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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06786-01

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-06786-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por los conjueces que conformaron la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 5 de mayo de 2022, en la que se negaron las pretensiones de la acción de tutela presentada por Miguel Espinosa Liévano. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-06786-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de febrero de 2023

Demandante: Miguel Espinosa Liévano
Demandados: Juzgado 27 Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá – AD HOC y otro
Radicado:11001-03-15-000-2021- 06786-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06786-01
Demandante: MIGUEL ESPINOSA LIÉVANO
Demandados: JUZGADO 27 ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BOGOTÁ – AD HOC Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SALA
TRANSITORIA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma – Falta de carga
argumentativa en la impugnación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el accionante contra la
sentencia proferida el 5 de mayo de 2022 por los conjueces que conformaron la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado1. En ese fallo se negó
el amparo solicitado.

1. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. Con escrito enviado por correo electrónico, el 5 de octubre de 2021, al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Miguel Espinosa
Liévano interpuso acción de tutela contra el Juzgado 27 Administrativo Oral del
Circuito de Bogotá – AD HOC y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Sala Transitoria. El tutelante consideró que las autoridades
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad.

2. Lo anterior, con ocasión de la expedición de las sentencias del 6 de noviembre
de 2018 y del 30 de julio de 2021, mediante las cuales, respectivamente, se negaron
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por él
instaurada contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración

1 Esta Sala de decisión se encontraba integrada por los conjueces: Carlos Alberto Atehortúa Ríos,

Luis Ferney Moreno Castillo y Juan Carlos Henao Pérez.

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Demandante: Miguel Espinosa Liévano
Demandados: Juzgado 27 Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá – AD HOC y otro
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Judicial. Esto, con el propósito de obtener el reajuste salarial y la consecuente
reliquidación de sus prestaciones sociales, de conformidad con los Decretos 3901
de 2008 y 1251 de 20092.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

1. Que se ordene a la Honorable Sala Transitoria de Cundinamarca derogue las
pretensiones de la demanda y por ende se revoque la sentencia de primera instancia
y en su lugar se decrete la nivelación de mis salarios y prestaciones sociales y
ordenando a la demandada cancelarme las diferencias que resulten de dicha
nivelación, desde el año 1993, 1º de enero hasta el 31 de enero de 2002, cuando
me retiré de la Judicatura por tener la edad y el tiempo de servicio para obtener mi
pensión de vejez. (SIC a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. El accionante estuvo vinculado por el periodo comprendido entre 20 de
septiembre de 1977 y el 30 de enero de 2002 en la Rama Judicial3. Durante este
tiempo ejerció diferentes cargos entre ellos, el de Juez Penal Municipal de Viotá,
Juez Promiscuo Municipal de Puerto Salgar, Juez Segundo Penal del Circuito de
Fusagasugá y Juez del Circuito de Familia de Soacha.

6. El señor Miguel Espinosa Liévano solicitó la reliquidación de su pensión de
vejez, así como de sus prestaciones sociales, teniendo en cuenta todos los ingresos
laborales anuales de carácter permanente que devenga un Magistrado de Alta
Corte, como lo son asignación básica, gastos de representación, prima de navidad,
auxilio de cesantías y la prima especial de servicios. Esto, de conformidad con lo
señalado en los Decretos 3901 de 2008 y 1251 de 20094.

7. Sin embargo, la Rama Judicial mediante las Resoluciones 1380 del 21 de
marzo y 3419 del 27 de mayo de 2014 negó el reajuste salarial y la consecuente
reliquidación solicitada. En estos actos se invocó como fundamento de la decisión
lo dispuesto en los Decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009.

8. Por los anteriores hechos, el señor Miguel Espinosa Liévano presentó
demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial. Esto, con el fin de que se declarara la nulidad de los anteriores actos
administrativos y se ordenara la reliquidación de su remuneración mensual y de sus
prestaciones sociales, con la inclusión de los factores que devenga un magistrado

2 Rad.11001333502720150015301.
3 En esta fecha el accionante se retiró del servicio.
4 En los Decretos se determinó que para la vigencia de 2009, la remuneración de los jueces y fiscales

se incrementaría en un porcentaje superior al 43% del del valor correspondiente al 70% de lo que
por todo concepto perciba anualmente el magistrado de las Altas Cortes.

