Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03144-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-03144-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-03144-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-03144-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
17 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-03144-01
Referencia: Acción de tutela
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. FALTA DE CARGA
ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN. SUSTENTACIÓN FUERA DE
TÉRMINO. REITERACIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA,
A LA IGUALDAD Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la
sentencia de 12 de septiembre de 2024, mediante la cual la
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 declaró
improcedente la solicitud de amparo.
1
En adelante la Sección Quinta.
2
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
Los señores ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO, MERY LUCÍA
ERASO VARGAS y YINETH CAROLINA PULIDO ERASO, actuando
a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al
principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, los
cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2 al haber proferido la
providencia de 30 de junio de 2023, dentro del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
76001-33-40-021-2017-00048-01.
I.2.- Hechos
2
En adelante el Tribunal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
Comentaron que promovieron demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra Empresas Municipales de Cali –
EMCALI E.I.C.E. por los perjuicios acaecidos con ocasión de los
hechos del 29 de noviembre de 2015, en los cuales la señora YINETH
CAROLINA PULIDO ERASO sufrió graves quemaduras en su cuerpo
al manipular un tubo de las cortinas de su casa, pues se acercó a la
línea prima de 13.000 kilovatios de la entidad, lo que produjo una
descarga eléctrica generada presuntamente por fallas del operador
de red.
Indicaron que al proceso le fue asignado el número único de
radicación 2017-00048-00 y le correspondió por reparto al Juzgado
Veintiuno Administrativo Oral de Santiago de Cali3 que, en sentencia
de 18 de mayo de 2021, denegó las súplicas de la demanda al
estimar que no se logró demostrar la responsabilidad de la entidad,
pues no se allegó prueba respecto de las circunstancias en las cuales
se produjeron los hechos.
3
En adelante el Juzgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
Afirmaron que inconformes con lo anterior, interpusieron recurso de
apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante
providencia de 30 de junio de 2023, confirmó la decisión del a quo.
Relataron que interpusieron recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL de forma
desfavorable a sus intereses mediante auto de 7 de diciembre de
2023.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
el defecto sustantivo pues la sentencia acusada carece de apoyo
constitucional y legal, lo que contradice el artículo 29 de la Carta
Política.
Sostuvieron que el TRIBUNAL de manera ligera y sin observar
integralmente el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –
RETIE 2013; la Resolución CREG núm. 070 de la Comisión de
Regulación de Energía, Gas y Combustible; la Resolución SSPD-
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
20181300008505 que reglamenta el sistema único de información
sobre accidentes eléctricos y la Ley 142 de 11 de julio 19944, decidió
el asunto puesto a consideración.
Alegaron que el TRIBUNAL también incurrió en defecto fáctico al
realizar una valoración arbitraria de las pruebas obrantes en el
proceso, en especial, la prueba pericial realizada por el ingeniero
electricista DOLCEY CASAS y la ingeniera topográfica KATHERIN
LIÉVANO, así como del interrogatorio de parte de la víctima, de la
prueba de oficio de las curadurías de Santiago de Cali sobre la
existencia de permisos y licencias de construcción para el inmueble,
de la declaración del testigo técnico de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y de
la inspección judicial, de las cuales se lograba concluir el nexo causal
entre el hecho y el daño.
Aseveraron que EMCALI E.I.C.E. E.S.P. omitió sus funciones de
supervisión y vigilancia de la red eléctrica, lo que permitió que se
4
“Por la cual se establece el régimen de los servidores públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
ocasionara el accidente a la señora YINETH CAROLINA PULIDO
ERASO.
Finalmente, alegaron que en un asunto similar, la Sección Tercera
del Consejo de Estado en sentencia de unificación dentro del
expediente 2000-N11842-1, discurrió sobre la teoría de la
responsabilidad por el riesgo excepcional, de lo cual concluyó que
“[…] basta la realización del riesgo creado por la administración para
que el daño resulte imputable a ella […]”.
