Hacer una propuesta”
Por su parte, “formular” implica:

1. tr. Enunciar en términos claros y precisos una proposic
ión, una queja, una denuncia, etc.
2. tr. recetar.3. tr. Expresar, manifestar.
Así las cosas, la literalidad de los verbos rectores de la función
descrita, no conllevan la posibilidad de adoptar una decisión
en concreto respecto del talento humano de TRANSMETRO.

Proponer al Gerente desde la Esta función refleja la posibilidad del (la) subgerente
gestión administrativa de la administrativo (a) para “proponer” planes para el mejoramiento
entidad, planes, programas y continuo del talento humano; sin embargo, da a entender la
proyectos que contribuyan al redacción, que aquellos deben ser sometidos a la aprobación
mejoramiento continuo del talento del gerente general de la empresa, por lo que finalmente, lo
humano, la disponibilidad de que evidencia que la función no es está directamente
herramientas tecnológicas asignada a la subgerencia administrativa, pues depende de la

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(equipos de cómputo / software) y decisión de otra instancia.
gestión documental para el
desarrollo óptimo de las
actividades administrativas al
interior de la Institución.

Adoptar sistemas y procesos de Conforme a esta función, si bien tiene la posibilidad de adoptar
información, para la ejecución de sistemas y procesos de información, ello se lleva a cabo para
los planes y programas indicados ejecutar los planes y programas indicados en el Plan de
en el Plan de Desarrollo Desarrollo Institucional, lo que se confirma con la literalidad del
Institucional concernientes a la verbo rector “adoptar”.
subgerencia administrativa y
enfocados en Talento Humano, Para la RAE, el verbo “adoptar” refiere a:
Seguridad y Salud en el Trabajo,
Sistemas y Gestión Documental, “3. tr. Recibir, haciéndolo propio, un parecer, un método,
como proceso de apoyo a la una doctrina, etc., que han sido creados por otros.
mejora continua de la entidad.
4. tr. Tomar resoluciones o acuerdos con previo examen
o deliberación.”

Aplicar los planes y programas en De la redacción, se observa que la misma implica la aplicación
materia de inducción, formación, -no la determinación, ni creación, ni desarrollo- de planes
evaluación y desarrollo de sobre inducción, formación, evaluación y desarrollo del
personal. personal, sin que pueda de la misma determinarse que se
tiene alguna potestad o autoridad sobre los trabajadores que
implique una verdadera administración.

Organizar los programas de Conforme la RAE, el verbo “organizar”, refiere a:
administración de personal de
planta, nómina, bienestar laboral, “1. tr. Establecer o reformar algo para lograr un fin, coor
incentivos y de capacitación de dinando las personas y los medios adecuados. U. t. c.
los servidores públicos de la prnl.
empresa.
2. tr. Poner algo en orden.

3. tr. Hacer, producir algo.”

La descripción del verbo rector de la función estudiada,
permite entender que no se trata de la “administración”
del personal de TRANSMETRO, situación que se
encuentra enfocada en la alta dirección de la entidad,
como se ve más adelante al precisarse que la función de
nombramiento, remoción, vacaciones, entre otros, se
encuentra en cabeza del del gerente general.

Orientar y dirigir los programas de
seguridad social, seguridad y Las funciones de orientación no implican la adopción de
salud en el trabajo de los decisiones sobre el personal que conlleven ejercicio de
servidores públicos de autoridad. Si bien se incluye también el verbo rector “dirigir”,
Transmetro. se observa que la función se presenta en el marco de
programas previamente determinados, sin que se evidencie la
autonomía en el ejercicio de la función.

Desarrollar y coordinar la
ejecución de los planes, Sobre este punto, se tiene que son labores de ejecución de
programas y proyectos aprobados planes previamente aprobados por la gerencia general, por lo
por la Gerencia y relacionados que se entiende que los parámetros de acción ya vienen

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Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
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con la administración del Talento previamente determinados por la decisión de la máxima
Humano, Sistemas y Gestión instancia jerárquica de TRANSMETRO, lo que conlleva a que,
Documental, tendientes a conforme a la misma, no se puede considerar que se ejerce
garantizar el buen funcionamiento autoridad administrativa.
de la entidad aportando, desde su
competencia, de acuerdo con los
procedimientos establecidos y las
normas legales vigentes sobre la
materia

109. En este punto vale la pena destacar, sin desconocer la importancia del
propósito principal del empleo que desempeñó la demandada y de las funciones
antes señaladas, que para predicar el ejercicio de autoridad administrativa debe
advertirse que estas últimas se ejerzan con autonomía64 y con un margen de
facultad decisoria.

