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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07388-00

Fecha
17 de enero de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07388-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocados por el señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, en lo atañedero al defecto fáctico y la mora judicial alegada, por las razones expuestas en las consideraciones. 2º. Declárase improcedente la tutela instaurada por el señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, en relación con la causal específica de violación directa de la Constitución Política, conforme a la parte motiva. 3º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07388-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

17 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de enero de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2021-07388-001
Actor : Martín Emilio Muñoz Jiménez
Demandados : Magistrados de las Comisiones Nacional y Seccional de
Bogotá de Disciplina Judicial
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Martín Emilio
Muñoz Jiménez contra los señores magistrados de las Comisiones Nacional y
Seccional de Bogotá de Disciplina Judicial, por la presunta vulneración de sus
derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso
a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor Martín Emilio Muñoz Jiménez,
quien actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de obtener
la protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia,
presuntamente quebrantadas por los señores magistrados de las Comisiones
Nacional y Seccional de Bogotá de Disciplina Judicial.

Como consecuencia de lo anterior, pide se dejen sin efectos los fallos de (i) 28
de febrero de 2019, mediante el cual la entonces Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá lo declaró
disciplinariamente responsable por la comisión de la falta prevista en el
numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 y lo suspendió por doce
(12) meses en el ejercicio de la profesión de abogado (expediente 11001-11-
02-000-2017-01668-00), y (ii) 8 de septiembre de 2021, con el que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó, de manera parcial, el
anterior, para reducir la suspensión a ocho (8) meses; en su lugar, se ordene a
las autoridades accionadas emitir una nueva providencia en la que «se
garanticen sus derechos fundamentales» y se disponga la eliminación de la

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

correspondiente anotación en el Registro Nacional de Abogados.

De manera subsidiaria, depreca que se ordene a los señores magistrados de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial que desaten, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de la respectiva sentencia, el «recurso de
apelación» que interpuso contra el auto2 «que le negó la nulidad», dado que
ha trascurrido un lapso considerable desde su interposición.

1.2 Hechos. Relata el accionante que es abogado y la señora Blanca Inés
Aponte de Medrano presentó queja disciplinaria en su contra3, en razón a que
«en el 2013» le pagó $550.000, con el propósito de que adelantara la sucesión
de su esposo Orlando Antonio Medrano Flórez (q. e. p. d.), pero no surtió
actuación alguna para tal fin.

Que del asunto conoció la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá (expediente 11001-11-02-000-
2017-01668-00), que requirió de la Notaría Cuarenta y Cinco (45) del Círculo
de esa ciudad4 le indicara si había conocido de la sucesión del aludido difunto,
a lo que respondió que allí no reposaba trámite alguno sobre el particular, sin
embargo, en las diligencias disciplinarias él aclaró que no había podido
realizar la tarea encomendada, porque el registro civil de defunción del señor
Medrano Flórez (q. e. p. d.) tenía inconsistencias en sus nombres, anomalía de
la que informó a la quejosa para que la «solucionar[a]», pero ella no lo volvió
a contactar.

Dice que el 28 de febrero de 2019 la mencionada Sala lo declaró
disciplinariamente responsable de la falta consagrada en el numeral 1 del
artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, dado que incumplió el deber del abogado
estipulado en el numeral 10 del artículo 28 ibidem, y lo suspendió por doce
(12) meses en el ejercicio del derecho, al considerar que fue negligente en el
cumplimiento de lo pactado con la señora Blanca Inés Aponte de Medrano,
decisión que no le fue notificada en la dirección consignada en el registro
nacional de abogados, lo que le impidió apelarla; no obstante, el expediente
fue enviado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con la finalidad de
que examinara en consulta la sanción.

2
No lo individualiza.
3
Omite determinar el día.
4
No señala la providencia.

2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

Que el 8 de septiembre de 2021 la última de las precitadas Corporaciones
revocó parcialmente el fallo de primera instancia, en el sentido de reducir la
suspensión a ocho (8) meses5, providencia que tampoco le fue comunicada en
debida forma, razón por la cual deprecó la nulidad de lo actuado, lo que le fue
negado el día 23 de los mismos mes y año, determinación contra la cual
interpuso recurso de apelación, que está pendiente de desatarse.

Sostiene que las providencias acusadas adolecen de defecto fáctico, habida
cuenta de que no advirtieron que los medios de convicción adosados al
trámite disciplinario 11001-11-02-000-2017-01668-00 demostraban que no
fue negligente, pues hizo «el trabajo de inventarios y partición», pero no
pudo adelantar la sucesión del señor Orlando Antonio Medrano Flórez (q. e.
p. d.), porque en su registro civil de defunción no estaba consignado su primer
nombre, irregularidad que debía enmendar la quejosa a través de una escritura
pública.

