Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-06173-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-06173-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-06173-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
17 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202106173-01
Actora: Vivian María Montaño González
Demandados: Sección Quinta del Consejo de Estado y Sala Cuarta del Tribunal
Administrativo de Sucre
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
de tutela de 25 de noviembre de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Sección
Quinta del Consejo de Estado y la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Sucre,
porque, a su juicio, el Consejo, al proferir la sentencia de 5 de agosto de 2021, y el
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Núm. único de radicación: 110010315000202106173-01
Actora: Vivian María Montaño González
Tribunal, al proferir la sentencia de 14 de abril de 2021, dentro del medio de control
de nulidad electoral identificado con el número único de radicación
700012333000202000035-02, vulneraron su derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que, el señor Elkin Monterroza Gómez presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad electoral, dentro de la cual propuso las siguientes
pretensiones:
“[…] 1.- Declarar la nulidad parcial del acta # 007 del 10 de enero de 2020, proferida
por el Concejo Municipal de Sincelejo, por la cual se declara la elección de la
señora VIVIAN MARÍA MONTAÑO GONZÁLEZ, como Contralora Municipal de la
ciudad de Sincelejo para el periodo 2020-2021, por haber incurrido la elegida en
la inhabilidad prevista en el inciso 8º del artículo 272 de la Constitución Política al
haber ejercido un cargo del orden ejecutivo a nivel municipal en el año
inmediatamente anterior a la declaratoria pública de su elección, igualmente por
encontrarse la demandada incursa en las circunstancias establecidas en el artículo
95-2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000,
puesto que como empleada pública ejerció autoridad administrativa dentro de los
doce (12) meses anteriores a su elección, como Contralora (e) Municipal de
Sincelejo […]”.
3.1. Precisó que como fundamento de la demanda de nulidad electoral de la
referencia se señaló que al momento de la elección de Vivian María Montaño
González como Contralora Municipal de Sincelejo para el período 2020 – 2021, ella
se encontraba inhabilitada para ocupar dicho cargo, toda vez que, antes y durante
la elección – enero de 2020 – desempeñó el mismo cargo, pero en encargo de
conformidad con el nombramiento efectuado a través de la Resolución núm. 2488
de 29 de mayo de 2019. En consecuencia, el señor Elkin Monterroza Gómez
advirtió que el ejercicio de las labores propias del cargo ocupado en calidad de
Contralora Encargada se produjo desde su nombramiento y hasta el día en que se
declaró su elección en ese mismo cargo de Contralora Municipal, pero esta vez en
propiedad, sin solución de continuidad.
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Núm. único de radicación: 110010315000202106173-01
Actora: Vivian María Montaño González
Sentencia de 14 de abril de 2021 proferida por la Sala Cuarta del Tribunal
Administrativo de Sucre dentro del medio de control de nulidad electoral
identificado con el número único de radicación 700012333000202000035-00
4. La Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Sucre dispuso:
“[…] PRIMERO: RECHÁZASE la solicitud de intervención presentada por el señor
DEIVI ANTONIO ANGULO SUMOZA, por extemporánea.
SEGUNDO: DECLÁRASE LA NULIDAD de la elección de la señora VIVIAN
MONTAÑO GONZÁLEZ en el cargo de Contralor Municipal de Sincelejo, periodo
2020-2021, consignada en el Acta No. 007 de fecha 10 de enero de 2020 del
CONCEJO MUNICIPAL DE SINCELEJO, por las razones expuestas […]”.
5. Dentro de sus consideraciones señaló que:
“[…] Observadas las posturas de las partes y terceros intervinientes admitidos en el
caso de marras, la Sala deberá establecer, si el acto de elección de la señora VIVIAN
MARÍA MONTAÑO GONZÁLEZ, en el cargo de Contralor Municipal de Sincelejo,
período 2020 - 2021, consignado en el Acta Nº 007 de fecha 10 de enero de 2020,
proferido por el Concejo Municipal de Sincelejo, se encuentra viciado de nulidad.
En aras de resolver dicho planteamiento, la Sala deberá examinar si la señora
VIVIAN MARÍA MONTAÑO GONZÁLEZ, previo a su elección, se encontraba o no
incursa en la causal de inhabilidad prevista en el inciso 8º del artículo 272 de la C.
P., y en la consagrada en el numeral 2º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en
virtud de la remisión que consagra el literal c) del artículo 163 ibidem (sic) […]”.
[…]
“[…] las razones que sustentan la oposición, esgrimida por la señora VIVIAN MARÍA
MONTAÑO GONZÁLEZ, para desvirtuar este cargo de nulidad, carecen de
prosperidad, habida cuenta que en el presente asunto, en aras de asegurar la
transparencia, moralidad e igualdad en el ingreso y ocupación al cargo de contralor
municipal de Sincelejo, sí es aplicable la causal de inhabilidad estipulada en el
numeral 2) del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, pues el examen de este caso
particular, permite colegir la pertinencia de su aplicación con el objeto de proteger
los principios de la función pública mencionados, veamos:
La Sala observa que la defensa de la elegida demandada, alegó que con la última
reforma constitucional del artículo 272 de la C. P, con ocasión al Acto legislativo 04
de 2019, la postura del Consejo de Estado relacionada con la extensión y aplicación
de situaciones de inhabilidad estipuladas en el numeral 2º del artículo 95 de la Ley
136 de 1994, en elecciones de contralor municipal, había perdido vigencia.
Siendo ello así, con la finalidad de desvirtuar la alegada pérdida de vigencia de la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la aplicabilidad de la inhabilidad legal en
cometo (sic), la Sala estima pertinente y útil, traer en esta oportunidad, el
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Actora: Vivian María Montaño González
pronunciamiento que la Sección Quinta realizó respecto de este argumento, en Auto
de 15 de octubre de 20201 […]”.
