Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-11229-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2021-11229-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2021-11229-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
10 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C. diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11229-00
Accionante: YADIR ANTONIO TORRES PALACIOS
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN QUINTA Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial / Derechos
fundamentales al debido proceso y a la participación
en la conformación, ejercicio y control del poder
político / Medio de control de nulidad electoral /
Decisión sin motivación y desconocimiento del
precedente / Acto de elección de personero
municipal
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el
señor Yadir Antonio Torres Palacios, actuando a nombre propio, en
contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Consejo
de Estado – Sección Quinta, por la presunta vulneración de derechos
fundamentales ocurrida con ocasión de la expedición de las
providencias de 13 de julio de 2021 y 27 de octubre de 2021,
respectivamente, dictadas dentro del medio de control de nulidad
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11229-00
Ac c i o n a n t e : Y a d i r An t o n i o T o r r e s P a l a c i o s
electoral radicado número 76001-23-33-000-2020-00895-03 y
76001-23-33-000-2020-00835-00 (acumulado).
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la participación en la conformación, ejercicio y control del
poder político se fundamenta en los siguientes:
1. HECHOS
La parte accionante presentó medio de control de nulidad electoral
contra el acto de elección del señor Harold Andrés Cortez Laverde,
producto de la segunda convocatoria que hiciere el Concejo Distrital
de Santiago de Cali para la elección del Personero Distrital para el
periodo 2020-2024, contenido en el Acta de Elección 21.2.1.1-041 de
fecha 27 de febrero de 2020.
La demanda se fundamentó, entre otros cargos, en una presunta falsa
motivación debido a que la Fundación Universitaria del Valle, que
adelantó la fase objetiva de la primera convocatoria, sí era una
entidad idónea para el efecto, según los documentos que soportan su
naturaleza jurídica y creación, que la identifica plenamente como de
aquellas entidades de segundo orden adscrita a la Universidad del
Valle, además de contar con una amplia experiencia en procesos de
selección.
El proceso correspondió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
que, mediante sentencia de 13 de julio de 2021, negó las
pretensiones de la demanda. Los demandantes en el proceso ordinario
presentaron apelación contra dicha decisión, recurso que fue resuelto
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por el Consejo de Estado – Sección Quinta que, a través de
providencia de 27 de octubre de 2021, confirmó lo fallado en primera
instancia.
2. PRETENSIONES
Solicita la parte accionante lo siguiente:
«[…] que se protejan mis derechos fundamentales al debido proceso y
a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político,
que fueron vulnerados mediante dos providencias dictadas dentro del
medio de control de nulidad electoral ante la violación al acceso
efectivo a la administración de justicia a lo largo de la ejecución del
proceso acumulado No. 76001-23-33-000-2020-00835-001 que se
acumuló en el radicado bajo No. Rad. No. 76001-23-33-000-2020-
00895-00 […]». (sic en toda la cita)
3. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Sostiene la parte accionante que el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y el Consejo de Estado – Sección Quinta con la expedición
de las providencias de 13 de julio de 2021 y 27 de octubre de 2021,
respectivamente, incurrieron en:
Decisión sin motivación: por cuanto no se aplicó lo dispuesto
en el artículo 42 del Código General del Proceso, el cual convoca
al juez a someterse al imperio de la ley, teniendo en cuenta,
además, la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la
doctrina. Y en el evento en que se aparte de la doctrina
probable, está obligado a exponer clara y razonadamente los
fundamentos jurídicos que justifican su decisión.
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Sobre ese punto, indica que los cargos que planteó en la
demanda de nulidad electoral no fueron resueltos, por lo que
existe una falta de congruencia entre lo que se consigna en la
sentencia y los argumentos relacionados con la falta de
idoneidad de la institución que realizó el concurso para elección
del personero municipal de Cali.
