Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-08584-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-08584-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-08584-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-08584-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
20 de enero de 2022
Demandante: Robinson Andrés Castrillón Cardona
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08584-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2021-08584-00
Demandante: ROBINSON ANDRÉS CASTRILLÓN CARDONA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN “B” Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial – Tutela contra auto
interlocutorio que resuelve habeas corpus – improcedencia por
la naturaleza de la decisión censurada – Reitera posición de la
Sección.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor
Robinson Andrés Castrillón Cardona, en ejercicio de la acción de tutela
consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada por los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de 2015, modificado por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado el 28 de septiembre de 2021 al correo electrónico
“demandasadmmed@cendoj.ramajudicial.gov.co”, el señor Robinson Andrés Castrillón
Cardona1, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Consejo
de Estado – Sección Tercera – Subsección “B” y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales “al
debido proceso y de petición.”
2. Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
providencia del 31 de agosto de 2021 proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección “B”, mediante la cual se confirmó la decisión del 21
de agosto de 2021 del Tribunal Administrativo de Antioquia, que “negó la acción de
1 Quien se encuentra privado de la libertad en establecimiento carcelario Bellavista en el
Departamento de Antioquia, sindicado del delito de extorsión.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Robinson Andrés Castrillón Cardona
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08584-00
habeas corpus” que instauró en contra del Juzgado Primero Promiscuo Municipal
de San Rafael – Antioquia, con radicado N° 05001-23-33-000-2021-01548-01.
1.2. Pretensiones
3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó que se anularan las
decisiones dictadas por las autoridades judiciales que resolvieron su solicitud de
habeas corpus.2
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El 20 de agosto de 2021, el señor Robinson Andrés Castrillón Cardona,
mediante agente oficioso, presentó solicitud de habeas corpus, con el fin de que
se ordenara su libertad inmediata, por considerar que se estaba vulnerado el
derecho al debido proceso.
5. El peticionario manifestó que fue “detenido de manera irregular (…) [debido a
las] irregularidades constitucionales y legales al momento de nuestra captura”3, en
el proceso penal seguido en su contra por el delito de extorsión.
6. En la misma fecha, el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda
en contra del Juzgado 1º Promiscuo Municipal de San Rafael, Antioquia y ordenó
vincular al trámite al Gaula Militar del Oriente. Además, ofició al Juzgado 4º Civil
Municipal de Medellín, para que informara si en ese despacho se había tramitado
una petición similar presentada por el mismo accionante.
7. En cumplimiento de lo anterior, la primera autoridad referida remitió las
actuaciones procesales realizadas en la investigación penal No.
050016099156202100120 seguida en contra de Robinson Andrés Castrillón
Cardona. Asimismo, el Juzgado 4º Civil Municipal de Medellín remitió copia del
trámite de habeas corpus promovido por el mismo accionante, radicado bajo el No.
05001400300420210080800.
8. Por medio de auto interlocutorio dictado el 21 de agosto de 2021, el Tribunal
Administrativo de Antioquia negó la solicitud de habeas corpus presentada en
representación del accionante, al advertir que el 18 de agosto del mismo año se
había radicado una petición con similares supuestos fácticos y jurídicos. Al
respecto, explicó que, de acuerdo con la Sentencia C-187 de 2006, proferida por
2 El escrito de tutela no contiene un acápite de pretensiones, pero de su lectura integral se puede
advertir que la solicitud se encuentra encaminada a que se anulen las decisiones dictadas en la
acción de habeas corpus las cuales considera vulneradoras de sus derechos fundamentales.
3 Es importante precisar que el accionante fue capturado junto con otra persona, que no participa
en este trámite.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Robinson Andrés Castrillón Cardona
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08584-00
la Corte Constitucional, que revisó el proyecto de ley estatutaria reglamentaria del
artículo 30 de la Constitución Política, la acción de habeas corpus solo se podrá
ejercer por una sola vez, si se sustenta en los mismos hechos y argumentos. Por
tanto, habida cuenta de que en este caso no se presentaron supuestos nuevos o
diferentes de aquellos invocados en el primer trámite, el auto proferido por el
Juzgado 4º Civil Municipal de Medellín tenía efectos Inter partes y no era posible
adoptar un nuevo pronunciamiento sobre la misma cuestión.
9. El 25 de agosto de 2021, el Juzgado 4º Civil Municipal de Medellín reenvió, con
destino al Tribunal Administrativo de Antioquia, el “escrito de apelación”
interpuesto por el accionante, con fundamento en la mención que realizó el actor
con respecto a esa autoridad judicial.
