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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06641-00

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-06641-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA del municipio de Medellín, Registraduría Nacional del Estado Civil y Ministerio de Defensa, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de petición y de acceso a la administración de justicia solicitados por el señor David Alfonso Marín, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia TERCERO: NOTIFICAR a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-06641-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

17 de febrero de 2022

Demandante: David Alfonso Marín
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06641-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06641-00
Demandante: DAVID ALFONSO MARÍN
Demandados: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y OTROS

Temas: Tutela de fondo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor David
Alfonso Marín en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de
mayo de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 28 de septiembre de 20211 al correo electrónico
“demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co”, el señor David Alfonso Marín,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra “Servientrega de
Bogotá – Sasaima, Cundinamarca, Bodegas principales, Registraduría Nacional-
Casa, Prado de la Alcaldía de Medellín, la JEP, Ministerio de Defensa la Nacional y
otros” (Sic), con el fin de que sean protegidos sus derechos fundamentales al debido
proceso, de petición y de acceso a la administración de justicia.

2. El accionante consideró vulneradas las garantías constitucionales referidas con
fundamento en la situación fáctica según la cual remitió dos cartas: una a la JEP y
otra al Complejo Judicial de Paloquemado; ello, a través de la empresa de envíos
Servientrega ubicada en el municipio de Sasaima - Cundinamarca; no obstante, la
carta dirigida al Complejo Judicial, relacionada con una tutela “EN EL CASO DE BILL
CLINTON Y YORS WW BUSCH” (Sic), no llegó a su dirección “OSEA AL
COMPLEJO JUDICIAL DE PALOQUEMAO”.

1 El expediente fue recibido en este Despacho el 1 de octubre de 2021, posteriormente se profirió auto

ordenando el desglose del proceso, luego se profirió auto admisorio y nuevamente ingresó a
despacho el 13 de diciembre de 2021 para proferir fallo.

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Demandante: David Alfonso Marín
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06641-00

3. Al interpretar la demanda de tutela, el despacho colige que el actor pretende que
se disponga “ORDENARLE A LOS FUNCIONARIOS DE LA BODEGA SENTRAL
(sic) DE SERVIENTREGA EN BOGOTÁ D.C.”, que la petición (aportada en sobre
con 90 páginas) que está dirigida al Complejo Judicial de Paloquemado, sea remitida
inmediatamente “A LA OFICINA DE REPARTO DE LOS CENTROS JUDICIALES DE
PALOQUEMAO”, por cuanto al parecer contiene una solicitud de amparo
constitucional.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor David Alfonso Marín, señaló que por intermedio de servicios postales
Servientrega, remitió el “20 de noviembre de 2020” dos solicitudes que iban dirigidas a
dos autoridades diferentes, por un lado, a la JEP y, por el otro, al Complejo Judicial de
Paloquemado. De las cuales solamente fue entregada la que iba dirigida a la JEP.

5. Refirió que el sobre remitido al Complejo Judicial de Paloquemado, que no fue
entregado, contiene 90 hojas con denuncias penales “referentes a 18 jefes de estado”,
entre los que se encuentran George W. Bush y Bill Clinton.

6. Informó que su petición permanece archivada en las oficinas de Servientrega y
solicita que sea remitida inmediatamente a la oficina de reparto del complejo judicial de
Paloquemado, porque conteniente información “delicadísima”.

1.3. Sustento de la vulneración

7. El accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, de petición y de acceso a la administración de justicia, con ocasión a la
omisión de Servientrega de entregar un sobre contentivo con denuncias penales que
iba dirigido al Complejo Judicial de Paloquemado.

8. Consideró que arbitrariamente Servientrega archivó sus documentos, razón por la
cual solicita que dicha empresa remita, a la mayor brevedad posible, los documentos
al destinatario.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1 Auto que remite

9. El Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, autoridad
judicial a quien le correspondió en principio la tutela de la referencia, mediante auto
dictado el 29 de septiembre de 2021 ordenó remitir por competencia al Consejo de
Estado, de conformidad con el Decreto 333 de 2021 con el numeral 7° del artículo

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2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de
2021.

1.4.3. Auto de desglose

10. Posteriormente, este Despacho mediante auto del 26 de octubre de 2021,
dispuso desglosar las demandas de tutela presentadas por los señores David
Alfonso Marín y Robinson Andrés Castrillón Cardona, pues no advertía relación
alguna entre ellas, en cuanto las pretensiones del primero involucraban la protección
de su derecho fundamental de petición y las del segundo hacían referencia al debido
proceso y habeas corpus, derechos cuya vulneración se atribuía a autoridades
diferentes, de tal manera que no podían ser tramitadas bajo la misma cuerda
procesal.