Desconocimiento del precedente: contenido en el Concepto
de la Sala de Consulta C.E. 00079 de 2006 Consejo de Estado -
Sala de Consulta y Servicio Civil, en el cual se establece que:
«4.3. Ubicación de las personas jurídicas que se conformen en
virtud del artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
Las personas jurídicas que se conformen por la asociación entre
entidades estatales y particulares, cuyo objeto sea el
cumplimiento de actividades relacionadas con los cometidos y
funciones que les asigna la ley son una expresión de la
descentralización y hacen parte de las “demás entidades de
naturaleza especial creadas o autorizadas por la ley”
contempladas en el artículo 38 de la ley 489. Así lo reconoció,
la Corte Constitucional en la sentencia C-230 de 1995, en la
cual, expuso: “Las referidas corporaciones y fundaciones de
participación mixta han sido reconocidas en nuestro derecho
como entidades descentralizadas indirectas, es decir,
constituyen modalidades de la descentralización por servicios.
Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el
Estado en cuanto participan en el cumplimiento de actividades
que constituyen objeto de los cometidos propios de éste, hasta
el punto de que aquél al asociarse a ellas les entrega a título de
aporte o participación bienes o recursos públicos (...)”
En estos términos, al igual que las personas que nacen a la vida
jurídica en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 95 de la ley
489 de 1998, las asociaciones de carácter mixto del artículo 96
ibídem, también tienen el carácter de entidades
descentralizadas indirectas, según lo previsto en los artículos 38
y 68 de la misma ley. De acuerdo con el carácter de entidades
descentralizadas indirectas que ostentan, la Sala considera que
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éstas deberán adscribirse a un organismo o ente del sector
central, pues la conexidad que debe existir entre el objeto de la
misma y las funciones o cometidos de las entidades estatales
que en ella participen, exigen un control directo de los
organismos del nivel central, para de esta manera garantizar la
coherencia de los proyectos que éstas desarrollen con la política
del sector al cual pertenezcan. Lo anterior, sin perjuicio del
control que se ejerza a través de la participación de las
entidades públicas en la dirección de la asociación mixta en los
términos del artículo 109 de la ley 489 de 1998.
En aplicación del artículo 50 ibídem, sus miembros deberán
establecer en el acto de creación el ente u organismo del sector
central del nivel nacional o territorial al cual deberán
adscribirse. Cuando de la asociación hacen parte varias
entidades estatales de diferente naturaleza y orden
administrativo, se deberán ponderar entre ellas, los criterios
generales sugeridos por esta Sala en el capítulo anterior, esto
es, la naturaleza de las funciones administrativas o del servicio
que se otorgue a la persona jurídica, el ámbito donde se
ejercerán dichas funciones o prestar el servicio y la proporción
de la participación de cada entidad».
Esta posición, señala, aún se encuentra vigente dentro del
ordenamiento jurídico, por lo que es un criterio orientador de la
judicatura y un deber de actuar de la administración pública
frente a la naturaleza jurídica de las instituciones o entidades de
cualquier grado adscritas a estas.
4. TRÁMITE PROCESAL
4.1. Mediante auto de 14 de diciembre de 2021, el Consejo de Estado
– Sección Segunda – Subsección A admitió la acción de tutela de la
referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y al Consejo de Estado – Sección Quinta, como accionados, y al
Distrito Municipal de Santiago de Cali, al Concejo Municipal de
Santiago de Cali, a la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, al Instituto
de Prospectiva de la Universidad del Valle, al Ministerio Público y a los
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señores Harold Andrés Cortés Laverde y Carlos Rengifo Velasco, como
terceros interesados en las resultas del proceso, para que ejercieran
su derecho de defensa.
Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.
4.2. De igual modo, a través de auto de 7 de febrero de 2022, se
ordenó vincular a la Fundación Universidad del Valle, como tercero
interesado, para que también rindiera informe.
5. INTERVENCIONES
5.1. El Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante su
presidente, solicitó que se rechace por improcedente la acción de
tutela de la referencia porque ya existe cosa juzgada en relación con
la elección del personero del distrito de Santiago de Cali.
Indicó que desde el año 2020 la parte accionante ha presentado
múltiples acciones en contra del concurso citado, incluyendo una
tutela que fue negada por el Juzgado Diecinueve Administrativo del
Circuito de Cali, situación que va en contra de la naturaleza de esta
herramienta constitucional, más teniendo en cuenta que en el proceso
de selección se cumplieron todas las etapas procesales y no se
vulneraron los derechos fundamentales de las partes.
