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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01896-01

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-01896-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 2 de mayo de 2022, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-01896-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

30 de junio de 2022

Demandantes: Ilse Esperanza Rosales Flórez y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01896-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01896-01
Demandantes: ILSE ESPERANZA ROSALES FLÓREZ Y OTROS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN TERCERA –
SUBSECCIÓN C Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE
DE SANTANDER.

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma – Falta de carga
argumentativa en la impugnación1

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación presentada en contra de la sentencia de primera
instancia del 2 de mayo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. En la providencia de primera instancia se declaró
improcedente la solicitud de amparo, por no encontrarse configurado el requisito de
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 25 de marzo de 2022 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, Ilse Esperanza Rosales
Flórez2, Geovanny Steven Hurtado Rosales3, Marlo Antonio Hurtado Rosales4,
Ronald Ramiro Hurtado Rosales5, Carmen Hurtado Rojas6, Luis Antonio Hurtado

1
En el mismo sentido se resolvió en una anterior oportunidad en el que se presentó idéntico escrito
de impugnación en un caso que difiere de la situación fáctica aquí planteada. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 28 de abril de 2022. Rad.
11001-03-15-000-2021-11434-01.
2
Esposa de la víctima directa.
3
Hijo de la víctima directa.
4
Hijo de la víctima directa.
5
Hijo de la víctima directa.
6
Madre de la víctima directa.
1
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Demandantes: Ilse Esperanza Rosales Flórez y otros
Demandados: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-01896-01

Rojas7, Luz Marina Hurtado Rojas8, Álvaro Hurtado Rojas9, Leonor Hurtado Rojas10
y Gladys Hurtado Rojas11 por intermedio de apoderada judicial, interpusieron acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C y el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander. La parte actora consideró que las autoridades
judiciales accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad, a la salud y de acceso a la administración de justicia.

2. La parte accionante consideró violadas las referidas garantías
constitucionales con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander el 29 de junio de 2012, que negó las pretensiones de la
demanda instaurada en ejercicio del medio de control de reparación directa12, con
el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, por los perjuicios causados en
virtud del fallecimiento del suboficial Sargento Segundo Ramiro Hurtado Rojas,
ocurrida el 23 de enero de 2000 en zona rural del municipio de Teorama, Norte de
Santander, mientras se encontraba en cautiverio por parte de una columna
subversiva de un grupo al margen de la ley. Y la providencia del 18 de agosto de
2020 de la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación que confirmó
la decisión de primera instancia.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, solicitaron:

Con fundamento en los hechos y omisiones de los derechos constitucionales y
fundamentales invocados, con el debido respeto solicito a los Honorables Magistrados
se sirvan REVOCAR los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C., y en su lugar
profiérase el derecho que ha de corresponderle a nuestros patrocinados dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes13.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

4. El 11 de septiembre de 1998, el comandante de Policía “Las Mercedes” del
municipio de Sardinata, Norte de Santander, informó al comando del distrito que se
encontraban bajo ataque por parte de grupo al margen de la ley. Por esto, en esa
fecha las Fuerzas Militares enviaron un avión fantasma que no pudo entrar al
espacio aéreo de esa jurisdicción por la neblina. En el ataque a la estación de
policía, el grupo subversivo secuestró al Sargento Segundo Ramiro Hurtado Rojas.

7
Padre de la víctima directa.
8
Hermana de la víctima directa.
9
Hermano de la víctima directa.
10
Hermano de la víctima directa.
11
Hermana de la víctima directa.
12
Proceso radicado No. 54-001-23-31-000-2001-1860-00.
13
Folio 12 del escrito de tutela. Documento 4 cargado a SAMAI.
2
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5. El 23 de enero de 2000, el señor Ramiro Hurtado Rojas falleció mientras se
encontraba en cautiverio a manos de ese grupo armado al margen de la ley. Esto,
como consecuencia de una insuficiencia renal y problemas respiratorios.

6. El 3 de marzo de 2000, el comando del departamento de la Policía de Norte
de Santander calificó la muerte del señor Ramiro Hurtado Rojas como “muerte en
acto especial del servicio”.

7. Por lo anterior, las y los accionantes promovieron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, con la finalidad de que se declarara
administrativa y patrimonialmente responsable por los daños que les causaron,
derivados de la muerte del señor Ramiro Hurtado Rojas ocurrida durante su
secuestro por parte del grupo armado en el ataque al municipio de Sardinata, Norte
de Santander.

