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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06078-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06078-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 11 de octubre de 2021 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado por lo explicado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001-03-15-000-2021-06078-01 Accionante: Rosa Elena Torres Tobón TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-06078-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de febrero de 2022

Radicación:11001-03-15-000-2021-06078-01
Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06078-01
Accionante: ROSA ELENA TORRES TOBÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando se trata
de un asunto meramente económico y cuya falta de
reconocimiento no compromete ningun derecho
fundamental.

La acción de tutela es improcedente cuando de lo
expuesto por la parte actora no se advierte la
afectación del núcleo esencial de los derechos
fundamentales invocados.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de tutela proferido el 11 de octubre de 2021 por la Subsección B,
Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la
petición de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Rosa Elena Torres Tobón, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06078-01
Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

proferida el 15 de julio de 2021 por la Subsección B, Sección Segunda
del Consejo de Estado, para lo cual formuló las siguientes pretensiones1:

“[…]Por medio de la presente se requiere

TUTELAR; los derechos fundamentales como el art 5 de la C.N.
“…El Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los
derechos inalienables de la persona…”
Artículo 13 de la C.N. “…igualdad ante la ley trabajador
publico/trabajador contratista…”
Articulo 25 de la C.N. “…el trabajo es un derecho y una obligación,
TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS…”
Art 53 de la C.N. “Igualdad de oportunidad para los trabajadores…”
Art 83 de la C.N. “…buena Fe…”
Art 93 de la C.N. “… Los tratados Internacionales se subsumen en
el orden internó…” (sic)

Los convenios internacionales ratificados
Convenios ratificados con la OIT
C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación),
1958 (núm. 111) OIT
ART1.A Los efectos de este Convenio, e (sic)
término discriminación comprende:
(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos
de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional
u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro
interesado previa consulta con las organizaciones representativas
de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones
existan, y con otros organismos apropiados…

R198 Recomendación sobre la relación de trabajo 2006 (número
198)
Adjunta en anexos

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

ART 24 IGUALDAD ANTE LA LEY La Corte Interamericana ha
señalado que el principio de igualdad y no discriminación “posee un
carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos
humanos tanto en el derecho internacional como en el interno”, y
que “sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público
nacional e internacional”. Por tal razón, ha reconocido que este
principio hace parte del jus cogens, es decir, que se trata de una
norma imperativa de derecho internacional general cuya aplicación

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 06078 00.
2

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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

no depende del acuerdo de los Estados y que no admite disposición
en contrario. Igualmente, ha indicado que se trata de una norma
erga omnes que debe impregnar todas las actuaciones del Estado y
que “genera efectos con respecto a terceros, inclusive a
particulares”.

…también acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar
el principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de
otros derechos y en toda la legislación interna que apruebe.
Tomado pág. 584

ART 26 DESARROLLO PROGRESIVO Tomado de Sistema
Bibliotecario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Catalogación Convención Americana sobre Derechos Humanos:
comentada. Pág.684

CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO
Art 1 (…lograr justicia en las relaciones…)
Art 13 (...Mínimo de derechos y garantías…)
Art 21 (…Normas más favorables…)
Art 143 (…a trabajo igual valor, salario igual…)

Sentencia SU-336 de 2017. En esta sentencia, se unificó la
jurisprudencia constitucional, en el sentido de señalar que aquellas
personas que se desempeñan como docentes al servicio del Estado
tienen derecho, previo cumplimiento de los requisitos legales y
según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías establecida
en la Ley 244 de 1995 y modificada por la Ley 1071 de 2006; esto
es, que les es aplicable la figura del régimen general de cesantías
de los servidores públicos al no encontrarse regulada en el régimen
especial de la Ley 91 de 1989. TOMADO DE SU 041/20

Por lo expuesto con anterioridad DECLARAR que el fallo de
sentencia 66001 23 33 000 2016 00813 01 en segunda instancia
del C.E. sala de lo Contencioso Administrativo sección segunda
Subsección B consejera ponente SANDRA LISSET IBARRA VELEZ, y
magistrados Carmelo Perdomo Cuéter y Cesar Palomino Cortes,
faltaron a los anteriores postulados.

