Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04904-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2013-04904-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2013-04904-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
3 de noviembre de 2022
1
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04904-01 (1005-2017)
Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 25000-23-42-000-2013-04904-01 (1005-2017)
Demandante: MYRIAM CLARIZA MOYANO SILVA
Demandado: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sala procede a dar cumplimiento a la sentencia de tutela del 6 de diciembre de
2021 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación,
dentro del expediente con radicación 11001-03-15-000-2021-06283-00, mediante
la cual i) amparó el derecho fundamental al debido proceso de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, por
encontrar configurado el defecto de error inducido; ii) dejó sin efectos la sentencia
de 4 de marzo de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-
04904-01; y iii) ordenó a esta Sala dictar una nueva sentencia, en la que se
observen los lineamientos de la providencia de tutela. Dicha decisión fue
confirmada mediante providencia del 1.° de abril de 2022, emitida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
La señora Myriam Clariza Moyano Silva, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones2:
1. Declarar la nulidad parcial de los siguientes Oficios expedidos por el Ministerio
de Defensa Nacional, mediante los cuales se denegó la petición de la
demandante tendiente a obtener las prestaciones contempladas en el Decreto
1214 de 1990, en lo relativo a la prima de actividad y el subsidio familiar:
• 76524 MDVEPDPPSEGPP-1.10 del 24 de agosto de 2011;
• 7549 MDVEPDPPGPP-1.10 del 27 de enero de 2012;
• 16156 MDVEDPDPPPPGPP-10 del 23 de febrero de 2012;
• 16159 MDVEDPDPPPPGPP-10 del 23 de febrero de 2012;
• 53944 MDNSGDALGNG-.10 del 13 de junio de 2012; y
• 60404 MDNSGDALGNG-1.10 del 29 de junio de 2012.
1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», o
CPACA.
2 Folios 36 a 37.
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Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó ordenar a la entidad
demandada reconocer y pagar a favor de la señora Myriam Clariza Moyano
Silva, la prima de actividad, el subsidio familiar, así como todos los demás
haberes laborales que están consagrados en beneficio del personal civil no
uniformado adscrito a las dependencias del Ministerio de Defensa, conforme al
Título III del Decreto 1214 de 1990, esto desde la fecha de su vinculación a
dicho organismo y hasta la data de retiro efectivo del servicio, y que tales
sumas sean actualizadas al momento del pago, con la inclusión en nómina de
los mencionados haberes.
3. Conminar al Ministerio de Defensa Nacional a: i) realizar el giro de los aportes
pensionales actualizados, en razón de los conceptos prestacionales
deprecados, al fondo de pensiones al que se encuentra afiliada la
demandante; ii) liquidar las sumas adeudadas conforme a los artículos 176 a
178 del CPACA, con el reconocimiento de los intereses moratorios de que
trata la sentencia C-188 de la Corte Constitucional; y iii) condenar en costas.
Supuestos fácticos relevantes indicaos en la demanda3:
1. La señora Myriam Clariza Moyano Silva se desempeñó en la Oficina del
Comisionado para la Policía y posteriormente, fue reubicada en la Dirección de
Sanidad Militar.
2. La demandante ha sostenido un vínculo matrimonial con el señor Luis
Alejando Carvajal y tienen una hija que, para la época de la reclamación
administrativa era menor de edad.
3. La libelista presentó peticiones ante el Ministerio de Defensa, con el fin de que
dicha entidad reconociera y pagara a su favor las prestaciones previstas en el
Decreto 1214 de 1990 para el personal civil de la entidad, específicamente la
prima de actividad, el subsidio familiar y los demás emolumentos
contemplados en aquella norma con su correspondiente reajuste de valor, el 9
de junio de 2011, el 24 de enero de 2012, el 1.°, 10 y 17 de febrero de 2012.
4. Las anteriores solicitudes fueron resueltas de forma negativa a través de los
actos administrativos demandados.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la
prueba4. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma,
de la contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó que la entidad demandada contestó de forma
extemporánea y tampoco se advertía alguna para resolver.5
3 Folios 37 a 40.
4 Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015). EJRLB.
5 Folio 207 y cd visible a folio 209.
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Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Problemas jurídicos: Principales: a) si le asiste derecho a la demandante
como servidora de la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional y de la
Dirección de Sanidad Militar, al reconocimiento de las prestaciones sociales previstas
en el decreto-ley (sic) 1214 de 1990, específicamente, la prima de actividad y subsidio
familiar, b) si le asiste derecho a la reliquidación de las prestaciones devengadas por
la incidencia de las referidas primas, c) en caso afirmativo desde cuándo. Problema
jurídico asociado. Se contrae a establecer: a) el régimen salarial y prestacional de los
servidores de la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional y de los servidores
de la Sanidad Militar b) si es procedente inaplicar en este caso el artículo 56 de la ley
(sic) 352 de 1997. El apoderado de la parte actora indicó que pide las primas del
decreto (sic) 1214 de 1990, que incluye la prima de servicios por 15 años. El
magistrado indicó que queda adicionada. Sin más objeciones.6». (Negrillas del texto
original).
SENTENCIA APELADA7
El a quo profirió sentencia escrita el 2 de junio de 2016, por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
En primer lugar, al verificar el caso puntual de la libelista, planteó que pudo
demostrarse en el expediente que aquella prestó sus servicios mediante una
relación legal y reglamentaria con el Ministerio de Defensa en la oficina del
comisionado de la Policía Nacional, desde el 1.° de febrero de 1996 hasta el 30
de febrero de 2007, tiempo durante el cual su situación fáctica salarial y
prestacional se encontraba regida por el Decreto 1810 de 1994 y, por tanto, le
resultaba aplicable el régimen previsto en el Decreto 1214 de 1990.
En segundo término, en lo atinente a la procedencia del reconocimiento del
subsidio familiar, el a quo aseveró que si bien se acreditaba el hecho de que la
demandante convivió con el señor Luis Alejandro Carvajal Pardo, unión que
finalizó en el año 2012, y que posteriormente, a partir de 2013 empezó a convivir
con Luis Felipe Castillo Ardila, así como el hecho de que en 1984 tuvo una hija, lo
cierto es que el salario devengado por ésta era mayor a 4 smlmv, lo cual impedía
el reconocimiento respectivo, tal como lo ha sostenido el tribunal en providencias
anteriores con las que discrepa de la jurisprudencia plasmada por el Consejo de
Estado en sentencia del 21 de noviembre de 2011.
En tercer lugar, en relación con la prima de servicios por quince años aseguró que
la interesada no tenía derecho a obtener su reconocimiento, pues aquella
acumuló un tiempo total de servicio para el Ministerio de Defensa por un poco
más de 11 años. Adicionalmente, recalcó que, si bien a partir del 1.° de octubre
de 2007 fue incorporada a Sanidad Militar, el grupo de servidores que tenían
dicho beneficio eran aquellos que se vincularon con anterioridad a la Ley 100 de
1993, que no fue el caso de la señora Moyano Silva.
En cuarto lugar, acerca de la prima de actividad indicó que, al haber desaparecido
del mundo jurídico los artículos 2.° y 3.° del Decreto 1810 de 1994, aunado al
hecho de que por esa razón los funcionarios de la oficina del comisionado para la
6 Folio 207 anverso y reverso y CD obrante a folio 209.
7 Folios 301 a 312.
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Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
Policía Nacional debían considerarse como personal civil no uniformado del
Ministerio de Defensa, podía concluirse que a la demandante le asistía el derecho
a acceder a esta prestación, por permanecer en el desempeño de sus funciones
conforme al artículo 38 del Decreto 1214 de 1990.
Por último, aclaró que en este caso no operó el fenómeno de la prescripción, toda
vez que el derecho reconocido se hizo exigible con ocasión de la sentencia
proferida por el Consejo de Estado el 29 de septiembre de 2011, y la reclamación
respectiva ante la administración por parte de la demandante se llevó a cabo el 9
de junio de 2011 y el 24 de enero de 2012, esto es, dentro de la oportunidad legal.
RECURSOS DE APELACIÓN
La parte demandante8 interpuso recurso de alzada parcial en contra de la
sentencia referida, por lo que instó a que se reconozcan la totalidad de las
pretensiones formuladas en el libelo. Para ello adujo, en primer lugar, que el
subsidio familiar en el sector de la defensa no tiene una limitación sujeta al monto
de la asignación básica como lo estimó el a quo. Sobre el particular precisó que
tal prestación se encuentra regulada en el artículo 49 del Decreto 1214 de 1990,
normativa que está especialmente prevista para los empleados civiles no
uniformados del Ministerio de Defensa y no contempla el aludido tope, por lo que
resultaba inviable aplicar el régimen general, tal como el Consejo de Estado lo ha
concebido en reiterada jurisprudencia.
