Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07216-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-07216-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-07216-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
22 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07216-00
Recurrente: Javier Andrade González
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN 6
MAGISTRADO PONENTE: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07216-00
Recurrente: JAVIER ANDRADE GONZÁLEZ
SENTENCIA
Procede la Sala a pronunciarse respecto del recurso extraordinario de revisión
formulado por el señor Javier Andrade González, a través de apoderado, en
contra de la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2020 por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 76001233100020060303501 a través
de la cual: (i) se confirmó parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 21 de junio de 2018 en cuanto declaró la
caducidad de la acción respecto de las Resoluciones 0-0826 del 25 de febrero de
2005 y 0-0647 del 15 de marzo de 2006 por medio de las cuales se declaró
insubsistente su nombramiento en el cargo de fiscal delegado ante los jueces del
Circuito por parte de la Fiscalía General de la Nación, y (ii) se revocó dicha
decisión, en lo que tiene que ver con la Resolución 0-2071 del 7 de julio de 2006
mediante la cual, en cumplimiento de un fallo de tutela se había ordenado su
reintegro sin derecho al pago de los emolumentos dejados de percibir, para en su
lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda ordinaria
1.1. Pretensiones
El señor Javier Andrade González, por conducto de apoderado, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Fiscalía
General de la Nación con el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones 0-0826
del 25 de febrero de 2005 a través de la cual se declaró insubsistente su
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nombramiento en el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito; 0-0647
del 15 de marzo de 2006 por medio de la que se declaró insubsistente su
nombramiento en dicho cargo a través de acto motivado, en cumplimiento de un
fallo de tutela; y 0-2071 del 7 de julio de 2006 a través del cual, en virtud de otro
fallo de tutela se ordenó su reintegro al referido cargo pero se negó la solicitud de
ordenar el pago de los sueldos, primas, vacaciones, cesantías y demás
prestaciones dejadas de percibir mientras estuvo desvinculado del cargo en
mención.
A título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada
a pagarle todos emolumentos que dejó de percibir en el lapso en que estuvo
retirado del cargo y ordenarle declarar que para todos los efectos legales no
existió solución de continuidad en la prestación de los servicios por la
demandante; por tanto, reconocer el tiempo en que ha estado cesante, en lo
referente a la jubilación y respecto de todas las prestaciones legales.
1.2 Fundamento fáctico
En la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la parte actora expuso,
en resumen, los siguientes hechos1:
Señaló que a través de la Resolución 0-0826 de 25 de febrero de 2005, la
Fiscalía General de la Nación declaró insubsistente su nombramiento en el cargo
de fiscal delegado ante los jueces del Circuito.
Adujo que, en consecuencia, interpuso una acción de tutela el 12 de julio de 2005,
la cual fue conocida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. Este
despacho concedió el amparo en el sentido de dejar sin efecto el referido acto
administrativo y le ordenó a la Fiscalía General de Nación expedir una nueva
resolución debidamente motivada.
Indicó que, contra la anterior decisión, la entidad demandada presentó recurso de
apelación el cual conoció la Corte Suprema de Justicia que, mediante el fallo de 7
de septiembre de 2005, revocó la sentencia de tutela de primera instancia.
Manifestó que la Corte Constitucional, previa selección para revisión, mediante la
sentencia T – 081 de 2006, revocó el fallo de segunda instancia proferido por la
Corte Suprema de Justicia, y, en consecuencia, concedió el amparo al tutelante,
para lo cual le ordenó a la Fiscalía General de la Nación motivar el acto mediante el
cual decidió declarar insubsistente su nombramiento. Igualmente, consideró el alto
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Antecedentes extraídos de la providencia del 17 de diciembre de 2020 proferida dentro del
expediente ordinario.
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tribunal que en caso de que la entidad demandada no tuviera motivos suficientes y
consistentes para la declaratoria de insubsistencia, y por consiguiente no expidiera
el mencionado acto administrativo motivado, debería reintegrar al peticionario a un
cargo equivalente o de mejor categoría al que venía ocupando cuando fue
desvinculado.
Adujo que mediante la Resolución 0-0647 del 15 de marzo de 2006, fue
declarado nuevamente insubsistente su nombramiento en el cargo de fiscal
delegado ante los jueces del Circuito ―cargo desempeñado en provisionalidad―,
en su criterio, por motivos desconocidos, ajenos al buen servicio y al interés
público, según consta en la Resolución 0-2071 del 7 de julio de 2006.
Sostuvo que con posterioridad se profirió la Resolución 0-2071 de 7 de julio de
2006 «por la cual se da cumplimiento al fallo de tutela». En dicho acto se ordenó
su reintegro al cargo de fiscal delegado ante los jueces del Circuito, sin
mencionar la orden de pagar los salarios y demás prestaciones dejadas de recibir
mientras estuvo desvinculado.
1.3 Fundamento jurídico
La parte actora consideró que con los actos demandados se vulneraron los
artículos 123 y 251 de la Constitución Política; 106 y 129 del Decreto Ley 261 de
2000 y la Ley 938 de 2004.
El fundamento de la demanda fue la desviación de poder, toda vez que la
declaratoria de insubsistencia se originó en motivos desconocidos y por razones
ajenas al servicio y al interés público.