Por tanto, completar u ordenar, lo solicitado de acuerdo a lo
expuesto a continuación […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte actora informó que promovió demanda bajo el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del SENA,
pretendiendo el reconocimiento de “un contrato de trabajo, con todas
las consecuencias que se derivan de dicha declaratoria, salarios,

3

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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

prestaciones e indemnizaciones, incentivo a publicaciones, reintegro,
salarios dejados de percibir a la fecha, e indemnización por no pago”2.

Indicó que el tribunal de primera instancia declaró que existió “un
contrato de trabajo, y aprueba algunos puntos de lo solicitado”3.

Sostuvo que las partes interpusieron recurso de apelación en contra de
dicha decisión y la sentencia de segunda instancia la confirmó “(…) con
algunas “modificaciones” (…)”4.

Adujo que los jueces naturales no reconocieron “la sanción o mora por la
no consignación de las cesantías” y agregó que “la sala reconoce la
relación laboral entre mi mandante y el SENA, pero no se reconoce el
pago del retroactivo (sanción) por cesantías, en base (sic) a sentencia
del consejo de estado donde se argumenta que estas se generan a
partir del fallo o sentencia en cuestión”5.

Mencionó las sentencias SU – 448 de 2016 y SU – 098 de 2018
proferidas por la Corte Constitucional para señalar: “Solicito
respetuosamente se tengan en cuenta los antecedentes
jurisprudenciales tanto horizontales como verticales en diferentes tipos
de sentencias, las SU mencionadas relativas al tema, con el fin de
conceder todo lo solicitado (sanción por no pago de cesantías SU 098/18
SU 336/17) y lo que se considere, que es pertinente, pues lo que se da
en realidad no es un contrato de prestación de servicios sino un contrato
realidad con todas las garantías que de ellos se desprenden. // Dado
que se cumplen todos los postulados del contrato realidad, actividad
misional, supervisión, personal de planta realizando igual labor, labor
permanente”.

2
Ibídem.
3
Ibídem.
4
Ibídem.
5
Ibídem.
4

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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

También refirió a la sentencia SL – 51012018 de la Corte Suprema de
Justicia, respecto de la que indicó “donde de forma específica con
similitud a este caso nos dice que la declaración sistémica de contratos
realidad hacen procedente indemnización moratoria”6 y a la providencia
del 14 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

Expuso que se vulnera el derecho a la igualdad porque “se dan
tratamientos distintos a situaciones similares respecto al derecho sobre
el retroactivo o sanción por no consignación de cesantías. El Consejo de
Estado da un tratamiento diferente al de la Corte Suprema de Justicia,
mientras que el primero niega el segundo concede bajo unos
parámetros específicos, afectando la PROGRESIVIDAD con la que deben
contar las decisiones judiciales, máxime cuando hay involucrados
derechos laborales7”.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. Por auto del 13 de septiembre de 20218, la Subsección B, Sección
Tercera del Consejo de Estado admitió la tutela y dispuso notificar a la
Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación; vincular, por tener
interés en el resultado del proceso, al Servicio Nacional de Aprendizaje –
SENA y al Tribunal Administrativo de Risaralda9.

6
Ibídem.
7
Ibídem.
8
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 06078 00.
9
Esta orden se cumplió el 20 de septiembre de 2021. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000
2021 06078 00.
5

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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

Igualmente, se solicitó al Tribunal Administrativo de Risaralda que
allegara copia magnética del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho nro. 66001 2333 000 2016 00813 01, el cual fue remitido10.

