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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06702-01

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-06702-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de enero 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de la acción instaurada por el señor Montaña Gallego. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Elmer José Montaña Gallego Demandados: Comision Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-06702-01 TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-06702-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

14 de marzo de 2024

Demandantes: Elmer José Montaña Gallego
Demandados: Comision Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06702-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-06702-01
Demandante: ELMER JOSÉ MONTAÑA GALLEGO
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – falta de carga mínima en la
impugnación

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 12 de enero de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subseccion C que declaró la improcedencia de la acción.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 1 de noviembre de 2023, el señor Elmer José Montaña Gallego, obrando en nombre
propio, instauró demanda en ejercicio de la acción de tutela contra la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Valle
del Cauca, con el fin de obtener la proteccion de sus derechos fundamentales «al
debido proceso, el secreto profesional, asociado al derecho de defensa.»

Consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia del 16 de agosto de 2023, que confirmó la decisión del 24 de agosto de 2022
de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Valle del Cauca, en la cual se le
declaró responsable disciplinariamente al abogado Elmer José Montaña Gallego por
la incursión en la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, cometida a
título de dolo, como consecuencia del incumplimiento del deber de diligencia descrito
en el artículo 28 numeral 7 ejusdem, y le impuso la sanción de suspensión en el
ejercicio de la profesión por el término de 4 meses.

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Demandantes: Elmer José Montaña Gallego
Demandados: Comision Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06702-01

1.2. Pretensiones

Declarar la nulidad de lo actuado en el proceso disciplinario No.
760012502000202210145601, adelantado en mi contra, a partir de la audiencia que
convocó a los alegatos finales y se ordene la conformación de una nueva sala de
juzgamiento, integrada por magistrados diferentes a los que actuaron dentro de este
proceso.

3. Se oriente a la COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL para que en lo sucesivo los
funcionarios que integran esta jurisdicción respeten y garanticen, de manera efectiva, el
secreto profesional que existe respecto a las conversaciones y comunicaciones que
realizan los abogados con sus poderdantes, evitando que las mismas puedan ser fuente
de algún de tipo de acción judicial o disciplinaria.

4. Se oriente a la COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL para que en lo sucesivo los
magistrados que integran esta jurisdicción acojan las causales de impedimento
consagradas en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente cuando las mismas
afectan la garantía de imparcialidad de los operadores disciplinarios.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El 19 de noviembre de 2018 el señor José Fredy Restrepo García, Fiscal Tercero ante
el Tribunal, interpuso una denuncia contra el abogado Elmer José Montaña por el
presunto delito de injuria y calumnia. El fiscal de conocimiento archivó el caso y
compulsó copias a la sala de disciplina judicial para que investigara el caso.

El asunto le correspondió a la Sala Segunda de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Valle del Cauca que por sentencia del 24 de agosto de 2022 declaró
responsable disciplinariamente al accionante por incurrir en la falta prevista en el
artículo 321 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo, por el incumplimiento del deber
de diligencia descrito en el artículo 28.7 de la citada ley, y le impuso una sanción de 4
meses de suspensión del ejercicio profesional de abogado.

Mediante sentencia del 16 de agosto de 2023 la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial confirmó el fallo de primera instancia al considerar que se incurrió en la falta
contra el debido respeto a la administración de justicia y a las autoridades, descrita en
el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, al haber proferido frases injuriosas y calumniosas
en contra del señor Fiscal José Fredy Restrepo García durante una audiencia.

Explicó que, conforme al material probatorio que obraba en el proceso, el señor
Montaña Gallego tildó de «payaso al hacer payasadas» al Fiscal y lo acusó de cometer
un «falso positivo» porque se le quebró la voz y entró en un estado de sensibilidad
durante la audiencia.

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Además, adujo que el disciplinado publicó unos «tweets», sobre información que
obraba en el expediente del proceso, que se refieren al señor Fiscal y tildan de
«payasada» el hecho de que lloró en la audiencia y solicita al Fiscal General de la
Nación que revise la presunta afectación mental del señor fiscal, porque lo califica del
«peor inquisidor».

