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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04675-01

Fecha
24 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04675-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de octubre de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-04675-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

24 de noviembre de 2022

Demandante: Javier Andrade González
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04675-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04675-01
Demandante: JAVIER ANDRADE GONZÁLEZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO - SALA ESPECIAL DE DECISIÓN N.º
6 Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos por violación
directa de la Constitución y desconocimiento del precedente.
Confirma decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA SOLICITUD

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo de 6 de
octubre de 2022, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo respecto a unos cargos y la negó en lo demás.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Javier Andrade González, por conducto de apoderado judicial,1 interpuso
acción de tutela el 19 de agosto de 2022, con el fin de que le fuera amparado su
derecho fundamental al debido proceso.

La referida garantía constitucional la consideró vulnerada con ocasión de: (i) las
sentencias de 21 de junio de 2018 y 17 de septiembre de 2020 dictadas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, respectivamente, a través de las cuales dichas autoridades
negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el actor contra la Nación – Fiscalía General de la Nación,
proceso que se identificó con el radicado 76001-23-31-000-2006-03035-01; y (ii) el
proveído de 22 de febrero de 2022, con el que la Sala Especial de Decisión N.º 62
declaró infundado el recurso extraordinario de revisión distinguido con el número
41001-33-33-002-2016-00409-01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1 De conformidad con el poder aportado.
2 Integrada por los magistrados: Myriam Stella Gutiérrez Arguello, Jaime Enrique Rodríguez Navas,

Hernando Sánchez Sánchez, Rafael Francisco Suárez Vargas y Carlos Enrique Moreno Rubio (quien
preside la Sala Especial).
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Demandante: Javier Andrade González
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04675-01

«PRIMERA: Que se DECLARE vulnerado por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA Y EL CONSEJO DE ESTADO, el derecho fundamental del
DEBIDO PROCESO, con ocasión al indebido trámite llevado dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento con radicado No. 760012331000-2006-03035-01,
así como también lo concerniente al recurso extraordinario de revisión con radicado No.
110010315000-2021-07216-00.

SEGUNDO: En consecuencia, se deje sin efectos las sentencias judiciales proferidas
dentro del proceso con radicado No. 760012331000-2006-03035-01 y 110010315000-
2021-07216-00, y se PROFIERAN decisiones ajustadas a derecho, donde se le dé
cumplimiento a la Sentencia T-081 de (9 de febrero) 2006, valor al material probatorio
aportado, a la jurisprudencia dictada por la Corteo Constitucional (sentencia de
unificación 047 de 1999) y Corte Interamericana de Derechos Humanos (Sentencia del
6 de octubre de 2020)» (Sic para la cita)

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se
adoptará en esta sentencia:

El señor Javier Andrade González adujo que, mediante la Resolución N.º 0-0826 de
25 de febrero de 2005, la Fiscalía General de la Nación declaró la insubsistencia de
su nombramiento en el cargo de fiscal delegado ante los jueces del circuito de la
Dirección Seccional de Fiscalías de Cali, y que en la misma fecha en el que se le
notificó la anterior decisión, de manera previa, se le dio a conocer la Resolución N.º
0271 de 1.º de marzo de 2005, en la que se ordenó su traslado a la Unidad de Fiscalía
Seccional de Candelaria, Valle.

Inconforme, indicó que el 12 de julio de 2005 promovió una acción de tutela que fue
resuelta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en el sentido de conceder
el amparo de sus derechos, en consecuencia, dejó sin efectos la Resolución N.º 0-
0826 de 25 de febrero de 2005 y dispuso que la Fiscalía General de la Nación
profiriera una nueva resolución debidamente motivada.

Indicó que la anterior disposición fue revocada en segunda instancia por la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia a través de la sentencia de 7 de
septiembre de 2005, no obstante, en sede de revisión, la Corte Constitucional en
providencia T-081 de 2006 revocó la última decisión, amparó el derecho al debido
proceso del accionante, ordenó a la Fiscalía General de la Nación dictar un nuevo
acto motivado y, que en el evento en que no contara con argumentos jurídicos para
sustentar la insubsistencia, reintegrara al demandante.

