Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06283-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06283-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-06283-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
1 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., primero (1º) de abril de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06283-01
Demandante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A, Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Myriam Clariza Moyano
Silva, contra la sentencia del 6 de diciembre de 2021, proferida por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, por medio de la cual (i) declaró
improcedente la solicitud de amparo respecto del desconocimiento del precedente
y de la decisión judicial sin motivación y (ii) accedió a las pretensiones, en lo
concerniente al defecto de error inducido, dejó sin efectos la sentencia del 4 de
marzo de 2021 y le ordenó a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, que profiriera una nueva providencia con fundamento en lo allí expuesto.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 17 de septiembre de 20211, el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y a la tutela judicial efectiva, con ocasión de las sentencias
proferidas el 2 de junio de 2016 y el 4 de marzo de 2021, dentro del proceso de
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Se advierte que, el 9 de marzo de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06283-01
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de
Sanidad Militar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2013-04901-
00/01. Formuló las siguientes pretensiones:
1. Se amparen los derechos fundamentales constitucionales al DEBIDO
PROCESO y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA a favor de la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE
SANIDAD MILITAR, al acreditarse las causales generales y específicas de
procedibilidad contra providencia judicial por configurarse los defectos de error
inducido, desconocimiento del precedente y decisión sin motivación, con el fin
de evitar un perjuicio irremediable para la administración ante el posible
detrimento patrimonial que se derivaría al tener que pagar dos (2) créditos
judicialmente reconocidos que presentan identidad fáctica y jurídica en favor de
una misma persona.
2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin efectos la sentencia de radicado
No. 25000-2342-000-2013-04904-00 del dos (02) de junio de 2016, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección B y Sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de
Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda -
Subsección A, radicado No. 25000-2342-000-2013-04904-01 (1005-2017) del
cuatro (4) de marzo de 2021, demandante: Myriam Clariza Moyano Silva,
demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de
Sanidad Militar, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
3. Se ordene proferir nuevamente sentencia que acoja los argumentos
señalados en la presente acción constitucional y las declaraciones y condenas
contenidas en la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Segunda – Subsección “F” Sala de Descongestión de
fecha 31 de julio de 2014, corregida con providencia el 29 de enero de 2015.
4. Las demás que el despacho considere necesarias para garantizar el amparo
de los derechos conculcados.
1.2. Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:
• Primer proceso judicial: radicado 25000-23-25-000 2005-07874-00/01/02.
La señora Myriam Clariza Moyano Silva presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional, a fin de que se le reconociera la prima de actividad y el subsidio
familiar, previstos en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, con efectos a partir
del 1º de febrero de 1996, fecha en que se vinculó a la Oficina del Comisionado para
la Policía Nacional.
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Demandante: Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de
Sanidad Militar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
El Juzgado 19 Administrativo de Bogotá, en sentencia del 3 de junio de 2011,
desestimó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la demandante
no era beneficiaria del régimen establecido en el Decreto 1214 de 1990. La decisión
fue revocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia
del 31 de julio de 2014, para, en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda,
ordenar el reconocimiento de la prima de actividad, el subsidio familiar en un 30% y
la reliquidación de las prestaciones sociales con inclusión de dichos factores.
El Ministerio de Defensa Nacional, mediante Resolución 1522 del 12 de noviembre
de 2019, dio cumplimiento a la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
• Segundo proceso judicial: 25000-23-42-000-2013-04904-00/01
Posteriormente, la señora Myriam Clariza Moyano Silva instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional, a fin de que se le reconocieran las partidas contempladas en el artículo
102 del Decreto 1214 de 1990: la prima de actividad, el subsidio familiar y la prima
de servicios de los quince años, con fundamento en que laboró al servicio de la
Oficina del Comisionado para la Policía Nacional y luego fue incorporada a Sanidad
Militar.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 2 de junio de 2016,
accedió a las pretensiones de la demanda y, como consecuencia, ordenó el pago
de la prima de actividad prevista para el personal civil, reliquidar las prestaciones
sociales devengadas y realizar los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones. De otra parte, negó la pretensión del subsidio familiar y la prima de
servicios.
La sentencia fue apelada y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
en providencia del 4 de marzo de 2021, la modificó para ordenar que se le
reconociera la prima de actividad, el subsidio familiar, respecto de la señora Moyano
Silva y su hija, y la prima de servicios. Así mismo, negó el reconocimiento del
subsidio familiar respecto de los señores Luis Alejandro Carvajal Pardo y de Luis
Felipe Castillo Ardila, porque no acreditó las uniones maritales de hecho con esas
personas.
