Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04337-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-04337-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-04337-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de diciembre de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04337 01
Accionante: Amparo Ospina Carvajal
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 04337 01
Accionante: AMPARO OSPINA CARVAJAL
Accionados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL
VALLE DEL CAUCA
Tesis: No hay lugar a emitir pronunciamiento en sede de
segunda instancia cuando quien impugna un fallo de tutela
no sustenta oportunamente las razones por las cuales
disiente de la decisión.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la accionante en contra del
fallo de tutela proferido el 21 de septiembre de 2023 por la Sección Cuarta
del Consejo de Estado que declaró improcedente la solicitud de amparo.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Amparo Ospina Carvajal, actuando en calidad de Juez de Paz
de la comuna quinta de la ciudad de Cali, promovió acción de tutela en
contra de las sentencias proferidas el 11 de diciembre de 2020 y el 15 de
marzo de 2023 por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle
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Accionante: Amparo Ospina Carvajal
del Cauca1 y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respectivamente,
y para ello formuló las siguientes pretensiones2:
“[…] PRIMERA. - AMPARAR a la suscrita mi derecho fundamental
al Debido Proceso, vulnerado con el proferimiento de las
providencias judiciales aquí acusadas.
SEGUNDA. - Consecuencialmente, ORDENAR a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, que dentro del término improrrogable
de diez (10) días contados a partir de la notificación del fallo que así
lo disponga, profiera nueva providencia absolviendo a la suscrita en
la mentada causa disciplinaria [...]. [Mayúsculas y negrillas en el
escrito de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La parte actora informó que, en octubre de 2015, el Subsecretario de
Mejoramiento y Regularización de Predios de la alcaldía de Cali presentó
queja disciplinaria en su contra al considerar que se había extralimitado
en sus funciones como juez de paz, al proferir el fallo de justicia y paz
nro. 1JPC5-019-14 del 14 de febrero de 2014 y el fallo de reconsideración
nro. JPRC5-006-14 del 29 de abril de 2014.
Manifestó que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Valle del Cauca,
adelantó actuación disciplinaria en su contra identificada con el radicado
nro. 76001 11 02 000 2015 02061 00 y que, al surtir el trámite procesal,
en sentencia proferida el 11 de diciembre de 2020 la sancionó con
remoción del cargo al estimar configurada una infracción dolosa conforme
con lo dispuesto en los artículos 5, 8, 9, 23 y 32 de la Ley 497 de 19993.
Inconforme con la anterior decisión, la hoy accionante interpuso recurso
de apelación, y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en sentencia
del 15 de marzo de 2023 la confirmó.
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Anteriormente, Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Valle del Cauca.
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“Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y
funcionamiento”.
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Señaló que las autoridades accionadas “(…) hallaron como argumento
central al decidir de manera genérica que la suscrita en el asunto resuelto
y por el cual fui disciplinada, que había vulnerado garantías
fundamentales de los sujetos procesales; habiéndose omitido en la
decisión aquí atacada efectuar juicio de tipicidad a las luces de lo
establecido en el artículo 34 de la Ley 497 de 1999, cuestión que condujo
a la errada transgresión de los artículos 5, 8, 9, 23, 29 y 32 de dicha ley,
y artículo 29 constitucional, respectivamente, conforme al pliego de
cargos formulado y fallo de primera instancia en atención al principio de
congruencia en materia disciplinaria (…)”4.
Indicó que las providencias cuestionadas vulneran el debido proceso
porque “(…) los jueces de paz y de reconsideración, por ser funcionarios
de elección popular, al establecerse la terminación de la relación del
servidor público por remoción del cargo, vulnera el artículo 93 de la
Constitución, en la medida en que, en virtud del artículo 23 de la CADH,
la limitación de derechos políticos sólo se puede hacer “por juez
competente, en proceso penal” (…)”5.
Sostuvo que se configuró un (i) defecto procedimental absoluto, (ii)
defecto fáctico por indebida valoración probatoria de los medios que
acreditan el omitido juicio de tipicidad, (iii) defecto sustantivo, por
interpretación de la Ley 497 de 1999 de forma contraria a la Constitución
y al bloque de constitucionalidad, y (iv) desconocimiento del precedente
jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo
23 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y la sentencia C-
111 de 2019 de la Corte Constitucional.
