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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06193-01

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2021-06193-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia de 17 de enero de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, que rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por la sociedad Perenco Oil and Gas Colombia Limited, actuando por conducto de su representante legal suplente, en contra del Consejo de Estado – Sección Cuarta. En su lugar: SEGUNDO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la sociedad Perenco Oil and Gas Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2021-11229-00 Ac c i o n a n t e : Y a d i r An t o n i o T o r r e s P a l a c i o Limited, actuando por conducto de su representante legal suplente, en contra del Consejo de Estado – Sección Cuarta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. CUARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2021-06193-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

10 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06193-01
Accionante: PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA

Tema: Tutela contra providencia judicial / Derecho
fundamental al debido proceso / Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho / Defecto
fáctico / Liquidación oficial de revisión del impuesto
sobre la renta

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la
sociedad Perenco Oil and Gas Colombia Limited, actuando por
conducto de su representante legal suplente1, en contra de la
sentencia de 17 de enero de 2022, proferida por el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B, que rechazó por improcedente la
acción de tutela presentada en contra del Consejo de Estado –

1 La señora Karellys Pantoja Cuéllar.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11229-00
Ac c i o n a n t e : Y a d i r An t o n i o T o r r e s P a l a c i o

Sección Cuarta, por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección del derecho fundamental al debido proceso
se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

La parte accionante presentó medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (en adelante, DIAN) con el fin que se declarara la
nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión del impuesto sobre la
renta No. 312412013000103 de 20 de noviembre de 2013 y la
Resolución No. 900.351 de 12 de noviembre de 2014 que, al resolver
el recurso de reconsideración, confirmó la Liquidación Oficial de
Revisión.

El proceso correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Cuarta – Subsección A que, mediante sentencia de 2 de mayo
de 2019, negó las pretensiones de la demanda. Dicha decisión fue
apelada por la sociedad demandante, recurso que fue resuelto por el
Consejo de Estado – Sección Cuarta que, a través de providencia de
22 de abril de 2021, confirmó lo fallado en primera instancia.

2. PRETENSIONES

Solicita la parte accionante lo siguiente:

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«[…] se sirvan ordenar la protección el derecho al debido proceso, de
que trata el artículo 29 de la Constitución Política, en tanto que fue
violentado de diversas maneras, impidiéndose el ejercicio efectivo del
derecho fundamental al debido proceso de mi representada.

En ese sentido solicito, se ordene a la sección cuarta del Consejo de
Estado, dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia de fecha 22
de abril de 2021, proferida en el proceso con radicado No. 25000 23 37
000 2015 00808 01 que confirmó la sentencia de primera instancia del
Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta
de fecha 2 de mayo de 2019.

Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la sección cuarta del
Consejo de Estado, proferir una nueva sentencia en donde se valoren
debidamente los conceptos y certificados aportados como pruebas al
proceso y en donde no se resuelva inaplicar al presente caso el artículo
142 y 143 del E.T., por no encontrarse acreditados los presupuestos
legales para su adopción al presente caso […]». (sic en toda la cita)

3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

De los argumentos señalados en el escrito de tutela, es posible inferir
que la parte accionante considera que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A y el Consejo de
Estado – Sección Cuarta, con la expedición de las sentencias de 2 de
mayo de 2019 y 22 de abril de 2021, incurrieron en:

 Defecto fáctico: por la indebida valoración probatoria de los
documentos aportados en lo relacionado con la Liquidación
Oficial No. 312412013000103 del 20 de noviembre de 2014 y la
Resolución No. 900.351 de 12 de noviembre de 2014, que
modificó la declaración privada presentada por PERECTO
correspondiente al año gravable 2010.

De igual modo, indicó:

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«La modificación consistió en el rechazo de la deducción que
PERENCO tomó en dicho período por concepto de gastos de
sísmica, geología y geofísica por valor de $39.714.501.000,
pues a juicio de la DIAN, PERENCO no debía tomar como
deducción dicho monto en el año 2010, sino que estos
desembolsos se debían registrar como un cargo diferido, por
cuanto, en su criterio, de los mismos se esperaba recibir
beneficios económicos futuro y por tanto debían “activarse”
para que posteriormente tomara la deducción vía amortización,
conforme lo ordenan los artículos 142 y 143 del E.T., vigentes
para la época».

4. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto de 1° de octubre de 2021, el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A y al Consejo de
Estado – Sección Cuarta, como accionados, y a la DIAN, como tercero
interesado en las resultas del proceso, para que ejercieran su derecho
de defensa.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

5. INTERVENCIONES

5.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Cuarta – Subsección A sostuvo que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se adelantó y decidió conforme con las
normas aplicables al asunto, motivo por el que la tutela es
improcedente.

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Igualmente solicitó, de manera subsidiaria, que se nieguen las
pretensiones de la acción porque las decisiones adoptadas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se sustentaron con
argumentos razonables, acordes con la normativa aplicable al caso en
concreto, y se realizó un análisis juicioso de los argumentos
presentados por las partes.

5.2. La DIAN manifestó que la sentencia acusada no vulneró derecho
fundamental alguno ni causó un perjuicio irremediable, sino que lo
pretendido por la parte accionante era utilizar la tutela como una
tercera instancia, motivo por el que se debe rechazar por
improcedente por no superar el requisito de relevancia constitucional.

5.3. El Consejo de Estado – Sección Cuarta señaló que la acción
de tutela es improcedente pues pretende utilizarse como una
instancia adicional al proceso ordinario. Indicó que, en todo caso, de
los argumentos expuestos en la sentencia cuestionada se podía
apreciar que no se configuró la vulneración de derechos
fundamentales alegada.

6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, mediante
sentencia de 17 de enero de 2022, rechazó por improcedente la
acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de
relevancia constitucional.

Indicó que la sociedad demandante reiteró argumentos que ya había
formulado en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 25000-23-37-000-2015-00808-00/01, pues en la
demanda puso de presente que (i) no estaba de acuerdo con la

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sanción por inexactitud impuesta y que los actos administrativos eran
nulos pues no se interpretaron de manera adecuada los artículos 142
y 143 del Estatuto Tributario; y (ii) no se valoró, dentro del trámite
administrativo de revisión, unos conceptos técnicos con los cuales se
demostraba que la declaración en la renta se realizó conforme a las
particularidades del asunto.

Por lo anterior, expuso que las diferencias interpretativas que existan
entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por
sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario.

7. IMPUGNACIÓN

La sociedad accionante, a través de su representante legal suplente,
presentó impugnación en contra de la decisión de primera instancia,
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la
demanda.

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la
presente controversia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 080 de 2019 en
cuanto señala que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a

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reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto»2.

2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos fijados
en la jurisprudencia para su procedibilidad contra providencias
judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:

 ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta –
Subsección A y el Consejo de Estado – Sección Cuarta, con la
expedición de las sentencias de 2 de mayo de 2019 y 22 de
abril de 2021, que resolvieron el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado número 25000-23-37-
000-2015-00808-01, incurrieron en un defecto fáctico y, por
consiguiente, en la vulneración del derecho fundamental al
debido proceso de la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la tutela contra las providencias judiciales, ii) los requisitos
de procedibilidad, iii) el defecto fáctico y iv) el caso concreto.

2 Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.

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3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.

Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de

3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-

03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth
García González.

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procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:

i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.

ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.

iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia

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que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora.

v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.

vi. Que no se trate sentencias de tutela.

3.2. DEL DEFECTO FÁCTICO

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Sobre el particular la Corte Constitucional4 ha identificado dos
dimensiones en las que puede presentarse:

a. Una dimensión negativa5, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.

4 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-
567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.

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b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.

Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se
presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su
especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis
individual y conjunto de los elementos probatorios»7

En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto, se resuelve la impugnación presentada por la
sociedad Perenco Oil and Gas Colombia Limited, actuando por
conducto de su representante legal suplente, en contra de la
sentencia de 17 de enero de 2022, proferida por el Consejo de Estado
– Sección Tercera – Subsección B, que rechazó por improcedente la
acción de tutela presentada por la parte accionante en contra del

6 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes
Muñoz.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle

Correa.