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Sanidad Militar
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Subsección A, y otro
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1.3. Argumentos de la tutela
Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en
los siguientes defectos:
1.3.1. Error inducido, derivado de la existencia de cosa juzgada, dado que la
beneficiaria Myriam Clariza Moyano Silva omitió poner en conocimiento de las
autoridades judiciales accionadas el contenido de la sentencia proferida en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2005-07874, y que
presenta identidad fáctica y jurídica respecto de las pretensiones que,
posteriormente, formuló en el proceso con radicado 2013-04904.
En resumen, explicó que la beneficiaria demandó en dos oportunidades el reajuste
y reliquidación de la asignación básica con la inclusión de las partidas contenidas
en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990, con iguales supuestos fácticos y
jurídicos, razón por la cual se configuró la existencia de cosa juzgada.
1.3.2. Desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de unificación
SUJ-CE-S2- de 2019, proferida el 12 de diciembre por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la que se unificaron las reglas relacionadas con el régimen
salarial y prestacional del personal civil que fue incorporado a la planta global del
Ministerio de Defensa.
Que, de conformidad con dicho precedente, la decisión judicial cuestionada debió
considerar que el empleado tiene derecho únicamente asignación básica fijada por
el Gobierno Nacional para los empleados civiles no uniformados del Ministerio de
Defensa Nacional, pero no a las partidas del régimen especial contenido en el
Decreto 1214 de 1990.
1.3.2. Decisión sin motivación, en lo concerniente a la orden de reajuste y pago
de los aportes a la seguridad social en pensiones, por concepto de las partidas
salariales reconocidas, puesto que en ninguna de las dos instancias se argumentó
la razón de esa decisión.
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2. Trámite impartido e intervenciones
2.1 Mediante auto del 20 de septiembre de 2021, la Sección Tercera, Subsección
B, del Consejo de Estado, por intermedio del magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia, (i) admitió la acción de tutela contra la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección B de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; (ii) ordenó vincular a la señora
Myriam Clariza Moyano Silva, al Juzgado 19 Administrativo de Bogotá y a la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
como terceros con interés, y (iii) dispuso que fueran notificados a fin de que
rindieran el informe correspondiente.
2.2. El abogado Darío Caro Meléndez presentó informe de oposición a las
pretensiones de la tutela, sin embargo, no aportó poder conferido por la señora
Myriam Clariza Moyano Silva.
2.3. El consejero ponente de la sentencia cuestionada señaló que los hechos y
fundamentos alegados por la entidad demandante no fueron propuestos en el
proceso ordinario y ni siquiera en el recurso de apelación.
De otra parte, alegó que la tutela era improcedente, por cuanto en la sentencia del
4 de marzo de 2021 se aplicaron las normas y la jurisprudencia acordes con la
situación fáctica planteada en la demanda. Dijo, además, que lo pretendido por la
entidad es revivir la discusión probatoria y el análisis jurídico agotados en las
respectivas instancias.
Finalmente, señaló que la orden de pago de los aportes a la seguridad social era
procedente porque es la ley la que impone dicha obligación al empleador y, en
consecuencia, era dable ordenar que se efectuaran las respectivas cotizaciones al
sistema de seguridad social.
2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
3. Fallo impugnado
La Sección Tercera, Subsección B, de esta Corporación, mediante fallo del 6 de
diciembre de 2021, (i) declaró improcedente la solicitud de amparo respecto del
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desconocimiento del precedente y de la decisión sin motivación alegados y (ii)
concedió el amparo solicitado, en lo concerniente al defecto de error inducido.
Como consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 4 de marzo de 2021, para
que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profiriera una
nueva providencia con fundamento en la motivación de la tutela.
En síntesis, el a quo sostuvo que las autoridades judiciales accionadas decidieron
el proceso 2013-4904 con desconocimiento de la existencia de otro proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2005-07874, error que no
podía atribuirse a los funcionarios judiciales, sino a la parte que ocultó dicha
información.
4. Impugnación
La señora Myriam Clariza Moyano Silva, por intermedio de apoderado judicial,
impugnó la anterior decisión, por considerar que no existe identidad en los dos
procesos respecto de los cuales se aduce la configuración de cosa juzgada.
Para tal efecto, explicó que el segundo proceso –el de radicado 2013-04904–
incluyó pretensiones que no fueron propuestas en el anterior, porque la
demandante cumplió más de 15 años de servicios, por lo cual era beneficiaria de la
prima de antigüedad prevista en el artículo 46 del Decreto 1214 de 1990; además,
se incluyó otro periodo de vinculación laboral que no se debatió en la demanda
inicial, así como los aportes pensionales. Añadió que lo que existe es una
confirmación de los derechos reclamados por la beneficiaria y no una vía de hecho.