Que las sentencias censuradas también incurren en violación directa de la
Constitución Política, toda vez que no se le notificaron en la dirección
consignada en el registro nacional de abogados, pese a que así lo ordena el
sistema normativo, lo que le impidió conocerlas oportunamente, en afectación
de sus derechos constitucionales fundamentales invocados en la solicitud de
amparo.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 5 de noviembre de 2021, admitió la presente acción, ordenó
notificar a los señores magistrados de las Comisiones Nacional y Seccional de
Bogotá de Disciplina Judicial y dispuso vincular a la señora Blanca Inés
Aponte de Medrano, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de
1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 Los señores magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, por conducto del ponente del fallo de segunda instancia atacado,
indican que de las pruebas practicadas en el asunto disciplinario 11001-11-02-
000-2017-01668-00 se infiere que el actor recibió $550.000 de honorarios

5
No indica los argumentos expuestos en la determinación.

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

para que adelantara la sucesión del señor Orlando Antonio Medrano Flórez
(q. e. p. d.), pero no surtió actuación alguna, lo que configura la falta
disciplinaria contemplada en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de
2007, por incumplimiento del deber señalado en el numeral 10 del artículo 28
ibidem, máxime cuando le asistía el deber de subsanar el supuesto error en el
registro civil de defunción del occiso.

Que en virtud de los artículos 16 y 83 de la Ley 1123 de 2007, la decisión por
ellos proferida cobró ejecutoria una vez fue aprobada en Sala, por cuanto no
es susceptible de recurso alguno, «de manera que no se desconoció el derecho
a una segunda instancia».

2.1.2 Los señores magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, a través de la ponente de la sentencia de primera instancia
cuestionada (que también integraba la entonces Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de la aludida ciudad),
afirman que no son los encargados de notificar las providencias que emita la
Corporación, en consecuencia, no es dable atribuirles quebranto de garantías
superiores derivada de la presunta omisión en la comunicación de aquella
determinación.

2.1.3 La señora Blanca Inés Aponte de Medrano guardó silencio en la
oportunidad prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión preliminar. El actor pide dejar sin efectos los fallos de (i) 28 de
febrero de 2019, mediante el cual la desaparecida Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá lo declaró
disciplinariamente responsable por la comisión de la falta consagrada en el
numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, por incumplimiento del
deber señalado en el numeral 10 del artículo 28 ibidem, y lo suspendió por
doce (12) meses en el ejercicio de la profesión de abogado (expediente
11001-11-02-000-2017-01668-00), y (ii) 8 de septiembre de 2021, con el que
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó, de manera parcial, el
anterior, para reducir la suspensión a ocho (8) meses.

Sin embargo, la Sala centrará su estudio jurídico en (i) la providencia de 8 de
septiembre de 2021, por ser la que, al desatar la consulta de la de 28 de
febrero de 2019, decidió de manera definitiva el referido asunto disciplinario,
y (ii) establecer si es procedente acceder a la pretensión subsidiaria formulada
en el escrito inicial.

3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar (i) la sentencia de 8 de septiembre de 2021,
por cuyo conducto la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó, de
manera parcial, la de 28 de febrero de 2019, con la que la entonces Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
declaró disciplinariamente responsable al tutelante por la comisión de la falta
estipulada en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007 y lo
suspendió en el ejercicio de la profesión de abogado por doce (12) meses
(expediente 11001-11-02-000-2017-01668-00); y (ii) la presunta tardanza de
los señores magistrados de aquella Corporación en decidir el recurso de
apelación interpuesto contra el auto de 23 de septiembre de 2021, con el que
negó una solicitud de nulidad en dicho trámite disciplinario; y en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de
amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales6, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20127, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos8.

3.6 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela. El carácter
subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo9 procede cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no
debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y
6
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
7
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
8
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
9
De acuerdo con la Ortografía de la Lengua Española, de la Real Academia Española, edición 2010, primera
edición (Colombia: abril de 2011), «La palabra solo, tanto cuando es adverbio [Solo trabaja de lunes a
viernes] como cuando es adjetivo [Está solo en casa todo el día…] son voces que no deben llevar tilde según
las reglas generales de acentuación […]».

