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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07383-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07383-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: RECONOCER a los señores Odilia Rincón Pinzón, quien actuó en nombre propio y en representación de Daniel Fernando Suárez Rico, Vianed Suárez Valero, Elvia Suárez Valero, Judith Suárez Valero, Uber Suárez Valero y Miguel Suárez Valero como coadyuvantes de la parte actora SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de enero de 2022, a través de la cual la Sección Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, NEGÓ 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Yessica Alejandra Suárez Callejas Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima Radicado: 11001-03-15-000-2021-07383-01 el amparo de la señora Yessica Alejandra Suárez Callejas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07383-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

12 de mayo de 2022

Demandante: Yessica Alejandra Suárez Callejas
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07383-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07383-01
Demandante: YESSICA ALEJANDRA SUÁREZ CALLEJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico - privación
injusta de la libertad1.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora contra
la sentencia del 20 de enero de 2022, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, por medio de la cual negó el amparo de los
derechos fundamentales deprecados.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito enviado el 2 de noviembre de 20212 al buzón web de la
Secretaría General de esta Corporación, la señora Yessica Alejandra Suárez
Callejas, actuando a nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Tolima con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a
la igualdad.

2. La señora Yessica Alejandra Suárez Callejas consideró vulneradas las
referidas garantías constitucionales con ocasión de la providencia del 22 de
abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la
cual revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué el 11 de enero de 2019, que había
accedido parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada en el
ejercicio del medio de control de reparación directa, promovido por la
accionante y otros contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama

1 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00136-00; Sentencia 13.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04159-01; Sentencia del 13.02.20, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00145-00; Sentencia 30.01.20, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-
000-2019-02962-01; Sentencia 30.01.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05121-00.
2 El expediente pasó al despacho el 3 de noviembre de 2021.

1

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Demandante: Yessica Alejandra Suárez Callejas
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Radicado: 11001-03-15-000-2021-07383-01

Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, identificado con el N.º
de radicado 73001-33- 33-006-2013-00761-01.

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“(…)

2.2. Ordenar que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia del 22 de
abril de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, ordenándole
que emita nueva decisión, decretando la responsabilidad de la demandada
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN en la producción del daño y consecuente
pago de perjuicios, conforme a lo probado en el proceso.” (sic a toda la cita)3

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Dagoberto Suárez Valero fue capturado el 8 de enero de 2006 y
permaneció privado de la libertad en establecimiento penitenciario, hasta el 2 de
julio de 2008, con ocasión de la decisión del Juzgado Segundo Penal del
Circuito Judicial de Ibagué del 27 de junio de 2008 que lo absolvió y libró orden
de libertad inmediata en aplicación del principio “in dubio pro reo”, dicha
decisión fue confirmada en segunda instancia el 24 de febrero de 2011 por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué- Sala Penal.

5. La parte accionante4 presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de obtener la
reparación de los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad que le
fue impuesta al señor Dagoberto Suárez Valero por la presunta comisión del
delito de hurto de reses, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

6. Conoció de la demanda de reparación directa, en primera instancia, el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué. Este despacho
judicial dictó sentencia el 11 de enero de 2019, en la que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, por cuanto estimó que:

“En el caso bajo estudio, el daño antijuridico se encuentra debidamente
acreditado, esto es, la privación injusta de la libertad del señor Dagoberto
Suarez Valero, y la imputación del mismo le es atribuible al Estado, en atención
a la orden de captura emitida el 08 de febrero de 2006 por la Fiscalía Segunda
Especializada de Ibagué, cuando tal privación no era una carga que debía
soportar el perjudicado, por cuanto que a este no se le demostró
fehacientemente que cometió los delitos que se le imputaba, pues en razón a
ello el juez dio aplicabilidad al principio constitucional de in dubio pro reo,
conforme a lo sostenido en la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado

3 Folio 10 de la demanda de tutela. Índice 1 del aplicativo SAMAI.
4 Dagoberto Suárez Valero (víctima directa), Odilia Rico Pinzón (esposa), actuando en nombre

propio y representación de Daniel Fernando Suárez Rico (hijo menor), Aldemar Suárez Callejas
y Yessica Alejandra Suárez Callejas (hijos de la víctima); los señores Luz Stella Suárez Valero,
Vianed Suárez Valero, Elvia Suárez Valero, Judith Suárez Valero, Elsa Suárez Valero, Uber
Suárez Valero y Miguel Suárez Valero (hermanos de la víctima); actuando a nombre propio
interpusieron la demanda de reparación directa.
2

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Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué, donde fueron
desestimados los cargos elevados por el ente investigador y, posteriormente
confirmada en sede de apelación por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Ibagué – Sala de Decisión Penal. (…)” (sic para toda la cita)

7. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso apelación, y
conoció del recurso el Tribunal Administrativo del Tolima, que, por medio del
fallo de 22 de abril de 2021 revocó la sentencia apelada, y en su lugar, negó las
pretensiones, en tanto consideró que:

“Bajo esta premisa, concluye la Corporación que las decisiones adoptadas por
la Fiscalía General de la Nación, estuvieron sustentadas sobre los principios
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, criterios que deben
ser revisados tal y como lo dijo el reciente pronunciamiento nuestro Máximo
Órgano de cierre, en virtud a que para ese momento procesal fueron aportados
elementos de juicio que gozaban de credibilidad para la imposición de la
medida de aseguramiento intramural, puesto que se podía inferir
razonablemente que el demandante estaba implicado en los hechos materia de
investigación penal .”

