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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07244-00

Fecha
9 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-07244-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 2. Dejar sin efecto la sentencia del 5 de marzo de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. 3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que, en el término de 20 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte sentencia de reemplazo, en la que deberá tener en cuenta las inconsistencias identificadas en la parte considerativa de la presente sentencia. 4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2021-07244-00 Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-07244-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

9 de diciembre de 2021

Radicado: 11001-03-15-000-2021-07244-00
Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07244-00
Demandante: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Contra sentencia que declaró responsabilidad del Estado por
privación injusta de la libertad. Desconocimiento de los criterios de
interpretación fijados en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de
2018, proferidas por la Corte Constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 26 de octubre de 2021, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderada judicial, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial pidió la protección
de los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, que estimó
vulnerados por la sentencia del 5 de marzo de 2021, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B. En consecuencia, propuso las siguientes
pretensiones:

1. Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y
a la igualdad al condenarse de forma arbitraria a la Rama Judicial, dentro del expediente de
reparación directa No. 25000232600020081013701 en el que actúa como demandantes del
señor Rubén Darío Díaz Guzmán y otros y demandada la Nación – Rama Judicial y Nación -
Fiscalía General De La Nación.

2. Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto la sentencia de fecha 5 de marzo
de 2021, dentro del proceso de reparación directa No. 25000232600020081013701 en el que
actúan como demandantes señor Rubén Darío Díaz Guzmán y otros, se ordene, por
consiguiente, a la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado proferir un nuevo fallo
en el que se denieguen las pretensiones de la demanda.

3. En caso de no considerarse lo anterior, se ordene la Sección Tercera, Subsección “B” del
Consejo de Estado, confirmar el fallo proferido por el a -quo, por las razones y argumentos
expuestos por dicha instancia judicial.

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Demandante: Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. Del proceso penal

2.1.1. El 11 de diciembre de 2002, la Fiscalía General de la Nación capturó al señor
Rubén Darío Díaz Guzmán, sindicado de cometer los delitos de homicidio y concierto
para delinquir.

2.1.2. El 16 de diciembre de 2002, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de
aseguramiento contra el señor Díaz Guzmán.

2.1.3. El 12 de agosto de 2003, La Fiscalía General de la Nación profirió resolución de
acusación contra el señor Díaz Guzmán, pero solo respecto del delito de concierto
para delinquir.

2.1.4. El 31 de mayo de 2005, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado
de Girardot encontró responsable al señor Díaz Guzmán de cometer el delito de
concierto para delinquir.

2.1.5. El 8 de julio de 2005, fue concedida la libertad provisional al señor Díaz Guzmán,
por haber cumplido tres cuartas partes de la condena.

2.1.6. El señor Díaz Guzmán apeló y, mediante sentencia del 12 de septiembre de
2005, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca revocó la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, declaró la inocencia del señor Díaz Guzmán, por no
haberse desvirtuado la presunción de inocencia.

2.2. Del proceso de reparación directa

2.2.1. Rubén Darío Díaz Guzmán, Lucila Barrios Triana, Sandra Viviana Díaz Barrios,
Diana Carolina Díaz Barrios y Alejandra Díaz Barrios interpusieron demanda de
reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial (Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial), por estimar que incurrieron en privación injusta
de la libertad.

2.3. Mediante sentencia del 17 de agosto de 2012, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, denegó las pretensiones de la
demanda de reparación directa, toda vez que no era posible verificar las condiciones
bajo las cuales fue impuesta la medida de aseguramiento. Indicó que los demandantes
del proceso de reparación directa no cumplieron con la carga probatoria de aportar la
providencia que impuso la medida de aseguramiento y eso impidió verificar la
antijuridicidad del daño.

2.4. La parte actora del proceso de reparación directa apeló la anterior decisión, puesto
que el tribunal durante la fase probatoria fue oficiado el juzgado penal para que
remitiera copia íntegra del expediente, por lo que el tribunal, al advertir la ausencia de
la resolución que impuso la medida de aseguramiento, debió solicitarla nuevamente,
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con el fin de realizar un pronunciamiento de fondo sobre el asunto. Además, sostuvo
que en la sentencia absolutoria quedaban claros los elementos que evidenciaban que
hubo privación injusta de la libertad.

2.5. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia del 5
de marzo de 20211, decidió lo siguiente:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida el 17 de agosto de 2012 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en Descongestión, que negó
las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación - Rama
Judicial administrativamente responsables del daño ocasionado a los demandantes, con ocasión
de la privación injusta de la libertad de Rubén Darío Díaz Guzmán por el periodo de 27 meses y
1 día.