Para ello, después de hacer una relación de varios pronunciamientos del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional relacionados con la figura de la
insubsistencia, los nombramientos en provisionalidad y la facultad discrecional,
sostuvo que la Fiscalía General de la Nación no tuvo en cuenta que el
demandante ocupaba un cargo de carrera en provisionalidad y que este tenía una
hoja de vida intachable.
2. Sentencia de primera instancia
El proceso correspondió por competencia, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el cual lo tramitó con el radicado
76001233100020060303501.
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Una vez surtidas debidamente las respectivas etapas procesales, el referido
Tribunal profirió fallo de primera instancia el 21 de junio de 2018 mediante el cual
declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción y, en
consecuencia, se declaró inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo.
Como fundamento de su decisión, expresó, en resumen, lo siguiente:
Señaló que, si bien se demandaron tres actos administrativos, el estudio sobre
las pretensiones aludidas debía realizarse con ocasión al primero de ellos, es
decir, la Resolución 0-0826 del 25 de febrero de 2006, por ser este el acto que
declaró insubsistente el nombramiento del demandante.
Explicó que el precitado acto fue notificado al señor Javier Andrade González el 1
de marzo de 2005 y la demanda fue presentada el 1 de agosto de 2006, por lo
cual transcurrió con creces el término de caducidad señalado en el artículo 136
del Código Contencioso Administrativo vigente para esa época.
Precisó que el demandante contaba hasta el 2 de julio de 2005 para interponer la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pero lo hizo más de un año
después.
Manifestó que a pesar de que con la acción de tutela interpuesta se logró el
reintegro del señor Javier Andrade González a su cargo, dicho trámite no
suspendió los términos procesales ordinarios y tampoco los revivía. Además, dijo
que la acción de tutela se interpuso el 12 de julio de 2005, cuando ya se
encontraba vencido el término de ley para interponer la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
3. El recurso de apelación
Dicha decisión fue apelada por la parte demandante, con base en los siguientes
argumentos:
Sostuvo que el Tribunal incurrió en un error al considerar que, para los efectos de
la caducidad de la acción, el estudio de las pretensiones debía realizarse con
ocasión del primer acto administrativo (Resolución 0-0826 del 25 de febrero de
2006), sin tener en cuenta lo que decidió la Corte Constitucional en la sentencia
T-081 de 2006.
Refirió que el máximo Tribunal Constitucional consideró vulnerado el derecho
fundamental al debido proceso del demandante al tratarse de un funcionario
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nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, que
posteriormente fue desvinculado mediante un acto administrativo no motivado.
Agregó que en esos casos la referida corporación ha reconocido que no hay
mecanismo alternativo de defensa judicial para obtener que la administración
pública produzca la motivación del acto administrativo de desvinculación.
Argumentó que la motivación del acto era esencial para que el afectado pudiera
acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para controvertir el
contenido del acto, pues la falta o ausencia de motivación radicó en la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
Adujo que era un error contabilizar el término de caducidad con base en el primer
acto, por cuanto la Fiscalía General de la Nación, después de la decisión de la
Corte Constitucional, profirió la Resolución 0-2071 del 7 de julio de 2006,
mediante la cual se ordenó el reintegro, por ende, por decisión de la Corte
Constitucional, el primer acto estaba fuera de la vida jurídica, y en consecuencia,
no tenía sentido declarar la caducidad de la acción con fundamento en un acto
que ya no surtía efectos jurídicos.
Indicó que la posibilidad de acudir a esta Jurisdicción subsistía con base en la
última resolución proferida, esto es la 0-2071 del 7 de julio de 2006, la cual
ordenó el reintegro al cargo.
Aseveró que lo anterior demostraba la desviación de poder alegada, en un claro
desconocimiento de la Fiscalía General de la Nación de no poder motivar la
desvinculación, cuando, de acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional,
hasta ese momento existía la expectativa de que se profiriera el acto
administrativo ya motivado en cumplimiento de lo ordenado por el juez
constitucional.
Expuso que la motivación nunca tuvo lugar, lo cual era indispensable para acudir
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que sin ello no se podían
controvertir las razones de la desvinculación.
Sostuvo que si conforme con la sentencia T-081 de 2006, era un requisito para
que el demandante pudiera acudir a la jurisdicción, que la Fiscalía profiriera un
acto motivado de desvinculación, es una vulneración del derecho al acceso a la
administración de justicia que después de casi doce (12) años de presentada la
demanda se dijera que la acción había caducado.
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Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar
pidió que se produjera el respectivo fallo en el que se resolviera el fondo del
asunto.
4. La sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
Mediante providencia del 17 de septiembre de 2020 la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado desató el recurso de apelación interpuesto
contra el fallo de primera instancia y dispuso confirmar parcialmente la sentencia
de primera instancia en lo que tiene que ver con la declaratoria de caducidad
respecto de las Resoluciones 0-0826 del 25 de febrero de 2005 y 0-0647 del 15
de marzo de 2006, pero revocarla en lo que tiene que ver con la Resolución 0-
2071 del 7 de julio de 2006, para en su lugar, denegar las pretensiones de la
demanda, respecto de aquella.