8. La sentencia de segunda instancia se notificó personalmente el 29 de abril de
2021 a las partes.

1.3. Fundamentos de la solicitud

9. La parte demandante aseguró que el Tribunal Administrativo del Tolima
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad al proferir la providencia atacada por
cuanto incurrió en un defecto fáctico por las razones que se exponen a
continuación:

10. Señaló que la autoridad judicial accionada hizo una indebida valoración
probatoria, porque sin ninguna justificación y en contra de las pruebas que se
arrimaron a la actuación, que demostraban la ausencia de culpa del señor
Dagoberto Suárez Valero en la producción del daño, no se ordenó su
indemnización.

11. Agregó que la investigación penal se inició a partir de un informe de policía,
el cual consideró que no pasó de ser una aseveración, por cuanto no existió
prueba alguna en el proceso que permitiera inferir que el señor Suárez Valero
tuvo participación en los delitos endilgados; así mismo, se concluyó que, su
actividad como conductor no podía conducir a un juicio de reproche.

12. Argumentó que de las sentencias proferidas en el proceso penal se
concluyó que el sindicado, fue privado injustamente de la libertad con un
informe policial sin soporte probatorio, por lo que se debía hacer un análisis
juicioso y no coartar la libertad de una persona, pues de haber estudiado el
informe anotado, el mismo indicaba que el señor Suárez Valero prestaba un
servicio de transporte de bovinos, mas no, que dichos animales fueran
hurtados.

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1.4. Trámite de la acción de tutela

13. Mediante auto del 8 de noviembre de 20215, se admitió la acción de tutela y
se dispuso su notificación el 25 de noviembre de la misma anualidad a la parte
actora, así como a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, como
autoridad judicial accionada.

14. Así mismo, se vinculó en calidad de terceros con interés jurídico legítimo a
la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a
la Fiscalía General de la Nación, que fungieron como demandados en el
proceso de reparación directa.

15. Encontrándose el expediente en estado de proferir el fallo de segunda
instancia, se observa que en el trámite de primera instancia constitucional el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no vinculo a todos los
demandantes del proceso ordinario en el auto admisorio de la demanda.

16. En tal sentido, mediante auto de 5 de mayo de 2022 se hizo necesario
vincular en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso a los
señores Dagoberto Suárez Valero, Odilia Rincón Pinzón, quien actuó en
nombre propio y en representación de Daniel Fernando Suárez Rico, Aldemar
Suárez Callejas, Luz Stella Suárez Valero, Vianed Suárez Valero, Elvia Suárez
Valero, Judith Suárez Valero, Elsa Suárez Valero, Uber Suárez Valero y Miguel
Suárez Valero para que se pronunciaran sobre lo que consideraran pertinente.

1.5. Intervenciones

17. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital del expediente6, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.5.1. Tribunal Administrativo del Tolima

18. Con escrito remitido el 30 de noviembre de 2021 al buzón web de la
Secretaría General de la Corporación, el magistrado ponente solicitó negar el
amparo deprecado por considerar que no se violaron los derechos
fundamentales de la accionante.

19. Señaló que dentro de los pronunciamientos recientes del Consejo de Estado
acerca de la privación injusta de la libertad, han sido concordantes con los
argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación
SU-072 del 05 de julio de 2018, dentro de la cual se precisó que en materia de
reparación directa no se debía adoptar de manera rigurosa un solo título de
imputación.

20. Advirtió que, en determinados eventos, entre los cuales se hace referencia a
la absolución en aplicación del principio in dubio pro-reo, y a aquellos en los
cuales se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen

5 Índice 4 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
6 De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,

Índice 7, Oficio No. 121390, 121391, 121392, 121393, 121394 y 121395 del 25 de noviembre de
2021.
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de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la
privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o
arbitraria, vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es
la sentencia C-037 de 1996.

21. Adujo que dentro de las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía
General de la Nación se recepcionaron entrevistas de personas que
reconocieron al señor Suárez Valero, así como las placas del vehículo que
conducía y que permitieron evidenciar su participación en dos viajes de
transporte de ganado hurtado, en uno de los cuales se demostró que
presentaron unas guías de movilización presuntamente falsas.

1.5.2. Fiscalía General de la Nación

22. Por medio de correo electrónico enviado el 30 de noviembre de 2021, la
entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que no se
vulneraron los derechos fundamentales de la actora.

23. Explicó que en el presente asunto se observa que el Tribunal Administrativo
del Tolima al proferir el fallo de fecha 22 de abril de 2021, respetó cada una de
las garantías de la accionante, en consecuencia, encontró que en el caso
examinado no hay una violación del derecho fundamental al debido proceso.

