Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00262-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-00262-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00262-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-00262-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
13 de julio de 2023
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-00262-01
Demandante: LIGIA VALENCIA CASTRO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SECCIÓN
C Y JUZGADO 5.º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BARRANQUILLA
Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma – Falta de carga
argumentativa en la impugnación
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia de primera
instancia del 27 de abril de 2023, proferida por la Sección Cuarta de esta
Corporación. En la providencia impugnada se declaró improcedente la solicitud de
amparo por no superar el requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito enviado por correo electrónico el 23 de enero de 2023 al buzón
web de la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Ligia Valencia
Castro, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Juzgado 5.º
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico – Sección C. La parte actora considera que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad.
2. La accionante consideró violadas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de los autos del 27 de mayo de 2019 y del 11 de octubre de 2022, por
medio de los cuales las autoridades judiciales accionadas decidieron no librar
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
mandamiento de pago en el proceso ejecutivo No. 08001-33-33-005-2018-00344-
00-01.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la accionante solicitó:
Comedidamente solicito, a esta HONORABLE CORPORACION, se sirvan
TUTELAR LOS DERECHOS INVOCADOS, que permanecen vulnerados, por
Violación al Debido Proceso, por actuación por vía de hecho, violación al derecho a
la igualdad, defecto procedimental, etc. por la Renuencia de las autoridades
Públicas: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE
BARRANQUILLA, directamente responsables del Agravio causados a la suscrita,
con inclusión al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO Ordenando el cumplimiento
inmediato:
a.- Elaborar y entregar en debida forma el Paz y Salvo, correcto en el sentido que la
suscrita no tiene obligación pendiente con ninguna entidad como docente que fue.
b.- Elaboración de la Historia laboral, donde incluyan todas las actuaciones
administrativas tanto negativas como las positivas y las actuaciones judiciales como
la Sentencia del 21 de Marzo del 2024 que revocó la sentencia de primera Instancia
y declaró la Nulidad de los actos administrativos que trasladaron y reintegraron a la
suscrita para la Institución Distrital José Julián Martí, anexo al IDDI Nueva Granada.
los fallos disciplinarios, favorables a la suscrita etc.
c.- Elaboración en debida forma los Certificados Salariales de los años 2010. 2011,
2013, 2014, 2015 y 2016, tal como le fueron entregados a la exfuncionaria docente
OSIRIS OLASCOAG VALENCIA. (Ver pruebas)
d.- Ordenar el Pago de los sueldos retenidos, consignando los en la Cuenta No.620-
129650 del Banco BBVA, por el concepto de ABONO DOMI. 860525148
Institucional BARR, donde le consignaban las mesadas del sueldo a la docente
suscrita, correspondiente a los meses desde Enero a Diciembre del 2012,
incluyendo todos los factores salariales, e intereses moratorios, compensatorios, al
igual el pago de los sueldos de los años 2013, 2014, 2015, meses Enero, Febrero y
Marzo del año 2016, todos debidamente indexados.
d.- Al no haber recibido, la suscrita, el pago de la CESANTÍA DEFINITIVA, dentro
de los 70 días, después de haber sido Retirada del Servicio docente, por edad
forzosa, el 3 de Agosto del 2016, por la renuencia de las Autoridades Públicas
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA en
cabeza del señor ALEJANDRO CHAR CHALJUE y la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DISTRITO DE BARRANQUILLA señora KAREN ABUDINEN
ABUCHAIBE, por ser los directamente Responsable del agravio, a quienes se
les debe abrir proceso disciplinarios, por sus actuaciones irregulares; se
ordene el pago de la Cesantía Definitiva, con los interés moratorios,
compensatorios como lo ordenan las leyes de Colombia, en un término
prudencial.
e.- Se ordene por personal capacitados de esta Corporación la Liquidación de
los SUELDOS, debidos, y de la Cesantía Definitiva de la suscrita, grado 13 del
Escalafón de Docente, en el término que esta Corporación estime
Conveniente,
f.- Se tenga en cuenta que la suscrita es una mujer mayoría de edad y el sueldo
constituye su mínimo vital, del que necesita urgentemente. (Sic a toda la cita)
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
1.3. Hechos probados y/o admitidos
4. La docente Ligia Valencia Castro fue trasladada de la Institución Educativa
Distrital José Julián Martí a la Institución Educativa Distrital Pies Descalzos, a través
de la Resolución 296 del 27 de febrero de 2009 de la Secretaría de Educación de
Barranquilla. Esta decisión fue confirmada mediante la Resolución 685 del 15 de
abril de 2009.
