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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00813-01

Contrato realidad: contrato de prestación de servicios

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2016-00813-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia apelada, salvo los ordinales PRIMERO (1), TERCERO (2) y CUARTO (4) de su parte resolutiva, los cuales se MODIFICAN conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Estos ordinales quedarán de la siguiente manera: 1. DECLÁRASE PROBADA PARCIALMENTE la excepción de PRESCRIPCIÓN trienal de los derechos laborales, respecto de los derechos laborales generados con anterioridad al 28 de enero de 2013, de conformidad a lo argumentado en esta sentencia. 3. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA-, a pagar en favor de la demandante Rosa Elena Torres Tobón, las prestaciones sociales dejadas de percibir en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos en el tiempo transcurrido entre el 28 de enero de 2013 y el 11 de diciembre de 2015, conforme lo devengado por el personal que desempeña cargo similar de instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que hace parte de la planta administrativa de esta entidad, dentro del marco de las consideraciones del presente proveído. 4. ORDENAR al SENA que al momento de pagarle a la señora Rosa Elena Torres Tobón, deduzca los porcentajes que procedan con destino al sistema de salud y pensión, respectivamente. SEGUNDO: Por la secretaría de la Sección Segunda de la Corporación, devuélvase oportunamente el expediente al Tribunal Administrativo de Risaralda y déjense las constancias de rigor en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2016-00813-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

15 de julio de 2021

CONTRATO REALIDAD - Contrato de prestación de servicios / RELACIÓN LABORAL - Elementos / ELEMENTOS DE LA RELACIÓN LABORAL - Prestación personal del servicio, subordinación y remuneración / SUBORDINACIÓN - Demostrada / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - Desvirtuada presunción de legalidad / RELACIÓN LABORAL - Probada

El legislador mediante la Ley 80 de 1993, dejó sentados los elementos de los que se debe disponer para que se configure un contrato de prestación de servicios, así, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebraran tratándose de estas, cuando: (i) no puedan realizarse con el personal de planta o se (ii) requieran de conocimientos especializados. (…) Quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo. (…) Se encuentra probada la prestación personal del servicio de la señora Rosa Elena Torres Tobón para con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Regional Risaralda; razón por la cual se procederá a estudiar la posible presencia del elemento subordinación, el cual, de hallarse probado, dará lugar a declarar la existencia de la relación laboral pretendida por la demandante. (…) La Sala encuentra determinada la existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear reiteradamente los servicios de la actora, a tal punto que esta fue contratada mediante seis (6) contratos, algunos con otrosí de adición, por un periodo total de casi 5 años.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 53

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN "B"

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 66001-23-33-000-2016-00813-01(6407-19)

Actor: ROSA ELENA TORRES TOBÓN

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Referencia: MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. ASUNTO: CONTRATO REALIDAD. FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA - LEY 1437 DE 2011.

La Sala decide el recurso de apelación que presenta la parte demandada contra la sentencia adiada el 12 de abril de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual se accede parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La demanda

La señora ROSA ELENA TORRES TOBÓN , mediante apoderado, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda en contra del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, para que se acceda a la declaratoria de nulidad del acto administrativo con número de radicado 2-2016-001108 y número interno 66-9223-103, de fecha 15 de junio de 2016, proferido por el Subdirector del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial - SENA del municipio Dosquebradas, el cual negó una relación laboral entre las partes, además del consecuente pago de las prestaciones económicas que se derivan de la misma, en cuanto refiere que nunca existió una relación de carácter laboral.

Pretensiones

Se acceda a la declaratoria de nulidad del acto administrativo radicado 2-2016-001108, de fecha 15 de junio de 2016, número interno 66-9223-103 proferido por el Subdirector del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial - SENA, del municipio Dosquebradas, y en consecuencia se declare la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 18 de julio de 2011, hasta el 09 de diciembre de 2015.

Como resultado de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del derecho, se liquide a favor de la demandante los salarios, prestaciones e indemnizaciones causados durante el tiempo en que estuvo laborando para el SENA Dosquebradas, teniendo en cuenta los siguientes factores salariales: cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, reajuste salarial y sanción por la no consignación a las cesantías causadas.

Se pague el incentivo por publicaciones realizadas. Cartilla “Gestión participativa del riesgo de desastres en la Virginia Risaralda.

Se ordene al SENA reintegrar a la demandante en el mismo cargo que venía desempeñando o en otro de igual o superior categoría.

Se reconozcan los salarios dejados de percibir hasta la fecha.

Se ordene la devolución de las retenciones en la fuente efectuadas.

Se reconozca la indemnización por el no pago oportuno del mes de noviembre de 2015 y por los perjuicios causados, pues dicho pago se efectuó el 28 de diciembre, alterando el cumplimiento en las obligaciones de la demandante.

Se realicen los pagos de aportes a seguridad social de acuerdo al personal de planta.

Fundamentos fácticos

Refiere la demandante haber prestado sus servicios al Centro de Diseño e innovación Tecnológica Industrial SENA del municipio Dosquebradas, durante el lapso comprendido entre el 18 de julio de 2011 al 09 de diciembre de 2015, desempeñándose como instructora de ética en el área de política institucional.

La vinculación con el SENA, inició y se mantuvo a través de contratos de prestación de servicios y adiciones que fueron sucediendo uno a otro, dentro de los cuales la demandante laboró bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar que le fueron impuestas por los coordinadores o supervisores de contrato, bajo la continuada subordinación y dependencia de la Coordinación del Centro y/o del Director, cumpliendo sus órdenes, con horarios de trabajo impuestos en las mismas condiciones que los demás instructores.

La accionante prestó sus servicios de forma continua, teniendo en cuenta el calendario académico previsto por la ley, y los intervalos que se presentaron entre las órdenes de servicios, corresponden a las vacaciones que el centro le concedía a los educandos.

La remuneración salarial percibida por la demandante fue inferior a la remuneración que percibían los instructores de planta con igualdad de funciones.

Oficialmente no se le comunicó a la señora Rosa Elena Torres Tobón la finalización de los servicios.

El SENA no actualiza su planta de personal, conforme lo exige la ley, cada dos años, sacando lista de necesidades de personal cada año, por tanto dichos cargos no se llenan con el personal de carrera administrativa tal y como se exige por ley, a pesar del incremento de la oferta.

El 26 de mayo de 2016 la demandante presentó al SENA Dosquebradas, bajo el radicado No 1-2016-000665, reclamación administrativa, solicitando a la entidad se le pagarán las prestaciones correspondientes a un contrato de trabajo y su respectivo reintegro. El 15 de junio de 2016 el SENA realizó contestación a la reclamación, bajo radicado No 2-2016-001108, en la cual se niega lo pretendido por la actora en consideración a que “Su vinculación a este Centro, como claramente se evidencia en su escrito, se dio mediante contratos de Prestación de Servicios, los cuales fueron suscritos dando estricto cumplimiento a lo preceptuado en la ley 80 de 1993 (...). Así las cosas, su vinculación a este Centro, mediante la modalidad antes referida, en ningún momento se configura una relación laboral”.

Se constata que la actora interpone demanda el día 28 de octubre de 2016 ante la Oficina Judicial Seccional Pereira, la cual pasa por reparto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, admitida el 31 de enero de 2017, dicta el a quo sentencia el 12 de abril de 2019, la cual concede parcialmente las pretensiones de la demanda, siendo apelado el fallo por la parte demandante el día 30 de abril de 2019 y por la parte demandada el día 24 de abril de 2019.

Concepto de violación

Estima la demandante, que la decisión adoptada por el SENA, quebranta entre otras disposiciones los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución Política, el derecho a la igualdad y al trabajo, y el principio de la realidad sobre las formalidades; siendo que se configuraron los elementos esenciales de una relación laboral. Indica que las funciones cumplidas por ella, podían ser desempeñadas por personal de planta, dichas funciones no eran de carácter temporal, y para su cumplimiento exigieron subordinación, ya que la labor docente en sí misma lo es y hace parte de la naturaleza del Servicio Nacional de Aprendizaje. Asimismo, manifestó que se dio la prestación personal del servicio y la remuneración del mismo.