3.2. La magistrada ponente de la decisión de primera instancia rindió
informe en término vía correo electrónico11, en el que explicó que la
tutela es improcedente dado que “lo que la parte accionante pretende es
someter el asunto ya resuelto, a una tercera instancia, lo que comporta
un abuso de este mecanismo excepcional, toda vez que las pretensiones
de la acción de tutela están encaminadas a que se profiera un
pronunciamiento adicional respecto de la sanción moratoria de cesantías
que fue negada en ambas instancias y respecto al reconocimiento de las
prestaciones sociales por los períodos de interrupción contractual,
cuando ambos aspectos fueron definidos por este Tribunal con base en
los precedentes sobre el tema establecidos por el máximo órgano de
esta Jurisdicción, sobre la improcedencia del reconocimiento de la
sanción moratoria, la cual no resulta factible en esta clase de asuntos”.

3.3. La consejera ponente de la decisión cuestionada remitió informe en
oportunidad vía correo electrónico12, en el que sostuvo que “es claro que
la accionante pretende el reconocimiento de prestaciones de índole
económico, con lo cual incurre en un abuso del derecho de acción, toda
vez que, este medio de protección, no fue concebido para resolver
controversias de carácter económico que carezcan de relevancia ius
fundamental”.

Acotó que “la acción iniciada por la señora Rosa Elena Torres Tobón,
carece de la carga argumentativa suficiente para que la misma

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Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 06078 00.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 06078 00.
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Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 06078 00.
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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

prospere, pues no se identifica de forma clara, como los hechos
alegados por la tutelante, vulneran los derechos pretendidos a
proteger”.

3.4. El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA guardó silencio.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 11 de octubre de 2021, dispuso lo siguiente13:

“1º) Declárese improcedente la acción de tutela presentada por la
parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia”.

Para dilucidar el asunto indicó que no estaba cumplido el requisito de
relevancia constitucional “ante la evidente intención de la parte actora
de emplear este mecanismo de amparo para efectos de obtener un
beneficio eminentemente económico y acceder a una instancia adicional
que le permita controvertir la decisión que resultó contraria a sus
intereses”.

Al respecto, consideró:

“[…] [L]as afirmaciones de la demandante que sustentaron la
presentación de la acción de tutela de la referencia ya fueron
materia de análisis por parte del juez natural de la causa por lo
cual es evidente que la parte actora pretendió emplear este
mecanismo de amparo como un recurso con el que buscó un nuevo
pronunciamiento favorable a sus intereses, el cual, dicho sea de
paso, corresponde a una discusión de carácter eminentemente
económico a través del reconocimiento de una sanción moratoria
por el pago tardío de cesantías.

6) Ante ese panorama la Sala reitera que la tutela no está
instituida como una instancia para reclamar pretensiones de
carácter pecuniario y que no tengan una relación directa con una
discusión de carácter fundamental.

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Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 06078 00.
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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

7) Tampoco es viable emplear este mecanismo como una instancia
adicional a aquellas establecidas en el ordenamiento jurídico en las
que corresponde al juez natural de la causa decidir sobre las
controversias sometidas a su consideración.

8) El apoderado de la parte actora pretendió dar el cariz de vicio o
defecto a la decisión de la Subsección B Sección Segunda del
Consejo de Estado en la que se analizó la procedencia de reconocer
la sanción moratoria referida a favor de la parte demandante
siendo aquella una pretensión de raigambre pecuniario.

9) No se evidenció en la acción de amparo un solo planteamiento
adicional a aquel relacionado con la presunta inaplicación del
precedente de la Corte Suprema de Justicia y que ya fue ventilado
ante el juez del proceso ordinario.

10) Apreció la Sala que los argumentos de la actora en realidad
constituyen una insistencia a las pretensiones económicas
expuestas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, reiteradas en el recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia que las negó y oportunamente debatidos y
resueltos durante el trámite de ese proceso […]”.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el apoderado de la parte
actora lo impugnó con fundamento en lo siguiente14:

Arguyó que, “fuera de mi consideración personal sobre el tema, la
relevancia constitucional está planteada, en salvamento de voto de los
Magistrados: ALBERTO ROJAS RIOS SU 448/16 donde toca el tema de
forma puntual, caso similar al tratado (Sentencia
Declarativa/Constitutiva) y argumenta que se está violando el derecho a
la igualdad. Previo una aclaración explicita de su decisión. // Posición
también estudiada y argumentada por el Magistrado JORGE IGNACIO
PRETEL CHALJUB en la misma sentencia, donde toca con claridad, otros
aspectos relacionados con este tema, mencionando una postura de
regresividad. //Estos dos Magistrados “como referencia” tienen la

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radicado nro. 11001 0315 000 2021 06078 00.
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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

claridad en su argumentación, sobre el tema que yo confusamente
planteo”.

