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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06910-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2021-06910-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revócase la sentencia del 27 de enero de 2022, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente el amparo frente a los cargos contra los actos del Consejo Nacional Electoral y la sentencia que declaró improcedente la acción de cumplimiento, y lo negó respecto del auto que dispuso el rechazo del recurso de apelación contra el fallo mencionado y, en su lugar, ampárase el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, por las razones señaladas en las consideraciones de este proveído. SEGUNDO: En consecuencia, déjase sin efectos el auto del 8 de abril de 2021, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el marco del medio de control de cumplimiento tramitado con el radicado 25000-23-41-000-2020-00844-00. TERCERO: Ordénase al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, que en el término de cinco (5) días posteriores a la notificación de este fallo, dicte providencia de reemplazo que atienda los parámetros de las consideraciones aquí expuestas. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2021-06910-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

12 de mayo de 2022

Demandante: Francisco Córdoba Zartha
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Rad: 11001-03-15-000-2021-06910-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D. C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-06910-01
Demandante: FRANCISCO CÓRDOBA ZARTHA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial – Defecto procedimental
por exceso de ritual manifiesto

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte demandante contra el fallo
del 27 de enero de 2022, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado,
por medio del cual declaró improcedente de manera parcial el amparo deprecado,
y negó las pretensiones restantes.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

Mediante escrito presentado por correo electrónico el 8 de octubre de 2021, a
través del buzón web del Juzgado 43 Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Bogotá, y remitido en la misma fecha al correo electrónico de la
Secretaría General de esta Corporación, el señor Francisco Córdoba Zartha, en
nombre propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, con el fin de que se protegieran
sus derechos fundamentales a elegir y ser elegido, a participar en política, a la
igualdad y no discriminación, al debido proceso, a la imparcialidad judicial, a la
contradicción y defensa y al acceso a la administración de justicia.

Consideró vulneradas las referidas garantías con ocasión de la sentencia del 11
de febrero de 2021, que declaró improcedente la acción de cumplimiento que
presentó para hacer acatar una norma constitucional, y el auto del 8 de abril de
2021, mediante el cual dicha autoridad judicial rechazó el recurso de apelación
presentado contra la decisión anterior, en el marco del medio de control de
cumplimiento de normas con fuerza material de ley y/o actos administrativos

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1

Demandante: Francisco Córdoba Zartha
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Rad: 11001-03-15-000-2021-06910-01

tramitado bajo el radicado 25000-23-41-000-2020-844-001.

En concreto, formuló las siguientes peticiones2:

“PRIMERA. Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A,
REVOCAR LA SENTENCIA DE 11 DE FEBRERO DE 2021
PROFERIDA POR TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A, con
Ponencia del Magistrado LUIS MANUEL LASSO LOZANO, dictada
dentro del radicado número 250002341000202000844-00 adelantado
contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, por la cual declaró
improcedente la ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO contra norma
constitucional (Artículo 35 Transitorio de la Constitución); y que en
consecuencia proceda a ordenar mediante SENTENCIA al CONSEJO
NACIONAL ELECTORAL dar estricto cumplimiento a la citada norma
superior y, proceder a emitir Resolución por la cual reconozca
personería jurídica al Movimiento Séptima Papeleta con todas las
garantías constitucionales y legales, en términos de financiación de
campañas, funcionamiento, espacios en medios de comunicación, etc.

SEGUNDA. Para los efectos, se declare nulo el AUTO DE 08 DE
ABRIL DE 2021, NOTIFICADO POR ESTADO DE FECHA
“12/04/2021” (adjunto), POR EL CUAL LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA RECHAZA EL RECURSO DE APELACION DEL CUAL
SE RECONOCE QUE SE “ALLEGÓ, A TRAVÉS DE CORREO
ELECTRÓNICO EL 17 DE MARZO DE 2021”, FECHA EN LA CUAL
“VENCIÓ” EL TERMINO, CON SUSTENTACIÓN TAMBIÉN
OPÓRTUNA; y que no hubo en efecto negligencia del Accionante y
apelante.”