5. Por lo anterior, la señora Ligia Valencia Castro presentó demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos y, en
consecuencia, solicitó que se le respetara la permanencia y continuidad de su labor
en la Institución Educativa Distrital José Julián Martí.
6. El asunto correspondió en primera instancia al Juzgado 2.º Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla. Esa autoridad judicial, en sentencia del 25 de julio
de 2011, negó las pretensiones de la demanda.
7. Contra la anterior decisión, la actora presentó recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Esa corporación, en fallo del
21 de marzo de 2014, revocó la decisión de primer grado y, en su lugar, declaró la
nulidad de los actos administrativos en mención. En consecuencia, ordenó que se
reintegrara a la demandante a la Institución Educativa Distrital José Julián Martí.
8. Posterior a ello, el 17 de septiembre de 2018, la señora Ligia Valencia Castro
radicó demanda ejecutiva contra la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, la Fiduprevisora S.A. y el Distrito de Barranquilla – Secretaría de
Educación. Esto, con el fin de que se librara mandamiento de pago en su contra y
se ordenara a las ejecutadas a: i) expedir certificado de historia laboral y salarial de
los años 2010 al 2016; ii) expedir el acto administrativo que reconozca las cesantías
definitivas y la sanción moratoria por el no pago oportuno de las mismas; y iii) pagar
los salarios correspondientes a los años 2012 a 2016.
9. El conocimiento de la demanda ejecutiva correspondió al Juzgado 5º
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, que en auto del 27 de mayo de
2019 dispuso no librar mandamiento ejecutivo. En ese orden, ordenó la devolución
de la demanda.
10. La autoridad judicial accionada consideró que los documentos que
acompañaban la demanda no contenían una obligación clara, expresa y exigible.
Además, advirtió que las pretensiones fueron formuladas de forma anti-técnica por
lo que respaldan la carencia de exigibilidad de los escritos anexos al libelo
introductorio.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
11. En contra de esta decisión, la accionante presentó recurso de apelación. Este
fue desatado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C. La autoridad
judicial accionada, mediante auto del 11 de octubre de 2022, resolvió confirmar la
providencia de primer grado.
12. Como fundamento de su decisión, el juez de segunda instancia señaló que
al realizar una comparación entre lo solicitado por la demandante y lo ordenado en
la sentencia que se pretende ejecutar, no existía una correspondencia entre ellas.
13. Así, encontró que en la sentencia cuya ejecución se pretende, se limitó a
declarar la nulidad de los actos administrativos que dispusieron el traslado de la
accionante desde la Institución Educativa José Julián Martí a la Institución Educativa
Pies Descalzos, y la ejecutante incluyó elementos no debatidos al interior del
proceso ordinario las cuales no fueron objeto de un pronunciamiento, pues solicita
el pago de salarios, la expedición de unos certificados y actos administrativos que
reconozcan las cesantías definitivas.
14. En ese orden, consideró que la obligación que pretendía ejecutar la
demandante no resultaba ni clara, ni expresa ni exigible.
1.4. Fundamentos de la vulneración
15. Para la accionante, las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, bajo los siguientes
argumentos:
16. Inicialmente, la accionante indicó que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto procedimental porque desconocieron los artículos 426,
428 y 429 del Código General del Proceso, en concordancia con los artículos 189 y
306 del CPACA. Esto, al no darle el trámite correspondiente a la demanda de
ejecución por obligación de hacer, pues los operadores judiciales negaron el
mandamiento de pago. Al efecto, señaló:
2.2.- Tanto el a quo como el ad quem, incurrieron en defecto de procedibilidad
cuando no interpretaron los artículos del Código General del Proceso, aplicables
por analogía (Artículo 297. ANÁLOGOS ibidem) en lo Contencioso Administrativo,
en concordancia con los Artículos 189, 306 del CPACA, en la demanda de
EJECUCIÓN POR OBLIGACIÓN DE HACER, (433 C.G.P.) y/o del Proceso
Ejecutivo, con base en Títulos Ejecutivos Complejos, (422 ibidem) para el
cumplimiento de Sentencia proferida por la jurisdicción Contencioso Administrativo
en proceso de Nulidad y Restablecimiento del derecho de carácter laboral; que, al
ser subsanada la demanda, se optó por Actos Administrativos Definitivos, por
Obligaciones Alternativas de Hacer (429ibidem) - Suscribir Documentos y de
Dar(432 Ibidem); (según lo consagrado en el artículo 297 numerales 1º y 4º; 298;
306 de la Ley 1437 de 2011, por remisión expresa, a los artículos
428.Ibidem, EJECUCIÓN por PERJUICIOS artículo 432. Obligación de dar inciso
dos del numeral 2: La EJECUCIÓN proseguirá por los PERJUICIOS
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
MORATORIOS, si fuere el caso; concluyendo que los juzgadores, aplicaron otro
procedimiento diferente al objeto esencial de lo querido por la demandante.