24. Agregó que no se evidencia que la decisión del juez dentro del proceso de
reparación directa, sea arbitraria o irracional, por el contrario, se ajusta a
derecho, el análisis probatorio fue razonado y coherente bajo las reglas de la
sana crítica y sus argumentos hacen parte de la independencia y autonomía
con la cual cuentan los jueces al momento de dictar sentencia, motivo por el
cual, el accionado respetó las reglas jurisprudenciales plasmadas en la
sentencia SU-072 de 2018.

1.5.3. Señores Odilia Rincón Pinzón, quien actuó en nombre propio y en
representación de Daniel Fernando Suárez Rico, Vianed Suárez Valero,
Elvia Suárez Valero, Judith Suárez Valero, Uber Suárez Valero y Miguel
Suárez Valero

25. Con escrito presentado el 12 de mayo de 2022 mediante correo electrónico,
los señores Odilia Rincón Pinzón, quien actuó en nombre propio y en
representación de Daniel Fernando Suárez Rico, Vianed Suárez Valero, Elvia
Suárez Valero, Judith Suárez Valero, Uber Suárez Valero y Miguel Suárez
Valero solicitaron se les reconozca la calidad de coadyuvantes de la parte
actora en la acción de tutela objeto de controversia.

26. A pesar de que la la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fue
debidamente notificada, guardó silencio.

1.6. Sentencia de primera instancia

27. En providencia del 20 de enero de 20227, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A negó las pretensiones de la demanda en la acción de

7 Notificada el 4 de febrero de 2022.

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tutela por considerar que el Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia
reprochada no incurrió en el defecto alegado.

28. Como fundamento de su decisión, argumentó que la sentencia de 22 de
abril de 2021 se basó en la norma vigente para analizar la estructuración de la
responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad,
en la cual se asume necesario demostrar la antijuridicidad del daño, y en este
orden, aun cuando se aplique el régimen objetivo, de la sola verificación de la
privación no es deducible la responsabilidad indemnizatoria del Estado.

29. De igual manera expresó:

“En ese contexto, el análisis de la proporcionalidad de la medida de
aseguramiento se basó en que las autoridades presumían que estaban
ante la presencia de la comisión de un delito grave, siendo imposible para
la Fiscalía determinar en ese momento la responsabilidad, sino que se
basaron en los indicios que lo relacionaban con un actuar delictivo tipificado
en el derecho penal.”

1.7. Impugnación

30. Con escrito enviado por correo electrónico el 4 de febrero de 2022, la
parte actora impugnó la decisión del 20 de enero de 2022 la cual fue
notificada ese mismo día.

31. La parte demandante insistió en los alegatos de su escrito inicial de
tutela, además, solicitó que se revocara el fallo de primera instancia, pues
sostuvo que el señor Dagoberto Suárez Valero fue exonerado de toda
responsabilidad, por lo que fue una medida desproporcionada que haya sido
privado de la libertad por más de dos años, entre el 28 de enero de 2006 y el 27
de junio de 2008, o lo que se traduce a dos años, cuatro meses y cuatro días.

32. Agregó que en el expediente reposa la declaración del señor José Abel
Jiménez Rodríguez, comerciante de madera que aseguró conocer al señor
Dagoberto y que para los días en que se desarrollaba la investigación, el
sindicado se encontraba trabajando con él fuera del Tolima; así mismo, señaló
que en indagatorias rendidas por el demandante ante la fiscalía, se avizora que,
su declaración parecía de una persona ajena a los hechos que se investigaban.

33. Teniendo en cuenta lo anterior, destacó que frente a estos indicios, por un
lado, se encuentra que es la misma Fiscalía quien desde sus inicios no tuvo
claro los delitos a investigar y a quién endilgárselos, pues en su momento dicha
entidad señaló sobre el señor Suárez Valero que “no existe claridad sobre su
participación” y aún con la mencionada duda el 8 de enero de 2006 resolvió
decretar medida de aseguramiento intramural en contra de él.

34. Adujo que no se explica como ante la ausencia de pruebas que
comprometieran la responsabilidad penal del señor Suárez lo privaron de su
libertad, dado que, jamás se le encontró un arma en su poder para que le
endilgaran entre otros, el delito de porte ilegal de armas y tampoco se le
sorprendió ejecutando, planeando o participando de algún ilícito. De manera
que se desconoció el artículo 29 de la Constitución, que enuncia que debe
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conocerse las conductas punibles por los cuales debe defenderse el imputado,
para ejercer efectivamente su derecho de defensa.

35. Por último, señaló que:

“…tal como se advirtió en la sentencia penal absolutoria: (i) los medios de
convicción valorados por la Fiscalía para imponer la medida de
aseguramiento no permitían inferir que DAGOBERTO SUAREZ tuviera
conocimiento de que el ganado fuese hurtado y/o que las guías descritas
en los fallos fueran falsas; (ii) existían muchas contradicciones,
inconsistencias y carencia de información que no permitían darle
credibilidad al informe de policía reportado, pues no presentan ninguna
relación de cara con los hechos investigados para con DAGOBERTO
SUAREZ, y (iii) los denunciantes y declarantes, no tenían peso probatorio
en lo que DAGOBERTO refiere, debido a que no existe en el cartulario,
señalamientos puntuales y concretos que permitieran inferir la
responsabilidad de DAGOBERTO SUAREZ en la comisión del delito que se
les imputó para proferir la medida de aseguramiento en su contra.” (sic para
toda la cita)

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

36. Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación
presentada por la parte demandante, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

37. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, de modo que le corresponde conocer al Consejo de
Estado como máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
por ser su superior funcional.