Oposición a la demanda

El SENA se opone a cualquier tipo de reconocimiento de las pretensiones solicitadas por la actora, fundamentando su contestación en los siguientes aspectos básicos: (i) Si bien se celebraron varios contratos con la demandante, dichos contratos se elaboraron y ejecutaron bajo la figura del contrato de prestación de servicios, razón por la cual no se generó ninguna relación de carácter laboral que permitiera, se causarán prestaciones laborales a favor de la accionante; (ii) No es posible predicar el elemento de la subordinación, toda vez que la demandante no cumplía un horario determinado ni tampoco cumplía órdenes de nadie, solamente se presentó una relación de coordinación de actividades que debía desempeñar la contratista para el SENA, en virtud del cumplimiento del contrato de prestación de servicios; (iii) No es verdad que la demandante percibiera una remuneración salarial debido a que los contratos que se firmaron fueron de aquellos regulados en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, generando únicamente honorarios, los cuales fueron pagados en su totalidad; (iv) En los contratos de prestación de servicios no se comunica la terminación del mismo, debido a que esta se pacta en el contrato, y al término del mismo finalizan las obligaciones entre las partes; (v) existe prescripción trienal sobre los contratos al atender que desde la fecha en que se celebraron, hasta el día de hoy han pasado más de 3 años; (vi) La demandante está solicitando el cobro de lo no debido, toda vez que los valores que pretende le sean reconocidos no se causaron al no existir una relación de carácter laboral.

Sentencia Apelada

El Tribunal Administrativo de Risaralda, considera en concordancia a las pruebas aportadas, que están plenamente acreditados los elementos de la relación laboral; encuentra que aquella se constata en los contratos suscritos junto a la documental recaudada, en especial, refiere que la accionante realizó la prestación personal del servicio en el cargo de instructora, bajo la continua dependencia y subordinación de la entidad demandada, toda vez que la señora Rosa Elena Torres Tobón desarrollaba funciones propias de los instructores de planta como la de formar a los aprendices el SENA, adicionalmente, debía organizar y promocionar los cursos, utilizar la plataforma del SENA donde se desarrollaban los mismos, cumplir un horario el cual dependía de la carga académica asignada, asistir a reuniones y eventos programados por el SENA y presentar actividades e informes mensuales de su labor al Coordinador; lo anterior en cumplimiento de las órdenes impartidas por el Subdirector del Centro y los Supervisores o Coordinadores del SENA Regional Risaralda. También se acreditó el elemento de la remuneración que pagaba la entidad demandada como contraprestación a la labor realizada por la demandante, la cual se hacía bajo la denominación de “honorarios”.

Frente a la prescripción extintiva del derecho, observó el a quo, que en la relación laboral entre la demandante y la entidad demandada, se presentaron las siguientes interrupciones: (i) 16 de diciembre de 2011 al 21 de febrero de 2012, (ii) 29 de junio al 05 de julio de 2012, (iii) 30 de diciembre de 2012 al 15 de enero de 2013 y (iv) 13 de diciembre de 2014 al 26 de enero de 2015. De las interrupciones mencionadas sólo la primera queda por fuera del periodo de suspensión de la prescripción, y al tratarse de una suspensión significativa de 2 meses y 5 días, se tienen como prescritos los derechos laborales generados con anterioridad al 21 de febrero de 2012. Adicionalmente, consideró el Tribunal que el transcurso de los demás períodos de interrupción que transcurrieron entre uno y otro contrato, no dieron lugar a la solución de continuidad, por no tener una prolongación lo suficientemente considerable para quebrantar el vínculo contractual.

Así; a título de restablecimiento del derecho condena al SENA a pagar a favor de la demandante, las prestaciones sociales dejadas de percibir en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos entre el 21 de febrero de 2012 y el 09 de diciembre de 2015, tomando como base lo devengado por el personal que desempeña cargo similar al de Instructor del SENA que hace parte de la planta administrativa de esta entidad; en todo caso, y de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales, reconoce los aportes a pensión por todo el período pretendido aún el prescrito el cual ordena consignar al fondo pensional del actor.

La providencia resuelve:

DECLARASE PROBADA PARCIALMENTE la excepción de PRESCRIPCIÓN trienal de los derechos laborales, respecto de los derechos laborales generados con anterioridad al 21 de febrero de 2012, de conformidad con lo argumentado en la parte motiva de esta sentencia.

SE DECLARA LA NULIDAD del acto administrativo contenido en el oficio 2-2016-001108 del 15 de junio de 2016, por medio del cual el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- niega el reconocimiento de la relación laboral reclamada por la señora Rosa Elena Torres Tobón, y el pago de prestaciones sociales correspondientes, conforme a los parámetros expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA al servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- , a pagar en favor de la demandante Rosa Elena Torres Tobón, las prestaciones sociales dejadas de percibir en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos en el tiempo transcurrido entre el 21 de febrero de 2012 y el 09 de diciembre de 2015, conforme lo devengado por el personal que desempeña cargo similar de instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que hace parte de la planta administrativa de esta entidad, dentro del marco de las consideraciones del presente proveído.

Se condena a la entidad demandada a pagar en favor de la demandante los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los fondos respectivos, durante el periodo acreditado en que prestó sus servicios (18 de julio de 2011 al 09 de diciembre de 2015). En su defecto, la entidad efectuará las cotizaciones a que haya lugar, conforme se expuso en la parte motiva de este fallo.

El tiempo laborado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, se debe computar para efectos pensionales.

(…) “

Recurso de Apelación

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

El SENA recurre la sentencia solicitando no reconocer las súplicas de la demanda y manifiesta su inconformidad en cuanto considera que (i) es inexistente la relación de trabajo pregonada por la actora, toda vez que, para que se declare la existencia de una relación de este tipo, es necesario se acrediten de forma incontrovertible los tres elementos de la relación laboral, es decir, la prestación personal del servicio (de manera permanente), la subordinación y la remuneración; sin embargo, la actora no tuvo una relación permanente con la entidad demandada, al punto que mientras se desempeñaba como instructora del SENA, también prestaba sus servicios a la Universidad Tecnológica de Pereira, y tampoco recibió una remuneración en forma de salario, sino que, se le canceló lo correspondiente a los honorarios en virtud del contrato de prestación de servicios celebrado entre las partes, (ii) la actora no estuvo bajo la subordinación de ningún superior jerárquico, sino que, se encontró ante la coordinación habitual y necesaria para la correcta ejecución de este tipo de contratos y (iii) la demandante no cumplió un horario de trabajo o jornada laboral completa, por cuanto las horas que se programaban para su modalidad eran horarios que podían ser de 40, 50 o menos horas de cátedra laborales, por lo que al mes no sobrepasaba las 160 horas, muchas menos, en comparación a las que debe laborar una persona sujeta a una relación laboral, debiendo ser esto así, en virtud a la especialidad de las labores desempeñadas.

PARTE DEMANDANTE

La señora ROSA ELENA TORRES TOBÓN recurre la Sentencia solicitando se reconozcan las súplicas de la demanda y manifiesta su inconformidad en cuanto considera que (i) el no reconocimiento del pago retroactivo de la sanción moratoria por la no consignación de cesantías, contraria una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual establece que la declaración sistemática de contratos realidad hacen procedente la indemnización moratoria; además, de no reconocerse esta sanción se estaría premiando la actividad de la entidad frente a este tipo de contratación, y (ii) la entidad demandada envió a capacitar en la ciudad de Bogotá a la demandante, en formulación y escritura científica de proyectos de investigación aplicada. De dicha capacitación, surgió, en compañía de otra instructora, una investigación, que es publicada por el SENA, la cual planteaba su desarrollo en un período no menor a dos años, situación que generó en la actora una seguridad real y legítima de permanencia en la entidad, por tiempo determinado, razón por la cual solicita le sean pagados los salarios dejados de percibir a la fecha.

Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público

La demandante reitera lo planteado en su escrito de demanda. La entidad demandada reafirma su posición de alzada. El Ministerio Público no presenta concepto.

CONSIDERACIONES

Planteamiento del problema jurídico

Revisado los recursos de apelación interpuestos, se establecen como problemas jurídicos a resolver en la actual controversia, (i) si existió una relación laboral entre las partes, o está obedeció a lo regulado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y (ii) si en caso de ser determinada la existencia de una relación laboral, se debe conceder el pago de la indemnización moratoria por el no pago de cesantías.

Ahora bien, respecto a la competencia del juez de segunda instancia, el artículo de la Ley 1564 de 2012 establece:

“Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. (...)”

Bajo esta premisa, y teniendo en cuenta que ambas partes apelaron la sentencia de primera instancia, la Sala se pronunciará también respecto de (iii) si acreditada la relación laboral alcanzaría a las pretensiones reconocidas el fenómeno prescriptivo.

Se advierte que la parte demandante en su escrito de apelación manifiesta que el SENA publicó una cartilla en la cual se mostró un programa de investigación desarrollado por la accionante en compañía de otro instructor; dicho trabajo de investigación se pretendía desarrollar a lo largo de del año 2016, lo cual según relata la demandante generó una seguridad real de permanencia en la institución por tiempo indeterminado, de allí que solicite los salarios dejados de percibir a la fecha. Sobre este aspecto la Sala no se pronunciará, pues observa que este hecho no fue incorporado dentro del libelo fáctico de la demanda ni en la modificación de la misma, siendo, improcedente cualquier pronunciamiento al respecto, pues resulta extemporáneo e inapropiado exponer o alegar nuevos hechos, pretensiones o argumentos en procura de obtener el interés jurídico perseguido, intentando reabrir la instancia en detrimento del derecho de defensa y de contradicción de la contraparte. Sin embargo, la Sala se pronunciará sobre (iv) si probada la relación de carácter laboral, tiene derecho la demandante a que se le reintegre laboralmente y se le paguen los salarios dejados de percibir, pues fue un punto que efectivamente se expuso en las pretensiones de la demanda.

Los desacuerdos jurídicos estimados hacen necesario analizar en principio la normatividad y la jurisprudencia relacionada al contrato realidad y materias controvertidas, y con ello descender al análisis del caso en concreto a fin de establecer si la labor ejecutada por la actora fue subordinada y sobrevino la realidad sobre las formas.

Normatividad y jurisprudencia aplicable al caso concreto

Declaración de la existencia de la relación de trabajo, en aplicación del principio de "primacía de la realidad sobre formalidades" (Contrato realidad)

En una primera aproximación se hace indispensable, abordar la discusión jurídica en torno del contrato realidad el cual ha generado importantes estados del arte en la materia. Sin lugar a dudas uno de los más relevantes, se ventiló frente al examen de exequibilidad que realizó la Corte Constitucional al numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el cual permite la posibilidad de celebrar contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público, se cita el artículo:

“ARTÍCULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

(…)

3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.” (Subrayado propio)

De tal forma, el legislador mediante esta norma, dejó sentados los elementos de los que se debe disponer para que se configure un contrato de prestación de servicios, así, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebraran tratándose de estas, cuando: (i) no puedan realizarse con el personal de planta o se (ii) requieran de conocimientos especializados.

De allí, que la consecuencia jurídica lógica, radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social, además de tener un límite temporal, siendo solo posible por el término indispensable para el cumplimiento de la labor contratada.

En efecto, la Corte Constitucional en la precitada Sentencia C-154-97 con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, después de realizar precisiones constitucionales en materia de contratación estatal, de definir las características del contrato de prestación de servicios y de dilucidar las diferencias con el contrato de trabajo, estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una verdadera relación laboral personal subordinada y dependiente.

Adicionalmente, la Corte Constitucional, en Sentencia T- 903-10 con ponencia del doctor Juan Carlos Henao Pérez, expone que el contrato de prestación de servicios tiene características propias que le diferencian de otras figuras del derecho laboral, destacando que:

“La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer en la cual la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato; la vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. Por consiguiente, cuando se ejecutan este tipo de contratos no es admisible exigir el pago de prestaciones sociales propias de la regulación prescrita en el Código Sustantivo del Trabajo o en las disposiciones que regulan el derecho de la función pública. Finalmente, la jurisprudencia constitucional es clara cuando afirma que bajo esta modalidad contractual también es viable aplicar la teoría del contrato realidad, según la cual, si se reúnen los tres requisitos enunciados en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, prima la situación objetiva sobre la forma jurídica que las partes hayan adoptado para regir determinada situación.

(...)”

En el mismo sentido, el Consejo de Estado en fallos como el de 23 de junio de 2005, proferido dentro del expediente No. 0245, C.P. Jesús María Lemos Bustamante, ha reiterado la necesidad de que se acrediten fehacientemente los tres elementos propios de una relación de trabajo, como son la prestación personal del servicio, la remuneración y en especial, la subordinación y dependencia del trabajador respecto del empleador. Así mismo, lo estableció esta Sala en anterior pronunciamiento:

“Así las cosas, se concluye que para acreditar la existencia de una relación laboral, es necesario probar los tres elementos referidos, pero especialmente, que el supuesto contratista desempeñó una función en las mismas condiciones de subordinación y dependencia que sujetarían a cualquier otro servidor público, constatando de ésta manera, que las actividades realizadas no son de aquellas indispensables en virtud de la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales. (Subraya la Sala)

(…)”

y agregó específicamente sobre la subordinación:

“Precisamente uno de los elementos esenciales para la existencia del contrato de trabajo es la subordinación, la cual -según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo- faculta al empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto a modo, tiempo y cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos internos, sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos del trabajador.

Respecto a la subordinación, se ha entendido como la aptitud que tiene el empleador para impartirle órdenes al trabajador y exigirle su cumplimiento, para dirigir su actividad laboral e imponerle los reglamentos internos de trabajo a los cuales debe someterse, todo dirigido a lograr el objetivo misional trazado.” (Subraya la Sala)

En este mismo sentido, la sentencia de Unificación de la Sección Segunda de esta Corporación, con ponencia del Consejero Carmelo Perdomo Cuéter, indicó:

“De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.
En otras palabras, el denominado “contrato realidad” aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales”.(Subraya la Sala)

De tal forma, se hace necesario remitir al citado artículo 53 de la Constitución Política que dispone frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

“ARTÍCULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.” (Subrayado propio)

Por su parte, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, señala los elementos esenciales del contrato de trabajo, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:

La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.” (Subrayado propio)

Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.

En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un contrato de trabajo.

Reconocimiento de la sanción moratoria cuando se declara la existencia del contrato realidad.

La noción de sanción moratoria debe observarse, como aquella sanción que impone la ley al empleador y como una indemnización económica a cargo de la entidad estatal y a favor del trabajador en aquellos casos en que existiendo una relación de carácter laboral, el primero en su calidad de empleador incumple para con el segundo el deber de pagar oportunamente las cesantías, incurriendo en la obligación de pagar un día de salario por cada día de retardo.

En este punto, es importante recordar que las cesantías son un derecho de carácter prestacional a cargo del empleador, que surgen como consecuencia de la existencia de una relación laboral, la cual, debe observarse como el requisito sine quanon para que las mismas se causen.

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que los casos en que se declara la existencia de una relación de carácter laboral, en virtud del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, no es posible conceder el reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago de cesantías de forma retroactiva, pues está iniciará a contar desde el momento en que la sentencia que ha reconocido la existencia del vínculo laboral se encuentra ejecutoriada, pues, la obligación de pagar esta prestación, es decir las cesantías, surge por y como consecuencia directa de dicha declaratoria, siendo este el momento en que nace para la administración, la obligación de reconocer y pagar este auxilio, y no antes en que la certeza de su causación es controvertida.

