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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03890-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03890-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, el 15 de septiembre de 2022, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-03890-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de noviembre de 2022

Demandante: Jorge Eliecer Cantor Buitrago
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03890-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03890-01
Demandante: JORGE ELIECER CANTOR BUITRAGO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – Confirma – Falta de carga
argumentativa en la impugnación

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 15 de
septiembre de 2022, a través del cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por no
superar el requisito general de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El señor Jorge Eliécer Cantor Buitrago, actuando mediante apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B1. Con el mecanismo
de amparo solicitó la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia.

2. En criterio del accionante, las referidas garantías constitucionales resultaron
quebrantadas por parte de las autoridades judiciales accionadas con ocasión de las
providencias proferidas el 11 de diciembre de 2019, el 15 de abril de 2021 por parte
del referido tribunal y las del 19 de abril y el 30 de junio de 2022 de la Sección Cuarta
de esta Corporación.

1 Mediante escrito radicado el 14 de julio de 2022.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Eliecer Cantor Buitrago
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03890-01

1.2 Pretensiones

3. El accionante solicitó al juez constitucional lo siguiente:

[…] se amparen los derechos fundamentales invocados.

Se deje sin valor ni efecto las providencias objeto de la misma, y se ordene al H:
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se CONCEDA EL RECURSO DE
APELACIÓN CONTRA LA PROVIDENCIA QUE NEGÓ LA SUSPENSIÓN
PROVISIONAL.

Las Demás ordenes que considere legales y oportunas para dar cumplimiento a la
acción de tutela. (Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

A continuación, se presentan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la presente sentencia:

4. El 23 de septiembre de 2014, el accionante presentó ante la DIAN la
declaración de renta del año 2013 mediante formulario no. 2014610781330. Sin
embargo, dicha declaración fue modificada por la referida entidad mediante
liquidación oficial de revisión2 de 13 de septiembre de 2017, acto administrativo que
fue confirmado en Resolución No. 992232018000096 del 13 de septiembre de 2018
luego de resuelto el correspondiente recurso de reconsideración.

5. Inconforme con lo anterior, el actor demandó a la DIAN, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de controvertir
la legalidad de los actos administrativos proferidos en torno a la declaración de renta
del año 2013. Además, solicitó que, cautelarmente, se decretara la suspensión
provisional de los actos acusados.

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B,
mediante auto de 11 de diciembre de 2019 negó la medida cautelar pretendida por el
actor. En síntesis, consideró que la solicitud de suspensión se sustentaba en los
mismos cargos de anulación propuestos en la demanda, lo cual era improcedente en
esa etapa del proceso, por cuanto su análisis se encontraba supeditado al estudio de
los elementos de convicción y del expediente administrativo que debía ser aportado
por la DIAN. Contra la anterior decisión, el demandante interpuso recurso de
reposición, y en subsidio, de apelación.

2 No. 322412017000150 de 13 de septiembre de 2017

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7. Con providencia del 11 de septiembre de 2020, el tribunal no repuso el
proveído que negó la medida cautelar pretendida con fundamento en que, con
suficiencia, expuso las razones que sustentaron la decisión recurrida y, a su vez, la
misma se ajustaba a derecho.

8. El accionante presentó solicitud de adición del auto anterior con fundamento
en que el tribunal no realizó pronunciamiento sobre la concesión del recurso de
apelación que subsidiariamente interpuso contra la providencia del 11 de diciembre
de 2019, que negó el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los
actos demandados.

9. Con providencia del 15 de abril de 2021, el tribunal dispuso no adicionar el
auto por medio del cual se resolvió el recurso de reposición. Como sustento de ello,
expuso que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 del CPACA 3, la
decisión que negó la medida cautelar no era pasible de la apelación promovido por el
actor.

10. Inconforme con lo anterior, interpone recurso de reposición, y en subsidio, de
queja. El 27 de mayo de 2021, el tribunal no repone la decisión y concede el recurso
de queja.

11. Con auto del 19 de abril de 2022, la Sección Cuarta de esta Corporación negó
la queja promovida por considerar que, con acierto, el tribunal denegó la apelación
formulada en contra de la providencia que no accedió a la medida cautelar de
suspensión provisional pretendida por el actor. El demandante recurre esta decisión
en súplica.

12. El 30 de junio de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, rechaza la
súplica propuesta por el accionante con fundamento en que dicho recurso no
procedía en contra del auto que resolvió la queja, en virtud de lo establecido en los
artículos 243A y 246 del CPACA.