10. La impugnación interpuesta por la parte actora en el trámite del recurso de
habeas corpus –providencia del 21 de agosto de 2021 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca– fue resuelta por auto de ponente dictado por el
Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “B”, el 31 de agosto de 2021,
en el que confirmó la decisión de primera instancia. Lo anterior al considerar que:
“…el ejercicio de la presente acción de habeas corpus es improcedente, al
existir un pronunciamiento judicial previo, con fuerza de cosa juzgada, que
resolvió una petición de libertad idéntica formulada a nombre de Robinson
Castrillón, por supuestos vicios o irregularidades en el procedimiento de su
captura. Es decir, para mediados de agosto de este año, se promovieron
paralelamente dos trámites con base en supuestos fácticos y jurídicos
semejantes, por lo que, al haberse adoptado una decisión de fondo por parte
del Juzgado 4 Civil Municipal, no es posible conocer nuevamente la misma
petición dentro de esta actuación.”
11. La decisión fue notificada el 1º de septiembre de 2021.
1.4. Sustento de la vulneración
12. En el escrito de tutela el accionante se limitó a manifestar que sus derechos
fundamentales se encuentran vulnerados y que procede la acción constitucional
para restablecerlos, toda vez que las autoridades accionadas se limitaron a
señalar que ya se había tramitado otra acción de la misma naturaleza, con lo que
omitieron brindarle la protección requerida.
1.5. Actuaciones procesales relevantes
1.5.1. Auto admisorio de la demanda
13. Mediante auto de ponente, dictado el 25 de noviembre de 2021, se admitió la
demanda de tutela y se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Antioquia y al Magistrado Ponente de la decisión de habeas
corpus en el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “B”.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Robinson Andrés Castrillón Cardona
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08584-00
14. En la misma providencia se ordenó vincular como terceros con interés jurídico
en el resultado del proceso al Juzgado 1° Promiscuo Municipal de San Rafael –
Antioquia, al Gaula Militar del Oriente, al Juzgado 4º Civil Municipal de Medellín, a
la Fiscalía 53 Especializada adscrita al grupo Gaula Oriente de Rionegro, al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC -, a la Procuraduría General
de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Unidad Permanente para los
Derechos Humanos de la Personería de Medellín.
1.5.2. Intervenciones de las autoridades accionadas y del tercero vinculado
1.5.2.1. Consejo de Estado, Sección Tercera - Subsección “B”
15. El magistrado Ponente de la decisión censurada manifestó que la providencia
y el expediente de la respectiva acción de habeas corpus contienen los
argumentos y elementos necesarios para que el juez de la acción de tutela adopte
la decisión que en derecho corresponda y que estaría dispuesto a cumplir lo que
disponga la Sala que tiene a su cargo la decisión.
1.5.2.2. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC
16. El Coordinador de Tutelas de la entidad señaló que la institución a su cargo no
ha vulnerado los derechos fundamentales de la parte actora y que la protección
constitucional se reclama del Tribunal Administrativo de Antioquia y del Consejo
de Estado.
17. Advirtió que el INPEC tan sólo es el garante de la ejecución de las penas y
ejerce vigilancia, custodia, atención social y tratamiento a las personas privadas
de la libertad, de tal manera que carece de legitimación en la causa por pasiva.
1.5.2.3. Tribunal Administrativo de Antioquia
18. El Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia dictada en la acción
de habeas corpus informó el trámite dado a la solicitud de libertad presentada por
el accionante.
19. Señaló que, al resolver el recurso “dio la solución que consideró más adecuada al
caso concreto, atendiendo a los criterios jurisprudenciales desarrollados por la H. Corte
Suprema de Justicia en la sentencia del 11 de mayo de 2007 en la cual advierte que el
Juez de Hábeas Corpus sólo tiene competencia para examinar los elementos extrínsecos
del proceso que afecten la libertad, y carece de ella para evaluar elementos intrínsecos,
tales como la responsabilidad de los procesados, la validez o valor de persuasión de los
medios de convicción y otros del mismo talante que necesariamente deben ventilarse
dentro de la respectiva actuación procesal penal que se adelanta en contra del sujeto
pasivo incriminado, por lo cual, pacíficamente se acepta que las solicitudes de libertad
que lleguen a plantearse en el curso del proceso deben tramitarse, se insiste en ello,
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Robinson Andrés Castrillón Cardona
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08584-00
dentro del respectivo proceso penal no a buena cuenta del ejercicio de la acción
constitucional de Hábeas Corpus.”