17. Luego, en el acápite de hechos, la accionante reprochó las siguientes
actuaciones realizadas por los jueces de instancia:
• El Juzgador de primera instancia desconoció lo preceptuado en el artículo 5 del
Decreto Ley 019 del 2012 que dispone que los procedimientos se deben adelantar
en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de gastos. Esto, porque se tomó
demasiado tiempo para proferir el auto por medio del cual se solicitó a la accionante
que subsanara la demanda ejecutiva.
• El Juez de segunda instancia tomó demasiado tiempo en resolver el recurso de
apelación. En este punto, relató que tuvo que presentar peticiones de impulso
procesal dada la necesidad de obtener el pago de sus sueldos.
• Indicó que la notificación del auto que resolvió la apelación no se hizo en debida
forma. Esto, porque la providencia se comunicó el mismo día en que se profirió,
cuando lo correcto de conformidad con el artículo 201 del CPACA, es que la
inserción en el estado, se debe realizar al día siguiente al de la fecha del auto.
18. Finalmente, la señora Ligia Valencia Castro manifestó que las acciones
«imprecisas» de las autoridades judiciales accionadas respaldan una actitud
renuente de las entidades ejecutadas en la expedición de los certificados que
aquella solicitó desde el 14 de septiembre de 2016, con el fin de obtener el pago de
sus cesantías definitivas.
1.5. Trámite de la acción de tutela
19. En auto del 15 de febrero de 2023, la magistrada ponente de primera
instancia admitió la demanda1, dispuso su notificación al Juzgado 5.º Administrativo
del Circuito Judicial de Barranquilla y al Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C.
1.6. Intervenciones
20. Realizadas las notificaciones ordenadas, de manera electrónica, se
presentaron las siguientes intervenciones:
1
Previo a la admisión de la demanda, en auto del 30 de enero de 2023 el despacho ponente de
primera instancia requirió a la demandante para que subsanara la acción de tutela en el sentido de
que indicara cuáles eran las pretensiones planteadas respecto a las autoridades judiciales
accionadas. Mediante escrito del 6 de febrero de 2023, la accionante presentó escrito de
subsanación a la demanda.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
21. La autoridad judicial accionada rindió informe en el que solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela. Esto, porque la accionante pretende convertir
este mecanismo constitucional en una tercera instancia y además porque en el
escrito inicial expone in extenso una serie de hechos que no tienen relación con la
controversia que se suscitó.
22. De otro lado, manifestó que las providencias que negaron el mandamiento
de pago estuvieron debidamente sustentadas en la demanda y las pruebas del
proceso.
23. El Juzgado 5.º Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, pese a que
fue notificado guardó silencio.
1.7.- Fallo impugnado
24. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 27 de abril
de 20232 declaró improcedente la acción de tutela por cuanto no satisface el
requisito de relevancia constitucional. Esto, porque a su juicio los cargos expuestos
en la solicitud de amparo son una reiteración de los argumentos que ya habían sido
ventilados por la demandante en el recurso de apelación del proceso ejecutivo y
que fueron analizados por las autoridades judiciales accionadas.
25. Así, el juez de tutela de primera instancia consideró que lo pretendido por la
accionante es retomar la discusión del cumplimiento de los requisitos sustanciales
del título, la cual ya fue resuelta en las 2 instancias del proceso ejecutivo, sin que
exponga un error flagrante en la ratio de las providencias que afecte sus derechos
fundamentales.