8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho
sustancial, economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente
residual y subsidiario, es decir, que únicamente procede en aquellos eventos
en que no exista un instrumento constitucional o legal diferente que permita
solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se pretenda
evitar la causación de un perjuicio irremediable.

De acuerdo con la sentencia T-480 de 2011 de la Corte Constitucional10 y
ante la naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es
menester que quien depreca el amparo de un derecho constitucional
fundamental haya agotado todos los mecanismos de defensa que el
ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición de la
acción.

De lo anotado se puede concluir, entonces, que la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de
defensa, sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante
las autoridades que presuntamente han quebrantado sus derechos
constitucionales fundamentales a efectos de solicitar de ellas una respuesta
favorable o la satisfacción de sus intereses.

De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia
de la acción constitucional frente al caso particular11.

La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta
procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la
protección de los derechos, sin embargo, si el sistema normativo dispone de
otras herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, pues de lo contrario la acción de tutela procede de manera
transitoria.

En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el
juez de tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas

10
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
11
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

de vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer
cesar una violación a prerrogativas inalienables.

Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que si bien deben ser valoradas en cada caso
concreto, deben hallarse presentes:

1) Que se produzca de manera cierta y evidente una amenaza sobre un
derecho fundamental.
2) Que de presentarse no exista forma de reparar el daño producido a ese
derecho.
3) Que su ocurrencia sea inminente.
4) Que resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la
condición de amenaza en la que se encuentra.
5) Que la gravedad de los hechos sea de tal magnitud que haga evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales12.

En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los supuestos anteriores
se hará necesaria la intervención del juez constitucional para el
restablecimiento de los derechos involucrados a través de medidas inmediatas
de protección, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo
transitorio mientras el juez competente decide de fondo la acción
correspondiente13.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional14 ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es
dable exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos
donde se discute la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe
demostrar al menos someramente los posibles perjuicios que se llegaren a
originar en los hechos que motivaron la presentación de la solicitud de
amparo, por cuanto al juez constitucional no le concierne probar las
circunstancias fácticas en que se fundamenta la acción de tutela, salvo que sea
evidente la inminencia del perjuicio.

3.7 Mora judicial. El derecho constitucional fundamental de acceso a la

12
Corte Constitucional, sentencia T-458 de 1994, M. P. Jorge Arango Mejía.
13
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-
01795-01 de 9 de diciembre de 2010.
14
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

administración de justicia comporta la facultad de toda persona de acudir ante
los jueces de la República, en aras de resolver las controversias que vulneran
o amenazan sus prerrogativas.

Dicha atribución constitucional no solo hace referencia a la posibilidad de
poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a
la de recibir una pronta solución al conflicto, para lo cual las autoridades
cuentan con la facultad de adoptar las medidas coercitivas previstas en el
sistema normativo.

Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro los términos
fijados en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye
un «[…] fenómeno multicausal, muchas veces estructural, que impide el
disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia, pero
que muchas veces una buena parte de la misma es el resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de
los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos
[…]»15.

No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el
derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia
(entre otros), por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por parte de
los funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible
de protección a través de la solicitud de amparo.

Resulta oportuno advertir que la jurisprudencia de la Corte Constitucional16
ha indicado que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en
el trámite de los procesos judiciales puesto que podría desconocer el principio
de autonomía judicial, sin embargo, cuando se evidencia que la tardanza no
corresponde a cuestiones relacionadas con carga de trabajo, problemas
estructurales o complejidad de los asuntos, la acción de tutela es adecuada
para proteger la garantía superior de acceso a la administración de justicia.

Por lo tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos
de mora judicial, se deben analizar las particularidades de cada caso concreto
con el fin de determinar si el retardo es justificado o no.

15
Corte Constitucional, sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
16
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

3.8 Caso concreto.

3.8.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:

a) El 24 de marzo de 2017 la señora Blanca Inés Aponte de Medrano formuló
queja ante la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá contra el tutelante (quien es abogado litigante y
amigo de su hijo Alonso Mauricio Medrano Aponte), en razón a que el 16 de
octubre de 2012 le canceló $550.000, con el propósito de que adelantara la
sucesión de su esposo Orlando Antonio Medrano Flórez (q. e. p. d.) [quien
falleció el 12 de febrero de 1995], pero no surtió actuación alguna para tal fin.

b) El 2 de mayo de 2017 la aludida Corporación ordenó «acreditar la calidad
de abogado» del disciplinado, por lo que, mediante certificado 190719 de 25
de julio de esa anualidad, la unidad de registro nacional de abogados y
auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura señaló que aquel
era profesional del derecho y la dirección allí consignada de él era la calle
147A núm. 94C-37.