110. Lo anterior queda en entredicho, por ejemplo, cuando desde la descripción
de los verbos rectores que se utilizan para la redacción de las funciones asignadas
al cargo, se presenta un condicionamiento a las facultades y competencias de
dependencias y/o funcionarios de mayor jerarquía -como por ejemplo, proponer
planes a la gerencia general de TRANSMETRO o adelantar actividades respecto
de planes previamente aprobados-, respecto de quienes formal y materialmente
recae la potestad de mando que incluye posibilidad de coerción.

111. Así las cosas, es claro que las competencias del cargo en la materia
correspondiente al talento humano, en este caso particular y concreto, implican
actividades que no conllevan el ejercicio de la autoridad administrativa, en la
medida en que se ubican en expresiones como “aplicar”, “orientar”, “adoptar”,
“coordinar”, “dirigir”, entre otros, que, de conformidad con el análisis expuesto en
precedencia, impiden arribar a la conclusión que se busca por la parte actora.

112. De otro lado, si bien es cierto, de conformidad con la descripción de los
cargos del nivel directivo (párrafo 98, literal a) de esta providencia), estos tienen la
función de nombramiento y remoción del personal, no se observa que la
subgerencia administrativa de TRANSMETRO, cargo desempeñado por la
demandada, tenga de manera concreta dichas facultades, ni tampoco la
determinación de sus vacaciones, permisos, licencias o incluso poder disciplinario
sobre los ellos.

113. Es necesario indicar que, por ejemplo, la facultad de vinculación del personal
de TRANSMETRO y la celebración de contratos recae en el gerente de la sociedad,
tal y como lo dispone el artículo 55 de los estatutos generales65, los cuales señalan:

64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 28 de febrero de 2002, radicado
2804, M.P. Darío Quiñones Pinilla. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 3 de
mayo de 2013, M.P: Susana Buitrago Valencia, Radicado No. 23001-23-31-000-2008-00087-03 (IJ). Criterio reiterado en:
sentencia del 12 de agosto del 2021, radicación 50001-23-33-000-2020-00012-02 acumulado, M.P. Rocío Araújo Oñate.
65
Aportados por el demandante en su escrito inicial, dentro del radicado 11001- 03-28-000-2022-00103-00, acumulado al
proceso de la referencia.

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“ARTÍCULO 55.- DEBERES Y FACULTADES. - El Gerente tendrá los siguientes
deberes: (…) 3. Contratar a los trabajadores requeridos para la ejecución y
desarrollo de los negocios de la sociedad. 4) Nombrar y remover libremente
a los empleados del nivel directivo (subgerentes), con excepción del Director
de Control Interno cuyo nombramiento se encuentra sometido a la Ley 1474
de 2011. 5. Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que
demande el ejercicio del objeto social de la sociedad, sin perjuicio de obtener
previa autorización escrita de la Junta Directiva para la ejecución de aquellos
contratos que requieran dicha formalidad de acuerdo con los estatutos, dándoseles
el derecho por medio del presente para terminar, modificar, resolver o rescindir
cualquier contrato de la sociedad, o para prorrogarlos, según el caso, suponiendo
que dicha autoridad no haya sido conferida expresamente a otro órgano de la
sociedad de acuerdo con estos estatutos (…)”

114. La Sala resalta que, de conformidad con el mismo documento antes señalado,
en caso de “falta temporal o accidental del Gerente, y mientras se provee el cargo, o
cuando se halle legalmente inhabilitado para actuar en asuntos determinados, el Gerente
será reemplazado por el Suplente del Gerente, designado por la Junta Directiva, quien
será un funcionario del nivel directivo de la entidad, de libre nombramiento y remoción.”
Sin embargo, en el plenario, obra certificada de existencia y representación legal
de TRANSMETRO S.A.S66., expedido el 26 de abril del 2022, de donde se puede
evidenciar dicha suplencia, desde el 19 de noviembre del 2020, estaba a cargo de
otra persona, por lo que ni siquiera por esta vía puede predicarse la función
respecto de la demandada:

