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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06629-01

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06629-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de noviembre de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado, con base en las consideraciones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-06629-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

3 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06629-01
Accionantes: MARÍA ELSA AMAYA DE AMAYA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE
CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO PORQUE NO SE
CONFIGURARON LOS DEFECTOS INVOCADOS EN EL SUB
JUDICE

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la accionante
en contra de la sentencia de 4 de noviembre de 2021, proferida por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana María Elsa Amaya de Amaya, a través de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a «la igualdad frente a la ley, al
bloque de jurisprudencia, al trabajo, el derecho al debido proceso y acceso efectivo
a la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título, la seguridad
social integral en conexión con el régimen especial del magisterio (…) y demás
derechos que resulten vulnerados», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de
5 de agosto de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado número 81001-23-33-000-2013-00063-01 (4169-2014).

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos y razones que
motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que nació el 28 de julio de 1955 y se desempeñó como docente oficial
al servicio del departamento de Arauca con órdenes de prestación de servicio –
O.P.S. a partir del 1° de febrero de 1987 hasta que fue vinculada en propiedad en
el año de 1995, y desde esta última fecha hasta la actualidad, se encuentra
nombrada en propiedad.

2.2. Expuso que cumplió los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de
jubilación el 28 de julio de 2010, toda vez que, para esa época, cumplió 55 años y

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

20 años de servicio docente, con la inclusión del tiempo laborado mediante órdenes
de prestación de servicios – O.P.S.

2.3. Precisó que la Secretaría de Educación del Departamento de Arauca, mediante
la Resolución número 479 de 6 de febrero de 2013, negó el reconocimiento y pago
de su pensión de jubilación, razón por la cual acudió a la jurisdicción contenciosa
administrativa para que efectuara tal declaratoria.

2.4. Comentó que el conocimiento del referido proceso le correspondió al Tribunal
Administrativo de Arauca, corporación judicial que, en sentencia de primera
instancia de 19 de junio de 2014, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda.

2.5. Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada en el proceso
contencioso presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de agosto
de 2021, en la que revocó el fallo apelado y, como consecuencia de ello, negó las
pretensiones incoadas.

2.6. Indicó que, en la anterior decisión, la corporación accionada se apartó de la
sentencia de unificación dictada el 25 de agosto de 2016, por la misma corporación
judicial, dentro del proceso número 23001-23-33-000-2013-00260-01.

2.7. Afirmó que la corporación judicial de segunda instancia planteó que ella no logró
acreditar cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones durante el
tiempo laborado bajo la modalidad de OPS y que, en atención a que le fue
reconocida una pensión de jubilación mediante Resolución RDP 3132 del 9 de
septiembre de 2015, por el tiempo de servicio laborado al departamento de Arauca
desde el 13 de junio de 1995, hasta el 12 de junio de 2015, el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho había perdido su objeto, desconociendo, a
su juicio, los tiempos laborados entre 1987 y 1995.

2.8. Indicó que el fallo incurrió en defecto «material o sustantivo» por cuanto se
fundamentó en normas inconstitucionales, tales como: los artículos 6° de la Ley 60
de 1993 y el parágrafo 3° del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, las cuales fueron
declaradas inexequibles con la sentencia C-555 de 1994.

2.9. Señaló que, tal como se expuso en el salvamento de voto de la sentencia
ordinaria de segunda instancia, «la situación laboral de la demandante se aviene a
las circunstancias de desigualdad descritas por la Corte Constitucional, en sentencia
C-555 de 6 de diciembre de 1994», por cuanto no se tuvieron en cuenta los tiempos
laborados con el departamento de Arauca durante los años 1987 a 1995.

2.10. Explicó que la sentencia enjuiciada incurre en el defecto denominado decisión
sin motivación por ausencia de carga argumentativa para apartarse de la sentencia
C-555 de 6 de diciembre de 1994, proferida por la Corte Constitucional, así como
para inaplicar las demás sentencias de unificación dictadas por el Consejo de
Estado.

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Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

2.11. Destacó que la decisión objeto de tutela incurre en el defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente jurisprudencial, en tanto se fundamentó en los
artículos 6° de la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3° del artículo 105 de la Ley 115 de
1994, así como por desconocer las decisiones contenidas en las sentencias C-154
de 19 de marzo de 1997 y C-517 de 22 de julio de 1999, proferidas por la Corte
Constitucional, y en las sentencias de unificación proferidas por la Sección Segunda
del Consejo de Estado, el 22 de enero de 2015, radicación núm. 25000-23-42-000-
2012-02017-01, y el 25 de agosto de 2016, radicación núm. 23001-23-33-000-2013-
00260-011.

2.12. Concluyó señalando que en la sentencia enjuiciada se incurrió en violación
directa de la Constitución, toda vez que se desconoció el tiempo que laboró como
docente mediante órdenes de prestación de servicio para la obtención de la pensión
de jubilación, lo cual conculca sus derechos fundamentales.

III. PRETENSIONES

3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones

[…] PRIMERA. - DECLARAR que, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, Expediente No. 81001-23-33-000-2013-00063-
01 (4169-2014) LA SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, Consejero Ponente Dr. César
Palomino Cortés al revocar la sentencia de 19 de junio de 2014 emitida por el
Tribunal Administrativo de Arauca, vulneraron a la señora MARÍA ELSA
AMAYA DE AMAYA los derechos fundamentales a: la igualdad frente a la
aplicación de la ley y el bloque de jurisprudencia relacionada con la pensión de
jubilación que debía incluir los tiempos OPS, los derechos adquiridos con
arreglo a la ley, al trabajo, el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso judicial, el derecho a la seguridad social, la seguridad jurídica y demás
derechos constitucionales que resulten del estudio y análisis de los hechos que
fundamentan la acción.

SEGUNDA. – En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS LEGALES la sentencia
de segunda instancia emitida por LA SUBSECCIÓN “B” DE LA SECCIÓN
SEGUNDA DEL HONORABLE CONSEJO DE ESTADO fechada el 05 de
agosto de 2021 y notificada el 08 de septiembre hogaño.