c) La desaparecida Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura de Bogotá el 4 de julio de 2017 dio apertura a las diligencias
disciplinarias contra el actor (decisión notificada a la mencionada dirección y
a la Avenida Jiménez núm. 8A-44, oficina 505) y el 17 de octubre siguiente
aplazó la audiencia de pruebas y calificación, porque el actor no compareció,
lo que derivó en su emplazamiento el 1º de noviembre de ese año, conforme
al artículo 104 (inciso 3º) de la Ley 1123 de 2007.

d) El 15 de noviembre de 2017 la autoridad disciplinaria declaró al tutelante
como persona ausente, por cuanto no se presentó, y le designó defensor de
oficio, y el 16 de abril de 2018 celebró la precitada audiencia, a la que
concurrió aquel, quien señaló que recibía notificaciones en la Avenida
Jiménez núm. 8A-44, oficina 505, y en el correo electrónico
martinemilio24@hotmail.com; no obstante, fue suspendida a petición del
accionante, dado que solicitó tiempo para preparar su defensa.

e) El 24 de noviembre de 2017 se reanudó la respectiva diligencia, en la que
el defensor de oficio del actor (quien no asistió) afirmó que este le entregó
unos documentos y le indicó que sí había iniciado los trámites notariales
atañederos a la sucesión para la que fue contratado, sin embargo, no pudo
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

seguir con ellos, en razón a que el registro civil de defunción del señor
Medrano Flórez (q. e. p. d.) no tenía su nombre completo, inconsistencia que
le fue comunicada a la señora Aponte de Medrano, con el objeto de que la
subsanara a través de escritura pública, empero, ella no lo volvió a contactar.

En la audiencia el abogado del accionante allegó un escrito dirigido al Notario
Tercero (3º) del Círculo de Bogotá (sin constancia ni fecha de recibido), que
contiene el avalúo de bienes y el «trabajo de partición y adjudicación», el
cual fue decretado como prueba, junto con el interrogatorio de parte de la
quejosa (practicado allí mismo), quien aseveró que le suministró al
profesional del derecho investigado lo que le pidió y que solo tuvo
conocimiento de la falencia en el registro civil de defunción de su difunto
esposo cuando acudió a la Notaría Segunda (2ª) del Círculo de la mencionada
ciudad17, donde le informaron que como en «la época en [la que] nació [el
señor Medrano Flórez (q. e. p. d.)] no había registro civil[,] podía llevar a dos
testigos para corregir su nombre», circunstancia comunicada al disciplinado,
quien dijo que «lo resolvía todo», lo que no aconteció.

La señora Blanca Inés Aponte de Medrano también adosó unos documentos,
en los que consta que (i) el 16 de octubre de 2012 el tutelante recibió «un
salario mínimo legal mensual vigente» ($550.000) como honorarios para que
adelantara la respectiva sucesión en la Notaría Cuarenta y Cinco (45) del
Círculo de Bogotá, y (ii) «el trabajo de inventarios y avalúos» suscrito por el
actor y dirigido a esa Notaría, que le había sido entregado por él «hace mucho
tiempo». Además, la declarante señaló que cuando le pedía información sobre
el trámite para el que fue contratado, le decía que «él se encargaba de todo».

La autoridad disciplinaria ordenó requerir (i) de las Notarías Tercera (3ª) y
Cuarenta y Cinco (45) del Círculo Bogotá le indicaran si allí se ejecutó alguna
gestión atañedera a la sucesión del señor Medrano Flórez (q. e. p. d.); (ii) de
la unidad de registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia del
Consejo Superior de la Judicatura las direcciones que allí reposan del
tutelante; y (iii) del secretario de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá le informara si contra aquel
se surtían otras investigaciones disciplinarias. Adicionalmente, decretó el
testimonio del señor Alonso Mauricio Medrano Aponte.

f) En cumplimiento de lo anterior, (i) la unidad de registro nacional de

17
No especifica la fecha.

13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura
señaló que la dirección del disciplinable, consignada en su base de datos, es la
calle 147A núm. 94C-37 de Bogotá; (ii) las Notarías Tercera (3ª) y Cuarenta y
Cinco (45) de Bogotá adosaron comunicaciones de 6 y 18 de septiembre de
2018, respectivamente, en las que coinciden en que allí no se han iniciado
trámites relacionados con la sucesión del señor Orlando Antonio Medrano
Flórez (q. e. p. d.); y (iii) el señor secretario de la desaparecida Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
advirtió que el tutelante tenía dos (2) suspensiones en el ejercicio de la
abogacía por ocho (8) meses y dos (2) meses.