En ese mismo sentido, la sentencia 00041 de 2016, de esta Corporación, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, indicó:

“Ha sido pacífica la postura que por parte de esta Corporación ha definido frente al reconocimiento de la sanción moratoria cuando se declara la existencia de una relación laboral que subyace de la relación contractual estatal bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, en cuanto que, el reconocimiento y pago de las cesantías, surge sólo con ocasión de la declaratoria de la relación laboral, por lo que, no podría reclamarse la sanción moratoria como quiera que apenas con ocasión de la sentencia que declara la primacía de la realidad sobre las formalidades surge la obligación a cargo de la administración de reconocer y pagar el aludido auxilio. En otras palabras, la pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, sólo es viable en tanto las cesantías hayan sido reconocidas, y no cuando está en litigio la declaración del derecho a percibirlas, es decir, cuando está en discusión el derecho al reconocimiento y pago del aludido auxilio de cesantías no podría configurarse la sanción por mora en el pago de aquellas”.

Fenómeno de la prescripción de los derechos laborales en contrato realidad

En materia de prescripción de los derechos laborales de los empleados públicos, el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 estipula:

“Artículo 41. Las sanciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.”

Por su parte en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 (reglamentario del primero), respecto al fenómeno de la prescripción de los derechos consagra:

“Artículo 102. Prescripción de acciones.

1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.

2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.”

Especialmente, respecto al reconocimiento de la existencia de la relación laboral oculta mediante un contrato de prestación de servicios, esta Sección, en Sentencia de Unificación Jurisprudencial con fecha de 25 de agosto de 2016, estipula las siguientes reglas respecto a la prescripción extintiva de los derechos salariales y prestacionales derivados del contrato realidad:

“ […] i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de ésta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual.

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.

iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

Vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo laboral).

vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador. […]”

De lo anterior se colige que i) el término dentro del cual se puede exigir el reconocimiento de una relación laboral con el Estado es de tres años, los cuales deben contarse a partir de la terminación del vínculo contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella, y ii) en aquellos casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.

Reintegro laboral y pago de salarios dejados de percibir en los casos en que se declara la existencia de un contrato laboral.

Respecto al reintegro laboral y la condena al pago de los salarios dejados de percibir por el trabajador, en los casos en que se declara la existencia de un vínculo de carácter laboral en aplicación del principio de "primacía de la realidad sobre formalidades", se establecen como pretensiones que desbordan el objeto de la figura jurídica del contrato realidad, el cual en principio, busca que el juez declare la existencia de un contrato laboral, en razón a que hallen los elementos de prestación personal del servicio, subordinación y remuneración razón por la cual no se conceden.

El caso concreto

La señora ROSA ELENA TORRES TOBÓN, demandante dentro del proceso, indica que celebró los siguientes contratos de prestación de servicios con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - MUNICIPIO DOSQUEBRADAS, los cuales advierte, reposan en las instalaciones de la entidad demandada, quien en la contestación a la demanda aporta los mismos; y que según se constata en la audiencia inicial del 09 de agosto de 2018 fueron debidamente incorporados, así:

Número de Contrato
Plazo
Horas
Fechas
Objeto
000125 del 18 de julio de 2011
5 meses, contados a partir de la fecha de inicio del contrato, sin exceder del 16 de diciembre de 2011
308
21 de julio de 2011 - 16 de diciembre de 2011
Contratar la prestación de servicios para atender procesos de formación en las diferentes modalidades y programas que se oferten en el centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la Regional Risaralda durante el segundo semestre de la vigencia 2011.

Parágrafo: La prestación de servicios como instructor se requiere en política institucional (ética) para apoyar el desarrollo de las actividades de formación profesional en el Centro de Diseño e innovación tecnológica Industrial de la Regional Risaralda.

45 días hábiles de suspensión

00465 del 17 de febrero de 2012
4 meses y 11 días contados a partir de la fecha de inicio del contrato, sin exceder del 29 de junio de 2012
440
21 de febrero de 2012 a 29 de junio de 2012
Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para atender procesos de formación en las diferentes modalidades y programas que se oferten en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda durante el primer semestre de la vigencia 2012.

5 días hábiles de suspensión

00844 del 05 de julio de 2012
5 meses contados a partir de la fecha de inicio del contrato, sin exceder del 30 de diciembre de 2012.
410
10 de julio de 2012 al 10 de diciembre de 2012.
Contratar la prestación de servicios para atender procesos de formación en las diferentes modalidades y programas que se oferten en el centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la Regional Risaralda durante el segundo semestre de la vigencia 2012.

31 días hábiles de suspensión

0445 del 25 de enero de 2013
9 meses y 7 días, contados a partir de la fecha de inicio del contrato, sin exceder del 16 de diciembre de 2013.
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28 de enero de 2013 al 16 de diciembre de 2013.
Contratar la prestación de servicios personales de carácter temporal para atender procesos de formación en las diferentes modalidades y programas que se oferten en el centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la Regional Risaralda durante la vigencia 2013.
Otrosí de adición y prórroga del 01 de noviembre de 2013
1 mes y 7 días, sin exceder del 16 de diciembre de 2013.
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21 hábiles de suspensión

0226 del 16 de enero de 2014
7 meses y 14 días, contados a partir de la fecha de inicio del contrato, sin exceder del 31 de agosto de 2014.
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17 de enero de 2014 al 31 de agosto de 2014
Contratar la prestación de servicios personales de carácter temporal para atender procesos de formación en las diferentes modalidades y programas que se oferten en el centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la Regional Risaralda durante la vigencia 2014.
Otrosí de adición y prórroga del 01 de noviembre de 2014
3 meses y 13 días.
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1 de septiembre de 2014 al 13 de diciembre de 2014.

15 días hábiles de suspensión

0324 del 23 de enero de 2015
10 meses y 15 días, sin exceder la vigencia presupuestal
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26 de enero de 2015 al 11 de diciembre de 2015
Contratar la prestación de servicios personales como instructores para atender procesos de formación en las diferentes modalidades y programas que se oferten en el centro de diseño e innovación tecnológica industrial de la Regional Risaralda durante la vigencia 2015.

Procedente resulta ingresar al estudio de la configuración de una posible relación laboral; entonces, en cuanto las partes no difieren de la (i) remuneración, se presentan los elementos de la (ii) prestación personal del servicio y la (iii) subordinación como ejes centrales de la presente controversia jurídica.

La prestación personal del servicio

Como se expuso anteriormente, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo consagra la prestación personal del servicio, junto a la subordinación y la remuneración, como un elemento sine qua non para la configuración de una relación de carácter laboral.

En este sentido, la prestación personal del servicio se debe entender como la obligación que tiene la persona natural, en su condición de trabajador, de poner a disposición del empleador, su actividad física y/o intelectual, para la ejecución de las labores contratadas. La prestación del servicio por parte del trabajador tiene un carácter personalísimo, lo cual implica que su ejecución no puede ser delegada, sustituida o auxiliada, total o parcialmente por un tercero.

Ahora bien, teniendo en consideración los contratos celebrados entre la señora Rosa Elena Torres Tobón y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Regional Risaralda, se evidencia que en todos estos se incorpora para la contratista, con pequeñas variaciones, la obligación de prestar el servicio para atender los procesos de formación en las diferentes modalidades y programas que se ofertan en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de dicha entidad, labor que según las pruebas documentales obrantes dentro del expediente, se realizó de manera personal e ininterrumpida dentro del término de ejecución establecido para cada contrato.

De igual manera se constata que dentro de los referidos contratos, le estaba expresamente prohibido a la accionante sustituir la ejecución de sus obligaciones contractuales en una tercera persona, tal como lo deja ver la cláusula de “cesión de contrato” que dispone:

“(…)

Cesión del Contrato: El Contratista no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato a otra persona natural o jurídica, salvo autorización previa y expresa del SENA”.