1.4. Fundamentos de la vulneración

13. La parte actora señaló que las autoridades judiciales accionadas al proferir las
decisiones objeto de censura, incurrieron en un defecto procedimental.

14. No obstante, del análisis del escrito tutelar se advierte que el accionante
centró sus argumentos en reprochar el auto proferido el 11 de diciembre de 2019,
mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, negó la medida cautelar de suspensión provisional de los actos
demandados pretendida.

3 Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021.

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15. En específico, indicó que teniendo en cuenta que la liquidación oficial de
revisión fue elaborada sin el recaudo de la totalidad del material probatorio y sin tener
en cuenta el tiempo de notificación de dos años que toma la administración después
del plazo para declarar, de conformidad con el artículo 705 del Estatuto Tributario, se
debía declarar la suspensión provisional de los actos administrativos expedidos por
la DIAN.

16. Fue enfático en señalar que, tal y como había puesto de presente en distintas
oportunidades, la liquidación oficial de la DIAN no tuvo en cuenta la liquidación
privada que previamente había presentado, a cuyos contenidos debió dar prelación.

17. Afirmó que los actos administrativos demandados, es decir, la liquidación
oficial de revisión del 13 de septiembre de 2017 y la Resolución No.
992232018000096 del 13 de septiembre de 2018, por la cual se decidió el recurso de
reconsideración, fueron proferidos por la DIAN sin la plena certeza de las
operaciones económicas materia de escrutinio. Ello, en la medida en que la
administración no practicó la totalidad de las pruebas solicitadas.

18. Expuso diversas causales de nulidad atribuibles a tales actos administrativos,
entre los que incluyó que los mismos adolecían de falta de motivación y carecían de
sustento legal puesto que, en su sentir, nunca se desvirtuó la liquidación privada que
presentó respecto de la renta del año 2013.

19. Así, cuestionó que no se hubiera accedido a la medida cautelar cuando ello
resultaba viable a partir del estudio de los actos demandados y el análisis de las
pruebas que acompañó.

20. Mencionó que no decretar de manera cautelar la suspensión provisional de los
actos administrativos demandados, implica que se genere un perjuicio irremediable.
Esto, pues el daño ya estaría consumado para la fecha en la que se resuelva de
manera definitiva el asunto.

21. De otra parte, el actor relató la cronología y el sentido de todas las decisiones
contra las que se dirige la presente acción constitucional. Sin embargo, no mencionó
argumentos de oposición en torno al defecto que les adjudicó.

1.5. Actuaciones relevantes

1.5.1. Admisión de la acción de tutela

22. Mediante auto del 19 de julio de 2022, el magistrado ponente de la Sección
Tercera, Subsección B del Consejo de Estado admitió la solicitud de amparo y
ordenó notificar al demandante, a la Sección Cuarta de esta Corporación y la
Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en
calidad de autoridades accionadas.

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23. Asimismo, por tener interés en el resultado del mecanismo constitucional
promovido, dispuso vincular al director de la DIAN y a la directora de la Dirección
Seccional de Impuestos de Bogotá de esa autoridad.

1.5.2. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentó la siguiente:

1.5.2.1. DIAN

24. Indicó que los argumentos contenidos en la acción de tutela tenían por objeto
reabrir un debate que ya fue resuelto por las autoridades judiciales accionadas,
evidenciándose un intento por parte del accionante de inmiscuirse en la autonomía e
independencia que tienen los órganos judiciales, razón por la cual el asunto carecía
de relevancia desde el punto de vista constitucional.

25. Sin perjuicio de lo anterior, esgrimió que las autoridades judiciales no
incurrieron en yerro alguno al resolver las distintas solicitudes invocadas por el actor.
Lo anterior, en la medida en que, en efecto, el auto que niega una medida cautelar
no es susceptible de apelación de conformidad con lo establecido en los artículos
236 y 246 del CPACA.

26. Finalmente, señaló que en el caso materia de análisis no existía una anomalía
de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional, razón
adicional para declarar la improcedencia del mecanismo propuesto.

1.5.2.2. Los demás sujetos vinculados al presente trámite, pese a ser
notificados en debida forma, guardaron silencio.

1.5.3. Sentencia de primera instancia

27. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia
del 15 de septiembre de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo por
considerar que no se acreditaba el requisito de relevancia constitucional como
presupuesto general de la acción de tutela contra providencias judiciales.

28. Concretamente, manifestó que los planteamientos insertos en el escrito tutelar
para sustentar la presunta vulneración de los derechos invocados son una
reproducción de los argumentos que fueron expuestos, analizados y resueltos en el
trámite de nulidad y restablecimiento del derecho y los posteriores recursos.