Seguidamente, refirió que no es justificable reconocer las prestaciones
deprecadas solo por el lapso durante el cual la libelista prestó su servicio en la
oficina del comisionado para la Policía Nacional, ello en la medida en que
tampoco se puede desconocer el hecho de que la reubicación de los
exfuncionarios de aquella dependencia suprimida, en otras del mismo Ministerio
de Defensa, no podía desmejorar sus derechos laborales adquiridos, tal como lo
consagran la Constitución Política, los tratados internacionales y el Decreto 1792
de 2000 en sus artículos 1, 10, 11 y 111, aplicables precisamente al personal civil
de la mentada entidad.
En atención a lo antedicho, aseveró que, evidentemente, debió reconocerse
también el pago de la prima de servicio por 15 años, toda vez que las
prestaciones del Decreto 1214 de 1990 eran derechos adquiridos que
permanecían en su patrimonio, sin perjuicio de la reubicación en la Dirección de
Sanidad Militar, motivo por el cual, era necesario validar todo el tiempo de servicio
prestado por ésta hasta la fecha de retiro, que en todo caso superaba el período
de los 15 años. Adicional a ello, la orden de reliquidación debía calcularse sobre
todos los haberes solicitados.
De otro lado, puntualizó que se debe condenar a la entidad demandada al pago
de los tres meses de alta por retiro después de 10 años de vinculación, según lo
previsto en los artículos 114, 115 y 123 del Decreto 1214 de 1990, y también al
giro de los aportes pensionales por los conceptos a reconocer.
Por último, instó que se ordenara efectuar la liquidación del auxilio de cesantía
conforme con el artículo 96 del Decreto 1214 de 1990 y de las demás
prestaciones que se vean impactadas por estos reconocimientos. Agregó que no
debe aplicarse la prescripción, dados los efectos ex tunc de las sentencias
anulatorias del Consejo de Estado.
8 Folios 349 a 361.
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Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
La parte demandada9 formuló recurso de apelación contra la decisión reseñada
anteriormente y solicitó que ésta sea revocada. Al respecto, manifestó que los
servidores públicos de la antigua oficina del comisionado para la Policía Nacional,
no tienen derecho a devengar las primas del Decreto 1214 de 1990, toda vez que
dicha norma no los señala como sus directos acreedores. Bajo esa misma línea
argumentativa, destacó que quienes trabajaron para el comisionado tenían la
calidad de empleados públicos, que en materia salarial y prestacional se regían
por las normas aplicables a la Rama Ejecutiva como eran los Decretos 3135 de
1968 y 1045 de 1978.
Adicionalmente, indicó que la sentencia del 29 de septiembre de 2011, que
declaró la nulidad de los artículos 2.º y 3.º del Decreto 1810 de 1994, produjo
efectos hacia el futuro y dejó a salvo los actos y situaciones jurídicas consolidadas
hasta el momento de la declaratoria de nulidad, por tanto, resulta jurídicamente
imposible tornar retroactivos los efectos de la declaratoria de nulidad para darle
aplicación al Decreto 1214 de 1990 a favor de los empleados y funcionarios cuyos
cargos fueron suprimidos mediante el Decreto 3123 del 17 de agosto de 2007.
Finalmente, precisó que ninguna de las tesis jurisprudenciales vigentes, permiten
concluir que la declaratoria de nulidad de una norma conlleve per se, y de forma
automática, el restablecimiento de derechos como los pretendidos por la parte
activa. Al respecto, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han
sido claros en afirmar que la competencia del juez administrativo se ve limitada
por la pretensión de nulidad de la demandante, de manera que, en aplicación del
principio dispositivo, el primero no podrá adoptar ninguna medida orientada a
restituir la situación jurídica particular que se considere en conflicto como lo busca
ahora la libelista.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante10 reiteró los argumentos esbozados en la demanda y en el
recurso de apelación, e insistió en que los servidores de la Oficina del
Comisionado de Policía fueron empleados públicos civiles no uniformados, por lo
que no pueden considerarse excluidos del régimen de asignaciones, primas y
subsidios previstos en el Decreto 1214 de 1990.
El ministerio público11 citó el artículo 54 de la Ley 352 de 1997 y concluyó que el
régimen prestacional de la aquí demandante estaría condicionado a la fecha de
vinculación laboral, esto es, i) si fue con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, se rige bajo lo previsto en el Título VI del Decreto 1214 de 1990,
y ii) si su ingreso fue posterior a dicha fecha, se aplica lo regulado en el Sistema
General de Seguridad Social.
A partir de los medios probatorios aportados al plenario advirtió que la
demandante se vinculó a la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía el
1.° de febrero de 1996, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia del
Decreto 1301 de 1994, por lo que no era viable dar aplicación a lo señalado en el
Decreto 1214 de 1990, ni el consecuente reconocimiento de los haberes
solicitados como lo ordenó el a quo, motivo por el que solicitó revocar el fallo de
primera instancia.
9 Folios 328 a 339.
10 Folios 399 a 413 vuelto.
11 Folios 414 a 421.
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Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
La entidad demandada guardó silencio en esta etapa procesal según constancia
secretarial visible a folio 422.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328
del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia resolverá sin
limitaciones cuando las partes hayan controvertido la totalidad de la sentencia, tal
como sucede en el presente caso.
• Cuestión previa - del cumplimiento de la acción de tutela
En sentencia del 4 de marzo de 2021, esta Subsección resolvió los recursos de
apelación formulados por la señora Myriam Clariza Moyano Silva y la entidad
demandada, contra el fallo proferido por el 2 de junio de 2016 por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La demanda estuvo dirigida a declarar la nulidad de una serie de actos
administrativos expedidos por el Ministerio de Defensa Nacional, mediante los
cuales se denegó la petición de la demandante tendiente a obtener las
asignaciones, primas y subsidios contemplados en el Decreto 1214 de 1990, en lo
relativo a la prima de actividad, subsidio familiar y prima de servicios; el respectivo
reajuste de todos los emolumentos afectados por la ausencia de consignación de
los valores solicitados, el giro de los aportes pensionales actualizados y los tres
meses de alta.
Esta Sala de Decisión en sentencia fechada 4 de marzo de 2021, resolvió:
«[…] Modificar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 2
de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovió la señora Myriam Clariza Moyano Silva
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, el cual quedará de la siguiente
manera:
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, reconocer y pagar de manera indexada a favor
de la señora Myriam Clariza Moyano Silva, las siguientes prestaciones
consagradas en el Decreto 1214 de 1990:
a) La prima de actividad consagrada en el artículo 38 ibídem, esto desde el
1.° de febrero de 1996 y hasta cuando la demandante se retire del servicio.
b) El subsidio familiar de que trata el artículo 49 ibídem, el cual será
reconocido en un 5% sobre el sueldo básico de la libelista desde el 1.° de febrero
de 1996 y hasta el 25 de agosto de 2006.
c) La prima de servicio contemplada en el artículo 46 ibídem, efectiva desde
el 1.° de febrero de 2011 en un monto del 10% liquidado sobre el sueldo básico
percibido por la señora Moyano Silva.
Del mismo modo, se condena a la parte demandada a reajustar las prestaciones
sociales devengadas por la libelista, cuyo monto deba ser modificado por el
cómputo e inclusión de los emolumentos reconocidos anteriormente, en especial
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04904-01 (1005-2017)
Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
las cesantías cuando acredite su retiro definitivo del servicio, con base en el
artículo 96 del Decreto 1214 de 1990.
Por último, se conmina al Ministerio de Defensa a efectuar las cotizaciones para
pensión a favor de la demandante sobre los haberes laborales reconocidos en
esta sentencia. Para ello se autoriza a la referida entidad, realizar los descuentos
sobre las sumas a pagar en razón de la condena, esto en la proporción y
porcentaje que por ley le corresponda cubrir a la señora Moyano Silva para
completar el valor del aporte respectivo. […]»
Contra la anterior decisión, la entidad demandada interpuso acción de tutela por la
presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y tutela judicial efectiva,
con ocasión de las sentencias de 2 de junio de 2016 y 4 de marzo de 2021,
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 25000-23-42-000-2013-04904-00-01. Ello, al señalar, entre otras, que se
incurrió en error inducido, al existir cosa juzgada y ocultamiento de los elementos
esenciales para proferir la decisión, ya que la demandante omitió el deber legal de
poner en conocimiento del funcionario judicial el contenido de la sentencia de 31
de julio de 2014, corregida el 29 de enero de 2015, dentro del proceso 2005-
07874-02, en el cual también había solicitado el reconocimiento, reajuste y
reliquidación de su asignación básica para incluir en ella las partidas salariales y
prestacionales contenidas en el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990,
argumentando la misma situación fáctica y jurídica.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección B en sentencia del 6 de
diciembre de 202112, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la
entidad tutelante, al encontrar que, en el fallo del 4 de marzo de 2021, proferido
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2013-
04904-01, se incurrió en error inducido, ya que dicha decisión judicial se profirió
con desconocimiento de la existencia de la sentencia del 31 de julio de 2014,
corregida el 29 de enero de 2015, emitida dentro del proceso No. 2005-07874-02
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F.