Conforme lo anterior, arguyó que el señor Montaña Gallego acusó de forma temeraria
y calumniosa al Fiscal de montar un «falso positivo» que se traduce en un delito de
fraude procesal, sin soporte probatorio alguno. Adujo que, además de incurrir en una
conducta irrespetuosa que afectó la dignidad y fuero interno del funcionario judicial,
también se afectó la imagen de la administración de justicia, porque al haber publicado
tales manifestaciones en un «tweet» dicha situación trascendió de la esfera de lo
privado y le dio publicidad por redes sociales.

Por último, respecto al argumento planteado por el solicitante, relacionado con el
supuesto impedimento del magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca con ocasión de la queja
que presentó y que cursa en la comisión, se consideró que, como a la fecha en que se
decidió el fallo disciplinario en dicho trámite solo se había proferido un auto de apertura
de investigación disciplinaria, pues no se habían formulado cargos, el magistrado no
se encontraba impedido para integrar la Sala dual de decisión que adoptó la decisión
de primera instancia, conforme al artículo 61.8 de la Ley 1123 de 2007. En
consecuencia, no accedió al reparo del solicitante.

1.4. Fundamentos de la vulneración

El tutelante explicó que actuó como apoderado de confianza del juez Ricardo Estrada
Morales durante una audiencia de legalización de captura, imputación y medida de
aseguramiento que se llevó a cabo en el Juzgado Veintinueve Penal Municipal con
Función de Control de Garantías de Cali. Indicó que el fiscal del caso, durante la
exposición de sus argumentos, manifestó su dolor y fingió llorar al tener que solicitar
la privación de la libertad de un compañero debido a su doble condición de fiscal y
presidente del sindicato de fiscales de Asonal Judicial. Relató que el juez decretó un
receso, por ello, salió junto con su cliente de la sala de audiencias y sostuvieron una
reunión en privado en la que se refirió a lo manifestado por el fiscal en la audiencia
como «una payasada».

Sostuvo que su conversación fue escuchada por un funcionario de la policía judicial, a
pesar de ser privada, motivo por el cual al regresar a la audiencia el fiscal le recriminó
públicamente su comportamiento y presentó una denuncia en su contra por el delito
de injuria, que fue archivada por el fiscal de conocimiento ante la ausencia de dolo. Sin
embargo, compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del
Cauca para que investigara la situación.

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Consideró que durante el trámite del proceso disciplinario las autoridades judiciales
accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados, pues no tuvieron en
cuenta que su intención no fue injuriar y que no fue correcto el proceder de la policía
judicial al espiar las conversaciones entre el solicitante y su cliente.

Esgrimió que el magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñónez que integró la sala
de primera instancia se debió declarar impedido para conocer del proceso, pues en el
año 2019 lo denunció por haberlo injuriado en el trámite de una audiencia y por haber
destruido material probatorio, dando lugar al proceso disciplinario con radicado 2019-
02193-00. Indicó que no recusó al magistrado porque no se le informó que él integraba
la sala que decidió la queja en su contra, por ello, puso de presente la queja
disciplinaria contra el magistrado con el recurso de apelación, no obstante, la referida
situación no fue valorada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en la decisión
adoptada en segunda instancia.

Considera que el sistema al que están sometidos los profesionales en derecho es anti
garantista, pues no tuvieron en cuenta normas o reglas de procedimiento constitucional
y convencional, que amparan el secreto profesional y el derecho a ser juzgado por un
juez imparcial. Además, que el proceso disciplinario se tramitó con fundamento en
información obtenida de forma irregular de una conversación profesional que sostuvo
con su cliente.

En virtud de lo anterior, adujo que su sanción era injusta, pues se fundamentó en
suposiciones sobre la intención real de sus actuaciones y no tuvo en cuenta la situación
de inequidad y asimetría a la que se enfrentan los profesionales en derecho, además
de no tener conocimiento de quien lo iba a juzgar.