8. Según la demanda, la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional incurrió en falla del servicio porque omitió tomar las medidas necesarias
para evitar y contener el ataque del grupo armado al municipio de Sardinata; y no
prestó ayuda humanitaria al señor Ramiro Hurtado Rojas, mientras estuvo
secuestrado y tampoco lo asistió al menos con un tratamiento médico que lograra
salvar su vida.

9. El conocimiento del proceso en primera instancia le correspondió al Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, que, en sentencia del 29 de junio de 2012,
negó las pretensiones de la demanda.

10. Como fundamento de su decisión, el tribunal de primera instancia señaló que
no se demostró que las demandadas omitieran tomar las medidas necesarias para
evitar y contener el ataque subversivo en el que fue secuestrado el señor Ramiro
Hurtado Rojas; y que en el caso concreto se encontraba configurada el eximente de
responsabilidad denominado hecho de un tercero, pues efectivamente quedó
probado que la muerte del señor Hurtado Rojas ocurrió el día 23 de enero de 2000,
como causa directa y exclusiva de la acción de un grupo subversivo, que lo tenía en
su poder varios meses en condición de secuestrado.

11. En contra de esta decisión, la parte solicitante presentó recurso de apelación.
Este fue desatado por la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación,
que mediante sentencia del 3 de junio de 2021 confirmó el fallo de primera instancia,
bajo los siguientes argumentos:

12. Con relación a la omisión de las entidades demandadas para evitar y
contener el ataque guerrillero en el que fue secuestrado el señor Hurtado Rojas,
señaló que no se encontraba acreditado que su participación para defender el
municipio de Sardinata del ataque guerrillero significara un peligro superior,
diferente o extraordinario al riesgo propio de la prestación del servicio policial.

3
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13. En ese orden, consideró que cuando el señor Hurtado Rojas ingresó a
trabajar en el servicio de la Policía Nacional asumió el riesgo de padecer eventuales
daños en el ejercicio de sus funciones de protección, defensa y seguridad del
Estado.

14. Así las cosas, refirió que la parte demandante no acreditó una falla del
servicio de las demandadas durante el ataque subversivo al municipio de Sardinata
ni que Ramiro Hurtado Rojas hubiera sido expuesto a un riesgo mayor al que debían
afrontar sus demás compañeros, circunstancias que le correspondía probar. Por
esto, resolvió confirmar la sentencia apelada en este punto.

15. Por otro lado, respecto a la falla del servicio de la entidad demandada porque
no prestó ayuda humanitaria al Sargento Segundo Ramiro Hurtado Rojas mientras
estuvo secuestrado por el grupo al margen de la ley, consideró que era necesario
que se acreditara la conducta u omisión dañosa de la Policía Nacional y el nexo
causal de esta con el daño.

16. Sin embargo, señaló que no se probó que la muerte del señor Hurtado Rojas,
se hubiera producido por la supuesta falta de ayuda humanitaria. Por el contrario,
estaba probado que la víctima murió en cautiverio de un grupo al margen de la ley
que tenía a su cargo su integridad física. Por esto, como no se probó omisión alguna
de un deber legal de la demandada, la autoridad judicial accionada confirmó la
decisión de primera instancia también en este punto.

1.4. Fundamentos de la vulneración

17. Para la parte actora, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales por los siguientes motivos:

“I. PROBLEMA JURÍDICO: VIOLACIÓN AL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO, TRATADOS INTERNACIONALES (art. 93), DERECHO A LA
IGUALDAD (art. 13) Y OTROS.

Respetados Consejeros:

Razonando la hermenéutica aplicada en los fallos acusados como son las líneas de
interpretación de la indemnización a for fait y el riesgo del servicio que planteó el
juez colegiado de cierre, resulta advertible que dichas decisiones están inmersas en
un uso incoherente del derecho, e incongruente, si bien es cierto que los fallos son
legalmente aparentes a unos hechos investigados y fallados conforme lo establece
la confianza legítima, los mismos subvierten la lógica del derecho y la verdad
sustantiva probada.

La POLICÍA NACIONAL fue negligente cuando conociendo el estado de indefensión
del policial RHR secuestrado por el ELN a este uniformado le sobrevino una penosa
enfermedad renal, circunstancia que el alto mando policial conocía, estos hicieron
oídos sordos a tal situación de riesgo inminente, donde brillo la desidia institucional
y el desinterés humano de los altos mandos quienes lo abandonaron a su surte y lo
dejaron a merced de sus captores para que muriera en forma absurda e inexplicable
en el astracismo, desconociéndose el derecho internacional humanitario.