11. La Secretaría en cumplimiento de lo anterior, mediante informe del 22 de
noviembre de 2021, dejó como constancia que: “…en cumplimiento de la providencia del
veintiséis 26 de octubre de dos mil veintiuno 2021, se desglosaron las demandas de tutela
presentadas por los señores David Alfonso Marín y Robinson Andrés Castrillón Cardona y se
le asignó a cada una un número de radicado independiente, correspondiéndoles
respectivamente los radicados 11001-03-15-000-2021-06641-00 y 11001-03-15-000-2021-
08584-00.”

1.4.4. Auto que admite

12. El 29 de noviembre de 2021, este despacho admitió la demanda de tutela de la
referencia y, en consecuencia, ordenó la notificación de la Registraduría Nacional
del Estado Civil, del Municipio de Medellín, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP
– y la Nación – Ministerio de Defensa, como autoridades accionadas.

13. Adicionalmente, el despacho requirió al actor para que aportara al presente
trámite constitucional, los soportes de envío de la acción de tutela dirigida a la oficina
de reparto del Centro Judicial de Paloquemado, por el servicio postal de
Servientrega, en aras de contar con todos los elementos probatorios para dictar la
sentencia.

14. Lo anterior, debido a que el señor David Alfonso Marín en su escrito de tutela
adujo que Servientrega no remitió a la Oficina de Reparto de los Centros Judiciales
de Paloquemado “la carta relacionada con una tutela EN EL CASO DE BILL CLINTON Y
YORS WW BUSCH”, sin embargo, no allegó la constancia de radicación de dicha
documentación a la empresa de mensajería, pues solo hizo tal afirmación, sin
precisar si aquella fue enviada por medios tecnológicos o si fue presentada en físico
en alguna dependencia.

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1.4.1. Auto que ordena vincular

15. Mediante auto de 11 de enero de 2022, se profirió auto para ordenar la
vinculación de la empresa de servicios postales Servientrega para que dentro del
término de dos (2) días, contados a partir de la fecha de recibo de la providencia,
pudiera intervenir en la actuación

1.4.2. Intervenciones

1.4.2.1. Alcaldía de Medellín

16. A través de memorial del 7 de diciembre de 2021, presentado vía electrónica al
buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, el apoderado judicial del
ente territorial señaló que se oponía a las pretensiones con fundamento en que no es
la autoridad competente para dar cumplimiento a la pretensión del accionante, en
consecuencia, solicitó que sea declarada la falta de legitimación en la causa por
pasiva del Municipio de Medellín.

17. Finalmente, requirió que la tutela se declarara improcedente y que como
consecuencia de ello, “que sean denegadas todas y cada una de las pretensiones en
lo que al Municipio de Medellín respecta”.

1.4.2.2. Centro de Soluciones -Servientrega-

18. Con escrito del 27 de enero de 2022, presentado vía electrónica a través del
buzón web de la Secretaría General de esta Corporación, informó que efectuadas las
verificaciones, en el Centro de Soluciones de Sasaima - Cundinamarca, el envío
efectuado en el mes de noviembre, como remitente: David Alfonso Marín, encontró la
guía 912586275, cuya trazabilidad arrojó que aquel no pudo ser entregado por
cuanto se reportó la novedad de: “Cliente se encuentra en receso por emergencia de
salud/ Covid 19/se genera devolución”.

19. La antedicha devolución se efectuó sin éxito, razón por la cual le dió de “baja” al
envío después del 8 de abril de 2021, conforme a lo dispuesto en la Ley 1369 de
2009 (artículo 522).

20. Para el efecto aportó dos imágenes que dan cuenta de la trazabilidad del envío
en sistema y confirma la causa, por la cual no fue recibido por el destinatario:

2 Procedimiento en caso de envíos declarados en rezago. “En los eventos en que el envío postal
resulte declarado en rezago, es decir, cuya entrega al destinatario o devolución a su remitente no
haya sido posible por el operador, transcurridos tres meses a partir de la fecha de la imposición del
mismo, el operador postal, para efectos de disminuir costos de custodia y de almacenamiento, exento
de responsabilidad, queda facultado para disponer el bien conforme al procedimiento que establezca
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.”

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1.4.2.3. Jurisdicción Especial para la Paz JEP

21. Con escrito presentado vía electrónica a la Secretaría General de esta
Corporación, el 31 de enero de 2022, por intermedio de apoderado judicial, la

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Jurisdicción Especial para la Paz señaló que de acuerdo con el contenido del escrito
presentado3 por el señor David Alfonso Marín, daba a conocer varias situaciones de
riesgo para su seguridad personal.