Adicionalmente, aclaró que “consideran los honorables magistrados, que
se pretende emplear la tutela como una instancia adicional para efectos
de que se acceda a una pretensión de carácter eminentemente
económico, con los postulados expuestos con anterioridad el carácter
económico está inmerso en todo el proceso y no se puede desligar de
él”.

Por último, insistió en los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
así: “se reitera dicha solicitud teniendo en cuenta que se presenta una
interpretación, en la cual se da un tratamiento diferente a una misma
situación (sanción por no consignación de cesantías) en perjuicio de un
grupo de “trabajadores” no teniendo en cuenta el art. 53 de la C.N. y el
art. 21 del CST”.

Por auto del 9 de noviembre de 2021 se concedió la impugnación15 y la
misma fue asignada por acta de reparto el 28 de noviembre de 202116.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19
de noviembre de 199117, en concordancia con el numeral 5 del artículo

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Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 06078 00.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 06078 01.
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El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la
impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio
y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar
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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201518, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202119, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201920 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado
que regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente21:

6.2.1. La señora Rosa Elena Torres Tobón, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda bajo el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del SENA pretendiendo lo
siguiente:

“[…] Declárese la nulidad del acto administrativo radicado 2 2016
001108 del 15 de junio del presente año. Número interno 66 9223
103 Dosquebradas Centro de Diseño e Innovación Tecnológica
Industrial.

Por medio del cual se da respuesta negativa a mi poderdante en
razón a los hechos de la presente solicitud.

Como consecuencia de la anterior declaratoria de nulidad solicito
respetuosamente.

A) La declaración de lo que en realidad se dio fue una relación
laboral no la figura de contrato de prestación de servicios.

la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción
del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo
cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo
confirmará […]”.
18
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
19
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho,
referente a las reglas de reparto de la acción de tutela".
20
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de
Estado, publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
21
Lo que se desprende del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado
con el nro. 66001 2333 000 2016 00813 00. Visto en el índice 15 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000
2021 06078 00.
10

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06078-01
Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

B) La liquidación y pago a mi favor de los siguientes conceptos
salariales, prestacionales e indemnizatorios, causados durante
el tiempo que estuve laborando para el Sena de Dosquebradas
como instructora, esto es, entre el (18 de julio de 2011) y el (9
de diciembre de 2015), teniendo en cuenta para ello todos los
factores salariales que para dichos efectos establece la ley:
1. Las cesantías.
2. Los intereses sobre las cesantías.
3. La prima de servicios.
4. Vacaciones
5. Reajuste salarial.
6. Sanción por no consignación de las cesantías causadas.

C) Pago de incentivo por publicaciones realizadas (Cartilla “Gestión
Participativa del riesgo de desastres en la Virginia Risaralda”)

D) Que como consecuencia de lo anterior se ordene al SENA
reintegrar a la señora Rosa Elena Torres en el mismo cargo que
venía desempeñando, o en otro igual o superior.

E) Salarios dejados de percibir a la fecha.

F) Devolución de las retenciones en la fuente efectuadas.

G) Indemnización por no pago oportuno del mes de noviembre de
2015 y la indemnización por perjuicios causados.

H) Pago de aportes a seguridad social de acuerdo con el personal
de planta.

I) La respuesta a radicado 01 2016 000665 “agostamiento de la
reclamación administrativa” de fecha 26/05/2016 nos remite a
la ley 80 de 1993, contratos de prestación de servicios,
modalidad que “no puede” ser aplicada en la rama de la
educación […]”.