5.2. La Procuraduría General de la Nación, actuando por conducto
de una asesora grado 24, solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
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5.3. La Universidad del Valle, mediante la Oficina Jurídica de
Rectoría, informó que el Instituto Prospectiva Innovación Gestión del
Conocimiento es un área que pertenece a la Universidad del Valle,
entidad que tiene personería jurídica aparte de la Fundación
Universidad del Valle, quien fue vinculada también a este proceso.
5.4. Las demás partes guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución
Política:
«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces,
en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».1
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales, por la acción u omisión
de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.
1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
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2. PROBLEMA JURÍDICO
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que
el problema jurídico se circunscribe a responder si:
¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos fijados
en la jurisprudencia para su procedibilidad contra providencias
judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de
Estado – Sección Quinta, con la expedición de las providencias
de 13 de julio de 2021 y 27 de octubre de 2021, que resolvieron
el medio de control de nulidad electoral radicado número
76001-23-33-000-2020-00895-03, incurrieron en una decisión
sin motivación y en un desconocimiento del precedente, y por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y a la participación en la conformación,
ejercicio y control del poder político de la parte accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) los
requisitos de procedibilidad, iii) el principio de subsidiariedad, iv) el
desconocimiento del precedente y v) el caso concreto.
3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1. LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
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En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello,
atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, sin importar su linaje, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda
los límites que la carta le impone.
Ahora bien, al ser la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el
ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de
procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el
contexto del proceso.
De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el
principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los
jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia
efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-
03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth
García González.
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Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son:
i. Que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente
relevancia constitucional. Sobre este punto, corresponde al juez
de tutela, señalar de forma clara y precisa las razones por las
cuales el asunto a resolver tiene tal entidad que afecta derechos
fundamentales de alguna de las partes.
ii. Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se
encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro
está, que se busque evitar un perjuicio irremediable.
iii. Que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez. Esto significa que el término de interposición de la
tutela sea “razonable y proporcionado” entre el momento en
que se presentó la presunta vulneración y el tiempo de
presentación de la acción de tutela. Lo anterior, con el fin de
velar por los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.
iv. Que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la
misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la
parte actora.
No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia
C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de
derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de
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pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y
por ello hay lugar a la anulación del juicio.
v. Identificación de la situación fáctica que devino en la
vulneración de derechos: que quien acciona identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible.
vi. Que no se trate sentencias de tutela.
3.2. DEL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de
tutela es un mecanismo subsidiario de protección de los derechos
fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción u omisión de una entidad pública de cualquier índole o de los
particulares, cuya conducta represente una afectación grave a
derechos fundamentales.
Al respecto, el artículo 6°, numeral 1° del Decreto 2591 de 1991
señala dentro de las causales de improcedencia de la tutela, «cuando
existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante», en aras de respetar la división de
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competencias delineada por la carta y el principio de especialidad de
la jurisdicción.
Por lo tanto, el principio de subsidiariedad constituye un requisito
fundamental para la procedibilidad de la acción de tutela, frente a eso
la Corte Constitucional señaló que para que la tutela proceda se debe
cumplir con las exigencias de que el actor: (i) no disponga de otro
medio de defensa judicial para proteger de manera inmediata sus
derechos fundamentales vulnerados; o (ii) que existiendo otro medio
de defensa judicial, se presenten dos eventos: (a) que el mecanismo
no sea idóneo para el amparo de los derechos afectados, de manera
que la tutela los proteja de forma directa; o (b) que la tutela sea un
mecanismo transitorio para que se evite un perjuicio irremediable.3
El Consejo de Estado estableció que la acción de tutela es de
naturaleza residual y subsidiaria, por lo cual para debatir asuntos
propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es
improcedente, porque su objeto se encuentra definido de forma plena
en el artículo 104 del C.P.A.C.A., que le otorga «además de lo
dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las
controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los
que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa».4
3.3. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
3 Consultar Sentencias C-1225 de 2004, SU–544 de 2001, SU-1070 de 2003, T-225 de 1993,
T–1670 de 2000, T-827 de 2003, T-698 de 2004 de la Corte Constitucional, entre otras.
