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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00171-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
14 de febrero de 2019
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2019-00171-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por los señores Ramiro Cortés Valderrama y Ferney Vásquez Murillo en contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Ejecutoriado este proveído, devuélvase al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, los expedientes contentivos del medio de control de reparación directa 11001-33-35-014-2015-00308-00 y 11001-33-35-014-2015-00333-00, remitidos en calidad de préstamo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2019-00171-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

14 de febrero de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO SUSTANTIVO – No se configura / SENTENCIA EN PROCESOS DE NULIDAD SIMPLE – Efectos ex nunc y ex tunc

[L]a interpretación de las normas, realizada por la Corte Constitucional, en una sentencia a través de la cual decide una acción de tutela tiene efectos inter partes, “[…] es decir, en el proceso concreto dentro del cual fue inaplicada la norma contraria a la Constitución, es insuficiente tanto para proteger los derechos constitucionales fundamentales como para asegurar la efectividad de los principios fundamentales […]”. Por tanto, cabe concluir que la sentencia T-415 de 2016, proferida por la Corte Constitucional solo resulta de obligatoria observancia para quienes actuaron como partes en la acción de tutela. Como consecuencia de lo anterior, no se configura el defecto por desconocimiento del precedente constitucional alegado por los accionantes.(…) [A]un cuando el Tribunal se equivocó al incluir en su hermenéutica el precedente contenido en la sentencia de 21 de marzo de 2018, con miras a resolver el caso concreto, lo cierto es que igualmente sustentó su decisión en que la situación jurídica se encontraba consolidada y, por tanto, resultaba inmodificable. También se apoyó en el criterio jurisprudencial aplicable contenido en la sentencia de 23 de febrero de 2011, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según el cual la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo cuenta con efectos ex nunc, es decir, hacia futuro.Valga mencionar, en gracia de discusión, que aun cuando el Tribunal accionado hubiese considerado que la sentencia de 28 de febrero de 2013, contaba con efectos ex tunc o retroactivos, ello no hubiese modificado el hecho consistente en que las pretensiones de los ahora accionantes, debían ser negadas. (…) [L]os efectos ex tunc no afectan las situaciones jurídicas consolidadas, entendiéndose por tales las creadas, modificadas o extinguidas por un acto particular y concreto que no puede ser objeto de revisión, ni en sede administrativa ni en sede judicial, ya sea porque fueron objeto de decisiones judiciales con efecto de cosa juzgada, o bien porque ya vencieron los términos para el ejercicio de los recursos ordinarios o de los medios de control judicial. En el presente caso está demostrado que la situación de la parte accionante estaba consolidada debido a que no había discusión en sede administrativa o judicial respecto del descuento realizado a través del respectivo desprendible de pago, esto es, el acto administrativo particular, proferido con fundamento en lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995. (…) [P]ara la Sala resulta claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al expedir las providencias de de 10 de octubre de 2018 y 26 de septiembre de 2018, no incurrió en defectos sustantivo por desconocimiento del precedente, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable, ajustada a derecho y al tenor de su autonomía judicial, sin evidenciar esta Sala una actuación arbitraria, razón por la cual se negará el amparo invocado.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 189 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 308 / DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 175

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2019-00171-00(AC)

Actor: RAMIRO CORTÉS VALDERRAMA Y OTRO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por los señores Ramiro Cortés Valderrama y Ferney Vásquez Murillo en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con ocasión de las sentencias de 10 de octubre de 2018 y 26 de septiembre de 2018, proferidas por esa Corporación Judicial.

LA SOLICITUD DE TUTELA

Los señores Ramiro Cortés Valderrama y Ferney Vásquez Murillo, por intermedio de apoderada judicial, promueven acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con miras a obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la seguridad jurídica, los cuales consideran vulnerados con ocasión de las sentencias de 10 de octubre de 2018 y de 26 de septiembre de ese mismo año, proferidas dentro del medio de control de reparación directa con radicados 11001-33-36-2015-00308-01 y 1001-33-36-033-2015-00333-01, respectivamente, adelantados por ellos en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Ministerio de Defensa.

HECHOS

De conformidad con lo planteado por los accionantes, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

El 27 de junio de 1995, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1091 de 1995, por medio del cual expidió el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995, en desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1091 de 1995, artículo 11, parágrafo 2, « […] De la prima de vacaciones se descontará el valor correspondiente a tres (3) días del sueldo básico, el que ingresará al Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, con destino a planes de recreación […]».