[…]
“[…] Así las cosas, conforme lo explicado por la Sala Electoral del máximo órgano
contencioso administrativo, las reformas de las que ha sido objeto el artículo 272 de
la Carta Política, en especial, su inciso 8º, no modificaron la estructura y el alcance
de aplicación de las inhabilidades previstas para la elección de contralor municipal;
empero, pese a ser distinta de la estipulada en el numeral 2) del artículo 95 de la Ley
136 de 1994, son complementarias, en tanto persiguen un objetivo común, cual es,
eliminar el abuso de las funciones públicas que se ostentaban con anterioridad a la
elección, y de esa manera, se privilegien la igualdad y la transparencia en el acceso
a la función pública. De modo que, en la medida que ha variado el contenido de la
norma constitucional, la jurisprudencia ha ajustado el sentido de su posición, en torno
a la aplicación del numeral 2) del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 en la elección de
contralor municipal, sin que se haya considerado en ningún momento su exclusión
[…]”.
[…]
“[…] En el caso en análisis, se tiene que no fue objeto de discusión ni mucho menos
de contradicción por ninguna de las partes demandadas, como tampoco por el
tercero interviniente, que la señora VIVIAN MARÍA MONTAÑO, hasta la fecha de su
elección en el cargo de Contralor Municipal de Sincelejo, período 2020-2021, esto
es, 10 de enero de 2020, ocupó el cargo de Contralora Municipal de Sincelejo
designada y/o encargada, por decisión del Alcalde Municipal de Sincelejo dada la
vacante presentada por la renuncia de quien fuera el titular del cargo.
Siendo así, revisadas las pruebas documentales que reposan en el acervo, no existe
duda que el cargo de contralor municipal, ocupado por la elegida demandada en
situación de encargo, tiene asignado según el manual específico de funciones y
competencias laborales de la Contraloría Municipal de Sincelejo - Resolución No.
002 de 2017, artículo 6º-, atribuciones, funciones y competencias que
indefectiblemente comportan ejercicio de autoridad administrativa […]”.
[…]
“[…] Obsérvese, que las funciones reglamentarias asignadas, son inherentes a la
dirección administrativa de ese ente de control. Asimismo, se tiene que el cargo de
Contralor Municipal, según el artículo 2º de la señalada resolución, se encuentra en
la cúspide, fijándose la dirección y dependencia de la estructura de la planta de
personal al contralor municipal. Todo lo anterior, comporta la potestad de
administración de ente de control, propia del ejercicio de autoridad administrativa.
Se advierte entonces, que en el asunto de marras, está demostrado que con ocasión
de la ocupación del cargo de Contralor Municipal de Sincelejo en Encargo, la señora
VIVIAN MARÍA MONTAÑO GONZÁLEZ ejerció de acciones y cumplió de funciones
propias de autoridad administrativa de carácter municipal; sin perjuicio que conforme
la jurisprudencia administrativa, no es estrictamente necesario acreditar que las
atribuciones asignadas por la Constitución, la ley y reglamentos, para el cargo de
contralor municipal de Sincelejo, fueron materialmente ejecutadas por la señora
VIVIAN MONTAÑO GONZALES en su condición de contralor municipal de Sincelejo
en encargo durante el año anterior a su elección para el periodo 2020-2021, pues,
del texto original: “RADICACIÓN 70001-23-33-000-2020-00035-01, C. P. DRA. ROCÍO ARAUJO
1 Cita
OÑATE”.
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Actora: Vivian María Montaño González
basta que tenga asignación normativa para predicar la condición de autoridad
administrativa.
Conforme lo expuesto, para el caso de marras, sí resulta pertinente y posible la
aplicación y configuración de la inhabilidad contenida en el numeral 2) del artículo
95 de la Ley 136 de 1994, en consideración de que el ejercicio de autoridad
administrativa por parte de la señora VIVIAN MONTAÑO GONZÁLEZ, con ocasión
al cargo de contralor municipal de la ciudad de Sincelejo en encargo, que ocupó
hasta el mismo día de su elección, inclusive, como contralora municipal de Sincelejo
periodo 2020-2021, frente a la Corporación electora, implicaba: (i) desequilibrio en
la disputa por la elección respecto del resto de los candidatos, generando cierta
desventaja de éstos en relación con la especial investidura que tenía la demandada
al momento de su elección; y (ii) que la elección eventualmente estuviera empañada,
por cuanto en virtud de su autoridad, tenía la potencialidad de incidir en su elección,
pues en el tiempo que desempeñó las labores en encargo, realizó actividades de
control fiscal al Concejo Municipal, como da cuenta informe de Auditoría Modalidad
Regular – Concejo Municipal de Sincelejo – Vigencia 2018 – Contraloría Municipal
de Sincelejo – julio de 2019, el cual de su revisión, se observan hallazgos de tipo
administrativo y disciplinario en esa institución política.
Lo anterior, pone de manifiesto, que para la elección de la señora VIVIAN MONTAÑO
GONZÁLEZ, en el cargo de contralor municipal de Sincelejo, periodo 2020-2021, se
desconocieron los principios de igualdad y transparencia de ingreso y permanencia
en la función pública, atentando contra el carácter objetivo de este tipo de
nombramientos […]”.
[…]
“[…] En consideración de lo anterior, en respuesta al problema jurídico propuesto,
se encuentran probados cada uno de los presupuestos – elementos - legales que se
exigen para su configuración (territorial, temporal y modal), motivo suficiente para
declarar la nulidad del acto acusado […]”.
Sentencia de 5 de agosto de 2021 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado dentro del medio de control de nulidad electoral identificado con
el número único de radicación 700012333000202000035-02
6. La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de agosto
de 2021, dispuso:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de abril de 2021 del Tribunal
Administrativo de Sucre, que declaró la nulidad de la elección de la señora Vivian
María Montaño González, como contralora municipal de Sincelejo, por las razones
expuestas en esta providencia […]”.
7. Como fundamento de su decisión manifestó que:
“[…] De acuerdo con los argumentos de la apelación y las pruebas allegadas,
corresponde a la Sala determinar si resultaba o no aplicable a la demandada señora
Vivian María Montaño González, la inhabilidad contenida en el numeral 2° del
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Actora: Vivian María Montaño González
artículo 95 de la Ley 136 de 1994 o si, por el contrario, solo le rige lo dispuesto en el
artículo 272 Superior […]”.