La anterior decisión fue confirmada el 1.° de abril de 2022 por la Sección Tercera,
Subsección A de esta Corporación.
Problemas jurídicos
En ese orden, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta instancia se
resumen en las siguientes preguntas:
1. ¿Se configuró la cosa juzgada parcial en el presente medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, frente a lo decidido en la sentencia
del 31 de julio de 2014 proferida por Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, Sala de Descongestión, y
corregida mediante providencia del 29 de enero de 2015, específicamente
respecto de los emolumentos prima de actividad y subsidio familiar?
2. ¿La demandante al haberse desempeñado en la oficina del comisionado
Nacional para la Policía y posteriormente ser reasignada a la Dirección
General de Sanidad Militar, tiene derecho al reconocimiento y pago de la
prima de servicios contemplada en el Título III del Decreto 1214 de 1990,
prevista para el personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa
Nacional, como haber salarial, en la medida que fue incorporada a Sanidad
Militar a partir del 1.° de octubre de 2007?
12 Dentro del proceso de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-06283-01.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04904-01 (1005-2017)
Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
Primer problema jurídico
¿Se configuró la cosa juzgada parcial en el presente proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho frente a lo decidido en la sentencia del 31 de julio de
2014 proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, Sala de Descongestión, corregida mediante providencia del 29 de
enero de 2015, específicamente respecto de los emolumentos prima de actividad
y subsidio familiar?
La Sala sostendrá la siguiente tesis: en el caso examinado se configuró la cosa
juzgada parcial, toda vez que el asunto sometido al conocimiento de esta
Subsección en lo concerniente a la prima de actividad y el subsidio familiar, ya fue
decidido en la sentencia del 31 de julio de 2014, proferida por la Sección
Segunda, Subsección F del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del
proceso con radicado 25000-23-25-000-2005-07874-2, respecto del cual existe
identidad jurídica de partes, causa y objeto en cuanto a los mencionados
emolumentos.
• Cosa juzgada
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal en virtud de la cual las
decisiones contenidas en una sentencia y otras providencias judiciales tienen el
carácter de inmutables, vinculantes y definitivas, ello con la finalidad de lograr la
terminación definitiva de controversias, en aras de buscar la seguridad jurídica.13
Al respecto, esta Corporación ha sostenido lo siguiente14:
«El concepto de cosa juzgada, tal cual lo ha sostenido la Sala en forma reiterada, hace
referencia al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido
firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados,
para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una
nueva providencia. En ese orden de ideas, resulta factible predicar la existencia del
fenómeno de la cosa juzgada, cuando llega al conocimiento de la jurisdicción un
nuevo proceso con identidad jurídica de partes, causa y objeto.» (Resaltado
intencional).
A su turno, la Corte Constitucional en sentencia C-522 de 200915 precisó que «la
cosa juzgada es una cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por la cual
aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, lo que hace que el asunto
sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro del
mismo proceso, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto»
(Resaltado intencional).
Por su parte, en relación con el alcance y los efectos de la cosa juzgada, el
tratadista Hernando Devis Echandía16. precisó:
«[…] En materia civil, laboral y contencioso-administrativo, no significa la cosa juzgada
que la parte favorecida adquiera esa certeza definitiva e inmutable frente a todo el
mundo, porque su fuerza vinculativa se limita a quienes fueron partes iniciales e
13 En este sentido ver entre otras, la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda del 28 de febrero de
2013, radicación: 11001-03-25-000-2007-00116-00 (2229-07).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 5 de marzo de
2009, radicación número: 11001-03-24-000-2004-00262-01, M.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-522 de 2009. M.P.: Nilson Pinilla Pinilla
16 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal Teoría General del Proceso Tomo I, Ed.
Biblioteca Jurídica Diké, 13 ed, 1994. p 498.
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Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
intervinientes en el proceso en que se dictó y a sus causahabientes. Es el efecto
relativo de la cosa juzgada, que todas las legislaciones aceptan como norma general y
que sólo tiene limitadas excepciones para los casos en que expresamente la ley le
otorga valor erga omnes. […]».
A su vez, el artículo 303 del CGP aplicable por remisión normativa del artículo 306
del CPACA, consagró esta figura jurídica de la siguiente manera:
«ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el
mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes.
Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son
sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se
trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.
En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que
comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en
relación con todas las comprendidas en el emplazamiento. […].».
De lo expuesto se infiere que la cosa juzgada imposibilita al juez de conocimiento
para que emita nuevos pronunciamientos sobre el mismo asunto, excepto, en
tratándose de sentencias denegatorias, donde el efecto erga omnes siempre se
restringe a la causa petendi juzgada, en concordancia con el principio rogativo del
derecho en la jurisdicción de lo contencioso administrativo17.
De ese modo, para determinar si en el caso analizado se presenta el fenómeno
de la cosa juzgada, es preciso verificar si el litigio planteado ya fue resuelto por el
juez de lo contencioso administrativo, para lo cual, deberá evidenciarse que entre
ambos procesos exista identidad jurídica de partes, objeto y causa.
a) Identidad de partes: Al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculados y obligados.
b) Identidad de objeto: Deben versar sobre la misma pretensión, es decir, la
demanda debe referirse a la misma pretensión material o inmaterial sobre la
cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido
existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica.
c) Identidad de causa petendi: La demanda y la decisión que hizo tránsito a
cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos que le sirven
de sustento. De presentarse nuevos elementos, al juez solamente le está
dado analizar los nuevos supuestos.
• Análisis de la cosa juzgada en el caso concreto
Con ocasión de fallo de tutela del 6 de diciembre de 2021 proferido por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, dentro del expediente
con radicación 11001-03-15-000-2021-06283-00, mediante la cual se i) amparó el
derecho fundamental al debido proceso de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, por encontrar configurado el
defecto de error inducido; ii) dejó sin efectos la sentencia de 4 de marzo de 2021,
17 La justicia es rogada cuando el juez está obligado a decidir única y exclusivamente lo que el actor o el
demandado hayan solicitado en sus respectivos escritos.
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Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
dentro del proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-04904-01; y iii) ordenó a
esta Sala dictar una nueva sentencia, en la que se observen los lineamientos de
la providencia de tutela, al encontrar configurado el defecto de error inducido, por
cuanto la demandante omitió el deber legal de poner en conocimiento de esta
Sala el contenido de la sentencia de 31 de julio de 2014, corregida el 29 de enero
de 2015, dentro del proceso 2005-07874-02, en el cual también había solicitado el
reconocimiento, reajuste y reliquidación de su asignación básica para incluir en
ella las partidas salariales y prestacionales contenidas en el artículo 102 del
Decreto 1214 de 1990, la Sala procederá a confrontar ambos procesos con la
finalidad de verificar si se presenta la identidad de las partes, de causa petendi y
de objeto, en el siguiente orden:
Proceso de 25000-23-25-000-2005- 25000-23-42-000-2013-
nulidad y 07874-00 04904-00
restablecimiento
del derecho
Demandante: Myriam Demandante: Myriam
Partes Clariza Moyano Silva Clariza Moyano Silva
Demandado: Nación, Demandado: Nación,
Ministerio de Defensa Ministerio de Defensa
Nacional Nacional
Pretensiones a) Reconocimiento y pago a) Reconocimiento y pago de
de las prestaciones las prestaciones contenidas
contenidas en el Decreto en el Decreto 1214 de 1990,
1214 de 1990, así: así:
-Prima de actividad -Prima de actividad
-Subsidio familiar -Subsidio familiar
-Prima de servicios de 15
b) Reajuste de los haberes años
salariales con inclusión de
la prima de actividad y el b) Reajuste de las
subsidio familiar. prestaciones sociales con
incidencia de los
emolumentos concedidos.
c) Aportes al sistema de
seguridad en pensiones
d) Inclusión en nómina.
e) Tres meses de alta.
Causa petendi Argumentó que por ser Afirmó tener derecho a la
empleada de la Oficina del remuneración y factores
Comisionado para la previstos en el Decreto 1214
Policía Nacional tiene de 1990 por haber laborado
derecho a la aplicación del en la planta de personal civil
régimen previsto para el no uniformado del Ministerio
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, en la
de Defensa contenido en el Oficina del Comisionado para
Decreto 1214 de 1990. la Policía Nacional y en la
Dirección de Sanidad Militar.
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De lo precedente, la Sala advierte en ambos procesos, la concurrencia objetiva de
elementos que generan la existencia de una cosa juzgada parcial, en virtud de la
identidad jurídica de las partes, el reclamo de las prestaciones y emolumentos
amparados en una misma disposición normativa –Decreto 1214 de 1990–, y con
fundamento en el derecho a la aplicación del régimen especial del personal civil
del Ministerio de Defensa Nacional.