g) El 30 de noviembre de 2017 declaró el señor Alonso Mauricio Medrano
Aponte, quien aseveró que era amigo del disciplinado y pactaron que
efectuaría la sucesión de su padre Orlando Antonio Medrano Flórez (q. e. p.
d.), para lo que se le pagó $550.000, pero como no recibía noticias al
respecto, tuvo que ir en varias ocasiones a su oficina, donde le indicaba que
«los documentos estaban en la notaría» y no le proporcionaba información
adicional.

h) En atención a las pruebas practicadas, el 11 de septiembre de 2018 la
autoridad disciplinaria le atribuyó al accionante la falta disciplinaria prevista
en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, por desatender el
deber preceptuado en el numeral 10 del artículo 28 ibidem, a título de culpa,
toda vez que inobservó sus funciones como apoderado de la quejosa.

i) El 28 de febrero de 2019 la extinguida Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá declaró disciplinariamente
responsable al accionante de la falta endilgada y lo suspendió en el ejercicio
de la profesión de abogado por doce (12) meses, al considerar que los medios
de convicción obrantes en el expediente daban cuenta de que no adelantó los
trámites notariales relacionados con la sucesión del señor Medrano Flórez (q.
e. p. d.), a pesar de recibir honorarios para ello, lo que comportaba
desatención de sus obligaciones.

Que si bien es cierto que en el registro civil de defunción del señor Medrano
Flórez (q. e. p. d) no estaba registrado su primer nombre, también lo es que
ello no impedía agotar los procedimientos notariales, comoquiera que con su
cédula de ciudadanía podían surtirse, de lo que se infiere que la excusa del
disciplinado para no realizarlos carece de asidero jurídico. Además, en el
hipotético caso de que esta hubiere sido verdad, debió devolverle los
14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

documentos a la señora Blanca Inés Aponte de Medrano, junto con los
correspondientes honorarios, lo cual no aconteció.

j) El 12 de abril de 2019 se enviaron oficios al domicilio profesional del
demandante, a la dirección suministrada por la unidad de registro nacional de
abogados y auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura y al
correo electrónico martinemilio24@hotmail.com, en los que se le pidió acudir
a la secretaría de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, con el objeto de que se notificara
personalmente de la anterior determinación, no obstante, como ello no
ocurrió, fue comunicada por edicto fijado el 2 de mayo de esa anualidad y
desfijado el día 6 de los mismos mes y año.

k) En razón a que el tutelante no apeló la sentencia de 28 de febrero de 2019,
el a quo envió el expediente a la desaparecida Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de que surtiera
la respectiva consulta.

l) Mediante fallo de 8 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial revocó parcialmente el de primera instancia, para reducir
el lapso de la suspensión impuesta al tutelante a ocho (8) meses, habida
cuenta de que si bien los elementos de convicción allegados al expediente
disciplinario demuestran que incurrió en la falta endilgada, por cuanto no
adelantó los trámites notariales por los que recibió sus honorarios, el
interregno por el que fue sancionado resultaba desproporcionado, puesto que
no se evidencia un «criterio de agravación».

La decisión fue remitida el 16 de septiembre de 2021 al correo electrónico
indicado por el disciplinado durante la audiencia a la que acudió el 16 de abril
de 2018 (martinemilio24@hotmail.com).

m) El 20 de septiembre de 2021 el accionante solicitó de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial la nulidad de lo actuado desde la notificación
de la sentencia de 28 de febrero de 2019, toda vez que no le fue comunicada a
la dirección que estaba consignada en el registro nacional de abogados, lo que
fue negado el 23 de septiembre de 2021, al estimar que la petición era
improcedente, puesto que el asunto disciplinario ya había culminado, decisión
contra la cual, según lo sostiene el actor, interpuso recurso de apelación, que
no se ha desatado.

15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

3.8.2 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión»18.

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra19.

En el asunto sub judice el tutelante sostiene que la providencia acusada
adolece de defecto fáctico, en razón a que no advirtió que las pruebas
practicadas en el trámite disciplinario 11001-11-02-000-2017-01668-00 dan
cuenta de que no incurrió en la falta de esa naturaleza por la que fue
sancionado, pues no pudo adelantar la sucesión del señor Orlando Antonio
Medrano Flórez (q. e. p. d.) [para la cual recibió como honorarios la suma de
$550.000], porque su registro civil de defunción presentaba inconsistencias,
sin embargo, hizo «el trabajo de inventarios y partición».