4 Consejo de Estado. Sentencia del 5 de mayo de 2014. Radicación No: 19001-23-33-000-
2014-00061-01. Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no
solamente la igualdad ante la ley sino también la igualdad de
protección y trato por parte de las autoridades y específicamente la
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por parte de las
autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad
jurídica y con ella la certeza en los jueces van a decidir los casos
iguales de la misma forma5.
En ese sentido, el precedente judicial6 es la figura jurídica que sirve
como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en
el ordenamiento, pues no solo hace previsibles las consecuencias
jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la
aplicación del derecho7.
En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido8. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o
no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de Derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber
5 Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de
2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
6 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional
precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas,
anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas
jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.
7 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et
Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266.
8 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios
de transparencia e igualdad”9.
Por otra parte, ha precisado que puede predicarse la existencia de un
precedente, cuando «(i) los hechos relevantes que definen el asunto
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan un caso del pasado; (ii) la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado constituye la pretensión del caso
presente; y (iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una
distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para
su aplicación»10.
No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades
judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales11, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les
impone el deber de señalar una justificación razonable, seria,
suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las
cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que,
en palabras de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del
derecho y los principios de autonomía e independencia que
caracterizan la labor judicial12.
9 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
10 Sentencia T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
11 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un
superior jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el
horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que
resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de
2007.
12 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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4. CASO CONCRETO
En el presente asunto, se resuelve la acción de tutela interpuesta por
el señor Yadir Antonio Torres Palacios, actuando a nombre propio, en
contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Consejo
de Estado – Sección Quinta, por la presunta vulneración de derechos
fundamentales al debido proceso y a la participación en la
conformación, ejercicio y control del poder político, ocurrida con
ocasión de la expedición de las providencias de 13 de julio de 2021 y
27 de octubre de 2021, respectivamente, dictadas dentro del medio
de control de nulidad electoral radicado número 76001-23-33-000-
2020-00895-03 y 76001-23-33-000-2020-00835-00 (acumulado).
Previo a resolver, es necesario señalar que el estudio de los
fundamentos de la acción de tutela de la referencia se centrará en la
sentencia de 27 de octubre de 2021, por ser esta la que le puso fin al
proceso.
Ahora bien, esta Sala de Subsección considera:
4.1. En el presente caso, se advierte que la pretensión de amparo es
de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se contrae
a establecer de manera central si la parte accionada incurrió en la
violación de los derechos fundamentales ya señalados.
Así mismo, no se trata de irregularidades procesales ni de una tutela
contra tutela; y se tiene, igualmente, que la interposición del
mecanismo se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por
cuanto la última de las providencias cuestionadas se profirió el 27 de
octubre de 2021 y la acción de tutela se presentó el 5 de diciembre de
2021.
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Sin embargo, en cuanto a la existencia de otro medio de defensa, se
encuentra que la parte accionante alega que la decisión acusada se
dictó sin motivación, pues existe una falta de congruencia entre lo
que se consigna en la sentencia y los argumentos relacionados con la
falta de idoneidad de la institución que realizó el concurso para
elección del personero del distrito de Santiago de Cali.
Es por ello que esta Sala de Subsección advierte que la controversia
aquí planteada encaja dentro de los supuestos que el CPACA consagra
para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, pues en la
misma es posible alegar la transgresión del principio de congruencia,
que es precisamente el argumento que fundamenta la solicitud de
amparo, con base en la causal de nulidad contenida en el ordinal 5º
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, a saber:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de apelación».
Sobre este punto, si bien no en todos los casos en los cuales el
análisis recaiga sobre la congruencia del fallo es improcedente la
acción de tutela, en el presente asunto no se acredita la amenaza
inminente de los derechos fundamentales de los cuales se pide su
protección, ni tampoco se encuentra que el amparo deba concederse
en este momento procesal al ser un asunto que data de 2020 y no
existe como tal una urgencia que amerite un pronunciamiento de
fondo del juez constitucional.
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Así las cosas, dado que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario que permite reconocer la validez y viabilidad de los medios
y recursos ordinarios de protección judicial como dispositivos
legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos, ese
reconocimiento obliga a los asociados a incoar los recursos
jurisdiccionales con los que cuenten para conjurar la situación que
estimen lesiva de sus derechos.