1.5. Auto admisorio

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C mediante auto del 14 de
noviembre de 2023 admitió la acción de tutela y ordenó notificar tanto al tutelante como
a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Valle del Cauca, Sala Segunda, como autoridades
accionadas.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Valle del Cauca

Solicitó declarar improcedente el amparo, pues la tutela se pretende usar como una
instancia adicional del proceso ordinario. Consideró que el disciplinario adelantado en
contra del solicitante se rigió por el debido proceso y conforme con las normas
4

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previstas en la Ley 1123 de 2007, garantizando su derecho a la defensa y
contradicción.

1.6.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Al oponerse al amparo, adujo que no se vulneraron los derechos fundamentales
alegados por el accionante, ya que el proceso disciplinario se fundamentó en la Ley
1123 de 2007 norma aplicable a estos casos. Explicó que la investigación se sustentó
no solo por el comentario contra el Fiscal Delegado ante el Tribunal de Cali durante el
receso de la audiencia preliminar -que era un payaso o que su comportamiento al llorar
mientras solicitaba la imposición de la medida de aseguramiento era una payasada-,
pues al terminar la audiencia hizo uso de las redes sociales para continuar faltando al
respeto al Fiscal al insistir que había incurrido en una payasada, que era un inquisidor
y solicitó al Fiscal General de la Nación que revisara la salud mental del Fiscal Tercero
delegado ante el Tribunal Superior de Cali.

En ese sentido, estimó que no le asiste razón al solicitante al alegar que el proceso
disciplinario se basó en un secreto profesional o en una violación a una conversación
entre cliente y abogado.

Respecto a que no pudo recusar al magistrado Hernández porque únicamente tuvo
conocimiento que éste integraría la sala hasta que le notificaron el fallo de primera
instancia, señaló que el accionante pudo recursar al magistrado dentro del término de
ejecutoria de la sentencia conforme al artículo 64.3 de la Ley 1123 de 2007, según el
cual, la actuación disciplinaria se suspenderá desde que se presente la recusación
hasta que se decida, sin embargo, no la presentó y pretende usar la tutela para
subsanar su error.

No obstante, como esa situación fue puesta de presente en el recurso de apelación,
en el fallo de segunda instancia se indicó que como al momento de proferir el fallo de
primera instancia, no se había formulado cargos contra el magistrado por la queja
disciplinaria que él instauró, no había razón para que se declarara impedido.

1.6. Sentencia de primera instancia1

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C mediante fallo del 12 de enero
de 2024 declaró la improcedencia de la acción por no acreditar el requisito de
relevancia constitucional. Lo anterior, toda vez que la tutelante pretendía continuar de
forma indefinida con un debate que ya fue resuelto de manera clara, extensa y ajustada
a derecho por los jueces naturales de la causa.

1
Notificada el 29 de enero de 2024.

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Concluyó que revisados los fundamentos jurídicos que motivaron la decisión, estos
provenían de una interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, así
como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

1.7. Impugnación

Con escrito radicado el 31 de enero de 2024 la parte actora expuso lo siguiente:

Señor Magistrado, acuso recibo notificación de la sentencia de tutela y le
manifiesto que presento recurso de IMPUGNACIÓN en contra de dicha decisión.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor
Elmer José Montaña Gallego contra la sentencia del 12 de enero de 2024 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en
el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera
instancia proferida el 12 de enero de 2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la sala analizará lo siguiente:

¿La Comisión Nacional de Disciplina Judicial vulneró los derechos «al debido proceso,
el secreto profesional, asociado al derecho de defensa» con ocasión de la sentencia
del 16 de agosto de 2023, que confirmó el fallo de primera instancia al considerar que
el señor Montaña Gallego era responsable disciplinariamente por la incursión en la
falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, cometida a título de dolo?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) carga argumentativa mínima en la impugnación y (iii) el caso
concreto.

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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2 unificó
la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena
habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su procedencia.4

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Cumplimiento de la carga argumentativa mínima en la impugnación

La Corte Constitucional5 y esta corporación6 han establecido que cuando la tutela se
dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora tiene el deber de identificar
el derecho fundamental presuntamente vulnerado y «precisar los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción».