Por último, las declaraciones realizadas por las señoras Mayeline Gomez Agudelo y Lorena Vanegas Villega en la audiencia de pruebas celebrada el día 28 de febrero de 2019, son relevantes en la medida en que permite a esta Sala concluir que la demandante realizó por sí misma la prestación contratada por el SENA. De dichas declaraciones, las cuales no fueron impugnadas en ningún momento por la parte demandada o el Ministerio Público, se colige que la señora Rosa Elena Torres Tobón efectivamente, y sin delegar en terceros las funciones para las cuales se le contrató, prestó sus servicios para atender los procesos de formación académica en el SENA - Regional Risaralda, además de asistir a las reuniones programadas por los coordinadores del centro de formación y las capacitaciones que se le daban a los instructores en formación profesional.

Se observa, que el SENA, en su escrito de apelación controvierte la prestación personal del servicio de la accionante, argumentando que esta no realizó una prestación continua e ininterrumpida de sus labores, toda vez, que el número de horas que se programaban para la modalidad contratada, era menor respecto del número de horas que debe laborar una persona sujeta a un contrato laboral con jornada completa; no obstante, advierte la Sala que, el argumento utilizado por la demandada es erróneo, ya que, como se dejó planteado, la prestación del servicio se circunscribe al sujeto a quien le es dable ejecutar de manera personal las labores contratadas, es decir, solamente debe tenerse en cuenta para efectos de declarar su existencia, si quien fue contratado para realizar alguna labor, la ejecuta poniendo su esfuerzo personal en el cumplimento de esta. En este sentido, no es posible traer a colación con miras a discutir la prestación del servicio de la demandante, el número de horas laboradas por ella, pues este no es un factor útil para desvirtuar la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior, observa la Sala, se encuentra probada la prestación personal del servicio de la señora Rosa Elena Torres Tobón para con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Regional Risaralda; razón por la cual se procederá a estudiar la posible presencia del elemento subordinación, el cual, de hallarse probado, dará lugar a declarar la existencia de la relación laboral pretendida por la demandante.

La subordinación

En retrospectiva en los contratos transcritos, en unos se tiene como objeto:
“Contratar la prestación se servicios para atender los procesos de formación en las diferentes modalidades y programas que se oferten en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda (...) La prestación de servicios como instructor se requiere en Política Institucional (Ética) para apoyar el desarrollo de las actividades de formación profesional (...)”

En otros:

“Prestar los servicios profesionales de carácter temporal, para atender procesos de formación en las diferentes modalidades y programas que se oferten en el Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda (...).”

En el mismo sentido, se atiende a que se redactan como obligaciones del contratista las siguiente:

“A) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El (la) CONTRATISTA además, de las obligaciones que por su índole y naturaleza le son propias, se obliga para con el SENA a: Cumplir el objeto del contrato. - Responder por la buena calidad de los servicios contratados. - Mantener su autonomía e independencia sobre la forma de cumplir el objeto del contrato. - Afiliarse y realizar los aportes mensuales a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales en calidad de trabajador independiente. - Ejecutar en los ambientes de aprendizaje, las actividades de enseñanza -aprendizaje- evaluación, de conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el Manual de Procedimientos para la Ejecución de Acciones de Formación Profesional. - Seleccionar estrategias de enseñanza -aprendizaje- evaluación según el programa de formación profesional y el enfoque metodológico adoptado. - Incorporar estrategias didácticas activas en las actividades formuladas en las guías de aprendizaje. - Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares vigentes. - Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades institucionales asignadas. - Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de acuerdo con el manual de evaluación vigente. - Utilizar las TIC en la planificación, orientación y seguimiento al proceso de formación. - Vigilar el proceso de integración con las instituciones educativas asignadas conforme a las exigencias del proceso. Desarrollar acciones de certificación y auditoría de competencias laborales conforme a los procedimientos establecidos por la institución. (...) - El contratista se hará responsable del inventario a cargo para el normal desarrollo de las labores de instructor como cuentadante individual y/o solidario de los bienes que se encuentren en los ambientes de formación”.

En otros contratos aparecen con pequeñas variaciones las mismas obligaciones y se agregan otras como las que se muestran a continuación:

“OBLIGACIONES ESPECIALES: Para el desarrollo del objeto establecido en la cláusula primera de este contrato, el CONTRATISTA se compromete a: 1). Prestar servicios como instructor para impartir formación profesional en el área de Ética del programa Presupuesto Regular - Centro del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial. 2). Ejecutar el contrato con autonomía e independencia desde el punto de vista técnico y científico, sin perjuicio del cumplimiento que se debe dar al pensum y los contenidos mínimos de los programas de formación, el calendario académico la programación de clases, las estrategias para evitar la deserción, el lugar, los fines y objetivos misionales, las normas y directrices del SENA (...) 3). Vigilar y salvaguardar los bienes y los valores que le sean encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, para los fines que le fueron entregados de conformidad con el objeto del contrato suscrito. 4). Desarrollar las actividades adicionales que se requieran para la ejecución del contrato tales como ajustes a las políticas de comunicación del SENA y aplicación de las TIC (...). 5). Avisar al SENA dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA. 6). Avisar al SENA dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causa de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente. 7) Cumplir cabalmente los deberes que le impone la Constitución, la ley y los reglamentos internos, los cuales deberá conocer sin que por ello adquiera la calidad de empleado público o de trabajador oficial del SENA. 8) Permanecer identificado con su carnet dentro de las instalaciones del SENA y dictar las clases con la ropa de trabajo adecuada para el ambiente de aprendizaje, identificada con el logo SENA, cuando así se requiera. 9) Deberá promover entre sus aprendices y velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional, al igual que las normas ambientales y otras que sean de cumplimiento o referencia. 10) Mantener actualizados los pagos correspondientes a Entidades Promotoras de Salud, Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (...). 11. Efectuar y demostrar el oportuno y correcto registro de aprendices, evaluaciones y demás novedades de los aprendices y programas de formación bajo su responsabilidad, en los aplicativos con los que cuenta el SENA (...). 12) Participar activamente, impulsar, acompañar o estimular a los aprendices en los procesos de formulación, elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos de aprendizaje. 13) Conformar los equipos de desarrollo curricular interdisciplinarios por programas o conjuntos de programas por redes tecnológicas, para garantizar integralidad en la formulación de proyectos formativos, el diseño de aprendizaje, el diseño de talleres e ítems que alimentarán los bancos de pruebas para la selección de aprendices, entre otras. 14) Participar en la programación y ejecución del proceso de inducción de aprendices de formación titulada y el reconocimiento de aprendizajes previos siempre y cuando cumpla con el objetivo contractual de ejecutar acciones de formación diferentes a la inducción. 15) Reportar en el aplicativo de gestión educativa Sofía Plus en un máximo de 3 días, todas las actividades que de acuerdo con los procesos que son de su responsabilidad, garantizando la calidad de la información y su coherencia con el proceso formativo (...) 16) El coordinador académico del centro podrá designarlo como gestor de proyectos para apoyar la programación y seguimiento de la formación por proyecto o conjunto de proyectos por redes tecnológicas que garanticen la integralidad en la ejecución del proceso aprendizaje. 17) Subir al aplicativo que designe la entidad, el o los proyectos formativos.

18) Coordinar y participar en las actividades que contribuyan al desarrollo integral de los aprendices y que se encuentran en el plan de bienestar de los mismos. 19) Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato o periódico según lo determine la entidad o el Centro de formación. 20) Conocer, apoyar, participar y aplicar en las actividades del sistema Integral Gestión de la Entidad como actividades de sensibilización, capacitación y/o auditoría o cualquier otra correspondiente. 21) Participar activamente en el cumplimiento de las cinco tareas de la institución para el año 2013.