115. De otra parte, en el expediente obran elementos de convicción de naturaleza
documental, que permiten evidenciar que es la gerencia general la que toma
determinaciones relevantes en materia laboral frente a los empleados de
TRANSMETRO S.A.S, pues ella, por ejemplo, determina el reajuste salarial67 y
concede el disfrute de vacaciones68, actuación esta última que si bien se realiza con
66
Aportado por el demandante en su escrito inicial, dentro del radicado 11001- 03-28-000-2022-00103-00, acumulado al
proceso de la referencia.
67
SAMAI. Actuación No. 51
68
SAMAI. Actuación No. 51

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el visto bueno de quien ocupa la subgerencia administrativa, la expedición del acto
administrativo corresponde a la máxima instancia jerárquica de la referida compañía,
tal y como se observa a continuación:

(…)

116. Ahora bien, especial análisis merece lo relacionado con la evaluación de los
empleados en cuanto hace a su desempeño. Si bien el manual de funciones de
TRANSMETRO señala que la subgerencia administrativa aplica los procesos de
evaluación de los empleados, lo cierto es que al interior del expediente no se
allegaron las pruebas documentales necesarias a efectos de demostrar el desarrollo
de dichas actividades por parte de la señora Betsy Judith Pérez Arango.

117. De todas maneras, es de resaltar que la jurisprudencia de esta Sección ha
señalado, de forma pacífica, que el desarrollo de estas competencias no implica
ejercicio de autoridad administrativa propiamente dicha.

118. Esta Sección ha sostenido que, respecto de la evaluación de las labores
atribuidas al equipo de trabajo, “…corresponde a la coordinación natural que debe
existir frente a empleados directos de un cargo del nivel directivo y a la verificación del
cumplimiento de las metas propuestas al interior de una dependencia administrativa”69,
sin que ello implique ejercicio de autoridad administrativa.

69
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 05001-23-33-000-2015-02491-01. M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 9 de febrero de 2017.

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119. De otra parte, la Sala Electoral del Consejo de Estado ha determinado70 que
la labor de evaluación no constituye el ejercicio de una facultad subjetiva, sino el
cumplimiento de una obligación periódica, objetiva y transparente, conforme la
metodología previamente establecida. De manera tal que el evaluador no cuenta
en estricto sentido con autonomía decisoria, y, por ende, no puede considerarse
que ejerce autoridad administrativa, a lo que se añade, que su decisión puede ser
revisada por su superior jerárquico de interponerse el recurso de apelación.

120. En tal sentido, esta Sala de decisión, frente al presunto ejercicio de autoridad
administrativa por parte de un servidor público de la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca, por el hecho de desempeñar la relatada función, precisó71:

“De conformidad con esos postulados, la Sala pone de presente que, en modo
alguno, la función de evaluación del desempeño laboral de los empleados vinculados
en carrera administrativa adscritos a la Dirección Técnica de Recursos Naturales y
Ambientales de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca comprenda el
ejercicio de autoridad administrativa, en tanto es claro que el funcionario evaluador
no cuenta con autonomía decisoria para adoptar la calificación ni de ello se deriva
una manifestación de imposición sobre los subordinados.

La evaluación y calificación del desempeño están sometidas a los instrumentos
objetivos, cualitativos y cuantitativos previamente definidos para el cumplimiento de
metas institucionales por la Comisión Especial de Carrera Administrativa[2], es decir
que como responsable de esa tarea al evaluador le está vedado atender criterios
subjetivos o personales para determinar los logros alcanzados por el empleado en el
desarrollo de su gestión, y además contra la misma proceden los recursos de ley.

Sobre ese tema, esta Corporación en sentencia del 9 de febrero de 2017, dentro del
expediente 05001-23-33-000-2015-02491-01, magistrada ponente Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, explicó lo siguiente:(...)

Así las cosas, la evaluación de desempeño laboral de los servidores a cargo no
implica el ejercicio de una función administrativa, en tanto corresponde a la
coordinación natural que debe existir frente a los empleados directos de un cargo del
nivel directivo”.