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de Alta Corte.

9. En primera instancia el asunto fue conocido por el Juzgado 26 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá. Esta autoridad judicial en sentencia del 6 de
noviembre de 2018 negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su
decisión, el juez de primer grado encontró que el accionante se retiró del servicio el
30 de enero de 2002, es decir mucho antes de la entrada en vigencia de los decretos
3901 de 2008 y 1251 de 2009. Por esto, no resultaba procedente el reconocimiento
de las sumas de dinero solicitadas. Lo anterior, porque pretende la aplicación
retrospectiva de la Ley, lo cual no esta permitido en el ordenamiento jurídico
colombiano.

10. En segunda instancia, la cuestión correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Sala Transitoria. Esta autoridad judicial, en
sentencia del 3 de julio de 2021, confirmó la decisión de primer grado. Lo anterior,
bajo los siguientes motivos:

“(…) En ese escenario es pertinente indicar que aun cuando el ahora apelante se
desempeñó como funcionario judicial durante más de 20 años, también lo es, que
para el momento para la expedición de los mencionados decretos 3901 de 2008 y
1251 de 2009, ya no ostentaba dicha calidad, incluso se encontraba gozando de la
pensión de vejez desde varios años atrás, es decir, ostenta una situación jurídica
plenamente consolidada, producto del goce del derecho adquirido al haberse
pensionado, bajo las normas que regían el momento de su retiro.

En ese sentido, (…) la Sala indica que las normas en las cuales el señor Miguel
Espinosa Liévano basó su petición y posterior demanda eran frente a su caso
particular meras expectativas, puesto que a la entrada en vigencia de los decretos
que alude, ya se había incorporado de modo definitivo a su patrimonio el derecho
adquirido. Se insiste que como quiera que ya se encuentra pensionado y los
decretos 3901 de 2008 y 1251 de 2009 no conllevan un efecto retroactivo ni mucho
menos retrospectivo, no afectan las situaciones definidas o consumadas como es el
goce de la pensión”.

1.4. Sustento de la vulneración

11. En primer lugar, el accionante consideró vulnerados sus derechos
fundamentales porque las autoridades judiciales desconocieron el precedente –sin
hacer alusión a una providencia en específico–.

12. Al efecto, el accionante señaló que los jueces de instancia se equivocaron al
interpretar el precedente que invocan. Esto, al concluir que no se podía aplicar el
principio de “irretrospectividad” de la ley, pues en su sentir, los Decretos 3901 de
2008 y 1251 de 2009 no tenían esa cualidad jurídica por las siguientes razones: i)
por estar gozando una pensión; ii) por no estar vinculado a la Rama Judicial de
manera activa; y iii) porque los motivos anteriores conllevan a una situación jurídica
consolidada bajo leyes vigentes para la época de la pensión dentro de las cuales se
incluían todos los aumentos.

13. Así, el tutelante considera que dicha interpretación condujo a que “no se
analizaran integralmente todos los argumentos tanto los negativos como los

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positivos y solamente se detuvieran a confrontar lo que [le] desfavorecía”. Esto llevó
a que se dejaran por fuera los casos en que si se podía aplicar el principio de
retroactividad –sin especificar a que asuntos hacía alusión–.

14. Por otro lado, el accionante consideró que se le desconoció su derecho a la
igualdad. Esto, porque su pensión de vejez tan solo “llega a seis millones y pico”,
mientras que sus pares retirados con posterioridad al 2009, van a obtener una
pensión correspondiente al 43.2% de lo que gana un magistrado de la alta corte por
todo concepto.

1.5. Trámite de primera instancia

15. En primera instancia los magistrados de la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación a los que inicialmente les correspondió el asunto se
declararon impedidos para conocer del asunto. Por esto, se designó como
conjueces a Juan Carlos Henao Pérez, Luis Ferney Moreno Castillo y Carlos Alberto
Atehortúa Ríos, quienes integraron la Sala de decisión para decidir sobre la actual
solicitud de amparo5.