20. Indicó las razones por las cuales negó la solicitud, en consideración a que
encontró acreditado que se había tramitado previamente una acción con idénticos
presupuestos fácticos y jurídicos y sin que se indicara la existencia de un hecho
nuevo que permitiera el estudio de fondo.
21. Concluyó afirmando que “Se debe evitar esta conducta del accionante de invocar el
Habeas Corpus en varias ocasiones por los mismos hechos, cuya proliferación sería
altamente lesiva del orden jurídico, en cuanto daría lugar a decisiones posiblemente
contradictorias y violaría de manera indudable el principio non bis in idem, consagrado en
el artículo 29 de la Constitución como integrante esencial del debido proceso, pues la
misma conducta activa u omisiva, de una autoridad a cargo de quien se encuentra un
detenido, sería necesariamente juzgada más de una vez.”
22. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se negara la petición de amparo
constitucional.
1.5.2.4. Personería de Medellín
23. La entidad se limitó a señalar las funciones que le corresponder cumplir,
indicando que ninguna de ellas guarda relación con la petición realizada por el
accionante.
24. Con fundamento en lo expuesto propuso la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, afirmando que son otras las entidades encargadas de
garantizar los derechos que el accionante reclama.4
1.5.2.5. Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Rafael – Antioquia
25. El titular del despacho judicial remitió las pruebas correspondientes al trámite
del proceso penal y manifestó que no se pronunciaría con respecto al auto
admisorio de la tutela de la referencia ni a la petición constitucional elevada por el
accionante.
1.5.2.6. Defensoría del Pueblo
26. La entidad manifestó que remitió el escrito de tutela, el auto admisorio y los
documentos recibidos a la Regional de Antioquia, por razones de competencia
territorial, sin pronunciarse sobre los hechos de la demanda de tutela.
4 Ver índice 20 del SAMAI.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Robinson Andrés Castrillón Cardona
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08584-00
1.5.2.7. Intervención de las demás autoridades vinculadas
27. Las demás autoridades vinculadas al presente trámite constitucional no
rindieron informe no obstante encontrarse debidamente notificadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
28. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el
señor Robinson Andrés Castrillón Cardona, con fundamento en los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
29. Lo anterior, por cuanto la acción se dirige, entre otro, contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, autoridad de mayor jerarquía demandada y, por ende, le
corresponde el conocimiento a otra Sección del Consejo de Estado, en virtud de lo
consagrado en el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015.
2.2. Cuestión previa – Legitimación en la causa por pasiva
30. Al contestar la demanda de tutela, tanto el Instituto Colombiano Penitenciario y
Carcelario- INPEC como la Personería de Medellín formularon la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva, en consideración a que no son las
entidades contra las cuales se dirige la acción de tutela.
31. Igualmente, señalaron las funciones que les corresponde cumplir y, en ese
orden, consideraron que no les es posible proteger los derechos fundamentales al
debido proceso y de petición que la parte actora reclama.
32. Sin embargo, la Sala advierte que tanto el INPEC como la Personería
Municipal de Medellín fueron convocadas a esta acción de tutela como terceros
que podían tener interés en el resultado de la actuación, la primera entidad por
tener a su cargo la administración de la institución carcelaria en la que se
encuentra recluido el accionante, a través de la cual el mismo puede recibir las
notificaciones de los diferentes despachos judiciales y las órdenes relacionadas
con la continuidad de la detención o la libertad del imputado.
33. La segunda entidad, como organismo que forma parte del Ministerio Público,
fue convocada como garante de los derechos fundamentales de la persona que se
encuentra privada de la libertad, por cuanto su función constitucional y legal está
encaminada a proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus
violaciones, atender, orientar y asesorar a los ciudadanos en el correcto ejercicio
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Robinson Andrés Castrillón Cardona
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08584-00
de los mismos5, sin que le sea dable olvidar que las personas privadas de su
libertad son sujetos de especial protección constitucional. A la Defensoría del
Pueblo le corresponde agenciar sus derechos cuando estos no puedan proveerse
un defensor de confianza.
34. En esa medida, el juez de tutela debía notificar a la Defensoría del Pueblo de
la existencia de esta acción y de la necesidad de protección constitucional que
podía llegar a declararse, evento en el cual la entidad puede ser destinataria de
órdenes en sede de tutela.
35. Las anteriores razones son suficientes para que se declare no probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y se mantenga
vinculadas a las instituciones, no en calidad de accionadas, sino -se reitera- de
terceros con interés en el resultado de la actuación, precisamente por el análisis
de las funciones que les corresponde cumplir y los estrictos deberes funcionales
que de ellas se derivan.