I.4.- Pretensiones
Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] En consecuencia, pido a la honorable corporación se decrete
la nulidad de la sentencia de segunda instancia sin número de fecha
30 de junio de 2023 emitida por la sala segunda de decisión oral
del tribunal administrativo del Valle del Cauca referida en el
numeral procedente y se le ordene al Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca Sala de Decisión Oral que dicte una nueva sentencia
atendiendo a los derechos sustanciales vulnerados a la parte
accionante en esta acción de tutela. En la nueva decisión deberán
ser tenidas en cuenta las consideraciones sobre la correcta
aplicación de la teoría del riesgo excepcional de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, la aplicación de las normas legales que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
regulan el tema y valoración probatoria legal o ajustada a la
realidad […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL refirió que la sentencia acusada acató de
manera completa los postulados normativos y jurisprudenciales para
resolver este tipo de eventos, así como también dio aplicación a los
criterios hermenéuticos y de la sana crítica, por lo que se tuvieron en
cuenta los elementos de juicio allegados por las partes y aquellos
recaudados en el proceso para resolver el fondo del asunto.
Sostuvo que no pueden ser de recibo los cuestionamientos realizados
por la parte actora, dado que la decisión cuestionada se desarrolló
de forma objetiva y fue fundamentada jurídicamente, por lo que el
hecho de que haya sido contraria a los intereses de los accionantes
no conlleva la vulneración de sus derechos fundamentales.
Por último, refirió que no se cumple con el requisito de la inmediatez
en la solicitud de amparo de la referencia, por lo que solicitó que se
despachen desfavorablemente las pretensiones.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- Allianz Seguros S.A. señaló que no se logró satisfacer el
requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que la
controversia planteada en sede constitucional pretende reabrir el
debate legal surtido en el proceso ordinario, sin sustento alguno.
Destacó que la acción de tutela no puede convertirse en una tercera
instancia, dado su carácter subsidiario y garantista de derechos
humanos, por lo que la presente solicitud de amparo debe declararse
improcedente, máxime cuando no se cumple con el requisito de la
inmediatez.
Refirió que la autoridad judicial accionada fue competente y respetó
el debido proceso, pues se fundamentó en las normas existentes y
exequibles, por lo que no se configuró los defectos alegados.
I.6.2.- El JUZGADO indicó que efectuó las actuaciones que en
derecho correspondían, pues profirió la decisión conforme a la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
Constitución Política y la ley, por lo que solicitó denegar el amparo
deprecado.
I.6.3.- Las señoras BETTY EMELDA ERASO VARGAS y AMANDA
PULIDO ROBAYO vinculadas al trámite en calidad de terceras
interesadas en las resultas del proceso, adujeron que EMCALI
E.I.C.E. E.S.P. no realizó las diligencias que le correspondían para
mitigar el riesgo que le causó el accidente a la señora YINETH
CAROLINA PULIDO ERASO.
Manifestaron que dentro del proceso ordinario sí se demostraron las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que
ocasionaron el accidente, mediante pruebas que fueron
indebidamente valoradas por la autoridad judicial accionada.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN QUINTA mediante sentencia de 12 de septiembre de
2024, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que
no se cumplió con el presupuesto general de la relevancia
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
constitucional, toda vez que el objeto es reabrir un debate jurídico
propio del proceso ordinario.
Afirmó que en la providencia cuestionada se realizó un análisis del
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE del año 2008,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.1 del artículo
segundo del RETIE 2013 y la jurisprudencia aplicable al caso
establecida por la Sección Tercera del Consejo de Estado de 3 de
diciembre de 2018, en los asuntos en los que se atribuye
responsabilidad al Estado y el daño es causado por la conducción de
redes eléctricas, por lo que se valoraron las pruebas aportadas y
practicadas dentro del proceso, incluyendo los medios probatorios
mencionados por la parte accionante.
Así las cosas, sostuvo que los argumentos expuestos en el escrito de
tutela no justifican una vulneración de los derechos fundamentales,
sino una inconformidad con una decisión judicial que no fue acorde a
sus intereses.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
Mediante memorial allegado vía electrónica el 19 de septiembre de
20245, la parte actora indicó que impugnaba la sentencia proferida
en primera instancia y advirtió que se reservaba el derecho de
sustentar ante el superior, así:
“[…] ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO, mayor de edad,
identificado con Cedula de Ciudadanía No. 16’671.332 de Cali
(V), MERY LUCIA ERASO VARGAS, mayor de edad,
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 66’953.833 de Cali
(V) y YINETH CAROLINA PULIDO ERASO, mayor de edad,
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.005’877.684 de Cali
(V) por medio del presente escrito y estando legitimado para
ello, respetuosamente INTERPONGO RECURSO DE
IMPUGNACIÓN contra el fallo de Tutela sin número de fecha
12 de septiembre de 2024 proferido por el CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA., con el
objeto que la segunda instancia lo revoque y lo deje sin ningún
efecto legal y se concedan las pretensiones de la Tutela.