Argumentó que no existe detrimento patrimonial ni perjuicio irremediable respecto
de la entidad accionante, pues los argumentos propuestos eran del resorte de otros
procesos, como el ejecutivo, que ella puede iniciar para exigir el pago de las sumas
de dinero reconocidas en los fallos de nulidad y restablecimiento del derecho.
Por último, reiteró que no existía identidad de objeto, porque se incluyeron
pretensiones relacionadas con nuevos derechos y periodos que no se habían
reclamado.
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Sentencia de tutela de segunda instancia
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20122, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de
algún derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.
Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
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Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
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decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos3, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional».
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Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial
mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.
2. Problema Jurídico
Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 6 de diciembre de 2021 por la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado.
Para ello, en los términos de la impugnación, se examinará si se encuentra
descartado el defecto de error inducido ante la inexistencia de los elementos que
configuren la existencia de cosa juzgada o si, por el contrario, hay elementos que
permitan inferir que sí se incurrió en el vicio hallado por el fallador de primera
instancia.
3. Análisis de la Sala
Esta Sala comparte plenamente los argumentos del a quo en los que sostiene que
la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de la relevancia
constitucional por falta de carga argumentativa respecto de los defectos de
desconocimiento del precedente y decisión sin motivación, que fueron declarados
improcedentes.
También coincide en que, en lo concerniente al error inducido, sí se reúnen los
presupuestos para su estudio, punto sobre el cual ni siquiera existen discrepancias
de las partes; de ahí que el examen se centre en determinar si hay elementos que
permitan suponer, prima facie, la configuración de cosa juzgada, al punto que
justifique la tesis de amparar los derechos fundamentales de la entidad accionante,
por presentarse un error inducido.
Como se sabe, la cosa juzgada es una institución prevista para impedir que se
prolonguen de manera indefinida discusiones ante la jurisdicción. Es un reflejo de la
garantía de seguridad jurídica, que promueve el respeto por las decisiones judiciales
y la estabilidad de las situaciones consolidadas al amparo del derecho. No se
justifica ni tiene razón de ser un Estado en el que las decisiones judiciales, una vez
agotadas las instancias y los recursos previstos por el legislador, puedan someterse
a revisión permanente y a perpetuidad de los jueces, por la mera inconformidad de
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las partes, al punto de generar decisiones contradictorias o pretender a toda costa
obtener una decisión favorable a sus intereses.
En principio, la cosa juzgada pone punto final a las controversias que deciden un
litigio o un asunto contencioso, sin perjuicio de circunstancias que la relativizan; tal
es el caso de algunas decisiones derivadas del recurso extraordinario de revisión,
de la tutela contra providencia judicial o el mismo debilitamiento de la cosa juzgada
– constitucional– en el control abstracto de constitucionalidad, o de procesos que
solamente hacen tránsito a cosa juzgada formal en los términos previstos en el
artículo 304 del Código General del Proceso4.
A pesar de que esta figura no es absoluta, en cada caso se debe examinar si, en
efecto, relucen los elementos que le dan vida, esto es, si en dos procesos –uno en
firme y el otro pendiente de decisión –confluyen (ii) identidad jurídica de partes, (ii)
identidad de causa e (iii) identidad de objeto, según se desprende del artículo 303
del Código General del Proceso, que consagra los tres elementos concurrentes de
la cosa juzgada.
De manera que el juez natural es el que tiene la competencia para definir, en primer
lugar, si un asunto que le ha sido presentado para su resolución ya fue decidido por
él o por otra autoridad judicial y si, como consecuencia de ello y de la intangibilidad
de una decisión ejecutoriada, le esté vedado un nuevo juicio.
Ello no impide que, si al juez se le sustrajo de esa discusión, y ante la inexistencia
de otros mecanismos judiciales para su escrutinio, se pueda conjurar la afectación
por vía de la acción tutela, pues, según lo expuso el a quo y lo constatado por esta
Subsección, se configuró el error inducido no atribuible a las accionadas, por el
desconocimiento de la existencia de dos procesos en los que confluye la triple
identidad referida.
4
ARTÍCULO 304. SENTENCIAS QUE NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA. No constituyen cosa
juzgada las siguientes sentencias:
1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria, salvo las que por su naturaleza no sean
susceptibles de ser modificadas.
2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por
autorización expresa de la ley.
3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso
al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento.
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De suerte que, revisadas las sentencias proferidas dentro de los radicados 2005-
07874- y 2013-004904, la Sala advierte la concurrencia objetiva de elementos que
generan un principio de discusión sobre la eventual existencia, por lo menos, de una
cosa juzgada parcial, en virtud de la aparente identidad jurídica de las partes, el
reclamo de las prestaciones y emolumentos amparados en una misma disposición
normativa –Decreto 1214 de 1990–, y con fundamento en el derecho a la aplicación
del régimen especial del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional. Por tanto,
es imprescindible que el juez ordinario sea quien examine una situación que
desconoció por completo, no por incuria, se insiste, sino porque ignoraba la
existencia de dos procesos con conexidad y proximidad de elementos de la triple
identidad que pregona la cosa juzgada. Veamos.
