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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00505-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los

Fecha
3 de marzo de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-00505-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Francisco Córdoba Zartha contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-00505-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

3 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
Demandante: FRANCISCO CÓRDOBA ZARTHA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que
proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE INMEDIATEZ – no se
cumple en este caso, dado que transcurrieron más de seis meses entre la
notificación de la sentencia cuestionada y la interposición de la demanda de
tutela.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Francisco Córdoba
Zartha contra la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 2 de febrero de 20231, el señor Francisco Córdoba Zartha interpuso acción de
tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad
humana, el derecho a elegir y ser elegido y a la participación en política2, con
ocasión de la providencia proferida el 16 de junio de 2022, en la acción de
cumplimiento con radicado 25000-23-41-000-2020-00844-01. Formuló las
siguientes pretensiones:

Primera. Se disponga conceder el amparo constitucional y se revoque la
sentencia de dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022) proferida por
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
integrada por la Honorable Magistrada, doctora Rocío Araújo Oñate y los
Honorables Magistrados, doctores Carlos Enrique Moreno Rubio (ponente),
Pedro Pablo Vanegas Gil (presidente) y Luis Alberto Álvarez Parra; notificada
mediante estado de 12 de julio de 2022, conforme a lo dispuesto en la misma

1 Se advierte que, el 22 de febrero de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 El actor también Invocó como vulnerados los principios de prevalencia del derecho sustancial y la

garantía de imparcialidad judicial.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
Demandante: Francisco Córdoba Zartha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

sentencia (punto segundo, parte resolutiva y según artículo 22 de la ley 393
de 1997), dentro de acción de cumplimiento del artículo 35 transitorio de la
Constitución Política de Colombia y demás normas aplicables con fuerza
material de ley o actos administrativos -rad. No. 25000-23-41-000—2020-
00844-01, de Movimiento Séptima Papeleta contra Consejo Nacional
Electoral; por la cual confirmó la sentencia de primera instancia de febrero 11
de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (rad. No.
250002341000202000844-00), mediante la cual declaró improcedente la
acción de cumplimiento de norma constitucional (Artículo 35 Transitorio de la
Constitución);

Segunda. En consecuencia, se proceda a ordenar mediante sentencia al
Consejo Nacional Electoral dar estricto cumplimiento a la citada norma
superior y, proceder a emitir Resolución por la cual se reconozca personería
jurídica al Movimiento Séptima Papeleta con todas las garantías
constitucionales y legales, en términos de financiación de campañas,
funcionamiento, espacios en medios de comunicación, etc.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos
jurídicamente relevantes:

En ejercicio de la acción de cumplimiento, el señor Francisco Córdoba Zartha, en
calidad de presidente del Movimiento Séptima Papeleta, demandó al Consejo
Nacional Electoral (CNE), con el fin de que se diera cumplimiento de los artículos
13, 35 transitorio y 40 de la Constitución y las resoluciones 791 y 0085 de 1998 y
2404 de 2018, expedidas por el citado organismo, y, en consecuencia, se
ordenara el reconocimiento automático de la personería jurídica a Séptima
Papeleta como movimiento político.

Mediante providencia del 11 de febrero de 2021, la Sección Primera, Subsección
A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente la acción de
cumplimiento, decisión que fue objeto de apelación ante la Sección Quinta del
Consejo de Estado, la que, en sentencia del 16 de junio de 2022, confirmó el fallo
de primera instancia.

1.3 Argumentos de la tutela

Del confuso escrito de tutela, observa la Sala que el accionante considera que, en
la providencia del 16 de junio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de Estado
incurrió en defecto sustantivo, exceso ritual manifiesto y «renuencia a la verdad
jurídica», al confirmar la improcedencia de la acción de cumplimiento bajo el
argumento de que la Constitución no tiene la categoría jurídica de norma con
fuerza material de ley, cuando esta es «la ley de leyes» y establece en el artículo
35 transitorio que el Consejo Nacional Electoral «reconocerá automáticamente
personería jurídica a los partidos y movimientos políticos representados en la
Asamblea Nacional Constituyente que se lo soliciten».
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
Demandante: Francisco Córdoba Zartha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

De otra parte, expuso inconformidades contra de la Resolución 2404 del 17 de
agosto de 2018, por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral negó la
solicitud de reconocimiento de la personería jurídica del Movimiento Séptima
Papeleta y manifestó que dicha decisión vulneraba su derecho a la igualdad, toda
vez que esa misma entidad sí reconoció la personería del movimiento político
Unión Cristiana, por lo que existía una conexión con procesos de persecución
política en su contra.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 7 de febrero de 2023, se admitió la acción de tutela y se ordenó
que se notificara a los magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de
Estado, como parte demandada y, como tercero con interés, al Consejo Nacional
Electoral. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.