En efecto, las pretensiones que no reclamó la aquí demandante en el proceso
ordinario primigenio y que, por tanto, no fue objeto de análisis en el fallo del 31 de
julio de 2014, corregida el 29 de enero de 2015, por parte del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, es la prima de servicios, el respectivo reajuste
de todos las prestaciones afectadas por la ausencia de consignación de dicho
valor solicitado, los aportes pensionales con ocasión del mentado reconocimiento
y los tres meses de alta, en esta medida, aquellos son los aspectos en los que se
centrará el presente asunto.
En este sentido, al existir identidad de partes, de objeto y de causa petendi, en
relación con la inclusión de la prima de actividad y del subsidio familiar, la
Subsección concluye que se configura la cosa juzgada parcial y, por lo tanto, no le
es dado al juez efectuar un nuevo estudio respecto de tales prestaciones, de
conformidad con las razones antes señaladas.
Nótese que mediante Resolución 1522 del 12 de noviembre de 2019, el director
general de Sanidad Militar dio cumplimiento a la sentencia del 31 de julio de 2014,
corregida el 29 de enero de 2015 y, como consecuencia de ello, ordenó a favor de
la demandante el pago de la prima de actividad y el subsidio familiar18.
En conclusión: se presentó la cosa juzgada parcial respecto de lo decidido en la
sentencia del 31 de julio de 2041, corregida el 29 de enero de 2015, por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, y en
ese sentido, se estará a lo resuelto en dicha providencia, en relación con el
reconocimiento y pago de las prestaciones contenidas en el Decreto 1214 de
1990, específicamente la prima de actividad y el subsidio familiar.
Bajo el anterior discernimiento, se procederá a analizar el fondo del asunto
respecto de la prima de servicios y demás aspectos pendientes de definir
judicialmente:
Segundo problema jurídico
¿La demandante al haberse desempeñado en la oficina del comisionado Nacional
para la Policía y posteriormente ser reasignada a la Dirección General de Sanidad
Militar, tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima de servicios
contemplada en el Título III del Decreto 1214 de 1990, prevista para el personal
civil no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional, como haber salarial, en la
medida que fue incorporada a Sanidad Militar a partir del 1.° de octubre de 2007?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: a la señora Myriam Clariza
Moyano Silva, efectivamente, le asiste el derecho al reconocimiento de la prima
deprecada por haber adquirido el derecho a percibirla conforme al régimen del
Decreto 1214 de 1990, en tanto aquella debía considerarse como parte del
personal civil no uniformado de la entidad demandada, tal como se expone a
continuación:
18 Según se allegó en el proceso de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2021-06283-01.
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• Naturaleza jurídica de la oficina del comisionado nacional para la Policía
Mediante la Ley 62 del 12 de agosto de 1993, se creó el cargo de comisionado
para la Policía Nacional con funciones de veeduría ciudadana y vigilancia del
régimen disciplinario de la institución. En su artículo 2119, dicha norma ordenó al
Gobierno Nacional determinar la estructura orgánica de aquella dependencia, así
como las funciones inherentes al respectivo cargo.
La Rama Ejecutiva en ejercicio de las facultades conferidas por la norma en
comento, expidió el Decreto 1588 de 1994, por el cual, fijó la estructura interna de
la oficina del comisionado nacional para la Policía. En dicha regulación se
determinaron las funciones de sus dependencias, definiéndola como una oficina
especial de control de la Policía Nacional y le otorgó autonomía financiera con un
rubro específico en el presupuesto general de gastos de la Nación. (Artículo 1.°)
Posteriormente, el Decreto 1810 de 1994 determinó la planta de personal de la
referida unidad, el cual, en sus artículos 2.° y 3.° señaló que sus funcionarios
estarían sometidos al régimen de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva
contemplado en los Decretos 3135 de 1968 y 1045 de 1978 y las demás normas
que los modifiquen o adicionen.
No obstante, la Sección Segunda de esta Corporación, a través de sentencia del
29 de septiembre de 2011, declaró nulos dichos artículos al considerar que el
Gobierno Nacional desbordó la potestad reglamentaria, al excluir del régimen
prestacional de los Decretos 1214 de 1990 y 1792 de 2002 al personal civil de la
oficina del comisionado nacional para la Policía. Textualmente, señaló20:
«[…] No desconoce la Sala que en un principio el cargo de comisionado y luego la
oficina especial no se encontraba dentro de la estructura orgánica de la Policía
Nacional ni del Ministerio de Defensa Nacional, sin embargo, sí dependía
funcionalmente de la Dirección General en los aspectos operativos y de coordinación
y fue contemplada en el Decreto 2203 de 1993, que desarrolló la estructura orgánica y
las funciones de la Policía Nacional.
No existe ninguna posibilidad de que los servidores de la Oficina del Comisionado
Nacional para la Policía Nacional, no fueran personal civil, en consideración a que las
únicas personas no uniformadas que no podían tener tal carácter, pertenecientes al
Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, eran las contempladas en el
inciso segundo del artículo 2 del Decreto 1214 de 1990, que disponía: «[…]»
En consecuencia, las personas que presten sus servicios en los establecimientos
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de
economía mixta y las unidades administrativas especiales, adscritos o vinculadas al
Ministerio de Defensa, no tienen la condición de personal civil del Ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional y se regirán por las normas orgánicas y estatutarias
propias de cada organismo.
19 El citado artículo, señala: «[…] Créase el cargo de Comisionado Nacional para la Policía, el cual tendrá por
objeto ejercer la vigilancia del régimen disciplinario y operacional y tramitar las quejas de la ciudadanía, sin
perjuicio de la vigilancia que les corresponde a los organismos de control. El Comisionado Nacional para la
Policía ejercerá las funciones de veeduría ciudadana y vigilancia del régimen disciplinario y opresiones
policiales, verificando el estricto cumplimiento de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones, directivas,
disposiciones, órdenes y demás normas expedidas por el Director General para el correcto funcionamiento de
las unidades orgánicas estructurales de la Institución y de ésta en conjunto. Estas actividades se cumplirán
con dependencia funcional de la Dirección General, en los aspectos operativos y de coordinación en lo
relacionado con el régimen disciplinario. El Gobierno Nacional determinará la estructura de la oficina del
Comisionado Nacional para la Policía Nacional, así como las funciones inherentes a su cargo.»
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia proferida el 29 de
septiembre de 2011. Radicado: 1001032500020080000800 (0029-2008). Demandante: Darío Caro Meléndez.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04904-01 (1005-2017)
Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
Al no tener la oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional ninguna de
esas calidades, es decir, establecimiento público, empresa industrial o comercial del
Estado, sociedad de economía mixta o unidad administrativa especial, adscritas o
vinculadas, a sus empleados no podía más que considerárseles, personal civil.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 189, numeral 14 de la Constitución
Política, el Gobierno Nacional no tenía competencia para determinar, como lo hizo, el
régimen prestacional de los empleados de la Oficina del Comisionado Nacional para
la Policía, potestad que es propia del Congreso de la República, según se desprende
del artículo 150 numeral 19 de la misma Carta Política que señala:
[…]
En consecuencia, no podía el Gobierno Nacional mediante un decreto reglamentario,
excluir del régimen prestacional establecido en los Decretos 1214 de 1990 y 1792 de
2000, al personal civil perteneciente a la oficina del Comisionado Nacional para la
Policía, pues se atribuyó una competencia reservada a la Ley. Se anularán, los
artículos 2 y 3 del Decreto 1810 de 1994. […]».
En ese sentido, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación 21, los
efectos de la aludida sentencia del 29 de septiembre de 2011, se retrotraen al
momento en que nació el acto administrativo viciado de nulidad; sin embargo, ello
no afecta las prerrogativas consolidadas o los derechos reconocidos bajo el
amparo de la regulación anulada, esto es, aquellas situaciones particulares que al
momento de la ejecutoria del fallo que declaró la nulidad, ya se habían debatido
ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo con decisiones en firme sobre la legalidad de los actos proferidos
con fundamento en el Decreto 1810 de 1994.
Por su parte, el Decreto 1512 de 11 de agosto 2000, por medio del cual se
modificó la estructura del Ministerio de Defensa Nacional, señaló en el artículo
6.°22 que la oficina del comisionado nacional para la Policía, es una dependencia
del despacho del ministro. Así mismo, el artículo 1.º del Decreto 1792 de 14 de
septiembre de 2000 determinó como personal civil, entre otros, aquellos que
prestaran sus servicios para el Ministerio de Defensa Nacional y el personal no
uniformado de la institución castrense.
En virtud de lo anterior, debido a que la oficina del comisionado nacional para la
Policía hace parte de la estructura del Ministerio de Defensa, es viable asegurar
que aquella se trata de una de sus dependencias, por lo que sus empleados
deben ser considerados como personal civil de dicha cartera gubernamental
conforme a los Decretos 1214 de 1990 y 1512 de 2000.
