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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07388-01

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-07388-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 17 de enero de 2022 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, según las razones explicadas. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-07388-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

12 de mayo de 2022

Radicación: 11001 03 15 000 2021 07388 01
Accionante: Martín Emilio Muñoz Jiménez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-07388-01
Accionante: MARTÍN EMILIO MUÑOZ JIMÉNEZ
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Tesis: No hay lugar a emitir pronunciamiento en sede de
segunda instancia cuando quien impugna un fallo de
tutela no explica las razones por las que disiente de la
decisión.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor en contra del fallo
de tutela proferido el 17 de enero de 2022 por la Subsección B, Sección
Segunda, del Consejo de Estado, que negó el amparo de los derechos
fundamentales.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Martín Emilio Muñoz Jiménez promovió acción de tutela en contra
de las sentencias proferidas el 28 de febrero de 2019 y el 8 de septiembre
de 2021 por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, respectivamente, con el fin de que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo

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Radicación: 11001 03 15 000 2021 07388 01
Accionante: Martín Emilio Muñoz Jiménez

a la administración de justicia e igualdad; para ello formuló las siguientes
pretensiones1:

“[…] PRETENSIONES:

1. Solicito H. Magistrados, se me tutelen los derechos fundamentales
invocados, y como consecuencia se deje sin efectos las sentencias
proferidas el 8 de septiembre de 2021 por la COMISION NACIONAL
DE DISCIPLINA JUDICIAL y el CONSEJO SECCIONAL DE LA
JUDICATURA DE BOGOTÁ HOY COMISIÓN SECCIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL DE BOGOTÁ, el 8 de noviembre de 2018 (sic),
ésta última decidió imponerme una sanción en el ejercicio de la
profesión por doce (12) meses y fue parcialmente revocada por su
superior imponiendo una sanción para el ejercicio de la profesión por
ocho (8) meses.

2. Ordenar a la COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, a
que se pronuncie nuevamente garantizándome los derechos
fundamentales al debido proceso, al de (sic) defensa, a la igualdad,
al acceso a la administración de justicia, y se profiera una nueva
sentencia, revocando integralmente la sentencia que me impuso una
sanción por ocho (8) meses para el ejercicio de la profesión.

3. Ordenar al Registro Nacional de Abogados, para que se me quite
la anotación que aparece sobre el número de mi tarjeta nro. 175.258
como no vigente.

4. Que, como mecanismo definitivo por existir absoluta postergación
del derecho a la igualdad, al de defensa, al debido proceso se tutelen
los derechos fundamentales mencionados y se ordene a la accionada
a proferir una nueva sentencia.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:

5. Subsidiariamente, como mecanismo transitorio, para evitar un
perjuicio irremediable, se amparen los derechos fundamentales
mencionados, mientras se pronuncia la Comisión Nacional Judicial
de Disciplina del recurso de apelación que se impetró contra el auto
que me negó la nulidad por extemporáneo.

6. De no prosperar las pretensiones principales ordenar a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a resolver el recurso de
apelación que se impetró contra el auto que me negó la nulidad por
extemporánea, cuanto antes.

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 07388 01.
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7. Que se ordene a la accionada a dar cumplimiento a la sentencia
de tutela en el término de 48 horas […]”.

2. SITUACIÓN FÁCTICA

El accionante informó que la señora Blanca Inés Aponte presentó queja
disciplinaria en su contra con fundamento en que le entregó la suma de
$550.000 para que adelantara la sucesión del señor Orlando Antonio
Medrano Flórez, pero no se hizo ninguna actuación, que “no le contestaba
el celular, y que le había comentado que la notaría donde se iba a realizar
la sucesión la habían traslado (sic)”2.

Aseguró que sí adelantó la sucesión y que se reunió con uno de los
asesores del notario, pero que se percató que el registro civil de defunción
del señor Orlando Antonio Medrano Flórez tenía una inconsistencia en el
segundo nombre “y que debía arreglarlo la quejosa, el suscrito se reunió
con la quejosa y le señalé que a través de escritura pública ante la notaría
donde se había registrado el certificado de defunción, se podía corregir la
mencionada inconsistencia, le entregue a la quejosa todos los
documentos que se llevaron y revisaron ante la notaría y ésta los llevó a
la queja, desde luego no tuve más contacto con ella”3.