2.3. Problema jurídico
36. Con fundamento en la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y naturaleza jurídica de la providencia judicial censurada, el
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en establecer si procede
la acción de tutela para controvertir una decisión adoptada al momento de resolver
una acción constitucional de habeas corpus.
37. Únicamente en el evento de ser procedente la acción de tutela se examinará si
la providencia censurada incurre en algún defecto que torne procedente la
intervención excepcional del juez de tutela.
2.4. Razones jurídicas de la decisión
2.4.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia que resuelve una
solicitud de habeas corpus
38. Esta Sección ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia
de la acción de tutela contra las providencias que resuelven una solicitud de
habeas corpus, entre otras, en la sentencia dictada el 21 de enero de 2021 6, en la
que previa precisión sobre el contenido constitucionalmente vinculante del derecho
a la libertad individual7, precisó que:
5 Artículo 283 de la Constitución Política y Ley 24 de 1992 “Por la cual se establecen la
organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones en
desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia.”
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
21.01.2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad.11001-03-15-000-2020-04481-00
7 Según la sentencia SU-350 de 2019, dictada por la Corte Constitucional, el derecho fundamental
a la libertad personal es uno de los pilares del Estado constitucional y democrático de derecho,
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Robinson Andrés Castrillón Cardona
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08584-00
“…el habeas corpus “tiene la doble connotación: i) de acción constitucional;
y, ii) de derecho fundamental, que tiene por objeto salvaguardar la libertad
personal”, postura adoptada a partir de la sentencia de 12 de febrero de
2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro (E), rad. 11001-03-15-000-2014-03536-
00.
Por lo expuesto, la Sala ha precisado que se trata de una acción
constitucional que resulta ser aún más idónea y eficaz para la protección del
derecho a la libertad que la acción de tutela; idoneidad y eficacia que se
demuestra por la perentoriedad que se tiene para su resolución, 36 horas,
así como en su informalidad.
Por lo tanto, sería contradictorio concebir la acción de tutela como
improcedente cuando se promueve con el fin de amparar derechos
fundamentales que pueden ser invocados a través del habeas corpus, pero,
por otro lado, considerar que la misma es el mecanismo judicial adecuado
para controvertir las decisiones dictadas en desarrollo de este, pues ello la
convertiría en una instancia adicional, pero no por ello más idónea.”
39. Al respecto, la Sala ha considerado que, al existir un mecanismo de rango
constitucional dirigido a la protección de un derecho fundamental específico, como
el de la libertad, debe ser únicamente mediante aquel, que se atiendan y
resuelvan las solicitudes de protección, o, como es este caso, a defender la
postura del demandante y no a través de la garantía general que ofrece la tutela,
pues aceptar su procedencia contra estas decisiones significaría desconocer que
el habeas corpus busca igualmente la salvaguarda del mismo derecho con un
trámite especialísimo.
40. Con fundamento en lo anterior y en el carácter de inimpugnable de la
providencia judicial que resuelve en segunda instancia en la acción de habeas
corpus, que se extiende a la acción de tutela, se ha concluido que, si bien esta
constituye un mecanismo de protección de los derechos fundamentales, la misma
se torna improcedente para revisar las decisiones de los jueces constitucionales
cuando analizaron la presunta privación o prolongación irregular de la libertad, so
pena de desvirtuar su carácter especialísimo y prevalente frente al recurso de
amparo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política. 8
presupuesto básico para la eficacia de los demás derechos e “instrumento “primario” del ser
humano para vivir en sociedad”. Su protección constitucional tiene lugar mediante diversas
garantías, pero es indudable que el habeas corpus es una de las más significativas. Se encuentra
consagrado en varios tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad,
como el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. El habeas corpus es medio efectivo de protección frente al peligro de la
arbitrariedad estatal y, muy particularmente, frente a una de sus más gravosas representaciones, el
ejercicio del ius puniendi. En el ordenamiento jurídico colombiano, el habeas corpus está orientado
a proteger la libertad de personas capturadas sin el respeto de las garantías constitucionales, o
cuya detención se prolongue arbitrariamente y sin fundamento legal.