Ahora bien, de acuerdo al manual específico de funciones para los empleos de planta del SENA, contenido en el Decreto 986 de 27 de mayo de 2007, el cargo de instructor contiene las siguientes funciones:

“DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear procesos formativos que respondan a la modalidad de atención, los niveles de formación, el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática de Pedagogía y didáctica para la Formación Profesional Integral.

2. Participar en la construcción del desarrollo curricular que exige el programa y el perfil de los sujetos en formación de acuerdo con los lineamientos institucionales, de acuerdo con los lineamientos institucionales, para el área temática de Pedagogía y didáctica para la Formación Profesional Integral.

3. Ejecutar los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro de los resultados de aprendizaje definidos en los programas de formación y de acuerdo con el desarrollo curricular relacionado con el área temática de Pedagogía y didáctica para la Formación Profesional Integral.

4. Evaluar los aprendizajes de los sujetos en formación y los procesos formativos de acuerdo con los procedimientos y lineamientos establecidos, relacionados con los programas de formación del área temática de Pedagogía y didáctica para la Formación Profesional Integral.

5. Participar en el diseño curricular de programas de formación profesional conforme a las necesidades regionales y los lineamientos institucionales requeridos por el área temática de Pedagogía y didáctica para la Formación Profesional Integral.

6. Participar en proyectos de investigación aplicada técnica y/o pedagógica en función de la formación profesional en programas relacionados con el área temática de Pedagogía y didáctica para la Formación Profesional Integral.

7. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, según el área de desempeño y la naturaleza del cargo.”

Relevante resulta evaluar la naturaleza del establecimiento demandado, de modo tal que la Ley 119 de 1994, en su artículo 1º determinó que el SENA es un establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual en su artículo 2º define su misión: “El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país.” (Resalta la Sala)

Así, de lo precedente, de contera al análisis de las funciones ejecutadas, para la Sala, resulta pertinente el análisis de los testimonios solicitados por la parte demandante y demandada que fueran registrados en audiencia de pruebas de 28 de febrero de 2019.

Inicialmente, se encuentra la escucha del testimonio del señor, JUAN ÁNGEL URIBE LADINO (min.00:05:58), testimonio solicitado por el SENA, profesional de apoyo en asuntos jurídicos de la Dirección Regional del SENA - Seccional Risaralda, quien informa no conocer directamente a la demandante ni los vínculos contractuales entre ésta y el SENA. Manifiesta que los contratos de prestación de servicio que celebra el SENA con personas naturales para brindar la formación profesional, se realizan con obligaciones específicas y únicamente en aquellos casos en que el SENA no cuenta con el personal de planta suficiente para impartir los cursos de formación, razón por la cual el tiempo empleado por los contratista es el estrictamente necesario para llevar a cabalidad las labores contratadas, no habiendo para ellos la obligación de permanecer en las instalaciones más tiempo del necesario, ni cumplir un horario de trabajo. Adicionalmente, explica que el SENA asigna la supervisión de los contratos de prestación de servicios a los Coordinadores Académicos de la Institución, quienes son los encargados de hacer la programación de los cursos y las horas de clase. Adicionalmente manifestó que, a diferencia de un trabajador de planta, un instructor por contrato de prestación de servicios no está sometido al régimen disciplinario por no ser servidor público, y en caso de incumplimiento del contrato se le aplican las sanciones previstas en la ley para los contratistas.

De otra parte, la declarante MAYELINE GÓMEZ AGUDELO (min:0:48:10), solicitada por la demandante, compañera de trabajo de esta, quien labora como instructora del SENA en el Centro de Comercio y Servicios, manifestó que la accionante debía impartir formación en todos los programas de tecnólogo y técnico en los resultados de Ética de la competencia a promover, el cual debía llevarse a cabo principalmente en el Centro de Diseño o en los municipios aledaños a los que fuera enviada. Declaró que la demandante al igual que todos los instructores debía cumplir un horario el cual era asignado de manera trimestral por el Coordinador Académico, el cual podía variar entre las jornadas de la mañana y de la tarde. Manifestó que la demandante debía asistir a las reuniones y realizar los informes que le pedía el Coordinador Académico, a quien además, debía de avisar en caso de que debiera ausentarse de sus labores; también debía participar en los cursos de orientación profesional, los cuales buscaban adaptar a los instructores en los modelos pedagógicos del SENA, y que las clases que impartía la demandante, dependiendo del horario asignado, se hacían la mayor parte del tiempo en las instalaciones del SENA, haciendo uso de los materiales y siguiendo las estructuras curriculares que le eran dadas por la institución. Por último manifestó que la demandante ha trabajado en la Universidad Tecnológica de Pereira; que a ella se le hacían los pagos de manera mensual; que la contratista tenía que sufragar los aportes a pensión, salud y ARL, y que en el SENA del municipio Dosquebradas había (al momento de rendir la declaración) otro instructor de Ética, quien era empleado de planta del SENA.

Por último, se escucha el testimonio de la señora LORENA VANEGAS VILLEGAS (min. 01:01:55), también solicitado por la parte demandante, tecnóloga del SENA en desarrollo gráfico de proyectos de arquitectura e ingeniería. Manifiesta que la demandante fue su instructora de Ética durante los meses de octubre a diciembre del año 2013 cuando ella cursaba su formación en el Centro de Diseño e innovación Tecnológica Industrial - SENA del municipio Dosquebradas. Declaro que la accionante debía dictar las clases en las instalaciones de la institución, mostrando dentro de los contenidos que impartía la filosofía y la misión del SENA. Explicó que además de las clases, la demandante estaba adscrita a un semillero de investigación del SENA el cual alternaba con las clases que dictaba. Manifestó también que la contratista no podía delegar sus funciones en otra persona, que en caso de no poder asistir para impartir formación, debía de informar al Coordinador Académico, y que al igual que los demás instructores debía asistir a las capacitaciones que realiza el SENA. Por último, declaró que la demandante debía pagar los aportes a seguridad social como independiente.

Aunque dichos testimonios son indiciarios del cumplimiento de labores subordinadas, es necesario indicar que no son concluyentes; sin embargo, observa la Sala que tanto en estas declaraciones, como en los documentos que conforman el expediente, se aprecia que algunos factores a saber, como el cumplimiento de un horario, la prestación del servicio dentro de las instalaciones de la institución y el rendimiento de informes al Coordinador Académico, forman en gran medida el sustento del debate sobre la posible presencia de subordinación por parte del SENA. Al respecto esta Sala realizará las siguientes precisiones.

En efecto, la existencia de un horario, la obligación que tenía la contratista de cumplir sus labores dentro las instalaciones de la demandada y su obligación de presentar periódicamente informes de su gestión al Coordinador académico del SENA, se encuentran acreditadas dentro del proceso, sin embargo, para el caso en concreto, estos hechos no significan per se el establecimiento de una relación de dependencia y subordinación. Al respecto esta Corporación ha manifestado en relación a la fijación y cumplimiento de un horario, que si éste es una exigencia especial para que se preste el servicio, no puede inferirse entonces que sea una limitación a la autonomía, y en estos casos ha de interpretarse que el horario es un requerimiento para la eficiente prestación del servicio, pactada por las partes y no una imposición propia de la dependencia laboral. En tal sentido, la Sala también ha sostenido que cuando se pretenda solicitar la declaratoria de contrato realidad sobre la base del cumplimiento de un horario, es imprescindible que se acrediten otras circunstancias que permitan concluir que la vinculación se dio en el marco de una relación de dependencia y subordinación.

Por otra parte, si bien la jurisprudencia de esta Corporación, ha expresado que el hecho de que el contratista tenga que prestar sus servicios en las instalaciones de la entidad, constituye un indicio de subordinación, al reflejar la capacidad dispositiva de esta sobre la labor prestada por el contratista, desvirtuando así la autonomía e independencia de la cual debe gozar la prestación del servicio, es importante anotar, que el hecho de que el contratista ejecute su labor en las instalaciones de la entidad accionada no se convierte automáticamente en un indicio para presumir la existencia de una relación laboral; sino que impone al juzgador, teniendo en cuenta las circunstancias en que se desarrolla la actividad contratada y los demás hechos indicadores de subordinación, la labor de determinar si efectivamente ha existido o no una relación de carácter laboral.