• Sobre el efecto con el que se declaró la nulidad de los artículos 2.° y 3.° del
Decreto 1810 de 1994
La Ley 1437 de 2011 no se ocupó de regular los efectos en el tiempo de la
nulidad de un acto administrativo, declarada por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en desarrollo del medio de control previsto en el artículo 137 ibidem
y, por ello, le ha correspondido a la jurisprudencia abordar dicho estudio y aclarar
21 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2017, número interno 4295-2013, demandante Marino Humberto
Miranda Melo, demandado Nación- Ministerio de Defensa Nacional ii) Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de octubre de 2017, número
interno: 4055-2015, radicado 25-000-23-42-000-2013-03882-01, demandante María del Pilar Téllez Soler,
demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional.
22 «Artículo 6º. Estructura del Ministerio de Defensa Nacional. La estructura del Ministerio de Defensa
Nacional será la siguiente:
1. Despacho del Ministro
1.1 Oficina Comisionado Nacional para la Policía Nacional
[…]» (Negrilla intencional).
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qué sucede con las situaciones jurídicas causadas durante la vigencia del acto
anulado. Al hacerlo acogió dos teorías: la ex tunc y la ex nunc.
La primera es la regla general y predica que la nulidad de un acto administrativo
tiene efectos retroactivos e implica que las cosas vuelven al estado en que se
encontraban antes de su expedición. La postura concibió la nulidad como «una
sanción que afectaba el acto administrativo por haber trasgredido el ordenamiento
jurídico y por tanto debía restablecerse el entramado de las relaciones jurídicas al estado
que tenían antes de su expedición, y sus efectos o consecuencias en el mundo jurídico
se consideraban inválidos».23
La segunda, es la excepción a dicha regla, la cual predica que los efectos de la
nulidad en determinados casos son hacia el futuro24, pues lo contrario conllevaría
la afectación de principios como la cosa juzgada, la seguridad jurídica, la buena
fe, la confianza legítima y las situaciones jurídicas consolidadas. Así, buscó la
protección de los derechos adquiridos obtenidos con el acto administrativo cuando
gozaba de presunción de legalidad, momento en el que, tanto la administración
como los particulares que se beneficiaron con este, lo hicieron amparados en su
validez.
En virtud de esta teoría, la jurisprudencia ha optado por amparar derechos o
prerrogativas en favor de las personas que las han alcanzado con los actos
administrativos anulados mientras estuvieron investidos de tal presunción y que,
por ende, eran de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, aquellas
situaciones jurídicas que nacieron y se consolidaron en vigencia del acto anulado
deben quedar incólumes por la confianza legítima de los ciudadanos de haber
adquirido su estatus conforme a derecho.25
Respecto de las situaciones jurídicas consolidadas a las que se hace referencia,
la jurisprudencia ha señalado que son aquellas creadas, modificadas o
extinguidas por el acto administrativo que ya no pueden ser revisadas ni en vía
administrativa ni judicial, porque i) ya fueron objeto de una decisión judicial que
hizo tránsito a cosa juzgada; o ii) ya vencieron los términos para interponer los
recursos ordinarios o los medios de control judicial y no se hizo. 26 Por el contrario,
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. sentencia del
10 de octubre de 2019, radicado: 11001-03-25-000-2016-00988-00(4469-16); en la cual se citó el siguiente
extracto de la sentencia del 14 de junio de 1915, con ponencia del consejero Adriano Muñoz que acogió esta
postura. No se identificó el radicado: «Pero la nulidad, competentemente declarada, produce el resultado de
que las relaciones jurídicas de las partes, vuelvan al estado que tenían antes del acto o contrato nulo. La
derogación no es pena, en tanto que la nulidad sí es la sanción, el mal que se deriva del quebrantamiento de
la ley. Estos principios fundamentales de Derecho Universal están consignados en los artículos (1° y l746 del
Código Civil.). Por tanto, declarada la nulidad de una ordenanza por la autoridad de lo contencioso
administrativo, con arreglo a las Leyes 4 y 130 de 1918, necesariamente deben restablecerse las cosas, en lo
que sea físicamente posible, al estado que tenían antes de la vigencia de la ordenanza, esto es, se
consideran inválidos los efectos producidos por ella».
24 Sobre los efectos «ex tunc» de las sentencias de nulidad de los actos administrativos generales se pueden
consultar los siguientes fallos: Sección Cuarta, sentencias del 25 de septiembre de 2006, radicado: 08001-23-
31-000-2002-00737-01(15304) y del 9 de marzo de 2006, radicado: 25000-23-25-000-2005-01458-01(AC).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2013, radicación:
110010325000200600137 00 (2118-2006), Actor: Caja de Previsión Social de la Superintendencia Bancaria;
de la Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2008, radicación: 250002325000200210602 01(2024-2006),
actor: Rodrigo Espitia Casas.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación: 11001-03-15-
000-2019-00171-00(AC). Actor: Ramiro Cortés Valderrama y otro. Demandado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B. consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Bogotá,
D. C. 14 de febrero de 2019.
La posición supone que quienes estén interesados en que se apliquen los efectos ex tunc de la nulidad de un
acto general a determinada situación jurídica, deben demandar el acto administrativo particular que la
contiene con acatamiento de los presupuestos legales, entre ellos, presentar la demanda dentro del término
de caducidad, de lo contrario, se convierte en una situación consolidada. Así lo acotó la providencia del 14 de
mayo de 2009 «La declaratoria de nulidad de un acto administrativo general si bien tiene efectos retroactivos,
no implica que se afecten los actos particulares que se hayan expedido con base en la norma anulada, si de
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Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
no son situaciones consolidadas las que aún están en debate ante la
administración o la jurisdicción de lo contencioso administrativo o respecto de las
cuales no han fenecido los términos para impugnarlas.27
Ahora, si bien es cierto el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 clarifica que «las
sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237
de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional.
Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes» (el término en cursiva fue
declarado inexequible por sentencia C-400 de 2013), no es menos cierto que el
legislador no precisó los efectos de la nulidad cuando se está frente al medio de
control contenido en el artículo 137 de la referida ley.
Para el caso en estudio, se tiene que la sentencia que decretó la nulidad de los
artículos 2.° y 3.° del Decreto 1810 de 1994 no indicó sus efectos. No obstante,
esta Sección ha considerado que la situación jurídica de los exempleados de la
Oficina del Comisionado para la Policía Nacional no se encuentra consolidada y
puede ser debatida en sede judicial, dado que fue con la providencia que decretó
la nulidad que surgió el derecho a reclamar la aplicación del régimen prestacional
contemplado en el Decreto 1214 de 1990.
De acuerdo con lo anterior, al no existir una situación jurídica consolidada que
proteger, los efectos de la nulidad de la norma referida son ex tunc y no ex nunc,
pues estos últimos se aplican para amparar las situaciones que ya se encuentran
definidas.
Sobre el particular, la Subsección B28, respecto de los efectos de la nulidad,
precisó lo siguiente:
«77. En atención a los efectos ex tunc que produce la sentencia anulatoria de los actos
administrativos, establece la Sala que para el personal de la Oficina del Comisionado
Nacional para la Policía existía un impedimento que no permitía exigir el
reconocimiento y pago de la prima de actividad y el subsidio familiar, por ende el
derecho a devengar dichas prestaciones solo surgió a partir de la expedición y
ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad de los artículos 2 y 3 del Decreto
1810 de 1994, esto es, 29 de septiembre de 201129.
78. Así pues, como la señora Claudia Patricia Pérez Soto presentó la reclamación ante
la entidad demandada el 1° de febrero de 2012 y la sentencia a partir de la cual se
hace exigible el derecho es del 29 de septiembre de 2011, se puede concluir que no
operó el fenómeno de la prescripción.».
En igual dirección la Subsección A30, expuso lo que a continuación se indica:
otro lado se han utilizado los medios jurídicos para controvertir la decisión y se ha resuelto sobre ella o
simplemente porque se han vencido los plazos para su impugnación con anterioridad a la fecha del fallo,
pues éste no tiene como consecuencia revivir términos que otras disposiciones consagran para su discusión
administrativa o jurisdiccional o para que el acto quede en firme». Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, auto del 14 de mayo de 2009, radicación: 68001-23-15-000-2008-00382-01(2751-08).
27 Al respecto ver las sentencias: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 5 de mayo de 2003.
Consejera Ponente Doctora María Inés Ortiz Barbosa. Expediente 12248 y de 22 de septiembre de 2004.
Consejero Ponente Doctor Juan Ángel Palacio Hincapié. Expediente 13645- Sentencia de 23 de noviembre
de 2005, Radicación número: 05001-23-31-000-2001-03886-01(14715). Consejero ponente: HECTOR J.
ROMERO DIAZ, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005) Radicación número: 08001-
23- 31-000-2001-02351-01(14979).
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B. sentencia del
13 de agosto de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-04949-01(1771-17).
29 En igual sentido se pronunció recientemente la Sala, a través de la sentencia de 21 de abril de 2017,
radicado: 25000-23-42-000-2013-02132-01 (0934-2014), demandante: Rafael María Velandia Gómez,
demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional, C. P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
2 de abril de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2013-03865-01(4230-15).