16. Luego, en auto del 10 de febrero de 2022, el conjuez ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela de la referencia y dispuso la notificación del
Juzgado 27 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá – AD HOC y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Sala Transitoria.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Juzgado 27 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

17. El Juez titular del Despacho judicial rindió informe en el que mencionó que la
providencia reprochada en primer grado no fue por él proferida sino por el señor
Ramiro Basili Colmenares en calidad de Juez Ad-Hoc. Por ello, sugirió que se
integrara el contradictorio con aquel.

5 En primera instancia, por reparto, el conocimiento del asunto se le asignó al despacho a cargo de

la magistrada Marta Nubia Velásquez. Sin embargo, previo a resolver sobre su admisión, el 14 de
octubre de 2021, las consejeras Marta Nubia Velásquez Rico y María Adriana Marín, de acuerdo con
lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, manifestaron estar
impedidas. Luego, el 9 de diciembre de 2021, el Magistrado José Roberto Sáchica también se
declaró impedido para conocer del asunto. Por ello, el 17 de enero de 2022, se procedió a sorteo de
conjueces. Esta diligencia fue realizada por el Magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas en su
condición de presidente de la Sección Tercera. De esta manera, fueron designados los doctores
Edgardo Villamil Portilla, Ernesto Rengifo García y Carlos Alberto Atehortúa Ríos, a quienes ordenó
se les comunicara la designación. Luego, se designó como conjuez ponente al doctor Carlos Alberto
Atehortúa Ríos. En atención al retiro de los doctores Edgardo Villamil Portilla y Ernesto Rengifo
García de su ejercicio como conjueces, mediante auto del pasado 15 de marzo de 2022, se ordenó
el sorteo de nuevos conjueces para integrar la sala decisión.
Mediante sorteo de 24 de marzo de 2022 se nombró a los doctores Juan Carlos Henao Pérez y Luis
Ferney Moreno Castillo como conjueces en el presente asunto, quedando así integrada la sala de
decisión que mantuvo como conjuez ponente al doctor Carlos Alberto Atehortúa Ríos.

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18. Por otro lado, el juez accionado allegó el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D

19. La autoridad judicial accionada señaló que no era procedente un
pronunciamiento de fondo sobre la acción de tutela. Esto, porque “mediante el
Acuerdo PCSJA22-11918 del dos (2) de febrero de dos mil veintidós (2022) se
crearon cargos con carácter transitorio para tribunales y juzgados a nivel nacional
incluyendo el atinente a la Sala Transitoria aquí accionada. No obstante, a la fecha
el Consejo de Estado no ha proveído los cargos de Magistrados Transitorios
creados, razón por la cual, no sería posible un pronunciamiento de fondo por parte
del Despacho accionado”.

1.7. Sentencia de primera instancia

20. En sentencia del 5 de mayo de 2022, los conjueces que conformaron la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado6, negaron el amparo
solicitado por el accionante.

21. Como fundamento de su decisión, el A quo constitucional mencionó que el
problema jurídico en este caso en concreto consistía en determinar si los decretos
3901 de 2008 y 1251 de 2009, expedidos en desarrollo de los mandatos contenidos
en la Ley 4º de 1992, le deben ser aplicados en forma retroactiva al señor Miguel
Espinosa Liévano a pesar de que al momento de entrar en vigencia las normas
citadas, se encontraba retirado del servicio desde el 31 de enero de 2002, y gozar
de la pensión que le fue reconocida por reunir los requisitos legales.

22. Estas pretensiones en criterio de la Sala no podían prosperar, pues la
aplicación retroactiva de las normas es contraria al principio general, según el cual
aquellas rigen hacia el futuro, y además no podría pensarse en una aplicación
retrospectiva de los Decretos citados. Esto, porque al entrar en vigencia el
demandante ya se había retirado del servicio y los salarios y prestaciones sociales
recibidas durante su vinculación constituyen verdaderas situaciones jurídicas
consolidadas. De esta manera, consideró que en este caso no se vulneraron los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del accionante.

1.8. Impugnación

23. La parte accionante presentó escrito de impugnación contra el fallo de primer
grado. En aquel, el recurrente se limitó a solicitar el envío de su alzada a la Sala
correspondiente, teniendo en cuenta que quienes se pronunciaron en el fallo de
tutela recurrido fueron conjueces.