Como fundamento de esa decisión, expresó, en resumen, lo siguiente:
Señaló que en el presente caso se configuró el fenómeno de la caducidad
respecto del primer acto administrativo demandado, Resolución 0-0826 por
cuanto fue expedida el 25 de febrero de 2005, notificada el 1 de marzo siguiente
por lo que es claro que para el momento en que se presentó la demanda el
término legal había sido superado ampliamente.
Indicó que no es de recibo el argumento del apelante según el cual debía
esperarse a que se produjera un acto motivado de desvinculación para poder
demandar el acto en cuestión.
Agregó que la referida Resolución 0-0826 de 25 de febrero de 2005 fue un acto
administrativo autónomo, que bien pudo demandarse en tiempo por parte del
señor Javier Andrade González, al ser este el acto primigenio que lo desvinculó
de la Fiscalía General de la Nación.
Advirtió que cuando el demandante acudió al mecanismo de la acción de tutela
ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el término para demandar ante
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo estaba vencido.
Manifestó que respecto de la Resolución 0-0647 del 15 de marzo de 2006 a
través de la cual se cumplió la orden de disponer su desvinculación de manera
motivada también operó la caducidad.
Explicó que la decisión de tutela consistió en ordenarle a la entidad motivar el
acto de insubsistencia o, en su lugar, reintegrar al demandante al cargo que
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venía ocupando en la institución sin que dicha decisión haya revivido los términos
para demandar el primer acto de insubsistencia o lo haya flexibilizado frente al
segundo.
Aseveró que, respecto de la Resolución 0-2071 de 7 de julio de 2006, «por la cual
se cumplimiento al fallo de tutela», a diferencia de lo afirmado por el Tribunal de
primera instancia, la acción no caducó.
Explicó que, si bien es cierto que lo pretendido como restablecimiento del
derecho dependía en últimas de los actos que declararon insubsistente el
nombramiento del señor Javier Andrade González, ello no significaba que la
acción de nulidad respecto de la Resolución 0-2071 de 7 de julio de 2006
estuviere caducada, pues esta se interpuso el primero de agosto del mismo año,
esto es, dentro de los cuatro meses indicados por el legislador.
No obstante, sostuvo que ese último acto administrativo era de simple ejecución,
mediante el cual se cumplió una orden dada por la Corte Constitucional, acto en
el que no se creó, modificó o extinguió una situación jurídica y, por ende, no era
un acto demandable.
Agregó que, si lo pretendido era el pago de los salarios dejados de percibir, el
demandante debió previamente efectuar la reclamación a la entidad demandada.
Manifestó que, además, respecto de dicho acto administrativo no se esbozó
argumento alguno por parte del demandante que lo hiciera encuadrar en la
causal de nulidad por él invocada.
Mencionó que, en el trámite de la segunda instancia, el señor Andrade González
cambió su estrategia, al argumentar que la discusión ya no giraba en torno a la
correcta o inadecuada desvinculación, sino al reconocimiento de las acreencias
laborales dejadas de percibir, sin embargo, revisados los documentos del
proceso se advierte que la demanda, más allá de las pretensiones no hizo
mención a ello.
Insistió en que, si el asunto a debatir era el reconocimiento de las acreencias
laborales por la orden del reintegro, la vía que debió agotarse fue la respectiva
reclamación ante la entidad, para que, en caso de obtener una respuesta
negativa, se enjuiciara ese acto administrativo y no aquel que simplemente se
limitó a cumplir lo decidido por la Corte Constitucional.
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En consecuencia, revocó la decisión del a quo frente a este último acto
administrativo para, en lugar de declarar la operancia de la caducidad, negar las
pretensiones de la demanda.
5. El recurso extraordinario de revisión
El 25 de octubre de 2021 el señor Javier Andrade González, a través de
apoderado, formuló recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 1 de
septiembre de 2020 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del proceso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
76001233100020060303501 a través de la cual se confirmó parcialmente la
sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar la caducidad de la
acción -hoy medio de control- respecto de las Resoluciones 0-0826 del 25 de
febrero de 2005 y 0-0647 del 15 de marzo de 2006 a través de las cuales la
Fiscalía General de la Nación declaró insubsistente su nombramiento en el cargo
de fiscal delegado ante los jueces del Circuito y la revocó, respecto de la
Resolución 0-2071 del 7 de julio de 2006, para en su lugar, denegar las
pretensiones de la demanda frente aquella.
Como sustento de su recurso, el recurrente alegó la materialización de la causal
prevista en el numeral 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es, haberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria.”
En primer término, puso de presente las razones por las cuales está en
desacuerdo con la sentencia de segunda instancia.
Frente al punto, indicó que la providencia incurre en error al considerar que para
el cómputo de la caducidad de la acción debe tenerse en cuenta el primer acto
administrativo, esto es, la Resolución 0-0826 del 25 de febrero de 2005 por
cuanto se desconoce la orden de tutela plasmada en la sentencia T-081 de 2006
en la que se ordenó a la Fiscalía General de la Nación que motivara el acto de
desvinculación controvertido.
Afirmó que sin la motivación debida no era posible acudir a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo a discutir su legalidad, por lo que, para demandar, era
indispensable que se cumpliera dicha orden de tutela y se profiriera un nuevo
acto administrativo.