En ese sentido, es necesario reiterar que la jurisprudencia
constitucional13 ha sido clara en precisar que las personas deben
hacer uso de todos los recursos ordinarios y extraordinarios que el
sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza
o lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido
de la acción de tutela como vía preferente o instancia judicial
adicional de protección.
Frente a esto, si bien la Corte Constitucional14 ha señalado que, aun
cuando existe otro medio de defensa, la acción de tutela puede
proceder de forma excepcional si se acredita un perjuicio
irremediable, también ha dispuesto que este debe cumplir los
siguientes supuestos:
i. Ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que
está por suceder prontamente.
ii. Ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o
moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad.
iii. Porque las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes.
13 Sentencia T-375 de 2018. Corte Constitucional.
14 Sentencia T-828 de 2014. Corte Constitucional.
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iv. Porque la acción de tutela sea impostergable a fin de
garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social
justo en toda su integridad.
De tal modo, al no comprobarse la existencia de un perjuicio
irremediable, no resulta procedente un estudio de fondo de la causal
específica de procedibilidad de decisión sin motivación cuando la parte
accionante no hizo uso de los medios de defensa judicial que son
idóneos y efectivos para obtener el amparo de las pretensiones aquí
planteadas, por lo que se rechazará por improcedente la tutela en lo
relacionado con este punto.
4.2. Por otro lado, el señor Torres Palacios alega la configuración de
un desconocimiento del precedente fijado en el Concepto Sala de
Consulta C.E. 00079 de 2006 Consejo de Estado - Sala de Consulta y
Servicio Civil, en el cual se establece que:
«4.3. Ubicación de las personas jurídicas que se conformen en virtud
del artículo 96 de la Ley 489 de 1998.
Las personas jurídicas que se conformen por la asociación entre
entidades estatales y particulares, cuyo objeto sea el cumplimiento de
actividades relacionadas con los cometidos y funciones que les asigna
la ley son una expresión de la descentralización y hacen parte de las
“demás entidades de naturaleza especial creadas o autorizadas por la
ley” contempladas en el artículo 38 de la ley 489. Así lo reconoció, la
Corte Constitucional en la sentencia C-230 de 1995, en la cual,
expuso: “Las referidas corporaciones y fundaciones de participación
mixta han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades
descentralizadas indirectas, es decir, constituyen modalidades de la
descentralización por servicios. Por lo tanto, son entes que poseen
una vinculación con el Estado en cuanto participan en el cumplimiento
de actividades que constituyen objeto de los cometidos propios de
éste, hasta el punto de que aquél al asociarse a ellas les entrega a
título de aporte o participación bienes o recursos públicos (...)”
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En estos términos, al igual que las personas que nacen a la vida
jurídica en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 95 de la ley 489 de
1998, las asociaciones de carácter mixto del artículo 96 ibídem,
también tienen el carácter de entidades descentralizadas indirectas,
según lo previsto en los artículos 38 y 68 de la misma ley. De acuerdo
con el carácter de entidades descentralizadas indirectas que ostentan,
la Sala considera que éstas deberán adscribirse a un organismo o ente
del sector central, pues la conexidad que debe existir entre el objeto
de la misma y las funciones o cometidos de las entidades estatales
que en ella participen, exigen un control directo de los organismos del
nivel central, para de esta manera garantizar la coherencia de los
proyectos que éstas desarrollen con la política del sector al cual
pertenezcan. Lo anterior, sin perjuicio del control que se ejerza a
través de la participación de las entidades públicas en la dirección de
la asociación mixta en los términos del artículo 109 de la ley 489 de
1998.
En aplicación del artículo 50 ibídem, sus miembros deberán establecer
en el acto de creación el ente u organismo del sector central del nivel
nacional o territorial al cual deberán adscribirse. Cuando de la
asociación hacen parte varias entidades estatales de diferente
naturaleza y orden administrativo, se deberán ponderar entre ellas,
los criterios generales sugeridos por esta Sala en el capítulo anterior,
esto es, la naturaleza de las funciones administrativas o del servicio
que se otorgue a la persona jurídica, el ámbito donde se ejercerán
dichas funciones o prestar el servicio y la proporción de la
participación de cada entidad».