Explicó que la queja correspondió por reparto al entonces Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá que lo sancionó con suspensión en
el ejercicio de la profesión de abogado por el término de 12 meses, sin
que exista prueba de la supuesta negligencia; anotó que dicha decisión
“no se me notifica en el domicilio que tengo registrado en el Registro
Nacional de Abogados, no se decretó la prescripción”4.

Apuntó que la providencia de primera instancia subió en consulta a la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, en sentencia del 8 de

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Ibídem.
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Ibídem.
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Ibídem.
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septiembre de 2021, la revocó parcialmente y, en su lugar, le impuso la
sanción de suspensión para el ejercicio de la profesión por el término de
ocho meses.

Agregó que promovió “incidente de nulidad el cual se resolvió negándolo
por extemporáneo, se impetró recurso de apelación en contra del auto
que me negó la nulidad, el expediente se encuentra en el Despacho del
magistrado sustanciador, pero la sanción disciplinaria en el ejercicio de la
profesión ya ésta rigiendo, desde el 23 de septiembre de 2021”5.

Argumentó que las sentencias de primera y de segunda no le fueron
notificadas a la dirección consignada en el Registro Nacional de Abogados.
Precisó que “la dirección aportada en el Registro Nacional de Abogados es
la calle 147 A nro. 94 C -37 en la ciudad de Bogotá, esta dirección aparece
en el expediente a folio 3, en el certificado que expidió el Registro Nacional
de Abogados, por eso la sentencia no fue apelada y vino en consulta”6.

Anotó que “quedó acreditado dentro del expediente que se hizo la gestión
de la sucesión y que no terminó por la inconsistencia que presentó el
certificado de defunción, así está probado en el expediente, tampoco
existe prueba que la quejosa me hubiese entregado el certificado de
función (sic) corregido del causante, tampoco existe evidencia del poder
o contrato que me hubiese facultado para estas diligencias en particular”7.

En el acápite denominado requisitos específicos de procedencia de la
acción de tutela, el actor aseveró que las providencias atacadas
incurrieron en los siguientes yerros:

En cuanto al defecto orgánico señaló que “la consulta se resolvió pasado
aproximadamente después (sic) de (14) meses cuando habían trascurrido
los términos, además, el recurso de apelación que se impetró contra la

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Ibídem.
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Ibídem.
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Ibídem.
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nulidad de la sentencia está al despacho y ya pasaron los términos que
tenía la accionada para resolverlo, pero, incluso resolvió la nulidad de la
sentencia desconociendo el principio de doble instancia, cuando ha debido
enviarse el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina de Bogotá,
para que ésta conociera en primera instancia pero, no se hizo”8.

Frente al defecto sustantivo expuso que “la norma que aplicó la entidad
accionada al presente caso, resulta ser contraria al debido proceso y al
derecho de defensa, pues el articulo 206 de la Ley 734 de 2002, no es
(sic) posible que la sentencia quede ejecutoriada sin previamente ser
notificada, y sin resolverse las nulidades impetradas”9.

En lo relativo al defecto fáctico indicó que “en este caso se dejó (sic) tener
en cuenta como prueba el certificado de defunción del señor ORLANDO
ANTONIO MEDRANO FLOREZ, quien aparece sin el segundo nombre,
aspecto que en ninguna de las dos (2) instancias se tuvo en cuenta, pues
ésta (sic) la inconsistencia que no permitió seguir adelante con la
sucesión, pero, igualmente, tampoco existe prueba alguna que la quejosa
me hubiese entregado los documentos con esa inconsistencia superada,
donde hubiese podido determinar una negligencia de mi parte o un
abandono de las diligencias encomendadas”10. [Mayúsculas del actor]

Sobre el defecto procedimental adujo que, “como en el caso de autos
existió una falencia en el certificado de defunción en cuanto al segundo
nombre del causante, y que debía sanear la quejosa y no lo hizo, no se
comete ninguna falta por parte del suscrito, ninguno está obligado a
cumplir lo imposible, tampoco existe en el proceso poder con esas
facultades”11.