TERCERO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación - Rama
Judicial a pagar, a título de reparación por los perjuicios morales, los siguientes valores:
Demandante Indemnización total Indemnización a cargo Indemnización a cargo
de la Fiscalía General de la Rama Judicial
de la Nación
Rubén Darío Díaz 100 SMLMV 61.55 SMLMV 38.44 SMLMV
Guzmán
Lucila Barrios Celis 100 SMLMV 61.55 SMLMV 38.44 SMLMV
Sandra Viviana 100 SMLMV 61.55 SMLMV 38.44 SMLMV
Díaz Barrios
Diana Carolina 100 SMLMV 61.55 SMLMV 38.44 SMLMV
Díaz Barrios
Alejandra Díaz 100 SMLMV 61.55 SMLMV 38.44 SMLMV
Barrios

CUARTO: ORDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Nación - Rama Judicial
a emitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un comunicado en el cual
reconozca el daño antijurídico que causó y pida perdón por la afectación al buen nombre de
Rubén Darío Díaz Guzmán, en los términos expuestos en esta decisión.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

2.5.1. En síntesis, la autoridad judicial demandada aplicó el régimen objetivo de daño
especial, pues, a su juicio, la sentencia del 12 de septiembre de 2005, dictada por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, pone en videncia que «en el
proceso penal no se demostró que Rubén Díaz concertara con otras personas la
comisión de conductas delictivas, por lo que, en aplicación del principio de in dubio pro
reo, fue exonerado de responsabilidad penal. Lo anterior significa que el Estado nunca
desvirtuó la presunción de inocencia del procesado».

2.5.2. Uno de los magistrados salvó el voto, por lo siguiente: (i) que el caso debió
analizarse desde el régimen de falla en el servicio; (ii) que, de conformidad con el
precedente fijado por la Corte Constitucional, debió hacerse un análisis de
proporcionalidad, necesidad, razonabilidad y legalidad de la medida de aseguramiento;
(iii) que la falta de pruebas sobre los motivos de la medida de aseguramiento no puede

1 Notificada mediante edicto electrónico desfijado el 27 de abril de 2021.

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justificar la aplicación del régimen objetivo de daño especial, y (iv) que no fue
debidamente analizada la posible culpa de la víctima.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. Preliminarmente, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dijo que la tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia
constitucional, por estar comprometidos los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad y el principio de justicia rogada. Que la sentencia cuestionada no es
susceptible de recursos. Que la tutela fue interpuesta en un término razonable, toda
vez que la sentencia cuestionada fue notificada mediante edicto desfijado el 27 de abril
de 2021. Que fueron razonablemente identificados los motivos de vulneración.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, la parte demandante adujo que la sentencia del 5
de marzo de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
desconoció el precedente fijado en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018,
proferidas por la Corte Constitucional, toda vez que no dio cuenta de un análisis de
antijuridicidad del daño sufrido por el señor Díaz Guzmán. Que «en la sentencia aquí
cuestionada no se realizó el análisis exigido por las sentencias de C-037 de 1996 y
SU-072 de 2018, puesto que para eventos de privación injusta es necesario, por un
lado, identificar la antijuridicidad del daño, y por otro, verificar la ausencia de culpa
grave o dolo de la persona detenida, lo cual no se realizó 3en el fallo aquí señalado».
Que lo cierto es que los demandantes del proceso ordinario no acreditaron la ilegalidad
de la medida de aseguramiento.

3.2.1. Que, además, «se observa que en ningún momento la Corte Constitucional
adujo que para los casos de privación injusta de la libertad existía un régimen objetivo
de responsabilidad, y por el contrario, se tiene que el alto tribunal hizo énfasis en que
se hablaría de detención injusta cuando hubiere actuaciones desproporcionadas y
violatorias de los procedimientos legales, o en otras palabras, cuando se evidenciara
una falla en el servicio». Que la falta de pruebas sobre la justificación de la medida de
aseguramiento no puede derivar en la aplicación de un régimen objetivo de
responsabilidad.