TERCERA. – En su lugar, ORDENAR a la Corporación Judicial accionada para
que realice los trámites procesales pertinentes encaminados a dictar
sentencias fundamentadas en la normatividad vigente, valorando en plenitud
de pruebas aportadas y la línea jurisprudencial vigente contenidas entre otras,
en la sentencia C-555 de 1994 proferida por la Corte Constitucional y en el fallo
unificado de agosto 25 de 2016 proferido por la Sección Segunda suscrita entre
otros, por los Consejeros tutelados. […].

1
Frente a este hecho relacionó diversas providencias de las Secciones A y B del Consejo de Estado, respecto de las cuales
afirmó que resolvieron asuntos similares al presente, particularmente las proferidas en los procesos: 1999-01215-02, 2003-
02583-01, 2013-00138-01, 2013-00402-01, 2013-00413-01, 2014-00106-01, 2016-00082-01, 2013-00079-01, 2013-00005-
01, 2013-00012-02, 2018-00357. Asimismo, expresó que en el fallo de tutela proferido el 29 de abril de 2021, por la Sala de
Conjueces de la Sección Primera del Consejo de Estado, radicación número 11001-03-15-000-2020-05252-00, se estableció
el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU-769 de 2014, según el cual todos los tiempos de servicios
deben ser computados para efectos pensionales sin discriminación alguna, por cuanto, lo contrario, «puede limitar el goce
efectivo del derecho a la seguridad social», además de que el hecho de no haberse efectuado las respectivas cotizaciones o
descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador.

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Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
auto de 4 de octubre de 2021, admitió la acción de tutela promovida por la parte
accionante, en contra de los magistrados de la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.

5. En la misma providencia fueron vincularon, como terceros con interés directo en
los resultados del proceso, el Ministerio de Educación Nacional - Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al Departamento de Arauca y la
Fiduciaria La Previsora S.A. Asimismo, se solicitó en préstamo el expediente
contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho número 2013-
00063, cuya demandante es la aquí accionante.

6. Las notificaciones del proveído arriba referido se efectuaron de manera
electrónica, tal y como consta en el expediente de tutela.

V. INTERVENCIONES

7. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
únicamente se produjo la siguiente intervención:

7.1. El Departamento de Arauca, a través de apoderada judicial, planteó la falta de
legitimación en causa por pasiva, en tanto manifestó que los hechos y fundamentos
de la acción de tutela no guardan relación con el actuar del ente territorial en tanto
lo que se pretende es cuestionar una decisión judicial proferida por una autoridad
de esa naturaleza, lo que indica que el presunto daño alegado a la accionante no
aparece causado por dicho departamento.

VI. FALLO IMPUGNADO

8. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 4 de noviembre de 2021, negó el amparo solicitado.

9. En la decisión se consideró la falta de configuración del defecto sustantivo por
cuanto la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 5 de agosto de 2021,
no aplicó el artículo 6° de la Ley 60 de 1993 ni el parágrafo del 3° del artículo 105
de la Ley 115 de 1994.

10. La misma providencia indicó que no se aportaron las pruebas que acreditaran
las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones de la accionante, y
puso de relieve que, en el transcurso del proceso, se produjo el reconocimiento
pensional a la accionante, por lo que se cumplió con el objetivo de la demanda
ordinaria, el cual radicaba en que a la demandante se le reconociera la pensión de
jubilación.

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Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

11. En la sentencia se desestimó la ocurrencia del defecto de desconocimiento
del precedente contenido en las sentencias C-555 de 1994, C-154 de 1997 y C-
517 de 1999, proferidas por la Corte Constitucional, y de los fallos de unificación
dictados por el Consejo de Estado el 22 de enero de 2015 y 25 de agosto de 2016.

12. Expuso la Sala de Decisión que, en la sentencia C-555 de 1994, la Corte
Constitucional declaró inexequibles los parágrafos 1° del artículo 6° de la Ley 60 de
1993 y 3° del artículo 105 de la Ley 115 de 1994 en razón a que conculcaban el
derecho fundamental a la igualdad, toda vez que, en virtud de la primacía del
principio de la realidad sobre la forma, no existía razón para permitir la vinculación
de unos docentes mediante un contrato realidad y de otros bajo una relación legal
y reglamentaria con la administración, dado que la actividad era la misma, sin que
se advirtiera ninguna razón para el tratamiento diferencial.

13. Resaltóque en la sentencia C-154 de 1997, la Corte Constitucional declaró
exequible el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 por cuanto los cargos
expuestos en su contra relacionados con la existencia de la modalidad contractual
mencionada escapaban de la órbita de control de juez constitucional.

14. Acotó que en la sentencia C-517 de 1999 se estudió la constitucionalidad del
artículo 106 de la Ley 30 de 1992, declarándose la inexequibilidad de las
expresiones “bien sea”, o “mediante contratos de servicios” y “en cuanto a
honorarios se refiere” de la norma acusada, al considerar que la vinculación de
educadores en universidades públicas o privadas por hora cátedra, mediante
contratos de prestación de servicios, conllevaba un tratamiento diferencial
injustificado respecto de los demás profesores, en atención a lo resuelto en la
sentencia C-006 de 1996.

15. De lo expuesto concluyó que ninguna de las disposiciones legales aducidas fue
esgrimida por la Subsección accionada para definir el reparo de la accionante, dado
que no eran de obligatoria aplicación para resolver su caso, pues ninguno de los
supuestos fácticos le resultaban aplicables.

16. Lo anterior, considerando que, si bien la accionante fue vinculada al servicio
educativo mediante contratos de prestación de servicios, por un tiempo, lo cierto es
que las razones de la negativa de la pensión estaban asociadas a no haber logrado
acreditar las cotizaciones al sistema y a que en el curso del proceso le fue
reconocida la referida prestación.

17. Puso de presente que, en las sentencia de 22 de enero de 2015, expediente
número “0775-2014”, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó las reglas
para el reconocimiento de la pensión gracia de los docentes y la posibilidad de
computar los tiempos de servicios laborados como docente hora cátedra, lo que
demuestra que el tema resulta distinto del estudiado y definido en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la actora.