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Ibídem.
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Ibídem.
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Ibídem.
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Ibídem.
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En lo atinente a la decisión sin motivación sostuvo que “no existe duda
que la motivación de las sentencias de las dos (2) instancias es
defectuosa, al no aplicar la norma que regula en concreto el presente
caso, pues dentro del proceso disciplinario para llegar a imponer una
sanción se requiere certeza, según lo indica el artículo 97 de la ley 1123
de 2007. Al momento de la quejosa no entregar todos los documentos
para adelantar la sucesión y atendiendo la inconsistencia que tenía el
certificado de defunción donde se deriva la sucesión no hay certeza de la
falta que se me endilga y así ha debido resolverse”12.

Alegó que se incurrió en desconocimiento del precedente dado que “el
entonces Consejo Superior de la Judicatura, frente a la aplicación del
numeral 1 del articulo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa impuso
una sanción a un abogado de censura, sin embargo, en el asunto bajo
examen se me impone una sanción para el ejercicio de la profesión
radicado nro. 11001110200020170275301, de 12 de febrero de 2020, en
este caso a pesar que se apartan del precedente jurisprudencial, no se
dice porqué se apartan de la jurisprudencia”13.

Con relación al defecto por error inducido dijo que “está determinado y
así probado dentro del proceso que se induce en error al no verificar la
culpa del documento sobre el certificado de defunción tantas veces
mencionado, el cual no fue señalado por los operadores de la
administración de justicia, y que llevó a imponerme la sanción disciplinaria
que está vigente desde el 24 de octubre de 2021”14.

Por último, arguyó que se incurrió en violación directa de la Constitución
porque la Comisión Nacional de Disciplina Judicial aplicó el artículo 206 de
la Ley 734 de 2002, norma que vulnera “el derecho fundamental al debido

12
Ibídem.
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Ibídem.
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Ibídem.
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Accionante: Martín Emilio Muñoz Jiménez

proceso y al de defensa, pues ninguna providencia judicial puede adquirir
firmeza, sin previamente ser notificada”15.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. Por auto del 5 de noviembre de 202116, la Subsección B, Sección
Segunda del Consejo de Estado admitió la tutela y dispuso notificar a las
autoridades judiciales accionadas17, así como vincular a la señora Blanca
Inés Aponte de Medrano18.

Adicionalmente, requirió a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que
allegara copia del expediente disciplinario radicado con el nro. 11001
1102 000 2017 01668 00, el cual fue remitido19.

3.2. El magistrado ponente de la decisión proferida por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial rindió informe vía correo electrónico20, en
el que señaló que la tutela debe despacharse desfavorablemente, toda
vez que en la sentencia del 8 de septiembre de 2021 se encontró
demostrada la conducta endilgada al señor Muñoz Jiménez, dado que se
comprometió a dar inicio y culminar la sucesión notarial del causante
Medrano Flórez; además, según la información entregada por las Notarías
3 y 45 del Círculo de Bogotá, no existía información de alguna actuación
a nombre del accionante o del causante.

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Ibídem.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 07388 01.
17
Esta orden se cumplió el 10 de noviembre de 2021. Visto en el índice 2 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2021
07388 01.
18
La mencionada señora fue notificada por aviso el 2 de diciembre de 2021. Visto en el
índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro.
11001 0315 000 2021 07388 01.
19
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 07388 01.
20
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 07388 01.
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Radicación: 11001 03 15 000 2021 07388 01
Accionante: Martín Emilio Muñoz Jiménez

Sobre el error en el nombre del causante que alega el actor, explicó que
era justamente una diligencia que debía adelantar para tramitar la
sucesión notarial o, en su lugar, lo procedente hubiese sido no asumir el
caso, “pero lo que evidencian las pruebas recaudadas es que recibió
dineros, como pago de honorarios y para gastos notariales, motivo por el
cual, la primera y la segunda instancia llegó al convencimiento, que con
la prueba obrante en el plenario existía certeza sobre la falta y sobre la
responsabilidad disciplinaria”.