Situación similar ocurre con el hecho de que el contratista tenga que presentar informes sobre la gestión realizada, lo cual debe analizarse teniendo en cuenta otros hechos que lleven al juzgador a concluir que efectivamente se presentó subordinación, pues, de no ser así, la presentación de informes se enmarcaría en una relación de coordinación y no una de subordinación. Al respecto la jurisprudencia de lo Contencioso Administrativo, ha entendido la coordinación como la forma en que el contratista se somete a algunas condiciones mínimas impuestas por el contratante, que son necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye, por ejemplo: (i) el cumplimiento de un horario cuando se pacte de forma previa y sea indispensable para el desarrollo de la labor, (ii) recibir instrucciones, o (iii) exigir la presentación de informes sobre los resultados obtenidos.

Considerando lo anterior y tomando en cuenta la naturaleza jurídica de la entidad demandada, y el objeto contractual presente en los contratos de prestación de servicios celebrados por la señora Rosa Elena Torres Tobón con el SENA, se establece que las obligaciones de cumplir un horario, realizar las labores de formación dentro de las instalaciones de la demandada y presentar informes periódicos de la gestión realizada, no generan en sí mismas una relación de dependencia y subordinación para la contratista, pues el SENA es un establecimiento que ofrece y ejecuta la formación profesional en programas técnicos, tecnológicos y complementarios enfocados en el desarrollo económico, científico y social del país, objetivo que solo es posible llevar a cabo si las tareas como las de instructor se realizan bajo un esquema de coordinación con los aprendices, otros instructores y con la institución, por ende, para el caso en concreto no se puede predicar la subordinación por parte del demandado atendiendo únicamente a los factores antes mencionados, pues estos constituyen una exigencia especial y propia para que el servicio de formación contratado se lleve de manera adecuada y conforme a los fines y misión de la institución.

Lo que sí es posible constatar es que el objeto y las funciones que se establecieron en los contratos suscritos entre los extremos procesales, ejecutadas por la actora, aprecian actividades que exigen para su ejecución necesaria dependencia y subordinación. Se observa por ejemplo las obligaciones de “Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato”, “Coordinar y participar en actividades que contribuyan al desarrollo integral de los aprendices y que se encuentren en el plan de bienestar de los mismos”, “Participar en los equipos técnicos de diseño curricular cuando así lo requiera el Centro de Formación y/o las Redes de Conocimiento”, “Utilizar las TIC, en la planificación, orientación, y seguimiento al proceso de formación”, “Desarrollar acciones de certificación y auditoría de competencias laborales conforme a los procedimientos establecidos por la institución”, “ (...) ajustarse a las políticas de comunicación del SENA y aplicación de las TIC (Manejar los Sitios Web oficiales, utilizar correctamente los correos electrónicos (revisarlos periódicamente y contestar requerimientos), velar por la correcta utilización de la imagen institucional , participar activamente en la reuniones citadas por el Centro (Procesos de inducción, Grupos Primarios, Comités de Evaluación y Seguimiento entre otros)” y “El coordinador Académico del Centro podrá designarlo como gestor de proyectos para apoyar la programación y seguimiento de la formación por proyecto o conjunto de proyectos por redes tecnológicas que garanticen la integralidad de la ejecución del proceso de aprendizaje”.

Aunado a lo anterior, se observa que el SENA, intentó desconocer una relación de carácter laboral, haciendo un inadecuado uso de la figura contractual del Contrato de Prestación de Servicios, regulado en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Es evidente que el Servicio Nacional de Aprendizaje del municipio de Dosquebradas a través de contratos de prestación de servicios pretendió realizar labores propias de la institución, como la capacitación de aprendices, cumpliendo la misión institucional de la entidad, para lo cual contaba con personal de planta, quienes realizaban estas labores en idénticas condiciones en que las realizaba la demandante.

Por todo lo anterior, y al haber valorado todo el acervo probatorio bajo las reglas de la sana crítica, la Sala encuentra determinada la existencia de una relación laboral subordinada, siendo incuestionable el ánimo de la entidad contratante de emplear reiteradamente los servicios de la actora, a tal punto que esta fue contratada mediante seis (6) contratos, algunos con otrosí de adición, por un periodo total de casi 5 años; de tal forma se confirmará el sentido de la sentencia recurrida.

Prescripción

En los contratos celebrados entre la señora Rosa Elena Torres Tobón y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- del municipio Dosquebradas se encuentra que existen algunas interrupciones significativas, superiores a los 15 días hábiles que establece el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978 para que se configure la solución de continuidad.

Observa la Sala que el a quo, al proferir la sentencia de primera instancia, para efectos de computar los lapsos de interrupción que se presentaron entre los distintos contratos de prestación de servicios, contabilizo estos lapsos desde las fechas en que se daba por terminado cada contrato, hasta las fechas en que se firmaba cada contrato, siendo lo correcto, realizar dicho calculo hasta un día hábil antes de la fecha de inicio de ejecución de los mismos. Teniendo en cuenta esto las interrupciones se tomaran en la forma como se muestra a continuación:

Entre el contrato 000125 del 18 de julio de 2011 y el 000465 del 17 de febrero de 2012 se presenta una interrupción de 44 días hábiles.
Entre el contrato 00465 del 17 de febrero de 2012 y el 00844 del 05 de julio de 2012 se presenta una interrupción de 5 días hábiles.
Entre el contrato 00844 del 05 de julio de 2012 y 0445 del 25 de enero de 2013 se presenta una interrupción de 31 días hábiles.
Entre el contrato 0445 del 25 de enero de 2013 y el 0226 del 16 de enero de 2014 se presenta una interrupción de 21 días hábiles.
Entre el contrato 0226 del 16 de enero de 2014 y el 0324 del 23 de enero de 2015 se presenta una interrupción de 15 días hábiles.

Siendo que la reclamación administrativa se constata calendada el día 26 de mayo de 2016, se tendrán prescritas las pretensiones sobre las relaciones contractuales anteriores al 26 de mayo de 2013, es decir que el fenómeno de la prescripción, recaerá sobre los derechos que hubieren podido derivarse de los contratos 000125 del 18 de julio de 2011, 000465 del 17 de febrero de 2012 y el 000844 del 05 de julio de 2012. Sin embargo, se reconocerán los aportes a pensión que no fueron consignados al fondo pensional de la actora, de acuerdo a la doctrina desarrollada por la jurisprudencia de esta Corporación que establece que estos aportes debido a su naturaleza no son susceptibles de dicho fenómeno.

De tal forma, que el lapso contractual contenido entre el 28 de enero de 2013 al 11 de diciembre de 2015, es decir el que se comprende de los contratos 0445 del 25 de enero de 2013, 0226 del 16 de enero de 2014 y el 0324 del 23 de enero de 2015, resulta idóneo de ser reclamado en cuanto al pago de prestaciones sociales, pues sobre aquel no transcurrió un plazo superior a tres años en contra de la disposición del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, para solicitar por vía administrativa el reconocimiento de la relación laboral y por ende el pago de los salarios y prestaciones, interrumpiendo el fenómeno jurídico de la prescripción; en este sentido se revocará la sentencia apelada.

Reconocimiento de la sanción moratoria

Frente a la sanción moratoria deprecada, como se advirtió anteriormente, no hay lugar al reconocimiento de tal, toda vez que esta sentencia es constitutiva de derecho y es a partir de ella que nacen las prestaciones en cabeza del beneficiario, por lo cual no hay viabilidad a reconocer esta sanción por incumplimiento.

