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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2020-00844-01

Fecha
16 de junio de 2022
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2020-00844-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia impugnada. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2020-00844-01

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

16 de junio de 2022

Demandante: Movimiento Séptima Papeleta
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 25000-23-41-000-2020-00844-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 25000-23-41-000-2020-00844-01
Demandante: MOVIMIENTO SÉPTIMA PAPELETA
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Temas: Cumplimiento de normas constitucionales. Reitera criterio
sobre improcedencia de la acción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de febrero 11 de 2021 mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, declaró improcedente la acción
de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

En calidad de presidente del Movimiento Séptima Papeleta y en ejercicio de la
acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el abogado Francisco Córdoba
Zartha presentó demanda contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la que
solicitó el cumplimiento de los artículos 13, 35 transitorio y 40 de la Constitución
y las resoluciones 791 y 0085 de 1998 y 2404 de 20181 expedidas por el citado
organismo2.

2. Hechos

En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:

1 En la demanda también hizo referencia, como posiblemente incumplidos, a las listas inscritas

para la Asamblea Constituyente y número de candidatos por sexo para las elecciones del 9 de
diciembre de 1990, al acto declaratorio de delegatarios elegidos para la citada corporación
publicado por la Registraduría Nacional y al acto de la transcripción de sesiones de la Comisión
Segunda de febrero 12 de 1991.
2 La pretensión de cumplimiento de estas normas y actos corresponde a aquella incluida por el

accionante en el memorial mediante el cual subsanó la demanda en cumplimiento del auto
inadmisorio de febrero 1º de 2020.

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1

Demandante: Movimiento Séptima Papeleta
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Rad: 25000-23-41-000-2020-00844-01

El actor afirmó que en la Resolución 791 de 1998, que declaró la pérdida de
personería jurídica a algunos partidos y movimientos, incluyendo a Séptima
Papeleta, el CNE fue enfático al reconocer que el artículo 35 transitorio de la
Carta no estableció término ni número de veces en su aplicación y que no ha
sido reglamentado.

Agregó que en el caso del Movimiento Unión Cristiana, le reconoció de oficio la
personería jurídica con base en la citada norma, lo que no hizo respecto de la
organización que representa y sostuvo que esto implica manifiesta
discriminación y violación del principio de igualdad previsto en el artículo 13 de
la Constitución.

Sostuvo que negó el reconocimiento al Movimiento Séptima Papeleta con
fundamento en el Acuerdo Final de Paz, pero en la Resolución 2404 de 2018
admitió la viabilidad de obtenerlo por el hecho de haber participado en la
Constituyente de 1991 y a partir del artículo 35 transitorio de la Constitución.

Aseguró que la falta de resolución oportuna de las peticiones hechas por la
agrupación en procura de obtener la personería, la excluyó de la participación
democrática como ocurrió en las elecciones regionales llevadas a cabo en
octubre de 2019 y durante más de dos décadas.

Consideró que el movimiento jamás debió ser desprovisto de su reconocimiento
y añadió que tiene derecho a su restablecimiento en aplicación del artículo 35
transitorio de la Carta, pues esta norma solo puede ser derogada por una reforma
a la Constitución.

Subrayó que el Consejo Nacional Electoral reversó su “ratio decidendi
constitucional” y negó la personería a Séptima Papeleta, a pesar de que la
solicitud de reconocimiento no es requisito esencial porque al haber participado
en la Constituyente debía obtenerla automáticamente, como lo estableció la
referida disposición superior que mantiene su vigencia y ocurrió con la Unión
Cristiana.

Indicó que en la Resolución 2404 de 2018, el organismo admitió que en 1998
reconoció la personería al movimiento, pero explicó que fue hecho tardíamente
y con fundamento en el artículo 9º de la Ley 130 de 1994, por la presentación de
50.043 firmas, no por la aplicación del artículo 35 transitorio de la Carta de la
cual nunca ha hecho uso.

Señaló que mediante Resolución 1746 de 2019 fue resuelto el recurso de
reposición interpuesto contra dicho acto, en la cual el CNE revocó aspectos
favorables a la organización que no fueron objeto de reparo e incurrió en falsa
motivación en cuanto al reconocimiento por firmas y no en virtud de la norma
constitucional.

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Demandante: Movimiento Séptima Papeleta
Demandado: Consejo Nacional Electoral
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Estimó que el Consejo Nacional Electoral aceptó que está probado el supuesto
para el cumplimiento del mandato del artículo 35 transitorio, pues reconoció al
señor Fernando Carrillo como representante del Movimiento Séptima Papeleta
en la Constituyente.

Advirtió que la Registraduría Nacional y las actas de la citada asamblea
comprueban que dicho dirigente se inscribió con firmas de la organización
estudiantil y no representó al Partido Liberal, como lo afirmó la entidad en ese
acto administrativo.