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Agregó que en la Resolución 0-207 del 7 de julio de 2006 a través de la cual se
ordena el reintegro del recurrente a su cargo, se demuestra la flagrante
desviación de poder en que se incurrió en los actos anteriores, en que, sin
motivación, se declaró la insubsistencia de su nombramiento.
Reiteró que la Fiscalía General de la Nación no pudo motivar su desvinculación y
se vio en la obligación de reintegrarlo.
Como fundamento específico de la causal de revisión que fundamentó el recurso
extraordinario invocó la sentencia del 6 de octubre de 2020 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a través de la cual se declaró la
responsabilidad internacional de la República de Colombia por violaciones de
diversos derechos en perjuicio de la señora Yenina Esther Martínez Esquivia en
un caso de similares características al ahora expuesto.
Manifestó que en esa providencia se encontró que la desvinculación de la señora
Martínez Esquivia de su cargo de fiscal delegada ante los Juzgados Penales del
Circuito de Cartagena, vulneró la garantía de estabilidad que se le debe
reconocer a los fiscales como operadores de justicia.
Además, que el Estado desconoció el derecho a la protección judicial por cuanto
ninguna de las vías judiciales intentadas por la señora Martínez Esquivia resultó
efectiva para censurar la decisión de su desvinculación de la Fiscalía General de
la Nación.
Describió que el tribunal internacional determinó que el Estado debe cubrir los
aportes a la pensión de la demandante en esa instancia, desde el momento de su
desvinculación hasta cuando haya cumplido los requisitos para acceder a ella de
no haber sido desvinculada.
Refirió el fundamento fáctico de dicha decisión con el fin de destacar que la
señora Martínez Esquivia también ocupaba su cargo de fiscal en provisionalidad
al igual que el señor Andrade González, por lo que constituye “un documento
preexistente a la sentencia recurrida y el cual no pudo ser aportado con la
demanda ni en el transcurso del proceso, toda vez que fue posterior a su
presentación”.
Reiteró que la demanda presentada contra los actos administrativos acusados en
el presente caso, fue radicada el 1 de agosto de 2006, la sentencia de segunda
instancia data del 17 de septiembre de 2020, fue notificada el 13 de noviembre de
ese mismo año y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la
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sentencia que ahora se aduce como fundamento del recurso extraordinario el 6
de octubre de 2020.
Aseveró que dicha providencia constituye un precedente jurisprudencial de
carácter internacional que hace parte del derecho colombiano.
Resaltó que aquella fue dictada mientras se surtía el trámite de notificación de la
sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario del señor Andrade
González por lo que no pudo ser aportada al mismo.
Afirmó que la decisión internacional cumple con los requisitos exigidos
jurisprudencialmente para la configuración de la causal de revisión por cuanto se
trata de una prueba documental, recobrada después de la sentencia recurrida,
que no fue aportada al proceso ordinario por fuerza mayor, caso fortuito u obra de
la parte contraria.
Explicó que es una prueba decisiva, concretamente un documento impreso
otorgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sostuvo que se “recobró” luego de que se profirió la sentencia ordinaria objeto de
revisión la cual no constituyó una vía efectiva para impugnar las decisiones de la
Fiscalía General de la Nación, por cuanto, en su criterio el Consejo de Estado
“valiéndose de interpretaciones antijurídicas, decide por un lado declarar la
caducidad de la acción frente al acto administrativo que ocasionó el daño y frente
a la resolución 0-2071 de 7 de julio de 2006 indicó que se trataba de un acto de
ejecución o susceptible de control jurisdiccional, dejando a mi poderdante
desvalido de cualquier medio para reclamar el restablecimiento de su derecho.”
Agregó que hubo una verdadera imposibilidad apreciada objetivamente de
aportar dicho documento al proceso por cuanto fue expedido cuando se estaba
notificando la sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario.
6 Trámite procesal
Mediante auto del 26 de octubre de 2021 se admitió el recurso extraordinario de
revisión y se ordenaron las notificaciones de rigor.
El 18 de noviembre siguiente, la Fiscalía General de la Nación, dentro del término
otorgado para el efecto, contestó la demanda de recurso extraordinario.
A través de providencia del 23 de noviembre de 2021 se decretaron las pruebas
solicitadas dentro del proceso.
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El 1 de febrero de 2022 se registró proyecto de fallo dentro del presente asunto,
sin embargo, el Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas manifestó su impedimento
para conocerlo por haber participado de la decisión objeto de controversia, por lo
que el proyecto fue retirado.
Mediante proveído del 8 de febrero de 2022 el referido impedimento fue
declarado infundado por el resto de los integrantes de la Sala.
7. Contestación
Dentro de la oportunidad legal correspondiente, a través de apoderada, la
Fiscalía General de la Nación se pronunció sobre el recurso extraordinario de
revisión en los siguientes términos:
Señaló que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una
prueba sino una fuente de derecho por lo que no puede ser invocado para
configurar la causal de revisión del numeral 1 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Destacó que en la referida providencia no se endilgó responsabilidad al Estado
Colombiano por temas de caducidad.
Aseveró que el fallo ahora recurrido se encuentra ajustado a derecho y la causal
que se pretende hacer valer, no resulta aplicable al caso concreto.