Mediante sentencia de 28 de febrero de 2013, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del expediente 11001-03-25-000-2007-00061-00, número interno 1238-2007, se declaró nulo el Parágrafo 2, del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, por infracción al artículo 338 de la Constitución Política y a la Ley 4 de 1992.

Con fundamento en dicha declaratoria de nulidad, los señores Ramiro Cortés Valderrama y Ferney Vásquez Murillo, miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, presentaron demandas en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en procura de obtener la indemnización de los daños ocasionados con aplicación de la norma declarada nula, cuyo conocimiento conoció en primera instancia al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, despacho judicial que, mediante las respectivas sentencias, declaró la responsabilidad de la parte demandada.

La parte demandada apeló los fallos de primera instancia y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencias de 10 de octubre de 2018, y 26 de septiembre de ese mismo año respectivamente, revocó las providencias recurridas y, en su lugar, negó las pretensiones de ambos demandantes «[…] dando aplicación a la sentencia que por importancia jurídica fue proferida por la Sala Plena del Honorable Consejo de Estado, el día 21 de marzo de 2018, dentro del radicado 25000-23-26-000-2003-00206-01[…]», con ponencia del Consejero Danilo Rojas Betancourth.

Los accionantes consideran que las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, desconocieron el precedente contenido en la Sentencia T-415 de 8 de agosto de 2016, proferida por la Corte Constitucional, en la que se abordó la temática de la nulidad de los actos administrativos de carácter general, frente a situaciones jurídicas consolidadas, en tratándose de derechos laborales de los trabajadores.

También plantean que en los procesos no se demostró, por parte de los demandados, que ellos hubiesen obtenido algún beneficio del descuento que por nómina les fue efectuado, por lo que debe acogerse el criterio de los efectos retroactivos del fallo que declaró la nulidad del parágrafo 2º del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional citada.

Exponen que la Corporación Judicial accionada incurrió en sus fallos en un defecto sustantivo porque los fundamentó en la sentencia que, por importancia jurídica, profirió la Sala Plena del Consejo de Estado, a la cual ya se hizo referencia, y en la que se señaló como problema jurídico a resolver «[…] determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad de la Nación-Congreso de la República por los daños que haya podido causar la expedición de una ley posteriormente declarada inexequible, sin efectos retroactivos por la Corte Constitucional […]», cuyos efectos, en criterio de los accionantes, son hacía el futuro, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, salvo expresa manifestación en contrario.

Explicaron que el fundamento de la decisión del Consejo de Estado consiste en que « […] si dentro del juicio de constitucionalidad de la Ley hecho por la Corte Constitucional (art. 45 de la Ley 270 de 1996), y de constitucionalidad del acto administrativo hecho por el Honorable Consejo de Estado (Inciso 3 del Art. 189 del C.P.A.C.A), se haya determinado que los efectos de dicha decisión SON HACIA EL FUTURO, no podría hablarse de DAÑO ANTIJURÍDICO, con la simple constatación de la contrariedad de la ley o el acto administrativo con la Constitución Política […]».

Alegaron que el anterior razonamiento no resulta aplicable a los fallos expedidos por el Consejo de Estado dentro de los procesos escriturales dictados con aplicación del CCA, como lo es el que constituye el objeto de inconformidad, habida cuenta de que en dicho procedimiento no estaba establecida la facultad de modulación de los efectos del fallo, por lo que no puede entenderse que el silencio del Consejo de Estado frente a este tema, sea indicativo de que los efectos de la sentencia sean hacia el futuro, sino que es la mera consecuencia de no tener la función de hacerlo.

Precisaron que la función de los efectos de las sentencias de nulidad por inconstitucionalidad de los actos administrativos de carácter general, proferidas por el Consejo de Estado, surgió con la Ley 1437 de 2011, vigente a partir del 2 de julio de 2012, en cuyo artículo 189 dispone «[…] Las sentencia de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo el juez podrá disponer unos efectos diferentes […]».

Concluyeron que, en sus respectivos casos, no era procedente que el Consejo de Estado, desde la sentencia que declaró la nulidad del parágrafo dos del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, se pronunciara respecto de los efectos de esa declaratoria, como lo interpreta el Tribunal, por cuanto el procedimiento se adelantó con el derogado CCA, normativa que no le otorgaba tal facultad, como tampoco la Ley 270 de 1996.