6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
de Risaralda que, en sentencia del 12 de abril de 2019, dispuso:

“1. DECLÁRASE PROBADA PARCIALMENTE la excepción de
PRESCRIPCIÓN trienal de los derechos laborales, respecto de
los derechos laborales generados con anterioridad al 21 de
febrero de 2012, de conformidad con lo argumentado en la
parte motiva de esta sentencia.

2. SE DECLARA LA NULIDAD del acto administrativo contenido
en el oficio 2 – 2016 – 001108 del 15 de junio de 2016, por
medio del cual el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA niega
el reconocimiento de la relación laboral reclamada por la señora
Rosa Elena Torres Tobón, y el pago de prestaciones sociales

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06078-01
Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

correspondientes, conforme a los parámetros expuestos en la
parte considerativa de esta providencia.

3. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, SE CONDENA al Servicio Nacional
de Aprendizaje – SENA a pagar en favor de la demandante Rosa
Elena Torres Tobón, las prestaciones sociales dejadas de
percibir en virtud de los contratos de prestación de servicios
suscritos en el tiempo transcurrido entre el 21 de febrero de
2012 y el 09 de diciembre de 2015, conforme lo devengado por
el personal que desempeña cargo similar de instructor del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que hace parte de la
planta administrativa de esta entidad, dentro del marco de las
consideraciones del presente proveído.

4. Se condena a la entidad demandada a pagar en favor de la
demandante los porcentajes de cotización correspondientes a
pensión y salud que debió trasladar a los fondos respectivos,
durante el período acreditado en que prestó sus servicios (18
de julio de 2011 al 09 de diciembre de 2015). En su defecto, la
entidad efectuará las cotizaciones a que haya lugar, conforme
se expuso en la parte motiva de este fallo.

5. El tiempo laborado bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios, se debe computar para efectos
pensionales.

6. Se condena a la demandada a efectuar los ajustes de valor
sobre las sumas que resulten a favor de la demandante según
el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso
final del artículo 187 del C.P.A.C.A para lo cual se observará lo
señalado en la parte motiva de este fallo.

(…)

8.Se NIEGAN las demás súplicas de la demanda.

[…]”.

6.2.3. Inconformes con la anterior decisión, las partes interpusieron
recursos de apelación y la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado en providencia del 15 de julio de 2021 resolvió:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia
apelada, salvo los ordinales PRIMERO (1), TERCERO (2) (sic) y
CUARTO (4) de su parte resolutiva, los cuales se MODIFICAN
conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Estos ordinales quedarán de la siguiente manera:

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06078-01
Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

1. DECLÁRASE PROBADA PARCIALMENTE la excepción de
PRESCRIPCIÓN trienal de los derechos laborales, respecto de
los derechos laborales generados con anterioridad al 28 de
enero de 2013, de conformidad a lo argumentado en esta
sentencia.

3. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, SE CONDENA al Servicio Nacional
de Aprendizaje- SENA-, a pagar en favor de la demandante
Rosa Elena Torres Tobón, las prestaciones sociales dejadas de
percibir en virtud de los contratos de prestación de servicios
suscritos en el tiempo transcurrido entre el 28 de enero de
2013 y el 11 de diciembre de 2015, conforme lo devengado por
el personal que desempeña cargo similar de instructor del
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que hace parte de la
planta administrativa de esta entidad, dentro del marco de las
consideraciones del presente proveído.

4. ORDENAR al SENA que al momento de pagarle a la señora
Rosa Elena Torres Tobón, deduzca los porcentajes que procedan
con destino al sistema de salud y pensión, respectivamente.

[…]”.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

Teniendo en cuenta los argumentos del extremo recurrente, la Sala
confirmará el fallo impugnado, pero por las razones que pasan a
explicarse:

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que un
asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia
constitucional cuando se “plantea una confrontación de la situación
suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional
fundamental, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son
ajenos a esta acción pública”.

Para que el requisito de relevancia constitucional esté acreditado, la
parte interesada deberá explicar clara y expresamente las razones por
las cuales estima están siendo vulnerados los derechos fundamentales
invocados.