2.1. El Consejo Nacional Electoral, por conducto de la oficina de Asesoría Jurídica
y de Defensa, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, al no tener competencia alguna para revocar los fallos proferidos por el
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aquí atacados.

2.2. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del magistrado ponente
de la decisión atacada, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela y
manifestó que, si bien el demandante refirió la caracterización de los defectos
orgánico, fáctico y violación directa de la Constitución, no argumentó de ninguna
forma su configuración en el caso concreto, por lo que la tutela no cumple con el
requisito de relevancia constitucional por falta de carga argumentativa.

2.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
Demandante: Francisco Córdoba Zartha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del
año 20123, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la
Corte Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante
de algún derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten su revisión permanente y a perpetuidad.

Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida
en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por

3Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth
García González.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
Demandante: Francisco Córdoba Zartha
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros
que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece
cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
Demandante: Francisco Córdoba Zartha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Es de esa manera que podría abordarse el estudio de una providencia judicial
mediante el valioso y excepcional mecanismo de la acción de tutela.

2. Problema Jurídico

Lo primero que la Sala deberá examinar es si está acreditado o no el cumplimiento
de los requisitos de inmediatez, de relevancia constitucional y de subsidiariedad.
Solo en el evento de que se reúnan estas exigencias y todos los demás requisitos
generales, se analizará si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el accionante.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la inmediatez

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, uno de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es
la inmediatez con que se interponga la acción de tutela. Con base en este
requisito, se debe acreditar que la tutela contra una providencia judicial se
interpuso en un plazo razonable.

Es de la esencia de este medio de defensa judicial la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales, el respeto a la seguridad jurídica y los derechos de
terceros afectados. Por esta razón, debe existir un término razonable entre la
decisión judicial que se aduce como violatoria de los derechos fundamentales del
accionante y la presentación de la acción de tutela para buscar su amparo.

Para la Corte Constitucional, esta condición de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es razonable, pues «de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las

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Demandante: Francisco Córdoba Zartha
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos»4.

Además, como lo señaló la misma Corporación5, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela
ejercida en un plazo irrazonable»6; da vigencia al principio de seguridad jurídica, al
impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra ella7; y previene
el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo constitucional como
herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los derechos» 8.

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados a
partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente»9.

Para esta Subsección10, se debe contabilizar el plazo de 6 meses desde la
notificación de la providencia que se cuestiona, por cuanto es a partir de que se
conoce la decisión que se puede advertir la posible vulneración de derechos
fundamentales por la configuración de uno o varios de los defectos que hacen
procedente la acción de tutela contra providencia judicial.

De igual forma, esta Sala ha expresado que, excepcionalmente, procede
contabilizar el término de seis meses desde la ejecutoria de la decisión11, en los

4 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Esta tesis se ha

mantenido por la Corporación a lo largo de los años. En particular, en la sentencia T-735 de 2013
(M.P. Alberto Rojas Ríos), en la que se analizó la procedencia de una acción de tutela que se
interpuso tres años, nueve meses y ocho días, después del fallo materia de censura, con relación
al alcance de este principio, expresó lo siguiente: «La Corte Constitucional ha clasificado el
principio de inmediatez como un requisito general de procedencia que versa sobre una exigencia
de acuerdo con la cual, la acción de tutela debe ser instaurada oportunamente, en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración». Con relación al término
en que se interpuso la acción de tutela, en el caso citado, la Corporación consideró que este era,
«[…] desmedido, poco razonable y desproporcionado para solicitar la intervención del juez de
tutela».
5 Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
6 Corte Constitucional. Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006,

T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
7 Corte Constitucional. Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006,

T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009,
T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005,

T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009,
entre otras.
9 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-

03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10 En este mismo sentido, ver la sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. Marta Nubia Velásquez

Rico, expediente 110010315000201803905-01, demandante: Ruby Yasmín Lasso Chaguendo.
11 El artículo 331 del C.P.C. (norma aplicable) establecía: «Las providencias quedan ejecutoriadas

y son firmes tres días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los
términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda
ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos. No obstante, en caso de que se pida
aclaración o complementación de una providencia, su firmeza sólo se producirá una vez

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

casos que se hubiese realizado un trámite adicional con ocasión del fallo, como lo
sería una solicitud de aclaración, de corrección o de adición de sentencia o,
incluso, una solicitud de nulidad, siempre y cuando no sean abiertamente
improcedentes, pues los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas
solicitudes podrían tener incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de
tutela y, por tanto, en principio, también tendrían que ser objeto de
cuestionamiento.