Insistió en que el Estado, a través del CNE, tenía la carga oficiosa de asignar la
personería jurídica al Movimiento Séptima Papeleta, como lo hizo con la Unión
Cristiana, sin que haya ocurrido, lo cual les impidió continuar con el proceso
político.

Aseguró que al obtener el reconocimiento en 1998 por la presentación de firmas,
la agrupación política fue víctima de exclusión en la asignación de 500 millones
de pesos para la financiación electoral y la participación en igualdad de
condiciones frente a otros partidos y movimientos.

Concluyó que con la decisión negativa y contradictoria, el organismo frustró la
inscripción de candidatos de Séptima Papeleta a las elecciones regionales de
octubre de 2019, por lo cual lo dejó sin gobernadores, alcaldes, diputados,
concejales y ediles y vulneró el derecho a elegir y ser elegido contemplado en el
artículo 40 de la Constitución.

3. Razones del posible incumplimiento

La parte actora consideró que las normas constitucionales y actos invocados
están siendo incumplidos porque el CNE no ha hecho el reconocimiento
automático de la personería jurídica a Séptima Papeleta como movimiento
político.

4. Trámite de la solicitud en primera instancia

Mediante providencia de diciembre 1º de 2020, la demanda fue inadmitida para
que la parte actora determinara claramente las normas alegadas como
incumplidas y, adicionalmente, adjuntara las copias de los actos administrativos
citados en el mismo libelo.

Luego de subsanada, a través de auto de enero 14 de 2021, el magistrado
sustanciador del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, la rechazó en lo que corresponde a los artículos 13 y 40 de la
Constitución, las resoluciones 791 y 0085 de 1998, 1746 de 2019 y los demás
actos referidos como incumplidos por no haberse acreditado la constitución de
la renuencia y la admitió únicamente en cuanto al artículo 35 transitorio de la
Carta y la Resolución 2404 de 2018.

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Además, ordenó la notificación al presidente del CNE, tuvo como pruebas los
documentos allegados con la demanda y la corrección, negó la prueba
trasladada consistente en el expediente 2758-18 que cursa en la entidad
demandada y, en su lugar, ordenó que rindiera informe sobre las gestiones
adelantadas en dicha actuación.

5. Contestación de la demanda

El Consejo Nacional Electoral no presentó memorial de contestación.

6. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
advirtió que según la Carta Política, la jurisprudencia y la ley, esta acción no es
el mecanismo idóneo para que sea ordenado el cumplimiento de disposiciones
constitucionales.

Precisó que esta acción es ejercida con el propósito de buscar el acatamiento
de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos, como lo
tiene reconocido la reiterada postura adoptada por el Consejo de Estado en esta
materia3.

Agregó que en la Resolución 2404 de 2018 no se advierte un mandato dirigido
al Consejo Nacional Electoral sino la decisión negativa frente a una solicitud de
reconocimiento de personería jurídica hecha por el Movimiento Séptima
Papeleta, por lo cual lo que pretende es cuestionar la legalidad de la actuación
adelantada por el organismo.

Resaltó que para resolver la inconformidad en torno a la determinación adoptada
en ese sentido, la parte actora pudo acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra los actos correspondientes, como se desprende de la sentencia
de mayo 16 de 2019 en la que el Consejo de Estado analizó la legalidad de las
resoluciones mediante las cuales fue negada la personería jurídica al Nuevo
Liberalismo4.

En este sentido, llamó la atención por el hecho según el cual esta corporación,
mediante auto de agosto 3 de 2020, allegado con la subsanación, aceptó el
desistimiento de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por el señor Córdoba Zartha, en representación del Movimiento
Séptima Papeleta.

3 Para tales efectos, citó Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, sentencia de abril 25 de 2012, expediente 25000-23-24-000-2012-00120-01, M.P.
Mauricio Torres Cuervo.
4 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de

mayo 16 de 2019, expediente 11001-03-28-000-2018-00022-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez.

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Reiteró que el juez constitucional de cumplimiento no es el juez natural a quien
corresponda el conocimiento de la controversia originada en la negativa de la
personería jurídica, dada la existencia de otros medios ordinarios de defensa
judicial.

En consecuencia, declaró improcedente la acción.

7. La impugnación5

La parte actora estimó que la decisión del a quo incurrió en vía de hecho ya que
desconoció que la Constitución es la ley fundamental de la República, cuyo
artículo 87 estableció la procedencia de la acción contra la ley, incluyendo la ley
de leyes por cuanto su texto no distingue y por esta razón no puede hacerlo el
intérprete.

Manifestó que así lo reconoce esta corporación cuando hace la citación de esa
disposición, según la cual es procedente para el efectivo cumplimiento de una
ley o de un acto administrativo sin excluir a la ley fundamental, por lo que la Ley
393 de 1997, por ser de rango inferior al precepto constitucional, es inaplicable.