La sustentación del recurso la presentaremos ante el superior
jerárquico […]”.
Posteriormente, el 1o. de octubre de 20246 la parte actora allegó un
nuevo memorial con el que pretendió sustentar su impugnación, en
síntesis, con una reiteración de los argumentos plasmados en su
escrito introductorio.
5
Ver. Índice 41 del expediente digital de primera instancia SAMAI.
6
Ver. Índicie 49 del expediente digital de segunda instancia SAMAI.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 30 de junio de 2023,
proferida por el TRIBUNAL, a través de la cual confirmó la decisión
del a quo que denegó las pretensiones dentro del medio de control
de reparación directa identificado con el número único de radicación
2017-00048-01.
La controversia tiene origen en los hechos ocurridos el 29 de
noviembre de 2015, en los cuales la señora YINETH CAROLINA
PULIDO resultó lesionada con graves quemaduras por una descarga
eléctrica generada presuntamente por fallas del operador de red
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
EMCALI E.I.C.E., razón por la cual los actores promovieron el medio
de control de reparación directa contra la mencionada entidad, con
el fin de que les fueran reconocidos los perjuicios morales y
materiales causados por la falla en el servicio.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia y al principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, habida cuenta que, a juicio de los
actores, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos
sustantivo y fáctico, pues la decisión cuestionada carece de apoyo
constitucional y legal, además de que fue proferida con fundamento
en una indebida valoración probatoria.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN QUINTA que, mediante sentencia de 12 de septiembre de
2024, declaró improcedente el amparo por no cumplirse con el
requisito general de la relevancia constitucional, toda vez que lo
pretendido por los actores era usar este mecanismo constitucional
como una tercera instancia dentro del proceso de reparación directa.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
El 19 de septiembre de 2024, la parte actora allegó un primer
memorial en el que manifestó que impugnaba la providencia
proferida en primera instancia; no obstante, no argumentó nada al
respecto.
Posteriormente, el 1o. de octubre de 2024 la parte actora allegó otro
memorial con el que pretendió sustentar los motivos de su
impugnación, en síntesis, reiterando los argumentos que planteó en
su escrito introductorio.
En ese orden de ideas, la Sala debe determinar si la parte actora
presentó y sustentó su impugnación en término, con la finalidad de
establecer si hay lugar o no a abordar el estudio del presente caso
en esta instancia judicial.
El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 prevé que, dentro de los 3
días siguientes a la notificación del fallo, este podrá ser impugnado;
sin embargo, debe tenerse en cuenta que conforme con el numeral
segundo del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, tratándose de
notificación electrónica, esta se entenderá realizada una vez
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
transcurridos 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje y los
términos empezarán a correr a partir del día siguiente.
Asimismo, esta Sala, reiterando su posición al respecto, ha indicado
que el Decreto 2591 de 1991 no prevé una oportunidad procesal
adicional para exponer los argumentos de la impugnación, por lo que
corresponde al interesado plantear los fundamentos de sus disensos
dentro del término de los 3 días aludidos.
Sobre este aspecto, en sentencia de 28 de septiembre de 2023,
proferida dentro de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 080012333000-2023-00319-01, con ponencia
del consejero Oswaldo Giraldo López, esta Sala indicó:
“[…] Ahora bien, en sentencia de 22 de octubre de 2020, la
Sección precisó que, en tratándose de la impugnación en el
trámite de las acciones de tutela, “el Decreto núm. 2591 de 19
de noviembre de 1991 no establece una oportunidad procesal
adicional para exponer los argumentos de la impugnación, de
forma que, de conformidad con el artículo 31 de la norma
referida, corresponde al interesado plantear los argumentos de
su impugnación, dentro de los 3 días otorgados para impugnar
la sentencia de primera instancia”.