Advirtió que la Fiscalía General de la Nación profirió la Resolución N.º 0-0647 de 15
de marzo de 2006, mediante la cual declaró nuevamente la insubsistencia “pero
insistiendo en su facultad discrecional, sin cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-081 de 2006, por cuanto no incluía justificación alguna para desvincular al
demandante”.

Manifestó que promovió un incidente de desacato y, en reacción a ello, la entidad
demandada dictó la Resolución N.º 0-2071 de 7 de julio de 2006, por la cual se ordenó
el reintegro del señor Andrade González al cargo de fiscal delegado ante los jueces
del circuito en provisionalidad, “sin que se haya hecho mención a la orden de pagar los

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salarios y demás prestaciones dejadas de recibir por el demandante, durante el tiempo que
estuvo desvinculado de la entidad”.

En ese sentido, señaló que ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones N.º 0-0826
de 25 de febrero de 2005, 0-0647 de 15 de marzo de 2005 y 0-02071 de 7 de julio de
2006. En consecuencia, que se condenara a la entidad: (i) al pago de todo lo dejado
de percibir y que se declarara que no existió solución de continuidad; y (ii) al pago de
perjuicios morales en cuantía de 1.000 s.m.l.m.v. y se condenara en costas al extremo
pasivo.

Puntualizó que el asunto lo resolvió en primer grado el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca que, en proveído de 21 de junio de 2018 declaró probada de oficio la
excepción de caducidad de la acción.

Manifestó que tal decisión fue confirmada parcialmente3 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A en sentencia de 17 de septiembre de 2020, así:

“Primero: Confírmese parcialmente la sentencia proferida el 21 de junio de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en cuanto a la declaratoria
de caducidad de la acción respecto de las Resoluciones 0-0826 de 25 de febrero de
2005 y 0-0647 de 15 de marzo de 2006.

Segundo: En cuanto a la Resolución 0-2071 de 7 de julio de 2006, revóquese
parcialmente la sentencia de primera instancia y, en su lugar, niéguense las
pretensiones de la demanda”.

Alegó que presentó recurso extraordinario de revisión contra el fallo que puso fin al
proceso ordinario de 17 de septiembre de 2020, sin embargo, la Sala de Decisión
Especial N.º 6 del Consejo de Estado declaró infundado el mecanismo en providencia
de 22 de febrero de 2022, con fundamento en que “no se configuró el elemento de la
causal consagrada en el numeral 1 del artículo 250 de la ley 1437 de 2011”.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El tutelante indicó que las autoridades cuestionadas incurrieron en las siguientes
irregularidades:

Violación directa de la Constitución4 y desconocimiento del precedente ante la
vulneración del derecho al debido proceso, en atención a que las sentencias de 21
de junio de 2018 y 17 de septiembre de 2020 declararon la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, tras incurrir en el error de computar
el término desde el primer acto, esto es, la Resolución N.º 0-0826 de 25 de febrero
de 2005.

Lo anterior, por cuanto dicha resolución no contenía las razones que dieron lugar a la

3 En cuanto a la decisión de negar las pretensiones de la demanda respecto de la Resolución N.º 0-

2071 de 7 de julio de 2006 (por la cual se ordenó el reintegro), en la sentencia de 17 de septiembre de
2020 se señaló que dicha resolución “era un acto de simple ejecución, mediante el cual se cumplió una
orden dada por la Corte Constitucional, acto en el que no se creó, modificó o extinguió una situación
jurídica. Por ende, no era un acto demandable. Además, si lo pretendido era el pago de los salarios
dejados de percibir, el demandante debió previamente efectuar la reclamación a la entidad
demandada”.
4 Si bien el accionante no señaló el defecto de manera expresa, la Sala infiere de sus argumentos que

también alegó la violación directa de la Constitución.
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declaratoria de insubsistencia del nombramiento y, de conformidad con la sentencia
T-081 de 2006 de la Corte Constitucional, solo es pasible de ser demandada la
decisión que contiene las causas que justifican la desvinculación o en su defecto el
que reconoce la inexistencia de estas.