LAS PRETENSIONES

Los accionantes, por intermedio de apoderada, solicitaron la tutela de su derecho fundamental al debido proceso, así como la protección de sus derechos laborales y, como consecuencia de ello, que se ordenara a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dictar la sentencia que en derecho correspondiera, como mecanismo para evitar un perjuicio irremediable.

TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 22 de enero de 2019, se admitió la presente acción de tutela y se dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción. En la misma providencia se vincularon como terceros con interés en los resultados de la actuación a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bogotá. También se pidió la remisión del expediente del medio de control de reparación directa 11001-33-35-014-2015-00308-00 y 11001-33-35-014-2015-00333-00.

INTERVENCIONES

Efectuadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas, intervinieron en los siguientes términos:

V.1 La Secretaria del Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá

Manifestó que se remite los expedientes de reparación directa 11001-33-36-033-2015-00308-00 y 11001-33-36-033-2015-003333-00, de conformidad con la solicitud del magistrado sustanciador de la acción de tutela.

V.2. El abogado asesor del Ministerio de Hacienda

Precisó que los accionantes no acreditaron el cumplimiento del requisito genérico de agotamiento de todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa.

Manifestó que tampoco lograron probar la existencia de un desconocimiento del precedente ni mucho menos la existencia de un defecto fáctico por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Expuso que se evidencia que los accionantes utilizaron la acción de tutela como una tercera instancia, reviviendo argumentos que debieron ser esgrimidos en el proceso administrativo.

Explicó que los tutelantes adelantaron el medio de control incorrecto en tanto debieron presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en vez de optar por la reparación directa. Con fundamento en ello puso de presente que no cumplieron con el requisito de subsidiariedad, en razón a lo cual no pueden acudir al ejercicio de la acción de tutela para sanear los errores u omisiones cometidos en el proceso contencioso administrativo.

Adujo que no se configuró el defecto de desconocimiento del precedente contenido en la sentencia T-415 de 2016 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que, por el contrario, la sentencia poferida por la Corporación Judicial se adecúa a la jurisprudencia sobre la materia.

Argumentó que en la sentencia de 21 de marzo de 2018, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, radicación 2003-00206-01, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, se concluyó que, ante la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma o ante la declaratoria de ilegalidad de un acto administrativo, para efectos de analizar la responsabilidad del Estado, es necesario estudiar la antijuridicidad del daño causado a partir de los efectos de la sentencia que expulsa la ley o el acto administrativo del ordenamiento jurídico, dado que el daño no surge de la inconformidad referida con las normas superiores, pues en términos de seguridad jurídica los efectos son hacia el futuro y las situaciones jurídicas que se consolidaron resultan inmodificables.

Resaltó que, en el caso bajo estudio, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aplicó plenamente la subregla desarrollada en la sentencia del Consejo de Estado, motivo por el cual no se evidencia un desconocimiento del precedente jurisprudencial, en tanto el fallo objeto de tutela se adecúa al precedente sobre situaciones jurídicas consolidadas.

De lo anterior concluyó que el Consejo de Estado, como máxima autoridad de la Juirisdicción Contenciosa Administrativa, fijó en distintas providencias su postura respecto a los efectos de la sentencias que declaran la nulidad de los actos administrativos generales y tales lineamientos fueron tenidos plenamente en cuenta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por tanto, lejos de evidenciarse un desconocimiento del precedente judicial, es claro que la Corporación Judicial se fundamentó adecuadamente en las normas y en la jurisprudencia aplicable para proferir su decisión.

En cuanto al defecto sustantivo alegado por los accionantes observó que no se logró probar la existencia de ninguna de las causales previstas por la jurisprudencia constitucional para que el mismo se configure, limitándose a insistir en su inconformismo con la decisión adoptada por la Corporación Judicial accionada, al punto de concluir que los tutelantes ejercieron la acción prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como una tercera instancia. Por tanto, pidió que se declarara su improcedencia.

V.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, guardaron silencio.

LAS SENTENCIAS OBJETO DE TUTELA

La acción de tutela de la referencia se dirige en contra las siguientes providencias de fondo proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B:

Sentencia de 10 de octubre de 2018, proferida dentro del expediente de reparación directa 11001-33-36-033-2015-00333-01, adelantado por Ramiro Cortés Valderrama en su condición de demandante, en contra de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Defensa Nacional. Y,

Sentencia de 26 de septiembre de 2018, proferida dentro del expediente de reparación directa 11001-33-36-033-2015-00333-01, adelantado por Ferney Vásquez Murillo en su condición de demandante, en contra de la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Defensa

Los hechos que originaron dichos procesos son idénticos, así como también las pretensiones, la Corporación Judicial que decidió la instancia y el magistrado ponente.