1.8. Impugnación
26. La accionante presentó escrito de impugnación3 en contra de la decisión de
primera instancia, en la que se limitó a indicar que no se tuvieron en cuenta los
hechos y omisiones del procedimiento de la demanda ejecutiva «por obligación de
hacer», pues este se debió por la «omisión y negligencia de las autoridades públicas
Alcaldía Distrito de Barranquilla representada por el señor Alejandro Char y la
honorable Secretaría de Educación Karen Abudiney», quienes desde el año 2016
no han entregado la documentación solicitada para el cobro de las cesantías
definitivas por haber laborado durante 44 años.
2
Esta decisión fue notificada el 3 de mayo de 2023.
3
El escrito fue presentado el 5 de mayo de 2023.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
27. Luego, la accionante señaló que el fallo de primera instancia no es
congruente con la definición de la acción de tutela, la cual procede para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
28. De otro lado, mencionó que con «la demanda de ejecución por obligación de
hacer» aportó copia de la «sentencia del 14 (sic) de marzo de 2014» proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó como
título ejecutivo.
29. Por lo anterior, solicitó que se revocara el fallo de primer grado, por
«continuar vulnerados sus derechos adquiridos, como son los sueldos dejados de
pagar y sus cesantías de 44 años de labor como docente en primaria al servicio del
Estado de Colombia».
1.9. Trámite de impugnación y de segunda instancia
30. Mediante auto del 17 de mayo de 2023, el juez de tutela de primera instancia
concedió la impugnación interpuesta por la accionante en contra de la sentencia del
27 de abril de 20234.
31. Posterior a ello, mediante auto del 8 de junio de 2023, el despacho ponente
de segunda instancia dispuso la vinculación en calidad de terceros con eventual
interés en las resultas de la presente acción de tutela a la Nación – Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio, la Fiduprevisora S.A. y el Distrito de Barranquilla –
Secretaría de Educación.
32. La Fiduprevisora S.A. rindió informe en el que solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela y se le desvincule al presente trámite
constitucional. Esto, bajo el argumento que no se encuentra acreditado que en
calidad de vocera y administradora del Fomag haya vulnerado los derechos
fundamentales de la peticionaria.
33. El Distrito de Barranquilla – Secretaria de Educación pese a que fue
notificado, guardó silencio.
4
Previo a este trámite, la accionante presentó escrito ante la Secretaría General de esta Corporación
en el que solicitó que el juez de primera instancia emitiera una decisión de fondo dentro del trámite
constitucional de la referencia. La Secretaría General de esta Corporación mediante oficio del 8 de
mayo de 2023 le informó a la accionante que el 28 de abril de 2023 la Sección Cuarta de esta
Corporación profirió fallo de primera instancia, el cual fue notificado a las partes el 3 de mayo de
2203.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
34. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela
del 27 de abril de 2023, dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Lo
anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Legitimación en la causa y solicitud de desvinculación
35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el
sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
señora Ligia Valencia Castro se encuentra legitimada en la causa por activa. Esto
porque le asiste un interés directo en las resultas del proceso, pues figura como
ejecutante dentro del proceso ejecutivo en el que resultó vencida en las
providencias reprochadas a través de este mecanismo constitucional.
37. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el el Juzgado 5.º Administrativo
del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico –
Sección C, están legitimados en la causa por pasiva al ser las autoridades judiciales
que profirieron las decisiones reprochadas en esta oportunidad.
38. Finalmente, la Sala no accederá a la petición de desvinculación de la
Fiduprevisora S.A. Esto, porque su vinculación se realizó en razón a que obra como
demandada dentro del proceso ordinario en su calidad de vocera del Fomag, razón
por la que le asiste un interés en las resultas de este proceso.
2.3. Cuestión previa
39. Antes de plantear el problema jurídico, la Sala coincide con el juez de primer
grado, al señalar que el escrito de tutela es confuso en relación con sus
pretensiones, pues, aunque al inicio de aquel, indicó que la solicitud de amparo se
dirige contra los autos que negaron librar mandamiento de pago en su contra.