Adujo que también se omitió el precedente de la sentencia de 6 de octubre de 2020
dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en un asunto similar
declaró la responsabilidad internacional de la República de Colombia por la violación
de los derechos superiores de la accionante en esa oportunidad, luego de considerar
que la desvinculación desconoció la garantía de estabilidad que se les debe reconocer
a los fiscales como operadores del servicio de administración de justicia y, en ese
orden, determinó que el Estado debía cubrir los aportes al sistema pensional desde
la terminación del vínculo.

Agregó que la mencionada sentencia se dictó de manera previa a la decisión de 17
de septiembre de 2020 que puso fin al proceso ordinario, y que no pudo aportarla con
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por cuanto este momento fue
anterior a su proferimiento. Así, precisó que el recurso extraordinario de revisión se
encontraba fundado.

Reprochó que los jueces del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
hubiesen tardado 12 años para resolver su asunto sin que, finalmente, hayan
estudiado el fondo, comoquiera que declararon de oficio la excepción del fenómeno
jurídico de la caducidad.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 14 de septiembre de 2022 el juez a quo admitió la acción de tutela
y ordenó notificar a la parte actora y al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N.º 6 y a la Sección Segunda,
Subsección A de la misma Corporación, como autoridades judiciales accionadas.

Adicionalmente, dispuso la vinculación en calidad de tercero con interés de la Fiscalía
General de la Nación y le reconoció personería al abogado Hernando Morales Plaza
como apoderado de la parte accionante.

1.6. Intervenciones

Librados los oficios correspondientes, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

En memorial radicado el 21 de septiembre de 2022, el magistrado ponente de la
sentencia acusada de 17 de septiembre de 2020, solicitó que se denegaran las
pretensiones de la demanda, comoquiera que no se acreditó la vulneración del
derecho fundamental al debido proceso del señor Javier Andrade González, máxime,
si se tiene en consideración que el tutelante reconoció que en la decisión reprochada
se contabilizó el término de la caducidad frente a cada uno de los actos
administrativos demandados.

De otro lado, adujo que tampoco se incurrió en el defecto por desconocimiento del
precedente, debido a que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos referida por el actor se profirió con posterioridad a la sentencia del 17 de
septiembre de 2020, de modo que no constituye una decisión aplicable al caso.

1.6.2. Fiscalía General de la Nación

El 23 de septiembre de 2022, la profesional especializada de la Unidad de la Dirección
de asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación requirió que se declare
improcedente el mecanismo constitucional por cuanto lo pretendido por el actor
consiste en reabrir una discusión que ya fue zanjada en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

Finalmente, arguyó que la solicitud de amparo no satisface los requisitos de
subsidiariedad y de inmediatez.

1.6.3. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

El magistrado ponente de la decisión de 21 de junio de 2018, en escrito aportado el
23 de septiembre de 2022, indicó que la sentencia de primer grado en el medio de
control ordinario se dictó de conformidad con el acervo probatorio arrimado al proceso
y que, en todo caso, se surtió el recurso de alzada que fue decidido por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por tanto, se surtieron las dos
instancias con sujeción al derecho al debido proceso.

1.6.4. Sala Especial de Decisión N.º 6 del Consejo de Estado

Mediante escrito allegado el 20 de septiembre de 2022 por el ponente de la decisión
dictada por la referida Sala Especial,5 señaló que la providencia de 22 de febrero de
2022 se encuentra conforme a derecho y a la jurisprudencia vigente.

Agregó que, en todo caso, de los argumentos expuestos por el accionante no advierte
alguno que se dirija contra el proveído que declaró infundado el recurso extraordinario
de revisión, puesto que todos los reproches atacan las decisiones dictadas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que deja en evidencia que lo
pretendido por el señor Andrade González es reabrir un debate ya surtido por el juez
natural de la causa.

1.7. Fallo impugnado

Con fallo de 6 de octubre de 2022,6 la Sección Cuarta del Consejo de Estado, como
primera medida, declaró la improcedencia del mecanismo constitucional respecto de
los cargos elevados contra las decisiones dictadas en el marco del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho por no satisfacer el requisito de la inmediatez.

En relación con el proveído que declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión, concluyó que tal decisión estuvo conforme a derecho en atención a que no
se configuró la causal de procedencia invocada por el tutelante, esto es, la del
numeral 1.º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que dispone:

“Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos

5 Doctor Carlos Enrique Moreno Rubio.
6 La sentencia de primera instancia fue notificada por medios electrónicos el 12 de octubre de 2022.