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16
Radicado: 25000-23-42-000-2013-04904-01 (1005-2017)
Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
«En primer lugar, como se precisó en el acápite anterior y como lo ha señalado esta
Subsección los efectos de la sentencia proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado de 29 de septiembre de 2011 (0029-2008), son ex tunc, es decir, se
retrotraen al momento en que entraron en vigencia los artículos 2 y 3 del Decreto 1810
de 1994, declarados nulos por la citada providencia.
Así mismo, la declaratoria de nulidad afecta la situación jurídica del demandante, en la
medida que al proferirse la sentencia de nulidad no se encontraba consolidada su
situación toda vez, que precisamente fue con base en la sentencia del Consejo de
Estado que posteriormente realizó la petición ante la administración para obtener el
pago, entre otras, de la prima de actividad y del subsidio familiar consagrados en el
Decreto 1214 de 1990, sin que exista prueba que permita colegir que su situación
jurídica hubiera sido resuelta en vigencia de los artículos 2 y 3 del Decreto 1810 de
1994.
Por tanto, la consecuencia de la declaratoria de nulidad, es que en su calidad de
empleado de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía Nacional como
personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, se le aplique el régimen salarial y
prestacional del Decreto 1214 de 1990.».
Así las cosas, la interpretación imperante en la sección en relación con la nulidad
de los artículos 2 y 3 del Decreto 1810 de 1994 señala que sus efectos son ex
tunc, dado que no es posible aseverar que las situaciones jurídicas de los
empleados vinculados a la Oficina del Comisionado para la Policía Nacional se
encontraban consolidadas al momento en que se profirió la sentencia. Ello es así,
dado que, al decretarse la referida nulidad, surgió el derecho para ellos de
reclamar la aplicación del régimen prestacional contemplado en el Decreto 1214
de 1990.
• El caso particular de la demandante
Acerca de las condiciones laborales de la señora Myriam Clariza Moyano Silva, es
posible advertir lo siguiente:
i) Conforme a la certificación laboral expedida por la secretaria general de la
oficina del comisionado para la Policía, fechada del 14 de septiembre de 200731,
se desprende con claridad que:
«[…] MYRIAM CLARIZA (SIC) MOYANO SILVA […] prestó sus servicios desde el día
primero (01) de febrero de mil novecientos noventa y seis (1996), en el cargo de
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 2028 GRADO 17, de la planta global de
la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía sede central […]
Que mediante el Decreto 3122 del 17 de agosto de 2017 se suprimieron los empleos
de la planta de personal de la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía.
Que de acuerdo con comunicación de fecha 14 de septiembre de 2007, suscrita por la
Secretaría General con Asignación de Funciones del Despacho del Comisionado
Nacional para la Policía, laborará hasta el 30 de septiembre en esta oficina y a partir
de 1° de octubre se incorpora a la plata de personal del Ministerio de Defensa –
Dirección General de Sanidad Militar en el cargo de PROFESIONAL DE DEFENSA,
CÓDIGO 3-1 GRADO 20. […]» (Negrilla y mayúscula de acuerdo a la
transcripción).
En la sentencia se citaron como antecedentes de la Sección que contienen igual postura los siguientes:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12
de octubre de 2017, número interno: 4055-2015, radicado 25-000-23-42-000-2013-03882-01, demandante
María del Pilar Téllez Soler, demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional.
31 Folio 211.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04904-01 (1005-2017)
Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
ii) De igual forma, acorde con certificación del Grupo de Talento Humano de la
Dirección de Sanidad Militar adiada 13 de agosto de 2015, la señora Moyano
laboró en la oficina del comisionado para la Policía entre el 1.° de febrero de 1996
y el 30 de septiembre de 2007. Asimismo, que con ocasión de la supresión de los
empleos de dicha oficina, labora en la Dirección de Sanidad Militar desde el 1.° de
octubre de 2007.
iii) Consonante con lo anterior, mediante Oficio del 14 de septiembre de 2007,
rubricado por la secretaria general con asignación de funciones del despacho del
comisionado y dirigido a la demandante, se le informó:
«[…] Comedidamente me permito informarle que por decisión del Gobierno Nacional
contenida en los Decretos 3122 y 3123 de fecha 17 de agosto de 2007, se
reestructuró el Ministerio de Defensa Nacional y se suprimió la Planta de Personal de
la Oficina del Comisionado Nacional para la Policía y, en el artículo 5 del Decreto 3122
se dispuso que los funcionarios que ostentan derechos de carrera administrativa, a
quienes se les suprime el cargo en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, serán
incorporados en un empleo igual o equivalente que para el efecto se cree en la planta
de personal del Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General de Sanidad de la
Policía Nacional.
[…]
A partir del 1° de octubre del presente año será incorporado (sic) a la Dirección
General de Sanidad Militar del Ministerio de Defensa Nacional. […]» (Redacción del
texto, resaltado intencional).
iv) Según acta de posesión 159 del 1.° de octubre de 2007, la libelista tomó
posesión del cargo en dicha fecha de profesional de defensa, código 3-1, grado
20 de la planta de personal del Ministerio de Defensa, Dirección General de
Sanidad Militar DISAN-EJC32.
v) Al verificar el acta de posesión 0032 del 1.° de octubre de 2009 la demandante
se posesionó en el empleo de profesional de defensa, código 3-1, grado 20 de la
planta de personal del Ministerio de Defensa, Dirección General de Sanidad
Militar, Subdirección Técnica y de Gestión33.
Del anterior escenario fáctico y como consecuencia de la declaratoria de nulidad
de los artículos 2.° y 3.° del Decreto 1810 de 1994 conforme a la sentencia
proferida por esta Corporación el 29 de septiembre de 2011, en el caso sub
examine es dable asentir que a la demandante en su calidad de exempleada de la
oficina del comisionado nacional para la Policía, es decir, como personal civil no
uniformado del Ministerio de Defensa Nacional, ciertamente se le debía aplicar el
régimen salarial y prestacional del Decreto 1214 de 1990, aun bajo el entendido
de que fue reubicada en un cargo de similar nomenclatura en la Dirección de
Sanidad de dicha institución ante la supresión de la dependencia en comento.
Esta afirmación halla respaldo normativo en la medida en que el propio Decreto
3122 de 2007 que previó la supresión del despacho en comento al que pertenecía
la libelista, consagró en su artículo 5.° que:
«Artículo 5°. Los funcionarios que al momento de la supresión de que trata el presente
decreto hayan acreditado su condición de cabeza de familia, de mujer en etapa de
gestación o dentro de los tres (3) meses posteriores al parto, de discapacitado o que
ostenten derechos de carrera administrativa a quienes se les suprime el cargo en
32 Folio 257.
33 Folio 256.
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04904-01 (1005-2017)
Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
virtud de lo dispuesto en el presente decreto, serán incorporados en un empleo igual o
equivalente que para el efecto se cree en la planta de personal del Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección General de Sanidad Militar, del Ministerio de Defensa
Nacional, Dirección de Sanidad de la Policía Nacional de Colombia o del Ministerio de
Defensa Nacional, Dirección de Bienestar de la Policía Nacional de Colombia.»
(Resaltado intencional).
Igual anotación respecto de los derechos de carrera administrativa que ostentaba
la demandante se realizó en la Resolución 1354 del 27 de septiembre de 2007 a
través de la cual se efectuaron unas incorporaciones y se distribuyeron unos
cargos, entre ellos, el desempeñado por la señora Moya Silva 34 en cuanto a la
condición acreditada por los servidores que se reubicaron.
Ahora, efectivamente la señora Moyano Silva fue reubicada al estar nombrada en
un cargo de carrera administrativa, por lo que sin lugar a dudas, los derechos
laborales y prestacionales consolidados (así no hayan sido reconocidos),
necesariamente debían mantenerse en la nueva plaza que fuera a ocupar, pues la
esencia de las prerrogativas adquiridas en vigencia de una normativa como el
Decreto 1214 de 1990, ingresaron al patrimonio abstracto de aquella con mayor
fundamento ante la declaratoria de nulidad de los artículos 2.° y 3.° del Decreto
1810 de 1994, al punto de estructurar en ella una confianza legítima susceptible
de protección judicial, de suerte que su garantía debía perdurar sin afectar su
condición más beneficiosa, tal como el artículo 11 del Decreto 1792 de 2000 35 que
señaló:
«ARTÍCULO 11. Reubicación física de los empleos. Cuando se haga necesario
reubicar físicamente un empleo en otra dependencia de la Entidad, se procederá
mediante resolución proferida por el nominador respectivo. Esta reubicación deberá
efectuarse teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones del empleo y las del área
donde deberá ser ubicado y no podrá generar desmejoramiento de las condiciones
laborales del titular del cargo.» (Líneas de la Sala).
