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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01475-00

Fecha
22 de abril de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-01475-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-01475-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

22 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202201475 00

Accionante: RAMIRO MUÑOZ GÓMEZ

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN F

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos de
procedencia / DEFECTOS FÁCTICO Y POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE –
No se configuraron.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Ramiro Muñoz Gómez, de conformidad con el Decreto 333
de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El señor Ramiro Muñoz Gómez, por conducto de apoderado judicial, instauró
demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y a la seguridad social, así como el principio de
favorabilidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales1. El tutelante elevó las
siguientes pretensiones (trascripción literal con posibles errores incluidos):

1
Remitida por correo electrónico el 3 de marzo de 2022.

1

Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Que se ordene tutelar los derechos fundamentales de mi mandante Ramiro
Muñoz Gómez identificado (a) con la C.C. (…) a la igualdad, a la seguridad
social, a la favorabilidad, al trabajo y en su lugar disponer que el H. Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección ‘F’ proceda a
fallar el proceso de conformidad con el precedente jurisprudencial vertical
establecido por la Sección Segunda del H. Consejo de Estado, quien en
reiterada jurisprudencia, entre otras la sentencia de la SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN ‘B’
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ del 30 de septiembre
de 2021, Radicación número: 76001-23-33-000-2018-00204-01(3307-20)
Actor: JANETH VILLA AMAYA Demandado: SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE - SENA, que en un caso similar se establecieron los plazos de
ejecución de los contratos por el periodo determinado en los mismos, sin
importar que al mismo tiempo se hubiesen pactado también por horas.

2. Hechos relevantes

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Muñoz Gómez demandó al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, con el
fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo mediante el cual se negó
“el reconocimiento y pago de derechos laborales (…) aportes hechos al sistema de
seguridad social en pensiones y salud, pagos efectuados por pólizas y retención
en la fuente, reconocimiento y pago de los perjuicios y costos en el proceso, de la
vinculación laboral…”.

Como consecuencia de lo anterior, el mencionado señor solicitó que se declara la
existencia de una relación laboral desde el 28 de febrero de 1998 y que “continúa
vigente a la fecha de radicación de la demanda”; que se ordenara el
reconocimiento y pago de las acreencias laborales y las prestaciones derivadas de
dicho vínculo, tomando como referente lo devengado un instructor de la planta de
la entidad.

Mediante sentencia de 22 de mayo de 2017, el Juzgado 16 Administrativo de
Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda.

Esa decisión fue apelada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, el que, por medio de providencia de 10 de
agosto de 2021 –notificada el 17 de septiembre de 2021–, revocó la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, tras

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Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

considerar que “si bien en efecto el accionante prestó sus servicios al SENA como
instructor en programas de formación, no obran elementos que permitan
determinar que estos se prestaron de forma continua, permanente y subordinada”.

3. Fundamentos de la acción

Indicó el tutelante que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico, porque
no tuvo en cuenta que en la certificación del 21 de junio de 2011 obran “las fechas
de terminación de los contratos desde el número 000139 del 16 de septiembre de
2005 hasta el número 000174 del 27 de enero de 2011 en las cuales se pudo
certificar las fechas de celebración de los contratos y duración misma, con lo cual
se demuestra la prestación continua de los servicios…”.

Agregó que la autoridad judicial accionada también ignoró las certificaciones del 2
de agosto de 2004 y del 26 de mayo de 2016, expedidas por el SENA y los
contratos laborales que evidenciaban que “los mismos eran consecutivos y,
además, dentro de las obligaciones exigidas al contratista se encontraban labores
inherentes a la entidad las cuales eran necesarias que se hicieran bajo
subordinación y dependencia, por lo cual no se podía hacer la vinculación del
mandante mediante contratos de prestación de servicios, sino mediante un
nombramiento de planta”.

Adujo que, si bien es cierto que el Consejo de Estado ha sostenido que el
cumplimiento de un horario, la prestación del servicio en las instalaciones de la
entidad y presentar los respectivos informes no generan -en sí- una relación de
dependencia y subordinación, también lo es que al tener en cuenta las demás
pruebas del proceso –como los testimonios– se habría podido concluir que las
labores del demandante eran de carácter permanente y que las mismas
(trascripción literal con posibles errores incluidos):

…si exigen dependencia y subordinación al ser propias de la institución, como
la capacitación de aprendices e instructores, cumpliendo la misión institucional
de la entidad la cual es la de impartir formación para el mercado laboral, para
lo cual debió contar con personal de planta necesario o crear los cargos para
la prestación de dichas labores, de igual manera quedó plenamente probado
con los testimonios que existían instructores de planta que realizaban las
mismas labores del demandante. Inclusive como lo mencionaron los mismos

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Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

testigos, ellos fueron contratistas por prestación de servicios, que
posteriormente se vincularon a la planta de personal y realizaban las mismas
labores que el demandante Ramiro Muñoz Gómez quien en su momento fue
el instructor de ellos.

Citó una sentencia de 15 de Junio de 2021 –radicado número:
66001233300020160081301 (6407-19)–, dictada por la Sección Segunda,
Subsección B del Consejo de Estado respecto de “las obligaciones del contratista
que requieren dependencia y subordinación”.

Insistió en que los testimonios de los señores Gonzalo Espitia, Wilson Martínez
Cuesta y Benjamín Rodríguez evidencian que los contratos eran continuos y la
labor del tutelante era permanente.

Adujo que “la prestación continua de los servicios por parte del accionante señor
Ramiro Muñoz González y la celebración de los contratos también quedó
establecida en la fijación del litigio, en la audiencia celebrada el 14 de febrero de
2017 en el Juzgado 16 Administrativo de Oralidad de Bogotá donde quedó
establecidos los periodos de cada uno de los contratos desde el año 2005 hasta el
2016 junto con los anexos donde obraba”.

De otra parte, se alegó que se incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente porque no se tuvo en cuenta la sentencia de 30 de septiembre de
2021, en la que, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado “en un
caso similar se establecieron los plazos de ejecución de los contratos por el
período determinado en los mismos, sin importar que al mismo tiempo se
hubiesen pactado también por horas”.

A su vez, citó apartes de los fallos del 8 de julio de 2021 (número interno 0442-20),
en el que la Sección Segunda, Subsección B de la Corporación se refirió a “la
existencia de la subordinación cuando se ejerce una labor permanente por un
funcionario del SENA y donde también había un plazo máximo de ejecución del
contrato” y del 17 de junio de 2021 (número interno 1572-18) dictado por la misma
Sala.