Sostuvo que “debe tenerse en cuenta que esta Corporación no evidenció
situación especial frente al trámite de notificaciones realizadas a los
intervinientes por la primera instancia”.

3.3. La magistrada ponente de la decisión de primera instancia remitió
informe vía correo electrónico21, en el que explicó que la parte actora
adujo que la sentencia de primera instancia no se le notificó a las
direcciones que aparecen en el Registro Nacional de Abogados; sin
embargo, “este no es asunto del que pueda responder esta magistrada,
porque una vez que se dicta la sentencia de primera instancia, el
expediente queda a cargo de la secretaría de la sala. Por lo tanto, le
solicito que vincule a la secretaría de la sala, para que tenga la
oportunidad de defenderse, ya que si se tutela, sería contra dicha
dependencia”, y anotó que “el abogado estuvo a derecho (sic) en el
proceso y aunque fue representado por defensor de oficio, compareció a
la audiencia de juzgamiento de 8 de noviembre de 2018, y rindió versión
libre y presentó alegaciones finales como lo dispone el artículo 106 de la
Ley 1123 de 2007, sin alegar ninguna nulidad en esta instancia. Además
en esa etapa se actualizó su dirección”.

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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 07388 01.
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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 17 de enero de 2022, dispuso lo siguiente22:

“[…] 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia invocados por el señor Martín Emilio
Muñoz Jiménez, en lo atañedero al defecto fáctico y la mora judicial
alegada, por las razones expuestas en las consideraciones.

2º. Declárase improcedente la tutela instaurada por el señor Martín
Emilio Muñoz Jiménez, en relación con la causal específica de
violación directa de la Constitución Política, conforme a la parte
motiva […]”.

Para dilucidar el asunto precisó que el accionante alega que la providencia
acusada incurrió en defecto fáctico “en razón a que no advirtió que las
pruebas practicadas en el trámite disciplinario 11001-11-02-000-2017-
01668-00 dan cuenta de que no incurrió en la falta de esa naturaleza por
la que fue sancionado, pues no pudo adelantar la sucesión del señor
Orlando Antonio Medrano Flórez (q. e. p. d.) [para la cual recibió como
honorarios la suma de $550.000], porque su registro civil de defunción
presentaba inconsistencias”23.

Consideró que, en este evento, no estaba configurado el aludido defecto
porque se observa que la aserción de las autoridades accionadas, según
la cual el actor incurrió en la falta disciplinaria prevista en el numeral 1
del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, comportaba una deducción
razonable de los elementos de convicción practicados en el expediente,
pues acreditaban que recibió $550.000 para realizar la sucesión del señor
Orlando Antonio Medrano Flórez y no adelantó gestiones notariales
orientadas a tal fin.

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Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 07388 01.
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Ibídem.
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Al efecto, señaló que, de las pruebas que acreditaban el incumplimiento
de las labores encomendadas al accionante, se encontraban (i) los oficios
de 6 y 18 de septiembre de 2018, expedidos por las Notarías Tercera (3ª)
y Cuarenta y Cinco (45) del Círculo de Bogotá, en su orden, en los que
indican que allí no se surtió trámite alguno relacionado con la sucesión
del señor Medrano Flórez; (ii) el testimonio del señor Alonso Mauricio
Medrano Aponte, quien aseveró que se le canceló al actor $550.000 para
que iniciara el referido procedimiento notarial y como éste no
suministraba información sobre el particular, tuvo que acudir en varias
ocasiones a su oficina para conocer lo avanzado, sin obtener resultado; y
(iii) el documento de 16 de octubre de 2012, en el que estaba registrada
la firma del actor y se consigna que le fue entregada la mencionada suma.

Estimó que “de los anteriores medios de prueba se concluye que el
accionante se comprometió a que adelantaría la sucesión del señor
Orlando Antonio Medrano Flórez (q. e. p. d.) y recibió como honorarios
$550.000, pero no surtió la correspondiente gestión notarial, lo que
configura la falta disciplinaria señalada en el numeral 1 del artículo 37 de
la Ley 1123 de 2007, por incumplimiento del deber estipulado en el
numeral 10 del artículo 28 ibidem”24.