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Consejo de Estado – Sección Cuarta, por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional.

La parte accionante alega una presunta vulneración de su derecho
fundamental al debido proceso, ocurrida con ocasión de la expedición
de las sentencias de 2 de mayo de 2019 y 22 de abril de 2021,
mediante las cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Cuarta – Subsección A y el Consejo de Estado – Sección
Cuarta, respectivamente, resolvieron el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado número 25000-23-37-000-
2015-00808-01.

Previo a resolver, es necesario señalar que el estudio de los
fundamentos de la acción de tutela de la referencia se centrará en la
sentencia de 22 de abril de 2021, proferida por el Consejo de Estado
– Sección Cuarta, por ser esta la que le puso fin al proceso.

Ahora bien, de los fundamentos del escrito de impugnación, esta Sala
de Subsección considera:

4.1. En primer lugar, se encuentra que la sentencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional; y se tiene, igualmente, que la interposición del
mecanismo se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por
cuanto la última de las providencias cuestionadas se profirió el 22 de
abril de 2021 y la acción de tutela se presentó el 14 de septiembre de
2021. Asimismo, no se trata de irregularidades procesales ni de una
tutela contra tutela.

Sin embargo, contrario a lo señalado por la primera instancia, se
advierte que la pretensión de amparo es de marcada relevancia

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constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de
manera central si la parte accionada incurrió en la violación del
derecho fundamental al debido proceso de la parte accionante y,
además, la causal específica de procedibilidad alegada se encuentra
sustentada en el escrito de tutela.

Por lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia que
rechazó por improcedente la acción de la referencia y, en su lugar, se
realizará un estudio de fondo de los argumentos descritos por la
sociedad accionante.

4.2. En este orden de ideas, de lo consignado en el expediente se
encuentra que la sociedad Perenco Oil and Gas Colombia Limited
alega la configuración de un defecto fáctico en la sentencia de 22 de
abril de 2021, por la indebida valoración probatoria de los
documentos aportados en lo relacionado con la Liquidación Oficial No.
312412013000103 del 20 de noviembre de 2014 y la Resolución No.
900.351 de 12 de noviembre de 2014, que modificó la declaración
privada presentada correspondiente al año gravable 2010.

Frente a ello, de lo consignado en la sentencia acusada, se extrae que
la valoración sí se realizó y que la misma se hizo de conformidad con
lo dispuesto en el Estatuto Tributario y en el Decreto 2649 de 1993,
sobre lo relacionado con la deducción por amortización de inversiones.
A saber:

«Se aclara que en el presente caso se encuentran en discusión las
erogaciones que realizó la demandante en estudios de sísmica,
geología y geofísica por $39.714.500.517 en la etapa de exploración
de hidrocarburos, los cuales fueron registrados en la contabilidad de
la actora, como retiro de propiedad planta y equipo (cuenta del gasto)
deducibles del impuesto sobre la renta. Sin embargo, los actos
demandados rechazaron dicha deducción, ya que se debían registrar

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en la contabilidad como activos diferidos (cargos diferidos) de acuerdo
con el artículo 67 del Decreto 2649 de 1993 y como efecto fiscal se
debió aplicar la deducción por amortización de inversiones del artículo
142 del Estatuto Tributario.

En cuanto a la forma de registro contable de las inversiones en
exploración de hidrocarburos esta Sala en fallo del 10 de octubre de
2018, explicó lo siguiente:

“Tratándose de la industria petrolera, las inversiones amortizables,
pueden estar representadas en costos y gastos necesarios para la
exploración y explotación de yacimientos petrolíferos, que se
amortizan20 para ser deducibles en períodos gravables posteriores a
su realización o causación.

De acuerdo con el artículo 142 del Estatuto Tributario y la técnica
contable, estas inversiones se registran como activos diferidos y así
mismo se declaran fiscalmente.