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Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Finalmente, trascribió apartes de la sentencia de unificación del 25 de agosto de
2016 (radicado 00882015), en la que la Sección Segunda del Consejo de Estado
analizó la existencia de la relación laboral de un docente y que, a su juicio, se
puede asimilar a su labor como instructor del SENA y la sentencia de unificación
de 9 de septiembre de 2021 (SUJ2-025-21),“sobre el contrato de prestación de
servicios, relación laboral encubierta o subyacente, temporalidad, solución de
continuidad, pago de prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social
en salud”.

En línea con lo anterior, concluyó (trascripción literal):

… se presenta una vía de hecho por violación del precedente judicial vertical,
toda vez que no se aplicó una misma razón de derecho que se adoptó en un
caso de igual naturaleza, ya que el H. Consejo de Estado sobre la existencia
de un contrato realidad por parte de un instructor del SENA. Ya que el Consejo
de Estado en casos similares al presente determinó los periodos de duración
de los contratos por los establecidos en los mismos, y que además están
probados en la contestación de la demanda y demás certificaciones expedidas
por el SENA que no fueron tachadas de falsas y concuerdan con las pruebas
testimoniales.

Dijo que se incurrió en un defecto por violación directa de la constitución, porque
no se tuvo en cuenta que los derechos laborales y pensionales son irrenunciables,
según lo establecido en los artículos 13, 48, 53 y 93 de la Constitución Política, a
lo cual agregó que también se desconoce “la primacía de la realidad sobre las
formas ya que a pesar de que quedó plenamente demostrada la prestación
personal del servicio, la remuneración y la subordinación que se derivó de los
contratos y la prueba testimonial el mismo prefirió negar el derecho”.

Por último, afirmó que se configuró un defecto sustantivo porque se desconocieron
los artículos 32, numeral 3 de la Ley 80 de 2993 y 21 del Decreto 2400 de 1968,
dado que (trascripción literal con posibles errores incluidos)

… los contratos de prestación de servicios no se pueden utilizar para realizar
labores inherentes a las entidades de carácter permanente, para lo cual se
deben crear los cargos correspondientes situación que fue desconocida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien desconoció la vinculación
permanente del mandante por más de 20 años desde el año 1998 hasta el
año 2015 desconociendo sus derechos fundamentales, a pesar que quedó
debidamente probada la prestación personal del servicio con las
certificaciones laborales, la contestación de la demanda, la copia de los

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Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

contratos y los testimonios; el salario y la subordinación que se depreca de la
labor de instructor del SENA y de las obligaciones establecidas por él mismo
para los contratistas como era el caso de mi mandante. Quien por demás,
como quedó plenamente probado en los testimonios era el contratista más
antiguo de esa dependencia del SENA y además quien fue instructor de
algunos de los testigos quienes posteriormente se vincularon por contrato de
prestación de servicios a la entidad ejerciendo las mismas labores que el
demandante y luego a la planta de personal.

4. La oposición

4.1. Mediante providencia de 8 de marzo de 2022, se admitió la demanda de
tutela, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó al Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA, como tercero con interés.

4.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
señaló que no incurrió en los defectos planteados por el tutelante y que “la
posición adoptada en su momento por esta Corporación no corresponde a una
decisión arbitraria, sino que obedece a lo acreditado en el proceso y al criterio
jurisprudencial aplicable al caso”.

Explicó que la Sala analizó la totalidad de los documentos allegados al proceso
–órdenes de trabajo, contratos de prestación de servicios y certificaciones– y
encontró probado que las partes suscribieron diferentes contratos de prestación de
servicios entre los años 1999 y 2015, que también se valoraron los testimonios y el
interrogatorio de parte recaudados en la audiencia de pruebas celebrada el 6 de
marzo de 2017 y fue con base en ello que se concluyó que estaba demostrada la
prestación personal del servicio y la remuneración, pero en cuanto a la
subordinación se estableció que “no obra suficiente material probatorio en el
expediente que permita tenerlo por acreditado”. Agregó:

Frente a la dependencia y subordinación se indicó que no obra prueba
documental alguna sobre el particular en la medida que no se encuentran
llamados de atención o memorandos u otro tipo de comunicación remitidos
específicamente al accionante y se mencionó que los testimonios recaudados
no refieren de forma precisa circunstancias de tiempo, modo y lugar en el cual
el tutelante hubiese estado subordinado a la entidad, a través de algún
superior inmediato. Contrario a esto se encontró que los testigos realizaron de
manera general diferentes planteamientos frente a los contratistas del SENA,
ello atendiendo a su propia calidad como instructores.

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Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Dijo que en la decisión cuestionada también se destacó que, conforme al criterio
del Consejo de Estado, la radicación de informes, diligenciamiento de planillas o la
asistencia a reuniones, no constituyen elementos de subordinación propiamente
dichos, sino que hacen parte de la coordinación y ejecución del contrato.

También se aclaró que el horario cumplido tampoco permitía concluir que existió
una relación laboral, porque, tratándose de una institución educativa, era dable
considerar que el objeto contractual se desarrolló durante las jornadas de
prestación del servicio a los alumnos del SENA.

Agregó que no existió una indebida valoración de los testimonios, solo que se
aplicó un pronunciamiento del Consejo de Estado en el que se estableció que “las
declaraciones de los testigos frente a honorarios y realización de actividades no
son per se prueba suficiente para establecer que el contratista se encuentra en un
posición subordinada, cuando no se encuentran pruebas adicionales que soporten
tales afirmaciones”.

En ese sentido, fue que se concluyó que no se había acreditado la subordinación
porque no se allegó prueba documental adicional que permitiera demostrar la
exigencia en el cumplimiento de la intensidad horaria, llamados de atención o
memorandos, así como tampoco se demostró que en el desarrollo de sus
funciones el demandante recibió órdenes o instrucciones particulares por parte de
los funcionarios del SENA o que existiera una imposición respecto de la
metodología que debía implementar en clases.