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Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

18. Advirtió que en la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de
2016, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia referente
al contrato realidad, puntualmente en lo relacionado con la prescripción y determinó
que: i) debería presentarse la reclamación dentro de los tres años contados a partir
de la terminación de su vínculo contractual; ii) el término prescriptivo no aplica frente
a los aportes para pensión, sin que existiera imprescriptibilidad respecto de la
devolución de los dineros pagados por el contratista; iii) las reclamaciones de los
aportes pensionales están exceptuadas de la caducidad del medio de control y
tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como
requisito previo para demandar, y iv) el juez debe estudiar, una vez comprobada la
existencia de la relación, en cada caso, la prescripción y pronunciarse sobre los
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, a pesar de que no se le
hubiere solicitado.

19. Sostuvo que en la aludida sentencia se enfatizó en que la vinculación de los
docentes bajo la modalidad de prestación de servicios no desvirtuaba el carácter
personal de la labor ni resultaba ajena a la subordinación existente con el servicio
público de la educación, en razón a que, al igual que los docentes empleados
públicos, estos se sometían a la misma subordinación, cumplían órdenes de su
superiores jerárquicos y desarrollaban funciones durante una jornada laboral, por
lo cual resultaban merecedores de una protección especial del Estado en virtud de
los principios de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

20. En ese orden de ideas concluyó lo siguiente:

[…] Visto eso, se evidencia que la ratio decidendi de la decisión define aspectos
propios de la reclamación sobre la declaración de una verdadera relación
laboral y, particularmente, lo relativo con la prescripción de los derechos
prestacionales reclamados. En este entendido, aunque en la sentencia de
unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016 se trató el tema de la
vinculación de los docentes a través de contratos de prestación de servicios, lo
cierto es que, no se definió un criterio jurisprudencial que resulte obligatorio para
definir el caso aquí estudiado, puesto que, se reitera, que la autoridad judicial
accionada negó las súplicas de la demanda por dos razones, la primera ante la
falta de pruebas sobre las cotizaciones en materia pensional y, la segunda, la
pérdida de objeto del proceso, debido al reconocimiento de la pensión por parte
de una de las entidades demandadas, en el trámite de aquel, temas frente a los
cuales no se determinaron reglas de unificación en el pronunciamiento invocado
[…].

21. Anotó que, en lo atinente al desconocimiento de varias sentencias proferidas por
las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a las que
se refirió la accionante, se advierte que las mismas, por sí solas, no constituyen
precedente constitucional aplicable en los términos de la Ley 1437 de 2011,
sumado al hecho de que los supuestos fácticos y jurídicos no son iguales al proceso
de la señora María Elsa Amaya de Amaya, dado que en ninguno de aquellos
pronunciamientos existió un reconocimiento pensional en el curso del proceso,
razón principal por la cual se negaron las pretensiones de la demanda en el asunto
bajo examen.

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Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

22. Argumentó que la accionante manifestó que la sentencia cuestionada carece de
motivación suficiente en lo referente al cómputo de tiempo que estuvo vinculada
como docente mediante contratos de prestación de servicios, para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación. Además, señaló que la accionada no
expuso las razones por las cuales desatendió el precedente contenido en las
sentencias C-555 de 1994, dictada por la Corte Constitucional, y del 22 de enero
de 2015, expediente 2021-02017-01, y del 25 de agosto de 2016, expediente 2013-
00260-01, del Consejo de Estado, en las cuales se determinó que los tiempos
laborados por el docente bajo una vinculación por contrato de prestación de
servicios, surten efectos pensionales.

23. Respecto del cargo anterior, insistió en que la corporación judicial accionada, en
la sentencia de 5 de agosto de 2021, determinó la imposibilidad de acceder a las
pretensiones de la demanda dado que la demandante no allegó prueba de las
cotizaciones que efectuó para efectos pensionales durante el tiempo de su
vinculación laboral mediante contratos de prestación de servicios, y además ya
había desparecido la causa del litigio, debido a que la Secretaría de Educación de
Arauca, mediante Resolución 3132 del 9 de septiembre de 2015, le reconoció la
pensión de jubilación por el tiempo de servicios laborados en la entidad territorial.

24. En ese orden de ideas observó que la autoridad judicial accionada estimó que
no podía reconocer la pensión de jubilación solicitada dado que, en principio, no se
demostró la cotización de aportes pensionales durante el tiempo de servicio
cuyo computo pretendía la actora, y que además, durante el proceso, la
Secretaría de Educación de Arauca le reconoció la prestación reclamada,
cumpliéndose el objeto de la litis, cual era, precisamente, el reconocimiento de
la pensión de jubilación, decisión que calificó como razonable y en la cual el juez
de tutela no puede inmiscuirse por cuanto fue justificada y explicada. Además,
resaltó lo siguiente:

[…] Así las cosas, se tiene que la decisión adoptada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, respecto de la imposibilidad de reconocer
la pensión de jubilación a la señora Amaya de Amaya, se encuentra dentro
de los márgenes de razonabilidad, en cuanto a que aquella ya le fue
reconocida la pensión reclamada, por lo cual la acción de tutela no puede
inmiscuirse en la autonomía del juez natural y censurar la conclusión de la
autoridad judicial accionada, la cual, valga mencionar, fue debidamente
justificada y explicada.

En cuanto al segundo argumento, la Subsección encuentra que, en los
términos que se definió en el acápite precedente, la Subsección accionada no
estaba obligada a aplicar las decisiones invocadas y, de esta forma, no debía
justificar el apartamiento del precedente jurisprudencial de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, en la forma pretendida por la
solicitante del amparo, pues se reitera que las reglas jurisprudenciales
definidas en esas decisiones versan sobre la desnaturalización de la
vinculación a través de contratos de prestación de servicios docentes, en
razón a que el desarrollo de sus actividades está sujeta a la subordinación o
dependencia, en virtud de los principios de la realidad sobre las formas.

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Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

De este modo, el desarrollo de este capítulo y de los anteriores conlleva a
concluir que la accionada no incurrió en una motivación insuficiente,
comoquiera que examinó las particularidades del caso concreto y, de
conformidad con un criterio razonado y justificado, adoptó la decisión a que
estimó adecuada en el medio de control. […]

25. Enrelación con el cargo de violación directa de la Constitución Política,
señaló que, en el caso que nos ocupa, no existe una transgresión de los derechos
fundamentales a la desatención de las garantías constitucionales a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social.

