Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11359-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11359-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11359-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
24 de marzo de 2022
Demandante: Samuel Prada Cordero
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Rad: 11001-03-15-000-2021-11359-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11359-01
Demandante: SAMUEL PRADA CORDERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: Carga mínima argumentativa tratándose de tutela contra
providencia judicial en el escrito de impugnación1
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia de primera instancia proferida el 27 de enero de 2022 por el Consejo de
Estado, Sección Primera. Mediante esta providencia se declaró improcedente la
solicitud de amparo por no superar el requisito adjetivo de relevancia constitucional
respecto del defecto de desconocimiento del precedente y se negó la petición de
tutela al no encontrar acreditado el defecto fáctico.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Mediante correo electrónico remitido al buzón electrónico de la Secretaría
General del Consejo de Estado el 7 de diciembre de 2021, el señor Samuel Prada
Cordero, en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Santander, en la que solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
2. Desde el punto de vista de la parte accionante, la trasgresión de las citadas
garantías constitucionales encontró sustento en la sentencia de segunda instancia
de 25 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander. En
esta providencia, al resolver recurso de apelación, se revocó la decisión proferida
en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Bucaramanga, de 16 de agosto de 2019 que accedió a las pretensiones
de la demanda promovida al interior del proceso de reparación directa identificado
con el radicado No. 68001-33-33-002-2017-00518-00/01.
1 Reiteración de lo mencionado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, sentencia de 23 de septiembre de 2021, expediente No. 11001-03-15-000-2021-
03827-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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Demandante: Samuel Prada Cordero
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, solicitó lo siguiente:
A) TUTELAR; los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de
Colombia.
B) DECLARAR, que la sentencia de fecha 25 de junio de 2021, integrada por
los Magistrados, del Tribunal Administrativo Oral de Santander, JULIO EDINSON
RAMOS SALAZAR, MILCIADES RODRIGUEZ QUINTERO Y SOLANGE BLANCO
VILLAMIZAR, violó el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.
C) Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por el
Honorable Tribunal Administrativo oral de Santander, el 25 de junio de 2021, y en
firme la de primera instancia emitida por el Juzgado segundo Oral Administrativo de
Bucaramanga, el día 16 de agosto de 2019, a través de la cual se declaró la
responsabilidad administrativa en cabeza de la demandada ELECTRIFICADORA DE
SANTANDER S.A. E.S.P. (sic para toda la cita)
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Samuel Prada Cordero es propietario del predio rural denominado
“La Lajita”, ubicado en la vereda “La Plazuela” del Municipio de Zapatoca,
identificado con el folio de matrícula No. 326-6968. Sostuvo que el predio en total
cuenta con 271 hectáreas y 8.900 metros cuadrados, los cuales destina al cultivo
de caña panelera, mango y maderables, tales como naunos y cedros.
5. El demandante expuso que por el predio en mención pasan líneas de
conducción eléctricas de baja tensión.
6. El 8 de enero de 2016, sobre las 14:30 horas, se presentó un corto circuito,
en las líneas de baja tensión que pasa por los cañales ocasionando un incendio
forestal de grandes proporciones, y con ello la quema de 13 hectáreas y 9932
metros cuadrados de estos cultivos. Para la atención de esta emergencia el cuerpo
de bomberos voluntarios de San Vicente de Chucurí, previa presentación del
informe respectivo al cuerpo de bombero de Zapatoca acudió al sitio con el fin de
controlar las llamas, y al día siguiente acudieron nuevamente para establecer las
posibles causas del hecho.
7. El 21 de enero 2016, el señor Prada Cordero radicó ante la secretaría de la
Electrificadora de Santander – ESSA S.A. E.S.P. (en adelante ESSA) solicitud
formal de reparación del perjuicio causado por la conflagración. Para tal efecto,
aportó, entre otras pruebas, declaración ante el inspector de policía, material
fotográfico, informe de un técnico electricista y un oficio del cuerpo de bomberos de
San Vicente de Chucuri. Sin embargo, la entidad estableció que no se configuraba
los requisitos para indemnizar.
8. Por lo anterior, interpuso demanda de reparación directa identificada con el
radicado No. 68001-33-33-002-2017-00518-00/01. Esta fue conocida en primera
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instancia por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Bucaramanga, el cual accedió a sus pretensiones en sentencia de 16 de agosto de
2019.
9. Inconforme con la decisión de primera instancia, tanto la demandada como
la llamada en garantía (Seguros Generales Suramericana S.A.) interpusieron
recurso de apelación. El Tribunal Administrativo de Santander revocó la anterior
providencia y denegó las súplicas de la demanda ante la inexistencia del daño
antijurídico por parte de la entidad demandada.