Al respecto, de los argumentos que fundamentaron la decisión
tomada por el Consejo de Estado – Sección Quinta, se encuentra que,
para efectos de precisar las reglas para establecer cuando una entidad
se especializa en proceso de selección, sí se aplicó jurisprudencia
vigente de esta corporación que señala que debe (i) existir en sus
estatutos, el certificado de existencia y representación legal y demás
documentos de constitución, se contempla como objeto social la
realización de concursos de méritos, y (ii) que la experiencia en este
tipo de actividades solo tendrá efectos jurídicos si el objeto social así
lo habilita, de manera que por sí sola no es indicativo de cumplir el
requisito de idoneidad.
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Sobre ello, se usaron los precedentes fijados en los expedientes
radicados números 08001-23-33-000-2020-00139-01 y 08001-23-33-
000-2020-00139-01, estudiados por el Consejo de Estado, indicando
lo siguiente:
«Ahora bien, en la sentencia del 8 de junio de 201715, esta Sala
estableció el criterio según el cual, de acuerdo con la disposición del
artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 “que el concejo municipal
tiene a su cargo la elección de los personeros incluida la realización
del concurso de méritos, pero esta última fase puede efectuarla a
través de: i) universidades, ii) instituciones de educación superior ya
sean públicas o privadas o iii) entidades especializadas en la selección
de personal. Es decir, la corporación pública está en la capacidad de
escoger si realiza el concurso directamente o a través de las entidades
antes descritas.”
En este pronunciamiento, se hizo la precisión en cuanto a que “una
“entidad especializada en procesos de selección de personal” es
aquella persona jurídica privada o pública, que tenga dentro de su
objeto social la realización, apoyo o gestión a procesos de selección
de personal. (…)”
La Sala reiteró la tesis expuesta de manera reciente mediante la
sentencia del 6 de mayo de 202116, donde se precisaron las siguientes
reglas para establecer cuando una entidad se especializa en procesos
de selección:
“Definición:
De cara a la ausencia de una noción normativa, este tipo de órganos
han sido entendidos como aquellas personas jurídicas privadas o
públicas que tienen “…dentro de su objeto social la realización, apoyo
o gestión a procesos de selección de personal.”
Método para la identificación:
Se parte del estudio del objeto social consagrado en los
estatutos de la sociedad, en sus certificados de existencia y
representación legal y, en general, en los documentos que
contemplan la creación y constitución de las personas jurídicas
que acompañan los procesos de selección de personeros.
15 Exp: 76001-23-33-000-2016-00233-01.
16 Exp: 08001-23-33-000-2020-00139-01.
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En este punto, huelga a aclarar que la jurisprudencia de la Sala ha
precisado que, sin importar la experiencia de estas sociedades,
el punto de inflexión para la determinación de su naturaleza se
encuentra siempre en su objeto social.
Así, en reciente decisión de 25 de marzo de 2021, esta Judicatura
expuso:
“La Sala no desconoce que en el expediente obran los elementos de
juicio que demuestran que anteriormente la sociedad adelantó
procedimientos para la elección de personeros en cuatro municipios
del departamento de Norte de Santander.
Sin embargo, es criterio de esta Corporación que la experiencia que la
firma asesora pueda tener en este tipo de concursos, cuando la
actividad no está contemplada en su objeto social, no es suficiente
para tener por cumplido el requisito previsto en el artículo 2.2.27.1
del Decreto 1083 de 2015 para la selección de personal.
Como lo reiteró la Sala en la ya citada sentencia de marzo cuatro del
año en curso, dictada al resolver un caso similar, es claro que “[…] la
experiencia por haber adelantado otros concursos de méritos no suple
la exigencia legal de la cualificación de especializada que debe
predicarse respecto de quien pretende apoyar al cabildo con el
desarrollo e implementación del concurso […]”.