Posterior a ello, presentó diversas peticiones frente a las autoridades que fueron
demandadas en el proceso ejecutivo. Sin embargo, solo hizo alusión a diversos
reproches contra las providencias aludidas y no hizo alusión como demandadas a
quienes fungieron como ejecutadas en el proceso ordinario.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
40. De otro lado, es necesario precisar que, en el escrito de tutela, la accionante
señaló que, en el curso del proceso ejecutivo, los jueces incurrieron en mora en la
emisión de sus providencias y en una indebida notificación del auto de segunda
instancia. Sin embargo, no presentó ninguna pretensión sobre este punto en el
escrito de tutela ni tampoco hizo alusión a ella en el escrito de impugnación. En
consecuencia, no serán analizadas en la parte considerativa de esta providencia.
41. De otro lado, esta Sección evidencia que, en el escrito de impugnación, la
accionante solicitó que se revocara el fallo de primer grado, bajo el argumento que
las autoridades ejecutadas aún no le han cancelado los sueldos dejados de pagar
y sus cesantías de 44 años de labor como docente en primaria al servicio del país.
42. Sin embargo, la Sala no podrá tener en cuenta dicho argumento pues no fue
señalado en el escrito de tutela, ni tampoco fue objeto de decisión por parte del a
quo, razón por la que estudiarlo en esta instancia implicaría desconocer el derecho
de defensa y contradicción de las autoridades contra las que dirige dichos
argumentos.
43. En ese orden, la Sala evidencia que la pretensión de la parte accionante es
que se dejen sin efectos las providencias a través de las cuales las autoridades
judiciales accionadas se negaron a librar mandamiento de pago y en ese sentido
centrará su estudio en segunda instancia, de conformidad con los argumentos
planteados en el escrito de tutela reiterados en sede de impugnación.
2.4. Problema jurídico
44. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 27 de
abril de 2023, por medio de la cual se declaró improcedente el amparo por no
encontrarse superado el requisito de relevancia constitucional, para lo cual se
deberán resolver los siguientes interrogantes:
• ¿El escrito de impugnación que presentó la parte accionante cumple con la
carga argumentativa mínima para estudiar de fondo su inconformidad?
45. En el evento de encontrarse acreditada la carga argumentativa mínima en la
impugnación, se analizará si en el caso concreto concurren los requisitos de
procedibilidad adjetiva y, de superarse éstos, se resolverá si la sentencia censurada
incurrió en los defectos fáctico y de desconocimiento del precedente.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema6. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales7.
47. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 20148. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia9 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial.
48. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura
los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:
i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela;
ii) inmediatez;
iii) subsidiariedad;
iv) relevancia constitucional;
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.
49. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si
se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unificación del 05
de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de
sentencias de tutela.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se
intente reabrir el debate de instancia.
50. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.6. Cumplimiento de la carga argumentativa mínima en la impugnación
51. La Corte Constitucional10 y esta corporación11 han establecido que cuando la
tutela se dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora tiene el deber
de identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y «precisar los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción».
52. En efecto, en la última sentencia referenciada se estableció que «(…) El actor
tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la
vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la
providencia»12, y exponer en forma clara los defectos de los cuales adolece la
decisión judicial, desplegando para el efecto una carga argumentativa mínima que
le permita al juez constitucional abordar el análisis de la providencia.
53. Esta carga indudablemente se debe cumplir en igual forma cuando se
presenta la impugnación en contra de la sentencia de primera instancia
proferida en sede de tutela, en relación con la cual corresponde al impugnante
señalar las falencias, errores u omisiones en que incurrió el juez de primera
instancia13 que le permitan al juez de segunda instancia asumir el estudio de los
argumentos expuestos.
54. En este sentido se pronunció esta Sala en sentencia del 13 de octubre de
2016, en la que afirmó que «cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de
10
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 08.06.05., M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del
19.09.18., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2018-01300-01
12
Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia de la
Corte Constitucional C-590 de 2005.
13
Así lo ha sostenido esta Sección, entre otras, en la Sentencia del 15 de diciembre de 2015. Rad.
11001-03-15-000-2015-01828-01, cuando precisó “…se debe tener en cuenta que en materia de
tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en
primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría
realizando, sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente
ejecutoriada, lo cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en
últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia”.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
providencias judiciales, la parte recurrente no puede limitar su intervención a la
simple manifestación de no estar de acuerdo con la decisión judicial de primera
instancia, por el contrario, debe observar una carga mínima que soporte los motivos
de su impugnación, indispensable para que el juez de tutela de segunda instancia
conozca las razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma
requiere» 14.