26. Agregó, «que la petición tuitiva se limita a reiterar que al accionante le era
aplicable el régimen consagrado en la Ley 32 de 1986, por lo que la acción
constitucional se percibe como un medio dirigido a revivir el análisis jurídico y
probatorio efectuado por la autoridad judicial accionada dentro del proceso iniciado
en el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho bajo radicado
No. 63001-23-33-000-2018-00155-01, con el fin de obtener la negativa frente a la
nulidad de los actos a través de los que se le reconoció su pensión de vejez».

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

27. La ciudadana María Elsa Amaya de Amaya, a través de apoderado judicial,
impugnó el fallo de tutela de primera instancia.

28. Argumentó que la sentencia SU-226 de 23 de mayo de 2019, proferida por la
Sala Plena de la Corte Constitucional, determinó que la responsabilidad de afiliar a
los trabajadores al sistema de seguridad social en pensión recae exclusivamente
en el empleador, y que debe tener en cuenta que las OPS docentes fueron objeto
de censura en la sentencia C-555 de 1994, en tanto infringían los artículos 13 y 53
superiores.

29. Asimismo, precisó que en las citadas OPS subyacen los elementos de una
relación laboral y, por tanto, es deber de los contratantes realizar la afiliación y
aportes al sistema pensional o efectuar la cuota parte de acuerdo a la Ley 33 de
1985 y al artículo 72 del Decreto 1848 de 1969, incorporado expresamente por el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 como parte del régimen excepcional de docentes
afiliados al FOMAG.

30. Advirtió que, aunque es cierto que en el fallo contencioso no se aplicaron los
artículos declarados inexequibles en la sentencia C-555 de 1994, la realidad es que
la Corporación accionada, al negar el reconocimiento de la prestación económica
con fundamento en que no se efectuaron las respectivas cotizaciones pensionales
para el período entre 1987 a 1995 implícitamente aplicó los artículos 6° de la Ley
60 de 1993 y el parágrafo 3° del artículo 105 de la Ley 115 de 1994.

31. Igualmente, afirmó que el verdadero status pensional lo obtuvo el 28 de julio de
2010, por lo que, en su criterio, la Corporación accionada erró al considerar que no

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le asiste el derecho solicitado en atención a que durante el trámite procesal le fue
reconocida pensión de jubilación a la accionante, a partir del 13 de junio de 2015.

32. En relación con el desconocimiento del precedente sostuvo lo siguiente: «es
claro el análisis desarrollado en la tutela, donde se demuestra dicho
desconocimiento, pues se transgreden fallos de constitucionalidad, unificación y
sentencias que desarrollan situaciones fácticas similares, inclusive desatendiendo
su propio boletín de jurisprudencia
hrrp://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/240/240.pdf (página 8)
del mes de marzo de 2021, mismo que lo desarrolla con efectos pedagógicos y
multiplicadores tanto para la administración como para los operadores judiciales
presupuesto constitucional para hacer efectivo el derecho de acceso a la
administración de justicia».

33. Frente al cargo denominado decisión sin motivación, expuso la impugnante
que el fallo estaba motivado en la inexistencia de pruebas de las cotizaciones
pensionales y en el reconocimiento pensional a partir del 13 de junio de 2015,
reiterando el yerro aludido con antelación, en tanto no se le pueden exigir
«cotizaciones de un contrato declarado inconstitucional o más aún exigir
cotizaciones cuando ni siquiera la norma lo establecía, toda vez que los
mencionados contratos tuvieron lugar con anterioridad a la Ley 797 de 2003
(febrero 1987 a junio de 1995) que fue la que impuso la obligación de las
cotizaciones a pensión por parte de las personas que presten sus servicios al
Estado a través de ese tipo de vinculación».

34. Por lo anterior, insistió en que se debieron señalar los fundamentos tenidos en
cuenta para apartarse del precedente jurisprudencial, así como los convenios y
tratados internacionales ratificados por Colombia, aduciendo que la posición de la
autoridad judicial accionada constituyen una «paradoja jurídica», ya que mientras
acepta que en los contratos subyacen elementos de relación laboral, acude a la
negación de un derecho por ausencia de cotizaciones como figura utilizada por la
administración para eludir la afiliación y aportes al sistema de seguridad social,
atentando así en contra de los derechos y garantías laborales, el principio de
favorabilidad así como la dignidad del trabajador.

35. En relación con el cargo denominado violación directa de la Constitución,
argumentó la impugnante que en atención a todo lo expuesto es clara la
transgresión de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a los derechos adquiridos con justo título, a
la seguridad social y a la seguridad jurídica previstos en la Carta Fundamental.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

36. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la impugnación presentada
por la parte actora, a través de apoderado judicial, en contra de la sentencia de 4

10

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06629-01
Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

de noviembre de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en virtud de lo previsto en el el artículo 32 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 1º del Decreto
1983 de 30 de noviembre de 20173 y, en armonía, con el Acuerdo 377 del 11 de
diciembre de 20184, respecto de la distribución de negocios al interior de las
secciones del Consejo de Estado.

VIII.2. Problemas jurídicos

37. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si la sentencia de 5 de agosto de 2021 proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 81001-23-33-000-2013-00063-01, vulneró los derechos
fundamentales invocados por la accionante, en tanto revocó el fallo de
primera instancia que había accedido a las pretensiones asociadas con el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a su favor.

38. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

39. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

40. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
41. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la

2
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06629-01
Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

42. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 7.

43. De lo expuesto, la Sala advierte que cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión8” que se encaje en dichos
parámetros.

44. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

45. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política».
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06629-01
Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

VIII.4. El caso concreto

46. La ciudadana María Elsa Amaya de Amaya, a través de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a «la igualdad frente a la ley, al
bloque de jurisprudencia, al trabajo, el derecho al debido proceso y acceso efectivo
a la administración de justicia, los derechos adquiridos con justo título, la seguridad
social integral en conexión con el régimen especial del magisterio, incurriendo en
notorias vías de hecho y demás derechos que resulten vulnerados», cuya
vulneración le atribuyó a la sentencia de 5 de agosto de 2021, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 81001-
23-33-000-2013-00063-01.

47. En el caso de autos, la Sala observa que la parte actora está en desacuerdo con
el fallo de primera instancia que negó el amparo constitucional, al considerar que
desconoce que en la decisión enjuiciada sí se incurrió en defecto sustantivo porque
se sustentó en normas declaradas inexequibles mediante la sentencia C-555 de
1994, y porque la negativa del reconocimiento pensional se fundamentó en que ya
tenía reconocida la pensión.