Según el reglamento general de contabilidad – Decreto 2649 de 1993-
los activos diferidos hacen parte de los activos de la empresa21, y
corresponden a gastos anticipados o bienes y servicios de los cuales
se espera obtener beneficios en otros períodos. Estos rubros se
contabilizaran como activos hasta que el correspondiente beneficio
económico esté total o parcialmente consumido o perdido».

En ese sentido, la Sección Cuarta estimó que las partes se
encontraban de acuerdo en que las erogaciones realizadas fueron en
estudios de sísmica, geología y geofísica en etapa de exploración de
hidrocarburos, dichas inversiones se debían registrar como activos
diferidos en concordancia con el artículo 67 del Decreto 2649 de
1993.

De igual modo, en cuanto a las demás pruebas no valoradas, sí se
efectuó un pronunciamiento sobre ello, señalando que:

«En cuanto a la indebida valoración probatoria alegada por la
demandante, debido a que el Tribunal no tomó en cuenta los
conceptos aportados al expediente para su decisión.

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11229-00
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Se observa en fallo de primera instancia que el Tribunal concluyó lo
siguiente:

“Finalmente, respecto a que no se dio valor probatorio a los conceptos
presentados en la actuación administrativa, emitidos por la
Universidad Externado y por empresas multinacionales, tal y como lo
señaló la entidad demandada, estos no eran vinculantes para la
administración de impuestos, y dado que existía norma aplicables al
caso bajo estudio como ya se indicó, era procedente que tales
documentos no fueran tenidos en cuenta.”

De acuerdo con la explicación del Tribunal la Sala advierte que no
existe una indebida valoración probatoria, porque los conceptos
remitidos por la demandante al expediente no son vinculantes para la
decisión del juez de acuerdo con el artículo 230 de la Constitución
Política […]».

De esta forma, esta Sala de Subsección considera que la
inconformidad que plantea la sociedad accionante no está relacionada
con la valoración en sí del material probatorio obrante en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, sino con la
interpretación realizada por el juez de lo contencioso administrativo.
Situación que excede la órbita del juez constitucional, pues sería
entrar a discutir un análisis hecho en ejercicio del principio de
autonomía que rige las actuaciones judiciales.

Así las cosas, se advierte que las conclusiones a las que llegó la parte
accionada para resolver el caso no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, sino que se basaron en las normas jurídicas aplicables
al asunto y a lo que la jurisprudencia ha señalado para el tema, por lo
que no se encuentra que se haya incurrido en un defecto fáctico, ni en
vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte
accionante.

Es menester recordar que los procedimientos adelantados no pueden
ser revividos a través de la tutela, de manera que se convierta la sede
constitucional en una instancia no consagrada por el ordenamiento

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jurídico para estudiar los argumentos del juez natural, dictaminados
en razón a lo probado dentro de ese proceso y bajo unas
consideraciones y análisis que le sirvieron de soporte.

En este orden de ideas, al no encontrar que las consideraciones a las
cuales arribó el juez ordinario quebranten los derechos fundamentales
de la parte accionante, esta Sala de Subsección revocará la sentencia
de 17 de enero de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección
Tercera – Subsección B, que rechazó por improcedente la acción de
tutela presentada por la sociedad Perenco Oil and Gas Colombia
Limited, actuando por conducto de su representante legal suplente,
en contra del Consejo de Estado – Sección Cuarta; y, en su lugar, se
negarán las pretensiones de la demanda.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

IV. FALLA

PRIMERO.- REVÓCASE la sentencia de 17 de enero de 2022,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B,
que rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por la
sociedad Perenco Oil and Gas Colombia Limited, actuando por
conducto de su representante legal suplente, en contra del Consejo de
Estado – Sección Cuarta. En su lugar:

SEGUNDO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por la sociedad Perenco Oil and Gas Colombia

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Limited, actuando por conducto de su representante legal suplente,
en contra del Consejo de Estado – Sección Cuarta, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

CUARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CON ACLARACIÓN DE VOTO
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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