2.2. Cuestión previa

2.2.1. Coadyuvancia presentada por los señores Odilia Rincón Pinzón,
quien actuó en nombre propio y en representación de Daniel Fernando
Suárez Rico, Vianed Suárez Valero, Elvia Suárez Valero, Judith Suárez
Valero, Uber Suárez Valero y Miguel Suárez Valero.

2.2.1.1. Procedencia de la coadyuvancia en acciones de tutela

38. La figura jurídica de la coadyuvancia en la acción de tutela está
expresamente consagrada en el inciso 2º del artículo 13 del Decreto Ley 2591
de 1991, el cual señala que “Quien tuviere un interés legítimo en el resultado
del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o
autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

39. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha destacado que “(…) la
coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con
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interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste
pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante (…)”8

40. También ha precisado que el coadyuvante es un tercero que tiene con una
de las partes una relación sustancial y que, por ello, indirectamente, puede
verse afectado si la parte a la que coadyuva obtiene un fallo desfavorable.9

41. En consecuencia, en la acción de tutela los terceros que solicitan la
vinculación al proceso deben acreditar un interés legítimo que depende de si el
resultado de la actuación puede afectarlos por la existencia de una relación
sustancial con las partes del proceso o porque también son titulares de los
derechos fundamentales que subyacen a la petición de amparo constitucional.

42. Esta Corporación ha considerado igualmente que la vinculación de terceros
a la acción de tutela, incluidos aquellos que se presentan como coadyuvantes
exige un único requisito “demostrar un interés legítimo en el resultado del proceso.”10

2.2.1.2 Examen del interés legítimo de quienes solicitan ser reconocidas
como coadyuvantes

43. En consideración a que los señores Odilia Rincón Pinzón, quien actuó en
nombre propio y en representación de Daniel Fernando Suárez Rico, Vianed
Suárez Valero, Elvia Suárez Valero, Judith Suárez Valero, Uber Suárez Valero y
Miguel Suárez Valero en su condición de parientes de los señores Yessica
Suárez Callejas y Dagoberto Suárez Valero actuaron como demandantes en el
proceso de reparación directa en el que se dictó la sentencia censurada, les
asiste un interés directo, siendo igualmente titulares de los derechos
fundamentales invocados, la Sala las tendrá como coadyuvantes.

2.3. Legitimación en la causa

44. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.

45. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí mismo o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.

46. Desde el proferimiento por parte de la Corte Constitucional de la sentencia
T-416 de 199711, se estableció que la legitimación en la causa por activa
8 Corte Constitucional, Sentencia T-070 del 1.03.2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
9 Corte Constitucional, Sentencia T-1062 del 16.12.2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo. Reitera posición contenida en la sentencia T-304 de 1996.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección

“B”, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad.: 25000-23-41-000-2014-01380-01(AC).
8

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Demandante: Yessica Alejandra Suárez Callejas
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constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se
analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se
discute en el proceso de tutela.

47. En la sentencia T-086 de 201012, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un
derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo anterior no se
opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda lograrse a través de
representante legal, apoderado judicial o aun de agente oficioso”.

48. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 201113, indicó que la
legitimación en la causa por activa constituye una garantía de que la persona
que ejerce la acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del
amparo que se solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el
fallador pueda establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del
demandante”.

49. En la sentencia T-435 de 201614, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales
reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 201615, en la que,
adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las
partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto
procesal de la demanda.16

50. Con fundamento en el marco conceptual expuesto17, la Sala advierte que la
señora Yessica Alejandra Suárez Callejas es la titular de los derechos
fundamentales que reclama, en consideración a que fue una de las
demandantes en el proceso de reparación directa en el que se dictó la
providencia cuestionada.

51. En consecuencia, la parte actora goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio de los

11 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-416 del 28.08.97., M.P. Antonio

Barrera Carbonell.
12 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-083 del 15.02.10., M.P. Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión, Sentencia T-176 del 14.03.11., M.P. Jorge

Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-435 del 12.08.16., M.P. Gloria

Stella Ortiz Delgado
15 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-454 del 25.08.16., M.P. Gloria Stella Ortiz

Delgado.
16 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 del

08.08.17., M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Así mismo, Corte Constitucional, Sala Tercera de
Revisión, Sentencia T-318 del 19.09.18., M.P. Luis Guillermo Guerrero López, en la cual se
señaló: “En el marco de los procesos de amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado,
el juez constitucional debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela, que al tenor del artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de
1991, se sintetizan en: (i) la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva; (ii) la
instauración del recurso de protección de manera oportuna (inmediatez); y (iii) el agotamiento
de los mecanismos judiciales existentes, salvo que tales vías no sean eficaces o idóneas, o en
su defecto se configure la ocurrencia de un perjuicio irremediable (subsidiariedad)”. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
17 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección

Quinta, ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las
acciones de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia del 27.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.
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requisitos de procedibilidad y del núcleo esencial de los derechos
presuntamente vulnerados.