48. Asimismo, la actora señaló que la decisión objeto de tutela carece de motivación
por cuanto, mencionó una sola sentencia de unificación, pero no analizó las demás
sentencias que componen el precedente jurisprudencial en el caso concreto,
omitiendo cumplir con el deber de exponer la carga argumentativa que le permitiera
apartarse de la sentencia C-555 de 1994.

49. Destacó que la decisión incurre en defecto por desconocimiento del precedente
jurisprudencial, en tanto se fundamentó en una normativa que permitía la
contratación de docentes, esto es, la contenida en los artículos 6° de la Ley 60 de
1993 y en el parágrafo 3° del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, la cual fue
declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-555 de
1994, y para inaplicar esta decisión, no se mencionan los argumentos o
fundamentos así como tampoco para desconocer las decisiones contenidas en las
sentencias C-154 de 19 de marzo de 1997 y C-517 de 22 de julio de 1999, proferidas
por la Corte Constitucional, así como lo expuesto en las sentencias de unificación
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 22 de enero de 2015,
radicación núm. 25000-23-42-000-2012-02017-01, y el 25 de agosto de 2016,
radicación núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01.

50. Concluyó afirmando que la sentencia proferida por la Subsección B, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, calendada el 5 de agosto de 2021, incurrió en
violación directa de la Constitución, toda vez que desconoció el tiempo que laboró
como docente mediante órdenes de prestación de servicio para la obtención de la
pensión de jubilación, lo cual conculca sus derechos fundamentales ya que se
reconoció desde el año 1995, y se desconocieron los tiempos anteriores, desde el
año 1987.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-06629-01
Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

51. Resumidos así los motivos de inconformidad, la Sala advierte que los mismos se
encuentran estrechamente relacionados entre sí, por lo que serán analizados desde
la órbita de los defectos material y sustantivo por desconocimiento del precedente.

VIII.4.1. Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela

52. La Sala encuentra que en la acción de tutela de la referencia se cumplen tales
requisitos, en razón a que: i) la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional
en tanto se invoca la vulneración de unos derechos de orden fundamental como lo
son «la igualdad, al trabajo, al debido proceso, al acceso efectivo a la administración
de justicia y a la seguridad social»; ii) la parte accionante no tiene otro medio para
la defensa de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión
proferida en segunda instancia por la Corporación accionada; iii) la situación a la
cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente
puntualizada en el escrito de tutela; iv) la providencia objeto de amparo se notificó
el 8 de septiembre de 2021, mientras que la acción de tutela se presentó el 29 de
septiembre del mismo año, es decir dentro de los seis meses siguientes, lapso que
resulta razonable; v) no se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo
que no resulta necesario efectuar un análisis al respecto, y vi) la acción
constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica
naturaleza o índole.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

53. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la
presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por
la parte accionante.

VIII.4.2.1. Del defecto material o sustantivo

54. De conformidad con lo previsto en la sentencia SU-453 de 2019, la Corte
Constitucional refirió que este defecto se presenta cuando una autoridad judicial
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales, o cuando se presente
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión, o cuando
se aplica una norma que no es aplicable al caso concreto, o se deja de aplicar la
que evidentemente es, o sencillamente se opta por efectuar una interpretación que
contraría los postulados mínimos de razonabilidad jurídica.

55. En dicho pronunciamiento la Corte Constitucional, puntualmente señaló:

[…] 4.1. Defecto sustantivo o material9 se presenta cuando «la autoridad
judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que
evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados

9
Corte Constitucional, sentencia T-022 de 2019 (MP Cristina Pardo Schlesinger).

14

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mínimos de la razonabilidad jurídica»10. De esta manera, la Corte en diversas
decisiones ha venido construyendo los distintos supuestos que pueden
configurar este defecto, los cuales fueron recogidos sintéticamente en la
sentencia SU-649 de 201711, la cual se transcribe en lo pertinente:

«Esta irregularidad en la que incurren los operadores jurídicos se genera,
entre otras razones: (i) cuando la decisión judicial se basa en una norma
que no es aplicable, porque: (a) no es pertinente12, (b) ha sido derogada
y por tanto perdió vigencia13, (c) es inexistente14, (d) ha sido declarada
contraria a la Constitución15, (e) a pesar de que la norma cuestionada
está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la
cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos
distintos a los señalados expresamente por el legislador16; (ii) a pesar de
la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al
caso concreto, no se encuentra, prima facie, dentro del margen de
interpretación razonable17 o «la aplicación final de la regla es
inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente
(interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses
legítimos de una de las partes»18 o se aplica una norma jurídica de
forma manifiestamente errada, sacando de los parámetros de la
juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión
judicial; (iii) no se toman en cuenta sentencias que han definido su
alcance con efectos erga omnes19, (iv) la disposición aplicada se torna
injustificadamente regresiva20 o contraria a la Constitución21; (v) un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza «para un fin no
previsto en la disposición»22; (vi) cuando la decisión se funda en una
hermenéutica no sistémica de la norma, con omisión del análisis de otras
disposiciones que regulan el caso23 o (vii) se desconoce la norma
constitucional o legal aplicable al caso concreto24». (negrilla fuera de
texto).

En ese sentido, cuando en una providencia judicial se aplica una norma jurídica
de manera manifiestamente errada, «sacando del marco de la juridicidad y de
la hermenéutica jurídica aceptable tal decisión judicial, ésta deja de ser una vía
de derecho para convertirse en una vía de hecho, razón por la cual la misma
deberá dejarse sin efectos jurídicos, para lo cual la acción de tutela el
mecanismo apropiado»25. Así las cosas, no se estaría ante una diferencia
interpretativa de la norma, sino «ante una decisión carente de fundamento
jurídico, dictada según el capricho del operador jurídico, desconociendo la ley,
y trascendiendo al nivel constitucional en tanto compromete los derechos
fundamentales de la parte afectada con tal decisión»26. […].