Precisó que en el caso de la señora Martínez Esquivia se pretendía el reintegro
mientras que el ahora recurrente fue reintegrado desde 2006.
En consecuencia, solicitó desestimar el recurso extraordinario de revisión por él
interpuesto.
8. Concepto del Ministerio Público
No rindió concepto dentro del presente asunto.
Surtidos los trámites legales pertinentes, el proceso se adelantó con la
observancia de las ritualidades previstas en la ley procesal y sin que obre causal
de nulidad que afecte la actuación, procede la Sala a resolver previas las
siguientes
II. CONSIDERACIONES
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1. Competencia
De acuerdo con los artículos 111 y 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado tiene competencia para
conocer de los recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas
por las Secciones y Subsecciones de esta Corporación2.
Ahora bien, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 107 del
referido estatuto procesal3, mediante el Acuerdo 80 de 20194, que compiló, entre
otros, el Acuerdo 321 de 2014, emanado de la Sala Plena del Consejo de Estado,
se reglamentó la creación de salas especiales de decisión, encargadas de
resolver los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones o Subsecciones de esta Corporación 5.
En tales condiciones, corresponde a esta Sala Especial de Decisión, en los
términos del artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, resolver el recurso extraordinario de revisión
presentado contra la sentencia del 17 de septiembre de 2020 por la Subsección A
2 “Artículo 111 CPACA. Funciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. La Sala de
lo Contencioso administrativo en pleno tendrá las siguientes funciones: “(…).2. Resolver los
recursos extraordinarios de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones y los demás que sean de su competencia”.
“Artículo 248 CPACA. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las
sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces
administrativos”.
“Artículo 249 CPACA. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas
por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión”.
3
“Artículo 107 C.P.A.C.A. Integración y composición. (…)”.
“Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en
este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de
nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno
por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del
asunto, si fuere el caso.
“La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que
al respecto establezca el reglamento interno”.
4 Publicado en el diario oficial, edición 50.913 de 1º de abril de 2019.
5 “Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán
los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: 1. Los
recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o
Subsecciones del Consejo de Estado”.
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de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del expediente con
radicado 76001233100020060303501 a través de la cual: (i) se confirmó
parcialmente la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el 21 de junio de 2018 en cuanto declaró la caducidad de la acción
respecto de las Resoluciones 0-0826 del 25 de febrero de 2005 y 0-0647 del 15
de marzo de 2006 por medio de las que se declaró insubsistente su
nombramiento en el cargo de fiscal delegado ante los jueces del Circuito por
parte de la Fiscalía General de la Nación, y (ii) se revocó dicha decisión, en lo
que tiene que ver con la Resolución 0-2071 del 7 de julio de 2006 mediante la
cual, en cumplimiento de un fallo de tutela se había ordenado su reintegro sin
derecho al pago de los emolumentos dejados de percibir, para en su lugar,
denegar las pretensiones de la demanda.
2. Del estatuto procesal aplicable
Resulta del caso precisar que en el presente asunto se controvierte la sentencia
del 17 de septiembre de 2020 que resolvió en segunda instancia la litis dentro del
proceso de radicación 76001233100020060303501, el cual se tramitó con
fundamento en las disposiciones del Código Contencioso Administrativo –
Decreto 01 de 1984. Sin embargo, para la fecha de ejecutoria de la providencia
recurrida (14 de noviembre de 2020) ya se encontraba vigente el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de
2011.
Frente al punto, debe tenerse en cuenta que el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se aplica a los procedimientos
administrativos y trámites judiciales que se inicien con posterioridad a su entrada
en vigencia, es decir, 2 de julio de 2012, mientras que el antiguo estatuto
procesal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, o sea, el Código
Contencioso Administrativo, mantiene su obligatoriedad respecto de las
situaciones jurídicas en curso, iniciadas bajo su vigor.
Por lo tanto, como el recurso extraordinario de revisión es un proceso nuevo e
independiente a aquel donde se profirió la sentencia recurrida y la Ley 1437 de
2011 modificada por la Ley 2080 de 2021 se aplica a los recursos extraordinarios
de revisión interpuestos con posterioridad a su entrada en vigor, aun cuando se
cuestione a través de ellos sentencias ejecutoriadas proferidas bajo el régimen
jurídico del Decreto Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), como
sucede en este caso, es claro que el presente recurso extraordinario se rige por
las disposiciones del nuevo estatuto procesal.
3. Oportunidad
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Recurrente: Javier Andrade González
El señor Javier Andrade González, presentó recurso extraordinario de revisión
contra la providencia del 17 de septiembre de 2020 proferida por la Subsección
de la Sección Segunda de esta Corporación, con fundamento en la causal 1 del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo esto es, “(…) Haberse encontrado o recobrado después de dictada
la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria...”.
De conformidad con el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para
presentar el recurso extraordinario de revisión varía de acuerdo con la causal que
se proponga:
“ARTÍCULO 251. TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO. El
recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de
la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo
precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año
siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el
recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la
ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se
requiera, dentro del mismo término contado a partir del
perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.
Comoquiera que en este asunto se invocó la causal 1 del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el término
para presentar el recurso era de 1 año contado a partir de la ejecutoria de la
providencia del 17 de septiembre de 2020.