Se destaca, además, que esta Subsección ya se ha pronunciado en igual sentido
para un caso con similitudes fácticas y jurídicas, puntualmente en sentencia del
28 de enero de 2021, dictada en el proceso con radicado interno 3315-1736, entre
otras. Por ello, es dable asentir que se presenta una línea jurisprudencial definida
para esta clase de asuntos relativos al personal civil no uniformado que hacía
parte de la oficina del comisionado para la Policía Nacional y que con
posterioridad a la supresión de tal dependencia, fueron reubicados en otras
unidades del Ministerio de Defensa.
• Sobre las prestaciones reclamadas y concedidas en primera instancia
Inicialmente, debe recordarse que, en primera instancia, el a quo accedió
únicamente al reconocimiento de la prima de actividad a favor de la libelista
durante el período en el que aquella prestó su servicio a la Oficina del
Comisionado para la Policía Nacional. Aunado a ello, ordenó a la demandada
reajustar las prestaciones que se vieran afectadas por la inclusión del mentado
34 Folios 258 a 260.
35 «Por el cual se modifica el estatuto que regula el Régimen de Administración del Personal Civil del
Ministerio de Defensa Nacional, se establece la Carrera Administrativa Especial».
36 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A, sentencias
del 21 de enero de 2021, radicado: 15001-23-33-000-2015-00578-01(3315-17) y del 26 de noviembre de
2020, radicado: 25000-23-42-000-2013-04895-01 (4195-2016), así como de la Subsección B, sentencias del
11 de febrero de 2021, radicado: 25000-23-42-000-2014-00786-01(3872-16), del 9 de septiembre de 2021,
radicado: 25000-23-42-000-2013-04948-01(2617-16), del 28 de octubre de 2021, radicado: 15001-23-33-000-
2015-00660-01(4506-17), del
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Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
concepto laboral y, además, que sobre éste se efectuaran los correspondientes
aportes para pensión de la señora Moyano Silva.
Por su parte, la demandante en su recurso de apelación37 discute exclusivamente
de la sentencia impugnada, lo siguiente: i) el tiempo durante el cual se debió
conceder la prima de actividad, al alegar que correspondía a todo el período
laborado y no solo al lapso en el que estuvo vinculada en la Oficina del
Comisionado para la Policía; ii) la negativa en cuanto al reconocimiento del
subsidio familiar, la prima de servicio mensual por 15 años de servicio
contemplada en el artículo 46 del Decreto 1214 de 1990 y los tres meses de alta
por retiro después de 10 años de vinculación; iii) la reliquidación de las cesantías
con inclusión de los emolumentos reconocidos con base en el artículo 96 ibidem,
así como el reajuste de todas las prestaciones sociales percibidas en las que
tengan influencia los haberes concedidos; iv) la extensión de la condena del giro
de los aportes a pensión respecto de los pagos laborales mencionados.
Por lo expuesto, y a pesar de que la parte activa en sus pretensiones solicita de
manera general el pago de todos los haberes laborales previstos en el Decreto
1214 de 1990, la Sala advierte que la discusión en esta instancia se centra solo
en la prima de servicio, por cuanto respecto a los demás haberes, existe cosa
juzgada y la incidencia de aquella sobre las demás prestaciones sobre la cual no
acaeció el fenómeno señalado declarado en el problema jurídico anterior, a saber:
i) Prima de servicio
En lo atinente a este concepto prestacional, el artículo 46 ibídem prevé:
«ARTICULO 46. Prima de servicio. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa
y de la Policía Nacional, a partir de la fecha en que cumplan 15 años de servicios
continuos o discontinuos como tales en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas
Militares o en la Policía Nacional, tienen derecho a una prima mensual de servicio,
que se liquidará sobre el sueldo básico, así:
A los quince (15) años, el diez por ciento (10%); por cada año que exceda de los
quince (15), el uno por ciento (1%) más.»
Como se desprende del texto trasuntado, el hecho de cumplir 15 años de servicio
vinculada al Ministerio de Defensa implicaba el pago del mentado emolumento,
por lo que la señora Moyano Silva tenía derecho a percibirlo desde el 1.° de
febrero de 2011. Lo anterior por cuanto cumplió dicho tiempo de servicio al haber
ingresado a la entidad demandada el 1.° de febrero de 1996 según certificaciones
que obran de folios 211 a 212.
Conforme a lo anterior, no tiene vocación de prosperidad lo señalado por el a quo
en el sentido de que la libelista acumuló un tiempo total de servicio para el
Ministerio de Defensa por un poco más de 11 años, pues según se analizó en
precedencia, tiene derecho a percibir las prestaciones de conformidad con los
postulados del Decreto 1214 de 1990, al margen de que la oficina del
comisionado hubiese sido suprimida y sus empleados trasladados a otra
dependencia en el año 2007.
ii) Tres meses de alta por retiro después de 10 años de vinculación
El concepto aludido tiene su regulación expresa en el artículo 114 del Decreto
1214 de 1990, el cual prevé lo siguiente:
37 Folios 349 a 361.
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Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
«ARTICULO 114. Tres (3) meses de alta por retiro con más de diez (10) años de
servicios. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional
que queden cesantes, con diez (10) o más años de servicio continuo, por causa
distinta a mala conducta comprobada, abandono del cargo o incumplimiento de los
deberes inherentes al mismo, tienen derecho a continuar de alta en la pagaduría
respectiva por el término de tres (3) meses, para la formación del expediente de
prestaciones. […]».
Pues bien, en el caso particular debe destacarse el hecho de que en vía
administrativa38, la parte demandante en la petición efectuada el 1.° de febrero de
201239 como en el recurso de reposición interpuesto en contra del Oficio 76524
MDVEPDPPSEGPP-1.10. del 24 de agosto de 201140, deprecó expresa y
exclusivamente el reconocimiento y pago de los haberes laborales consagrados
en el Título III del Decreto 1214 de 1990, el cual está conformado por los artículos
35 a 57 ibídem, donde figura el concepto analizado anteriormente.
Ahora, si bien en las pretensiones de la demanda41, la señora Moyano Silva
deprecó de manera general el pago de todos los emolumentos contemplados en
el Decreto 1214 de 1990 (que acorde con lo anotado en apartes anteriores, este
Sala solo se ocupará de la prima de servicio), lo cierto es que recalcó que se
trataba de los conceptos incluidos en el Título III de dicha norma, sin instar
específicamente los tres meses de alta por retiro después de 10 años de servicio
que se encuentra previsto en el Título VI, artículo 114 ejusdem, el cual no se
acompasa al grupo de prestaciones en actividad aplicables al personal civil no
uniformado del Ministerio de Defensa, sino al de prestaciones por retiro que no
fue objeto de validación ni ante la propia administración ni en vía judicial al
momento de fijar el litigio, además, aún no se había retirado.
En este entendido, se estima que no existe congruencia entre lo pretendido ante
la entidad demandada y lo deprecado en esta causa judicial. Ello en la medida en
que tampoco se evidencia precisión y claridad en el pedimento formulado de
manera general cuando se indica que se busca el pago de todos los haberes
laborales de una norma, pero en cada oportunidad de la argumentación y del
relato fáctico se hace mención solo a los enlistados en el Título III de ésta.
Por lo anterior, incluir una prestación adicional que no había sido discutida o
verificada por la administración bajo su competencia y que tampoco hizo parte del
litigio, resultaría inadecuado por una posible vulneración del derecho de defensa
y contradicción de la demandada. En conclusión, esta situación concreta del sub
examine impide emitir un pronunciamiento de fondo sobre el particular.
iii) Reajustes sobre las prestaciones devengadas, incluido el auxilio de
cesantía. Giro de aportes a pensión sobre montos reconocidos
Sobre este punto, el artículo 102 del Decreto 1214 de 1990 señala lo siguiente:
«ARTICULO 102. Partidas computables para prestaciones sociales. A partir de la
vigencia del presente Decreto, al personal de empleados públicos del Ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional que se retire o sea retirado, se le liquidarán y
pagarán las pensiones de jubilación, de retiro por vejez, de invalidez y demás
38 Las que obran en el plenario, pues la parte demandante elevó 4 peticiones, sin embargo, al plenario solo
fueron aportadas 2: la del 1.° de febrero de 2012 (folios 14 a 17 vuelto) y la del 13 de febrero de 2012 (folios 9
10).
39 Folios 14 a 17 vuelto.
40 Folios 4 a 7.
41 (folios 36 a 37),
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prestaciones sociales a que tuvieren derecho, sobre la suma de las siguientes
partidas:
[…]
b. Prima de servicio.
[…]
PARAGRAFO 2o. Fuera de las partidas específicamente señaladas en este artículo,
ninguna de las demás primas, subsidios y auxilios consagrados en este Estatuto será
computables para efectos de cesantías, pensiones y demás prestaciones sociales.»
En punto a las cesantías y su liquidación, el canon 96 ibídem contempla lo propio,
así:
«ARTICULO 96. Cesantía definitiva. Los empleados públicos del ministerio de
Defensa y de la Policía Nacional, que sean retirados o se retiren del servicio, tienen
derecho a que el Tesoro Público les pague por una sola vez, un auxilio de cesantía
igual a un (1) mes del último salario devengado por cada año de servicio prestado en
dichas entidades y proporcionalmente por las fracciones de meses y días a que
hubiere lugar, liquidado sobre las partidas indicadas en el artículo 102 de este
Decreto.».