52. En relación con la autoridad judicial accionada, se advierte que la demanda
se dirigió contra el Tribunal Administrativo del Tolima que profirió la sentencia
que, a juicio de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales, por lo que
se encuentra legitimado por pasiva.

2.4. Problema jurídico

53. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte accionante, el
defecto formulado, el material probatorio recaudado y los informes presentados,
los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la
acción de tutela contra providencia judicial?

54. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

¿El Tribunal Administrativo del Tolima vulneró los derechos
fundamentales invocados por la señora Yessica Alejandra Suárez
Callejas al incurrir en un defecto fáctico al proferir la sentencia del 22 de
abril de 2021, mediante la cual se revocó el fallo de primera instancia que
había accedido parcialmente a las pretensiones de la parte actora, en el
medio de control de reparación directa que adelantó la tutelante y otros
contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial?

55. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto.

2.5. Razones jurídicas de la decisión

2.5.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

56. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
201218 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la
acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema19 y declaró su procedencia.20

57. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)

18 Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica.
Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
19 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñado.
20 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta
providencia.”
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relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez y vi) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

58. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

59. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.2.1. Relevancia constitucional21

60. En el presente caso, la Sala entiende superado este requisito, por cuanto al
realizar el test de procedibilidad de la acción en relación con los supuestos
fácticos de la demanda y las pretensiones, se advierte que la parte actora
solicita, entre otros, la garantía de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia e igualdad, que consideró
vulnerados con la sentencia que revocó y en su lugar, negó las pretensiones, en
el proceso de reparación directa por privación injusta de la libertad22.
61. En el presente caso se alegó la vulneración del derecho al debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, lo que implica que la
misma trascienda el ámbito meramente legal. Igualmente, solicitó la protección
del derecho de acceso a la administración de justicia e igualdad, consagrado en
el artículo 13 de la Constitución.

21 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-
2020-00004-00; Sentencia del 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia del
20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia del 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-
000-2020-00137-00; Sentencia del 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia
del 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-
15-000-2019-05121-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00;
Sentencia del 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-04833-00.
22 Según lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución, la finalidad de la acción de tutela es

conjurar aquellas situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre en graves
falencias, de relevancia constitucional, que conllevan una decisión incompatible con la
Constitución (Sentencia T-817 de 2012 de la Corte Constitucional). Por tal razón, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los requisitos genéricos de procedibilidad
de la acción de tutela en contra de providencias judiciales es que el asunto tenga evidente
relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la protección de derechos fundamentales
(Sentencia SU-573 de 2017, reiterando las consideraciones expuestas en la C-590 de 2005)
esto se refiere a que , “involucre garantías superiores y no sea de competencia exclusiva del
juez ordinario”(Sentencia SU-050 de 2018).
11

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62. Así las cosas, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que
el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de
indefensión, de tal manera que al existir la eventualidad de que no haya
obtenido la protección de sus derechos ante el juez contencioso administrativo,
natural de la causa ordinaria, quien tenía la obligación de constituirse en
garante de los derechos fundamentales asumiendo el rol de juez de
constitucionalidad y/o de convencionalidad, puede comparecer al juez de tutela,
quien deberá analizar el caso a la luz de los postulados del Estado Social de
Derecho.

63. La conclusión anterior deviene de la consideración de que el asunto es de
relevancia constitucional cuando resulta necesario verificar si subsiste la
violación o amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado
el procedimiento judicial establecido por la ley para su protección.

64. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la
acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para
su aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance
de los derechos fundamentales y libertades públicas.23

2.5.2.2. Tutela contra tutela24

65. La Sala observa que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al
juicio de procedibilidad, toda vez que, frente al primero de estos aspectos, no
se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la
sentencia cuestionada corresponde a un proceso de reparación directa
adelantado por la actora y otros contra la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación25.

23 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate: sentencia del

27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00004-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-05258-00; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05291-00;
sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00137-00; sentencia del 13.02.2020,
Exp. 11001-03-15-000-2019-05354-00; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; sentencia del 30.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05121-00; sentencia del
30.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-05167-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-
15-000-2019-04664-00; sentencia del 23.01.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
24 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, Sentencia del 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad.
11001-03-15-000-2020-00014-00; Sentencia del 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia del 20.02.20., M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia del 20.02.20., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia del 13.02.20., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia del 13.02.20., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia del 06.02.20, M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
25 En igual sentido, se encuentran las siguientes: Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia

del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00014-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez; sentencia del 27.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00400-00, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00092-00, M.P. Luis
Alberto Álvarez Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00179-00, M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-00141-
00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; sentencia del 20.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-
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2.5.2.3. Subsidiariedad26

66. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que la sentencia fue dictada en segunda
instancia, sin que contra tal decisión procedan recursos ordinarios adicionales,
poniendo así fin al proceso.