[…]
“[…] se observa que se encuentra probado el ejercicio por parte de la demandada,
del cargo de contralora en calidad de encargada durante el año anterior a su elección
y que, en cumplimiento de las atribuciones encomendadas y contenidas en el manual
de funciones, ejerció autoridad administrativa, frente a lo que no se visualiza reparo
alguno, por lo que el análisis se centrará en establecer si le era aplicable, por
remisión, la limitación preceptuada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 […]”.
[…]
“[…] configura una posición que de manera pacífica ha sostenido la Sala, entre otras,
en las siguientes providencias: auto del 15 de octubre de 2020, rad. 70001-23-33-
000-2020-00035-01; auto del 21 de enero de 2021, rad. 66001-23-33-002-2020-
00494-01; auto del 4 de febrero de 2021, rad. 66001-23-33-000-2020-00499-01; las
cuales constituyen precedente para el asunto que se analiza.
148. En ellas se señaló, que el hecho de que el artículo 272 Superior contenga
causales de inhabilidad de rango constitucional respecto de los contralores no es
incompatible con la existencia de situaciones de inelegibilidad de tipo legal, como las
previstas en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, (modificado por el artículo 37 de la
Ley 617 de 2000) y que, aunque se haya declarado inexequible la expresión “o como
encargado” del literal a) del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, ello no implica que
dejen de aplicarse las demás circunstancias de inhabilidad, como la que ahora se le
endilga a la demandada, que también se predica respecto de quienes en encargo
ocuparon el cargo de contralor dentro del año anterior a la elección […]”.
[…]
“[…] Luego, ante el interrogante planteado, la Sala encuentra que sí es aplicable al
caso de contralor, la inhabilidad descrita en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley
136 de 1994, por remisión expresa del 163 ibidem […]”.
[…]
“[…] con las modificaciones introducidas por los diferentes actos legislativos, el juez
electoral de la mano con el juez de control abstracto de constitucionalidad, en
sentencia C-126 de 2018, determinaron como factible hacer compatible la inhabilidad
establecida en el numeral 2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por
el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, a los contralores, para garantizar como ya se
reseñó, la pureza de los procesos eleccionarios; pues se trata de una sentencia de
constitucionalidad a la que ha dado estricta aplicación esta Sala Electoral, como
corresponde […]”.
[…]
“[…] Por manera que, contrario a lo expuesto por los apelantes, no se encuentra que
el Tribunal Administrativo de Sucre, hubiera dado a la norma una aplicación e
interpretación diferente a la que correspondía, pues se evidencia que se limitó a las
circunstancias que comprenden la inhabilidad, a partir de los argumentos expuestos
y acreditados por los sujetos procesales.
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Actora: Vivian María Montaño González
175. Para este operador judicial, mal podría entenderse que la aplicación de una
norma legal que contiene una inhabilidad comporte una forma de aplicación
extensiva, cuando su remisión se encuentra expresa en la misma ley, lo cual equivale
a que su contenido sea el de aplicación directa, pero además obligatoria.
176. Fue precisamente el legislador el que de manera expresa dispuso para la
elección de contralores, la remisión a la inhabilidad establecida para alcaldes en lo
pertinente y la Corte Constitucional, la que precisó que el numeral 2° del artículo 95
de la Ley 136 de 1994 les era aplicable […]”.
[…]
“[…] Así, toda vez que la elección que se acusa se produjo por el Concejo municipal
de Sincelejo, el 10 de enero de 2020, es decir, con posterioridad a la modificación
introducida por el Acto Legislativo N° 4 de 2019 al artículo 272 constitucional y,
teniendo en cuenta que se mantiene para el caso particular, la aplicación del artículo
95.2 de la Ley 136 de 1994, como inhabilidad para ocupar el cargo de contralor
territorial, se tiene que, en los estrictos términos en que se previó la causal de
inhabilidad, sí se configuró la situación de inelegibilidad en cabeza de la demandada.
193. A esta conclusión se llega, por el hecho de haber desempeñado con
anterioridad a la elección, un cargo que implica ejercicio de autoridad administrativa,
en el lugar en donde ejercería las funciones de contralora, pues antes de la
designación controvertida, la demandada, como contralora encargada, por la
entonces renuncia de su titular, ejerció tal autoridad, situación que fue analizada en
detalle y que no fue objeto de apelación, ya que la censura, como se indicó, se
encaminó a pretender que se declarara que a la demandada no le era aplicable la
causal del artículo 95.2 de la Ley 136 de 1994, modificado por el 37 de la Ley 617
de 2000, pero no se discutieron las razones que llevaron al primer fallador a concluir
el ejercicio de dicha autoridad en razón de su encargo como contralora municipal de
Sincelejo […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela:
“[…] Solicito de manera muy respetuosa, con fundamento en los hechos y
consideraciones jurídicas que anteceden, se amparen los derechos fundamentales
de la ciudadana Vivian María Montaño González y como consecuencia se deje sin
efectos las decisiones judiciales proferidas por las accionadas […]”.
9. La actora señaló que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto sustantivo por indebida interpretación de una norma jurídica, el cual
sustentó en los siguientes términos:
“[…] Para determinar la inhabilidad de la accionante con fundamento en la casual (sic)
definida en el numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 el Consejo de Estado
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Núm. único de radicación: 110010315000202106173-01
Actora: Vivian María Montaño González
realizó una interpretación extensiva, al señalar que se trata de una inhabilidad
complementaria a la establecida en el artículo 272 de la Constitución Política.
Si bien es cierto el literal c del artículo 163 de la prenombrada Ley 136 de 1994
establece que las inhabilidades del alcalde proceden respecto del contralor en lo que
les sea aplicable, también lo es, que durante mucho tiempo la jurisprudencia del
Consejo de Estado reconoció que la inhabilidad establecida en el numeral 2 del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994 no era aplicable en el caso del contralor. En este
sentido la Sala Electoral sostuvo desde el año 20032 […]”.