10
Corte Constitucional, sentencia T-792 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio)
11
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017 (MP Alberto Rojas Ríos). Sobre el punto también se puede consultar la
sentencias SU-817 de 2010 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), SU-195 de 2012 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), SU-631
de 2017 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado). SU-632 de 2017 (MP José Fernando Reyes Cuartas).
12
Corte Constitucional, Sentencia T-189 de 2005
13
Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2004
14
Corte Constitucional, Sentencia T-800 de 2006
15
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001
16
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002
17
Corte Constitucional, Sentencias T-1101 de 2005, T-1222 de 2005 y T-051 de 2009
18
Corte Constitucional, Sentencias T-001 de 1999 y T-462 de 2003
19
Corte Constitucional, Sentencia T-814 de 1999, T-462 de 2003, T-1244 de 2004, T-462 de 2003 y T-1060 de 2009
20
Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2008
21
Corte Constitucional, Sentencia T-086 de 2007
22
Corte Constitucional, T-231 de 1994 […]
23
Corte Constitucional, Sentencia T-807 de 2004
24
Corte Constitucional, Sentencia T-056 de 2005, T-1216 de 2005, T-298 de 2008 y T-066 de 2009
25
Corte Constitucional, T-066 de 2009 (MP Jaime Araújo Rentería)
26
Corte Constitucional, T-066 de 2009 (MP Jaime Araújo Rentería)

15

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Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

VIII.4.2.2. Del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
jurisprudencial

56. En cuanto a la caracterización de este defecto, se tiene que la jurisprudencia 27 ha
entendido por precedente, la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con
anterioridad al asunto que debe resolverse que presentan similitudes con un caso
nuevo objeto de escrutinio en materia de i) patrones fácticos y ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

57. Igualmente, la Corte Constitucional ha precisado la distinción entre el precedente
horizontal y el vertical teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia,
para explicar que el primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por
autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial, y el segundo se
relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas
de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción28.

VIII.4.2.3. De la presunta vulneración de garantías fundamentales en el sub
judice

58. En el caso de autos, la actora, a través de apoderado judicial, afirmó que la
decisión objeto de tutela vulneró sus derechos fundamentales en tanto incurrió
presuntamente en defecto material, sustantivo por desconocimiento del precedente,
decisión sin motivación y en violación directa de la Constitución.

59. Como se dijo anteriormente, la Sala abordará los motivos de inconformidad
expuesto por la parte actora desde la órbita del defecto material y sustantivo por
desconocimiento del precedente, dado que, en últimas, los argumentos que
sustentan la presunta vulneración están asociados a que la autoridad judicial
accionada aplicó una normatividad que fue declarada inexequible por la Corte
Constitucional y porque, además, desconoció un sin número de providencias que
referenció en el libelo de demanda. Tales argumentos se sintetizan a continuación:

59.1. La actora adujo que la decisión demandada incurre en defecto material o
sustantivo, toda vez que el fallo se fundamenta en los artículos 6° de la Ley 60 de
1993 y el parágrafo 3° del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, declarados
inexequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-555 de 1994.

59.2. Igualmente, la accionante indicó que la decisión enjuiciada incurre en defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial, al no aplicar

27
Ver entre otras las sentencias T-158 de 2 de marzo de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. “La correcta aplicación
del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s), solo (i)
si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el
caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso
presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique
algún supuesto de hecho para su aplicación”. Sentencia T-812 de 28 de septiembre de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy
Cabra. T-355 de 10 de mayo de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; y T-309 de 22 de mayo de 2015, M.P. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
28
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

16

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06629-01
Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

las sentencias C-555 de 1994, C-154 de 19 de marzo de 1997 y C-517 de 22 de
julio de 1999, proferidas por la Corte Constitucional, así como también haber
desatendido las sentencias de unificación proferidas por la Sección Segunda del
Consejo de Estado, el 22 de enero de 2015, radicación núm. 25000-23-42-000-
2012-02017-01, y el 25 de agosto de 2016, radicación núm. 23001-23-33-000-2013-
00260-01.

60. Para efectos de resolver los defectos planteados por la parte accionante, resulta
pertinente traer a colación las consideraciones consignadas por la autoridad
accionada en la decisión que aquí se cuestiona. Veamos:

60.1. El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tenía como objeto: (i) que,
con sustento en lo señalado en la sentencia C-555 de 1994, se reconociera el tiempo
que la actora laboró al servicio del municipio de Arauquita desde el 1º de febrero de
1987 hasta el 12 de junio de 1995 en la modalidad de contrato de prestación de
servicios, con miras a completar los 20 años de trabajo exigidos para obtener
el estatus pensional; (ii) que se declarara la nulidad de la Resolución número 479
de 6 de febrero de 2013, por medio de la cual se le negó el reconocimiento de la
pensión solicitada, y (iii) que a la actora se le reconociera y ordenara pagar la
pensión de jubilación.

60.2. Mediante sentencia de 19 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo de
Arauca accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la nulidad de la
resolución demandada y, como consecuencia de ello, ordenó a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, reconocer y pagar la pensión de vejez a la demandante, a partir del 28
de julio de 2010.

60.3. El referido Tribunal fundamentó su decisión en que se debía tener en cuenta el
tiempo laborado por la demandante como contratista de prestación de servicios, que
correspondió al período comprendido entre el 01 de febrero de 1987 al 12 de junio
de 1995, en consideración a que frente al reconocimiento de las cotizaciones para
pensión fruto de la desnaturalización del contrato de prestación de servicios, no
puede predicarse válidamente la existencia de prescripción de dichos emolumentos,
toda vez que los derechos pensionales son imprescriptibles e irrenunciables.

60.4. Aunado a lo anterior, el Tribunal indicó que, a la demandante, se le aplican las
normas consagradas en las Leyes 33 y 62 de 1985, y que, dentro del expediente
contencioso, se demostró que, al momento en que la peticionaria solicitó el
reconocimiento pensional, esto es, el 7 de noviembre de 2012, cumplía con los
requisitos para tal efecto, toda vez que tenía más de 55 años de edad y más de
veinte años de servicios, contando el lapso que laboró bajo la modalidad de
prestación de servicios.