1.4. Sustento de la vulneración
10. La parte actora invocó los defectos de desconocimiento del precedente en lo
referente a la sentencia de tutela T-755 de 2017, precisando que debía aplicarse el
principio iura novit curia si, como estableció la autoridad accionada, no era posible
inferir el grado de certeza de lo ocurrido; y fáctico, ante la ausencia de valoración
probatoria que permitía evidenciar la responsabilidad de la ESSA en lo ocurrido.
1.5. Actuaciones relevantes
1.5.1. Admisión de la acción de tutela
11. Mediante auto de 13 de diciembre de 2021, la Sección Primera del Consejo
de Estado dispuso la admisión de la tutela y la vinculación, en calidad de
demandados, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, y de
terceros con interés al juez Segundo Oral Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga y a la ESSA.
1.5.2. Intervención
12. Remitidas las notificaciones del caso, únicamente la ESSA presentó su
intervención en la que indicó oponerse a lo pretendido por el actor puesto que no
señaló la manera en la que la sentencia cuestionada hubiera incurrido en alguno de
los presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial,
siendo un mero reproche producto de no haberse visto favorecido con la decisión
adoptada.
1.5.3. Sentencia de primera instancia
13. El 27 de enero de 2022, el Consejo de Estado, Sección Primera profirió
decisión en la que resolvió, por un lado, declarar la improcedencia la solicitud de
amparo por no superar el requisito adjetivo de relevancia constitucional respecto del
defecto de desconocimiento del precedente por no haber superado la carga mínima
argumentativa de este presupuesto. Por otra parte, se negó la petición de tutela al
no encontrar acreditado el defecto fáctico.
1.5.4. Impugnación
14. El 10 de febrero de 2022, el señor Samuel Prada Cordero impugnó la anterior
decisión. No obstante, únicamente indicó: “por medio del presente escrito me
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permito presentar RECURSO DE APELACIÓN”.
1.5.5. Vinculación e intervención en segunda instancia
15. El expediente en cuestión fue puesto en conocimiento al magistrado ponente
de esta decisión el 1 de marzo de 2022. No obstante, previo a resolver la solicitud
de impugnación presentada por el actor, mediante auto del 3 siguiente, resolvió
vincular, en calidad de tercero con interés, a la aseguradora Seguros Generales
Suramericana S.A., toda vez que hizo parte del proceso ordinario en calidad de
llamada en garantía.
16. Surtida las notificaciones del caso, la referida compañía expuso que el escrito
de impugnación carecía de sustento para acreditar la vulneración de derechos,
debiéndose confirmar lo resuelto por el juez de primera instancia constitucional.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
17. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 27 de enero de
2022 por el Consejo de Estado, Sección Primera. Lo anterior de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
18. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.
19. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19912, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales3.
20. Con fundamento en el marco conceptual expuesto4, la Sala advierte que el
señor Samuel Prada Cordero, es el titular de los derechos fundamentales que
reclama, en razón a que fungió como demandante dentro del proceso de reparación
directa en el que se profirió la providencia aquí enjuiciada.
2 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
3 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
4 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta,
ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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21. En consecuencia, el accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos presuntamente vulnerados.
22. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo de
Santander, entidad que profirió la providencia objeto de censura, razón por la cual,
se encuentra legitimada por pasiva.
2.3. Problemas jurídicos
23. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar
la providencia del 27 de enero de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, en la acción de tutela instaurada por el demandante con el fin de reclamar
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
24. En consecuencia, de acuerdo con el examen de la situación fáctica expuesta
por la parte actora, del material probatorio recaudado, de las causales de
procedibilidad de la acción de tutela invocadas y de los argumentos expuestos, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:
• ¿El escrito de impugnación cumple con la carga argumentativa mínima
que le permita a la Sala estudiar de fondo el cargo planteado?
25. En el evento de encontrarse acreditada la carga argumentativa mínima en la
impugnación, se analizará si en el caso concreto concurren los requisitos de
procedibilidad adjetiva y, de superarse estos, se resolverá si la sentencia censurada
incurrió en los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente.
2.4. Examen sobre el cumplimiento de la carga argumentativa mínima en la
impugnación
26. La Corte Constitucional5 y esta Corporación6 han establecido que, cuando la
tutela se dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora tiene el deber
de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y “precisar los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción”.
27. En efecto, en la segunda sentencia referenciada, dictada por la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sede de unificación de jurisprudencia, se estableció que
“El actor tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que
generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente
afectados por la providencia”7 y de exponer en forma clara los defectos de los cuales
adolece la decisión judicial, desplegando para el efecto una carga argumentativa
5 Ver, entre otras, la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5.08.2014, Rad.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
7 Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590
de 2005.