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

El demandante expuso varios hechos relacionados con actos del Consejo
Nacional Electoral en los que inicialmente declaró la pérdida de la personería
jurídica de algunos partidos y movimientos políticos, como es el caso del
movimiento Séptima Papeleta, y posteriormente se refirió al trámite administrativo
en el que dicha entidad de la organización electoral negó tal reconocimiento. Así
mismo, destacó las razones por las que considera que tales decisiones son
ilegales.

Del escrito de subsanación de la acción de tutela se extraen los hechos
relevantes de cara a lo que corresponde resolver a la Sala, en cuanto guardan
relación con las providencias que el actor controvierte en esta oportunidad, los
cuales se sintetizan a continuación.

1 Se concretó la vulneración de los derechos fundamentales invocados, con base en el escrito de

subsanación de la acción de tutela, en el que el demandante precisó que la violación ius
fundamental se atribuye a estas providencias, tal como se precisará en el acápite correspondiente
al trámite en primera instancia.
2 Se toman del escrito de subsanación de la demanda.

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Demandante: Francisco Córdoba Zartha
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El demandante presentó medio de control de cumplimiento de normas con fuerza
material de ley y/o actos administrativos, tendientes a que el Consejo Nacional
Electoral acatara el artículo 35 transitorio de la Constitución Política3, y la
Resolución 2404 de 2018 del Consejo Nacional Electoral4.

Adujo que la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, autoridad judicial que conoció del asunto, dictó sentencia el 11
de febrero de 2021, en el sentido de declarar improcedente la acción de
cumplimiento “bajo la absurda consideración según la cual una norma
constitucional cuyo acatamiento se demanda como el Artículo 35 Transitorio
Superior no es Ley, cuando lo cierto es que se trata de la Ley de Leyes.”

En lo concerniente con la Resolución 2404 de 2018, el Tribunal consideró que la
misma no contiene un mandato imperativo e inobjetable dirigido al Consejo
Nacional Electoral, sino una decisión que negó una solicitud del actor, por lo que
puede controvertir su legalidad a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Expuso que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, con sustento
en que la Constitución Política es la ley fundamental, y que la Ley 393 de 1997
no excluyó los mandatos superiores de la posibilidad de exigir su acatamiento a
través de la acción de cumplimiento.

Mencionó que la sentencia se notificó el viernes 12 de marzo de 2021, y que el
término para impugnarla vencía el 17 siguiente, fecha en la que, en efecto,
presentó la alzada de que se trata.

Adujo que la Secretaría de la Corporación, el día 18 de marzo de 2021, le envió
un mensaje de datos según el cual el archivo que contenía el recurso “está en un
formato no compatible con nuestro servidor y nos impide descargarlo o tal vez
está dañado, por tal razón lo invitamos amablemente a que nos adjunte el mismo
de manera correcta para dar trámite a la solicitud por parte de la Secretaría de la
Sección”.

Sostuvo que envió capturas de pantalla del mensaje de datos de fecha 17 de
marzo de 2021, donde se visualiza abierto el archivo, lo que demostraba que no
estaba dañado, “y que la culpa o error tecnológico de la institución o corporación
judicial no puede ser imputable al usuario, porque desde mi equipo y la cuenta
de correo electrónico se puede constatar su validez y eficacia. Y envié capturas
de pantalla de cada una de los cinco folios del RECURSO ABIERTO EN EL
CORREO ELECTRONICO séptimapapaleta.movimiento@gmail.com, lo cual es
suficiente para asegurar su lectura por parte de Ustedes, no obstante que lo envié

33 “ARTICULO TRANSITORIO 35. El Consejo Nacional Electoral reconocerá automáticamente
personería jurídica a los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Nacional
Constituyente que se lo soliciten.”
4
“Por la cual se NIEGA la solicitud de reconocimiento de la personería jurídica al MOVIMIENTO
SÉPTIMA PAPELETA presentada por el señor FRANCISO CÓRDOBA ZARTHA con ocasión del
radicado No. 2758-18.”

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Demandante: Francisco Córdoba Zartha
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en varios formatos (word y pdf) desde drive de google y subidos desde el equipo,
con el fin que alguno de los archivos pudiera ser abierto.”