8 En el mismo sentido, pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 12.02.2015, Rad. 11001-03-15-000-2014-03536-00., M.P. Alberto Yepes Barreiro;
sentencia del 13.04.2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-00674-00, M.P. Carlos Enrique Moreno
Rubio; sentencia del 6.04.2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-00616-00, M.P. Alberto Yepes
Barreiro; sentencia del 10.08.2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-01679-00, M.P. Rocío Araújo
Oñate; sentencia del 31.10.2018, Rad. 11001-03-15-000-2018-02579-01, M.P. Lucy Jeannette
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Robinson Andrés Castrillón Cardona
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08584-00
41. En consecuencia, la acción de tutela es improcedente para examinar la
razonabilidad de las providencias dictadas para resolver las peticiones de habeas
corpus, pues de lo contrario se desconocería el carácter especialísimo y
prevalente de este último frente al recurso de amparo lo cual cobra mayor
relevancia con el hecho de que tal acción pueda inclusive intentarse nuevamente
cuando quiera que surjan hechos o situaciones nuevas que determinen una
prolongación ilícita o contraria a derecho de la libertad del peticionario9.
42. En efecto, al caso cabe igualmente dar aplicación a lo dispuesto por el numeral
2º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 que establece que la acción de tutela
es improcedente cuanto para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de
habeas corpus. En consecuencia, en el evento de poder el accionante acreditar
una circunstancia nueva de prolongación ilegal de su libertad cuenta con el
mecanismo judicial idóneo.
2.4.2. Análisis del caso concreto
43. En el sub examine la parte actora pretende que se deje sin efecto la
providencia del 31 de agosto de 2021 proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección “B”, mediante la cual se confirmó la decisión del 21
de agosto de 2021 del Tribunal Administrativo de Antioquia, que “negó la acción de
habeas corpus” que el señor Castrillón Cardona instauró en contra del Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de San Rafael – Antioquia, con radicado N° 05001-
23-33-000-2021-01548-01.
44. Lo anterior torna improcedente la acción de tutela toda vez que las
providencias que se controvierten son aquellas que negaron la petición de libertad
elevada a través del mecanismo idóneo para ello y lo hicieron en razón a que el
accionante había formulado previamente una acción idéntica, circunstancia que
encuentra prohibición legal, pues –se reitera- únicamente se habilita la posibilidad
de ejercer una nueva acción cuando surgen hechos nuevos.
45. En el presente caso no solo no se alegó la existencia de alguna circunstancia
nueva que habilitara a la parte actora para ejercer nuevamente la acción de
habeas corpus sino en que esta oportunidad tampoco la parte actora acredita que
Bermúdez Bermúdez; sentencia del 12.09.2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-03525-00, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia del 3.10.2019, Rad. 11001-03-15-000-2019-04070-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate y sentencia 4.06.2020, radicado 11001-03-15-000-2020-01892-00, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio.
9 Así lo concluyó la Corte Constitucional en la Sentencia C-197 de 2006, al precisar que esta
acción “se podrá invocar o ejercer por una sola vez respecto de cada hecho o actuación
constitutiva de violación de los derechos protegidos mediante el artículo 30 superior. Sin embargo,
ello no es óbice para que quien haya ejercido la acción de habeas corpus, pueda invocar
nuevamente tal derecho cada vez que nuevos hechos constitutivos de privación de la libertad con
violación de las garantías constitucionales o legales, o de prolongación ilegal de la libertad, hagan
imperioso recurrir a dicha acción en aras de asegurar la protección de sus garantías
fundamentales.”
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Robinson Andrés Castrillón Cardona
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08584-00
en el trámite del recurso especial de protección de la libertad se hubiera vulnerado
su debido proceso o se hubiera incurrido en error al momento de apreciar su
situación particular.
46. El actor tampoco acreditó ni ante el juez que tramitó el proceso ni en sede de
tutela la ilegalidad de la privación de la libertad ni la prolongación ilegal de la
misma que permita, en forma excepcionalísima, la intervención del juez
constitucional en una decisión cuya razonabilidad no se desvirtuó.
47. En consecuencia, tal como lo ha efectuado la Sala en los antecedentes que se
analizaron, se declarará la improcedencia de la acción.
2.5. Conclusiones
48. Las anteriores razones son suficientes para considerar que no resulta
procedente la intervención excepcional del juez constitucional de tutela, pues las
providencias censuradas se dictaron para resolver una acción de habeas corpus,
lo cual torna improcedente la que es objeto de análisis.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –
INPEC y por la Personaría de Medellín, por las consideraciones expuestas en la
parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela ejercida por el
señor Robinson Andrés Castrillón Cardona.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Robinson Andrés Castrillón Cardona
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera- Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-08584-00
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Con salvamento parcial de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.