67. En consecuencia, la Sala tendrá por superado el requisito de subsidiariedad
en relación con la providencia censurada, al no ser posible interponer otros
recursos ordinarios ni extraordinarios, estos últimos en consideración a que los
argumentos expuestos no están consagrados como causales de revisión ni de
unificación de jurisprudencia, por lo que no son procedentes ni idóneos en el
caso concreto.

2.5.2.4. Inmediatez27

68. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, porque la parte actora considera vulnerados sus derechos con
ocasión de la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 22
de abril de 2021, la cual fue notificada de manera personal el 29 del mismo mes
y año a las partes e intervinientes por lo que cobró ejecutoria el 4 de mayo del
mismo año.

69. Por su parte, el escrito de tutela se radicó el 2 de noviembre de 2021, de tal
manera que se presentó en un plazo inferior a seis (6) meses, el cual se
considera razonable de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y la posición unificada del Consejo de Estado.

2.5.3. Generalidades del defecto fáctico

70. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015,28 precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un

04788-01, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-
00137-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 13.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2020-
00037-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-
05346-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 6.02.2020, Exp. 11001-03-15-000-2019-
05202-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
26 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-
2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del
30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del
06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-05153-00; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia
del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad. 11001-
03-15-000-2019-04788-01.
27 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-
2019-04664-00; Sentencia del 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del
30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05121-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia
del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-
15-000-2019-05346-00; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01;
Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-04788-01.
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defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en
la presente decisión:

71. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen, entre otras, las siguientes
características:

Evento Características
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan
probatorio decisivos frente a los hechos que se pretenden
determinante probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
para identificar la ordinario. En este punto, se requiere que de forma
veracidad de los específica, se concrete en el escrito de amparo,
hechos alegados cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
por las partes fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que:

a) Se identifiquen los elementos de prueba no
valorados por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en
forma legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran
relevantes para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
irracional o crítica, la apreciación efectuada por el fallador,
arbitraria de las resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
pruebas por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
aportadas alterado.

Se requiere entonces que:

a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas
fueron objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del porqué, en cada caso en particular,
la consideración del operador judicial se aleja de
las reglas de la lógica, la experiencia y la sana
crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta
de vital importancia, pues es claro que un
sencillo desacuerdo en relación con la conclusión
a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna
manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria

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del juez natural.

c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
con fundamento decide el asunto con base en pruebas que no
en pruebas observaron los requisitos legales para su producción o
obtenidas con introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
violación del ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación,
debido proceso pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el
problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una
prueba que desconoce el debido proceso de las
partes.

Para su configuración corresponde señalar:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.

72. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

73. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela
contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el
ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la
seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la
Constitución Política.

74. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen
entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una
misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera
confusión al fallador.

2.6. Análisis del caso concreto

75. De la lectura del escrito inicial de la tutela se advierte que la parte actora
alega un defecto fáctico, por considerar que la autoridad judicial accionada no
tuvo el apoyo probatorio suficiente para aplicar el supuesto legal en el cual
sustentó su decisión, pues i) se dio inicio a la investigación penal a partir de un
informe de policía, el cual no pasó de ser una aseveración, por cuanto no existió
prueba alguna en el proceso que permitiera inferir que el señor Suárez Valero
tuvo participación en los delitos endilgados y ii) existió un análisis inadecuado
de las sentencias dictadas en el proceso penal porque de las mismas se puede
concluir que el sindicado fue privado injustamente de la libertad, pues de

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haberse estudiado el informe anotado, el mismo indicaba que el señor prestaba
un servicio de transporte de bovinos, mas no que dichos animales fueran
hurtados.

76. Desde ese panorama, la Sala indica que el defecto planteado se analizará
respecto de la sentencia de 22 de abril de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima en segunda instancia dentro del medio de control de
reparación directa. En la citada decisión la autoridad judicial enjuiciada realizó
un estudio de los elementos materiales probatorios que sustentaron la medida
preventiva de reclusión en establecimiento carcelario impuesta al señor
Dagoberto Suarez Valero, por lo que estableció:

“En este orden de ideas, valorado en su conjunto los elementos materiales
probatorios obrantes en el expediente, se advierte lo siguiente:

La investigación penal adelantada en contra del hoy accionante y otras
personas, tuvo su génesis con motivo de la investigación de una presunta
organización criminal dedicada al hurto de semovientes, liderada por
Otoniel Torres Palacios, la que al parecer ejecutó varios hechos desde el
mes de septiembre de 2005, alzándose con numerosos y cuantiosos
semovientes, para lo cual ingresaban mas de siete hombres, retenían a los
moradores de las haciendas y posteriormente aprovisionados de camiones
movilizaban las reses.