[…]
“[…] La anterior posición fue reiterada en el año 2009 así3 […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, en aras de establecer los criterios que permiten determinar que
inhabilidades del alcalde son aplicables al contralor municipal resulta obligatorio acudir
a los argumentos empleados por la Corte en la sentencia C-767 del 10 de diciembre
de 1998, C.P. Alejandro Martínez Caballero […]”.
[…]
“[…] En suma, resulta evidente el defecto sustantivo en que incurrieron las accionadas,
toda vez, que dieron un alcance que no tiene el literal c del artículo 163 de la Ley 136
de 1994 en consonancia con el numeral 2 del artículo 95 ibidem […]”.
10. Igualmente, adujo la configuración de un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente, al considerar que:
“[…] En el caso concreto importa definir si la decisión judicial desconoció, sin debida
justificación la ratio decidendi de la sentencia SU 566 del 27 de noviembre de 2019
para acoger preferentemente la posición asumida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado desde el año 2016 […]”.
[…]
“[…] Las accionadas en aras de apartarse de la ratio decidendi de la sentencia SU
566 del 27 de noviembre de 2019 y hacer prevalecer la posición del Consejo de
Estado, acudieron a una sentencia de constitucionalidad, en la cual no se abordó la
inhabilidad atribuida a la accionante. Véase que en la sentencia C-126 de 2018 nada
se dijo respecto de la inhabilidad contemplada en el literal c del artículo 163 de la
Ley 136 de 1994 y menos de la consagrada en el numeral 2 del artículo 95 ibidem
para el alcalde. Empero, en la sentencia SU 566 del 27 de noviembre de 2019 la
Corte de manera diáfana, concreta y razonada estableció que la inhabilidad para el
alcalde no aplica en el caso de los contralores. Por tanto, en el caso concreto las
accionadas debieron preferir lo señalado por la Corte en la sentencia de unificación
y no el precedente judicial establecido por el Consejo de Estado.
2 Cita del texto original: “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
QUINTA Consejero ponente: MARIO ALARIO MÉNDEZ Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos mil tres
(2003) Rad. No.: 05001-23-15-000- 2001-0387-01(3041)”
3 Cita del Texto Original: “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA consejera ponente: SUSANA BUITRAGO VALENCIA Bogotá, D. C., veintidós (22) de
octubre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00052-03”.
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Actora: Vivian María Montaño González
En este orden de ideas, las razones que tuvieron las autoridades judiciales para
distanciarse de la ratio decidendi de la sentencia SU 566 del 27 de noviembre de
2019 no obedece a un verdadero juicio de ponderación. Además, resulta evidente
que lo que se pretendió fue preferir el precedente judicial del Consejo de Estado
respecto de (sic) definido por la Corte Constitucional […]”.
[…]
“[…] la aplicación de las inhabilidades no admite analogías ni aplicaciones extensivas
y, por el contrario, “deben aplicarse de manera taxativa y restringida en aras de
impedir, o bien una afectación desproporcionada del derecho, o bien una
contradicción que haga inocuo el mandato superior. Si es la Constitución la que opta
por limitar el ejercicio del derecho a acceder a cargos públicos de una forma
determinada, no le es permitido al legislador entrar a flexibilizar o extender tales
límites” […]”.
Actuación
11. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante auto de 16 de septiembre de 2021; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó
notificar a los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de la Sala
Cuarta del Tribunal Administrativo de Sucre; y iii) vinculó, en calidad de terceros
con interés legítimo, al Concejo Municipal de Sincelejo (Sucre) y al señor Elkin
Monterroza Gómez, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran
informe sobre el particular.
Intervención de la parte demandada y de los terceros con interés legítimo
12. La Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó negar la solicitud de
amparo, toda vez que, a su juicio, no se vulneraron los derechos fundamentales de
la actora.
12.1. Al respecto, manifestó que:
“[…] De entrada, resulta evidente que la tutelante lo que pretende con el ejercicio de
esta acción, no es otra cosa que, so pretexto de una protección constitucional, se
tramite dentro del medio de control de nulidad electoral una instancia adicional a las
dos establecidas para el efecto, haciendo de la tutela un nuevo espacio de
controversia de las razones por las cuales considera que el acto electoral
demandado en sede de nulidad electoral no debió anularse, y los principales motivos
que la llevan a hacer este indebido uso de la acción constitucional, no es otro que el
hecho de que la decisión le hubiera resultado adversa a sus intereses.
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Actora: Vivian María Montaño González
30. Consideramos que no existen razones que conlleven al juez constitucional a
evidenciar los presuntos defectos a que alude la peticionaria, por desconocimiento
del precedente judicial de la Corte Constitucional, o que se advierta una
interpretación irrazonable o una valoración inadecuada de las normas o medios de
convicción obrantes en el expediente.
31. Reitera los argumentos y pretensiones de la apelación que presentó contra el
fallo de primera instancia que le fue igualmente adverso, fundamentos que fueron
estudiados a profundidad por la Sala Electoral y resueltos razonablemente tanto
jurídica, como jurisprudencialmente en la sentencia ahora acusada. […]”.
13. La Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Sucre solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia
constitucional.
13.1. Señaló que:
“[…] De la lectura del escrito de tutela, se observa que su petición de amparo
constitucional es improcedente por no cumplir el requisito general de procedibilidad
referido a que el asunto sea relevancia constitucional, toda vez que pretende revivir
la discusión que se zanjó en los fallos de 14 de abril de 2021 y 5 de agosto de la
misma anualidad, proferidos por esta Corporación y la Sala Electoral del H. Consejo
de Estado, respectivamente.
Lo anterior por cuanto se esbozan los mismos razonamientos expuestos en sede
ordinaria de nulidad electoral – inaplicabilidad del numeral 2° del artículo 95 de la
Ley 136 de 1994 para los contralores municipales -, al considerar que la sentencia
SU – 566 de 2019 de la H. Corte Constitucional determinó que aquella preceptiva de
inelegibilidad resulta inaplicable para contralor municipal.