En los fallos se resaltó que los demandantes desempeñaron cargos de nivel ejecutivo en la Policía Nacional y que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1091 de 1995, artículo 11, parágrafo 2, les descontaban tres días de salario sobre la prima de vacaciones, con destino a planes de recreación del Instituto de Seguro Social y el Bienestar de la Policía Nacional. También se indicó que el Consejo de Estado, al resolver una acción de nulidad simple declaró la nulidad de dicha norma al establecer que el Presidente de la República carecía de competencia para proferirla. Como consecuencia de ello los tutelantes presentaron demandas en ejercicio del medio de control de reparación directa para que se declarara responsable a la parte demandada por los daños causados con ocasión de la nulidad declarada. En primera instancia se accedió a las pretensiones y la parte demanda apeló.

En las sentencias de segunda instancia, objeto de tutela, se explicó que, a pesar de la acreditación de los descuentos efectuados a los demandantes, el daño padecido por éstos se tornó jurídico y que estaban en la obligación de soportarlo, en tanto que los efectos de la providencia que declaró la nulidad de la norma que avalaba los descuentos, operaban hacia el futuro.

El Tribunal también puso de presente en sus fallos que el Consejo de Estado, por razones de importancia jurídica, se pronunció sobre los daños que surgen con ocasión de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, declaratoria de inconstitucionalidad – inexequibilidad de la norma, y señaló que en dicho evento resultaba definitivo analizar la antijuridicidad del daño, «[…] el cual no surge de la inconformidad de la referida con las normas superiores, dado que por seguridad jurídica los efectos son hacia el futuro y las situaciones jurídicas que se consolidaron resultan inmodificables […]»

De conformidad con lo anterior, arguyó que en las sentencias se dispuso que la situación de los demandantes se encontraba consolidada, en tanto no se acreditó que estuviera pendiente decisión alguna en sede judicial o administrativa en relación con los descuentos efectuados y, en caso de que ello hubiese ocurrido, habría sido otra la decisión a adoptar.

Por todo lo expuesto concluyó así:

«[…] En síntesis, encuentra la sala que, si bien causó un daño, el mismo se torna jurídico, porque los descuentos realizados sobre la prima de vacaciones devengada por el demandante, en virtud del parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, se hicieron durante el tiempo que la norma estuvo vigente, pues la misma gozaba de presunción de legalidad y debía ser aplicada por la Policía Nacional, aunado a lo anterior, su situación está consolidada, en tanto, no existe discusión administrativa o judicial pendiente de resolver, por lo que los descuentos quedaron en firme y resultan inmodificables […]».

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VII.1. Competencia

Esta Sala es competente para pronunciarse sobre la acción de tutela promovida por los señores Ramiro Cortés Valderrama y Ferney Vásquez Murillo, mediante apoderada judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

VI.2. Problema Jurídico

De acuerdo a la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al proferir la sentencia de 10 de octubre de 2018, expediente de reparación directa 2015-00308-01, demandante Ramiro Cortés Valderrama, y la sentencia de 26 de septiembre de 2018, expediente de reparación directa 2015-00333-01, demandante Ferney Vásquez Murillo, incurrió en el defecto de desconocimiento del precedente contenido en la sentencia T-415 de 8 de agosto de 2016, dictada por la Corte Constitucional, y en el defecto sustantivo por errada aplicación de la sentencia de 21 de marzo de 2018, proferida por importancia jurídica por el Consejo de Estado, al determinar que si bien se causó un daño, el mismo se torna jurídico, porque los descuentos efectuados sobre la prima de vacaciones devengada por los demandantes, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, se hicieron durante el tiempo que estuvo vigente la norma, pues la misma gozaba de presunción de legalidad y debía ser aplicada por la Policía Nacional.

Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; ii) el defecto sustantivo y presupuestos para la afectación del debido proceso por desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales; para posteriormente iii) resolver el caso concreto.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

VI.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) se solicita la protección de varios derechos fundamentales por parte de sus titulares; ii) los actores no tienen a su disposición otro medio de defensa judicial para procurar el amparo de los derechos fundamentales que estiman conculcados; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, pues entre las notificaciones de las sentencias de reparación directa proferidas en segunda instancia, efectuada el 2 y el 10 de octubre de 2018, y la presentación de la acción de tutela ocurrida el 16 de enero de 2019 no pasaron más de seis meses; iv) la situación que genera la eventual vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela y v) las providencias cuestionadas no se profirieron en el trámite de una acción de tutela.