121. De lo dicho, se tiene entonces que la subgerencia administrativa de
TRANSMETRO S.A.S. no ostenta de manera específica funciones relacionadas
con el nombramiento o remoción del personal, autorización de vacaciones o
licencias, así como su traslado o la determinación de su sede física, por lo que no
se evidencia que cuente con las competencias que tradicionalmente esta
judicatura ha considerado como ejercicio de autoridad administrativa, en punto de
la administración del talento humano de las entidades públicas.

122. La Sala concluye que el dicho del demandante en el expediente 2022-00039-00
no cuenta con el soporte probatorio necesario, pues (i) la subgerencia administrativa

70
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radicación 50001-23-33-000-2020-00012-02
acumulado. Sentencia del 12 de agosto del 2021. M.P. Rocío Araújo Oñate.
71
Consejo de Estado, Sección Quinta, Rad., 76001-23-33-000-2020-00013-01 (ACUMULADO). Sentencia de 28 de eneroo
de 2021. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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no tiene funciones en los aspectos financieros y presupuestales de TRANSMETRO; y
(ii) en cuanto hace al recurso humano, no se observan facultades que impliquen un
poder decisorio, toda vez que desde la redacción y alcance de los verbos rectores
utilizados en el manual de funciones no es posible derivar el ejercicio de autoridad
administrativa y se evidencia a su vez que la función está asignada a otras
dependencias o instancia de mayor jerarquía de TRANSMETRO, siendo claro
igualmente que la evaluación del desempeño de los empleados tampoco ha sido
catalogada como una actividad con dicha condición.

123. Expediente 2022-103-00. Se alegó por el demandante lo siguiente:

(i) Argumentó que, revisado el manual de funciones, se puede derivar que
contaba con “potestad de mando, de imposición, control, dirección e inclusive
disciplinarias, que comportaban poder de decisión sobre los actos de las personas
controladas.” Sobre dicho particular, resaltó que en el cargo ocupado por la
demandada tuvo ejercicio de funciones de control disciplinario interno, gestión
del talento humano y de gastos, así como la adquisición de bienes y servicios.

(ii) Señaló que las referidas funciones fueron evidenciadas en el manual publicado
en la página web de la entidad; sin embargo, en respuesta a un derecho de
petición, le fue entregado otro documento en el cual no se registran las
mismas, por lo que consideró necesario que, en la actividad probatoria del
proceso, se solicite la remisión de dicha prueba, debidamente certificada.

(iii) A pesar de lo anterior, refirió que incluso en el manual de funciones entregado
por TRANSMETRO se pueden encontrar labores que derivan en ejercicio de
autoridad, como son la formulación de políticas institucionales, planes y
programas de cumplimiento de la misión institucional; dirigir la planeación y
elaboración de los planes de inversión; confeccionar los pliegos de
condiciones y términos de referencia de los contratos que se requieran;
realizar estudios de competencia, costos de operación y el plan tarifario del
sistema de transporte masivo operado por la empresa; supervisar y controlar la
ejecución de la concesión de operación del sistema de recaudo.

(iv) Tenía la potestad de aplicar las de nomas de control interno en su
dependencia.

124. Lo primero que dilucida la Sala, es que, en el desarrollo de la correspondiente
etapa probatoria, se observa que el despacho conductor de la actuación, en el auto
del 18 de octubre del 2022, solicitó a la gerencia de TRANSMETRO S.A.S. certificar
cuál era el manual de funciones vigente para la época en que se presentó la
vinculación de la demandada a dicha entidad, a lo cual se respondió con la prueba
que se cita en el párrafo 95 de esta providencia, por lo que se tiene certeza sobre lo
anterior.

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125. Respecto de la función de control interno disciplinario. De otra parte, en
punto de esta competencia, se pone de presente que en el plenario obra certificación
que contiene la siguiente declaración:

126. Lo anterior concuerda con el correspondiente manual de funciones, el cual, en
punto de aquellas que específicamente desarrolla la secretaría general y jurídica de
TRANSMETRO, se tiene que dicha dependencia debe “ejercer las funciones de
Control Interno Disciplinario de acuerdo con las normas establecidas vigentes y adelantar
las acciones disciplinarias correspondientes.”72

127. Bajo esta perspectiva, se puede señalar que la subgerencia administrativa de la
entidad referida no cuenta con la potestad para adelantar investigaciones ni de
imponer eventuales sanciones disciplinarias a los empleados que conforman la planta
de personal de esta, en la medida en que orgánica y funcionalmente se encuentran
asignadas a otra dependencia, esto es, la secretaría general de TRANSMETRO
S.A.S., lo que conlleva a concluir que el ejercicio autoridad endilgado por estas
razones, no se demostró al interior de este proceso.