Dentro de los hechos señalados en el escrito de la resolución de acusación
presentada por la Fiscalía, y específicamente en lo que respecta al señor
Suarez Valero, se indicó que conducía uno de los vehículos que la
organización delictiva utilizaba para el transporte del producto hurtado,
manifestando, que se basaban en las diligencias adelantadas por la SIJIN,
que permitían advertir a esa entidad, que con relación a uno de los hurtos
ocurridos el 07 de noviembre de 2005, en la Finca Granates y de acuerdo a
lo manifestado por una fuente, que uno de los vehículos utilizados fue el
vehículo de placas WZC381 conducido por DAGOBERTO SUAREZ
VALERO, el cual ingresó a la planta de beneficio de Facatativá, conforme
se demostró en la inspección realizada al libro de control de vehículos y
ganado.

Igualmente, señalan que se vio involucrado en las diligencias adelantadas
por la SIJIN en SOPO y Gacheta, en la cual se hicieron revelaciones claras
frente a la presencia de los vehículos comprometidos, resultado de unas
declaraciones de personas que compraron dichas cabezas de ganado
hurtadas. (…) ” (sic para toda la cita)

77. De lo anterior, se advierte que la judicatura accionada con el fin de verificar
si el actuar de las entidades demandadas fue arbitrario al momento de dictar la
medida de aseguramiento analizó las pruebas y actuaciones del proceso penal.
Es así como, el Tribunal determinó según el material obrante en el mencionado
expediente punitivo que, a través de una inspección realizada al libro de control
de automotores y de las declaraciones rendidas por las personas que
compraron cabezas de ganado robado, uno de los vehículos comprometidos en
los hechos era el conducido por el señor Dagoberto Suárez Valero.

78. De igual manera, específicamente frente al argumento presentado por la
accionante relacionado con de que el inicio de la investigación se dio a partir de
un informe de policía que no tenía fundamento probatorio alguno que permitiera
inferir la efectiva participación del señor Suárez Valero en los delitos
endilgados, el Tribunal indicó lo siguiente:
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“Ahora bien, sobre el escrito de resolución de situación jurídica, los
siguientes medios de prueba:

• A folios 126 a 129, obra informe adiado enero 25 de 2006, por medio del
cual la SIJIN comunicó que la fuente humana que les esta ayudando en
el esclarecimiento de los hechos, colaboró en la identificación de
DAGOBERTO SUAREZ VALERO.

• A folios 244 a 257, obra informe 063 adiado enero 31 de 2006, por medio
del cual la SIJIN informa acerca del hurto ocurrido en noviembre de
2005 en la Finca Granate, en el cual la fuente señaló que las placas de
los vehículos utilizados, entre los cuales mencionó al vehículo de placas
WZC 381 piloteado por DAGOBERTO SUAREZ VALERO, y que
ingresaron a la planta de beneficio de Facatativa conforme se
demuestra en la inspección adelantada realizada al libro de control de
vehículos y ganado, determinándose que las guías de movilización de
ganado No. 1132902 y 1132903, adiados el 07 de noviembre de 2005,
no presentan el número de RUV del ciclo de vacunación.

Mediante sentencia de 27 de junio de 2008 emitida por el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado resolvió absolver al señor Suarez
Valero por los delitos enrostrados en la resolución de acusación y como
consecuencia le concedió la libertad provisional, debiendo pagar una
caución prendaria por valor de un salario mínimo legal mensual vigente y
suscribir diligencia de compromiso. (…)” (sic para toda la cita)

79. Del aparte citado, se evidencia que en los informes de policía catalogados
por la actora como simples aseveraciones, se describió que la fuente de
información de la entidad reconoció al señor Dagoberto Suárez Valero como
uno de los partícipes del delito, así mismo señaló la placa WZC 381, con la que
se identificaba el automotor conducido por el señor Suárez Valero en el lugar de
comisión del delito.

80. Igualmente, según las guías de movilización de ganado No. 113902 y
113903 del 7 de noviembre de 2015, los registros anotados correspondientes a
su vehículo no contaban con el número de RUV29 del ciclo de vacunación, por
lo que son elementos probatorios que en su momento soportaban la medida
impuesta.

81. A partir de ello, concluyó la autoridad judicial accionada que con
independencia del régimen de responsabilidad estatal que utilice el juez
administrativo, la conducta de la víctima es un aspecto que debe valorarse y
que tiene la potencialidad de generar una decisión favorable al Estado, es decir,
que puede conllevar a la declaratoria de ausencia de responsabilidad
administrativa.

82. En ese sentido, el Tribunal al determinar los elementos de responsabilidad
del Estado evidenció que se acreditó la existencia del daño alegado,
consistente en la privación de la libertad del señor Suárez Valero, padre de la
actora, desde el 31 de enero de 2006 hasta el 2 de julio de 2008, esto es, más
de 2 años. Luego, verificó si dicho daño tenía el carácter de antijurídico, aquel
que la víctima no está en el deber jurídico de soportar, de lo cual concluyó que
el actor intervino con su conducta para la producción del hecho dañino.