Anotó que, “si bien es cierto que a las diligencias disciplinarias se
adosaron unos escritos firmados por el actor y dirigidos a las Notarías
Tercera (3ª) y Cuarenta y Cinco (45) del Círculo de Bogotá, contentivos
del inventario de los bienes del difunto y la respectiva partición, también
lo es que de ellos no es dable inferir que aquel ejecutó las labores
encomendadas, toda vez que no fueron presentados en dichos despachos,
tal como se infiere de las comunicaciones enviadas por estos”25.

En relación con el defecto de violación directa de la Constitución, indicó
que el actor aduce que no se envió copia de las providencias que

24
Ibídem.
25
Ibídem.
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desataron, tanto en primera como en segunda instancia, el asunto
disciplinario, a la dirección consignada en el Registro Nacional de
Abogados.

Frente a este reparo, estimó que no estaba superado el requisito general
de subsidiariedad, “comoquiera que la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial aún no ha desatado el recurso que formuló el tutelante contra el
auto de 23 de septiembre de 2021, con el que se le negó una solicitud de
nulidad por la presunta indebida notificación, de manera que no se han
agotado los mecanismos ordinarios de defensa empleados por él para la
protección de sus derechos, condición indispensable que debe mediar,
como regla general, para que el juez de tutela decida de fondo una
controversia (máxime cuando el señor magistrado sustanciador podría
asumir, en virtud del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre
el formal, que dicho recurso corresponde a una súplica)”26.

Agregó que, “por consiguiente, no ha cobrado ejecutoria el aludido
proveído, de acuerdo con el artículo 302 (inciso 3º) del Código General
del Proceso (CGP), aplicable a las diligencias disciplinarias seguidas contra
el accionante, en virtud del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007, por ende,
no es dable asumir que sobre la presunta indebida notificación existe una
decisión definitiva”27.

De otro lado, anotó que el accionante solicita, de manera subsidiaria, que
se ordene a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
desatar el recurso que formuló contra el proveído del 23 de septiembre
de 2021; sin embargo, “para la Sala esa petición carece de asidero
jurídico, toda vez que no ha trascurrido un lapso considerable desde la
interposición de aquel, por ende, no se evidencia una tardanza
injustificada de los referidos togados en el cumplimiento de sus funciones,

26
Ibídem.
27
Ibídem.
11

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que le imponga al juez de tutela acceder a dicha súplica, situación por la
que se desestimará”28.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el actor lo impugnó en los
siguientes términos29:

“[…] MARTIN EMILIO MUÑOZ JIMENEZ, actuando en calidad de
accionante y en nombre propio dentro de la presente acción de
tutela, con fundamento en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991,
me permito presentar IMPUGNACION, contra la sentencia de tutela
que se notificó el 3 de marzo del año en curso, cuando debió
proferirse sentencia desde el 23 de noviembre de 2021.
SEÑALAMIENTO PREVIO:
Se tiene previsto que las sentencias de tutela de primera instancia
deben resolverse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, una
vez la acción constitucional es admitida, sin embargo, en el presente
caso el Despacho del magistrado ponente tardó tres (3) meses y
ocho (8) días, para proferir sentencia en primera instancia,
resignando a un manto de dudas sobre si mantenía la competencia
para conocer de la presente tutela, por haber dejado trascurrir los
términos, aspectos reprochables en mi entender que debe conocer
la Comisión de Acusaciones del Senado de la Republica, como penal
y disciplinariamente y así se pondrá en conocimiento, en aras de
evitar que el trámite y resolución de la impugnación demoren otros
tres (3) meses más, donde se pierde el principio de inmediatez, y la
violación de los derechos fundamentales se causaran en su totalidad
en el tiempo.
En consecuencia, muy respetuosamente solicito se tramite la
impugnación reservándome el derecho de presentar sustentación al
Despacho que le corresponda […]”.

[Mayúsculas y negrillas del actor]

Por auto del 11 de marzo de 2022 se concedió la impugnación30 y la
misma fue asignada por acta de reparto el 24 de marzo de 202231.