128. Adquisición de bienes y servicios, administración del personal y otras
actividades. Así mismo, la Sala no observa que, en las funciones detalladas en
precedencia, que la subgerencia administrativa tenga la facultad de ordenación del
gasto para la correspondiente adquisición de bienes y servicios. A su vez, en punto
de la administración del talento humano, la Sala se remite, nuevamente, a las
conclusiones expuestas sobre el particular al estudiar el cargo en el expediente 2022-
00039-00.
72
SAMAI. Actuación No. 46.

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129. En punto de las demás funciones que soportan el cargo de esta demanda, se
tiene lo siguiente:

Función Conclusión
Formulación de políticas institucionales, planes y No se observa dentro de las funciones
programas de cumplimiento de la misión específicas del cargo de subgerente
institucional administrativa.
Dirigir la planeación y elaboración de los planes No se observa dentro de las funciones
de inversión específicas del cargo de subgerente
administrativa.
Elaborar pliegos de condiciones y términos de No se observa dentro de las funciones
referencia de los contratos que se requieran específicas del cargo de subgerente
administrativa.
Realizar estudios de competencia, costos de No se observa dentro de las funciones
operación y el plan tarifario del sistema de específicas del cargo de subgerente
transporte masivo operado por la empresa administrativa.
Supervisar y controlar la ejecución de la No se observa dentro de las funciones
concesión de operación del sistema de recaudo. específicas del cargo de subgerente
administrativa, ni se allegó el contrato de
concesión para demostrar su dicho. Del manual
de funciones se observa una labor de
interventoría, pero en los siguientes términos:

“Efectuar la interventoría de los contratos que le
sean asignados, relacionados con los
procesos de Talento Humano, Servicios
Generales, Sistema y Gestión Documental.”

Como se observa, no se incluyen contratos
relativos a la operación del sistema de recaudo,
en tanto ello no corresponde a los procesos que
están asignados a la dependencia.

130. De este análisis, se puede concluir entonces que las actividades que según el
dicho de los demandantes implican ejercicio de autoridad administrativa, como son la
ordenación del gasto para la adquisición de bienes o servicios, funciones de
interventoría de contratos, control de la concesión de recaudo del sistema de
transporte masivo operado por la empresa, no se encuentran asignadas de forma
específica a la subgerencia ocupada por la demandada al interior de TRANSMETRO
S.A.S. Por ello, considerando estos motivos de inconformidad presentados en la
demanda, tampoco se acredita dicho elemento de la inhabilidad deprecada.

131. Aplicación de las normas de control interno. En punto de las funciones de
control interno, la Sala observa, de conformidad con el manual de funciones, al
interior de TRANSMETRO se cuenta con una dependencia de control interno, la cual
tiene el siguiente propósito principal:

“Diseñar y proponer a la Gerencia y demás directivos el Sistema de Control Interno
y de Gestión, promoviendo y asegurando su aplicación permanente y su
mejoramiento en todas las dependencias de la entidad. Atendiendo los principios
constitucionales que debe caracterizar a la administración pública, el diseño y el

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desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes
objetivos fundamentales:
a. Proteger los recursos de la organización, buscado su adecuada administración
ante posibles riesgos que lo afecten.
b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades
definidas para el logro de la misión institucional.
c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al
cumplimiento de los objetivos de la entidad.
d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros. f.
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de
sus objetivos.
g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios
mecanismos de verificación y evaluación.
h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza
y características.”

132. Por ello, es claro que dicho aspecto de la entidad, se encuentra a cargo de una
persona diferente -jefe de control interno-, sin que estas funciones sean atribuibles a
la subgerencia administrativa. Lo anterior, sin negar el aporte y compromiso que cada
una de las dependencias en una entidad pública tienen para el efectivo cumplimiento
de las normas de control interno, mas ello no implica en sí mismo, que respecto de
todas ellas se pueda predicar, funcional y orgánicamente, el desempeño y
responsabilidad sobre dichas tareas.