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decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria”.

El análisis se cimentó en que, comoquiera que el accionante planteó como argumento
de la causal de prueba recobrada “que se desconoció un precedente judicial”, no se
encontró fundado el mecanismo extraordinario dado el carácter excepcional y de la
taxatividad de los supuestos que dan lugar a la procedencia de dicho recurso, puesto
que no fue instituido para alegar el desconocimiento las decisiones dictadas por otras
autoridades.

1.8. Impugnación

Mediante correo electrónico enviado oportunamente a la Secretaría General del
Consejo de Estado el 18 de octubre de 2022, el apoderado de la parte actora
manifestó:

“HERNANDO MORALES PLAZA, actuando como apoderado judicial del señor
JAVIER ANDRADE GONZALEZ (sic), presento IMPUGNACIÓN en contra de la
sentencia de tutela de primera instancia del 06 de octubre de 2022, notificado por correo
electrónico el 12 de octubre de 2022.”

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 6 de octubre de 2022 proferida por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. En cuanto a los argumentos expuestos por la parte activa, es preciso establecer
en este punto del debate, que de proceder el estudio del fondo del caso, este se hará
únicamente frente a los cargos contenidos en el escrito de tutela y que fueron iterados
en la impugnación.

Ello, con el fin de garantizar los derechos fundamentales del extremo pasivo a la
defensa y contradicción, comoquiera que, en esta instancia del trámite constitucional,
procesalmente no es posible que la contraparte pueda controvertir cargos o
alegaciones que no se plantearon inicialmente.

2.2.2. De otro lado, es preciso aclarar que, si bien el accionante cuestionó las dos
providencias del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto
es que, de proceder el análisis del fondo de esta acción constitucional, este se
realizaría a partir del fallo de 17 de septiembre de 2020 por ser el que le puso fin a la
causa ordinaria.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
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decisión de primera instancia de 6 de octubre de 2022, a través de la cual, la Sección
Cuarta de esta Corporación declaró la improcedencia de la acción frente a las
sentencias dictadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y negó
la solicitud de amparo respecto del proveído que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión.

Para el efecto, se estudiará: (i) la naturaleza de solicitud de amparo; (ii) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (iii) la carga
argumentativa en sede de tutela y, (iv) estudio del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable7.

2.5. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial8

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 12, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la

7 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
8 Requisitos que fueron analizados en primera instancia y, frente a los cuales se señaló que se
encontraban superados.
9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -

Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia
de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Carga argumentativa en sede de tutela

La Corte Constitucional13 y esta Corporación14 han establecido que, cuando la tutela
se dirige a cuestionar una providencia judicial, la parte actora tiene el deber de
identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y “precisar los hechos y las
razones en que se fundamenta la acción”.

En efecto, en la última sentencia referenciada se estableció que “(…) el actor tiene la
carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración, así como
los derechos fundamentales presuntamente afectados por la providencia”15, y exponer en
forma clara los defectos de los cuales adolece la decisión judicial, desplegando para
el efecto una carga argumentativa mínima que le permita al juez constitucional
abordar el análisis de la providencia.

Esta carga indudablemente se debe cumplir en igual forma cuando se presenta la
impugnación contra la sentencia de primera instancia proferida en sede de tutela,
sede en la que le corresponde al impugnante señalar las falencias, errores u
omisiones en que incurrió el a quo16 que le permitan al ad quem asumir el
estudio de los argumentos expuestos.

En este sentido se pronunció la Sala en sentencia del 13 de octubre de 2016, en la
que consideró17:

“cuando se trata de tutelas ejercidas en contra de providencias judiciales, la parte
recurrente no puede limitar su intervención a la simple manifestación de no estar
de acuerdo con la decisión judicial de primera instancia, por el contrario, debe
observar una carga mínima que soporte los motivos de su impugnación,
indispensable para que el juez de tutela de segunda instancia conozca las
razones de su desacuerdo y, así, se adentre en el estudio que la misma requiere”.

13 Ver entre otras la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
14 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencia 19 de septiembre de 2018.