4
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Lo antes explicado no se compadece con una realidad sustantiva que no fue
desmentida por la demandada dentro del proceso primigenio donde se probó en los
hechos 6 y 9 del libelo demandatorio y en el acápite denominado DISPOSICIONES
VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN, epígrafe 5 del folio 7 ibídem, cuando
un coronel de apellido ACOSTA fue sacado de Colombia hacia Cuba por razones
humanitarias en compañía de un subversivo, personas que requerían de tratamiento
médico especializado por el delicado estado de salud de estos ciudadanos.

Deviene de lo anterior la inaplicación el derecho internacional humanitario, para
HURTADO ROJAS, pues solo operó un comportamiento discriminatorio por ser
suboficial; el secuestro durante los 15 largos meses, le llevo a una muerte segura,
como lo ilustra el nobel GABRIEL GARCIA MARQUEZ “crónica de una muerte
anunciada” es más que evidente la conducta omisiva de la Policía Nacional, quien
desconoció por completo el DIH, art. 93 de la Carta Magna y otros instrumentos
análogos, v.gr. no operó el derecho a la igualdad que obliga el art. 13. Ibídem14”.

18. También, el accionante en el acápite denominado “Antecedentes fácticos-
legales del problema jurídico15” hizo algunos cuestionamientos así:

“4. RAMIRO HURTADO ROJAS NO muere asesinado por el enemigo, su deceso no
ocurre en combate con el ELN, sino por el físico abandono al que fue sometido por
el mismo Estado (Policía Nacional), al no brindarle la ayuda humanitaria (asistencia
médica requerida) que era de “vital importancia” para ese entonces, por ende se
concluye que “NO” hubo de parte de la demandada el interés suficiente y legítimo
para brindarle la referida ayuda humanitaria como lo predica el DIH. (…) [M]áxime
cuando se encontraba en un estado de vulnerabilidad, su propio empleador lo
abandonó v. gr., no aplicó su ejercicio constitucional que le obliga los arts. 2, 11, 13
de la Norma Superior.
(…)
5.- Amen de la explicación fáctica anterior (…) las accionadas en sus fallos se
fincaron en teorizar la indemnización a fot fait y el riesgo del servicio al que pudo
haber estado sometido el referido policial como lo planteó el juez colegiado de cierre,
reitero RHR no murió en combate, falleció por desidia de su empleador, como se
dijo precedentemente omitió aplicar el DIH, para una mejor argumentación y con
ayuda en la Ley 171 del 16 de dic/1994, por medio de la cual se aprobó el “Protocolo
Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la
protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional
(Protocolo II), esta normativa trasnacional debió haberse aplicado en uso del art. 93
de la C.P. resultando también ajustable la iura novit curia, sin perder de vista el
control de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad (…).
(…)
6.- Conocida la ausencia de razones humanitarias que predica el DIH, así como la
de otros instrumentos análogos que erigen el respeto por el pro homine véase como
la institución demandada desconoció los fines del Estado (art. 2) y el Derecho a la
igualdad (art. 13), ibídem, es más, al folio 173 y 175, se puede apreciar como la
Dirección de la Policía Nacional emitió el instructivo 1630 del 23 de diciembre de
1998. (…)
Conocida la anterior literalidad de prima facie podemos advertir como la Policía
Nacional no cumplió un postulado o directriz que exige el buen servicio público,
amén de lo anterior para corroborar la falla en el servicio, está en forma
irresponsable una información extemporánea a la Cruz Roja Internacional de un
hecho concluido.
(…)
8.- Como las sentencias son inexplicables, se advierte la violación al principio de
congruencia por parte de los accionados, al emitir sus decisiones en ellas no existe

14
Folios 1 y 2 del escrito de tutela. Documento 4 cargado a SAMAI.
15
Folio 3. Ibídem.
5
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un conector entre la realidad sustantiva y las referidas fallas, máxime que la
demandada no desmintió las pruebas obrantes en el plenario, por ello sus
providencias son abiertamente impropias. (…)

9.- A lo antes expuesto, se puede afirmar sin dubitación alguna la violación al
DEBIDO PROCESO, y el desconocimiento aún (sic) derechos fundamentales como
la SALUD, IGUALDAD y el IUS COGENS que lleva intrínseco el pro homine.