Según se tiene, la sentencia objeto del recurso, fue notificada el 13 de noviembre
de 2020 y quedó ejecutoriada al día siguiente, por lo que es claro que para el
momento en que se radicó la demanda de recurso extraordinario, esto es, el 25
de octubre de 2021 no había vencido la oportunidad legal y por tanto el recurso
fue presentado en forma oportuna.
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4. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala Especial de Decisión 6 establecer si la sentencia
proferida el 17 de septiembre de 2020 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 76001233100020060303501, se encuentra incursa
en la causal de revisión contemplada en el numeral 1° del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para el efecto, se debe determinar si la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos del 6 de octubre de 2020 en el caso de la señora Yenina
Esther Martínez Esquivia contra el Estado Colombiano puede ser tenida como un
documento decisivo con el cual se hubiera podido proferir una decisión diferente
dentro del proceso ordinario y, en caso afirmativo, si no pudo ser aportado al
proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
5. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las diferentes
jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable y de cosa
juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el
acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten sostener que
determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un
mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico
sentencias que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la
Constitución”.
En la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en
la Ley 1437 de 2011; su propósito es el de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
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ordenamiento jurídico6, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley7.
Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a
la sentencia cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como
una instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir
los yerros probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos,
pruebas o argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite
ordinario.
6. La causal de nulidad contenida en el numeral 1° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
El numeral 1° del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo contempla como causal de revisión la de “haberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito por
obra de la parte contraria”.
De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal se
requieren varios elementos que la jurisprudencia de la Corporación ha decantado
así8:
i) Que los documentos sean encontrados o recobrados después de proferida la
sentencia, lo cual implica que hayan existido al momento de proferirse el fallo
objeto de revisión, pero que llegaron a conocimiento o poder del impugnante con
posterioridad.
6 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló que “Con todo, el
principio de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la
justicia material del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de
revisión, la cual permite en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en
aquellos casos en que hechos o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta
es injusta. En este sentido puede afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro
veritate habertur” para evitar que prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la
cosa juzgada de una sentencia injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es,
entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad material, como fines esenciales del Estado”.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de
2013, Radicado 11001031500020120023100.
8
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala 23 Especial de Decisión.
Sentencia del 3 de abril de 2018, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente
11001031500020160205700.
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ii) Que estos sean decisivos para resolver la controversia, en cuanto, de haber
obrado en el proceso, el sentido del fallo sería distinto.
iii) Que el recurrente no haya podido aportarlos al proceso por “fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria”, hipótesis que implica que, a través
del recurso extraordinario de revisión no es posible remediar la inactividad
probatoria o la negligencia de las partes en el aporte de la prueba al proceso.
Frente al primer presupuesto, se advierte que debe tratarse de documentos y no
de otros elementos o medios probatorios. Además, en criterio del Consejo de
Estado “no son admisibles aquellos que tengan fecha posterior a la sentencia
objeto del recurso, y tampoco los que existiendo con anterioridad a ella pudieron
haber sido allegados o solicitados oportunamente, pues este recurso
extraordinario no es una oportunidad para subsanar la negligencia de las partes
frente a la carga probatoria que les corresponde.”9
Ello, precisamente porque se ha entendido que el propósito de la causal es
“remediar la injusticia que se derivó para la parte afectada de verse en la
imposibilidad de aportar una prueba que, preexistiendo a la providencia objeto de
revisión, podía determinar que la decisión aportada fuera diferente y, sin
embargo, no pudo ser apreciada por el juzgador; situación distinta a aquella en la
cual la prueba no existía al momento de la sentencia pues, en este caso, las
partes desarrollaron su actividad probatoria sin limitaciones…”10
Respecto del segundo, se ha insistido en que el documento encontrado o
recobrado debe tener tal entidad, que de haber sido aportado al proceso en la
oportunidad debida hubiera sustentado una decisión distinta a la recurrida, por lo
tanto “no se puede tratar de cualquier prueba, sino que debe tener la capacidad
de influir en el sentido de la decisión.”11
Finalmente, en lo que tiene que ver con el tercer elemento, se ha dicho que debe
haber una verdadera imposibilidad objetiva para aportar el documento al proceso
ordinario la cual debe estar debidamente sustentada en razones de fuerza mayor,
9
Ver entre otras: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del
26 de febrero de 2013. Expediente: 110010315000200800063800 M.P. Dr. Alberto Yepes
Barreiro.
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 17 de julio de
2013. Expediente: 11001031500020090006200 M.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.
10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsecci ón
B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Expediente 2500023060001999003191. M.P. Dr. Danilo
Rojas Betancourth.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de febrero
de 2013. Expediente: 110010315000200800063800 M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro.
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caso fortuito u obra de la parte contraria, sin que baste alegar una simple
dificultad.