Sin embargo, por auto del 8 de abril de 2021, la autoridad judicial demandada
rechazó el recurso por extemporáneo, toda vez que, si bien el día 17 de marzo
de 2021 el demandante aportó un archivo con su sustento, estaba dañado y no
fue posible visualizar su contenido, y pese a que la Secretaría le solicitó enviarlo
de nuevo, “El actor lo allegó, mediante correo electrónico de 22 de marzo de
2021; y nuevamente lo reenvió mediante correo electrónico del 23 de marzo de
2021. En ambos casos, por fuera del término que prevé el artículo 26 de la Ley
393 de 1997, para interponer la impugnación.”

3. Sustento de la petición

El demandante adujo que el magistrado sustanciador reconoció, en el auto del 8
de abril de 2021, que mediante mensaje de datos del 17 de marzo de 2021 se
presentó el recurso de apelación, esto es, dentro de los tres días siguientes a la
fecha en que se notificó la sentencia de primera instancia, y que los días
subsiguientes “se deben tener como de término de sustentación del recurso.”

Expuso que envió un correo el 22 de marzo de 2021, reenviado el 23 siguiente,
como respuesta al mensaje de datos del 18 de marzo de 2021, a través del cual
la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal demandado le requirió para que
adjuntara el archivo de manera correcta.

Agregó que envió capturas de pantalla del mensaje de datos del 17 de marzo de
2021, donde se visualiza abierto el archivo, lo que demostraba que no estaba
dañado “y que la culpa o error tecnológico de la institución o corporación judicial
no puede ser imputable al usuario, porque desde mi equipo y la cuenta de correo
electrónico se puede constatar su validez y eficacia. Y envié capturas de pantalla
de cada una de los cinco folios del RECURSO ABIERTO EN EL CORREO
ELECTRONICO séptimapapaleta.movimiento@gmail.com, lo cual es suficiente
para asegurar su lectura por parte de Ustedes, no obstante que lo envié en varios
formatos (word y pdf) desde drive de google y subidos desde el equipo, con el fin
que alguno de los archivos pudiera ser abierto.”

Señaló que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 transitorio, 40 y
13 de la Carta Política, el Consejo Nacional Electoral le debe reconocer
personería jurídica al Movimiento Séptima Papeleta por haber participado en la
Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo ha ocurrido con otros movimientos
políticos.

4. Trámite

4.1. Primera instancia

Por auto del 13 de octubre de 2021, el ponente en primera instancia ordenó
requerir al demandante para que acreditara su condición de presidente del

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Movimiento Séptima Papeleta.

Atendida la solicitud, el magistrado sustanciador advirtió que el tutelante atribuyó
la violación de sus derechos fundamentales “i) al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, al haber proferido las decisiones
de 11 de febrero y de 8 de abril de 2021 dentro de la acción de cumplimiento con
radicado número 25000-23-41-000-2020-844-00, y ii) a la Sección Quinta del
Consejo de Estado por haber dictado el auto de 24 de julio de 2020 en el interior
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
número 1001-03-28-000-2019-00033-00.”, y ante lo inadecuado que resultaba
controvertir decisiones judiciales dictadas por distintas autoridades en procesos
diferentes, inadmitió la solicitud de amparo para que el actor la corrigiera en el
sentido de precisar cuál de las decisiones judiciales pretende controvertir.

Dentro del término concedido, el demandante precisó que la acción de tutela se
dirigió a controvertir, únicamente, las providencias del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, dictadas en el trámite de la
acción de cumplimiento con radicación 25000-23-41-000-2020-844-00; razón por
la que el ponente, mediante auto del 9 de noviembre de 2021, admitió la solicitud
de amparo y dispuso notificar a los magistrados de la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y vinculó al Consejo
Nacional Electoral como tercero con interés.

4.2. Segunda instancia

Por auto del 31 de marzo de 2022, se declaró infundado el impedimento
manifestado por el magistrado sustanciador de la presente solicitud de amparo.

5. Contestación

5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A

Por conducto de la magistrada en encargo del despacho ponente de las
providencias bajo censura, se pronunció en los siguientes términos.

En cuanto a la decisión que declaró improcedente la acción de cumplimiento,
manifestó que se fundó en la tesis de la Sección Quinta del Consejo de Estado
del 25 de abril de 20125, reiterada en fallo del 27 de marzo de 20146, de acuerdo
con la cual el medio de control de cumplimiento no tiene dentro de su finalidad el
cumplimiento de normas constitucionales sino de leyes, normas con fuerza
material de ley o de actos administrativos, que es posterior a la que trajo a
colación el tutelante, que data del 31 de julio de 2003.