Exp. 11001-03-15-000-2018-01300-01
15 Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.
16 Así lo ha expresado esta Sección, entre otras, en la providencia del 15 de diciembre de 2015, con

ponencia del Magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio. Exp. 11001-03-15-000-2015-01828-01, en el
cual se efectuaron las siguientes consideraciones: “…se debe tener en cuenta que en materia de
tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los jueces naturales de la causa, por lo tanto, el estudio debe basarse
exclusivamente en los argumentos esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela tanto en
primera como en segunda instancia, toda vez que al analizar puntos adicionales se estaría realizando,
sin competencia para ello, un estudio oficioso de una providencia judicial debidamente ejecutoriada, lo
cual atentaría contra los postulados de cosa juzgada y autonomía judicial y así, en últimas se
convertiría el mecanismo constitucional en una tercera, e incluso, en una cuarta instancia”.
17 Magistrado Ponente Dr. Alberto Yepes Barreiro. Ver igualmente las sentencias de 15 de noviembre

de 2017. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-01880-01; de 18 de febrero de 2021.
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Rad. 11001-03-15-000-2020-04538-01; de 28 de agosto
de 2019. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. 11001-03-15-000-2019-02880-01; de 29 de abril de
2021. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-15-000-2018-00067-01; de 14 de octubre de
2021. M.P. Luis Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-15-000-2021-03854-01;
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Javier Andrade González
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04675-01

2.7. Caso concreto

La Sala anuncia que confirmará la decisión de primera instancia, por cuanto, pese a
que la impugnación se formuló en la oportunidad procesal correspondiente, el escrito
no cuenta con argumentos que permitan acometer su estudio, como se pasa a
explicar:

En el presente asunto, el señor Javier Andrade González no expuso las razones por
las cuales está en desacuerdo con la decisión de 6 de octubre de 2022, motivo por el
cual se torna imposible para esta Sección realizar un análisis de oficio. Al respecto,
resulta del caso precisar que constituye una carga para el recurrente exponer los
motivos de inconformidad con base en los cuales impugna un fallo de tutela, sobre
todo cuando lo que se cuestiona es una decisión judicial, la cual, dada su naturaleza,
exige por parte de los jueces constitucionales un estudio más riguroso de la materia.

Sobre este punto, se debe tener en cuenta que, en materia de tutela contra
providencia judicial, le está vedado al juez de esta sede inmiscuirse en asuntos
propios de la órbita de los falladores naturales de la causa, por lo tanto, el estudio
debe basarse exclusivamente en los argumentos esgrimidos por la parte interesada
dentro del trámite de tutela tanto en el escrito inicial como en el de impugnación, toda
vez que de analizar aspectos adicionales incurriría en un estudio oficioso que
derivaría en la mutación de este medio residual en una tercera, e incluso, en una
cuarta instancia.

Ello es así, pues, como se indicó en precedencia, si bien la acción de tutela ha sido
concebida como un mecanismo para la protección de los derechos fundamentales,
cuando se trata de desvirtuar una providencia judicial, ha de tenerse presente que las
partes deben argumentar los motivos de su inconformidad en contra de esta, pues de
otra manera no se atendería al principio de autonomía judicial.

Por su parte, la autoridad judicial de segunda instancia debe adoptar una decisión a
partir de los aspectos del fallo expedido por el a quo que fueron objeto de
impugnación, sin poder analizar de manera oficiosa la decisión frente a la cual en
forma expresa, no le hayan sido advertidos los cargos de inconformidad.

En este sentido, como el escrito de impugnación no contiene las razones por las
cuales se controvierte el fallo de la Sección Cuarta de esta Corporación, resulta claro
para la Sala que el extremo activo no acreditó la carga argumentativa mínima que le
correspondía y, por tal razón, no es posible efectuar un análisis y posterior
pronunciamiento oficioso de la presente acción de tutela, así como tampoco de la
decisión del a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

2.8. Conclusión

Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión confirmará la sentencia dictada por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, ante la ausencia de carga argumentativa en el
escrito de impugnación.

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Demandante: Javier Andrade González
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04675-01

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la Repúblicay por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de octubre de 2022 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”

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