En otras palabras, “es indispensable entonces que los documentos aportados
con la demanda de revisión existieran antes del pronunciamiento judicial objeto
del recurso, pero que sólo hayan podido recobrarse, recuperarse o rescatarse
después de la sentencia, es decir, que antes de esta se encontraran extraviados,
ocultos, escondidos, perdidos o refundidos y que no hayan podido ser aportados
durante el trámite del proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito u obra
de la parte contraria.”12
Al respecto, debe precisarse que la presencia de todos y cada uno de estos
elementos debe ser concurrente, es decir, para que la causal de revisión se
configure se debe acreditar que el documento existía al momento de proferirse el
fallo pero que fue encontrado o recobrado por el recurrente con posterioridad a
aquel, que sea decisivo para resolver y que no haya sido aportado por las
razones de la que habla la norma; si uno sólo de estos requisitos no se verifica la
causal en comento, no tiene lugar.
7. El caso concreto
Como viene de explicarse, en este evento el recurrente fundamenta la causal de
revisión en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 6
de octubre de 2020 en el caso de la señora Martínez Esquivia contra el Estado
Colombiano que fue proferida mientras se surtía el trámite de notificación de la
sentencia ahora recurrida que data del 17 de septiembre de 2020 y que fue
notificada el 13 de noviembre siguiente, por cuanto en su concepto en la
providencia internacional se resolvió un caso similar al suyo.
Al respecto, lo primero que hay que precisar es que tal como lo sostuvo el
apoderado de la Fiscalía General de la Nación, en este evento la causal de
revisión no está basada en un documento sino en una providencia judicial.
Sobre el punto, debe precisarse que efectivamente las decisiones judiciales
plasmadas en providencias bien sean autos o sentencias no son medios
probatorios sino fuentes de derecho.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido diáfana al sostener:
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsecci ón
B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Expediente 2500023060001999003191. M.P. Dr. Danilo
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“…Se puede colegir que las sentencias judiciales son documentos que
auxilian en un momento dado al juez, pero a pesar de que son
documentos públicos, no se pueden considerar medios probatorios,
con mayor razón porque los efectos que producen son inter partes,
excepto las sentencias proferidas al revisar la constitucionalidad de
una ley, que al contrario provocan efectos erga omnes13.
Ahora bien, en lo que tiene que ver con los eventos en que se invocan
providencias judiciales como documentos en sede del recurso extraordinario
de revisión, de manera pacífica se ha dicho:
“Lo primero que debe señalarse es que las providencias judiciales, al
ser otorgadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones,
ostentan el carácter de documento público en los términos del artículo
243 del CGP.
No obstante lo anterior, tal característica, per se, no les imprime
carácter probatorio, último que de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado únicamente se les reconoce
cuando a través de la sentencia respectiva se pretende probar a)
la existencia misma de la decisión judicial o b) un hecho
judicialmente declarado en ella, como lo es la filiación, la unión
marital de hecho, la interdicción, la invalidez de una norma o acto,
la existencia de una condena pecuniaria, la consolidación de un
derecho, entre otros14.
En ese orden de ideas, en los eventos en que se aducen los
argumentos de una providencia con el fin de controvertir otra
decisión judicial, esta Corporación ha sostenido que
técnicamente no se le puede atribuir la naturaleza de prueba
documental, lo que impide que aquella sirva de fundamento para
sustentar la configuración de la causal de revisión 2 que
contempla el artículo 188 del CCA15. Al respecto,
[…] Teniendo en cuenta lo anterior, se puede colegir que las
sentencias judiciales son documentos que auxilian en un
13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Providencia de 22
de mayo de 2008. Expediente. 25000-23-24-000-2005-01346-02. M.P. Dr. Marco Antonio Velilla
Moreno.
14
Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 26 de marzo de 2015, radicación 11001-03-
27-000-2014-00022-00 (21024) y del 18 de julio de 2018, radicación 11001-03-27-000-2014-
00020-00(21023), proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
15 Actualmente prevista en el numeral 1 del artículo 150 del CPACA.
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momento dado al juez, pero a pesar de que son documentos
públicos, no se pueden considerar medios probatorios, con
mayor razón porque los efectos que producen son inter partes,
excepto las sentencias proferidas al revisar la constitucionalidad
de una ley, que al contrario provocan efectos erga omnes […] 16
Con base en estas consideraciones, la Sala niega naturaleza
probatoria a las sentencias que se pretenden allegar como «prueba
recobrada» toda vez que, sin dejar de lado que en ellas se abordan
asuntos relacionados con el desplazamiento, es posible afirmar que no
efectúan ningún reconocimiento fáctico o jurídico que tenga una
relación directa e inmediata con el presente proceso, lo que impide que
se aduzcan como prueba recobrada17.
Comoquiera que el recurso extraordinario de revisión tiene por
finalidad desvirtuar la fuerza de la cosa juzgada de las sentencias, las
causales deben estar nítidamente invocadas y comprobadas, situación
que no se cumple en el presente caso, en el que los documentos
aportados no se adecúan a los requisitos legales para la procedencia
del recurso”18
Con base en lo anterior, se reitera, las providencias judiciales no son documentos
que puedan configurar la causal consagrada en el numeral 1 del artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011, por cuanto no constituyen elementos probatorios.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la providencia invocada por el
recurrente tiene una fecha posterior a la sentencia recurrida que data del 17 de
septiembre de 2020, mientras que la decisión de la Corte Interamericana fue
proferida el 20 de octubre de ese mismo año, entonces, si bien es cierto se
produjo en el trámite de notificación de la providencia atacada, lo cierto es que, si
en gracia de discusión hubiera lugar a estudiar la configuración de otro elemento
de la causal, este tampoco se encontraría satisfecho.