3.3. La parte actora también manifestó que la sentencia cuestionada también omitió
valorar si la conducta de la víctima fue determinante en la producción del daño, en los
términos del artículo 63 del Código Civil y según lo exige el precedente fijado por el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Que «el fallo aquí cuestionado violó los
derechos de defensa, debido proceso, contradicción e igualdad de la Rama Judicial al
haber desconocido y hacer realizado una interpretación errónea del contenido
normativo arriba citado y de los precedentes jurisprudenciales tanto del Consejo de
Estado como de la Corte Constitucional al haberse relevado de hacer el análisis del
medio exceptivo de la culpa exclusiva de la víctima como aquella conducta
determinante que dio origen a la investigación penal, precisándose que ello no significa
que se esté realizando un reproche de la actuación desde la óptica del tipo penal, sino
que el análisis se hace desde noción de culpa grave o dolo bajo la perspectiva civil».

3.4. Que «la petición de excusas por decisiones judiciales, en la forma ordenada en la
sentencia que aquí se cuestiona, deslegitima la actividad judicial y desnaturaliza y
atenta contra el principio de autonomía e independencia judicial, regulada en el artículo
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228 de la Constitución, al imponer a un tercero (sin función jurisdiccional) descalificar
públicamente las providencias judiciales, lo cual irradia en la imagen que tiene el
ciudadano frente a la Rama Judicial y mina la credibilidad frente a los administradores
de justicia». Que, en últimas, sin haber sido solicitado en la demanda y sin estar
demostrado el perjuicio correlativo, la autoridad judicial demandada ordenó ofrecer
disculpas al señor Díaz Guzmán.

4. Trámite

4.1. Por auto del 28 de octubre de 2021, el despacho sustanciador admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y, en calidad de terceros con interés, al
fiscal general de la Nación y a los señores Rubén Darío Díaz Guzmán, Lucila Barrios
Triana, Sandra Viviana Díaz Barrios, Diana Carolina Díaz Barrios y Alejandra Díaz
Barrios, que intervinieron como demandantes en el proceso ordinario.

4.2. La Secretaría General del Consejo de Estado realizó las notificaciones ordenadas
en el auto admisorio2.

5. Intervenciones

5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por conducto del
magistrado ponente de la providencia cuestionada, manifestó que se atenía a lo
expuesto en dicha providencia e indicó que estaría presta a lo que dispusiera el juez
de tutela.

5.2. La Fiscalía General de la Nación coadyuvó las pretensiones de la demanda de
tutela, por lo siguiente:

5.2.1. Que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad y el asunto debe
estudiarse de fondo.

5.2.2. Que la providencia cuestionada desconoció el precedente fijado en las
sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, dictadas por la Corte Constitucional,
pues no dio cuenta de un análisis de antijuridicidad de la medida de aseguramiento ni
de la posibilidad de que existiera culpa exclusiva de la víctima.

5.2.3. Que, además, la condena no pecuniaria (ofrecer disculpas) no cumplió con los
requisitos previstos en las sentencias de unificación del 28 de agosto de 2014, dictadas
por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Que «el Consejo de
Estado no valoró los medios de prueba aportados al proceso a efectos de
determinar si se encontraba demostrada una afectación relevante al derecho
fundamental al buen nombre, tal y como lo exige la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2014, proferida por esa misma Corporación Judicial. En ese
sentido, la Sala desconoció su propio precedente jurisprudencial al proceder al
decretar una medida de reparación no pecuniaria -como las excusas públicas
en este caso- sin tener por demostrada una afectación relevante de ese derecho

2 Ver índices 8 y 18 de Samai.

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fundamental. Ello, tal y como se mencionó conlleva el desconocimiento de su
propio precedente jurisprudencial».

5.3. Rubén Darío Díaz Guzmán y Sandra Viviana Díaz Barrios manifestaron que la
tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, pues, a su juicio, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial simplemente está en desacuerdo con la
providencia cuestionada y pretende reabrir un debidamente agotado.

5.4. Lucila Barrios Triana, Diana Carolina Díaz Barrios y Alejandra Díaz Barrios
no intervinieron, pese a que, como se vio, fueron notificadas de la admisión de la
demanda de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20123, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, se
precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias
judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86
de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad
pública.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el
Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de
órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha

3 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
4 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía
de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»5.

2. Planteamiento del problema jurídico

2.1. Lo primero que debe decirse es que la tutela sí cumple el requisito de relevancia
constitucional, toda vez que no es cierto que la parte actora pretenda reabrir el debate
agotado en el proceso de reparación directa. Lo cierto es que la decisión de primera
instancia del proceso ordinario resultó favorable a los intereses de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la apelación fue formulada por los demandantes
de dicho proceso. Por consiguiente, no es posible señalar que en la demanda de tutela
se reiteran los argumentos expuestos en la apelación formulada en el proceso
ordinario.