En ese sentido, más que alegar la presunta violación del debido proceso, lo que se
percibe es que pretende utilizar el mecanismo de tutela como tercera instancia
judicial, para efectos de insistir en sus razones de por qué no es aplicable el numeral
2° del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 para el caso de contralores municipales, las
cuales fueron desvirtuadas precisamente con base en el precedente que invoca en
esta acción de tutela como presuntamente desconocido por los jueces de la
jurisdicción contenciosa administrativa.
Siendo así, tal consideración y postura de la parte actora fue resuelta por este
Tribunal y por la Sección Quinta del H. Consejo de Estado en su oportunidad, sin
que existen (sic) aspectos de relevancia constitucional que habilite (sic) una
discusión al respecto sede de protección judicial de derechos fundamentales. […]”.
14. El señor Elkin Monterroza Gómez solicitó negar la acción de tutela, al
considerar lo siguiente:
“[…] Se advierte que, lo que en aquella solicitud de tutela se ubicó como fundamento
de la vulneración, en esta oportunidad se torna en requisito general de
procedibilidad, es decir el malestar, ahora, de la accionada gira alrededor de la que,
11
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Actora: Vivian María Montaño González
según ella, las autoridades judiciales incurrieron en una errónea interpretación del
régimen constitucional de las inhabilidades de los contralores municipales en un
claro desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional definido en la
sentencia SU del 27 de noviembre de 2019.
Tenemos entonces que el principio de igualdad como contenido de carácter
relacional, exige del juzgador el análisis de cada caso en particular cuya finalidad es
establecer los elementos fácticos y jurídicos, como lo hemos señalado, para
posteriormente realizar la comparativa. La SU-566 de 27 de noviembre de 2019, bajo
los parámetros en ella considerados, decide inaplicación (sic) establecida en el
artículo 95 de la Ley 136 de 1994 en su numeral 2° esta decisión se toma conforme
a unos supuestos diferentes a los analizados en las sentencias atacadas en esta
acción. Las reglas de atribución de competencias conferidas a los contralores
municipales son equivalentes en ambos casos, pero no existe conformidad respecto
del sometimiento a normas de carácter superior para acceder al cargo de contralor
municipal. En el caso unificado, tenemos que el funcionario que accedió al cargo
provenía de una nominación o nombramiento realizado por un organismo de orden
nacional, pero en el caso de la (sic) sentencias atacadas, la funcionaria acceda al
cargo inhabilitante por una decisión de una autoridad municipal.
De otra parte, debe mirarse que, dentro del proceso de nulidad electoral seguido en
contra de la accionante se demostró la utilización del poder atribuido a la contralora
cuando se desempeñó como encargada, para que con efectos intimidatorios o
permisivos, se actuara sobre la conducta de quienes serían sus posteriores
electores.
Tenemos entonces que la Sección determinó que la analogía fáctica el (sic) que
determina el margen de aplicación de las SU, no se trata de un comportamiento de
la Sección que degrade el margen de sometimiento al precedente, sino el respeto
en su margen de aplicación. Se prefiere establecer la aplicación por la prioridad del
principio función pública y no el acceso y permanencia en ella puesto que los
principios constituyen la base de la decisión especifica (sic). Si los derechos que
gobiernan la función pública son el componente de la ratio decidendi en una
sentencia de tutela como lo es la SU- 566 de 2019, esto significa que la selección
que el juzgador elabore de los hechos y argumentos deberán estar apuntando
siempre hacia la defensa de dichos principios, con la justificación debida en la
medida del apartamiento que se haga de la unificación o su interpretación.
Arrimados al final tenemos que, la Sección Quinta del Consejo de Estado, justificó
plenamente la selección de los hechos probados y provenientes de instancia y sobre
los cuales nunca hubo reproche por parte de la accionante, como tampoco sobre las
pruebas aportadas por el solicitante de la nulidad electoral, y es tanto el celo de la
Consejera Ponente que, señaló y desarrolló el tipo de argumento aplicable al caso y
que resultaron aplicables frente a los parámetros constitucionales de la propia
sentencia de unificación. […]”.
15. El Concejo Municipal de Sincelejo (Sucre) guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
12
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Actora: Vivian María Montaño González
La sentencia impugnada
16. Mediante sentencia de 25 de noviembre de 2021, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado resolvió:
“[…] Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la
señora Vivian María Montaño González, por las razones expuestas […]”.
17. Como fundamento de su decisión, manifestó lo siguiente:
“[…] En el asunto bajo examen, la Sala observa que no se cumple el presupuesto de
la relevancia constitucional, toda vez que la señora Vivian María Montaño González
acude a la acción de tutela como una instancia adicional, reiterando los argumentos
expuestos en el recurso de apelación relativos a la indebida aplicación del numeral
2, artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y con el desconocimiento de la sentencia SU-
566 de 2019 y de las sentencias dictadas por la Sección Quinta del Consejo de
Estado el 6 de febrero de 20034 y el 22 de octubre de 20095, que establecieron que
la citada causal de inhabilidad no resultaba aplicable al caso de los contralores
municipales […]”.
[…]
“[…] La accionante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia alegando la indebida aplicación del régimen de inhabilidades previsto para
la elección del contralor municipal, desconociendo lo establecido por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-566 de 2019 y por la Sección Quinta del Consejo
de Estado en las sentencias de 6 de febrero de 2003 y el 22 de octubre de 2009, en
lo relativo a la inaplicabilidad de la causal fijada en el numeral 2, artículo 95 de la Ley
136 de 1994.
De igual forma, manifestó que la aplicación del citado precepto es residual y no
complementaria como lo señaló el Tribunal Administrativo de Sucre. Explicó que de
lo expuesto en el literal C del artículo 163 de la Ley 136 de 1994, tampoco se extrae
la aplicación de la citada causal de inhabilidad, pues ese precepto señala que ello
procede “en lo que sea aplicable” y, a su juicio, lo dispuesto en el numeral 2 del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, no lo es, en tanto el artículo 272 de la Constitución
Política regula de manera específica para el caso de contralores, una causal de
inelegibilidad para cuando se ha ejercido un cargo público durante el año
inmediatamente anterior a la elección y determina cuáles.