2.7. Caso concreto
55. La impugnación que presentó la accionante no cumple con la carga
argumentativa mínima que le permita a la Sala estudiar de fondo su inconformidad.
56. Al efecto, en el escrito de impugnación se señaló que el fallo de primera
instancia no «es congruente con el concepto de [la acción de tutela] para reclamar
ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y
sumario, por si misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de
sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten
vulnerados o amenazados».
57. De otro lado, mencionó que con «la demanda de ejecución por obligación de
hacer» aportó copia de la «sentencia del 14 (sic) de marzo de 2014» proferida
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó como
título ejecutivo.
58. También, en el escrito de impugnación solicitó la revocatoria del fallo de tutela
de primera instancia, bajo el argumento que sus derechos fundamentales aún
siguen siendo vulnerados por las autoridades ejecutadas en razón de los sueldos
dejados de pagar y sus cesantías por 44 años de labor como docente en primaria
al servicio del Estado.
59. Entonces, se deja entrever que la tutelante no señaló los motivos por los
cuales no compartía los argumentos de la Sección Cuarta del Consejo de Estado
para declarar improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional.
60. En otras palabras, la Sala observa que si bien la accionante realizó una serie
de apreciaciones frente al concepto de la acción de tutela; no dio razón alguna o
explicó brevemente el por qué no compartía la decisión del a quo constitucional, ni
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 13 de
octubre de 2016.. Así mismo, pueden consultarse: sentencia del 9 de febrero de 2017, Rad. 11001-
03-15-000-2016-02014-01;sentencia del 15.de noviembre de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-
01880-01; sentencia del 14 de mayo de 2020., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00180-01; sentencia del 2 de diciembre de 2021. Rad. 11001-03-15-000-2021-03184-01 M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil; y sentencia del 24 de marzo de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2021-11359-
01, M,P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
sustentó en dicho memorial el motivo para superar la improcedencia declarada y
otorgar el amparo deprecado.
61. Al respecto, se reitera que, quien asegure que sus garantías fundamentales
resultaron vulneradas como consecuencia de los yerros en los que incurrió una
autoridad judicial, debe cumplir con una carga argumentativa que le permita al juez
constitucional contar con elementos precisos para analizar la presunta transgresión
de sus derechos.
62. Así mismo, el juez de tutela de segunda instancia debe decidir a partir de los
aspectos del fallo de primera instancia que fueron objeto de impugnación, porque le
está vedado analizar de manera oficiosa aspectos que en forma expresa no hayan
sido objeto de controversia y, en consecuencia, sometidos a su conocimiento.
63. Sobre este aspecto, la Sala nota que la accionante señaló en su escrito de
impugnación que sus derechos fundamentales aún continuaban siendo vulnerados
por parte de las entidades ejecutadas por la falta de pago de su salario y cesantías
como docente primaria. Sin embargo, se reitera que no podrá tener en cuenta dicho
argumento pues no fue señalado en el escrito de tutela, ni tampoco fue objeto de
decisión por parte del a quo, razón por la que estudiarlo en esta instancia implicaría
desconocer el derecho de defensa y contradicción de las autoridades contra las que
dirige dichos argumentos. Máxime cuando este punto no fue planteado en el escrito
inicial y la solicitud de amparo ni siquiera se dirige contra estas entidades.
64. Así, se advierte que abordar el fondo del asunto sin que el recurrente haya
expuesto argumentos en contra de la decisión de primera instancia, atentaría contra
los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, pues no es
posible que se revise oficiosamente la decisión proferida por el juez ordinario.
65. En ese orden de ideas, habrá que confirmarse la sentencia proferida el 27 de
abril de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la que se declaró
improcedente la acción de tutela por no superarse el requisito de procedibilidad de
relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiduprevisora
S.A., por los motivos aquí expuestos.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Ligia Valencia Castro
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sección C y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-00262-01
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, el 27 de abril de 2023, mediante la cual se declaró improcedente la
acción de tutela por no superarse el requisito de procedibilidad de relevancia
constitucional, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
Salvamento de voto
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.