Respecto del defecto por desconocimiento del precedente, adujo que la Sala
accionada aplicó el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado según el cual
establece que la continuidad en la labor desempeñada se determina a partir de la
temporalidad entre las fechas de iniciación y finalización de este tipo de contratos
y que “las providencias utilizadas como soporte se encuentran citadas en debida
forma en el fallo y a partir de estas, junto con lo acreditado en el proceso, es que
la Sala llegó a las conclusiones que hoy se controvierten por lo que no puede
tenerse por arbitrario lo allí resuelto”.

Adujo que la providencia que pretende el tutelante se aplique a su caso -Rad.
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Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

76001233300020180020401(3307-20)- no puede considerarse precedente, toda
vez que fue dictada por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado
el 30 de septiembre de 2021, mientras que la providencia atacada se profirió el 10
de agosto de 2021, notificada el 17 de septiembre de 2021. Añadió que “el hecho
de que se emitan providencias posteriores que el demandante interprete como
favorables para sus intereses, no da lugar a replantear el debate ya surtido”.

Dijo que la sentencia de 8 de julio de 2021 (radicado 2013-00646-01) tampoco
puede ser considerada un precedente, porque no se encontraba disponible para
su verificación cuando se dictó la decisión cuestionada, pues, según lo
consignado en la página web de la Rama Judicial, “su notificación en la Secretaría
correspondiente tuvo lugar solo hasta el 1º de septiembre de 2021”.

Frente a la decisión del 17 de junio de 2021(radicado 2015-05489), dijo que no se
indicó cuál fue el aspecto que se desconoció de dicho proveído y, además, tenía
que tenerse en cuenta que no es una sentencia de unificación que sea de estricto
cumplimiento y que los jueces cuentan con la autonomía para aplicar el criterio
jurisprudencial que consideren correcto.

En cuanto a la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, resaltó que no
es acertada la afirmación del tutelante de que era aplicable porque se analizó la
existencia de un “contrato realidad de un docente quien se puede asimilar por su
labor a un instructor del SENA”, sino que debía tenerse en cuenta que el Consejo
de Estado ha sostenido que a la parte interesada le corresponde demostrar la
subordinación como uno de los elementos principales para que se considere
configurada la relación laboral y, por ende, “no es dable extender la presunción de
dependencia que establece dicha sentencia de unificación frente al personal
docente”.

Señaló que tampoco se incurrió en un defecto por violación directa de la
Constitución, dado que la decisión se adoptó en atención a lo acreditado en el
proceso y según el criterio jurisprudencial del órgano de cierre vigente para la
época.

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Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Finalmente, refirió que no se configuró un defecto sustantivo porque no se
desconoció el alcance de la Ley 80 de 1993, cuestión diferente es que “a partir de
lo aportado en el proceso se pudo establecer que no se desvirtuó el hecho de que
la relación entre las partes solo fue de índole contractual”, lo que no constituye una
decisión contraria a derecho.

4.3. El SENA se opuso al amparo solicitado, tras considerar que la vulneración
alegada por el tutelante es inexistente.

Indicó que no se cumple con el requisito de la relevancia constitucional, toda vez
que lo pretendido por el tutelante es reabrir el debate del proceso ordinario, como
si la acción de tutela constituyera una tercera instancia.

Refirió que la decisión cuestionada se dictó en observancia del ordenamiento
jurídico y de los precedentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional y,
por ende, no se enmarca en los defectos que hace procedente la acción de tutela
contra providencia judicial.

Afirmó que, contrario a lo afirmado por el tutelante, en la decisión de segunda
instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F valoró “tanto de los elementos de pruebas como lo relacionado con
los precedentes jurisprudenciales en que basa su decisión”. Añadió (trascripción
literal con posibles errores incluidos):

… es notable que el Despacho de segunda instancia realizo una valoración
del precedente y de las pruebas que se encuentran el plenario, es así para la
valoración del elemento de subordinación analizo lo pertinente a la cantidad
de contratos de prestación de servicios celebrados entre el accionante y el
SENA, de tal manera que en todos de ellos se evidencia la solución de
continuidad entre uno y el otro, la parte demandante no logro demostrar los
extremos temporales, por ello, sustenta su fallo conforme a la jurisprudencia y
la normatividad vigente.

Precisó que en la autoridad accionada analizó las diferentes relaciones
contractuales del tutelante –número de contrato, fecha de suscripción, cantidad de
horas contratadas y fechas máximas de ejecución– y comparó el cumplimiento del
horario laboral del señor Muñoz Gómez con los instructores de planta, cuestión
diferente es que concluyera que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado,

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Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

“el cumplimiento de un horario no conlleva per se la desnaturalización de la
relación contractual”.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales2.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características3.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son4:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.

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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

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Radicación número: 110010315000202201475 00
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado5.

2. Caso concreto

La Subsección procede a verificar si se configuraron los defectos alegados por el
tutelante, al proferirse la providencia de 10 de agosto de 2021, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
12

Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, bajo los siguientes
argumentos (trascripción literal):

(…)

Ahora bien, a fin de resolver en debida forma la controversia planteada la Sala
considera pertinente relacionar inicialmente los aspectos que se encuentran
probados en el plenario y posteriormente efectuar el análisis de fondo del
asunto, así:

De conformidad con la copia de las órdenes de trabajo y de los contratos de
prestación de servicios allegada al cuaderno anexo, así como la certificación
del 23 de febrero de 2017 emitida según se enuncia por el Subdirector del
Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, la Sala advierte que
la entidad contrató los servicios del demandante, así:

Inicio/
Plazo Objeto contractual
No. terminación
ejecución
Prestación de servicios personales en el área
99000004 febrero de interpretación de planos estructurales del
183 horas N/A
de 1999 fl 11 Centro de la construcción e industria de la
madera
(…)
La prestación de servicios de carácter
temporal para impartir formación en las áreas
de construcción que orienta el centro de
10 meses y tecnologías para la construcción y la madera
001753 de 2015 N/A
24 días para cubrir las necesidades del sector
productivo de la región o zona de influencia
que atiende este centro, para el cumplimiento
de las metas de formación del año 2015.

Se deja constancia que las partes suscribieron también el contrato de
prestación de servicios No. 02573 de 2016 el cual es posterior a la radicación
de la demanda. Así mismo, se resalta que en el plenario no obra Acta de
liquidación de los contratos suscritos ni constancia respecto del tiempo
realmente laborado, y que se encuentran actas de inicio y terminación de
ciertos contratos sin fecha específica.