En esa línea, señaló que existen dos posturas sobre la aplicación de la causal de
inhabilidad fijada en el numeral 2, artículo 95 de la Ley 136 de 1994, la de la Corte
Constitucional fijada en la Sentencia SU-566 de 2019 y la de la Sección Quinta del
Consejo de Estado, frente a lo cual deberá aplicarse la menos restrictiva de los
derechos fundamentales […]”.
[…]
4 Cita del texto original: “M.P. Mario Alario Méndez. Expediente 2001-0387-01”.
5 Cita del texto original: “M.P. Susana Buitrago Valencia, expediente No 2008-00052-03”.
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Actora: Vivian María Montaño González
“[…] A partir de lo anterior, la Sala evidencia que la accionante insistió en los mismos
argumentos expuestos en el recurso de apelación, adaptándolos a la caracterización
del defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial buscando revivir la
discusión jurídica que ya fue estudiada y definida por el juez natural de la
controversia.
En efecto, en la demanda de tutela la actora alegó como causas de la vulneración
de las garantías ius fundamentales invocadas, la aplicación indebida del numeral 2,
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, y el desconocimiento de la sentencia SU-566 de
201921 , y de las sentencias dictadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado
el 6 de febrero de 2003 y el 22 de octubre de 2009, decisiones anteriores al Acto
Legislativo 04 de 2019, que establecen que para la elección de contralores
municipales no resulta aplicable la causal de inhabilidad establecida en el numeral
2°, artículo 95 de la Ley 136 de 1994 prevista para la elección de alcaldes […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, como se expuso de manera precedente (supra 5.2.3) los citados
reproches fueron abordados ampliamente por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, explicando las razones por las cuales la decisión no desconocía la postura
de la Corte Constitucional, por el contrario, materializaba el cumplimiento, en lo
pertinente a la aplicación de la causal de inhabilidad establecida en el numeral 2,
artículo 95 de la Ley 136 de 1994, “en aras de evitar un uso abusivo de las funciones
públicas en beneficio de intereses particulares propios o de terceros, rompiendo la
igualdad e imparcialidad en detrimento del interés público” […]”.
La impugnación
18. La actora impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, al considerar lo siguiente:
“[…] En aras de soportar los argumentos con los cuales se pretende desvirtuar las
consideraciones que tuvo el a-quo para declarar la improcedencia de la acción de
tutela, importa recordar que las autoridades accionadas declararon la nulidad de la
elección de la señora Vivian María Montaño González como Contralora municipal de
Sincelejo para el período 2020 - 2021 con fundamento en causal de inhabilidad que
para la Corte Constitucional resulta inaplicable, así lo destacó en la sentencia SU
566 del 27 de noviembre de 2019.
De manera que la relevancia constitucional, en el presente caso, deviene del hecho
de haberse proferido una decisión judicial desconociendo el precedente
constitucional y optando por realizar una interpretación extensiva del régimen de
inhabilidades del contralor municipal, lo cual conculcó los derechos fundamentales
de la señora Vivian María Montaño González.
Sin embargo, el juez de tutela de primera instancia cerró la posibilidad de analizar el
fondo del asunto bajo el argumento de que el asunto carece de relevancia
constitucional dado que fue debatido en el trámite del proceso ordinario de nulidad
electoral.
Si bien es cierto, en el tramite (sic) del proceso ordinario de nulidad electoral se
planteó el debate que hoy se propone en sede constitucional, también lo es, que lo
14
Núm. único de radicación: 110010315000202106173-01
Actora: Vivian María Montaño González
que se pretendió fue no convalidar la irregularidad, y sentar las bases para la acción
de tutela.
El hecho de que en el proceso ordinario de nulidad electoral se hubiese debatido el
asunto no hace desaparecer la relevancia constitucional; pues esta (sic) permanece
incólume entre tanto involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales
de la accionante […]”.
[…]
“[…] En el caso concreto importa definir si la decisión judicial es contraria a la
constitución; sin embargo, el juez de primera instancia optó por la improcedencia de
la acción de tutela, lo cual desnaturalizó el fin último de la acción de tutela cual es el
de conjurar aquellas irregularidades en que incurre la autoridad judicial de relevancia
constitucional […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
19. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19916, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20217 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20188
y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 9, que asigna a
esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
20. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
6
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
7 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
8 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
15
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Actora: Vivian María Montaño González
Problemas jurídicos
21. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
22. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; procediendo posteriormente a iv) resolver el caso
concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan
los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
23. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena10, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
24. Esta Sección adoptó11 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200512, proferida por la Corte Constitucional, sin
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
12 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202106173-01
Actora: Vivian María Montaño González
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
25. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos parámetros.
27. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.
13 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
17
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Actora: Vivian María Montaño González
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
29. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
Acerca del requisito de la relevancia constitucional
30. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201415, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo
lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [16]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [17].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [18].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
15
Ut supra página 6.
[16] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[17] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
18
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Actora: Vivian María Montaño González
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [19].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [20]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [21].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [22]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[19] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[20] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[21] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[22] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
19
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Actora: Vivian María Montaño González
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
31. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado23:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”24
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”25
23 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25 Ibidem.
20
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En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
32. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor
en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
26 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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Actora: Vivian María Montaño González
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.