Con la finalidad de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno indicar que la decisión de ejercer la abogacía
comporta una expresión de la prerrogativa prevista en el artículo 2620 de la
Constitución Política, sin embargo, como a todo derecho, le es inherente una
serie de deberes que están llamados a cumplir quienes desempeñan esa
profesión.

Las obligaciones que implica la profesión de abogado están reguladas en el
Decreto ley 196 de 197121 y la Ley 1123 de 200722, las cuales son más
18
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
19
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
20
«Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las
autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y
oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo
social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el
funcionamiento de éstos deberán ser democráticos.
La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles».
21
«Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía».
22
«Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado».

16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

rigorosas que las fijadas para otros profesionales, por cuanto sus labores están
relacionadas con la obtención del bienestar de la comunidad, tal como lo
precisó la Corte Constitucional23:

[…] ha de tenerse en cuenta que el ejercicio de la profesión se soporta
asimismo en la conducta individual, la cual a su vez se vincula a la
protección del interés comunitario. […] los fines que se busca cumplir con
el ejercicio del derecho, a diferencia de lo que sucede con otras
profesiones, admiten incluso un mayor nivel de exigencia en lo que hace
al comportamiento ético de los abogados, precisamente, teniendo en
cuenta la misión que ellos desarrollan […].

Aquellos deberes están enunciados, de manera particular, en el artículo 28 de
la mencionada Ley 1123, dentro de los que se destaca el estipulado en el
numeral 10, que consagra como una obligación de los abogados la de
«[a]tender con celosa diligencia sus encargos profesionales […], mandato
que se incumple cuando no se adelantan las labores encomendadas, lo que
deviene en la configuración de la falta disciplinaria consagrada en el numeral
1 del artículo 3724 ibidem.

Efectuadas las anteriores precisiones, en el sub lite la Sala observa que la
aserción de las autoridades accionadas, según la cual el actor incurrió en la
falta disciplinaria prevista en el numeral 1 del artículo 37 ibidem, comporta
una deducción razonable de los elementos de convicción practicados en el
expediente 11001-11-02-000-2017-01668-00, pues demuestran que recibió
$550.000 para realizar la sucesión del señor Orlando Antonio Medrano Flórez
(q. e. p. d.) y no adelantó gestiones notariales orientadas a tal fin.

Dentro de las pruebas que acreditan el incumplimiento de las labores
encomendadas al disciplinado se encuentran (i) los oficios de 6 y 18 de
septiembre de 2018, expedidos por las Notarías Tercera (3ª) y Cuarenta y
Cinco (45) del Círculo de Bogotá, en su orden, en los que indican que allí no
se surtió trámite alguno relacionado con la sucesión del señor Medrano Flórez
(q. e. p. d.); (ii) el testimonio del señor Alonso Mauricio Medrano Aponte,
quien aseveró que se le canceló al tutelante $550.000 para que iniciara el
referido procedimiento notarial y como este no suministraba información

Antes de la Carta Política de 1991 y en ejercicio de facultades extraordinarias, el Gobierno nacional expidió
el Decreto ley 196 de 1971, «[p]or el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía».
23
Sentencia C-819 de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24
«Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las
diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas».

17

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

sobre el particular, tuvo que acudir en varias ocasiones a su oficina para
conocer lo avanzado, sin obtener resultado; y (iii) el documento de 16 de
octubre de 2012, en el que está registrada la firma del actor y se consigna que
le fue entregada la mencionada suma.

De los anteriores medios de prueba se concluye que el accionante se
comprometió a que adelantaría la sucesión del señor Orlando Antonio
Medrano Flórez (q. e. p. d.) y recibió como honorarios $550.000, pero no
surtió la correspondiente gestión notarial, lo que configura la falta
disciplinaria señalada en el numeral 1 del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007,
por incumplimiento del deber estipulado en el numeral 10 del artículo 28
ibidem.

Así las cosas, era factible concluir que el demandante incurrió en la falta
disciplinaria por la que fue sancionado, pues desatender el aludido acuerdo, se
reitera, la configuró, lo que imponía castigarlo, por cuanto con ello se
promueve, en cierta medida, el adecuado ejercicio de la abogacía, tal como lo
indicó la Corte Constitucional25, al precisar:

El poder disciplinario […] constituye una de las más importantes
expresiones de la función de control y vigilancia, y su regulación por parte
del legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión en
procura de que su ejercicio sea compatible con el interés general,
entendido a la luz de los valores y principios constitucionales.