60.5. Inconformecon la anterior decisión, el departamento de Arauca presentó
recurso de apelación, el cual fue resuelto por Sección Segunda, Subsección B, del
Consejo de Estado en los siguientes términos:

17

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06629-01
Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de junio de 2014 proferida por
el Tribunal Administrativo de Arauca, que accedió a las pretensiones de la
demanda interpuesta por la señora María Elsa Amaya de Amaya, en su lugar:

NEGAR las pretensiones por las razones expuestas en la parte motiva […].

60.5.1. Como sustento de la anterior decisión, la Subsección accionada, en primer
lugar, abordó lo concerniente al marco jurisprudencial del régimen pensional de
docentes oficiales, para lo cual citó la sentencia de unificación jurisprudencial de
25 de abril de 2019, dictada por la Sala Plena de la Sección Segunda de esta
Corporación, mediante la cual se fijaron las reglas a tener en cuenta en el régimen
de pensión ordinario de jubilación de los docentes de servicio público oficial afiliados
al FOMPREMAG, vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.

60.5.2. En segundo lugar, analizó el marco jurisprudencial del reconocimiento del
tiempo de servicio prestado a través de contrato de prestación de servicios
docente para efectos de la pensión ordinaria de jubilación, referenciando la
sentencia de unificación CESUJ2 de 25 de agosto de 2016, dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso radicado No. 23001-23-33-000-
2013-00260-01, en la que se abordó el tema asociado al reconocimiento del contrato
realidad derivado de la vinculación de docentes a través de OPS.

60.5.3. Asimismo, la Subsección accionada tuvo por probado los siguientes hechos:
(i) que la señora Amaya de Amaya nació el 28 de julio de 1955 y, por tanto, cumplió
55 años de edad el 28 de julio de 2010; (ii) que prestó sus servicios al magisterio
por medio del sistema de soluciones educativas del departamento de Arauca entre
el 1º de febrero y el 12 de junio de 1995 (OPS), y que posteriormente fue nombrada
como docente mediante el Decreto 446 de 13 de junio de 1995, por lo que para el
14 de marzo de 2013, fecha en que se expidió el Formato Único para la Certificación
de Historia Laboral contaba con 17 años, 9 meses y 2 días de servicio; (iii) que el
30 de octubre de 2012 solicitó a la Secretaría de Educación de Arauca el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación como docente por haber laborado
como docente por más de 20 de años de servicio incluyendo el cómputo del tiempo
laborado como contratista, y tener 55 años de edad, por haber adquirido el estatus
pensional el 28 de junio de 2010, fecha en la que cumplió la edad requerida, y (iv)
que mediante la Resolución No. 3132 de 9 de septiembre de 2015, la Secretaría de
Educación del Departamento de Arauca le reconoció la pensión de jubilación
docente por el tiempo de servicio laborado entre el 13 de junio de 1995 y hasta el
12 de junio de 2015, a partir del 13 de junio de 2015.

60.5.4. A partir de todo lo anterior, la autoridad judicial accionada en el caso objeto de
su estudio precisó lo siguiente:

[…] Sea lo primero precisar, que el Tribunal Administrativo de Arauca
consideró que la señora María Elsa Amaya de Amaya acreditaba los
requisitos exigidos en la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento de una
pensión de jubilación docente, toda vez que contaba con más de 55 años de

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Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

edad y más de 20 años de servicio, incluyendo el tiempo que proviene de los
contratos de prestación de servicios celebrados.

Sin embargo, esta Sala encuentra que según el Formato Único para
Expedición de Certificado de Historia Laboral expedido el 14 de marzo de
2013, la actora fue nombrada docente mediante el Decreto 446 de 13 de junio
de 1995, y se encontraba activa para la fecha de expedición del certificado,
momento para el cual sumaba solamente 17 años, 9 meses y 2 días de
servicio.

En cuanto al tiempo de servicio, se tiene que, si bien al presentarse la
demanda la actora no contaba con 20 años de servicios, y por este
hecho estaba pidiendo que se tuviera en cuenta para efectos
pensionales el tiempo laborado mediante contratos de prestación de
servicios, lo cierto es que durante el proceso alcanzó los 20 años de
servicios y como resultado la Secretaría de Educación del departamento
de Arauca, mediante Resolución núm. 3132 del 9 de septiembre de 2015,
le reconoció una pensión de jubilación docente.

[…]

En síntesis, debe reiterarse que a la actora le fue reconocida una
pensión de jubilación docente mediante Resolución núm. 3132 del 9 de
septiembre de 2015, por el tiempo de servicio laborado al departamento
de Arauca desde el 13 de junio de 1995 hasta el 12 de junio de 2015. En
tal virtud, y como quiera que ya tiene derecho a la pensión, mal puede
considerarse el tiempo no cotizado para efectos del reconocimiento,
pues lo cierto es que las cotizaciones efectivamente realizadas ya dieron
lugar al reconocimiento pensional, por lo cual pierde objeto el proceso.

Dado que prospera uno de los cargos propuestos en el recurso de
apelación se considera innecesario entrar a estudiar los demás
argumentos señalados por la parte demandada […]29 (negrillas de la Sala)

61. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala encuentra que,
contrariamente a lo manifestado en el escrito de tutela, no se configuró el defecto
sustantivo alegado por la actora -asociado a la inapropiada aplicación de los artículos 6° de
la Ley 60 de 1993 y el parágrafo 3° del artículo 105 de la Ley 115 de 1994-, teniendo en cuenta
que las normas que la accionante considera indebidamente aplicadas no fueron el
fundamento para que se adoptara la decisión aquí censurada.

62. En armonía con lo anterior, para la Sala es claro que la sentencia de 5 de agosto
de 2021, proferida por la Subsección dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 81001-23-33-000-2013-00063-01, se adoptó
teniendo en cuenta: i) el marco normativo y jurisprudencial relativo al reconocimiento
de la pensión de jubilación docentes, y ii) las normas que permiten el
reconocimiento del tiempo de servicios prestado por los educadores a través de
contratos de prestación de servicios para el reconocimiento pensional.

63. La sala también pone de relieve que, una vez revisado el fallo proferido en el
proceso ordinario, se encuentra que, si bien al momento de la presentación de la

29
Páginas 668 y ss del índice 10 de las pruebas en el proceso No. 11001031500020210662900 consultado en el aplicativo
SAMAI.