De otra parte se tiene que al accionante le fueron reconocidos los honorarios
de los contratos de prestación de servicios suscritos, según lo afirmado por las
partes.

Adicionalmente, se observa que el 10 de agosto de 2015 el señor RAMIRO
MUÑOZ GÓMEZ solicitó ante la entidad accionada el reconocimiento de una
relación laboral y el pago de prestaciones sociales y demás acreencias
laborales derivados, teniendo en cuenta la ‘nivelación salarial según el cargo y
funciones que tenían los empleados de planta del SENA’.

Mediante el Oficio No. 2-2015-044503 del 28 de agosto de 2015 el SENA
negó el requerimiento anterior, señalando que el demandante fue vinculado
solo mediante contratos de prestación de servicios en los términos de la Ley
80 de 1993, lo que no da lugar a los derechos reclamados.

Seguidamente, se encuentra que en desarrollo de la audiencia de pruebas de
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Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

que trata el artículo 181 del CPACA, celebrada por el Juez de primer grado el
6 de marzo de 2017, se recaudaron los siguientes testimonios:

• Gonzalo Espitia (…)

• Wilson Martínez Cuesta (…)

• Jesús Benjamín Rodríguez Quinche (…)

El testigo en cita afirma que no existió interrupción entre uno y otro contrato, y
que el señor RAMIRO MUÑOZ GÓMEZ es el instructor más antiguo de la
unidad de construcción. Así mismo, explicó que los materiales con los que se
trabaja en el SENA dependen de la formación en aula (marcadores, borrador,
etc.) y formación en taller (ladrillos, cemento, etc.), los cuales estos últimos
son brindados por la entidad.

De igual forma, indicó que la asignación de grupos depende del perfil del
instructor, y que no es posible escoger el horario, teniendo en cuenta que las
jornadas de formación disponibles para los aprendices en la entidad son en la
mañana, tarde y noche.

Se deja constancia que los testigos en mención manifestaron ser contratistas
del SENA y haber adelantado procesos judiciales contra la entidad accionada
por pretensiones similares al sub lite. De igual forma, indicaron tener el mismo
apoderado del aquí accionante y fungir como testigos en las controversias en
cuestión.

En interrogatorio de parte rendido, el señor RAMIRO MUÑOZ GÓMEZ indicó:

Soy pensionado, en el momento pues no en cuanto a mi profesión laboral, no
estoy desarrollando ningún trabajo, el trabajo principal mío era la docencia (...)
primeramente estuve vinculado como instructor de tiempo parcial y
posteriormente contratista en el ramo de la construcción, (...) del 95 hasta ahora
el diciembre pasado, (...) estuvo en forma continua? (...) pues prácticamente
continua porque a nosotros nos hacían contrataciones en diferentes tiempos
pero al vencerse ese tiempo nos hacían una renovación del contrato (...) esos
contratos fueron liquidados de mutuo acuerdo y se quedaron a paz y
salvo (...) si se hacia un acta de liquidación de contrato (...) bajo que
circunstancias se volvía a contratar (...) los cursos de allá tienen diferentes
tiempos de duración, el contrato a uno se lo dan por determinado tiempo pero el
curso continua pero para tener esa continuidad de uno como instructor le
prorrogaban (...)

De otra parte, obra el manual específico de funciones y de requisitos respecto
del cargo Instructor Código 3010 Grado 01 – 20 de nivel en un centro de
formación integral, en el cual se describen como funciones esenciales las
siguientes:

​-Seleccionar estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación según el
programa de formación profesional y el enfoque metodológico adoptado.
​-Seleccionar ambientes de aprendizaje con base en los resultados propuestos y
en las características y requerimientos de los aprendices.
​-Orientar los procesos de aprendizaje según las necesidades detectadas en los
procesos de evaluación, metodologías de aprendizaje y programas curriculares
vigentes.
​-Programar las actividades de enseñanza – aprendizaje – evaluación de
conformidad con los módulos de formación y el calendario institucional y el
manual de procedimientos para la ejecución de acciones de formación
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

profesional integral.
​-Reportar información académica y administrativa según las responsabilidades
institucionales asignadas,
-Evaluar la formación de los aprendices durante el proceso educativo de
acuerdo con el manual de evaluación vigente.
​-Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente de acuerdo con
el nivel, la naturaleza y el área del desempeño del empleo. Finalmente, se
encuentra que mediante Resolución No. 101 del 24 de marzo de 1993 el
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente
– INDERENA reconoció una pensión de jubilación a favor del señor RAMIRO
MUÑOZ GÓMEZ .
​
​Expuesto lo anterior, corresponde establecer si en el presente asunto
concurren los elementos esenciales para declarar la existencia de una relación
laboral, así:
​
​- Prestación personal del servicio: se tiene probado que el señor RAMIRO
MUÑOZ GÓMEZ fue vinculado al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
mediante diferentes contratos de prestación de servicios, a fin de impartir
formación profesional en distintas especialidades de la construcción.

​- Remuneración: el accionante recibió el pago de honorarios, de acuerdo con
lo fijado en los contratos de prestación de servicios celebrados.
​
​- Subordinación: considera la Sala que este elemento no se encuentra
acreditado en el presente asunto, toda vez que no obra suficiente material
probatorio en el expediente que permita tener por acreditado que el vínculo
contractual se desarrolló de forma subordinada y de manera ininterrumpida.
​
​En cuanto a la prestación de servicios de forma permanente y continua
alegada por el accionante, advierte la Sala que conforme al cuadro
comparativo expuesto en precedencia, es claro que si bien se suscribieron
diferentes órdenes y contratos de prestación de servicios, no obran
documentos que permitan advertir en debida forma las fechas de inicio y
finalización de cada vínculo contractual, de manera que no podría existir plena
certeza del tiempo realmente laborado por el señor Muñoz Gómez, pues los
contratos de prestación de servicios por sí mismos no brindan esta
información, principalmente los que refieren a horas de instrucción.
​
​Al respecto, se tiene que inicialmente el accionante entre la orden de trabajo
No. 99000004 de 1999 y el contrato de prestación de servicios No. 020646 de
2002 fue vinculado para desarrollar labores contractuales con un plazo en
horas, sin que exista claridad durante el periodo en el que ejecutó la actividad
pues como se señaló no se cuenta con ningún criterio de inicio y finalización
de la labor, por lo que no es posible determinar la continuidad en la prestación
del servicio.