Análisis del caso concreto
35. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
36. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
37. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
37.1. Copia digital del medio de control de nulidad electoral identificado con el
número único de radicación 700012333000202000035-02.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202106173-01
Actora: Vivian María Montaño González
Solución del caso concreto
38. Analizado el material probatorio obrante en el expediente, la Sala considera
que el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de aquellos que la
jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia constitucional,
toda vez que tanto en la i) solicitud de la acción de tutela, como en el ii) respectivo
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida
por la Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Sucre, el 14 de abril de 2021, la
parte actora reiteró los argumentos jurídicos, utilizando el amparo como una tercera
instancia. En ese orden de ideas, se evidencia que la actora plantea una afectación
de derechos fundamentales que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente normativo, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad
electoral y fue decidido por el juez natural de la causa, tal como se observa en la
siguiente tabla:
ACCIÓN DE TUTELA RECURSO DE APELACIÓN
“[…] Para determinar la inhabilidad de la “[…] la aplicación de la inhabilidad del alcalde
accionante con fundamento en la casual (sic) contemplada en el numeral 2º del artículo 95
definida en el numeral 2 del artículo 95 de la de la Ley 136 de 1994 para el caso del
Ley 136 de 1994 el Consejo de Estado realizó contralor la Corte Constitucional Constitucional
una interpretación extensiva, al señalar que (sic) en la sentencia de unificación SU566 del
se trata de una inhabilidad complementaria a 27 de noviembre de 2019 al analizar el caso
la establecida en el artículo 272 de la particular de la nulidad electoral del Contralor
Constitución Política. Municipal de Valledupar aclaró que esta no
aplica para los contralores municipales.
Si bien es cierto el literal c del artículo 163 de la
prenombrada Ley 136 de 1994 establece que las En este mismo sentido, Sala (sic) Electoral
inhabilidades del alcalde proceden respecto del del Consejo de Estado sostuvo en el año
contralor en lo que les sea aplicable, también lo 200329 […]”.
es, que durante mucho tiempo la jurisprudencia
del Consejo de Estado reconoció que la […]
inhabilidad establecida en el numeral 2 del “[…] Más adelante, en el año 2009 se
artículo 95 de la Ley 136 de 1994 no era reiteró30 […]”.
aplicable en el caso del contralor.
[…]
En este sentido la Sala Electoral sostuvo
desde el año 200327 […]”. “[…] El régimen de inhabilidades establecido
para el alcalde en el artículo 95 de la Ley 136
[…] de 1994 se aplica de manera residual al
contralor municipal y no complementaria;
27 Cita del texto original: “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA Consejero ponente: MARIO ALARIO MÉNDEZ Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos
mil tres (2003) Rad. No.: 05001-23-15-000- 2001-0387-01(3041)”
29 Cita del texto original: “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA Consejero ponente: MARIO ALARIO MÉNDEZ Bogotá, D. C., seis (6) de febrero de dos
mil tres (2003) Rad. No.: 05001-23-15-000- 2001-0387-01(3041)”.
30 Cita del texto original: “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA consejera ponente: SUSANA BUITRAGO VALENCIA Bogotá, D. C., veintidós (22) de
octubre de dos mil nueve (2009) Radicación numero (sic): 73001-23-31-000-2008-00052-03”.
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Núm. único de radicación: 110010315000202106173-01
Actora: Vivian María Montaño González
“[…] La anterior posición fue reiterada en el véase, que el literal c) del artículo 163 de la
año 2009 así28 […]”. Ley 136 de 1994 señala que estas tienen
vigencia solo (sic) “en lo que sea aplicable”.
[…] Por tanto, resulta desproporcionado
argumentar que la inhabilidad contemplada en
“[…] Por lo anterior, en aras de establecer los el numeral 2 del artículo 95 de la Ley 136 de
criterios que permiten determinar que 1994 resulta complementaria con el régimen
inhabilidades del alcalde son aplicables al contenido en la Constitución, cuando, se
contralor municipal resulta obligatorio acudir a refieren a un mismo supuesto factico (sic).
los argumentos empleados por la Corte en la Además, la Corte en la sentencia C-767 del
sentencia C-767 del 10 de diciembre de 1998, 10 de diciembre de 1998, C.P. Alejandro
C.P. Alejandro Martínez Caballero […]”. Martínez Caballero dijo que en aquellos
eventos en que exista duda sobre su
[…] pertinencia, debe entenderse que la
inhabilidad del alcalde no es aplicable.
“[…] En suma, resulta evidente el defecto
sustantivo en que incurrieron las accionadas, Las anteriores consideraciones resultan
toda vez, que dieron un alcance que no tiene suficiente para obtener la revocatoria de la
el literal c del artículo 163 de la Ley 136 de sentencia de primera instancia, no obstante,
1994 en consonancia con el numeral 2 del es importante destacar que, de aceptar la tesis
artículo 95 ibidem […]”. actual de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, también debe aceptarse que sobre el
[…] mismo tema la Corte Constitucional
mediante la sentencia SU 566 del 27 de
“[…] En el caso concreto importa definir si la noviembre de 2019 trazó adoptó una
decisión judicial desconoció, sin debida posición diferente; de manera, que existen
justificación la ratio decidendi de la sentencia dos enfoques jurídicos posibles. SU 566 del 27 de noviembre de 2019 para
acoger preferentemente la posición La Corte Constitucional centró su argumento
asumida por la Sección Quinta del Consejo en el hecho que la Constitución Política previó
de Estado desde el año 2016 […]”. una inhabilidad específica cuando la persona
haya ocupado previamente cargo público en el
[…] orden departamental, distrital o municipal y,
por tal razón, en atención al principio de
“[…] Las accionadas en aras de apartarse de interpretación restrictiva de las inhabilidades,
la ratio decidendi de la sentencia SU 566 del no es razonable extender a los Contralores
27 de noviembre de 2019 y hacer prevalecer la inhabilidad prevista en el numeral 2º del
la posición del Consejo de Estado, acudieron artículo 95 de la ley 136 de 1994.
a una sentencia de constitucionalidad, en la
cual no se abordó la inhabilidad atribuida a la La argumentación expuesta por la Corte
accionante. Véase que en la sentencia C-126 Constitucional en la Sentencia SU 566 del 27
de 2018 nada se dijo respecto de la inhabilidad de noviembre de 2019 y la del Consejo de
contemplada en el literal c del artículo 163 de Estado hasta antes del Acto legislativo No. 02
la Ley 136 de 1994 y menos de la consagrada de 2015 obedecen a una interpretación
en el numeral 2 del artículo 95 ibidem para el restrictiva, la cual, protege en mayor grado la
alcalde. Empero, en la sentencia SU 566 del garantía fundamental de acceder a cargos
27 de noviembre de 2019 la Corte de manera públicos sin desconocer la finalidad de las
diáfana, concreta y razonada estableció que la inhabilidades.
inhabilidad para el alcalde no aplica en el caso
de los contralores. Por tanto, en el caso En cambio, la interpretación que en la
concreto las accionadas debieron preferir lo actualidad hace el Consejo de Estado resulta
señalado por la Corte en la sentencia de lesiva para los derechos fundamentales del
unificación y no el precedente judicial elegido.