Adujo que la postura jurisprudencial bajo cita también fue expuesta por la Corte

5 Exp: 25000232400020120012001.
6 Exp: 25000234100020130044401.

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Constitucional en la Sentencia C-193 de 1998.

Respecto del auto que rechazó el recurso de apelación, precisó que tal rechazo
tuvo lugar con fundamento en las pruebas aportadas al proceso, entre ellas el
informe rendido por el escribiente de la Secretaría de la Sección Primera, y las
constancias de notificación.

Sostuvo que, con base en ello, y de conformidad con lo previsto en el artículo 26
de la Ley 393 de 1997, el término para impugnar la sentencia proferida en la
acción de cumplimiento es de tres (3) días siguientes a su notificación; por ende,
el término vencía el 17 de marzo de 2021.

Explicó que, de la visualización de la actuación en el sistema SAMAI, se observó
la anotación de la Secretaría de la Sección Primera, sobre que el archivo allegado
por el actor a través de correo electrónico del 17 de marzo de 2021, estaba
dañado y no fue posible visualizarlo, por lo que la Secretaría solicitó, al día
siguiente, que se anexara nuevamente.

Mencionó que el actor allegó nuevamente el archivo el 22 de marzo de 2021 (día
inhábil) y lo reenvió el 23 de marzo de 2021; pero en ambos casos, por fuera del
término que prevé el artículo 26 de la ley 393 de 1997, como se concluyó por el
Tribunal en la decisión de 8 de abril de 2021.

Advirtió que contra dicha decisión el actor interpuso recurso de apelación en
escrito de 15 de abril de 2021, el cual se rechazó por improcedente en auto de
27 de abril de 2021, con fundamentó en el artículo 16 de la Ley 393 de 1997; y
en el que se transcribió el informe rendido por el escribiente de la Secretaría de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que
consta que no se pudo abrir el archivo remitido por el actor a través del correo
electrónico de 17 de marzo de 2021 (último día para la presentación del recurso
de apelación).

Precisó que al tenor del artículo 26 de la Ley 393 de 1997, la impugnación debe
interponerse y sustentarse dentro del término de los tres (3) días.

Afirmó que el envío de capturas de pantalla del mensaje de datos del 17 de marzo
de 2021 por parte del tutelante, no desvirtúa con certeza lo manifestado e
informado por la Secretaría de la Sección Primera de que el archivo estaba
dañado y no fue posible visualizarlo; pues se debe tener en cuenta que cuando
el actor atendió la solicitud de la Secretaría de reenviarlo nuevamente, como en
efecto lo hizo el 23 de marzo de 2021, el archivó ya pudo visualizarse y subirse
al sistema SAMAI, pero lo allegó extemporáneamente.

5.2. Consejo Nacional Electoral

A través de apoderado judicial, solicitó negar el amparo deprecado, en tanto que
esa entidad no ha vulnerado ningún derecho fundamental, toda vez que los
derechos enunciados por el tutelante fueron originados gracias a las

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determinaciones jurídicas que tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A y no por el Consejo Nacional Electoral.

6. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 27 de enero
de 2022, declaró improcedente el amparo frente a los cargos contra los actos del
Consejo Nacional Electoral y la sentencia que declaró improcedente la acción de
cumplimiento, y lo negó respecto del auto que dispuso el rechazo del recurso de
apelación contra el fallo mencionado, con base en los argumentos que se
destacan a continuación.

Argumentó que el Consejo Nacional Electoral, mediante las resoluciones
números 2404 de 17 de agosto 2018 y 1746 de 15 de mayo de 2019, resolvió
negar la solicitud del demandante consistente en reconocer personería jurídica
al Movimiento Séptima Papeleta; motivo por el cual el actor debió acudir ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo para demandar la legalidad de las
referidas decisiones.

En cuanto a los motivos de inconformidad dirigidos en contra la sentencia de 11
de febrero de 2021, advirtió que el accionante contaba con la posibilidad de
apelarla ante el superior, por lo que no es del resorte del juez constitucional
adentrarse a resolver asuntos propios del juez natural, máxime cuando el actor a
través del presente escrito de tutela planteó como inconformidad que el referido
medio de impugnación debió concederse por haberse presentado
oportunamente.