6 Esta Sala de decisión se encontraba integrada por los conjueces: Carlos Alberto Atehortúa Ríos,

Luis Ferney Moreno Castillo y Juan Carlos Henao Pérez.

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24. Mediante auto del 15 de julio de 2022, el conjuez ponente de primera
instancia concedió el recurso de impugnación presentado contra la decisión del 5
de mayo de 2022.

1.9. Trámite de segunda instancia

25. En segunda instancia, por reparto el asunto inicialmente correspondió al
Magistrado Carlos Enrique Moreno. Sin embargo, previo a definir el asunto, el 26 de
agosto de 2022, los Consejeros de Estado integrantes de esta Sección manifestaron
estar impedidos para conocer del asunto. Esto, porque consideraron que podrían
estar incursos en la causal de impedimento de tener interés directo en las resultas
del proceso en la medida en que el objeto de la litis es precisamente determinar si
hay lugar a nivelar los salarios y prestaciones de los jueces de la República.

26. Por lo anterior, el 2 de septiembre de 2022 se llevó a cabo el sorteo de
conjueces, resultandos asignados, los doctores Álvaro Andrés Motta, Alejandro
Venegas Franco, Pedro Luis Blanco Jiménez y German Lozano Villegas. Luego, se
designó como conjuez ponente a este último.

27. Posterior a ello, mediante auto del 13 de octubre de 2022, el conjuez ponente
del asunto declaró fundados los impedimentos manifestados por los magistrados
Luis Alberto Álvarez Parra y Carlos Enrique Moreno Rubio. Sin embargo, en dicha
providencia, se determinó que no estaban llamados a prosperar los impedimentos
presentados por los magistrados Rocío Araujo Oñate y el suscrito ponente.

28. Por lo anterior, el 13 de diciembre de 2022, por conocimiento previo, el asunto
fue repartido nuevamente al despacho ponente, quien asumió la causa.

29. Encontrándose el proceso pendiente de resolver el recurso de impugnación
interpuesto, el Despacho ponente en auto del 15 de diciembre, luego de revisar el
trámite impartido por el a quo, ordenó la vinculación como terceros con interés a la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

30. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
pese a que fue notificada del asunto, guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 5 de mayo de 2022
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

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2.2. Legitimación en la causa

32. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

33. La Sala advierte que el señor Miguel Espinosa Liévano se encuentra
legitimado en la causa por activa. Esto porque figura como demandante en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirieron las
providencias aquí reprochadas.

34. Por su parte, para esta Colegiatura el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda se encuentra legitimado en la causa por pasiva
por ser la autoridad judicial que profirió la sentencia de segunda instancia que se
controvierte mediante esta acción constitucional.

35. Si bien es cierto la referida providencia ordinaria fue aprobada por una Sala
Transitoria de esa Corporación, la cual pese a que fue vinculada a este trámite y
debidamente notificada7, en la actualidad ya no se encuentra integrada8. En ese
orden, en el evento en que se llegase a adoptar una decisión favorable al
accionante, sería el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda
la colegiatura a la que le correspondería dar cumplimiento a la orden de amparo.

2.3. Problema jurídico

36. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por los conjueces que conformaron la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 5 de mayo de 2022, por medio de
la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
accionante.

• ¿El escrito de impugnación que presentó el accionante cumple con la carga
argumentativa mínima para estudiar de fondo su inconformidad?

37. En el evento de encontrarse acreditada la carga argumentativa mínima en la
impugnación, se analizará si en el caso concreto concurren los requisitos de
procedibilidad adjetiva y, de superarse estos, se resolverá si la sentencia censurada
incurrió en los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente.

7
Documento 21 cargado a SAMAI.
8 Según información suministrada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante
Acuerdo PCSJA22-11918 del 2 de febrero de 2022, se crearon cargos con carácter transitorio para
tribunales y juzgados a nivel nacional, incluyendo lo atinente a la Sala Transitoria aquí accionada.
No obstante, a la fecha el Consejo de Estado no ha proveído los cargos de Magistrados Transitorios
creados.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20129. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema10. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales11.

39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201412. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia13 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial14.
40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05

de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
14 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

41. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.

42. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

43. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de inmediatez y, solo en el
caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en
los defectos aludidos.