En dicha oportunidad, la Sala resolvió confirmar la sentencia de
primera instancia, teniendo en cuenta que el accionante no
planteó ningún argumento en el escrito de impugnación que
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
presentó oportunamente y porque, a pesar de que
posteriormente radicó la respectiva sustentación del escrito de
impugnación, este último memorial fue presentado de forma
extemporánea. Al respecto, se determinó que “dentro del
término otorgado por el artículo 31 del Decreto núm. 2591 de
19 de noviembre de 1991, [el actor] no argumentó de manera
razonable, persuasiva y convincente las razones de índole
jurídica por las cuales, a su juicio, la decisión proferida en
primera instancia debía revocarse”.
[…]
En ese orden, la Sala advierte que el escrito de impugnación
oportunamente presentado por el apoderado de la parte actora
no planteó argumento jurídico alguno con el fin de controvertir
el sustento de la sentencia de 16 de agosto de 2023, de manera
que no le corresponde a la Sala emitir un pronunciamiento de
fondo en esta instancia de la actuación.
Con todo, la Sala encuentra que, si bien después de que
fue concedida la impugnación, el apoderado de la
accionante presentó memorial ante esta Corporación el 7
de septiembre de 2023, con la anunciada sustentación, lo
cierto es que dicho escrito fue radicado de forma
extemporánea, cuando ya había trascurrido el término de
tres (3) días otorgado por el artículo 31 del Decreto 2591
de 1991, de manera que no argumentó de manera
suficiente las razones de índole jurídica por las cuales, a
su juicio, la decisión proferida en primera instancia debía
revocarse. Se precisa que la parte actora se tomó diez
(10) días adicionales a los dispuestos por la norma
comentada para fundamentar su inconformidad […]”.
Lo anterior fue reiterado en sentencia de 13 de diciembre de 20237
por esta misma Sala de Decisión, a través de la cual se confirmó la
decisión del a quo al no sustentarse oportunamente las razones por
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de
diciembre de 2023, C.P. Oswaldo Giraldo López. Radicación 11001-03-15-000-2023-04337-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
las cuales se encontraba inconforme con la sentencia de primera
instancia.
En el caso bajo estudio, la Sala advierte que la sentencia proferida
en primera instancia fue notificada a la actora mediante correo
electrónico el día 16 de septiembre de 2024, por lo que conforme con
el numeral 2 del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, el término para
impugnar transcurrió entre los días 19 a 23 siguientes.
El 19 de septiembre de 2024 los accionantes allegaron el memorial
en el que manifestaron que impugnaban el fallo proferido en primera
instancia, sin embargo, no fundamentaron de forma alguna su
disenso, de modo que no le corresponde a la Sala emitir un
pronunciamiento de fondo en esta instancia de la actuación.
Cabe anotar que, si bien después de que fue concedida la
impugnación, el 1o. de octubre de 2024, la parte actora presentó
ante esta Corporación un memorial con el que sustentaba su
impugnación, lo cierto es que dicho escrito fue radicado de forma
extemporánea, cuando ya había trascurrido el término de tres 3 días
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
otorgado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 para tal efecto.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala8, ha precisado lo siguiente:
“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al tema
bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas en
relación con la carga argumentativa que se debe exigir
en las impugnaciones dentro del marco de la acción de
tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20209, con
ponencia del consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala
señaló:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04314-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que la parte actora no sustentó en término
los motivos de su inconformidad frente a la sentencia proferida en
primera instancia, la Sala encuentra que no resulta procedente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
efectuar un estudio del fondo del asunto, habida consideración que,
por un lado, en su escrito de impugnación no cumplió con la carga
argumentativa mínima que diera cuenta de los reparos respecto de
la decisión adoptada y, por el otro, no se advirtió ninguna razón válida
que justifique tal desatención, razón por la que no se encuentran los
elementos necesarios para revisar si la providencia objeto de
controversia en el caso sub examine está ajustada a derecho.
Consecuente con lo anterior, esta Sala confirmará el fallo impugnado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2024-03144-01
ACTORES: ÁNGEL ALBERTO PULIDO ROBAYO Y OTROS.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de octubre de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.