Proceso de nulidad y 25000-23-25-000-2005- 25000-23-42-000-2013-
restablecimiento del derecho 07874-00 04904-00
Demandante (parte jurídica) Myriam Clariza Moyano Myriam Clariza Moyano
Silva Silva
Demandada (parte jurídica) Nación - Ministerio de Nación - Ministerio de
Defensa Nacional Defensa Nacional
Pretensiones (objeto) a) Reconocimiento y pago a) Reconocimiento y pago
de las prestaciones de las prestaciones
contenidas en el Decreto contenidas en el Decreto
1214 de 1990, así: 1214 de 1990, así:
-Prima de actividad -Prima de actividad
Subsidio familiar Subsidio familiar
-prima de actividad de 15
b) Reajuste de los años
haberes salariales con b) Reajuste de las
inclusión de la prima de prestaciones sociales con
actividad y el subsidio incidencia de los
familiar. emolumentos concedidos
c) Aportes al sistema de
seguridad en pensiones
d) inclusión en nómina
Hechos y argumentos Argumentó que por ser Afirmó tener derecho a la
(Causa petendi) empleada de la Oficina remuneración y factores
del Comisionado para la previstos en el Decreto
Policía Nacional tiene 1214 de 1990 por haber
derecho a la aplicación laborado en la planta de
del régimen previsto para personal civil no
el personal civil del uniformado del Ministerio
Ministerio de Defensa de Defensa Nacional, en la
contenido en el Decreto Oficina del Comisionado
1214 de 1990. para la Policía Nacional y
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Demandante: Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de
Sanidad Militar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
en la Dirección de Sanidad
Militar.
Según puede apreciarse, en los procesos en discusión concuerdan varios
presupuestos que le dan seriedad a un debate sobre la configuración de la cosa
juzgada, labor en la cual no puede el juez de tutela usurpar la competencia de los
jueces ordinarios, concretamente del que definió el litigio en la sentencia de segunda
instancia, y declarar si se presentó o no la cosa juzgada. Lo cierto es que hay
elementos que exigen un pronunciamiento judicial sobre el particular, pues se trata
de una circunstancia completamente omitida a lo largo del segundo proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Myriam Clariza
Moyano Silva, lo que llevó a que se incurriera en el vicio de error inducido.
Ahora bien, esta Subsección no comparte el argumento de la impugnación de que
ese debate puede surtirse en el proceso ejecutivo, en caso de que la beneficiaria
decida exigir el cumplimiento judicial de las obligaciones reconocidas en las
sentencias; de una parte, porque el examen de la cosa juzgada no puede depender
de si la demandante decide iniciar una ejecución para el cobro de dos acreencias
reconocidas en diferentes procesos ordinarios y, de otra, porque no es el proceso
ejecutivo, en principio, el medio idóneo para analizar la existencia de cosa juzgada
respecto de dos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, pues su
finalidad es obligar a la satisfacción del derecho cierto e insatisfecho del acreedor
reconocido previamente.
Por último, la Sala reprocha a la señora Moyano Silva y su apoderado, que no es la
vinculación e impugnación a la tutela el momento ideal para explicar y refutar la
existencia o no de la cosa juzgada. Si bien esta no ha sido declarada judicialmente,
porque tal labor le corresponderá definirla al juez de segunda instancia del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2013-0404-01, al proferir la
sentencia que dé cumplimento a los fallos de tutela, el principio de lealtad procesal
y el deber de transparencia exigían que desde el inicio del segundo proceso se
pusiera en conocimiento la decisión judicial previa y justificar, si era del caso, su
teoría sobre la ausencia de cosa juzgada, y no esperar a que se formulara una
tutela, para ahora sí tratar de aclarar que dicho fenómeno no se configuró, entre
otros argumentos, porque se le negaron previamente algunas pretensiones.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06283-01
Demandante: Ministerio de Defensa Nacional - Dirección de
Sanidad Militar
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y otro
Sentencia de tutela de segunda instancia
Que quede claro: la cosa juzgada no depende, como erradamente sugiere la
beneficiaria, de que no se hubiese accedido a la totalidad de los emolumentos
reclamados con anterioridad, sino de la presencia de los elementos que exige el
artículo 303 del CGP para su configuración, lo que, en todo caso, deberá determinar
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de
reemplazo.
Lo hasta aquí señalado es suficiente para confirmar la sentencia impugnada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Confirmar la sentencia del 6 de diciembre de 2021, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por
el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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