Agregó que las autoridades accionadas no hicieron el control oficioso de
convencionalidad y que tampoco analizaron las pruebas obrantes en el
expediente frente a la gradualidad de la sanción que le fue impuesta.
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Ibidem.
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3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 14 de agosto de 20236 a través del aplicativo
de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y
correspondió por reparto a la Sección Cuarta que, por auto del 15 de
agosto de 2023 7 la admitió, negó la solicitud de medida provisional y
dispuso notificar8 a los magistrados que conforman la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca, como parte accionada.
De igual forma, requirió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca para que remitiera copia digital o el hipervínculo de
consulta del proceso disciplinario identificado con el radicado nro. 76001
11 02 000 2015 02061 00/01, el cual fue remitido9.
3.2. El magistrado titular del despacho 02 de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Valle del Cauca allegó informe10 en el que hizo un
recuento del proceso llevado a cabo en la primera instancia de la
investigación disciplinaria y pidió que se deniegue la solicitud de amparo,
ya que la decisión estuvo ajustada a derecho y se profirió conforme con
los supuestos fácticos y jurídicos expuestos, protegiendo los derechos de
la disciplinada, hoy accionante, notificándole de todas y cada una de las
actuaciones procesales.
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Esta orden se cumplió el 28 de agosto de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
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con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04337 00.
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3.3. El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia del
proceso disciplinario de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, rindió
informe11 en el que solicitó se nieguen las pretensiones de la accionante.
Al respecto, citó el inciso primero del artículo 14 de la Ley 497 de 199912
y apartes de la sentencia C-176 de 2017 de la Corte Constitucional, y
expuso que el solo hecho de que los jueces de paz sean elegidos por voto
popular no les otorga la calidad de funcionarios, comoquiera que no
poseen una vinculación legal y reglamentaria con el Estado.
Anotó que “(…) ninguna limitación a derechos políticos pudo generarse a
la señora Amparo Ospina Carvajal con la decisión adoptada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial en sentencia del 15 de marzo de
2023, con ponencia del suscrito magistrado, puesto que la tutelante fue
elegida como Juez de Paz de la Comuna 5 de Cali para el período
comprendido entre el 2012 a 2017, en consecuencia, la remoción del
cargo no afectó el ejercicio de sus funciones, poniendo en entredicho de
repeso, la inmediatez exigida por este mecanismo excepcional (…)”.
Sostuvo que, a folios 11 a 14 visibles en la decisión de segunda instancia
cuestionada, se hizo un análisis serio y detallado del material probatorio
obrante en el expediente, circunscrito al principio de limitación que
caracteriza la resolución del recurso de apelación. Agregó que la
accionante no precisó cuál medio de prueba fue omitido o analizado de
forma errónea.
Adujo que “(…) de la lectura del escrito de apelación que correspondió
resolver a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial puede advertirse sin
dificultad que la juez de paz no edificó ningún reparo sobre el juicio de
adecuación típica y, extrañamente, ahora a través de la acción de tutela
busca debatirlo (…)”. No obstante, aclaró que la Sala Jurisdiccional
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“ARTICULO 14. NATURALEZA Y REQUISITOS. Los jueces de paz y los jueces de
reconsideración son particulares que administran justicia en equidad, de acuerdo con lo
establecido por la Constitución y la presente ley.”
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Disciplinaria del Valle del Cauca calificó en debida forma el
comportamiento de la señora Ospina Carvajal, como se observa en la
providencia de primera instancia proferida el 11 de diciembre de 2020.
Arguyó que la acción de tutela no fue instituida como una tercera instancia
o una herramienta para modificar decisiones judiciales proferidas en
desarrollo de procesos jurisdiccionales disciplinarios agotados en su
totalidad, dentro de los cuales se establecieron los mecanismos para que
los intervinientes pudieran controvertir las diferentes actuaciones y
proteger sus derechos, ni mucho menos como un medio para revivir
términos o discutir nuevamente asuntos probatorios.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
4.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 21 de
septiembre de 202313, declaró improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito general de relevancia constitucional, bajo la
consideración de que la accionante está utilizando la solicitud de amparo
para proponer nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
disciplinario.