10.- La conducta equivocada de los jueces censurados contradice el desarrollo
jurisprudencial, doctrinario y las normas jurídicas que gobiernan estos asuntos, ya
que lo demandado fue el derecho a la igualdad por razones humanitarias que guía
el DIH.
(…)
12.- Como el quid del sub lite puesto a su consideración reviste de especial
importancia por tratarse de un acto discriminatorio de la demandada frente al RHR,
luego los accionados desestimaron el haz probatorio (…).

13.- La pronta y cumplida administración de justicia es inalienable al pro homine
pues allí descansa la justicia y la democracia por magnificencia, por ende se trata
de un derecho fundamental de primera generación como lo admite el BLOQUE DE
CONSTITUCIONALIDAD, su función esencial la de valerse como herramienta de
recepción del derecho internacional.
(…)16”.

19. Finalmente, señaló en el acápite denominado “instrumentalización del
derecho internacional donde Colombia es Estado parte17” que, “los convenios
internacionales deben ser acatados por los funcionarios públicos, cualquiera que
sea su instancia18”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

20. En auto del 31 de marzo de 202219, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la demanda, dispuso su notificación al Tribunal Administrativo de
Norte de Santander y a la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación.

21. Igualmente, ordenó la vinculación como terceros con interés a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional (entidades demandadas dentro
del proceso de reparación directa), para que, si lo consideraba del caso ejerciera su
derecho a la defensa.

1.6. Intervenciones

22. Realizadas las notificaciones ordenadas, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes:

16
Folios 4-10. Ibídem.
17
Folio 10. Ibídem.
18
Ibídem.
19
Documento No.7 cargado a SAMAI.
6
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1.6.1. Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C

23. Mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General del Consejo
de Estado, la autoridad judicial accionada solicitó declarar la improcedencia de la
acción, al considerar que las razones plasmadas en la providencia censurada son
suficientes para tal decisión.

1.6.2. Policía Nacional

24. A su turno, la mediante escrito enviado al buzón web de la Secretaría General
de esta Corporación, se opuso a la pretensión de amparo. Aseguró que la valoración
fáctica y jurídica realizada por los jueces de primera y segunda instancia se
compadece con lo probado en el expediente, conforme con lo cual, actuó con
diligencia y no expuso a sus elementos a mayores riesgos que los propios de la
actividad policial.

25. Asimismo, refirió que en el proceso se acreditaron las diligencias adelantadas
en procura de obtener la liberación del señor Hurtado Rojas.

26. Concluyó que no existe un perjuicio irremediable, toda vez que, conforme las
normas aplicables, otorgó una indemnización a la familia del suboficial, con ocasión
de su deceso.

27. El Ministerio de Defensa Nacional y el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, pese a que fueron notificados guardaron silencio.

1.7.- Fallo impugnado

28. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 2 de mayo de 202220, notificada el 27 de mayo de 2022, declaró
improcedente la acción de tutela por cuanto no satisface el requisito de relevancia
constitucional. Esto, porque los cargos expuestos en la solicitud de amparo son una
reiteración de los argumentos que ya habían sido ventilados por la parte
demandante en el recurso de apelación del proceso de reparación directa y que
fueron analizados por las autoridades judiciales accionadas.

29. Así, el a quo señaló que en la providencia cuestionada que puso fin al
proceso de reparación directa, la Subsección C de la Sección Tercera de esta
Corporación se pronunció sobre los aspectos que sustentan esta tutela, en el que
luego del estudio de rigor se concluyó que: (i) la Policía Nacional no sometió a sus
miembros a un riesgo excepcional, teniendo en cuenta que de suyo la actividad
policial tiene un grado mayor de riesgo que otras actividades, que propiciara el
ataque guerrillero a la estación de policía de Las Mercedes; (ii) se acreditaron
acciones de la Policía conforme al Derecho Internacional Humanitario, en orden a
remitir apoyo médico al señor Ramiro Hurtado Rojas y (iii) de igual manera se probó
los esfuerzos para lograr la liberación del mismo.

20
Documento 19 cargado a SAMAI.
7
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30. Así, el juez de tutela de primera instancia una vez revisó los argumentos
planteados en el escrito de tutela y los señalados por la parte actora en el proceso
de reparación directa, concluyó que éstos comparten los argumentos puestos en
conocimiento del juez, en primera y segunda instancia, como razones de cargo, en
aras de acreditar lo dicho en la demanda y, en este asunto, como causales
específicas de procedibilidad de tutela contra providencia.

31. Lo expuesto le permitió al juez constitucional, concluir que la tutela carecía
de relevancia constitucional, en la medida que la parte accionante pretendía obtener
un pronunciamiento favorable a sus pretensiones, aun desconociendo la
competencia propia de la autoridad judicial llamada a resolver la controversia.