28
Ibídem.
29
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 07388 00.
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Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 07388 00.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 07388 01.
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Radicación: 11001 03 15 000 2021 07388 01
Accionante: Martín Emilio Muñoz Jiménez

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 199132, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201533, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202134, así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12
de marzo de 201935 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente36:

6.2.1. La señora Blanca Inés Aponte de Medrano presentó queja
disciplinaria en contra del abogado Martín Emilio Muñoz Jiménez con
fundamentó en que “mi hijo Alfonso Mauricio Medrano Aponte amigo de
él lo solicitará como abogado en el proceso de sucesión de mi esposo

32
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
33
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
34
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela".
35
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
36
Lo que se desprende del proceso disciplinario radicado con el nro. 11001 1102 000
2017 01668 01. Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del
proceso con radicado nro. 11001 0315 000 2021 07388 01.
13

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Accionante: Martín Emilio Muñoz Jiménez

Antonio Medrano Flórez ya fallecido. // Primeramente nos solicitó de
antemano que le fueran pagados los honorarios a él y la notaría donde
iba a llevar el caso. Hasta la presente no hemos tenido ninguna respuesta
favorable, ya han pasado 4 años y 5 meses desde los cuales no vemos
resultados positivos a este proceso. Me dirijo a su oficina en el centro de
la ciudad de Bogotá en la av. Jiménez #8 A 44 piso 505 Edificio Sucre y
su respuesta es que la notaría donde lleva el proceso la trasladaron, su
celular nunca lo contesta”.

6.2.2. El proceso correspondió por reparto a la entonces Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bogotá que, por auto del 4 de julio de 2017, ordenó la apertura del
proceso disciplinario en contra del mencionado profesional.

Con el fin de notificar el auto, se dirigió un telegrama al señor Muñoz
Jiménez que fue enviado a la dirección “CL 147 A # 9-4C – 37”, así como
a la “AV JIMENEZ #8 a 44 PISO 505 EDIFICIO SUCRE”.

6.2.3. Comoquiera que el señor Muñoz Jiménez no asistió a la audiencia
de pruebas y calificación, ésta se declaró fracasada y, mediante proveído
del 17 de octubre de 2017, se ordenó el emplazamiento. Por auto del 15
de noviembre de 2017, fue declarado persona ausente y se le designó un
defensor de oficio.

6.2.4. El 28 de febrero de 2019, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá profirió sentencia de
primera instancia, en la que resolvió:

“[…] PRIMERO: Declarar disciplinariamente responsable a el
abogado Martín Emilio Muñoz Jiménez (…) de los cargos atribuidos
en la audiencia 11 de septiembre de 2018, por las razones expuestas
en esta providencia, y sancionarlo con suspensión en el ejercicio de
la profesión de abogado por el término de doce meses.

(…)

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TERCERO: Notifíquese al sancionado, a su defensor de oficio y a la
señora procuradora delegada, informándoles que contra esta
decisión procede el recurso de apelación.

CUARTO: De no ser apelada, consúltese la sentencia con la SALA
JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA […]”. [Mayúsculas en la sentencia]

Dicha providencia fue comunicada mediante telegrama dirigido al señor
Muñoz Jiménez, el cual fue enviado a las direcciones “AVDA JIMENEZ
NRO. 8 A – 44 OFICINA 505 EDIFICIO SUCRE” y “calle 147 A nro. 94C -
37”, así como al correo electrónico “martinemilio24@hotmail.com”.

6.2.5. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial conoció en grado de
consulta la precitada decisión y, en sentencia del 8 de septiembre de
2021, dispuso:

“[…] PRIMERO. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 28 de
febrero de 2019 proferida por la entonces Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,
mediante la cual impuso sanción de suspensión en el ejercicio
profesional por el término de doce (12) meses, al abogado MARTÍN
EMILIO MUÑOZ JIMÉNEZ al ser hallado responsable de incurrir en la
falta establecida en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007,
concordante con el deber contenido en el artículo 28 numeral 10 de
la misma norma, en la modalidad de culpa, para en su lugar:

CONFIRMAR la responsabilidad disciplinaria del abogado MARTÍN
EMILIO MUÑOZ JIMÉNEZ por su incursión en la falta consagrada en
el artículo 37 numeral 1, a título de culpa.