De otra parte, la Corte Constitucional ha identificado dos clases de criterios al
momento de valorar el cumplimiento del requisito de inmediatez, unos
denominados como valorativos del plazo y, los otros, justificantes de conducta del
accionante12.

En cuanto a los criterios valorativos del plazo, se encuentran: (i) la pertenencia del
actor a un grupo vulnerable, (ii) las circunstancias que hayan impedido acudir de
forma inmediata al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad
económica, (v) la eventual afectación de derechos de terceros, (vi) la diligencia (o
falta de ella) por parte del accionante, y (vii) la posibilidad de que el amparo
represente una seria afectación a la seguridad jurídica13.

Por su parte, los criterios justificantes de la conducta del accionante son: (i) que
se demuestre que la vulneración es permanente, pese a que el hecho que la
originó es «muy antiguo» respecto de la presentación de la tutela, y (ii) que la
especial situación del accionante haga desproporcionado adjudicarle la carga de
acudir al juez14.

3.1.2. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,

ejecutoriada la que la resuelva. Las sentencias sujetas a consulta no quedarán firmes sino luego
de surtida esta».
12 Corte Constitucional, sentencias SU-499 de 2016 y T-038 de 2017.
13 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia T-069 de 2015.
14 Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-499 de 2016.

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entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

3.1.3. De la subsidiariedad15

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 8616 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del
Decreto 2591 de 199117 prevén como causal de improcedencia de la acción de

15 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
16 “Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
(se destaca).
17 “Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

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tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo solo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha
dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En
ese sentido, la Corte Constitucional manifestó18:

La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente
a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la
transgresión o amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el
sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado
ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho. La tutela no
puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo
que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para
esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la
concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece —con
la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción de tutela no es, por tanto,
un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin
propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de
protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos
que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena
protección de sus derechos esenciales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez
de tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser
atentados a los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el
perjuicio irremediable, así19: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y
evidente sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de
ocurrir no existiría forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la
medida de protección para que el sujeto supere la condición de amenaza en la
que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante (…)”.
18 Sentencia C-543 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
19 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando

a: Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
Demandante: Francisco Córdoba Zartha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

4. Caso concreto y solución del problema jurídico

En el caso bajo estudio, el señor Francisco Córdoba Zartha solicitó que se dejara
sin efectos la sentencia del 16 de julio de 2022, dictada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por considerar que se había incurrido en defecto sustantivo,
exceso ritual manifiesto y «renuencia a la verdad jurídica», al declarar la
improcedencia de la acción de cumplimiento con el argumento de que la
Constitución no tiene la categoría jurídica de norma con fuerza material de ley,
cuando esta es «la ley de leyes» y establece en el artículo 35 transitorio que el
Consejo Nacional Electoral «reconocerá automáticamente personería jurídica a
los partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Nacional
Constituyente que se lo soliciten».

Como antes se vio, esta Corporación ha establecido que para efectos de
determinar si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció
oportunamente, se debe verificar que la demanda se hubiera presentado dentro
de los 6 meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia
cuestionada, según el caso.

De entrada, la Sala advierte que la tutela de la referencia no cumple con el
requisito de la inmediatez, dado que las pretensiones se dirigen en contra de un
fallo dictado en una acción de cumplimiento presentada por el hoy accionante
contra el Consejo Nacional Electoral, cuyo trámite culminó con la providencia del
16 de junio de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, la
cual, de conformidad con el Sistema de Consulta de Procesos Justicia Siglo XXI,
fue notificada electrónicamente el 21 de junio siguiente, mientras que la
demanda de tutela se presentó el 2 de febrero de 2023, esto es, 7 meses y 12
días después, lo que denota que se ejerció extemporáneamente.

Es más, ni siquiera tomando como referencia la fecha en la que, según el señor
Córdoba Zartha, se notificó la sentencia, esto es, el 12 de julio de 2022, la tutela
cumpliría con el requisito de inmediatez, puesto que, en ese hipotético caso, el
plazo de 6 meses, contado a partir del día siguiente a la notificación, se habría
vencido el 13 de enero de 2023.