Advirtió que en sentencia de julio 31 de 2003, de la cual transcribió algunos
apartes, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, hizo una
aclaración y sostuvo la procedencia de la acción tratándose de normas
constitucionales6.

Resaltó que “[…] la Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho debió ser
objeto de desistimiento por respeto al Honorable Magistrado Ponente, y con el
fin de no continuar en controversia y confrontación con El (sic), pues la tornó
ineficaz y anticipó el fallo al excluir las pruebas claves […] para la resolución del
conflicto jurídico […]”.

Aseguró que la Corte Constitucional ha sostenido que el otro medio de defensa
del cual disponga el accionante debe ser eficaz, lo que a su juicio no ocurrió en
ese caso, razón por la que pidió revocar el fallo impugnado y ordenar el
cumplimiento de la norma invocada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

5 Inicialmente, la impugnación fue rechazada por extemporánea por el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A por auto de abril 8 de 2021 y posteriormente fue
concedida en cumplimiento del fallo de tutela de mayo 12 del año en curso, dictado en segunda
instancia por esta corporación dentro del expediente 11001-03-15-000-2021-06910-01, mediante
el cual amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del actor, dejó
sin efectos la citada providencia y ordenó dictar una de reemplazo que tuviera en cuenta las
consideraciones hechas sobre el trámite y la oportunidad del recurso.
6 La referencia hecha por la parte demandante corresponde a Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de julio 31 de 2003, expediente 25000-
23-24-000-2002-02855-01 (ACU), M.P. Ramiro Saavedra Becerra.

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La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, según lo dispuesto en los artículos 150 y 152 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y
en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado7.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia de febrero 11 de 2021
que declaró improcedente la acción.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de la
orden que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad
renuente.

Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede
cuando el demandante tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr
la efectividad de la norma legal o del acto que estima incumplidos.

Tampoco procede cuando el ejercicio del medio de control pretenda el
cumplimiento de normas legales y de actos administrativos que establezcan
gastos.

De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la prosperidad
de esta acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i)
que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con
fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el deber,
la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa, clara y
actual; (iii) que la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico esté en cabeza
del accionado; (v) que se acredite que la autoridad o el particular en ejercicio de
funciones públicas fue constituido en renuencia frente al cumplimiento de la
norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la demanda y (vi) que
tratándose de actos administrativos no haya otro instrumento judicial para lograr
su efectivo cumplimiento, ni persiga el acatamiento de normas que establezcan
gastos.

4. La constitución de la renuencia

7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las

apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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En el artículo 8º, la Ley 393 de 1997 señaló que “Con el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”. (Negrillas fuera del texto).

Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según
el cual “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”8.

Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por demostrado
el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la solicitud
“[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en renuencia”9.

Es importante que la solicitud permita determinar que lo pretendido por el
interesado es el cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo objetivo
es la constitución en renuencia de la parte demandada.

Como quedó establecido en el numeral 5º del artículo 10º de la Ley 393 de 1997,
la constitución de la renuencia de la parte accionada deberá acreditarse con la
demanda, so pena de ser rechazada de plano la solicitud.

La parte actora allegó al expediente digital copia del derecho de petición que
dirigió el 20 de octubre de 2020 a los magistrados del CNE en el cual pidió el
cumplimiento del artículo 35 transitorio de la Carta y de la Resolución 2404 de
2018, respecto de los cuales fue admitida la acción.

Mediante comunicación CNE-LGPC-AMFV-723-2020 de noviembre 13 del
mismo año, el consejero Luis Guillermo Pérez Casas comunicó a la parte actora
que se trata de una petición reiterativa que ya había sido resuelta a través de la
Resolución 1746 de 2019 y del oficio CNE-LGPC-AMFV-0374-2020, cuya copia
adjuntó.

Entonces está acreditado el agotamiento del requisito de procedibilidad.

5. El caso concreto

Como quedó expuesto, el Movimiento Séptima Papeleta pretende el
cumplimiento del artículo 35 transitorio de la Constitución y de la Resolución
2404 de 2018 expedida por el Consejo Nacional Electoral.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de

octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del

expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.

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Lo anterior para que el organismo le reconozca automáticamente la personería
jurídica que le permita actuar como organización política y adelantar actividades
del mismo carácter.

Al impugnar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, la parte actora consideró básicamente que la acción es
procedente para el cumplimiento de disposiciones de la Constitución como Ley
de Leyes, dado que el artículo 87 de su texto no incluyó distinción en esta
materia.

El precepto invocado señaló lo siguiente:

“Artículo Transitorio 35. El Consejo Nacional Electoral reconocerá
automáticamente personería jurídica a los partidos y movimientos políticos
representados en la Asamblea Nacional Constituyente que se lo soliciten”.