​En los contratos siguientes, se advierte un periodo de ejecución que podría
contabilizarse a partir de dos opciones, es decir, el término de meses fijado
como plazo máximo o el número específico de horas señalado en el objeto
contractual. Sin embargo, se reitera que no se cuenta con la totalidad de actas
de inicio y terminación; algunas de las que se anexaron no cuentan con fecha
alguna o se advierten incongruencias como es el caso del contrato 00138 del
4 de junio de 2007.
​
​En ese sentido, no tiene pleno registro de cada vigencia contractual por lo que
no podría efectuarse en debida forma el cálculo del tiempo ejecutado a fin de

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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

cotejar los plazos previstos, pues a manera de ejemplo, el estipulado en horas
pudo realizarse en cualquier momento durante la vigencia de cada contrato sin
que resulte posible establecer los extremos de la temporalidad, de lo que se
desprende que no existió una continuidad propiamente dicha.
​
Debe recordarse que conforme al criterio jurisprudencial fijado por el H.
Consejo de Estado y adoptado por esta Sala de decisión en casos como el
particular, para encontrar demostrado el elemento de subordinación se
requiere que se haya desempeñado la labor de manera continua e
ininterrumpida, y con base en esto, poder inferir una dependencia del
instructor respecto de la entidad contratante, aspectos que no pueden tenerse
por acreditados en el presente asunto.
Previo a referirse a la prueba testimonial recaudada, la Sala precisa que
aunque en el recurso de alzada se controvirtió la decisión de primera instancia
frente a la tacha de testigos al considerar que se ‘debió proceder con mayor
rigor al momento de desatar la tacha y no con la simplicidad que se observa’,
no corresponde a esta instancia efectuar un análisis adicional frente a este
tema, toda vez que este es un aspecto que se resuelve en la instancia en que
se propone. En gracia de discusión se considera que el accionar del juez de
primer grado no se aparta totalmente del alcance de esta figura procesal
establecida en el artículo 211 del Código General del Proceso, en la medida
que la disposición en comento permite que los testimonios no sean
desestimados de plano sino que prevé que en aplicación de las reglas de la
sana crítica, se efectúe la valoración correspondiente, diferente es que la parte
accionada no se encuentre de acuerdo con las conclusiones a las que arribó
el a quo en su momento.

Explicado lo anterior, a juicio de esta Sala de decisión se tiene que las
afirmaciones realizadas por los testigos no presentan de forma específica
alguna circunstancia de tiempo, modo y lugar en el cual el accionante hubiese
estado subordinado a la entidad, a través de algún superior inmediato,
contrario a esto se observa que los citados expusieron diferentes
planteamientos frente a los contratistas del SENA, ello atendiendo a su propia
calidad como instructores

Se menciona en los testimonios que en el desarrollo de la labor debía
cumplirse un horario determinado de acuerdo con el grupo asignado, atender
a los lineamientos de la entidad, en el ambiente educativo y con algunos de
los materiales brindados por esta, aunque resaltaron que los contratistas no
reciben dotación. De igual forma, se indicó que el contratista debía solicitar
permiso para ausentarse de las actividades, so pena de un llamado de
atención (aunque no se mencionó un evento específico que relacione al
interesado), participar de reuniones con el coordinador y el Comité, firmar
planillas y presentar informes verbales y escritos.

De igual forma corresponde resaltar que de conformidad con los objetos
contractuales, se tiene que el accionante no se desempeñó durante toda la
vinculación en las mismas labores, dado que aunque su actividad es la de
Instructor, impartió formación en diferentes especialidades y áreas de la
construcción.

En ese sentido, se observa que las declaraciones en cuestión no permiten
establecer de forma específica la manera en que el accionante desarrolló sus
actividades como instructor del SENA, dado que las respuestas otorgadas
corresponden a apreciaciones formuladas en términos generales, pero no
mencionan de forma precisa circunstancias del demandante que deban ser

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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

consideradas por la Sala.

Pues bien, en este punto debe destacarse que al resolver un caso similar al
sub lite en el que se presentaron testimonios como el descrito, el órgano de
cierre de esta jurisdicción6 indicó que en todo caso las declaraciones de los
testigos frente a horarios y realización de actividades no son per se prueba
suficiente para establecer que el contratista se encuentre en una posición
subordinada, cuando no se encuentran pruebas adicionales que soporten
tales afirmaciones. Al respecto señaló:

1. En primer lugar, si bien los testimonios son contestes en el hecho de
que en el Centro Agropecuario de Gaira se tenía un horario de siete de la
mañana a cinco de la tarde y que la demandante se apegaba al mismo, no
existe referencia alguna a que la señora Dávila Suárez estuviera en la
obligación de cumplir el mismo.

En ese sentido se advierte que, entre los medios de prueba allegados al
proceso, no obra información alguna que permita advertir el deber de la
demandante de acogerse a dicho horario o las consecuencias legales o
contractuales negativas en caso de su incumplimiento. Y de los testimonios
recaudados tampoco se puede concluir que existieran órdenes por parte de los
funcionarios del SENA, dirigidas a la señora Clara Patricia Dávila Suárez,
tendientes al estricto cumplimiento del horario del Centro Agropecuario.

2. En segundo término, las respuestas de los testigos tampoco fueron lo
suficientemente precisas para demostrar que la señora Dávila Suárez se
encontrara subordinada a las exigencias de los funcionarios del SENA, y
particularmente del coordinador de formación, pues en momento alguno
hicieron referencia a órdenes que se le hubieran impartido a la demandante, ya
fuera como instructora del área agrícola o como parte del proyecto de
floricultura que ella desarrollaba.

3. Sobre la labor desarrollada en condiciones de dependencia continuada,
tampoco obra referencia, por parte de los testigos, de que las actividades
desarrolladas por la demandante debieron ejecutarse en forma diferente a la
convenida en los contratos de prestación de servicios, es decir, no hay
declaración alguna que permita corroborar que su trabajo debió ser
ejecutado en la forma ordenada por los coordinadores de formación o por
otro funcionario de la demandada.

Debe advertirse que, actividades como rendir informes mensuales de la
ejecución del contrato, pasar planillas o hacer la planeación académica
del mes siguiente, no pueden considerarse, por sí mismas, como
elementos de subordinación laboral, pues hacen parte de la ejecución y de
las relaciones de coordinación propias del contrato de prestación de servicios.
(...)