Explicó que en los argumentos del escrito de tutela la parte actora
sustentó su inconformidad con las providencias cuestionadas en dos
puntos, uno, relacionado con la presunta omisión en efectuar un juicio de
tipicidad y gradualidad de la sanción y, dos, en el desconocimiento de que
fue elegida por elección popular, por lo que no se le podía aplicar la
sanción de remoción del cargo.
Teniendo en cuenta lo anterior, señaló que, de la lectura del recurso de
apelación presentado en el proceso disciplinario, se observa que los
reproches estuvieron dirigidos a (i) insistir en la indebida notificación y
vinculación al proceso, (ii) aseverar que sí tenía la competencia para
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resolver la controversia sometida a su conocimiento y (iii) alegar la
indebida valoración probatoria de algunos documentos que reposaban en
el expediente, aspectos que, aclaró, fueron resueltos por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial.
En ese sentido, indicó que los argumentos que la accionante expone en
sede constitucional no fueron propuestos en el recurso de apelación, a
pesar de que esa era la oportunidad procesal para debatir el fallo
sancionatorio de primera instancia, razón por la cual, no se puede acudir
a la acción de tutela para agregar o mejorar argumentos que debió
plantear ante los jueces que conocieron del proceso disciplinario.
Finalmente, resaltó que, si bien la señora Ospina Carvajal alegó que las
autoridades accionadas incurrieron en los defectos procedimental
absoluto, fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial,
no explicó de qué manera se configuraron.
4.2. El fallo de tutela de primera instancia proferido el 21 de septiembre
de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado se notificó el 29 de
septiembre de 202314.
5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Por medio de correo electrónico remitido el 4 de octubre de 202315 a
la Secretaría General de esta Corporación, la accionante radicó escrito
manifestando lo siguiente:
“[…] IMPUGNO el fallo de tutela del 21 de septioembre (sic) de 2023,
notificado a mí vía electrónica el pasado viernes 29 de septiembre de
la presente anualidad. En la debida oportunidad, estaré sustentando
la impugnación […]”. [Mayúsculas y negrillas originales].
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5.2. Por auto del 11 de octubre de 2023, el despacho ponente de la
primera instancia concedió la impugnación16.
5.3. Por medio de correo electrónico remitido el 24 de octubre de 202317
a la Secretaría General de esta Corporación, la accionante allegó escrito
“presentando los argumentos de la impugnación fallo de tutela del 21 de
septiembre de 2023 que estaban pendientes por presentar”.
5.4. La impugnación fue asignada a esta Sección por acta de reparto del
25 de octubre de 202318.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 1991 19 , en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201520, modificado por
el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 21 , así como con
fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12
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Ibidem.
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El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación,
estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.
El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de
pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.
Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará
de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
20
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
21
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente
a las reglas de reparto de la acción de tutela".
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Accionante: Amparo Ospina Carvajal
de marzo de 201922 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que
regula la distribución de negocios entre las secciones.
6.2. ANÁLISIS DE LA SALA
La Sala analizará si es procedente decidir de fondo la impugnación
presentada por la accionante en contra del fallo proferido en primera
instancia, y para ello tendrá en cuenta lo siguiente:
(i) En el caso bajo examen, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en
fallo del 21 de septiembre de 202323 declaró improcedente la solicitud de
amparo, decisión que fue notificada vía correo electrónico el viernes 29
de septiembre de 202324.
(ii) La accionante, por medio de correo electrónico remitido el 4 de octubre
de 202325 a la Secretaría General de esta Corporación, radicó escrito en
el que manifestó “(…) IMPUGNO el fallo de tutela del 21 de septioembre
(sic) de 2023, notificado a mí vía electrónica el pasado viernes 29 de
septiembre de la presente anualidad. // En la debida oportunidad, estaré
sustentando la impugnación (…)”. (Mayúsculas y negrillas originales).
(iii) Por auto del 11 de octubre de 202326, el despacho ponente de la
primera instancia concedió la impugnación.
(iv) Por correo electrónico remitido el 24 de octubre de 2023 27 a la
Secretaría General de esta Corporación, la accionante allegó escrito en el
22
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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Accionante: Amparo Ospina Carvajal
que manifestó que presentaba “(…) los argumentos de la impugnación
fallo de tutela del 21 de septiembre de 2023 que estaban pendientes por
presentar”.