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Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

demanda, la actora no contaba con el tiempo exigido para el reconocimiento
pensional, lo cierto es que durante el trámite del proceso contencioso, la Secretaría
de Educación del departamento de Arauca le reconoció a la accionante la pensión
de jubilación, motivo por el cual era dable concluir, como acertadamente lo
consideró la Subsección accionada, que el hecho que motivó la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho, había desaparecido.

64. De otra parte, y en cuanto al supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
de los precedentes jurisprudenciales contenidos en las sentencias C-555 de
1994, C-154 de 19 de marzo de 1997 y C-517 de 22 de julio de 1999, proferidas por
la Corte Constitucional, así como en las sentencias de unificación proferidas por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, el 22 de enero de 2015, radicación núm.
25000-23-42-000-2012-02017-01, y el 25 de agosto de 2016, radicación núm.
23001-23-33-000-2013-00260-01, la Sala advierte que tales decisiones no
configuran precedentes frente al caso objeto de controversia, por cuanto en tales
pronunciamientos no se aborda la misma situación fáctica y jurídica que planteó la
ahora accionante dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, tal como se procede a explicar a continuación:

64.1. La sentencia C-555 de 1994, declaró inexequibles los parágrafos 1.° del artículo
6° de la Ley 60 de 1993 y 3° del artículo 105 de la Ley 115 de 1994, al concluir que
tales disposiciones transgredían el derecho fundamental a la igualdad, toda vez que,
en virtud de la primacía de la realidad sobre las formas, no existía ninguna razón
para que se permitiera la vinculación de unos docentes a través de un contrato
realidad y de otros bajo una relación legal y reglamentaria con la administración, en
tanto que la actividad era la misma y no existían razones para el tratamiento
diferencial.

64.2. La sentencia C-154 de 1997 declara exequible el ordinal 3° del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, al concluir que los cargos de inconstitucionalidad expuestos frente
a la existencia de la modalidad contractual mencionada escapaban de la órbita de
control del juez constitucional.

64.3. La sentencia C-517 de 1999 estudió la constitucionalidad del artículo 106 de la
Ley 30 de 1992 y se declararon inexequibles las expresiones “bien sea”, “o mediante
contratos de servicios” y “en cuanto a honorarios se refiere” de la norma acusada,
con fundamento en que la vinculación de educadores en universidades públicas o
privadas por hora catedra, a través de contratos de prestación de servicios,
implicaba un tratamiento diferencial respecto a los demás profesores que no estaba
justificado, en atención a lo resuelto en la sentencia C-006 de 1996.

64.4. Conocida la particular situación fáctica y jurídica caracteriza la causa petendi de
la señora María Elsa Amaya de Amaya es pertinente resaltar que las sentencias
anteriormente mencionadas corresponden a fallos de constitucionalidad y que, dada
su naturaleza, no contienen reglas ni subreglas aplicables a su caso específico.

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Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

64.5. En cuanto atañe a la sentencia de unificación proferida el 22 de enero de 2015
dentro del expediente No. 25000-23-42-000-2012-02017-01, se observa que, tal como
lo expuso el a quo, en dicho fallo se establecieron las reglas para el reconocimiento de
la pensión gracia de docentes y la posibilidad de computar tiempos de servicio
laborados como docente hora cátedra, por lo que el tema no resulta similar a aquel
que se ventiló dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
adelantó la señora María Elsa Amaya de Amaya.

64.6. Frente a la sentencia de unificación CE-SUJ2-005-16 del 25 de agosto de 2016, se
observa que la misma hace referencia a las reglas respecto de las controversias
relacionadas con el contrato realidad, aspecto que, como se ha venido señalando, no
fue analizado por la Subsección accionada teniendo en cuenta que su pronunciamiento
apuntó a considerar que, en tanto a la demandante le había sido reconocido su
derecho pensional -en sede administrativa y en el curso del proceso judicial- no resultaba
necesario un pronunciamiento en torno a si, en el caso específico, se configuraban los
elementos de la relación laboral.

64.7. Por último, y en lo que tiene que ver con el desconocimiento de varias sentencias
referenciadas por la actora30, encuentra la Sala que, de la revisión de tales
pronunciamientos, se advierte que en ninguno de ellos los supuestos fácticos se
asimilan al caso de la señora María Elsa Amaya de Amaya, toda vez que si bien es
cierto que la actora fue vinculada al servicio educativo a través de contratos de
prestación de servicios, durante un tiempo, la realidad es que los motivos para negar
la pensión encontraron sustento en que no se probó que se hallan efectuado las
cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones, y en que en el curso del
proceso contencioso le fue reconocida la prestación económica motivo de reclamación
y que dio lugar a la demanda instaurada.

65. Por los anterioresrazonamientos, la Sala considera que la decisión de 5 de
agosto de 2014, adoptada por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de
Estado dentro del nulidad y restablecimiento del derecho No. 81001-23-33-000-
2013-00063-01, no incurrió en ninguna causal de procedibilidad y, mucho menos
resulta lesiva de los derechos fundamentales de la parte actora. Por tanto, se
confirmará la sentencia impugnada, que negó la solicitud de amparo de la
referencia.

30
Frente a este hecho relacionó diversas providencias de las Secciones A y B del Consejo de Estado, respecto de las cuales
afirmó que resolvieron asuntos similares al presente, particularmente las proferidas en los procesos: 1999-01215-02, 2003-
02583-01, 2013-00138-01, 2013-00402-01, 2013-00413-01, 2014-00106-01, 2016-00082-01, 2013-00079-01, 2013-00005-
01, 2013-00012-02, 2018-00357. Asimismo, expresó que en el fallo de tutela proferido el 29 de abril de 2021, por la Sala de
Conjueces de la Sección Primera del Consejo de Estado, radicación número 11001-03-15-000-2020-05252-00, se estableció
el desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU-769 de 2014, según el cual todos los tiempos de servicios
deben ser computados para efectos pensionales sin discriminación alguna, por cuanto, lo contrario, «puede limitar el goce
efectivo del derecho a la seguridad social», además de que el hecho de no haberse efectuado las respectivas cotizaciones o
descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador.

21

Radicación: 11001-03-15-000-2021-06629-01
Accionante: María Elsa Amaya de Amaya

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de noviembre de 2021, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó el
amparo solicitado, con base en las consideraciones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de
los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del
Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

P (16)

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