VI.5. Defecto por desconocimiento del precedente constitucional

La jurisprudencia ha entendido por precedente, la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse, que presentan similitudes con un caso nuevo materia de escrutinio en relación con: i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla general para resolver la controversia, que también sirve para solucionar el nuevo caso.

Hace distinción entre el precedente horizontal y el vertical teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia, para explicar que el primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por las autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción. Un juez individual o colegiado no puede separarse, sin una explicación suficientemente sustentada, del precedente fijado en sus propias sentencias, ni tampoco del establecido por las autoridades superiores, específicamente del emanado de las Altas Corte.

De una forma más específica sostiene que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades a saber: i) como causal autónoma contra providencia judicial cuando se trata de precedente constitucional, y ii) como defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, la cual se configura cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo.

En la sentencia T-309 de 22 de mayo de 2015, la Corte Constitucional precisa que el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela.

En el presente asunto los actores alegan: i) el desconocimiento del precedente constitucional contenido en la sentencia T-415 de 8 de agosto de 2016, y ii) el defecto sustantivo por aplicación de la sentencia de 21 de marzo de 2018, proferida por el Consejo de Estado dentro del radicado 25000-23-26-000-2003-00206-01 (29352), C.P. Danilo Rojas Betancourt, que no se adecúa a la situación fáctica expuesta.

En cuanto a la sentencia T-415 de 8 de agosto de 2016, proferida por la Corte Constitucional, esta Sala pone de presente que de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991

«[…] Las sentencia en las que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta […]»

Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996, al revisar el artículo 48 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, precisó el alcance de los efectos de estas sentencias de la siguiente manera:

“[…] Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través de las cuales se deciden acciones de tutela, sólo tienen efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso (Decreto 2591/91, art. 36). Sin embargo, la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. […] La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si éstos deciden apartarse de la línea jurisprudencial trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad[…]”.

Siguiendo el mismo criterio, la Corte Constitucional, en la sentencia T-233 de 2017, expresó lo siguiente:

“[…] las sentencias de control abstracto de constitucionalidad tienen efectos erga omnes y, por lo tanto, son de obligatorio cumplimiento, mientras que la parte resolutiva de las sentencias de revisión de tutela, en principio, producen efectos inter partes y la ratio decidendi debe ser observada por todos en tanto se constituye en precedente constitucional y su desconocimiento viola la Carta Política.
[…]
De otro lado, es importante resaltar que la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que en relación con las sentencias de unificación proferidas en sede de tutela y las de control abstracto de constitucionalidad, basta que exista un precedente, debido a que, las primeras, unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos y, las segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política.

7.4. La Corte Constitucional en la sentencia C-539 de 2011, al analizar la constitucionalidad de unas disposiciones normativas que le dan alcance al precedente judicial de los órganos de cierre ordinario y de lo contencioso administrativo, concluyó que dichos precedentes deben respetar la interpretación vinculante que realice el Tribunal Constitucional, “la cual es prevalente en materia de interpretación de los derechos fundamentales y de la Constitución en general” […]”.

Lo anterior significa que la interpretación de las normas, realizada por la Corte Constitucional, en una sentencia a través de la cual decide una acción de tutela tiene efectos inter partes, “[…] es decir, en el proceso concreto dentro del cual fue inaplicada la norma contraria a la Constitución, es insuficiente tanto para proteger los derechos constitucionales fundamentales como para asegurar la efectividad de los principios fundamentales […]”

Por tanto, cabe concluir que la sentencia T-415 de 2016, proferida por la Corte Constitucional solo resulta de obligatoria observancia para quienes actuaron como partes en la acción de tutela. Como consecuencia de lo anterior, no se configura el defecto por desconocimiento del precedente constitucional alegado por los accionantes.

VI.6. Defecto sustantivo por aplicación de una sentencia que no se adecúa a la situación fáctica

De conformidad con lo expuesto en la sentencia T-031 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, el defecto material o sustantivo se configura cuando el juez basa su decisión en una norma que no es aplicable al caso por impertinente, no estar vigente, ser inexistente, haber sido declarada inexequible u otorgar efectos distintos a los señalados en la ley. Además, para que se configure este yerro, dichas circunstancias deben tornar irrazonable la interpretación judicial, no sistemática o incluso, contraria a la ley. De otra parte, en la sentencia T-309 de 2015, proferida por la Corte Constitucional, se pone de presente que se configura el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente cuando se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación alguna.