Cabe mencionar que, si bien en la sentencia de C-543 de 1992 la Corte
Constitucional declaró inexequible, entre otros, el artículo 11 del Decreto 2591 de
1991, que señalaba «la acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la
dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la
cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente», lo

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
Demandante: Francisco Córdoba Zartha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

cierto es que esa misma Corporación ha sostenido que el hecho de que no exista
un término de caducidad no significa que la tutela no deba interponerse dentro de
un plazo razonable, oportuno y justo que debe ser considerado en cada caso
concreto.

Ahora, a pesar de que la Corte no ha fijado un plazo determinado que se
considere razonable para interponer la acción de tutela, sí ha confirmado, en sede
de revisión, sentencias dictadas por las diferentes secciones de esta Corporación,
en las que se ha acogido el criterio fijado por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que estableció como regla general el plazo de 6 meses, contado
desde la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar
si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Así lo
señaló, por ejemplo, en la sentencia SU-090 de 2018:

Estudiados los requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional,
esta Corte evidenció que el accionante no cumplió con el presupuesto
de inmediatez, toda vez que la tutela fue formulada después de haber sido
notificada de la decisión que pretende impugnar, alegando que el fallo
desconoció el precedente jurisprudencial, careció de motivación y violó
directamente la Constitución.

A más de lo anterior, la Sala Plena precisa que si bien el accionante había
promovido incidente de nulidad ante el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, este fue decidido negando su
pretensión por cuanto las causales alegadas por el accionante no se
encuentran dentro de las establecidas en los artículos 140 y 141 del Código
de Procedimiento Civil. Esta circunstancia no justifica entonces la
inactividad del actor para interponer la acción de tutela, toda vez que la
nulidad formulada fue ostensiblemente contraevidente, y no tenía la
virtualidad de enervar el requisito de inmediatez en la formulación de la
acción de tutela. A lo anterior, se suma que, decidido el incidente de nulidad
procesal, el accionante demoró seis (6) meses y siete (7) días para
plantear su pretensión, sin cumplir con un plazo razonable para
presentar el amparo constitucional, toda vez que se superó sin
justificación válida el término prudencial para la oportuna formulación
de la acción de tutela.

En conclusión, el actor no acudió con inmediatez a la jurisdicción
constitucional en busca del amparo invocada, sin razón que justificara su
tardanza.

Habida cuenta de que la presente acción de tutela no acredita el cumplimiento del
requisito de inmediatez, la carga argumentativa en cabeza de la parte accionante
para enervar este incumplimiento es mucho más exigente, por cuanto la tutela se
presentó luego de transcurrido un plazo superior a seis meses, después de
haberse notificado la última providencia que ahora se cuestiona.
Al respecto, se observa que en el libelo demandatorio, la parte actora manifestó
que el término de la inmediatez no aplicaba a su caso concreto, toda vez que
dicho periodo instituía una violación directa de la Constitución Política para que las
corporaciones judiciales impidieran el uso de la acción de tutela por parte de los
ciudadanos.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

A juicio de la Sala, dichos argumentos no son de recibo pues, tal como se advirtió,
ha sido la propia Corte Constitucional la que ha avalado la tesis de esta
Corporación que estableció como regla general el plazo de 6 meses, contado
desde la notificación o ejecutoria de la sentencia, para interponer una tutela, sin
que dicha circunstancia comporte arbitrariedad alguna o la violación a los
derechos fundamentales de quienes acuden a los despachos judiciales en
ejercicio de esta acción constitucional.

En suma, no hay una razón válida que justifique la tardanza de la parte
demandante en solicitar la tutela de los derechos fundamentales supuestamente
vulnerados por la sentencia proferida por la Sección Quinta en la acción de
cumplimiento con radicado 25000-23-41-000-2020-00844-01.

Lo anterior, teniendo en cuenta que, a partir de que tuvo conocimiento de la
providencia que culminó el mencionado proceso, el señor Córdoba Zartha debió
instaurar la demanda de tutela para reclamar la protección de los derechos
fundamentales que ahora solicita. Ese, justamente, era el momento apropiado
para endilgarle a los fallos de la acción de cumplimiento los defectos que aquí
invoca.