Respecto del auto que rechazó la alzada contra la sentencia que declaró
improcedente la acción de cumplimiento, sostuvo que la decisión bajo cita se
notificó a las partes el 12 de marzo de esa misma anualidad, y el término de tres
(3) días previsto en la normativa especial -artículo 26 de la Ley 393 de 1996-,
vencía el miércoles 17 de marzo de 2021.

Agregó que el documento que contenía el recurso de apelación, y que fue
enviado por el actor a través de correo electrónico el 17 de marzo de 2021
presentaba un error, por lo que la Secretaría de Tribunal accionado no pudo
acceder a su contenido, “circunstancia que pudo corroborar esta Sección al
intentar acceder al documento que fue adjuntado al correo electrónico de 17 de
marzo de 2021.”

Indicó que la Secretaría del Tribunal accionado le informó al actor del error que
se presentaba en el archivo digital, y que el tutelante, a través de correo
electrónico de 22 de marzo de 2021, reiterado el día 23 de ese mismo mes y año,
allegó el documento que contenía la sustentación del recurso de apelación;
archivo al que la Secretaría del Tribunal accionado sí pudo acceder.

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Concluyó que a decisión de rechazar por extemporánea la impugnación de que
se trata no resulta lesiva de los derechos fundamentales que invocó el actor,
comoquiera que si bien el accionante envió un correo electrónico que contenía el
escrito de alzada dentro del término de ley, la realidad es que no se pudo conocer
el contenido de dicho documento porque el mismo se encontraba dañado, lo que
imposibilitó que fuera tenido en cuenta para tales efectos, y el actor, transcurridos
varios días, procedió a subsanar el yerro sin alegar una circunstancia ajena a su
voluntad que le hubiese impedido aportar los documentos requeridos por la
Secretaría del Tribunal accionado dentro de un término razonable.

7. Impugnación

Por escrito radicado oportunamente el 11 de febrero de 20227, el actor impugnó
lo resuelto en los siguientes términos.

Arguyó que agotó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los actos del Consejo Nacional Electoral, pero que desistió de este para
presentar la acción de cumplimiento, pues el Consejo de Estado “anticipó el fallo
desde cuando excluyó mediante auto en la audiencia inicial las pruebas
determinantes para la resolución del conflicto jurídico planteado, y persistió ante
los recursos interpuestos en contra de dicha decisión anómala, propia del
esquema político - judicial de democracia excluyente que rige hoy en Colombia.”

Advirtió que la acción de cumplimiento procede para el acatamiento de una ley,
acto administrativo y, por supuesto, la Constitución Política por tener mayor
fuerza material.

Aseveró que la sentencia se basó en una falsedad probatoria porque tuvo en
cuenta una captura de pantalla que omitió el texto “de interposición en debida
forma del Recurso que hizo parte del mismo, el cual obviamente el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca pudo leer, pues lo que se dice que no pudo abrir
fue el archivo adjunto. Esa maniobra fraudulenta le permite a la Sala desconocer
la validez para los efectos del mensaje de datos como documento original
legalmente válido, de conformidad con el Artículo 54 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que autoriza la “Utilización de
medios electrónicos en el procedimiento administrativo”; sin perjuicio del archivo
adjunto que constituye una repetición con la completa sustentación.”

Afirmó que el ponente de primera instancia violó el inciso cuarto del artículo 86
Superior, porque suspendió de manera arbitraria el término de diez días para

7 La sentencia se notificó el martes 8 de febrero de 2022, mediante el oficio 14903 de esa fecha,

enviado al correo electrónico de la parte actora, según soporte de entrega.

Se debe tener presente que, al tenor del artículo 8° del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de
2020, la notificación personal “(…) se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles
siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de
la notificación”. Por lo tanto, los dos días de que trata la referida norma transcurrieron entre el el
9 y 10 de febrero de 2022, de manera que los tres días para impugnar comenzaban a contar a
partir del viernes 11 de febrero de 2022 y fenecían el 15 siguiente.

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dictar sentencia de tutela, y ante la falta de respuesta del Tribunal demandado
extendió dicha suspensión, con lo que permitió que se falsificara y maquillara el
material probatorio.