Cabe destacar que si bien es cierto que a las diligencias disciplinarias se
adosaron unos escritos firmados por el actor y dirigidos a las Notarías Tercera
(3ª) y Cuarenta y Cinco (45) del Círculo de Bogotá, contentivos del inventario
de los bienes del difunto y la respectiva partición, también lo es que de ellos
no es dable inferir que aquel ejecutó las labores encomendadas, toda vez que
no fueron presentados en dichos despachos, tal como se infiere de las
comunicaciones enviadas por estos.

Ahora bien, aunque el tutelante afirma que en el registro civil de defunción
del señor Medrano Flórez (q. e. p. d.) no estaba su primer nombre, lo que le
impedía adelantar los correspondientes trámites notariales, no se evidencia
que ello haya incidido, pues, se reitera, no se observa actuación alguna de su
parte que se haya suspendido en razón a la supuesta irregularidad, situación
por la que la mencionada justificación para el incumplimiento de la tareas

25
Sentencia T-625 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa.

18

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

contratadas carecen de respaldo probatorio, máxime cuando la quejosa reitera
que el accionante le expresó que «él se encargaba de todo» y, por otra parte,
el hijo de ella declaró que como no recibía noticias del trámite de la sucesión
de su fallecido padre, tuvo que ir en varias ocasiones a la oficina del
accionante, donde le indicaba que «los documentos estaban en la notaría», lo
que resultó no ser cierto, puesto que, como ya se anotó, la aludidas Notarías
informaron que allí no se surtió trámite alguno relacionado con la sucesión
del señor Medrano Flórez (q. e. p. d.).

Se aclara que el hecho de que los señores magistrados demandados no hayan
valorado los medios de prueba adosados al expediente disciplinario 11001-11-
02-000-2017-01668-00 como lo pretendía el accionante, no configura la
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales denominada defecto fáctico, comoquiera que en acatamiento de sus
competencias jurisdiccionales tienen la potestad de examinar la pertinencia,
utilidad y conducencia de los elementos probatorios obrantes en el
expediente, así como la de brindarles diferentes grados de certeza, siempre
que lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, como
aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) acerca de la
responsabilidad disciplinaria del actor están precedidas de una valoración
integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita al juez de
tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores, supuesto que no se da en el sub lite. En lo que atañe a este aspecto,
la Corte Constitucional26 sostuvo:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.

El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración
de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
26
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

19

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto” […].

Así las cosas, como la providencia atacada se fundó en deducciones
probatorias razonables de los elementos de convicción allegados al expediente
11001-11-02-000-2017-01668-00, se concluye que no se configuró el defecto
fáctico alegado.

3.8.3 Violación directa de la Constitución Política. El demandante afirma
que en razón a que no se envió copia de las providencias que desataron, tanto
en primera como en segunda instancia, el asunto disciplinario 11001-11-02-
000-2017-01668-00, a la dirección consignada en el registro nacional de
abogados, aquellas incurren en violación directa de la Constitución Política.

Sobre el particular, la Sala estima que no se colma la exigencia de la
subsidiariedad, comoquiera que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
aún no ha desatado el recurso que formuló el tutelante contra el auto de 23 de
septiembre de 2021, con el que se le negó una solicitud de nulidad por la
presunta indebida notificación, de manera que no se han agotado los
mecanismos ordinarios de defensa empleados por él para la protección de sus
derechos, condición indispensable que debe mediar, como regla general, para
que el juez de tutela decida de fondo una controversia (máxime cuando el
señor magistrado sustanciador podría asumir, en virtud del principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que dicho recurso
corresponde a una súplica).

Por consiguiente, no ha cobrado ejecutoria el aludido proveído, de acuerdo
con el artículo 302 (inciso 3º27) del Código General del Proceso (CGP),
aplicable a las diligencias disciplinarias seguidas contra el accionante, en
virtud del artículo 1628 de la Ley 1123 de 2007, por ende, no es dable asumir
que sobre la presunta indebida notificación existe una decisión definitiva.

27
«Las [providencias] que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después
de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos
que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos».
28
«En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán los principios rectores contenidos en la
Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en este código se aplicarán los tratados internacionales
sobre Derechos Humanos y deontología de los abogados, y lo dispuesto en los Códigos Disciplinario

20

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

En este punto, la Sala destaca que el ejercicio de la acción de tutela no
habilita al juez constitucional para sustituir los procedimientos
jurisdiccionales ni interferir en ellos, a menos que exista un perjuicio
irremediable, o una grosera vulneración al debido proceso, lo que no fue
acreditado en este asunto, situación que impide asumir que el recurso que está
pendiente de desatarse resulta ineficaz para proteger las prerrogativas del
demandante y evitar un daño inminente (que no se demostró).