Con todo, precisa la Sala que la tutela tampoco cumple con el requisito de la
relevancia constitucional, justamente porque se está ejerciendo para convertir
este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una
instancia adicional de la acción de cumplimiento instaurada por el demandante
con el mismo fin.
En el escenario que propone la parte actora, la Sala tendría que examinar
nuevamente los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto
contra la decisión de primera instancia que declaró improcedente la acción de
cumplimiento, los cuales fueron resumidos por la Sección Quinta así:

La parte actora estimó que la decisión del a quo incurrió en vía de hecho ya
que desconoció que la Constitución es la ley fundamental de la República,
cuyo artículo 87 estableció la procedencia de la acción contra la ley,
incluyendo la ley de leyes por cuanto su texto no distingue y por esta razón no
puede hacerlo el intérprete.

Manifestó que así lo reconoce esta corporación cuando hace la citación de
esa disposición, según la cual es procedente para el efectivo cumplimiento de
una ley o de un acto administrativo sin excluir a la ley fundamental, por lo que
la Ley 393 de 1997, por ser de rango inferior al precepto constitucional, es
inaplicable.

Advirtió que en sentencia de julio 31 de 2003, de la cual transcribió algunos
apartes, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, hizo una
aclaración y sostuvo la procedencia de la acción tratándose de normas
constitucionales6. Resaltó que “[…] la Acción de Nulidad y Restablecimiento

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
Demandante: Francisco Córdoba Zartha
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

del derecho debió ser objeto de desistimiento por respeto al Honorable
Magistrado Ponente, y con el fin de no continuar en controversia y
confrontación con El (sic), pues la tornó ineficaz y anticipó el fallo al excluir las
pruebas claves […] para la resolución del conflicto jurídico […]”.

Aseguró que la Corte Constitucional ha sostenido que el otro medio de
defensa del cual disponga el accionante debe ser eficaz, lo que a su juicio no
ocurrió en ese caso, razón por la que pidió revocar el fallo impugnado y
ordenar el cumplimiento de la norma invocada.

Con fundamento en la apelación en cita, la Sección Quinta del Consejo de
Estado, en providencia del 16 de junio de 2022, resolvió lo siguiente frente al caso
concreto:

Al impugnar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, la parte actora consideró básicamente que la acción
es procedente para el cumplimiento de disposiciones de la Constitución como
Ley de Leyes, dado que el artículo 87 de su texto no incluyó distinción en esta
materia.

El precepto invocado señaló lo siguiente: “Artículo Transitorio 35. El Consejo
Nacional Electoral reconocerá automáticamente personería jurídica a los
partidos y movimientos políticos representados en la Asamblea Nacional
Constituyente que se lo soliciten”.

De tiempo atrás, la jurisprudencia reiterada de esta corporación tiene
reconocido que esta acción no es procedente para exigir el cumplimiento de
las normas constitucionales.

Esto obedece a que las disposiciones de la Carta Política no tienen la
categoría jurídica de normas con fuerza material de ley ni de actos
administrativos para los cuales fue instituido este mecanismo.

En el artículo 87 de la Constitución y en la Ley 393 de 1997, el objeto de la
acción fue clara y expresamente determinado por el constituyente y el
legislador, respectivamente, para la eficacia de los preceptos de naturaleza
legal y de los actos de la administración.

Lo anterior descarta de plano la procedencia de este instrumento frente a las
normas de la Constitución, dado que no fueron incluidas en la Carta Política ni
en la ley que desarrolló el precepto superior como susceptibles del ejercicio
de la acción.

Así, el mandato contenido en las citadas regulaciones constitucional y legal no
puede extenderse a supuestos de hecho que no fueron previstos en sus
correspondientes textos, como pretende la parte actora respecto de las
disposiciones del Estatuto Fundamental.

Estima la Sala que la Ley 393 de 1997 no puede considerarse inaplicable
para el caso concreto, como lo afirmó el demandante en la impugnación, pues
lo que hizo el artículo 1º fue reproducir la preceptiva del artículo 87 la Carta en
virtud del cual la acción está circunscrita al efectivo cumplimiento de las
normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

El hecho de que la doctrina haya adoptado la denominación de la Constitución
como ley de leyes para respaldar la supremacía que tiene en el ordenamiento
jurídico, no significa que adquiera la naturaleza de ley ni que pueda asimilarse
a un precepto de esta clase.