133. Conforme con lo dicho, se tiene que los reparos de ilegalidad elevados por el
demandante en el expediente 2022-00103-00, no tienen vocación de prosperidad.

134. Expediente 2022-114-00. En cuanto hace al ejercicio de autoridad, precisó que
la señora Pérez Arango tenía potestad de mando, imposición, control y dirección, lo
que comporta un poder de decisión respecto de las personas controladas. Manifestó
que la referida no sólo ostentaba funciones disciplinarias en el ámbito contractual
desde la labor desempeñada como supervisora de distintos contratos suscritos por
TRANSMETRO, sino también de reclutamiento de personal, contratación de estos y
evaluación de su desempeño, así como la gestión de gastos, adquisición de bienes y
servicios.

135. Efectuó una relación de las funciones asignadas a la subgerencia
administrativa, para concluir que “salta a la vista que ejercía autoridad civil política y
también administrativa, pues contó siempre con facultades de dirección, coordinación,
supervisión, promoción, adopción y manejo en la entidad. Véase como, por ejemplo, tenía
atribuciones para elaborar los pliegos de condiciones y términos de referencia de los
contratos que en su momento requería la dependencia para su funcionamiento. (tal como se
advierte en los contratos que se anexaran como soporte de tal afirmación).”

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136. Respecto de las funciones de administración de personal, gestión de
gastos y adquisición de bienes y servicios. Sobre este particular, la Sala se remite
a las conclusiones esbozadas en el expediente 2022-00039-00.

137. Respecto de las labores de supervisión de contratos. Sea lo primero señalar
que, conforme a la prueba documental aportada por el demandante, se tiene que
obran en el plenario una serie de contratos suscritos por TRANSMETRO en los
cuales se designó la a la señora Betsy Judith Pérez Ortiz como supervisora de los
mismos.

138. Estando demostrada dicha circunstancia, procede la Sala a determinar si este
tipo de funciones implican o no el ejercicio de autoridad administrativa.

139. Sobre estas actividades, es de resaltar que la Ley 1474 del 2011, en el inciso
segundo del artículo 83, define la supervisión contractual como “el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo,
a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”

140. El artículo siguiente, dispone:

ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los
interventores. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las
obligaciones a cargo del contratista.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes,
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos
o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

141. Así las cosas, parte el análisis de la Sala en indicar que, quien desempeña
esta labor, tiene el “control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos
vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y
como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al
contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del
objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por
escrito y los requerimientos o informes que realice deben publicarse en el SECOP. En
ningún caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones pueden
sustituir a la Entidad Estatal en la toma de decisiones sobre el contrato vigilado por
lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el representante legal de la
Entidad Estatal con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la
ejecución de las obligaciones contractuales”73.

73
Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado,
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de
_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf Este concepto fue utilizado por la Sala de Sección a efectos

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142. Es decir, la supervisión si bien conlleva a la posibilidad que se impartan
instrucciones al contratista, ello no conlleva sustituir las obligaciones contractuales
previamente pactadas ni mucho menos generar direccionamientos contrarios al
objeto contractual, por el contrario, sus lineamientos deben buscar la ejecución
exitosa del acuerdo de voluntades, sin que esto implique disposición de los
recursos que es una función propia del ordenador del gasto74.

143. Lo anterior, aunado al cumplimiento de funciones de verificación contractual
que llevan a que el supervisor se presente como el canal de comunicación entre el
contratista y la entidad contratante, sin que de las competencias imputadas pueda
predicarse la existencia de facultades de mando que denoten la presencia de
autoridad administrativa.

144. Esta Sección ha concluido en varias ocasiones que la supervisión de
contratos estatales no conlleva, en principio, el ejercicio de autoridad
administrativa75, comoquiera que las atribuciones que se asignan para el
desarrollo de esta actividad responden a una lógica instrumental y de apoyo que
pretende, en todos los casos, la debida puesta en marcha de los procedimientos
contractuales desplegados por el Estado, excluyendo la titularidad de facultades
impositivas y, en general, de poderes de mando que permitan remarcar el
elemento modal de esta inhabilidad76.