La parte actora sostiene que el Tribunal accionado, de manera errada, sustentó su decisión en la sentencia de 21 de marzo de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Corporación judicial. En tal sentido, consideró que aquel precedente versa sobre los efectos de una sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley, los cuales, por regla general, son hacia el futuro, en los términos del artículo 45 de la Ley 270 de 1996, mientras que en el caso sub examine, se estudian los efectos de la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo de carácter general.

Puso de presente que lo previsto en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, tampoco resultaba aplicable puesto que la acción de nulidad simple que condujo a la declaratoria de nulidad del parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, se tramitó bajo el régimen jurídico contenido en el CCA.

Con base en lo anterior y a efectos de determinar si el Tribunal accionado incurrió en el defecto alegado, resulta pertinente puntualizar los fundamentos de las sentencias cuestionadas, proferidas el 10 de octubre de 2018 y el 26 de septiembre de ese mismo, concretados en los siguientes aspectos:

Se sostiene que el posible daño antijuridico se produjó con ocasión de la nulidad del parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, declarada mediante sentencia de 28 de febrero de 2013, ejecutoriada el 10 de mayo de 2013.

Se advierte que los accionantes aportaron al expediente los certificados de pagos de nómina que acreditan descuentos por el concepto “PRIMA VACACIONAL“, equivalentes a tres días de salario correspondientes a los años 1999 a 2011 y 2004 a 2011.

Se afirma que el daño padecido por los ahora accionantes, se torna jurídico, estando en en la obligación de soportarlo, toda vez que “[…] los efectos de las providencias que expulsan del ordenamiento jurídico un acto administrativo general y abstracto, en virtud del artículo 456 de la Ley 270 de 1996, son hacía el futuro, a menos que el órgano que prefiera la decisión module los efectos en un sentido diferente […]”.

Se sustenta la anterior afirmación, en lo señalado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 23 de febrero de 2011, en la que se señaló lo siguiemte:

«[…] Bajo el entendido de que la ley en sentido material es tan general como la ley en sentido formal, cierta doctrina judicial del Consejo de Estado de manera acertada precisó que los efectos de nulidad de los actos administrativos de carácter general deben ser los mismos que se predican para la inexequibilidad. “(...) porque naturalísticamente se trata del mismo fenómeno, la diferencia radica en el órgano jurisdiccional que resuelva el conflicto (…)”

En ese entendido, habida cuenta de que “La nulidad en el proceso contencioso administrativo (...) sólo busca que el orden jurídico del Estado sea reparado, [e] involucra una pretensión general y no particular. (...), el efecto de la nulidad debe respetar sin duda las situaciones que se han desprendido del acto nulo, constituyendo decisión independiente.”

Por eso, tratándose de las situaciones jurídicas creadas y consolidadas en vigencia de la ley (en sentido material y formal), no se afectan, en virtud de la declaratoria de nulidad o de inexequibilidad de esa ley o norma jurídica a cuyo amparo se consolidaron.

Aplicados los anteriores presupuestos al caso concreto, se tiene que la demandante en aplicación del Acuerdo 032 de 1998 y de la Resolución 009 de 2001, cumplió la obligación fiscal de presentar bimestralmente las declaraciones del impuesto de industria y comercio por el año 2001.

El cumplimiento de esa obligación, como situación jurídica, se concreta en el acto jurídico de un deber cumplido que, como tal, se entiende configurado y consolidado en vigencia de las citadas normas. Por lo tanto, la sentencia de nulidad que profirió la Sala el 9 de noviembre de 2001, es decir, con posterioridad a los actos jurídicos, no les resta ni validez ni eficacia, en virtud de los efectos ex nunc de la sentencia que anuló los artículos 3, 4 y 5 del Acuerdo 32 de 1998, expedido por el Concejo Municipal de Cali […]»

Se agrega, en relación con la jurisprudencia aplicable en el presente evento, que la Sala Plena de esta Corporación judicial, mediante sentencia de 21 de marzo de 2018, consideró que los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo son hacia el futuro, de conformidad con el siguiente extracto:

“[…] 1.5.3.1.3. Aunque es cierto que el ideal de todo sistema jurídico piramidal es que las normas inferiores sean conformes con las superiores, a falta de un control previo y obligatorio de constitucionalidad y/o legalidad, es imposible garantizar que ese siempre sea el caso, menos aún si se tiene en cuenta que la determinación de la conformidad de una norma con otra es un ejercicio interpretativo en el que no es raro que se llegue a conclusiones disímiles. Es en esta perspectiva que debe entenderse la conclusión según la cual una norma declarada contraria a la Constitución puede, sin embargo, mantener efectos en el ordenamiento, pues ella se funda en la realidad de que, ante la imposibilidad de controlar a priori toda la producción normativa, el juicio de compatibilidad, a posteriori, debe compadecerse de los efectos causados por la norma, de modo que la decisión que se adopta sobre la constitucionalidad de implícita una decisión sobre la constitucionalidad de sus efectos […].

Se considera que la situación alegada por los demandantes se encuentra consolidada, en tanto no se acreditó que se encuentre pendiente decisión alguna en sede judicial o administrativa sobre los descuentos efectuados.

Por último, se señaló lo siguiente:

“[…] aclara la Sala, que si bien en ocasiones anteriores, en casos similares que estuvieron sometidos a estudio se había accedido a las pretensiones de la demanda en reciente pronunciamiento”, por unanimidad de los integrantes de la Sala se apartó de la tesis que se venla sosteniendo y conforme al pronunciamiento por importancia jurídica realizada por Consejo de Estado el 21 de marzo de 2018 antes citado, cambió de postura, hallando la no acreditación del daño antijurídico que conlleva a negar las pretensiones de la demanda […]”.

Del aparte transcrito y de la lectura del escrito contentivo de la acción de tutela, es claro que los accionantes hacen referencia a un defecto sustantivo por cuanto la sentencia de 21 de marzo de 2018, no constituye un precedente judicial para el presente caso, entendiéndolo como “[…] la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo[…]”.

En efecto, en la sentencia de 21 de marzo de 2018, el problema jurídico a resolver, se refería a “[…] determinar si hay lugar a declarar la responsabilidad de la Nación-Congreso de la República por los daños que haya podido causar la expedición de una ley posteriormente declarada inexequible, sin efectos retroactivos, por la Corte Constitucional […]».

Adicionalmente, resulta cierto que la interpretación normativa, sustento de aquella decisión, difiere a la aplicable al caso concreto, por cuanto el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dispuso que las actuaciones administrativas o judiciales en curso al momento de la entrada en vigencia del CPACA seguirán rigiéndose por el régimen jurídico anterior. Razón por la cual se advierte que, a diferencia de lo previsto por el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, el artículo 175 del Decreto 01 de 1984 guardaba silencio respecto de los efectos de una sentencia de nulidad.

Sin embargo, aun cuando el Tribunal se equivocó al incluir en su hermenéutica el precedente contenido en la sentencia de 21 de marzo de 2018, con miras a resolver el caso concreto, lo cierto es que igualmente sustentó su decisión en que la situación jurídica se encontraba consolidada y, por tanto, resultaba inmodificable. También se apoyó en el criterio jurisprudencial aplicable contenido en la sentencia de 23 de febrero de 2011, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, según el cual la sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo cuenta con efectos ex nunc, es decir, hacia futuro.

Valga mencionar, en gracia de discusión, que aun cuando el Tribunal accionado hubiese considerado que la sentencia de 28 de febrero de 2013, contaba con efectos ex tunc o retroactivos, ello no hubiese modificado el hecho consistente en que las pretensiones de los ahora accionantes, debían ser negadas.

En efecto, esta Corporación judicial, de forma mayoritaria, ha advertido que los efectos retroactivos de los fallos de nulidad de los actos de carácter general, son inmediatos frente a las situaciones jurídicas no consolidadas, esto es, “[…] aquellas que se debaten ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, toda vez que cuando se define la situación jurídica particular y concreta, la norma que debía tenerse en cuenta para resolver el caso resulta inaplicable porque fue declarada nula […].

Ello significa que los efectos ex tunc no afectan las situaciones jurídicas consolidadas, entendiéndose por tales las creadas, modificadas o extinguidas por un acto particular y concreto que no puede ser objeto de revisión, ni en sede administrativa ni en sede judicial, ya sea porque fueron objeto de decisiones judiciales con efecto de cosa juzgada, o bien porque ya vencieron los términos para el ejercicio de los recursos ordinarios o de los medios de control judicial.