En este orden, la Sala Electoral
establecido por el Consejo de Estado. deberá seleccionar la interpretación menos
restrictiva de derechos fundamentales y
En este orden de ideas, las razones que aplicarla en atención de los principios de
tuvieron las autoridades judiciales para proporcionalidad y pro homine […]”.
distanciarse de la ratio decidendi de la […]
28 Cita del Texto Original: “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION QUINTA consejera ponente: SUSANA BUITRAGO VALENCIA Bogotá, D. C., veintidós (22) de
octubre de dos mil nueve (2009) Radicación número: 73001-23-31-000-2008-00052-03”.
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Actora: Vivian María Montaño González
sentencia SU 566 del 27 de noviembre de
2019 no obedece a un verdadero juicio de “[…] resulta evidente la postura
ponderación. Además, resulta evidente que lo jurisprudencial, como se dijo en las citadas
que se pretendió fue preferir el precedente decisiones, obedeció a la expedición del Acto
judicial del Consejo de Estado respecto de Legislativo No. 02 de 2015. Sin embargo, el
(sic) definido por la Corte Constitucional supuesto contemplado en el citado Acto
[…]”. Legislativo, en lo que tiene que ver con las
causales de inelegibilidad de los contralores
[…] departamentales, distritales y municipales, fue
modificado con el Acto Legislativo No. 04.
“[…] la aplicación de las inhabilidades no
admite analogías ni aplicaciones extensivas y, Por lo anterior, el supuesto en el que se
por el contrario, “deben aplicarse de manera soportó la jurisprudencia del Consejo de
taxativa y restringida en aras de impedir, o bien Estado perdió vigencia con la entrada en rigor
una afectación desproporcionada del derecho, del Acto Legislativo No. 04 de 2019; en el que
o bien una contradicción que haga inocuo el el Constituyente derivado modificó el inicio 8º
mandato superior. Si es la Constitución la que del artículo 272 de la Constitución Política
opta por limitar el ejercicio del derecho a […]”. (Resaltado por la Sala)
acceder a cargos públicos de una forma
determinada, no le es permitido al legislador
entrar a flexibilizar o extender tales límites”
[…]”. (Resaltado por la Sala).
39. En ese orden de ideas, para la Sala en el caso sub examine, no se acredita
el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que, como ya se
indicó, la parte actora tanto en su escrito de tutela, como en su recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sala Cuarta del
Tribunal Administrativo de Sucre, el 14 de abril de 2021, reiteró los argumentos
jurídicos, utilizando el amparo como una tercera instancia, esto es, que en el caso
concreto se le vulneró su derecho fundamental al debido proceso, como
consecuencia de que i) se desconoció que la inhabilidad establecida en el numeral
2 del artículo 95 de la Ley 136 de 2 de junio de 199431 no es aplicable al caso de
los contralores; ii) se desconocieron las sentencias C-767 de 10 de diciembre de
199832 y SU-566 de 27 de noviembre de 201933; y iii) a su juicio, pese a que existen
dos posiciones jurisprudenciales frente al tema, una del Consejo de Estado y otra
de la Corte Constitucional, se dio prevalencia a la del Consejo de Estado, la cual,
en su criterio, resulta más restrictiva para los derechos fundamentales.
40. Además, la Sala debe hacer énfasis, que dichos argumentos jurídicos se
tuvieron en cuenta en la respectiva providencia proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, el 5 de agosto de 2021, por lo que la acción de tutela no puede
31 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
32 Corte Constitucional, sentencia C-767 de 10 de diciembre de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-566 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Núm. único de radicación: 110010315000202106173-01
Actora: Vivian María Montaño González
convertirse en una tercera instancia para reabrir controversias jurídicas que fueron
debidamente estudiadas y debatidas al interior del proceso ordinario.
41. Como quedó expuesto, la parte actora plantea una afectación del derecho
fundamental al debido proceso que tiene su origen en últimas en un debate
estrictamente normativo, los cuales ya fueron expuestos dentro del proceso de
nulidad electoral y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional. Al respecto, la Corte Constitucional34 ha señalado:
“[…] Tampoco entrará la Sala, pues no es la vía de protección ius fundamental más
respetuosa de los principios de independencia y autonomía judicial de la que hoy
dispone, a determinar cuál de las tesis jurisprudenciales esgrimidas es la que más se
ajusta a la Constitución y los derechos fundamentales.
Y no lo hará porque esa tarea corresponde, en primerísima medida, como ya fue
expresado líneas arriba, al juez civil ordinario, en este caso, a la Sala de Familia del
Tribunal Superior de Bogotá. Es esa autoridad la que está llamada a analizar los
aspectos de relevancia constitucional que se aprecian en el debate puesto sobre la
mesa y, si es del caso, aplicar directamente la Constitución. Y es, por supuesto, en
armonía con esa misma condición, que debe decidir el litigio promovido por la
representación judicial de la señora Mariela Caballero […]”.
Conclusiones de la Sala
42. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de
25 de noviembre de 2021 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
34 Corte Constitucional, Sentencia T-269 de 11 de julio 2018, M.P Carlos Bernal Pulido.
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Núm. único de radicación: 110010315000202106173-01
Actora: Vivian María Montaño González
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 25 de noviembre de 2021
proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró
improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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