22. Debido a lo anterior, mediante Resolución del 23 de noviembre de 2021, el Fiscal
5 Delegado ante el Tribunal, avocó el conocimiento del asunto y solicitó al Grupo de
Protección Víctimas, Testigos y demás intervinientes, realizar el estudio del nivel de
riesgo que presentaba el señor David Alfonso Marín.

23. Informó que surtido el trámite, los delegados del Comité de Riesgo y Definición
de Medidas de la Unidad de Investigación y Acusación, determinaron que el señor
David Alfonso Marín no pertenecía a la población objeto de aquel programa.

24. Agregó que dicha decisión fue comunicada debidamente al señor David Alfonso
Marín, de lo cual anexó copia.

Las demás autoridades señaladas como accionadas guardaron silencio, no obstante
estar debidamente notificadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

25. De conformidad con el numeral 2° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de
2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, cuando la acción de
tutela se interponga contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del
orden nacional, como el caso, está será repartida para su conocimiento en primera
instancia a los Jueces del Circuito o con igual categoría.

26. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha sido enfática en indicar que
solo existe una regla sobre el régimen de competencias en materia de tutela y es el
referente a las demandas dirigidas contra la prensa y los demás medios de
comunicación, cuyo conocimiento corresponde a los Jueces Civiles del Circuito, de
conformidad con el articulo 37 del Decreto 2591 de 1991.

27. En tal sentido, no le es dable a ninguna autoridad en su condición de juez
constitucional, declarar su falta de competencia para conocer de las acciones de
tutela instauradas por las personas que estimen vulnerados o amenazados sus
derechos fundamentales, razón por la cual este despacho avocará competencia para
conocer del asunto.

3 Documento “fechado de 14 de octubre de 2020 y entregado través de la empresa de mensajería

Servientrega, con la guía 9125836274, el 26/10/2020 a las 12:15:26”.

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2.2. Cuestión previa

2.2.3. Respecto de la solicitud de desvinculación de la Alcaldía de Medellín

28. En el escrito de contestación de la demanda, el alcalde de Medellín solicitó su
desvinculación al vocativo de la referencia.

29. Al respecto, la Sala advierte que el alcalde de Medellín será desvinculado de la
actuación del vocativo de la referencia, en la medida en que no se le atribuye una
acción u omisión que genere la vulneración de los derechos invocados por el actor.

30. Frente la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Defensa
Nacional, la Sala declarará de oficio, la falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque no se les endilga ninguna actuación u omisión, que represente afectación a
las garantías constitucionales del accionante.

2.3. Legitimación en la causa

31. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, a través de un procedimiento preferente y sumario.

32. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un agente
oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no esté en
condiciones de promover su propia defensa.

33. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia T-416
de 19974, se estableció que la legitimación en la causa por activa constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso
de tutela.

34. En la sentencia T-086 de 20105, la Alta Corporación reiteró que “Esta exigencia
significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se opone a que la
defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de representante legal,
apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

4 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416, 28.08.97., M.P. Antonio Barrera

Carbonell.
5 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083, 15.02.10., M.P. Jorge Ignacio

Pretelt Chaljub.

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35. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 20116, indicó que la legitimación en
la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la acción
de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se solicita al
juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda establecer que el
derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

36. En la sentencia T-435 de 20167, la Corte estableció las condiciones que deben
concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales hizo especial
énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales reclamados, lo cual quedó
reiterado en la SU-454 de 20168, en la que, adicionalmente, señaló que el estudio de
la legitimación en la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y
constituye un presupuesto procesal de la demanda.9

37. Con fundamento en el marco conceptual expuesto10, la Sala advierte que el señor
David Alfonso Marín es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en
consideración a que afirma que a través de la empresa de servicios postales
Servientrega efectuó el envío de dos documentos, que debían ser remitidos a
entidades diferentes, sin embargo, una de ellas no recibió a satisfacción la solicitud.

38. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y, posteriormente, del núcleo esencial del derecho vulnerado.

39. En relación con la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que la
empresa Servientrega, es la autoridad legitimada, toda vez que a aquella se le
endilga la omisión del envío del documento.

6 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176, 14.03.11., M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub.
7 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435, 12.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz

Delgado
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454, 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511, 08.08.17.,

M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión,
Sentencia T-318, 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se señaló: “En el marco
de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe
verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor
del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la instauración del recurso de protección de
manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento de los mecanismos judiciales existentes, salvo
que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio
irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha

venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de
tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

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2.4. Problema jurídico

40. Frente al examen de la situación fáctica expuesta por la parte actora, del material
probatorio recaudado y de los argumentos expuestos en el libelo introductorio, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

i) Si Servientrega vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de
petición y de acceso a la administración de justicia invocados por el señor
David Alfonso Marín con ocasión de la omisión en la entrega del documento
contentivo de denuncias penales que iban dirigido al Complejo Judicial de
Paloquemado.