1.8. Impugnación

32. El apoderado judicial de la parte solicitante presentó escrito de impugnación
en contra de la decisión de primera instancia, se limitó a indicar una serie de
conceptos sobre el Estado Social de Derecho, el valor de la justicia y el principio de
equidad. Sin embargo, no mencionó un cargo o yerro en concreto en contra del fallo
de tutela de primera instancia.

1.9. Trámite de impugnación

33. Mediante auto del 8 de junio de 202221, el juez de tutela de primera instancia
concedió la impugnación interpuesta por la parte accionante en contra de la
sentencia del 2 de mayo de este año.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 2 de mayo de 2022, dictado por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86
de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Legitimación en la causa

35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

21
Documento 25 cargado a SAMAI.
8
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36. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU- 454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en
la causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda22.

37. Con fundamento en lo anterior, la Sala procede a verificar la existencia de la
legitimación en la causa, en su orden: i) por activa y ii) por pasiva.

2.2.1. Legitimación en la causa por activa

38. En materia de tutela, el inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el
derecho que tiene toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento
preferente y sumario.

39. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991
establece que cada persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita por sí misma, mediante
representante, o a través de un agente oficioso cuando el titular de los derechos
vulnerados o amenazados no esté en condiciones de promover su propia defensa.

40. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que Ilse
Esperanza Rosales Flórez, Geovanny Steven Hurtado Rosales, Marlo Antonio
Hurtado Rosales, Ronald Ramiro Hurtado Rosales, Carmen Hurtado Rojas, Luis
Antonio Hurtado Rojas, Luz Marina Hurtado Rojas, Álvaro Hurtado Rojas, Leonor
Hurtado Rojas y Gladys Hurtado Rojas, se encuentran legitimadas en la causa por
activa, en razón a que figuraban como demandantes dentro del proceso de
reparación directa en el que se cuestionan las providencias aquí enjuiciadas.

2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva

41. La legitimación en la causa por pasiva en la acción de tutela hace referencia
a la aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente
la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. En
la medida que refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el
interés sustancial que se discute en el proceso”, la misma, en principio, no se
predica del funcionario que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad
accionada, quien finalmente será la llamada a responder por la vulneración del
derecho fundamental, en caso de que haya lugar a ello23.

22
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
23
Corte Constitucional, sentencia T-1015 de 2016.
9
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42. En el caso concreto, la demanda se dirigió en contra del Tribunal
Administrativo de Norte de Santander y la Subsección C de la Sección Tercera de
esta Corporación, autoridades que profirieron las providencias de primera y
segunda instancia objeto de censura. Por este motivo, se encuentran legitimadas
por pasiva.

2.3. Problemas jurídicos

43. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 2 de mayo de 2022, por medio de la cual se declaró
improcedente el amparo por no encontrarse superado el requisito de relevancia
constitucional, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

• ¿El escrito de impugnación que presentó la parte accionante cumple con la
carga argumentativa mínima para estudiar de fondo su inconformidad?

44. En el evento de encontrarse acreditada la carga argumentativa mínima en la
impugnación, se analizará si en el caso concreto concurren los requisitos de
procedibilidad adjetiva y, de superarse estos, se resolverá si la sentencia censurada
incurrió en los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 201224. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema25. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales26.

46. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201427. En esta sentencia se

24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
25
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
26
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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establecieron seis requisitos generales de procedencia28 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial29.

47. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
los defectos especiales, es necesario que la Sala determine si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia i) que no se trate de tutela contra
tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia constitucional, v) que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo
o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.

48. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

28
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
29
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.
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49. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Cumplimiento de la carga argumentativa mínima en la impugnación

50. La Corte Constitucional30 y esta Corporación31 han establecido que cuando
la tutela se dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora tiene el deber
de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y “precisar los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción”.

51. En efecto, en la última sentencia referenciada se estableció que “(…) El actor
tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la
vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la
providencia”32, y exponer en forma clara los defectos de los cuales adolece la
decisión judicial, desplegando para el efecto una carga argumentativa mínima que
le permita al juez constitucional abordar el análisis de la providencia.

52. Esta carga indudablemente se debe cumplir en igual forma cuando se
presenta la impugnación en contra de la sentencia de primera instancia
proferida en sede de tutela, en relación con la cual corresponde al impugnante
señalar las falencias, errores u omisiones en que incurrió el juez de primera
instancia33 que le permitan al juez de segunda instancia asumir el estudio de los
argumentos expuestos.