En efecto, en la última sentencia referenciada se estableció que «(…) El actor tiene la
carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración, así como

2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
4
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
5
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 08.06.05., M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 19.09.18.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2018-01300-01
7

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los derechos fundamentales presuntamente afectados por la providencia»7, y exponer en
forma clara los defectos de los cuales adolece la decisión judicial, desplegando para
el efecto una carga argumentativa mínima que le permita al juez constitucional abordar
el análisis de la providencia.

Esta carga indudablemente se debe cumplir en igual forma cuando se presenta la
impugnación en contra de la sentencia de primera instancia proferida en sede de
tutela, en relación con la cual corresponde al impugnante señalar las falencias, errores
u omisiones en que incurrió el a quo constitucional8 que le permitan al juez de segunda
instancia asumir el estudio de los argumentos expuestos.

En este sentido se pronunció esta sala en sentencia del 13 de octubre de 2016, en la
que afirmó que «cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de providencias judiciales, la
parte recurrente no puede limitar su intervención a la simple manifestación de no estar de
acuerdo con la decisión judicial de primera instancia, por el contrario, debe observar una carga
mínima que soporte los motivos de su impugnación, indispensable para que el juez de tutela
de segunda instancia conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio
que la misma requiere»9

2.5. Caso concreto

La impugnación que presentó el accionante no cumple con la carga argumentativa
mínima que le permita a la sala estudiar de fondo su inconformidad. Al efecto, en el
escrito de impugnación se limitó a señalar que impugnaba la decisión y adjuntó la
providencia constitucional de primera instancia.

Entonces, se deja entrever que el tutelante no señaló los motivos por los cuales no
compartía los argumentos del a quo constitucional para declarar improcedente la

7
Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia de la
Corte Constitucional C-590 de 2005.
8
Así lo ha sostenido esta Sección, entre otras, en la Sentencia del 15 de diciembre de 2015. Rad.
11001-03-15-000-2015-01828-01, cuando precisó “…se debe tener en cuenta que en materia de tutelas
contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos propios de la
órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los
argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en primera como en segunda
instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando, sin competencia para ello,
un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo cual atentaría contra los
postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo
constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia”.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de
octubre de 2016. Así mismo, pueden consultarse: sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-
15-000-2016-02014-01; sentencia del 15.de noviembre de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-01880-
01; sentencia del 14 de mayo de 2020., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00180-
01; sentencia del 2 de diciembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-03184-01 M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil; y sentencia del 24 de marzo de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-11359-01, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.

8

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acción de tutela por no superar el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional.

En otras palabras, la sala observa que el señor Montaña Gallego no dio razón alguna
o explicó brevemente el por qué no compartía la decisión del a quo constitucional, ni
sustentó en dicho memorial el motivo para superar la improcedencia declarada y
otorgar el amparo deprecado.

Al respecto, se reitera que, quien asegure que sus garantías fundamentales resultaron
vulneradas como consecuencia de los yerros en los que incurrió una autoridad judicial,
debe cumplir con una carga argumentativa que le permita al juez constitucional contar
con elementos precisos para analizar la presunta transgresión de sus derechos.

Así mismo, el juez de tutela de segunda instancia debe decidir a partir de los aspectos
del fallo de primera instancia que fueron objeto de impugnación, porque le está vedado
analizar de manera oficiosa aspectos que en forma expresa no hayan sido objeto de
controversia y, en consecuencia, sometidos a su conocimiento.

Así, se advierte que abordar el fondo del asunto sin que el recurrente haya expuesto
argumentos en contra de la decisión de primera instancia, atentaría contra los
principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, pues no es posible
que se revise oficiosamente la decisión proferida por el juez ordinario, sobre todo
cuando se trata de tutela contra providencia judicial.

2.6. Conclusión

En ese orden de ideas, habrá que confirmarse la sentencia proferida el 12 de enero de
2024 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en la que
se declaró improcedente la acción de tutela.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de enero 2024 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que declaró la improcedencia de la acción
instaurada por el señor Montaña Gallego.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

9

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Demandados: Comision Nacional de Disciplina Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-06702-01

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Aclara voto

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

10

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