2.2. Como también están cumplidos los demás requisitos generales de procedibilidad,
la Sala procede a plantear el problema jurídico de fondo.

2.3. En los términos de la demanda de tutela, la Sala estudiará si la sentencia del 5
de marzo de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
desconoció los criterios de interpretación fijados en las sentencias C-037 de 1996 y
SU-072 de 2018, proferidas por la Corte Constitucional. De encontrarse que no fueron
desconocidos, pasará a analizarse si resulta procedente estudiar lo referente a la
supuesta vulneración del principio de congruencia.

2.4. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala seguirá el siguiente orden:
(i) de los criterios de interpretación vigentes en materia de responsabilidad del Estado
por privación injusta de la libertad; (ii) de la sentencia cuestionada, y (iii) de la
respuesta al problema jurídico planteado.

3. De los criterios de interpretación vigentes en materia de responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad

3.1. La Sala comienza por decir que, mediante sentencia de tutela del 18 de noviembre
de 2019, el propio Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dejó sin efectos
la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, dictada por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, que había fijado los criterios para decidir
casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.

3.1.1. En cumplimiento de la sentencia de tutela del 18 de noviembre de 2019 (que
dejó sin efecto la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018), la Sala Plena de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo del 6 de agosto de 2020,
dictó la sentencia de reemplazo. Sin embargo, de la lectura de esa decisión no se
advierte que se hubiesen fijado nuevas reglas de unificación.

3.1.2. Por consiguiente, de entrada, la Sala advierte que en la Sección Tercera del
Consejo de Estado actualmente no existe precedente unificado en materia de
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. Al desaparecer dicha
sentencia de unificación, a juicio de la Sala, resulta necesario acudir al criterio fijado

5 SU-573 de 2017.

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por la Corte Constitucional, esto es, el fijado en las sentencias C-037 de 1996 y SU-
072 de 2018.

3.2. En la sentencia C-037 de 1996 se analizó la constitucionalidad del proyecto de
Ley Estatutaria de Administración de Justicia. En lo que aquí interesa, la sentencia C-
037 de 1996 analizó el artículo 68 del proyecto de ley, que regulaba la privación injusta
de la libertad, y concluyó que ese artículo no merecía ninguna objeción, por cuanto
tenía fundamento constitucional en los artículos 6°, 28, 29 y 90 de la Constitución
Política.

3.2.1. De todos modos, la Corte Constitucional estimó necesario aclarar que el término
«injustamente» se refiere a «una actuación abiertamente desproporcionada y
violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la
privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho,
sino abiertamente arbitraria».

3.2.2. Precisó también que si no se entendiera de esa forma el término
«injustamente», «se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona
fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su
detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios,
con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el común de todos los
asociados».

3.2.3. La Corte Constitucional también declaró la exequibilidad del artículo 70 6 del
proyecto de ley, que regula la culpa exclusiva de la víctima, pues esa norma era una
manifestación del principio general del derecho de que nadie puede sacar provecho
de su propia culpa y contenía una sanción por el desconocimiento del deber
constitucional de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de
justicia.

3.2.3.1. La Corte explicó que «no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los
funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de
interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que
someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las
fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los
ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y
peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguno, o bien
permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados».

3.3. La sentencia de unificación SU-072 de 2018, por su parte, fijó elementos
generales para efecto de que los jueces analizaran los casos de responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad. En esa sentencia, la Corte explicó que «el
artículo 90 de la Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la
falla en el servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-
037 de 1996 que el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir
si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras

6 ARTICULO 70. CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA. El daño se entenderá como culpa exclusiva de la víctima

cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se
exonerará de responsabilidad al Estado.
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era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su
conformidad a derecho».

3.3.1. La Sala resalta que las reglas de interpretación fijadas por la Corte
Constitucional señalan un título de imputación preferente para efecto de la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, esto es, la falla en el
servicio. En ese sentido, la Corte indicó que el juez del proceso de responsabilidad
debe verificar que la privación de la libertad atendió a los requisitos fijados por la
norma penal.

3.3.2. Así, la Corte indicó: «tenemos que el juez administrativo, al esclarecer si la
privación de la libertad se apartó del criterio de corrección jurídica exigida, debe
efectuar valoraciones que superan el simple juicio de causalidad y ello por cuanto una
interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, sustento normativo de
la responsabilidad del Estado en estos casos, impone considerar, independientemente
del título de atribución que se elija, si la decisión adoptada por el funcionario judicial
penal se enmarca en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad
[…] el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo
para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación
inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué
soportarse».