2.5. Razones jurídicas de la decisión

41. Para resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán los siguientes temas:
(i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) tutela contra particular (iii) análisis del caso
concreto.

2.6. Generalidades de la acción de tutela

42. Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de
tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona
reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente,
de particulares.

43. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

44. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda
la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un
perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse
en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

45. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría
desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de
contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

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2.7. Tutela contra particulares

46. La Corte Constitucional ha establecido la procedencia de las acciones de tutela
dirigidas contra particulares, al respecto señaló en la Sentencia T-634 de 2013:

(i) cuando el particular presta un servicio público; (ii) cuando la conducta del
particular afecta grave y directamente el interés colectivo y, (iii) cuando el solicitante
se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular.”11.

47. De manera que, para el caso particular que ocupa la atención de la Sala, se
configura la primera categoría, referente a que el particular presta un servicio público
y comoquiera que la tutela se dirige contra Servientrega, cuya empresa realiza el
servicio de mensajería, torna procedente la solicitud de amparo constitucional,
además porque la acción u omisión pretendida por el accionante, se le atribuye a
aquella.

2.8. Caso concreto

48. La parte actora aseguró que, las autoridades tuteladas, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, de petición y de acceso a la administración de
justicia, en razón a que remitió por Servientrega - Sasaima, dos cartas: una a la JEP
y otra dirigida al Complejo Judicial de Paloquemado; esta última no llegó al
destinatario, la cual se relacionaba con una tutela “EN EL CASO DE BILL CLINTON
Y YORS WW BUSCH” (Sic).

49. Del escrito de tutela el despacho colige que el actor pretende que se disponga
“ORDENARLE A LOS FUNCIONARIOS DE LA BODEGA SENTRAL (sic) DE
SERVIENTREGA EN BOGOTÁ D.C.”, que la petición (aportada en sobre con 90
páginas) que está dirigida al Complejo Judicial de Paloquemado, sea remitida
inmediatamente “A LA OFICINA DE REPARTO DE LOS CENTROS JUDICIALES DE
PALOQUEMAO”, por cuanto al parecer contiene una solicitud de amparo
constitucional.

50. De conformidad con el material probatorio aportado al vocativo de la referencia
se encuentra que la empresa de servicios postales -Servientrega-, realizó el envío
del documento al destinatario conforme se encuentra en la guía aportada a este
proceso, por otro lado, advierte la Sala que el accionante no allegó los documentos
requeridos para identificar si se trataba del mismo documento, razón por la cual se le
dará pleno valor probatorio a la allegada por la parte demandada, con el fin de
constar que el destinatario no recibió el documento, porque quedó como novedad
que el “Cliente se encuentra en receso por emergencia de salud/ Covid 19/se genera
devolución”.

11 Corte Constitucional, Sentencia T-634, 13.09. 2013., M.P. María Victoria Calle Correa.

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51. Ante dicha situación Servientrega intentó, sin éxito, el envío del documento al
remitente, para devolver el documento, razón por la cual trascurrido un tiempo
prudencial archivó esa solicitud, en cumplimiento del artículo 52 de la Ley 1369 de
2009 que dispone lo referente al manejo de aquellos envíos que no se pudieron
entregar al destinatario ni devolver al remitente, habilitando el término de tres (3)
meses para efectos de disponer sobre aquellos.

52. Precepto normativo que se analiza en armonía con la Resolución 1822 del 2018
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que
determina el procedimiento de disposición final de los envíos postales declarados en
rezago y que aplica a todos los operadores de mensajería expresa y al Operador
Postal Oficial, Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72.

53. Así las cosas, se negará el amparo constitucional toda vez que la Sala no
encuentra omisión por parte de la empresa de mensajería, que vulnere los derechos
invocados por el actor, por otro lado, le corresponde al interesado dirigirse
directamente a la empresa para efectos de solicitar información respecto a su
documentación.

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA del municipio de Medellín, Registraduría Nacional del Estado Civil y
Ministerio de Defensa, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
de petición y de acceso a la administración de justicia solicitados por el señor David
Alfonso Marín, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes según lo establecido por el artículo 30 del
Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido
por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: David Alfonso Marín
Demandados: Registraduría Nacional del Estado Civil y Otros
Radicado: 11001-03-15-000-2021-06641-00

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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