REDUCIR LA SANCIÓN impuesta de suspensión en el ejercicio de la
profesión por el término de doce (12) meses de suspensión en el
ejercicio de la profesión por el término de ocho (8) meses, teniendo
en cuenta las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”.

El 16 de septiembre de 2021, la Secretaría de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, con el fin de comunicar la precitada decisión, dirigió un
telegrama al actor que fue enviado al correo electrónico
“martinemilio24@hotmail.com”.

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6.2.6. Por escrito enviado vía correo electrónico el 20 de septiembre de
2021, el señor Muñoz Jiménez presentó incidente de nulidad, para lo cual
afirmó que la decisión de primera instancia no le fue notificada a la
dirección que aparece en el Registro Nacional de Abogados.

6.2.7. Por auto del 23 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial resolvió no acceder a la solicitud del actor por
considerar que era extemporánea.

6.3. ANÁLISIS DE LA SALA

La Sala determinará, en primer lugar, si es procedente decidir de fondo
la impugnación presentada en contra del fallo de tutela proferido el 17 de
enero de 2022 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado.

El artículo 31 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 previó la
impugnación contra el fallo de primera instancia como un mecanismo para
garantizar, en el marco de esta acción constitucional y en ejercicio del
derecho a la defensa, que el superior funcional pueda revisar la decisión
judicial, estudiando las pruebas y los argumentos jurídicos planteados por
el impugnante.

La Sala, en sentencia del 28 de febrero de 2019, explicó el alcance del
pronunciamiento que le corresponde hacer al juez de segunda instancia
en la acción de tutela frente a los argumentos expuestos en la
impugnación37:

“[…] En el presente caso, se advierte que el actor pretende que se
ordene su reintegro al empleo que desempeñaba en la Cámara de
Representantes del Congreso de la República y, en consecuencia, se
le garantice el derecho a la salud con el fin de acceder a un

37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia
de 28 de febrero de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación:
11001-03-15-000-2018-03163-01.
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tratamiento oportuno e ininterrumpido a su enfermedad, así como
el pago de las incapacidades adeudadas.

Lo anterior, por cuanto padece una afectación grave en su salud que
le impide desempeñar cualquier empleo y, por ende, debe ser
considerado como un sujeto de especial protección que goza de
estabilidad laboral reforzada, lo que impedía su retiro de la
Institución.

No obstante lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente
efectuar un estudio de fondo del asunto, habida consideración que
el actor en su escrito de impugnación no cumplió con la carga
argumentativa mínima que diera cuenta los reparos respecto de la
sentencia de primera instancia, razón por la que no se encuentran
los elementos necesarios para revisar si el fallo proferido por el
Tribunal se encuentra ajustado a derecho.

39. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que
gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues
es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan
al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión
que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y,
de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las razones jurídicas
de índole constitucional para demostrar por ejemplo que la sentencia
proferida en primera instancia no está ajustada a derecho, lo que
implica para el actor cumplir con una carga argumentativa mínima
[…]”.

En el caso bajo examen, la Sala observa que el accionante, en el escrito
de impugnación, solo afirmó: “me permito presentar IMPUGNACIÓN
contra la sentencia de tutela”, y más adelante agregó: “solicito se tramite
la impugnación reservándome el derecho de presentar sustentación al
Despacho que le corresponda”38.

Así las cosas, comoquiera que el impugnante, luego de presentar el
memorial en el que manifestó que impugnaba el fallo de tutela, no allegó
ningún escrito de sustentación, deberá confirmarse la sentencia de
primera instancia, pues la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa mínima que haga posible abordar el estudio de fondo, toda

38
Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 0315 000 2021 07388 00.
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vez que no identificó los motivos que generan su inconformidad respecto
de lo decidido por el a quo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 17 de enero de 2022 por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, según las razones
explicadas.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el ley.

18

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