29 Registros Únicos de Vacunación.

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83. Lo anterior, demuestra que la autoridad judicial accionada, no efectuó un
nuevo análisis como juez penal, sino que se enfocó en determinar si la medida
de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Dagoberto Suárez
Valero se realizó de manera razonable, proporcional y legal, para verificar si las
autoridades demandadas incurrieron en alguna irregularidad que el Estado esté
llamado a reparar, en este sentido señaló lo siguiente:

“En este sentido, estima el Tribunal que atendiendo las circunstancias
propias del presente caso, sí existían serios indicios para endilgar
responsabilidad penal en contra del señor DAGOBERTO SUAREZ
VALERO, al momento en que se decidiera sobre la procedencia de la
imposición de la medida de aseguramiento en Establecimiento Carcelario
(...)
[No puede considerarse dicha decisión] como una actuación grosera y
flagrante quebrantadora de los criterios establecidos en la ley procesal
aplicable al caso concreto, pues por el contrario, se perseguían con ella
objetivos legítimos que no pueden desatenderse de tajo no invalidan la
actuación inicial, ante la duda probatoria que llevo al juzgador, a emitir
sentencia absolutoria para el señor DAGOBERTO SUAREZ VALERO.”

84. En razón a lo expuesto, esta Sala advierte que el Tribunal atacado
evidenció que existían suficientes indicios que sustentaron la imposición de la
medida de aseguramiento ordenada por las autoridades involucradas en el
proceso penal. Aunado a que, en ese momento procesal, la defensa no
presentó pruebas que pudieran desvirtuar lo dicho por la víctima, como tampoco
solicitó una audiencia para el levantamiento de la medida, situación que no
permitió controvertir si era razonable o no.

85. Igualmente, el debate ante el juez ad quem giraba en torno a si la privación
de la libertad fue injusta y atribuible a un actuar negligente de la Fiscalía
General de la Nación y de la Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. De esta manera, el Tribunal indicó:

“(…) al no evidenciarse una conducta negligente o en su defecto,
constitutiva de falla en el servicio, no es posible predicar la existencia de
responsabilidad de las entidades demandadas, pues como se indicó en
apartados anteriores, la carga impuesta al demandante en ningún momento
fue lesiva, injusta o desproporcionada, teniendo en cuenta las varias de las
conductas punibles por las cuales se investigaba, esto es concierto para
delinquir, hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo,
porte ilegal de armas de defensa personal en concurso heterogéneo y
sucesivo, tenían prevista como pena de prisión mínima de 4 años.”

86. Por consiguiente, la autoridad judicial accionada en la sentencia de segunda
instancia planteó como problema jurídico determinar si existía responsabilidad
del Estado por privación injusta de la libertad, circunstancia que no se acreditó,
en atención a que las actuaciones de la parte demandada se ajustaron al
material probatorio, análisis que no fue arbitrario o desproporcionado.

87. La Sala encuentra que el estudio que realizó el juez de la reparación directa
difiere del juicio de responsabilidad penal, por lo que, la imposición de una
medida de aseguramiento no conlleva en forma automática e imperativa a
declarar la responsabilidad del Estado, pues esta consecuencia jurídica
únicamente se aplica en los casos en los que la providencia que la impone
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no cumple con los parámetros de legalidad, necesidad, proporcionalidad y
razonabilidad.

88. Ahora bien, se advierte que la accionante además de reiterar los
argumentos presentados en el escrito inicial de tutela, se refiere en su
impugnación a que la autoridad judicial accionada desestimó el testimonio del
señor José Abel Jiménez Rodríguez, comerciante de madera que aseguró
conocer al señor Dagoberto Suárez y que el sindicado se encontraba
trabajando con él fuera del Tolima para la fecha de ocurrencia de los hechos.

89. Añadió que no se entiende cómo ante la ausencia de pruebas que
comprometieran la responsabilidad del señor Suárez lo privaron de su libertad,
toda vez que jamás se le encontró un arma en su poder para que le endilgaran
el delito de porte ilegal de las mismas y mucho menos que se le sorprendió
ejecutando, planeando o participando de secuestro alguno.

90. Adicionalmente, que el 4 de enero de 2006, la Fiscalía corroboró la
declaración rendida por el señor Suárez, en el sentido de que fue el señor
Gustavo Díaz Cardozo quien realizó la contratación de transporte de ganado
desde Murillo, Tolima a Sopó (Cundinamarca), por lo que, tampoco podía
endilgarle algún delito.

91. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Sala de Decisión advierte que lo
último descrito por la demandante en su escrito de impugnación constituyen
hechos nuevos que no había mencionado en la demanda de tutela, por lo que
frente a estos argumentos no se puede pronunciar la Sala puesto que no
fueron objeto de discusión en primera instancia y al hacerlo se vulnerarían los
derechos de la contraparte, toda vez que no tuvo la oportunidad de
pronunciarse al respecto.

2.7. Conclusión

92. Las anteriores razones son suficientes para considerar que no resulta
procedente la intervención excepcional del juez constitucional de tutela, y se
confirmará la decisión proferida el 20 de enero de 2022 por la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: RECONOCER a los señores Odilia Rincón Pinzón, quien actuó en
nombre propio y en representación de Daniel Fernando Suárez Rico, Vianed
Suárez Valero, Elvia Suárez Valero, Judith Suárez Valero, Uber Suárez Valero y
Miguel Suárez Valero como coadyuvantes de la parte actora

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de enero de 2022, a través de la
cual la Sección Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, NEGÓ

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el amparo de la señora Yessica Alejandra Suárez Callejas, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación
en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

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