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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

Seguidamente, debe el juez examinar si, en efecto, la vulneración del
derecho acontece en lo que se denomina su núcleo esencial, pues sólo
de esta manera el caso reviste la relevancia o trascendencia necesaria
para permitir que, por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un
juicio constitucional el principio de cosa juzgada que orienta todo el
andamiaje institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con
este propósito, el juez no podrá limitarse a convalidar el requisito de la
relevancia constitucional con la sola mención de un derecho
fundamental, pues deberá evaluar si, de acuerdo con los argumentos
expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación
efectiva de un derecho fundamental.

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el núcleo esencial
de un derecho fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica,
que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de
inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En
sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho
fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o
lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al
derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O,
también, puede verse como la parte del derecho fundamental que no
admite restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se
desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección” 22.

Así las cosas, para establecer si una acción de tutela contra providencia
judicial tiene o no relevancia constitucional, deben concurrir los
siguientes elementos: (i) que el escrito invoque la vulneración de
derechos fundamentales, (ii) que se expongan las razones de
vulneración de esos derechos fundamentales, y (iii) que la transgresión
suponga un atentado contra el núcleo esencial de los derechos
invocados, requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los
motivos aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o

22
Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008.
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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo
esencial del mismo.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación
573 del 27 de noviembre de 201923, explicó que el requisito de
relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el
ejercicio de la tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la petición de
amparo se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.

Frente a la primera finalidad, la Corte Constitucional señaló en la aludida
sentencia que un asunto carece de relevancia constitucional cuando “(i)
la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de
rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes
constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o
contenido económico, por tratarse de una controversia
estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general” […]”. (
destacado por la Sala)

En relación con el segundo objetivo, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que la cuestión debe revestir una clara, marcada e indiscutible
relevancia constitucional; en tal sentido, la causa que motiva la
presentación del amparo supone el desconocimiento de un derecho
fundamental, “esto significa que el asunto debe ser trascendente
para (i) “la interpretación del estatuto superior” , (ii) su

23
M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y
alcance de los derechos fundamentales”.

En cuanto al tercer propósito indicó que “la tutela en contra de una
sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e
ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales.
Solo así se garantizaría “la órbita de acción tanto de los jueces
constitucionales, como de los de las demás jurisdicciones”, en estricto
respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.

Así las cosas, la Sala considera que el presente asunto carece de
relevancia constitucional dado que el debate planteado por la accionante
es de naturaleza económica, en la medida que su inconformidad está
relacionada con que en la sentencia controvertida no se reconoció “la
sanción o mora por la no consignación de las cesantías”24.

Al respecto, la Corte Constitucional ha explicado que el requisito de
relevancia no está cumplido cuando se trata de la sanción por el retardo
en el pago de la cesantías porque es un asunto meramente
económico25:

“[…] 55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está
ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido
el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación
patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que
se queda temporalmente sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida
en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no
corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una
penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las
paga al trabajador en los términos solicitados, es un

24
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 06078 00.
25
Corte Constitucional. SU – 573 de 2019. MP. Carlos Bernal Pulido.
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reconocimiento de fuente legal con carácter netamente
patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela […]”.

Adicionalmente, tampoco se acredita la relevancia constitucional porque
la accionante se limitó a invocar la vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad y al trabajo, sin explicar las razones por las
que considera ello es así. Cabe destacar que en la sentencia SU – 128
del 6 de mayo de 202126 la Corte Constitucional explicó lo siguiente en
relación con el requisito de relevancia:

“4.3. En ese mismo sentido, en la Sentencia SU-573 de 2019
esta Corporación determinó que “la acreditación de esta exigencia,
más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo
que una simple relación con aquel”. Así, por ejemplo, no es
suficiente con que la parte actora alegue la violación del derecho
fundamental al debido proceso para entender acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional”.

De modo que, de acuerdo con la reciente jurisprudencia de la Corte
Constitucional, para que el requisito de relevancia constitucional esté
superado no basta con que la parte actora invoque la vulneración de los
derechos fundamentales, sino que debe cumplir con la carga de explicar
razonablemente los motivos por los que estima ello así; y como en este
caso la accionante no la cumplió, la relevancia constitucional no está
superada.