3.3.3. Además, la Corte sostuvo que «determinar, como fórmula rigurosa e inmutable,
que cuando sobrevenga la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de
inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por
ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva, el
Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de
imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a
través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable,
desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con efecto
erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996». En otras palabras, la Corte
resaltó que la absolución mediante sentencia no deriva necesariamente en la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, por cuanto la detención
preventiva es una figura distinta a la pena, y los presupuestos para su procedencia
también son diferentes.

3.3.4. La Corte también señaló que «con independencia del régimen de
responsabilidad estatal que utilice el juez administrativo, la conducta de la víctima es
un aspecto que debe valorarse y que tiene la potencialidad de generar una decisión
favorable al Estado, en otras palabras, que puede generar una declaratoria de
irresponsabilidad administrativa».

4. De la sentencia cuestionada

4.1. En la sentencia del 5 de marzo de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, inició por poner de presente que el tribunal de primera instancia indicó
que la parte actora del proceso de reparación directa no aportó la providencia que
decretó la medida de aseguramiento privativa de la libertad y que, por ende, no era
posible realizar el análisis de antijuridicidad exigido en el precedente fijado por la Corte
Constitucional.
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4.1.1. La autoridad judicial demandada explicó que estaba demostrado el daño,
consistente en la privación de la libertad del señor Rubén Darío Díaz Guzmán, por el
periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2002 y el 9 de julio de 2005 (27
meses y 1 día). Asimismo, se advirtió que había un daño al buen nombre, pues «toda
privación injusta de la libertad trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen
nombre de quien la padeció».

4.1.2. Seguidamente, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, indicó
que aplicaría el régimen de responsabilidad por daño especial. Textualmente, dijo lo
siguiente:

26. En este caso no se aportó al proceso la providencia que decretó la medida de aseguramiento
en contra de Rubén Díaz, por lo que no es posible realizar un análisis de dicha decisión con el
fin de constatar si se profirió de manera legal o no. No obstante, dado que la Sala advierte la
probabilidad de que haya ocurrido un daño especial, se estudiará el caso bajo este régimen
objetivo de responsabilidad.

27. En la Sentencia de 12 de septiembre de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca, Sala Penal, absolvió a Rubén Díaz por la conducta por la que fue acusado. En
esa decisión, el juez indicó que no estaba demostrada la pertenencia del procesado al grupo de
“limpieza social”, toda vez que, por una parte, la fiscalía, al momento de calificar el sumario,
precluyó la investigación por el delito de homicidio, de modo que los señalamientos que
fundamentaron la imputación de ese delito no podían sustentar el juzgamiento por la supuesta
pertenencia del acusado a un grupo armado ilegal, dado que implicaría el desconocimiento de la
referida decisión.

28. Por otra parte, las únicas pruebas que sugerían la responsabilidad de Rubén Díaz por el
delito de concierto para delinquir consistían en testimonios imprecisos que no brindaban la
certeza suficiente para condenar. Así, concluyó que “el material probatorio que pesa en contra
de los acusados (…) Y RUBÉN DARÍO DÍAZ GUZMÁN, se considera que no es suficiente, a la
luz de las exigencias contenidas en el inciso 2° del artículo 232 de la Ley 600 de 2000, para
proferir sentencia condenatoria en su contra”.

29. La Sala observa que, en el proceso penal no se demostró que Rubén Díaz concertara con
otras personas la comisión de conductas delictivas, por lo que, en aplicación del principio de in
dubio pro reo, fue exonerado de responsabilidad penal. Lo anterior significa que el Estado nunca
desvirtuó la presunción de inocencia del procesado. Por lo tanto, la Sala declarará la
responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad del demandante, al encontrar
que le ocasionó un daño particular y grave que se tornó antijurídico por la imposibilidad que
surgió dentro del proceso de justificar definitivamente la restricción de su derecho a la libertad.

4.1.3. Como se ve, la autoridad judicial demandada consideró que si bien no fue
aportada la copia de la providencia que decretó la privación de la libertad del señor
Rubén Darío Díaz Guzmán, lo cierto es que existe una «alta probabilidad de que haya
ocurrido un daño especial». En ese contexto, procedió a estudiar la sentencia
absolutoria del 12 de septiembre de 2005, dictada por la Sala Penal del Tribunal
Superior de Bogotá, y advirtió que no había suficientes elementos para dictar sentencia
condenatoria. Así concluyó que las actuaciones de la Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación causaron un daño grave y antijurídico, «por la imposibilidad que
surgió dentro del proceso de justificar definitivamente la restricción de su derecho a la
libertad».