2.5. Cumplimiento de la carga argumentativa mínima en la impugnación

44. La Corte Constitucional15 y esta Corporación16 han establecido que cuando
la tutela se dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora tiene el deber
de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y “precisar los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción”.

45. En efecto, en la última sentencia referenciada se estableció que “(…) El actor
tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la
vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la
providencia”17, y exponer en forma clara los defectos de los cuales adolece la
decisión judicial, desplegando para el efecto una carga argumentativa mínima que
le permita al juez constitucional abordar el análisis de la providencia.

15
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
19.09.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2018-01300-01
17 Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia de la
Corte Constitucional C-590 de 2005.

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Demandante: Miguel Espinosa Liévano
Demandados: Juzgado 27 Administrativo Oral del Circuito
de Bogotá – AD HOC y otro
Radicado:11001-03-15-000-2021- 06786-01

46. Esta carga indudablemente se debe cumplir en igual forma cuando se
presenta la impugnación en contra de la sentencia de primera instancia
proferida en sede de tutela, en relación con la cual corresponde al impugnante
señalar las falencias, errores u omisiones en que incurrió el juez de primera
instancia18 que le permitan al juez de segunda instancia asumir el estudio de los
argumentos expuestos.

47. En este sentido se pronunció esta Sala en sentencia del 13 de octubre de
2016, en la que afirmó que “cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de
providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su intervención a la
simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera
instancia, por el contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos
de su impugnación, indispensable para que el juez de tutela de segunda instancia
conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma
requiere”19.

2.6. Caso concreto

48. La impugnación que presentó el accionante no cumple con la carga
argumentativa mínima que le permita a la Sala estudiar de fondo su inconformidad.
Al efecto, en el escrito de impugnación se observa:

18 Así lo ha sostenido esta Sección, entre otras, en la Sentencia del 15 de diciembre de 2015. Rad.

11001-03-15-000-2015-01828-01, cuando precisó “…se debe tener en cuenta que en materia de
tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en
primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría
realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente
ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia”.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de

octubre de 2016. Así mismo, pueden consultarse: sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-
03-15-000-2016-02014-01; sentencia del 15.de noviembre de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-
01880-01; sentencia del 14 de mayo de 2020., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00180-01; sentencia del 2 de diciembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-03184-01 M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil; y sentencia del 24 de marzo de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-11359-
01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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de Bogotá – AD HOC y otro
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49. Con lo anterior, la Sala observa que ni en la impugnación ni en escrito
posterior, el accionante no dio razón alguna o explicó brevemente el por qué no
compartía la decisión del a quo constitucional, ni sustentó en dicho memorial el
motivo para superar la improcedencia declarada, así como la negativa de la
vulneración de sus derechos fundamentales por parte de las autoridades judiciales
accionadas.

50. Al respecto, se reitera que, quien asegure que sus garantías fundamentales
resultaron vulneradas como consecuencia de los yerros en los que incurrió una
autoridad judicial, debe cumplir con una carga argumentativa que le permita al juez
constitucional contar con elementos precisos para analizar la presunta transgresión
de sus derechos.

51. Así mismo, el juez de tutela de segunda instancia debe decidir a partir de los
aspectos del fallo de primera instancia que fueron objeto de impugnación, porque le
está vedado analizar de manera oficiosa aspectos que en forma expresa no hayan
sido objeto de controversia y, en consecuencia, sometidos a su conocimiento.

52. Sobre este aspecto, se advierte que abordar el fondo del asunto sin que el
recurrente haya expuesto argumentos en contra de la decisión de primera instancia,
atentaría contra los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía
judicial, pues no es posible que se revise oficiosamente la decisión proferida por el
juez ordinario.

53. En ese orden de ideas, habrá que confirmarse la sentencia proferida el 5 de
mayo de 2022 por los conjueces que conformaron la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en la que se negaron las pretensiones de la acción
de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

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III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por los conjueces que conformaron
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 5 de mayo de
2022, en la que se negaron las pretensiones de la acción de tutela presentada por
Miguel Espinosa Liévano.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

GERMÁN LOZANO VILLEGAS
Conjuez

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

ALEJANDRO VENEGAS FRANCO
Conjuez

“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.

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