En ese orden de ideas, esta Subsección ha de concluir que no existe una
prueba de la que fehacientemente se pueda inferir que la demandante no
tenía la posibilidad de actuar con independencia, es decir, que la señora
Clara Patricia Dávila Suárez laboraba de forma subordinada porque debía
cumplir la intensidad horaria al igual que los demás funcionarios de planta,
como tampoco obran pruebas de que recibía órdenes o instrucciones por parte
de los funcionarios del SENA. (Negrilla fuera del texto).

6
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda.
Subsección A. Consejero ponente: William Hernández Gómez. 10 de mayo de 2018. Radicación
número: 47001-23-33-000-2014-00123-01(3257-16). Actor: Clara Patricia Dávila Suárez.
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA”.

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Al igual que en el caso en cita, la Sala encuentra que si bien en efecto el
accionante prestó sus servicios al SENA como instructor en programas de
formación, no obran elementos que permitan determinar que estos se
prestaron de forma continua, permanente y subordinada, en tanto los
testimonios recaudados no ofrecen información específica respecto del caso
particular del accionante.

De igual forma, en el plenario no obra prueba documental adicional que
permita advertir i) la exigencia en el cumplimiento de la intensidad horaria,
llamados de atención o memorandos sobre el particular ii) que en el desarrollo
de sus funciones el demandante recibiera órdenes o instrucciones particulares
de parte de los funcionarios del SENA y iii) una imposición respecto de la
metodología que debía implementar en sus clases.

Corresponde agregar que si bien se aportó un manual específico de funciones
en el que se incluye una actividad general como lo es ‘orientar los procesos de
aprendizaje’ que en gracia de discusión bien podría relacionarse con el objeto
contractual desarrollado por el accionante, lo cierto es que solo esta condición
no implica de forma automática la procedencia del beneficio reclamado ni que
el cumplimiento de labores se adelantó en los mismos términos y condiciones
de tiempo, modo y lugar que los funcionarios de planta. De igual forma, se
tiene que el demandante adelantó funciones específicas atendiendo a las
especialidades contratadas y su perfil profesional.

En esos términos no puede tenerse por cierta la subordinación alegada, pues
conforme a la jurisprudencia citada en precedencia, también debe tenerse
presente que la radicación de informes, diligenciamiento de planillas o la
asistencia a reuniones de planeación académica, no constituyen elementos de
subordinación propiamente dichos, dado que hacen parte de la coordinación y
ejecución del contrato de prestación de servicios. Además, el horario invocado
tampoco conlleva una relación laboral, pues tratándose de una institución
educativa, es dable considerar que el objeto contractual se desarrolle durante
las jornadas de prestación del servicio a los alumnos del SENA.

Recuerda la Sala que el H. Consejo de Estado ha resaltado la importancia de
la carga de prueba en cabeza del demandante dado ‘quien pretende la
declaratoria de existencia de una relación laboral escondida bajo la modalidad
de contratación por prestación de servicios, tiene el deber de demostrar, a
través de los medios probatorios a su disposición, la configuración de los
elementos esenciales del contrato de trabajo’7. En tal virtud, se considera que
en el sub lite la parte interesada no aportó prueba alguna que permita inferir la
subordinación alegada y acreditar que el señor Muñoz Ortega se encontraba
imposibilitado para actuar con independencia, por lo que no se desvirtuó el
hecho de que la relación entre las partes solo fue de índole contractual.
7
Original de la cita: “Para el efecto, en providencia del 15 de septiembre de 2016, con ponencia del
Consejero Gabriel Valbuena Hernández y radicación 68009-23-31-000-2009-00691-01 (1579-15),
se sostuvo lo siguiente: «[...] Por todo lo anterior, es evidente la falta de actividad probatoria de la
parte demandante de quien, como se dijo, dependía exclusivamente dicha carga según el aforismo
«onus probandi incumbit actori», dirigida en este caso a desvirtuar: (i) la naturaleza contractual de
la relación establecida, con la presencia real dentro de la actividad desplegada de los elementos de
la relación laboral, en especial la subordinación o dependencia del cual claramente se pudiera
inferir que el desarrollo de la actividad encomendada se tuvo que desplegar conforme a los
parámetros, órdenes y horarios señalados por la ESE Francisco de Paula Santander; y (ii) los
extremos temporales respecto de los cuales predicaba la existencia de un contrato realidad, pues
sólo de esta manera era viable acceder a las pretensiones formuladas, por lo que se impone para
la Sala confirmar la sentencia apelada en cuanto el a quo negó el petitum de la demanda, por las
razones expuestas. [...]»”.
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2.1. Defecto fáctico

A juicio de la parte accionante, en esa decisión se incurrió en un defecto fáctico
–también se alegó la configuración de un defecto por violación directa de la
Constitución y un defecto sustantivo– porque no se valoraron la totalidad de las
pruebas allegadas al proceso (certificaciones, contratos y los testimonios de los
señores Gonzalo Espitia, Wilson Martínez Cuesta y Benjamín Rodríguez), las que,
a su juicio, evidenciaban que las labores desarrolladas en la entidad fueron
permanentes y exigían dependencia y subordinación; que, en ese sentido, sí
existió relación laboral.

Para la Subsección, en este caso no hay lugar a predicar la configuración del
defecto alegado, pues no se evidencia una valoración indebida o irrazonable de
las pruebas por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F.

La Sala observa que la autoridad judicial accionada sí valoró las pruebas
allegadas al expediente, tan es así que en la decisión cuestionada se concluyó
que concurrieron 2 de los elementos esenciales de la relación laboral, la
prestación del servicio y la remuneración. Esto, toda vez que se demostró que el
señor Ramiro Muñoz Gómez estuvo vinculado al SENA mediante diferentes
contratos de prestación de servicios, con el objeto de “impartir formación
profesional” y que, con ocasión de esa actividad, se le pagaron honorarios.

Cuestión diferente es que se considerara que esas pruebas no eran suficientes
para considerar que el vínculo contractual se desarrolló de forma subordinada y de
manera ininterrumpida y, por ende, se tuviera por no acreditado el elemento de la
subordinación.