Como se observa, la prima de servicio es partida computable para liquidar
prestaciones sociales, entre éstas, las cesantías por retiro definitivo y las
pensiones de jubilación o de retiro por vejez. Por tanto, como lo deprecó la
demandante, tal concepto reconocido se ha de tener en cuenta para la liquidación
y pago de los derechos económicos devengados por aquella, sobre los cuales el
emolumento referido influya en la determinación de su monto definitivo.
Ahora bien, en lo que respecta al auxilio de la cesantía definitiva reclamado por la
demandante la Sala advierte que en el plenario no obra medio probatorio que
acredite su retiro definitivo del servicio. No obstante, específicamente esta
prestación como se indicó previamente es susceptible de liquidación con base en
los emolumentos que han de reconocerse, razón por la cual, una vez la libelista
consolide su derecho ante la entidad (desvinculación) las cesantías deberán ser
calculadas bajo los preceptos del artículo 102 del Decreto 1214 de 1990.
Por esa misma razón, en materia pensional cobra sentido que se realicen las
cotizaciones sobre el emolumento reconocido en esta oportunidad, pues tal como
se mencionó, es concepto de liquidación de la respectiva pensión a que tiene
derecho la demandante. Por ello, se adicionará la orden impuesta al Ministerio de
Defensa para realizar los aportes al Sistema General de Seguridad Social a favor
de la libelista sobre la prima de servicio los términos concedidos.
Lo anterior, sin perjuicio de los descuentos que la parte demandada deba efectuar
sobre los montos a pagar por motivo de la condena, en la proporción y porcentaje
legal que a la señora Moyano Silva le correspondan para lo propio en calidad de
trabajadora.
iv) Prescripción de derechos
Finalmente, como lo ha señalado esta Corporación en asuntos similares42, no ha
operado la prescripción señalada en el artículo 129 del Decreto 1214 de 1990 43,
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
12 de octubre de 2017, número interno: 4055-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 27 de julio de 2017, número interno: 1146-
2015.
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en atención a los efectos ex tunc que produce la sentencia proferida por la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 29 de septiembre de 2011 (0029-
2008), anulatoria de los artículos 2.° y 3.° del Decreto 1810 de 1994, relacionados
directamente con el personal de la Oficina del Comisionado Nacional para la
Policía.
Por tanto, existía un impedimento que no permitía exigir el reconocimiento y pago
de la prima de servicio, de suerte que el derecho a devengar dicha prestación solo
surgió a partir de la expedición y ejecutoria de la providencia referida.
De igual manera, en razón a que la demandante presentó la última reclamación
ante el Ministerio de Defensa el 17 de febrero de 201244, aunado a que radicó la
demanda el 26 de agosto de 201345 y la sentencia pluricitada data del 29 de
septiembre de 2011, es deducible que no transcurrieron más de tres años. Por
ende, se puede concluir que no operó el fenómeno de la prescripción trienal, tal
como lo precisó el tribunal de primera instancia.
En conclusión: la demandante en su calidad de exempleada perteneciente al
personal civil no uniformado del Ministerio de Defensa, luego de haberse
desempeñado como profesional especializado en la oficina del comisionado
Nacional de Policía y ser reubicada en el empleo de profesional de defensa de la
Dirección de Sanidad de la misma institución, tiene derecho al reconocimiento y
pago de la prima de servicio consagrada en el Decreto 1214 de 1990, así como al
reajuste de las prestaciones percibidas que se liquiden con el haber en comento y
al giro de los aportes para pensión sobre tal concepto.
Lo anterior, toda vez que su situación jurídica prestacional no se encontraba
consolidada al momento de la sentencia proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 29 de septiembre de 2011 que declaró la nulidad de los
artículos 2.º y 3.º del Decreto 1810 de 1994, los cuales impedían tal
reconocimiento.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, la Subsección declarará la cosa juzgada parcial respecto
de lo decidido en la sentencia del 31 de julio de 2014, corregida el 29 de enero de
2015, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
subsección F y, en ese sentido, se estará a lo resuelto en dicha providencia en
relación con el reconocimiento y pago de las prestaciones contenidas en el
Decreto 1214 de 1990, específicamente la prima de actividad y el subsidio
familiar.
De igual forma, se modificará el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia del 2 de junio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en el sentido de ordenar al Ministerio de Defensa
reconocer y pagar a favor de la libelista la prima de servicio contemplada en el
artículo 46 ibídem, efectiva desde el 1.° de febrero de 2011 en un monto del 10%
liquidado sobre el sueldo básico percibido por la señora Moyano Silva.
43 El citado artículo señala: «El derecho a reclamar las prestaciones sociales consagradas en este estatuto
prescribe a los cuatro (4) años, que se cuentan desde la fecha en que la respectiva prestación se hace
exigible. El reclamo escrito recibido por entidad competente sobre un derecho o prestación determinada
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.»
44 Folios 14 a 17.
45 Folio 69.
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Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
Asimismo, se condenará a la entidad demandada a reliquidar las prestaciones
sociales devengadas por la libelista, cuyo monto deba ser reliquidado por el
cómputo e inclusión de la prima de servicio.
De igual forma se conminará al Ministerio de Defensa a realizar los aportes para
pensión sobre el haber laboral concedido a la señora Myriam Clariza Moyano
Silva, ello con la autorización para deducir los valores que, sobre las sumas a
pagar, deban descontarse en la proporción correspondiente a esta última.
En todo lo demás se confirmará el fallo al denegar las restantes pretensiones de
la parte activa. Lo anterior se impone habida cuenta de que prosperan
parcialmente los argumentos del recurso de apelación formulado por la
demandante, no así los de la entidad demandada.
De la condena en costas en segunda instancia
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201646, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para la
imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al
pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para
abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro
del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las
partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas,
por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP47, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración objetiva
valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la temeridad de las
partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que tratándose de costas en
46 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
47 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04904-01 (1005-2017)
Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia el juez tiene la
obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con excepción de los asuntos en
los que se ventile un interés público48.
Por lo tanto, y aun bajo este hilo argumentativo, en el presente caso la Sala se
abstendrá de condenar en costas por cuando se modificará la sentencia de
primera instancia al prosperar parcialmente el recurso de apelación de la
demandante, de conformidad con el numeral 5.° del artículo 365 del Código
General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Dar cumplimiento al fallo de tutela del 6 de diciembre de 2021 proferido
por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, dentro del
expediente con radicación 11001-03-15-000-2021-06283-00, mediante el cual
dejó sin efectos la sentencia de 4 de marzo de 2021, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso con radicado
25000-23-42-000-2013-04904-01 y ordenó a esta Sala dictar una nueva
sentencia, en la que se observen los lineamientos de la providencia de tutela, por
encontrar configurado el defecto de error inducido.
Segundo: Declarar la cosa juzgada parcial respecto de lo decidido en la
sentencia del 31 de julio de 2021, corregida el 29 de enero de 2015, por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en ese sentido, se estará a lo resuelto
en dicha providencia, en relación con el reconocimiento y pago de las
prestaciones contenidas en el Decreto 1214 de 1990, específicamente la prima de
actividad y el subsidio familiar.
Tercero: Modificar el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 2 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, en el proceso que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Myriam
Clariza Moyano Silva contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, el cual
quedará de la siguiente manera:
«[…] SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, reconocer y pagar de manera indexada a favor de la
señora Myriam Clariza Moyano Silva, el siguiente haber salarial consagrado en el
Decreto 1214 de 1990:
La prima de servicio contemplada en el artículo 46 ibídem, efectiva desde el 1.° de
febrero de 2011 en un monto del 10% liquidado sobre el sueldo básico percibido por
la señora Moyano Silva.
Del mismo modo, se condena a la parte demandada a reajustar las prestaciones
sociales devengadas por la libelista, cuyo monto deba ser modificado por el cómputo
e inclusión del emolumento reconocido anteriormente, en especial las cesantías
cuando acredite su retiro definitivo del servicio, con base en el artículo 96 del
Decreto 1214 de 1990.
48 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil […].»
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Radicado: 25000-23-42-000-2013-04904-01 (1005-2017)
Demandante: Myriam Clariza Moyano Silva
Por último, se conmina al Ministerio de Defensa a efectuar las cotizaciones para
pensión a favor de la demandante sobre el haber laboral reconocido en esta
sentencia. Para ello se autoriza a la referida entidad, realizar los descuentos sobre
las sumas a pagar en razón de la condena, esto en la proporción y porcentaje que
por ley le corresponda cubrir a la señora Moyano Silva para completar el valor del
aporte respectivo. […]».
Cuarto: Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.
Quinto: Sin condena en costas en esta instancia.
Sexto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones pertinentes en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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