Reiteró que, si la Corporación demandada reconoció que mediante mensaje de
datos del 17 de marzo de 2021 se presentó el recurso de apelación, los días
subsiguientes “se deben tener como de término de sustentación del recurso.”

Trajo a colación una captura de pantalla del referido mensaje de datos, que
contiene la expresa interposición del recurso.

Sostuvo que el fallo impugnado adujo falsamente que el archivo adjunto al correo
electrónico en mención no pudo ser leído por el Tribunal, pese a que el contenido
estaba formalmente incluido, según se observa en la captura de pantalla, sin
perjuicio de que el documento no se haya podido abrir ese día.

Expuso que la sentencia impugnada reconoció que el 17 de marzo de 2021 el
Tribunal recibió el mensaje de datos con la impugnación, esto es, dentro del
término para presentarlo, y que el lunes siguiente, es decir, al tercer día hábil,
mediante correo electrónico del 22 de marzo de 2021, se aportó el documento
que contenía su sustentación, al que la Corporación demandada pudo acceder;
no obstante el a quo negó que dicho Tribunal incurrió en vías de hecho, “Es decir,
primero se dice que el recurso se interpuso en tiempo, lo cual lo corrobora la
página de consulta de procesos de la Rama Judicial, y que se sustentó en tiempo
y el Tribunal pudo leer la sustentación, y luego se aduce que tardíamente el
accionante procedió a subsanar el yerro señalado.”

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte
demandante contra la sentencia de primera instancia dictada por la Sección
Primera del Consejo de Estado, en atención a lo consagrado por los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 20158, y el Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente el amparo deprecado en la acción de tutela.

Para el efecto, se determinará si se desconocieron los derechos fundamentales
deprecados, por haberse rechazado el recurso de apelación que el actor en tutela
interpuso contra la sentencia que declaró improcedente el medio de control de

8 Modificado por el Decreto 333 de 2021.

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cumplimiento, al haberse ejercido de manera inoportuna.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 10 y declaró
su procedencia11.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que el asunto
tenga relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de
los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que
se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

En este punto, la Sala pone de presente que en primera instancia se superaron
los requisitos en mención, y la impugnación no elevó reparos al respecto.

4. Caso concreto

La Sala debe poner de presente que, ante cualquier consideración frente a los
reparos contra la sentencia del 11 de febrero de 2021, por medio de la cual la
autoridad judicial demandada declaró improcedente la acción de cumplimiento
de que se trata, resulta necesario resolver lo concerniente con los cargos
expuestos frente al rechazo del recurso de apelación, al parecer presentado de
manera extemporánea.

En efecto, desde el punto de vista de la técnica procesal no resulta posible el
análisis de fondo de los cargos contra la sentencia que declaró la improcedencia
del medio de control de cumplimiento, en la medida que, de concluirse que el
Tribunal no incurrió en defecto alguno al resolver que el recurso de apelación en
cuestión fue extemporáneo, no sería pertinente estudiar de fondo los cargos de

9Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:

Nery Germania Álvarez Bello. M.P: María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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la solicitud de amparo contra la sentencia porque, precisamente, el actor contaba
con la alzada en tiempo para controvertirla.

Por el contrario, si eventualmente se concluyera que el magistrado sustanciador
incurrió en algún yerro porque la apelación fue oportuna, la consecuencia
ineludible será conceder el amparo para que la Corporación demandada dicte
una decisión de reemplazo tendiente a conceder la impugnación ante el superior
quien, como juez natural, deberá pronunciarse sobre los reparos de la alzada.

De este modo, la Sala concentrará su análisis en el fundamento de la
impugnación tendiente a controvertir las consideraciones de la primera instancia
en torno a la providencia que rechazó, por extemporáneo, el recurso de
apelación de que se trata.

Ahora bien, se observa que el demandante no expuso algún yerro en particular
contra el auto de rechazo, aunque, del fundamento de la tutela, se concluye que
la inconformidad versa en torno a un defecto procedimental por exceso de ritual
manifiesto.