De esta manera, la Sección erige una relación inexorable de acuerdo
con la cual, la experiencia en actividades de selección de
personal solo tendrá efectos jurídicos, cuando se logra
demostrar que la entidad que ha asesorado la puesta en
marcha del concurso de méritos cuenta con la habilitación para
ello de conformidad con las previsiones expresas de su objeto
social que, en el caso de las personas jurídicas, determinan su
capacidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 99 del Código de
Comercio:
“La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la
empresa o actividad prevista en su objeto. Se entenderán incluidos en
el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los
que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y
actividad de la sociedad.”».
Asimismo, en cuanto a la idoneidad del Instituto de Prospectiva de la
Universidad del Valle, el Consejo de Estado indicó:
«Con base en estos elementos, entiende la Sala que el desarrollo del
concurso de méritos que culminó con la elección del personero de Cali
estuvo a cargo de la Universidad del Valle, precisamente en ejecución
del citado acuerdo de voluntades.
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No se debe perder de vista que el convenio no se celebró con el
Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle, por lo que no son
de recibo los reparos tendientes a cuestionar su idoneidad, pues
resulta ser un aspecto irrelevante de cara al juicio de legalidad que
ocupa a la Sala.
El hecho de que la institución de educación superior haya desplegado
parte de las actuaciones por conducto de una de sus unidades
académicas, como es la Facultad de Ciencias de la Administración, no
desvirtúa que haya sido la Universidad del Valle la que llevó a cabo el
procedimiento.
La asignación de actividades al Instituto de Prospectiva hace parte de
las decisiones que desde la perspectiva de la organización interna
puede adoptar la entidad educativa, en ejercicio de su autonomía,
para cumplir la labor que tenía a cargo en esta materia, y en todo
caso la responsabilidad por un eventual incumplimiento del convenio
recaerá exclusivamente en las partes que lo suscribieron.
En este orden de ideas, considera la Sala que la evaluación de la
idoneidad para el desarrollo de procesos de selección de personal
debe hacerse respecto de la Universidad del Valle como persona
jurídica que asumió la realización del concurso.
Lo anterior desvirtúa los reparos de los apelantes en punto a
cuestionar la idoneidad del Instituto de Prospectiva, comoquiera que
el juicio de legalidad respecto de la contratación para la gestión de la
convocatoria debe efectuarse frente a la institución con la que se haya
pactado el apoyo del proceso de selección, al margen del organismo
de la estructura interna con la que se haya materializado el
concurso».
Así las cosas, se advierte que las conclusiones a las que llegó la parte
accionada para resolver el caso no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, sino que se basaron en las normas jurídicas aplicables
al asunto y a lo que la jurisprudencia ha señalado para el tema, por lo
que no se encuentra que se haya incurrido en un desconocimiento del
precedente, ni en vulneración alguna de los derechos fundamentales
de la parte accionante.
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Es menester recordar que los procedimientos adelantados no pueden
ser revividos a través de la tutela, de manera que se convierta la sede
constitucional en una instancia no consagrada por el ordenamiento
jurídico para estudiar los argumentos del juez natural, dictaminados
en razón a lo probado dentro de ese proceso y bajo unas
consideraciones y análisis que le sirvieron de soporte.
En este orden de ideas, al no encontrar que las consideraciones a las
cuales arribó el juez ordinario quebranten los derechos fundamentales
de la parte accionante, esta Sala de Subsección en lo relacionado con
el desconocimiento del precedente negará el amparo solicitado
mediante la acción de tutela presentada por el señor Yadir Antonio
Torres Palacios, actuando a nombre propio, en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y del Consejo de Estado – Sección
Quinta.
En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO.- RECHÁZASE POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
presentada por el señor Yadir Antonio Torres Palacios, actuando a
nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y del Consejo de Estado – Sección Quinta, en lo relacionado
con la decisión sin motivación, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO.- NIÉGASE el amparo solicitado mediante la acción de
tutela presentada por el señor Yadir Antonio Torres Palacios, actuando
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a nombre propio, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y del Consejo de Estado – Sección Quinta, frente al
desconocimiento del precedente alegado, siguiendo lo dispuesto en la
parte considerativa.
TERCERO.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.
CUARTO.- De no ser impugnada la decisión, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO.- REGÍSTRASE la providencia en la plataforma SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
de la fecha.
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
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