En el presente caso está demostrado que la situación de la parte accionante estaba consolidada debido a que no había discusión en sede administrativa o judicial respecto del descuento realizado a través del respectivo desprendible de pago, esto es, el acto administrativo particular, proferido con fundamento en lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995.

En este orden de ideas, lo que se debatió a través de las acciones de reparación directa, con radicados 11001-33-36-2015-00308-01 y 1001-33-36-033-2015-00333-01, era si el creador del precepto ilegal de carácter general, contenido en el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 1091 de 1995, estaba llamado a reparar el daño, por haber ocasionado una falla en el servicio por el hecho del legislador, sin que pudiese atribuirsele responsabilidad a aquel que recaudó el pago (en este caso la Policía Nacional), pues dicha entidad actuó como un agente del Estado que obró de buena fe, y se encargó de hacer cumplir los preceptos vigentes.

Por todo lo anterior, para la Sala resulta claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al expedir las providencias de de 10 de octubre de 2018 y 26 de septiembre de 2018, no incurrió en defectos sustantivo por desconocimiento del precedente, teniendo en cuenta que profirió su providencia de manera razonable, ajustada a derecho y al tenor de su autonomía judicial, sin evidenciar esta Sala una actuación arbitraria, razón por la cual se negará el amparo invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por los señores Ramiro Cortés Valderrama y Ferney Vásquez Murillo en contra Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Ejecutoriado este proveído, devuélvase al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, los expedientes contentivos del medio de control de reparación directa 11001-33-35-014-2015-00308-00 y 11001-33-35-014-2015-00333-00, remitidos en calidad de préstamo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

Consejo de Estado. Sala Plena. Radicación 25000-23-26-2003-00206-01. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Cuaderno acción de tutela, folio 51. María Angélica Guzmán Hernández. Juan Diego Serrano Soto.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
“Por la cual se modifican os artículos  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.1" 2.2.3.1.2.1,  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.4" 2.2.3.1.2.4 y  HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62503" \l "2.2.3.1.2.5" 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 2. Sentencia No. T-123/95. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia T-270 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla. A.V. Alberto Rojas Ríos). Sentencias SU-230 de 2015 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. S.V. María Victoria Calle Correa. S.V. Jorge Iván Palacio Palacio. S.V. Luis Ernesto Vargas Silva. A.V. Gabriel Eduardo Martelo Mendoza); C-634 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva); T-830 de 22 de octubre de 2012. Sentencia C-539 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva). Radicado 25000-23-26-000-00206-01 (29352) (IJ). C.P. Danilo Rojas Betancourt
Artículo 189. Efectos de la sentencia. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada.

Las que declaren la legalidad de las medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen. Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios. Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos efectos diferentes.

Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de |a Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero Ponente: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, 23 de febrero de 2011. Radicación número 76001-23-31-000-2005-02192-01 (17139).
Expediente 25000-23-26-000-2003-00206-01. Actor: Glaxomithkline Colombia S.A. C.P. Danilo Rojas Betancourth.
Al respecto, ver sentencias SU354 de 2017 y T 145 de 2017
Asevera que dicho interrogante se planteó por cuanto el 19 de septiembre de 2001, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-992 de 2001, declaró inexequibles los artículos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, referentes a la obligación de liquidar y pagar una tasa especial por servicios aduaneros que fue recaudada a partir de enero de 2000, porque tales normas no cumplían con los requisitos constitucionales para esa clase de tributos.
“Artículo 175. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada. La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor. Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos reglamentarios
La Sala considera que el mismo es inaplicable al caso concreto en razón a que en la sentencia de 21 de marzo de 2018, se estudiaron los efectos tanto de la declaratoria de incontitucionalidad de una ley, como de la nulidad por inconstitucional de un acto administrativo
Al respecto ver las sentencias: CONSEJO DE ESTADO, SECCION CUARTA Sentencias de 5 de mayo de 2003. Consejera Ponente Doctora María Inés Ortiz Barbosa. Expediente 12248 y de 22 de septiembre de 2004. Consejero Ponente Doctor Juan Ángel Palacio Hincapié. Expediente 13645- Sentencia de 23 de noviembre de 2005, Radicación número: 05001-23-31-000-2001-03886-01(14715) Consejero ponente: JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE, Consejero ponente: HECTOR J. ROMERO DIAZ, Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil cinco (2005)Radicación número: 08001-23- 31-000-2001-02351-01(14979)

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