Al efecto, se tiene que uno de los eventos en los cuales puede resultar
vulnerado el derecho a la igualdad es cuando las autoridades judiciales
profieren decisiones sin tener en cuenta el precedente o cuando se da
un tratamiento equivalente a supuestos fácticos diferentes; sin
embargo, en este caso, la parte actora omitió identificar cuál es la regla
jurisprudencial que fue desatendida y que resultaba aplicable al caso, lo
que implica que el interesado deba identificar el problema jurídico que

26
M.P.: Cristina Pardo Schlesinger.

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fue resuelto en uno y otro evento, así como las pretensiones y los
fundamentos de hecho y de derecho.

Igual situación ocurre frente al derecho al trabajo, dado que la parte
actora no explicó las razones por las que la sentencia atacada lo
transgredió; además, la Sala no advierte prima facie que se haya
menoscabado el núcleo esencial de este derecho puesto que, de
conformidad con la jurisprudencia constitucional, se compone de las
siguientes garantías27:

“[…] La acción de tutela procede como mecanismo de protección
del derecho al trabajo cuando:

1. Se desconoce el núcleo esencial del derecho al trabajo que
consiste en toda acción u omisión que impida el ejercicio de la
facultad de desarrollar una labor remunerada en un espacio y
tiempo determinado.

Se desconoce el núcleo esencial del derecho cuando se evidencia
un desconocimiento de las condiciones dignas y justas en las que
el trabajador debe realizar su labor.

Hace parte del núcleo esencial la adecuada remuneración. La
remuneración no puede ser simplemente simbólica. Ha de ser
adecuada al esfuerzo que implica la tarea cumplida por el
trabajador, a su preparación, experiencia, conocimiento y al tiempo
durante el cual vincule su potencial de trabajo a los fines que
interesan al patrono. No puede congelarse indefinidamente.

2. La vulneración de un derecho conexo que conlleve el ataque
injustificado del núcleo esencial.

No pertenece al núcleo la pretensión incondicional de ejercer un
oficio o cargo específico, en un lugar determinado ni la
permanencia absoluta en un cargo. El retiro del servicio no implica
la prosperidad de la acción de tutela, solamente hay lugar al
estudio del caso, cuando existe debilidad manifiesta o se trata una
trabajadora embarazada.

3. Por el incumplimiento o retardo en la obligación de pagar el
salario más la prueba de vulneración al mínimo vital del
trabajador. La situación económica de la empresa no es óbice para
dejar de pagar durante varios meses los salarios de los empleados.

27
Corte Constitucional. Sentencia T - 611 del 8 de junio de 2011. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
18

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Las acreencias laborales prevalecen incluso sobre cualquier crédito
concordatario.

4. El empleador da por terminado el contrato con justa causa,
pero faltó en el procedimiento a los principios de buena fe al no
expresar los hechos precisos e individuales que provocan la justa
causa de terminación para que así, la otra parte tenga la
oportunidad de enterarse de los motivos que originaron el
rompimiento de la relación laboral y pueda hacer uso del derecho a
la defensa y controvertir tal decisión si está en desacuerdo.

5. Se desconoce el principio fundamental de a trabajo igual
salario igual. Un tratamiento diferente que vulnere este principio se
considera una discriminación, es un trato diferente sin justificación
racional ni razonable […]”.

Conforme con lo explicado, la Sala concluye que, en el caso bajo
examen, el requisito de relevancia constitucional no está superado,
porque se trata de un asunto meramente económico y la parte actora no
explicó las razones por las que la sentencia controvertida vulneró los
derechos fundamentales invocados, esto es, la igualdad y trabajo.

Por consiguiente, la Sala confirmará el fallo proferido el 11 de octubre
de 2021 por la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado,
pero por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 11 de octubre de 2021 por
la Subsección B, Sección Tercera del Consejo de Estado por lo explicado
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Accionante: Rosa Elena Torres Tobón

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la
Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del
término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

20

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