Por consiguiente, el argumento concerniente a la violación directa de la
Constitución Política no satisface el requisito de subsidiariedad y la tutela no
se instituyó como un mecanismo alternativo o una instancia adicional para
atender problemas jurídicos que deben ser decididos al interior de trámites
disciplinarios.

Al respecto, la Corte Constitucional, en fallo T-113 de 201329, sostuvo:

En efecto, al estudiar el requisito de subsidiariedad en estos casos se
pueden presentar dos escenarios: i) que el proceso haya concluido30; o
ii) que el proceso judicial se encuentre en curso31. Lo anterior constituye
un factor para diferenciar el papel del juez constitucional en cada caso,
de una parte, si se enfrenta a la revisión de la actuación judicial de un
proceso concluido deberá asegurarse que la acción de amparo no se está
utilizando para revivir oportunidades procesales vencidas, que se
agotaron todos los recursos previstos por el proceso judicial para
cuestionar las decisiones impugnadas y que no se emplea la acción de
amparo como una instancia adicional. De otra parte, si el proceso se
encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en
principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un
mecanismo alternativo o paralelo pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de
derechos fundamentales.

Asimismo, en sentencia T-103 de 201432, la citada Corporación concluyó:

Entonces, la jurisprudencia de este tribunal constitucional ha sido
enfática y reiterativa en señalar que la acción de tutela no procede de

[Ú]nico, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil [derogado por el CGP], en lo que no
contravenga la naturaleza del derecho disciplinario».
29
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
30
Sentencia T-086 de 2007.
31
En la sentencia T-211 de 2009, la Sala precisó: «[…] el amparo constitucional no se ha constituido como
una instancia adicional para decidir conflictos de rango legal, ni para que los ciudadanos puedan subsanar
las omisiones o los errores cometidos al interior de un proceso. En otras palabras, la Corte ha sostenido que
la acción de tutela no es un medio alternativo, ni complementario, ni puede ser estimado como último
recurso de litigio».
32
M. P. Jorge Iván Palacios.

21

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

manera directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se
cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en
el ordenamiento.

A guisa de corolario de lo que se deja consignado, en este asunto el ejercicio
de la tutela resulta improcedente en lo atañedero a la causal específica de
violación directa de la Constitución Política, porque dicho amparo se
encuentra gobernado por el principio de subsidiariedad, según el cual esta no
tiene cabida «Cuando existan otros recursos o medios de defensa […]»33. Es
decir, si los medios ordinarios pueden ser utilizados de manera eficaz, como
acontece en el sub lite, la acción instaurada no resulta pertinente, pues, se
insiste, aún no se ha decidido el recurso interpuesto contra el auto de 23 de
septiembre de 2021, emitido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa judicial), es
aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de
1991, norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución
Política, en virtud de los cuales la acción de tutela «[…] solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial […]»34.

3.8.4 Mora judicial. El tutelante solicita, de manera subsidiaria, que se
ordene a los señores magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial desatar el recurso que formuló contra el proveído de 23 de septiembre
de 2021, sin embargo, para la Sala esa petición carece de asidero jurídico,
toda vez que no ha trascurrido un lapso considerable desde la interposición de
aquel, por ende, no se evidencia una tardanza injustificada de los referidos
togados en el cumplimiento de sus funciones, que le imponga al juez de tutela
acceder a dicha súplica, situación por la que se desestimará.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala (i) negará el amparo
deprecado, en lo concerniente a la causal específica denominada defecto
fáctico y a la mora judicial alegada; y (ii) declarará improcedente la acción de
tutela de la referencia, en cuanto a la violación directa de la Constitución
Política, al no colmar la exigencia de procedibilidad de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

33
Numeral 1 del artículo 6.º del Decreto ley 2591 de 1991.
34
Artículo 86 de la Carta Política.

22

Acción de tutela 11001-03-15-000-2021-07388-00
Actor: Martín Emilio Muñoz Jiménez

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia invocados
por el señor Martín Emilio Muñoz Jiménez, en lo atañedero al defecto fáctico
y la mora judicial alegada, por las razones expuestas en las consideraciones.

2º. Declárase improcedente la tutela instaurada por el señor Martín Emilio
Muñoz Jiménez, en relación con la causal específica de violación directa de la
Constitución Política, conforme a la parte motiva.

3º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

4º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

23

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