Reintegro y pago de salarios dejados de percibir

Frente a las pretensiones de reintegrar a la demandante en el mismo cargo que desempeñaba o en otro de igual o superior categoría y la de condenar a la entidad demandada a pagar los salarios dejados de percibir a la fecha, no se accederán por lo expuesto anteriormente en esta sentencia.

Adicionalmente, pese a encontrarse probados los elementos de la relación laboral, se indicará que esto no implica que la accionante detente la condición de empleada pública en miramiento a que no existen los elementos de una relación legal y reglamentaria en cuanto al artículo 122 de la Constitución Política.

En consecuencia se confirmará la sentencia recurrida pero se modificará en cuanto (i) la condena a pagar las prestaciones sociales como consecuencia del reconocimiento de la relación laboral, se hará a título de restablecimiento del derecho por el periodo del 28 de enero de 2013 al 11 de diciembre de 2015. (ii) Se declarará prescrito el interregno contractual anterior al 28 de enero de 2013, más no los aportes a pensión, orientando que lo procedente en aras de garantizar el derecho pensional del mismo es que a título de restablecimiento del derecho el demandado determinará mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar y los realizados por el actor, y cotizar al fondo de pensiones al que se encuentre afiliado, la suma faltante por concepto de aportes a pensión sólo en el porcentaje que le correspondía como empleador, en los periodos en los que se demostró la relación laboral.

Para tales efectos, la interesada deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

Por tanto, se modificará el numeral cuarto “4.” que da la orden de pagar a la actora los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud, en cuanto esta determinación no es acertada, ya que los aportes a salud y pensión por su naturaleza parafiscal, a pesar de que se haya declarado a su favor la existencia del contrato realidad, estos dineros son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y no constituyen un crédito a favor de la interesada, “lo que excluye la posibilidad de titularidad que sobre los mismos pretenda el actor ejercer”. Lo que en cambio se ordenará es que del valor que se le pague a la señora Rosa Elena Torres Tobón, se deduzca lo pertinente para ser remitido al sistema de salud y pensión, respectivamente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR CON MODIFICACIÓN la sentencia apelada, salvo los ordinales PRIMERO (1), TERCERO (2) y CUARTO (4) de su parte resolutiva, los cuales se MODIFICAN conforme lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Estos ordinales quedarán de la siguiente manera:

1. DECLÁRASE PROBADA PARCIALMENTE la excepción de PRESCRIPCIÓN trienal de los derechos laborales, respecto de los derechos laborales generados con anterioridad al 28 de enero de 2013, de conformidad a lo argumentado en esta sentencia.

3. Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA al Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA-, a pagar en favor de la demandante Rosa Elena Torres Tobón, las prestaciones sociales dejadas de percibir en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos en el tiempo transcurrido entre el 28 de enero de 2013 y el 11 de diciembre de 2015, conforme lo devengado por el personal que desempeña cargo similar de instructor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA que hace parte de la planta administrativa de esta entidad, dentro del marco de las consideraciones del presente proveído.

4. ORDENAR al SENA que al momento de pagarle a la señora Rosa Elena Torres Tobón, deduzca los porcentajes que procedan con destino al sistema de salud y pensión, respectivamente.

SEGUNDO: Por la secretaría de la Sección Segunda de la Corporación, devuélvase oportunamente el expediente al Tribunal Administrativo de Risaralda y déjense las constancias de rigor en la plataforma SAMAI.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firma electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firma electrónica Firma electrónica
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Del 12 de abril de 2019, visible a folios 205 a 222 del expediente.
Visible a folios 52 a 82 del expediente.
Visible a folios 5 y 6 del expediente.
visibles a folios 56 y 57 del expediente.
A folios 7, 8 y 9 del expediente se allega certificación emitida por el el Subdirector del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial de la Regional Risaralda, la cual hace una relación histórica de los contratos de prestación de servicios suscritos por la señora Rosa Elena Torres Tobón con el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.
Del 26 de mayo de 2016, visible a folios 78 a 82 del expediente.
Del 15 de junio de 2016. Visible a folios 5 y 6 del expediente.
Visible en el folio 83 del expediente.
Visible en el folio 84 del expediente.
Visible en el folio 85 del expediente.
Del 12 de abril de 2019, proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, M.P. Dufay Carvajal Castañeda. No. Radicación 66001233300020260082300.
Visible a folios 228 a 232 del expediente.
Visible a folios 224 a 227 del expediente.
Visible a folios 59 y 60 del expediente.
El numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece:

“Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable”.

Del 12 de abril de 2019, proferida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala Segunda de Decisión, M.P. Dufay Carvajal Castañeda. No. Radicación 66001233300020260082300. Visible en el folio 217 del expediente. Visible a folios 224 a 227 del expediente. Visible a folios 259 y 260 del expediente. Visible a folios 276 a 285 del expediente. CORTE CONSTITUCIONAL. Magistrado Ponente: Dr. JUAN CARLOS HENAO PÉREZ. Bogotá, D.C., doce (12) de noviembre de dos mil diez (2010). Referencia: expediente T-2311653 Demandante: GILMER SIERRA GARCÍA Demandado: MUNICIPIO DE MONTENEGRO, QUINDÍO. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección “B”. Consejera Ponente: Dra. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis (2016) radicación número: 05001233300020130081301 (3867-14) Actor: DIANA MARCELA LONDOÑO AGUDELO Demandado: INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA. Consejero Ponente: Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER. Bogotá D.C., Veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10). Modificado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990. CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”. Consejera Ponente: Dra. SANDRA LISSET IBARRA VELEZ Bogotá D.C., seis (6) de octubre de dos mil dieciséis (2016) radicación número: 41001-23-33-000-2012-00041-00(3308-13) Actor: ANÍBAL SEFAIR GARCÍA Demandado: E.S.E. MIGUEL BARRETO LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE TELLO. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda. Consejero Ponente: Dr. Carmelo Perdomo Cuéter. Bogotá D.C., Veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación número: 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16. Visibles a folios 141 a 159 del expediente. En audiencia inicial con fecha de 09 de agosto de 2018, la magistrada dispuso tener como prueba, hasta donde la ley lo permita, los documentos aportados por las partes con la demanda y con la contestación de la misma. En el contrato de prestación de servicios No. 000125 de 2011 suscrito entre el SENA y Rosa Elena Torres Tobón, es visible en la cláusula decimoprimera (fl. 142). En los contratos de prestación de servicio No. 000465 de 2012, 000844 de 2012, 0445 de 2013, 0226 de 2014 y 0324 de 2015, suscritos entre el SENA y Rosa Elena Torres Tobón, es visible en la cláusula decimosegunda. Tomado del Contrato de Prestación de Servicios No. 000125 de 2011 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA- y Rosa Elena Torres Tobón. Visible en los folios 141 y 142 del expediente. Audiencia grabada en medio magnético, el cual es visible al folio 187 del expediente. El acta de audiencia de pruebas se encuentra visible en los folios 184 a 187 del expediente. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 7 de septiembre de 2006, Exp. 2000-04732-01. C.P. Alberto Arango Mantilla. En el contrato de prestación de servicios No. 00226 de 2014, suscrito entre el SENA y Rosa Elena Torres Tobón, visible a folio 153 del expediente. Ibidem. Ibidem. En el contrato de prestación de servicios No. 000125 de 2011, suscrito entre el SENA y Rosa Elena Torres Tobón, visible a folio 141 del expediente. En el contrato de prestación de servicios No. 000465 de 2012, suscrito entre el SENA y Rosa Elena Torres Tobón, visible a folio 143 del expediente. En el contrato de prestación de servicios No. 000844 de 2012, suscrito entre el SENA y Rosa Elena Torres Tobón, visible a folio 145 del expediente. En el contrato de prestación de servicios No.

000844 de 2012, suscrito entre el SENA y Rosa Elena Torres Tobón, visible a folio 146 del expediente.

Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de 28 de septiembre de 2016. Radicación 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Radicado 76001 23 33 000 2012 00288 01 (3681 2013) C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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