De tiempo atrás, la jurisprudencia reiterada de esta corporación tiene reconocido
que esta acción no es procedente para exigir el cumplimiento de las normas
constitucionales.

Esto obedece a que las disposiciones de la Carta Política no tienen la categoría
jurídica de normas con fuerza material de ley ni de actos administrativos para los
cuales fue instituido este mecanismo.

En el artículo 87 de la Constitución y en la Ley 393 de 1997, el objeto de la acción
fue clara y expresamente determinado por el constituyente y el legislador,
respectivamente, para la eficacia de los preceptos de naturaleza legal y de los
actos de la administración.

Lo anterior descarta de plano la procedencia de este instrumento frente a las
normas de la Constitución, dado que no fueron incluidas en la Carta Política ni
en la ley que desarrolló el precepto superior como susceptibles del ejercicio de
la acción.

Así, el mandato contenido en las citadas regulaciones constitucional y legal no
puede extenderse a supuestos de hecho que no fueron previstos en sus
correspondientes textos, como pretende la parte actora respecto de las
disposiciones del Estatuto Fundamental.

Estima la Sala que la Ley 393 de 1997 no puede considerarse inaplicable para
el caso concreto, como lo afirmó el demandante en la impugnación, pues lo que
hizo el artículo 1º fue reproducir la preceptiva del artículo 87 la Carta en virtud
del cual la acción está circunscrita al efectivo cumplimiento de las normas con
fuerza material de ley y de los actos administrativos.

El hecho de que la doctrina haya adoptado la denominación de la Constitución
como ley de leyes para respaldar la supremacía que tiene en el ordenamiento

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jurídico, no significa que adquiera la naturaleza de ley ni que pueda asimilarse a
un precepto de esta clase.

Adicionalmente, la simple circunstancia de ser distinguida con aquel calificativo
y otros similares como ley fundamental, norma fundamental y norma de normas,
invocados por la parte demandante, tampoco cambia la categoría específica
reconocida a la Constitución para convertirla en una disposición de inferior
jerarquía.

Aunque en alguna oportunidad la Sección Tercera de esta corporación hizo
referencia a la posibilidad de que la acción fuera procedente respecto de cierto
tipo de normas constitucionales, según la alusión hecha por la parte actora a la
sentencia de julio 31 de 2003, debe quedar claro que no corresponde a un criterio
unánime de la Sala de lo Contencioso Administrativo que pueda ser aplicado
como regla en este tipo de procesos.

Además, se trata de una postura que no es acogida por la Sección Quinta cuya
tesis pacífica y reiterada, se insiste, es que la acción no es viable para el
cumplimiento de disposiciones constitucionales porque no tienen la condición de
normas con fuerza material de ley ni de actos administrativos a los cuales está
limitado su alcance.

Lo anterior coincide con la posición asumida por la Corte Constitucional en
ejercicio de control de la Ley 393 de 1997, al señalar que “[…] el objeto y finalidad
de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los
servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir
la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume
este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la
vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos,
lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de
Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y
económico justo”. 10 (Negrillas fuera del texto).

Ahora, puede verse que mediante la Resolución 2404 de 2018 el Consejo
Nacional Electoral negó el reconocimiento de la personería jurídica al
Movimiento Séptima Papeleta, por lo que la Sala comparte la conclusión
expuesta por el a quo según la cual, para la controversia de esta decisión, tuvo
a su alcance otro mecanismo ordinario de defensa judicial como era el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, que incluso ya ejerció y del
que luego desistió.

Según el artículo 9º de la Ley 393 de 1997, la existencia de otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del acto es causal de improcedencia
de la acción, salvo en los casos en que, de no proceder el juez, siga un perjuicio
grave e inminente para el accionante.

10
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998, magistrados ponentes Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara.

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Considera la Sala que la negativa al reconocimiento de la personería jurídica no
puede tenerse como el presunto perjuicio irremediable alegado por el
Movimiento Séptima Papeleta, cuando voluntariamente renunció al medio de
defensa judicial con el cual contaba para discutir la legalidad de los actos del
Consejo Nacional Electoral que a su juicio le impiden adelantar la actividad
política.

En este sentido, el desistimiento del proceso ordinario que adelantaba ante esta
corporación contra la Resolución 2404 de 2018 es un acto potestativo de la parte
demandante, lo que hace que no pueda asumirse su estudio puesto que las
razones que sustentaron dicha solicitud, que fue aceptada11, escapan al objeto
de esta acción.

En consecuencia, la decisión del a quo será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia impugnada.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

11 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de agosto

3 de 2020, expediente 11001-03-28-000-2019-00033-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

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10

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Demandado: Consejo Nacional Electoral
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ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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11

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