En lo que respecta al defecto por el excesivo ritual, es de anotar que la Corte
Constitucional explicó que se configura en los eventos en que la autoridad judicial
“utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del
derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación
de justicia” y acontece cuando i) no tiene presente que el derecho procesal es un
medio para la realización efectiva de los derechos de los ciudadanos, ii) renuncia
conscientemente a la verdad jurídica objetiva pese a los hechos probados en el
caso concreto, y iii) porque aplica rigurosamente el derecho procesal, pese a que
dicha actuación devenga en el desconocimiento de derechos fundamentales.12

En el asunto que ocupa a la Sala, se tiene que la autoridad judicial demandada
rechazó el recurso de apelación contra la sentencia que declaró improcedente el
medio de control de cumplimiento que presentó el demandante, por haberse
presentado de manera extemporánea.

Al margen de la forma de notificación de las sentencias dictadas en el marco de
las acciones de cumplimiento, lo cierto es que en este asunto no es materia de
discusión que el tutelante tuviera hasta el día 17 de marzo de 2021 para apelar
la sentencia que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

Tal como lo advirtió el magistrado sustanciador en el auto del 8 de abril de 2021,
“si bien el actor allegó, a través de correo electrónico de 17 de marzo de 2021,
un archivo con el recurso de apelación; según la anotación hecha por la
Secretaría de la Sección Primera en el sistema SAMAI (Ver recuadro), el mismo
estaba dañado y no era posible visualizar su contenido. En consecuencia, la
Secretaría de la Sección Primera solicitó que se enviara nuevamente el anexo.”

12 Corte Constitucional, sentencia T- 429 de 2011, reiterada en las sentencias T-398 de 2017 y

T-367 de 2018.

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De este modo, tampoco es objeto de debate si el actor envió en tiempo el
mensaje de datos contentivo del recurso de apelación en cuestión.

De las pruebas aportadas13 se tiene que el tutelante, efectivamente, envió un
mensaje de datos al correo electrónico del Tribunal demandado el día 17 de
marzo de 2021, donde manifestó que apelaba la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de cumplimiento.

En correo electrónico del 18 de marzo de 2021, la Secretaría de la Corporación
judicial informó al tutelante “(…) que el anexo adjunto está en un formato no
compatible con nuestro servidor y nos impide descargarlo o tal vez está dañado,
por tal razón lo invitamos amablemente a que nos adjunte el mismo de manera
correcta para dar trámite a la solicitud por parte de la Secretaría de la Sección.”

El Tribunal, en el auto del 8 de abril de 2021, sostuvo que “El actor lo allegó,
mediante correo electrónico de 22 de marzo de 2021; y nuevamente lo reenvió
mediante correo electrónico del 23 de marzo de 2021. En ambos casos, por fuera
del término que prevé el artículo 26 de la Ley 393 de 1997, para interponer la
impugnación.”

En criterio de la Sala, el ponente de la providencia bajo censura sostuvo
erróneamente que la impugnación del asunto fue extemporánea, pese a que la
misma se presentó el día 17 de marzo de 2021, esto es, dentro del lapso que la
ley confiere al interesado en apelar la sentencia dictada en el marco de la acción
de cumplimiento.

El yerro se traduce en que, para la autoridad judicial demandada, los días 22 y
23 de marzo de 2021 el tutelante envió los correos electrónicos con el archivo
que contenía el recurso, por fuera del término previsto en la ley para el efecto,
perdiendo de vista que había procedido oportunamente el 17 de marzo de 2021,
y que los envíos posteriores tuvieron lugar ante la advertencia que le hizo la
Secretaría de la Corporación, acerca de la incompatibilidad o daño del
documento que se adjuntó con el mensaje de datos de esta última fecha.

En esas condiciones, se tiene que el actor acudió oportunamente ante el Tribunal
para impugnar la sentencia desfavorable, sin embargo, el archivo adjunto que
contenía el documento del sustento de la alzada presentó problemas para
consultar su contenido.

De este modo, no resulta posible sostener que el demandante de esta tutela
impugnó extemporáneamente la sentencia de la acción de cumplimiento, pues
como bien se acreditó, dicha actuación se ejerció en oportunidad, aunque con
problemas en el archivo que contenía el sustento de la apelación.