(v) Al respecto, se tiene que el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991
estableció que las decisiones deben ser impugnadas dentro de los tres
días siguientes a la notificación del fallo.
(vi) Bajo dicho contexto, la Sala advierte que el escrito remitido por la
accionante el 24 de octubre de 2023 en el que manifiesta expone las
razones por las que impugna el fallo de primera instancia es
extemporáneo, razón por la cual no es posible tenerlo en cuenta en esta
instancia, puesto que fue allegado casi un mes después de notificada la
decisión que ataca.
Valga destacar que en sentencia proferida el 22 de octubre de 202028,
esta Sección precisó que “(…) el Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre
de 1991 no establece una oportunidad procesal adicional para exponer
los argumentos de la impugnación, de forma que, de conformidad con el
artículo 31 de la norma referida, corresponde al interesado plantear los
argumentos de su impugnación, dentro de los 3 días otorgados para
impugnar la sentencia de primera instancia (…)”.
(vii) Ahora bien, en lo relacionado con el memorial remitido vía correo
electrónico el 4 de octubre de 2023 en el que la accionante indicó que
“(…) IMPUGNO el fallo de tutela del 21 de septioembre (sic) de 2023
(…)//. En la debida oportunidad, estaré sustentando la impugnación (…)”,
la Sala observa que fue allegado en oportunidad; no obstante, en dicho
escrito la parte actora se limitó a señalar que impugnaba el fallo de
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia
de 22 de octubre de 2020. Radicado: 11001 03 15 000 2020 02545 01(AC). Actor:
Municipio de Yotoco, Valle del Cauca. C.P: Hernando Sánchez Sánchez. Reiterada en
sentencia del 20 de agosto de 2021. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación
11001 03 15 000 2021 01810 01.
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Accionante: Amparo Ospina Carvajal
primera instancia, sin explicar las razones de inconformidad con lo
resuelto.
(viii) Sobre este aspecto, la Sección en sentencia del 28 de febrero de
201929, explicó el alcance del pronunciamiento que le corresponde hacer
al juez de segunda instancia en la acción de tutela frente a los argumentos
expuestos en la impugnación, indicando lo siguiente:
“[…] la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio
de fondo del asunto, habida consideración que el actor en su escrito
de impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que
diera cuenta los reparos respecto de la sentencia de primera
instancia, razón por la que no se encuentran los elementos
necesarios para revisar si el fallo proferido por el Tribunal se
encuentra ajustado a derecho.
39. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que
gobierna a la acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues
es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan
al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión
que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y,
de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor
de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las razones jurídicas
de índole constitucional para demostrar por ejemplo que la sentencia
proferida en primera instancia no está ajustada a derecho, lo que
implica para el actor cumplir con una carga argumentativa mínima.
40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema bajo
estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en relación con la
carga argumentativa que se debe exigir en las impugnaciones dentro
del marco de la acción de tutela:
[…]
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela
contra providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de
tutela proferida en primera instancia precisando que i) si obra en
nombre propio o ii) por medio de apoderado especial, debe cumplir
con una carga argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo;
v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento
del precedente; y viii) violación directa de la Constitución, en los
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia
de 28 de febrero de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación:
11001 03 15 000 2018 03163 01. Reiterada en sentencia del 12 de mayo de 2022. C.P.
Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación 11001 03 15 000 2021 07388 01.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 04337 01
Accionante: Amparo Ospina Carvajal
términos de la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, postura jurisprudencial, que fue acogida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en
sentencia de 31 de julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de
especial protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que adoptar las
medidas necesarias, para garantizar la protección de sus derechos
fundamentales, especialmente, el acceso a la administración de
justicia […]”. [Se destaca].
En ese sentido, comoquiera que la parte actora no cumplió, en
oportunidad, con la carga argumentativa mínima de sustentar las razones
de inconformidad respecto del fallo proferido en primera instancia, la Sala
confirmará lo resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el
fallo del 21 de septiembre de 2023.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 21 de septiembre
de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
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Radicación: 11001 03 15 000 2023 04337 01
Accionante: Amparo Ospina Carvajal
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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