29. En este sentido, aseveró que lo pretendido por el actor era revivir la discusión
jurídica relacionada con la procedencia del decreto de la medida cautelar de
suspensión provisional de los actos administrativos demandados, situación que ya

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había sido zanjada con suficiencia por parte del juez natural de la causa.

30. Asimismo, el a quo constitucional manifestó que el actor no cumplió con la
carga argumentativa mínima que le correspondía a fin de que el juez constitucional
realizara el análisis de las decisiones censuradas en torno a la presunta existencia
del defecto procedimental invocado.

31. Como fundamento de lo anterior, expuso que el demandante se limitó a
manifestar la materialización del yerro en comento, solicitando que se dejaran sin
efectos las providencias cuestionadas, sin identificar las razones por las cuales el
juez actuó por fuera del procedimiento previsto para el trámite de los recursos
interpuestos contra la decisión que negó el decreto de la medida de suspensión
provisional.

1.5.4. Impugnación

32. El apoderado judicial de la parte solicitante presentó escrito de impugnación
en contra de la decisión de primera instancia. En el mismo se limitó a reproducir el
escrito de tutela, esto es, respecto del cual el a quo advirtió que se trataba de la
reproducción de planteamientos propuestos en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que se adelantó contra la DIAN.

33. Luego de transcribir sus reproches, de manera sucinta indicó que “LA
SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA DE SEPTIEMBRE 15 DE 2022, DECLARA
IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA, pero no efectúa un estudio requerido frente a
las providencias”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

34. La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 15 de
septiembre de 2022 por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

2.2 Legitimación en la causa

35. Frente a este punto, la Sala advierte que el señor Cantor Buitrago está
legitimado en la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y los artículos 1°, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991. Lo
anterior, en la medida en que funge como demandante en el proceso de nulidad y

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restablecimiento del derecho promovido contra la DIAN al que se ha hecho referencia
en líneas anteriores.

36. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B están legitimados en la causa por pasiva, por ser las autoridades
judiciales que profirieron las decisiones que censura el accionante.

2.3. Problema jurídico

37. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado el 15 de septiembre de 2022, por medio de la cual se declaró improcedente el
amparo por no encontrarse superado el requisito de relevancia constitucional, para lo
cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:

• ¿El escrito de impugnación que presentó la parte accionante cumple con la
carga argumentativa mínima para estudiar de fondo su inconformidad?

38. En el evento de encontrarse acreditada la carga argumentativa mínima en la
impugnación, se analizará si en el caso concreto concurren los requisitos generales
de procedibilidad y, de superarse estos, se resolverá si las decisiones cuestionadas
incurrieron en el defecto procedimental que se invocó.

39. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) cumplimiento de la carga argumentativa
mínima en la impugnación y (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

40. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20124. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema5. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales6.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.

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41. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20147. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia8 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial9.

42. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho
vi) cuando proceda, efecto decisivo de la irregularidad procesal

43. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son:

i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
9 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.

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establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

44. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Cumplimiento de la carga argumentativa mínima en la impugnación

45. La Corte Constitucional10 y esta Corporación11 han establecido que cuando la
tutela se dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora tiene el deber de
identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y “precisar los hechos y
las razones en que se fundamenta la acción”.

46. En efecto, en la última sentencia referenciada se estableció que “(…) El actor
tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la
vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la
providencia”12, y exponer en forma clara los defectos de los cuales adolece la
decisión judicial, desplegando para el efecto una carga argumentativa mínima que le
permita al juez constitucional abordar el análisis de la providencia.

47. Esta carga indudablemente se debe cumplir en igual forma cuando se
presenta la impugnación en contra de la sentencia de primera instancia proferida en
sede de tutela, en relación con la cual corresponde al impugnante señalar las
falencias, errores u omisiones en que incurrió el juez de primera instancia13 que le
permitan al juez de segunda instancia asumir el estudio de los argumentos
expuestos.

48. En este sentido se pronunció esta Sala en sentencia del 13 de octubre de
2016, en la que afirmó que “cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de
10 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 19.09.18.,

M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2018-01300-01
12 Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia de la
Corte Constitucional C-590 de 2005.
13 Así lo ha sostenido esta Sección, entre otras, en la Sentencia del 15 de diciembre de 2015. Rad.

11001-03-15-000-2015-01828-01, cuando precisó “…se debe tener en cuenta que en materia de
tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en
primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando,
sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo
cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia”.