16
Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 22 de mayo de 2008, radicación 25000-23-24-
000-2005-01346-02.
17
En la sentencia del T-025 de 2004 la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de
cosas inconstitucionales en la situación de la población desplazada e impartió una serie de
órdenes tendientes a superarla. Por su parte, la sentencia del 7 de marzo de 2007 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca desató una demanda en la que se pretendió el
reconocimiento de los perjuicios causados por el departamento de Cundinamarca, al impedir que
los demandantes residieran por 90 días en un hotel y con ello se vieran obligados a permanecer,
en condiciones indignas, en las instalaciones del INCORA y la Defensoría del Pueblo.
18 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Diecinueve Especial de
Decisión. Providencia del 3 de marzo de 2020. Expediente 11001-03-15-000-2009-01177-00.
M.P. Dr. William Hernández Gómez.
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Finalmente, en atención a los argumentos del recurrente resulta oportuno
precisar que, teniendo en cuenta la especificidad de este recurso extraordinario
que constituye nada más y nada menos que una excepción a la cosa juzgada, y
la taxatividad de sus causales no encuentra la Sala que el mismo esté diseñado
para controvertir decisiones por el presunto desconocimiento de sentencias de
orden nacional o internacional.
Además, en todo caso en el presente evento, la providencia invocada fue
posterior a la sentencia recurrida por lo que tampoco podría ser tenida como
precedente.
Al margen de lo anterior, en lo que tiene que ver con los demás argumentos
expuestos como fundamento del recurso extraordinario, referentes a la no
configuración de la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho en el proceso ordinario, se advierte que aquellos se dirigen a
cuestionar la decisión del juez de instancia, razón por la cual desconocen el
objeto del presente recurso y, por tanto, no hay lugar a hacer pronunciamiento
adicional sobre los mismos.
En conclusión, se insiste, como los pronunciamientos judiciales no constituyen
prueba documental es claro que el elemento primigenio de la causal consagrada
en el numeral 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo no se configura y, por tanto, el recurso
extraordinario debe declararse infundado.
8. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión se formuló después
de la entrada en vigor de la Ley 2080 de 2021, debe aplicarse la modificación
introducida por dicha ley.
Así, de acuerdo con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011
adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código General del Proceso. En todo caso, agrega la norma, la
sentencia deberá disponer sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
Pues bien, el artículo 365 del Código General del Proceso que conforme con la
precitada norma resulta aplicable, se condenará en costas a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de revisión, siempre que, en los términos del
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numeral 8° de esa disposición, “en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación”.
Con todo, el inciso final del artículo 255 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el
artículo 70 de la Ley 2080 de 2021 impone la condena en costas cuando el
recurso extraordinario de revisión no prospera:
“ARTÍCULO 255. SENTENCIA. <Artículo modificado por el
artículo 70 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los
numerales 1 a 4 y 6 a 8 del artículo 250 de este código, o la del literal
b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la sentencia
revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las
restituciones, cancelaciones, perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y
demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente no
existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en
abstracto y se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de
este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la
del literal a) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad
de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que dio lugar
a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen
para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según
corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y
perjuicios al recurrente.” (se destaca).
Con fundamento en lo anterior, la condena en costas no requiere de la
apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la que se
impone, toda vez que, bajo el régimen actual, dicha condena se determina con
fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte a la que se le
declara infundado el recurso extraordinario de revisión.
En tales condiciones, conforme con lo expuesto procede la condena en costas,
teniendo en cuenta que, como se dejó dicho, el proceso de la referencia inició en
vigencia de la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021.
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Al respecto, el artículo 366 del C.G.P. dispone:
“Artículo 366 C.G.P. Liquidación. Las costas y agencias en derecho
serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o
notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con
sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o
rehacerla.
(…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas
que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá
en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas.
(…).
6. Cuando la condena se imponga en la sentencia que resuelva los
recursos de casación y revisión o se haga a favor o en contra de un
tercero, la liquidación se hará inmediatamente quede ejecutoriada la
respectiva providencia o la notificación del auto de obedecimiento al
superior, según el caso.”
De lo anterior es posible advertir que para la determinación de la condena en
costas se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión útil.
Asimismo, debe tenerse en cuenta el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016, que
prevé las tarifas de agencias en derecho, expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura, en el cual se dispuso lo siguiente:
“Artículo 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el
funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas
mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la
calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la
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parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás
circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que
en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.
(…).
Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
9. RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
Entre 1 y 20 S.M.M.L.V.”
Dado que en este proceso no se realizó actuación distinta de la contestación del
recurso extraordinario de revisión por parte de la Fiscalía General de la Nación,
se fijarán las agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente
a la fecha de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión 6, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2020 por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento identificado con el radicado 76001233100020060303501.
SEGUNDO: Condénase en costas a la parte recurrente por un salario mínimo
legal mensual vigente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO: Por Secretaría General, archívese el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
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MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGUELLO
Magistrada
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Magistrado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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