53. En este sentido se pronunció esta Sala en sentencia del 13 de octubre de
2016, en la que afirmó que “cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de
providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su intervención a la
simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera
instancia, por el contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos
de su impugnación, indispensable para que el juez de tutela de segunda instancia

30
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 08.06.05., M.P. Jaime Córdoba Triviño.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
19.09.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2018-01300-01
32
Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia de la
Corte Constitucional C-590 de 2005.
33
Así lo ha sostenido esta Sección, entre otras, en la Sentencia del 15 de diciembre de 2015. Rad.
11001-03-15-000-2015-01828-01, cuando precisó “…se debe tener en cuenta que en materia de
tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en
primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría
realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente
ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia”.
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conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma
requiere” 34.

2.6. Caso concreto

54. La impugnación que presentó el apoderado de las y los accionantes no
cumple con la carga argumentativa mínima que le permita a la Sala estudiar de
fondo su inconformidad.

55. Al efecto, en el escrito de impugnación se señaló que “la praxis ha sido testigo
mudo de la injusticia que sigue reinando hasta el día de hoy en el caso en estudio,
luego la pronta y cumplida administración de justicia sigue distanciando aun más de
la justicia real y retributiva que obliga al estado social de derecho”35.

56. Por otro lado, adujó que el fallo censurado desconocía la ratio decidendi
como “función creadora del juez que se ejecuta mediante la construcción y
ponderación de principios de derechos”. No obstante, no hizo alusión alguna a la
inobservancia de esta en el caso concreto.

57. También, en el escrito de impugnación se señaló que la decisión de segunda
instancia proferida en el proceso de reparación directa y que hoy es reprochada
“separa una vez más la finalidad institucional y el deber legal ser del Estado Social
de Derecho de la pronta y cumplida administración de justicia como lo ordena la
Carta Política de 1991, siendo este el punto de partida del avance político social de
proteger al pro homine en el mundo globalizado”36.

58. Finalmente, mencionó que el juez debe ser un “(…) juez de equidad [que] no
tiene otra guía que su conciencia; es decir, la conciencia del bien y del mal que él
lleva en sí37”.

59. Entonces, se deja entrever que la parte tutelante no señaló los argumentos
por los cuales no compartían los fundamentos del Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B para declarar improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito de procedibilidad adjetiva de relevancia constitucional.

60. En otras palabras, la Sala observa que si bien los y las accionantes realizaron
una serie de apreciaciones frente a ciertos conceptos jurídicos; no dieron razón
alguna o explicaron brevemente el por qué no compartían la decisión del a quo
constitucional, ni sustentaron en dicho memorial el motivo para superar la

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de
octubre de 2016.. Así mismo, pueden consultarse: sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-
03-15-000-2016-02014-01;sentencia del 15.de noviembre de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-
01880-01; sentencia del 14 de mayo de 2020., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00180-01; sentencia del 2 de diciembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-03184-01 M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil; y sentencia del 24 de marzo de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-11359-
01, M,P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
35
Folio 2 del escrito de impugnación. Documento 23 cargado a SAMAI.
36
Folio 3. Ibídem.
37
Folio 3. Ibídem.
13
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improcedencia declarada y otorgar el amparo deprecado.

61. Al respecto, se reitera que, quien asegure que sus garantías fundamentales
resultaron vulneradas como consecuencia de los yerros en los que incurrió una
autoridad judicial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima que le permita
al juez constitucional contar con elementos precisos para analizar la presunta
transgresión de sus derechos.

62. Así mismo, el juez de tutela de segunda instancia debe decidir a partir de
apartados del fallo de primera instancia que fueron objeto de impugnación, porque
le está vedado analizar de manera oficiosa aspectos que en forma expresa no hayan
sido objeto de controversia y, en consecuencia, sometidos a su conocimiento.

63. Sobre este aspecto, se advierte que abordar el fondo del asunto sin que el
recurrente haya expuesto argumentos en contra de la decisión de primera instancia,
atentaría contra los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía
judicial, pues no es posible que se revise oficiosamente la decisión proferida por el
juez ordinario.

64. En ese orden de ideas, habrá que confirmarse la sentencia proferida el 2 de
mayo de 2022 por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en la que se declaró improcedente la acción de tutela por no superarse el requisito
de procedibilidad de relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, el 2 de mayo de 2022, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela, de conformidad con los argumentos expuestos en
la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.

15
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