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providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su intervención a la
simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera
instancia, por el contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos
de su impugnación, indispensable para que el juez de tutela de segunda instancia
conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma
requiere” 14.

2.6. Caso concreto

49. Para esta Sala de Decisión la impugnación propuesta por la parte actora no
cumple con la carga argumentativa mínima que le permita a la Sala estudiar de fondo
su inconformidad.

50. Al efecto, en la impugnación, luego de reproducir el contenido de la tutela,
planteamientos a partir de los cuales el a quo consideró pretendían generar una
tercera instancia frente asuntos resueltos y que a su vez no daban cuenta de una
carga argumentativa mínima en torno a la existencia del defecto procedimental
invocado, el accionante se limitó en señalar de manera sucinta en la parte final de su
escrito que:

“LA SENTENCIA TUTELA PRIMERA INSTANCIA DE SEPTIEMBRE 15 DE 2022,
DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA, pero no efectúa un estudio
requerido frente a las providencias”

51. Pese a la anterior afirmación, el accionante no precisó el estudio “requerido”
que el juez constitucional de primera instancia no llevó a cabo, ni tampoco la forma
en que el a quo debió abordar el debate propuesto, distinto a como, en efecto, lo
hizo.

52. A lo anterior, se suma que en toda su impugnación el actor no presentó
argumento de oposición alguno frente a lo resuelto en la decisión impugnada en
torno a la i) reiteración de planteamientos del proceso ordinario que llevaron a
considerar que se pretendía instituir una tercera instancia en este trámite
constitucional, ni tampoco para refutar que, contrario a lo establecido, el actor ii) sí
cumplió con la carga argumentativa mínima para sustentar la configuración del
defecto procedimental invocado.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de
octubre de 2016. Así mismo, pueden consultarse: sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-03-
15-000-2016-02014-01; Sentencia del 15.de noviembre de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-01880-
01; sentencia del 14 de mayo de 2020., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00180-
01; sentencia del 2 de diciembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-03184-01 M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil; sentencia del 24 de marzo de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-11359-01, M,P. Pedro
Pablo Vanegas Gil; sentencia del 30 de junio de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-01896-01, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil.

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Jorge Eliecer Cantor Buitrago
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03890-01

53. En efecto, del análisis del escrito de impugnación no se advierte, siquiera
someramente, un planteamiento del accionante que refute lo resuelto por el juez
constitucional de primera instancia en relación con que, en el caso concreto, se
pretendía reabrir un debate zanjado por los jueces naturales ni que se cumplía con la
carga argumentativa mínima.

54. Entonces, se deja entrever que la parte tutelante no señaló los argumentos
por los cuales no compartía los fundamentos del Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B para declarar improcedente la acción de tutela por no superar
el requisito de procedibilidad adjetiva de relevancia constitucional.

55. En otras palabras, la Sala observa que, si bien el actor presentó un escrito de
impugnación, de su contenido no se evidencia desarrollo del por qué no comparte la
decisión del a quo constitucional, ni sustentó en dicho memorial el motivo para
superar la improcedencia declarada y otorgar el amparo deprecado.

56. Al respecto, se reitera que, quien asegure que sus garantías fundamentales
resultaron vulneradas como consecuencia de los yerros en los que incurrió una
autoridad judicial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima que le permita
al juez constitucional contar con elementos precisos para analizar la presunta
transgresión de sus derechos.

57. Así mismo, el juez de tutela de segunda instancia debe decidir a partir de
apartados del fallo de primera instancia que fueron objeto de impugnación, porque le
está vedado analizar de manera oficiosa aspectos que en forma expresa no hayan
sido objeto de controversia y, en consecuencia, sometidos a su conocimiento.

58. Sobre este aspecto, se advierte que abordar el fondo del asunto sin que el
recurrente haya expuesto argumentos en contra de la decisión de primera instancia,
atentaría contra los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía
judicial, en la medida en que no es posible que se revise oficiosamente las
decisiones del juez ordinario controvertidas mediante esta vía constitucional.

59. En ese orden de ideas, esta Sala confirmará la sentencia proferida el 15 de
septiembre de 2022 por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, en la
que se declaró improcedente la acción de tutela por no superarse el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional.

Con tales precisiones, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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Demandante: Jorge Eliecer Cantor Buitrago
Demandados: Consejo de Estado, Sección Cuarta y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03890-01

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección
B del Consejo de Estado, el 15 de septiembre de 2022, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela, de conformidad con los argumentos expuestos en
la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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