13 Informes secretariales del 27 de abril y 16 de noviembre de 2021 rendidos por el escribiente de

la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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Se observa, entonces, que la autoridad judicial demandada renunció
conscientemente a la verdad jurídica, comoquiera que a pesar de tener presente
que el recurso se interpuso oportunamente el 17 de marzo de 2021, y que el
archivo adjunto presentó problemas para su consulta, concluyó que la
impugnación fue extemporánea con base en los correos del 22 y 23 de marzo,
en los que el tutelante aportó nuevamente los archivos para corregir el
inconveniente que le advirtió la Secretaría de la Sección Primera del Tribunal
que, no sobra agregar, no concedió un término perentorio para el efecto y,
adicionalmente, no es la autoridad judicial a la que le correspondía la conducción
procesal del asunto.

Así mismo, el Tribunal demandado se abstuvo de dar prevalencia al derecho
sustancial, como es la doble instancia, al pasar por alto que el accionante acudió
oportunamente ante la administración de justicia y, en su lugar, dar prioridad a
las fechas posteriores de envió los archivos correspondientes.

Adicional a lo anterior, la Corporación incumplió el deber previsto en el parágrafo
1° del artículo 2 del Decreto 806 de 2020, de acuerdo con el cual “Se adoptarán
todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el
derecho de contradicción en la aplicación de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades
judiciales procurarán la efectiva comunicación virtual con los usuarios de
la administración de justicia y adoptarán las medidas pertinentes para que
puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos.” (Destacado por la
Sala)

Con base en lo transcrito, si bien la Secretaría del Tribunal adoptó medidas para
garantizar los derechos del tutelante, el magistrado sustanciador se sustrajo de
ese deber, al perder de vista que el actor tuvo la disposición de aportar los
archivos pertinentes.

En esa medida, esta Sala no encuentra justificación para que el Tribunal
demandado tuviera como extemporáneo un recurso, con base en las fechas en
las que el tutelante intentó corregir los defectos del archivo adjunto al correo
oportuno, cuando fue la misma Corporación la que requirió al actor para
subsanar los defectos que presentaba, se reitera, sin indicar un término para ello.

Se pone de presente que el uso de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones, si bien resulta ser idóneo para el trámite virtual de los
asuntos jurisdiccionales, tales tecnologías no son ajenas a inconvenientes
técnicos que pueden repercutir en desmedro de las actividades tanto de las
propias autoridades judiciales como de los usuarios de la administración de
justicia, inconvenientes que en manera alguna pueden atribuirse como una
conducta negligente de los sujetos procesales.

No deja de llamar la atención de esta Sala que el Tribunal profirió un
pronunciamiento que correspondía al superior, ya que de acuerdo con el texto
del artículo 27 de la Ley 393 de 1997, “El Juez que conozca de la impugnación

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estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acerbo probatorio y con
el fallo.”, por lo que era a este a quien concernía verificar el contenido de la
impugnación y no al Tribunal, en tanto el inciso primero de la norma en mención
dispone que “Presentada debidamente la impugnación, el Juez remitirá el
expediente a más tardar al día siguiente al superior jerárquico.”14

Bajo las condiciones expuestas, la Sala revocará la sentencia de tutela de
primera instancia que declaró improcedente el amparo frente a los cargos contra
los actos del Consejo Nacional Electoral y la sentencia que declaró improcedente
la acción de cumplimiento, y lo negó respecto del auto que dispuso el rechazo
del recurso de apelación contra el fallo mencionado, y dispondrá la tutela del
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia para que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,
profiera una decisión de reemplazo que acate los fundamentos de esta
providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Revócase la sentencia del 27 de enero de 2022, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró
improcedente el amparo frente a los cargos contra los actos del Consejo Nacional
Electoral y la sentencia que declaró improcedente la acción de cumplimiento, y
lo negó respecto del auto que dispuso el rechazo del recurso de apelación contra
el fallo mencionado y, en su lugar, ampárase el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia, por las razones señaladas en las
consideraciones de este proveído.

SEGUNDO: En consecuencia, déjase sin efectos el auto del 8 de abril de
2021, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, en el marco del medio de control de cumplimiento
tramitado con el radicado 25000-23-41-000-2020-00844-00.

TERCERO: Ordénase al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, que en el término de cinco (5) días posteriores a la
notificación de este fallo, dicte providencia de reemplazo que atienda los
parámetros de las consideraciones aquí expuestas.

CUARTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta

14 Luego de que el a quo expida el correspondiente auto por medio del cual se pronuncia sobre

si accede o no al recurso.

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providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta sentencia al Despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

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