En ese sentido, la autoridad judicial accionada precisó que de las órdenes y los
contratos de prestación de servicios no se desprendían las fechas de inicio y
finalización de cada uno de esos acuerdos y por ello “no podría existir plena
certeza del tiempo realmente laborado”, menos aun cuando, entre la orden de
trabajo No. 99000004 de 1999 y el contrato No. 20646 de 2002, al señor Muñoz
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Gómez se le vinculó “con un plazo en horas, sin que exista claridad durante el
período en el que ejecutó la actividad…”.

A su vez, se aclaró que respecto de los demás contratos tampoco podía
establecerse la vigencia contractual de cada uno porque no se contaba con la
totalidad de las actas de inicio y terminación; que las allegadas presentaban
algunas incongruencias, razón para estimar que no podía establecerse la vigencia
de cada uno de los contratos para efectos de calcular la totalidad del tiempo
ejecutado y la continuidad de las labores desempeñadas.

De otra parte, se tiene que la valoración de los contratos suscritos con la entidad
accionada conllevó a que se afirmara que, durante su vinculación, el ahora
tutelante no desempeñó las mismas labores como instructor, pues “impartió
formación en diferentes especialidades y áreas de la construcción”.

La Sala precisa que, contrario a lo alegado por el tutelante, sí se valoraron los
testimonios rendidos al interior del proceso ordinario. Incluso, en la decisión
cuestionada se aclaró que aunque en el recurso de apelación formulado por el
SENA se cuestionó lo relacionado a la tacha de los testigos, ello no era del resorte
del juez de segunda instancia por ser un asunto que debe resolverse en la
instancia en la que se propone, pero que, en todo caso, se evidenciaba que la
actuación del a quo se ajustó al artículo 211 del CGP que permite que los
testimonios no se desestimen de plano sino que se valoren, en aplicación de las
reglas de la sana crítica.

Otra cosa es que, en ejercicio de la autonomía funcional que caracteriza la
actividad de los jueces, el tribunal accionado concluyera que las afirmaciones de
los tutelantes no evidenciaban que el accionante estuvo subordinado a la entidad,
pues en estas solo se describió, en términos generales, cómo se desarrollaba la
labor de instructor en el SENA, “atendiendo a su propia calidad como instructores”.

Para desestimar dicho medio probatorio, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, también se fundamentó en un
pronunciamiento del Consejo de Estado en el que se sostuvo que las
declaraciones de los testigos frente a horarios y realización de actividades no
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constituyen prueba suficiente para tener por acreditada la subordinación, cuando
no existen otras pruebas, como en este caso –en el que no se demostró la
exigencia de la intensidad horaria, llamados de atención o memorandos; que se
recibieran ordenes o instrucciones de funcionarios del SENA o la imposición de la
metodología a aplicar en clase–.

Asimismo, se observa que el tribunal analizó el manual de funciones allegado al
proceso, solo que, en el marco de su autonomía funcional, consideró que el hecho
de que consagrara una actividad consistente en “orientar los procesos de
aprendizaje” -que esta podría relacionarse con el objeto de los contratos suscritos
por el tutelante- no era suficiente para concluir que sus labores se desarrollaron en
las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar de los funcionarios de planta.

En el mismo sentido, se precisó que la radicación de informes, diligenciamiento de
planillas o la asistencia a reuniones no constituyen elementos de subordinación,
sino que hacen parte de la coordinación y ejecución del contrato de servicios,
como tampoco el cumplimiento de un horario porque, en el caso bajo estudio, era
evidente que el objeto del contrato debía desarrollarse durante las jornadas de
prestación del servicio a alumnos del SENA.

En razón de lo anterior, la Sala estima que la determinación de negar las
pretensiones de la demanda, devino de un análisis con una carga argumentativa
válida y razonable, propia de la autonomía del operador judicial frente a la
apreciación de las pruebas que le permitió concluir que no se demostró elemento
de la subordinación, necesario para declarar la existencia de la relación laboral
entre el tutelante y el SENA.

Se concluye, por tanto, que la autoridad judicial accionada, en ejercicio del
principio de autonomía funcional, analizó el acervo probatorio allegado al proceso
ordinario, que, a pesar de no resultar favorable al ahora accionante, no se puede
predicar que esa labor y, por ende, la decisión de segunda instancia fueron
contrarias a derecho. Lo que sí encuentra la Subsección es el claro propósito del
accionante es reabrir el debate que ya terminó, en forma válida, en sede del juez
natural de la causa.

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2.2. Defecto por desconocimiento del precedente

El tutelante planteó que se incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente porque no se tuvo en cuenta la sentencia de 30 de septiembre de
2021, en la que, la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado “en un
caso similar se establecieron los plazos de ejecución de los contratos por el
período determinado en los mismos, sin importar que al mismo tiempo se
hubiesen pactado también por horas”.

La Sala precisa que el anterior pronunciamiento no puede considerarse un
precedente aplicable al caso bajo estudio, por cuanto se dictó con posterioridad a
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
adoptara la decisión cuestionada, lo que ocurrió el 10 de agosto de 2021
–notificada el 17 de septiembre de 2021–. Lo mismo ocurre con la sentencia de
unificación de 9 de septiembre de 2021 (SUJ2-025-21), pues también se dictó
luego de que se definió el caso del señor Muñoz Gómez.

En cuanto a la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 (expediente
0088-16), la Sala precisa que tampoco puede predicarse su desconocimiento, toda
vez que como lo ha indicado esta Subsección, “… la situación fáctica que en ella
se analizó no se asemeja a la que aquí se estudia, y tampoco fijó como regla
relevar a la parte demandante de aportar los elementos de prueba que acrediten el
elemento de la subordinación propio de las relaciones laborales”. Puntualmente se
expuso:

La Sala advierte que, a través de la sentencia CE-SUJ2-005-16, la Sección
Segunda del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia respecto de las
controversias relacionadas con el contrato realidad de los docentes, en
particular en lo que concierne al tema de la prescripción, pero en ningún
momento fijó como regla que el elemento de la subordinación no se tenga que
demostrar, como lo sostuvo la accionante en la demanda de tutela.