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4.1.4. En definitiva, la Sala entiende que el régimen de responsabilidad por daño
especial fue aplicado porque no era posible verificar la justificación de la medida de
aseguramiento privativa de la libertad.

5. Respuesta al problema jurídico planteado

5.1. A juicio de la Sala, es evidente el desconocimiento de las reglas de interpretación
fijadas en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional. Veamos.

5.1.1. La autoridad judicial demandada ni siquiera puso de presente la existencia de
las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018, que fijaron reglas de interpretación
sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad. En la parte
considerativa no se advierte ninguna referencia a las sub reglas fijadas por la Corte
Constitucional en dichas providencias.

5.1.2. Contra lo exigido en las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, la
sentencia cuestionada no hace un análisis de proporcionalidad, razonabilidad,
necesidad y legalidad de la medida de aseguramiento. La sentencia cuestionada se
limita a aplicar el régimen objetivo de daño especial, pero no hace un análisis sobre la
justificación de la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

5.1.3. A juicio de la Sala, el caso debió analizarse, primero, desde la perspectiva del
régimen de falla en el servicio, pues no se dieron las condiciones para aplicar un
régimen de responsabilidad objetivo, como el daño especial. Las reglas de
interpretación fijadas por la Corte Constitucional limitan la aplicación del régimen
objetivo a los casos en que no existe tipicidad objetiva o cuando el hecho punible no
existió, cosas que no ocurren en este caso. Al respecto, la sentencia SU-072 de 2018
señala lo siguiente:

Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de
Estado –el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica- es posible predicar que
la decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego,
para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido
de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos.

En efecto, estando en ciernes la investigación, el ente acusador debe tener claro que el hecho sí
se presentó y que puede ser objetivamente típico, luego, en este tipo de casos el juez
administrativo puede ser laxo desde el punto de vista probatorio y valorativo, en tanto en estas
circunstancias es evidente que la Fiscalía, hoy los jueces, disponen de las herramientas
necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos y, en tal virtud, deberá ser la
administración la que acredite que fueron causas ajenas e irresistibles a su gestión, las que
propiciaron la imposición de la medida.

Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato investigativo para establecer
si fenomenológicamente hubo una alteración de interés jurídico penal. No puede, entonces, el
juez o el fiscal imponer una medida privativa de la libertad mientras constata esta información,
dado que esta debe estar clara desde los albores de la investigación. No en vano las diferentes
normativas procesales han elaborado un esquema del cual hace parte una fase de indagación
encaminada, entre otros propósitos, a establecer justamente si se presentó un hecho con
trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender a la categoría de conducta punible.

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El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende solo de un
criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la conducta que se predica
punible y las normas que la tipificarían; de esa manera, muy pronto debe establecer el Fiscal o
el juez si la conducta encaja en alguna de las descripciones típicas contenidas en el catálogo
punitivo.

Lo anterior implica que en las demás eventualidades que pueden presentarse en un juicio de
carácter penal, no pueda asegurarse, con la firmeza que exige un sistema de responsabilidad
estatal objetivo, que la responsabilidad del Estado es palmaria y que bastaría con revisar la
conducta de la víctima.

5.1.4. La Sala resalta que, en este caso, el análisis exigido por las sentencias de la
Corte Constitucional es frente a la providencia que decreta la medida de
aseguramiento y no frente a la sentencia que finalizó el proceso penal y absolvió al
señor Díaz Guzmán. En definitiva, la privación de la libertad del señor Díaz Guzmán
fue consecuencia de la providencia de la medida de aseguramiento y es para ese
momento que debe verificarse la razonabilidad de la medida privativa de la libertad.

5.2. Siendo así, queda resuelto el problema jurídico: la sentencia del 5 de marzo de
2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, desconoció
las reglas de interpretación fijadas en las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018,
proferidas por la Corte Constitucional. Por consiguiente, serán amparados los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, se dejará sin efecto la sentencia cuestionada y se ordenará
a la autoridad judicial demandada que, en el término de 20 días, dicte sentencia de
reemplazo, en la que tendrá en cuenta las falencias identificadas en precedencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

2. Dejar sin efecto la sentencia del 5 de marzo de 2021, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B.

3. Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que, en el
término de 20 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, dicte
sentencia de reemplazo, en la que deberá tener en cuenta las inconsistencias
identificadas en la parte considerativa de la presente sentencia.

4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

5. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

6. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Magistrado

Paola Joana Espinosa Jiménez

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