Adicionalmente, la simple circunstancia de ser distinguida con aquel
calificativo y otros similares como ley fundamental, norma fundamental y
norma de normas, invocados por la parte demandante, tampoco cambia la
categoría específica reconocida a la Constitución para convertirla en una
disposición de inferior jerarquía.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Aunque en alguna oportunidad la Sección Tercera de esta corporación hizo
referencia a la posibilidad de que la acción fuera procedente respecto de
cierto tipo de normas constitucionales, según la alusión hecha por la parte
actora a la sentencia de julio 31 de 2003, debe quedar claro que no
corresponde a un criterio unánime de la Sala de lo Contencioso Administrativo
que pueda ser aplicado como regla en este tipo de procesos.

Además, se trata de una postura que no es acogida por la Sección Quinta
cuya tesis pacífica y reiterada, se insiste, es que la acción no es viable para el
cumplimiento de disposiciones constitucionales porque no tienen la condición
de normas con fuerza material de ley ni de actos administrativos a los cuales
está limitado su alcance.

Lo anterior coincide con la posición asumida por la Corte Constitucional en
ejercicio de control de la Ley 393 de 1997, al señalar que “[…] el objeto y
finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad
judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la
ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular
cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina
a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos
administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del
Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo”.

Ahora, puede verse que mediante la Resolución 2404 de 2018 el Consejo
Nacional Electoral negó el reconocimiento de la personería jurídica al
Movimiento Séptima Papeleta, por lo que la Sala comparte la conclusión
expuesta por el a quo según la cual, para la controversia de esta decisión,
tuvo a su alcance otro mecanismo ordinario de defensa judicial como era el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que incluso ya
ejerció y del que luego desistió.

Según el artículo 9º de la Ley 393 de 1997, la existencia de otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del acto es causal de
improcedencia de la acción, salvo en los casos en que, de no proceder el
juez, siga un perjuicio grave e inminente para el accionante.

Considera la Sala que la negativa al reconocimiento de la personería jurídica
no puede tenerse como el presunto perjuicio irremediable alegado por el
Movimiento Séptima Papeleta, cuando voluntariamente renunció al medio de
defensa judicial con el cual contaba para discutir la legalidad de los actos del
Consejo Nacional Electoral que a su juicio le impiden adelantar la actividad
política.

En este sentido, el desistimiento del proceso ordinario que adelantaba ante
esta corporación contra la Resolución 2404 de 2018 es un acto potestativo de
la parte demandante, lo que hace que no pueda asumirse su estudio puesto
que las razones que sustentaron dicha solicitud, que fue aceptada11, escapan
al objeto de esta acción.

Visto lo anterior, es palmario que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión planteada y decidida
en la acción de cumplimiento en la que se concluyó que dicho mecanismo de
defensa judicial no era viable para el cumplimiento de disposiciones
constitucionales y que, si bien la Constitución es llamada como la «ley de leyes»,
esto no significa que adquiera la naturaleza de ley ni que pueda asimilarse a una,
por lo que la acción de cumplimiento solo resulta procedente contra normas con
fuerza material de ley o actos administrativos.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
Demandante: Francisco Córdoba Zartha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

A juicio de la Sala, los argumentos expuestos por el despacho accionado son
razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional,
el hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para
volver a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente tanto por la
Sección Primera, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
como por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con suficiente motivación.

Este mecanismo de estirpe constitucional no puede convertirse en el único y
preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a
sus intereses, menos aun cuando la providencia que se cuestiona ha sido
proferida por un órgano de cierre, caso en el cual, se reitera, la propia Corte
Constitucional ha venido sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es
necesario que la decisión contenga una anomalía de tal entidad que riña
abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia que esa Corporación ha
trazado al definir el alcance y límite de derechos fundamentales, circunstancias
que, vale decir, en este caso no se presentan.

Finalmente, se resalta que, tal como lo advirtió la Sección Quinta del Consejo de
Estado en la providencia atacada, si el accionante se encontraba inconforme con
la resolución dictada por el Consejo Nacional Electoral que negó la personería
jurídica del movimiento que representa, podía acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que el desistimiento del mismo lo habilite para
debatir el acto administrativo en cuestión mediante el ejercicio de otros
mecanismos de defensa judicial que no resultan idóneos para dicho fin, por lo que
los argumentos presentados frente a la legalidad de la Resolución 2404 del 17 de
agosto de 2018, carecen del requisito de subsidiariedad.

En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de
tutela intervenga, por lo que se impone declarar improcedente la tutela, por cuanto
no cumplió los requisitos de inmediatez, de relevancia constitucional ni
subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-00505-00
Demandante: Francisco Córdoba Zartha
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

F A L L A:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el
señor Francisco Córdoba Zartha contra la Sección Quinta del Consejo de Estado,
de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
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