En el caso analizado en la sentencia de unificación, la demandante acreditó
todos los elementos de la relación laboral, estos son, la prestación personal
del servicio, la remuneración por el trabajo cumplido y la subordinación y,
específicamente, en relación con este último, demostró que se desempeñó
como maestra (docente) de tiempo completo al servicio del municipio de
Ciénaga de Oro, Córdoba, esto es, sin independencia en el cumplimiento de
su labor, respetando el horario establecido y bajo los parámetros fijados por
los reglamentos del servicio público de educación, lo cual generó dependencia
y subordinación con la entidad territorial para la cual trabajaba.
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Además, la «labor docente» a la que se refiere la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación no es la que desempeñan
los instructores del SENA, sino la definida en el Decreto Ley 2277 de 1979,
reafirmada en el artículo 104 de la Ley 115 de 1994. Al respecto, la Sección
Segunda del Consejo de Estado precisó:

[E]n lo que se refiere a la vinculación de docentes a través de contratos de
prestación de servicios, sea lo primero advertir que el artículo 2 del Decreto ley
2277 de 19798 define como docente a quien ejerce la profesión de educador, es
decir, “…el ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de
educación en los distintos niveles de que trata este Decreto. Igualmente incluye
esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación
de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de
programación y capacitación educativa, de consejería y orientación de
educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás
actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación
Nacional, en los términos que determine el reglamento ejecutivo”9.

Asimismo, les impone la citada normativa una serie de obligaciones10 y
prohibiciones11, entre las que se destacan: (i) “Cumplir las órdenes inherentes a
sus cargos que les impartan sus superiores jerárquicos”, (ii) “Cumplir la jornada
laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones propias de
su cargo” y (iii) no “…abandonar o suspender sus labores injustificadamente o
sin autorización previa”.

La mencionada definición de la labor docente fue reafirmada por el artículo

8
Cita Original:“por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.”
9
Cita original: «Se aclara que esta norma no fue derogada por la Ley 60 de 1993, ‘por la cual se
dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones’»
10
Cita original: «Decreto 2277 de 1979, artículo 44º: Deberes de los docentes. Son deberes de los
docentes vinculados al servicio oficial,
a. Cumplir la constitución y las leyes de Colombia;
b. Inculcar en los educandos el amor a los valores históricos y culturales de la Nación y el respeto
a los símbolos patrios;
c. Desempeñar con solicitud y eficiencia las funciones de su cargo;
d. Cumplir las órdenes inherentes a sus cargos que les impartan sus superiores jerárquicos;
e. Dar un trato cortés a sus compañeros y a sus subordinados y compartir sus tareas con espíritu
de solidaridad y unidad de propósitos;
f. Cumplir la jornada laboral y dedicar la totalidad del tiempo reglamentario a las funciones
propias de su cargo;
g. Velar por la conservación de documentos, útiles, equipos, muebles y bienes que le sean
confiados;
h. Observar una conducta pública acorde con el decoro y la dignidad del cargo;
i. Las demás que para el personal docente, determinen las leyes y los reglamentos ejecutivos».
11
Cita original: «Decreto 2277 de 1979, artículo 45: Prohibiciones. A los docentes les está prohibido
abandonar o suspender sus labores injustificadamente o sin autorización previa».
23

Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

10412 de la Ley 115 de 199413 (ley general de educación) al prever que “El
educador es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de
formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos...”, norma en la que
además se consideró al servicio educativo como público y de responsabilidad
de la Nación y de las entidades territoriales, debidamente reglamentado por el
gobierno nacional, por intermedio del Ministerio de Educación Nacional en
coordinación con las secretarías de educación departamentales, municipales y
distritales, bajo el denominado plan nacional de desarrollo educativo de revisión
decenal.

(…)

Igualmente, es menester anotar que la actividad docente no se desarrolla en
virtud de la coordinación imperante en los contratos de prestación de
servicios14, comoquiera que se cumple conforme a las instrucciones, directrices
y orientaciones de sus superiores en el centro escolar, la secretaría de
educación territorial y el Ministerio de Educación Nacional, es decir, no bajo su
propia dirección y gobierno15, de lo cual se infiere que la subordinación y la
dependencia se encuentran inmersas en dicha labor, esto es, connaturales al
ejercicio docente sujeto a los reglamentos propios del magisterio.

En ese orden de ideas, la Sala considera la autoridad judicial accionada, al
proferir la sentencia del 12 de junio de 2020, no desconoció la sentencia de
unificación CE-SUJ2-005 del 25 de agosto de 2016, dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, toda vez que la situación fáctica que en ella
se analizó no se asemeja a la que aquí se estudia, y tampoco fijó como regla
relevar a la parte demandante de aportar los elementos de prueba que

12
Cita original: «Artículo 104. El educador. El educador es el orientador en los establecimientos
educativos, de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con
las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad.
Como factor fundamental del proceso educativo:
a) Recibirá una capacitación y actualización profesional;
b) No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas;
c) Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, y
d) Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias a
través del Consejo Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Educativas».
13
Cita original: «por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y
salud, entre otros».
14
Cita original: «La sala plena de la Corporación, en providencia de 18 de noviembre de 2003,
expediente IJ-0039, consejero ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, actora: María Zulay Ramírez
Orozco, indicó que era inaceptable reconocer la existencia de una relación laboral en
circunstancias en las cuales el contratista coordina con su contratante la prestación del servicio y
precisó: ‘Es inaceptable, además, porque si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser
igual a la de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a que este
personal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la
contratación de personas ajenas a la entidad. Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a
las pautas de ésta y a la forma como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades.
Sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la
jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se
les necesita. Y lo propio puede afirmarse respecto del servicio de cafetería, cuya prestación no
puede adelantarse sino cuando se encuentra presente el personal de planta. En vez de una
subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la entidad,
basada en las cláusulas contractuales’».
15
Cita original: «Esta posición se sostuvo en decisión de la subsección B de esta sección de 4 de
noviembre de 2004, expediente 150012331000199902561-01 (3661-2003), con ponencia del
entonces consejero Alejandro Ordóñez Maldonado, demandante: Marlén Fúquene Ramos».
24

Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

acrediten el elemento de la subordinación propio de las relaciones laborales16.

Por lo expuesto, se negará el amparo solicitado, al no encontrarse configurados
los defectos alegados por el señor Ramiro Muñoz Gómez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

16
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, M.P.: María Adriana Marín, sentencia del 6
de noviembre de 2020, radicado:11001-03-15-000-2020-04010-00.
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Radicación número: 110010315000202201475 00
Accionante: Ramiro Muñoz Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

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