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mínima que le permita al juez constitucional abordar el análisis de la providencia
desde la perspectiva de los yerros advertidos.
28. Esta carga indudablemente se debe cumplir en igual forma cuando se
presenta la impugnación en contra de la sentencia de primera instancia proferida
por el juez constitucional en sede de tutela, en relación con la cual corresponde al
impugnante no solamente presentar el escrito dentro de la oportunidad prevista por
el artículo 31 del Decreto Ley 2591 de 19918, sino también, señalar las falencias,
errores u omisiones en que incurrió el a quo9 que le permitan al juez constitucional
de segunda instancia asumir el estudio de los argumentos expuestos.
29. En este sentido se pronunció la Sala, entre otras, en la sentencia del 4 de
febrero de 2016, en la que afirmó que “… cuando se trata de tutelas ejercidas en
contra de providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su intervención
a la simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera
instancia, por el contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos
de su impugnación, indispensable para que el juez de tutela de segunda instancia
conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma
requiere” 10.
30. En efecto, en tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez
constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la órbita de competencia de los
jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse en los
argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera
como en segunda instancia y en aquellos defectos que aparezcan ostensibles, toda
vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando un estudio oficioso de
una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los
postulados de cosa juzgada, seguridad jurídica11 y autonomía judicial, contenido
este último en el artículo 228 de la Constitución Política y así, en últimas se
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia12.
8 “ARTICULO 31. IMPUGNACION DEL FALLO. Dentro de los tres días siguientes a su notificación
el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el
representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
9 Así lo ha expresado esta Sección, entre otras, en la providencia del 15 de diciembre de 2015, con
ponencia del Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio. Exp. 11001-03-15-000- 2015-01828-01, en
el cual se efectuaron las siguientes consideraciones: “…se debe tener en cuenta que en materia de
tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en
primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría
realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente
ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia”.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 04.02.16, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad.
No. 11001-03-15-2015-02034-01 (AT).
11 La Corte ha explicado que la seguridad jurídica implica que “en la interpretación y aplicación del
derecho es una condición necesaria de la realización de un orden justo y de la efectividad de los
derechos y libertades de los ciudadanos, dado que solo a partir del cumplimiento de esa garantía
podrán identificar aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite”. Corte
Constitucional, Sentencia SU-072 del 5.07.2018
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia de 15.12.2015, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Rad. No. 11001-03- 15-000-2015-01828-01. (AT).
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2.5. Cumplimiento de la carga argumentativa en el caso concreto
31. En el presente proceso se evidencia que la parte actora en el escrito de
impugnación se limitó a manifestar su inconformidad con la decisión que adoptó el
juez constitucional a quo, sin que presentara argumento alguno encaminado a
desvirtuar las razones que la llevaron a negar y a su vez, declarar la improcedencia
del amparo solicitado. En concreto expuso:
… por medio del presente escrito me permito presentar RECURSO DE APELACIÓN
contra el fallo de tutela de 27 de enero de 2022 y notificada el 7 de febrero de 2022,
hogaño.
Fundamento el recurso en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
32. Cabe precisar que el tutelante debió señalar en el escrito de impugnación los
argumentos tendientes a desvirtuar las razones o motivos del a quo para declarar
la improcedencia y negar su solicitud de amparo.
33. Al respecto, resulta imprescindible traer a colación lo referido en el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991:
ARTICULO 32. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al
superior jerárquico correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición
de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo
dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo
carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si
encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los
diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el
expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión. (Resaltado fuera del
original)
34. En ese sentido, la ausencia de carga argumentativa impide al juez de
segunda instancia, realizar un cotejo entre el acervo probatorio con el fallo
impugnado, conforme al marco normativo precedente y, por tanto, se debe confirmar
la sentencia de primera instancia.
2.6. Conclusión
35. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala de Decisión concluye que el actor en
el escrito de tutela no cumplió con el deber de exponer una mínima carga
argumentativa en su escrito de impugnación que permita a la Sala analizar si la
providencia ordinaria incurrió en los defectos que adujo. En consecuencia, la
sentencia recurrida debe ser confirmada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de enero de 2022, dictada por el
7
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Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela
promovida por el señor Samuel Prada Cordero contra el Tribunal Administrativo de
Santander por no superar el requisito adjetivo de relevancia constitucional ante la
falta de carga argumentativa del defecto de desconocimiento del precedente, y negó
las súplicas de la demanda en lo concerniente al defecto fáctico al no encontrarlo
acreditado. Lo anterior, en consideración con la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.
8
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