145. Por las razones expuestas, la Sala considera que en esta oportunidad no
existen elementos de juicio suficientes para variar su jurisprudencia pacífica en torno
a este asunto, por lo que se puede señalar que la función de supervisión que fue
desplegada por la señora Betsy Judith Pérez Arango, respecto de algunos contratos
de la entidad, no implica ejercicio de autoridad administrativa, a efectos de la
condición de inelegibilidad del artículo 179.2 de la Constitución Política.

146. Lo anterior, se corrobora con el Manual de Contratación de la empresa
TRANSMETRO S.A.S.77, en el cual, conforme a los artículos 46 -funciones
administrativas de los supervisores-, 47 -técnicas- y 48 -financieras-, se puede
concluir que los supervisores de los contratos de la entidad llevan a cabo funciones
de verificación, control, presentación de informes e indicadores, solicitudes para el
cumplimiento efectivo de obligaciones contractuales, entre otras, que si bien,
representan una función relevante para el efectivo cumplimiento del negocio jurídico,
lo cierto es que no implican ejercicio de autoridad en los términos en que se viene
analizando por la Sala, ni mucho menos facultades para la imposición de sanciones o
adoptar decisiones de modificación o interpretación unilateral o la caducidad del
contrato.

de obtener claridad respecto de las funciones de supervisión de contratos estatales. Al respecto ver: fallo del 12 de agosto
del 2021, radicación 50001-23-33-000-2020-00012-02(principal), M.P. Rocío Araújo Oñate.
74
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Radicación 50001-23-33-000-2020-00012-02
acumulado. Sentencia del 12 de agosto del 2021. M.P. Rocío Araújo Oñate
75
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 41001-23-31-000-2012-00048-01. M.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 23 de septiembre de 2013.
76
Referido al ejercicio de autoridad administrativa.
77
Aportado como anexo de la demanda radicada bajo el expediente 2022-114-00.

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www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal)
Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026

147. De la función de elaboración de los pliegos de condiciones y términos de
referencia de los contratos requeridos por la entidad. Sobre el particular, basta
por señalar que en la descripción de las funciones específicas que contiene el
correspondiente manual respecto de la subgerencia administrativa, no se observa
que dicha oficina tenga las competencias que alega la parte demandante.

Conclusión:

148. De lo dicho en precedencia, la Sala considera que el alegado ejercicio de
autoridad administrativa por parte de la señora Betsy Judith Pérez Arango en el cargo
de subgerente administrativa de TRANSMETRO no se demostró, y, por lo tanto, se
impone la decisión de negar las pretensiones de nulidad respecto del acto que
declaró su elección como representante a la Cámara por el departamento del
Atlántico.

149. Se señala que si bien algunas de las funciones genéricas descritas en el manual
de funciones de la subgerencia administrativa de la referencia entidad, pueden estar
relacionadas con aspectos que tradicionalmente han sido definidos por la
jurisprudencia de esta Sección como ejercicio de autoridad administrativa -por
ejemplo, el nombramiento y la remoción del personal- lo cierto es que el análisis
detallado de los verbos rectores en unos casos, así como la misma estructura
orgánica de TRANSMETRO en otros, permiten evidenciar que de manera concreta,
en punto de las funciones específicas del cargo de subgerente administrativa, no se
puede entender configurado dicho elemento de la condición de inelegibilidad.

150. Lo dicho, conlleva a que la Sala se releve del estudio de los elementos temporal
y territorial de la inhabilidad deprecada, en la medida que los requisitos para su
configuración deben ser concurrentes, y al no encontrarse acreditado el ejercicio de
autoridad administrativa, carece de sentido pronunciarse respecto de otros aspectos.

151. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad del formulario E-
26CAM del 26 de marzo del 2022, por medio del cual se declaró la elección de la
señora Betsy Judith Pérez Arango como representante a la Cámara por el
departamento del Atlántico, para el período constitucional 2022-2026, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra la presente decisión no
procede recurso alguno.

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Radicación: 11001-03-28-000-2022-00039-00 (Principal)
Demandante: Romeo Edison Pérez Arango y otros
Demandada: Betsy Judith Pérez Arango – Representante a la Cámara por el
Departamento del Atlántico – período constitucional 2022-2026

TERCERO: En firme la presente providencia, ARCHIVAR el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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