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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00319-01

Fecha
28 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2023-00319-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional para que se surta la eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2023-00319-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

28 de septiembre de 2023

1

Radicado: 08 001 23 33 000 2023-00319 01
Demandante: Helena Patricia Nieto Mendoza

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C, veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Expediente: 08 001 23 33 000 2023-00319 01
Accionante: Helena Patricia Nieto Mendoza
Accionado: Procuraduría 197 Judicial I para Asuntos Administrativos de
Barranquilla
Tesis: No hay lugar a emitir pronunciamiento en segunda instancia, si quien
impugna un fallo de tutela no sustenta oportunamente las razones por las cuales
disiente de la decisión.

ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora en contra de la
sentencia de 16 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que negó el amparo invocado.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Helena Patricia Nieto Mendoza, actuando por medio de apoderado judicial, presentó
acción de tutela en contra de la Procuraduría 197 Judicial I para Asuntos
Administrativos de Barranquilla, por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, en que incurrió dicha entidad con ocasión de la decisión del 14 de junio de
2023, mediante la cual declaró desistida y dio por no presentada la solicitud de
conciliación como requisito de procedibilidad, por no haber subsanado dentro del
término correspondiente los defectos anotados en el auto inadmisorio del 1° de junio
de 2023. El 23 de junio de 2023, la autoridad accionada resolvió no reponer la
determinación adoptada el 14 de junio de 2023.

II. TRÁMITE DE LA TUTELA

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Radicado: 08 001 23 33 000 2023-00319 01
Demandante: Helena Patricia Nieto Mendoza

2.1. La Procuraduría 197 Judicial I para Asuntos Administrativos de Barranquilla
rindió informe en el que indicó que:

“el auto del 1° de junio de 2023, mediante el cual se inadmitió la solicitud de
conciliación por no reunir los requisitos exigidos por el en los numerales 5 y 12
del artículo 101 de la Ley 2220 de 2022, dispuso en el numeral quinto que en
contra de dicha decisión no procedía recurso alguno, de conformidad con lo
establecido en el artículo 102 de la Ley 2220 de 2022 (...) Así las cosas, queda
claro que este despacho con dicha anotación en el auto inadmisorio no hizo otra
cosa que aplicar la ley. Por lo tanto, no le asiste razón al tutelante en torno al
argumento según el cual se le violó el debido proceso por no otorgarle dicha
oportunidad frente al auto inadmisorio.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos esgrimidos frente a la supuesta
indebida valoración de las pruebas de su incapacidad médica y que
fundamenta, entre otras, en la competencia del médico que expido la
certificación de incapacidad, este despacho hace hincapié en que, si bien se
mencionó en el auto que no repuso la decisión de declarar desistido el trámite
de la conciliación extrajudicial que la incapacidad que pretendía hacer valer
como prueba de su padecimiento y no cumplimiento de las cargas procesales
no fue otorgada por la EPS a la que se encuentre afiliado el apoderado, que la
historia clínica aportada tenía como última fecha de actualización el año 2015 y
que el informe médico era del año 2017, realmente el argumento de la decisión
se centró en que tales pruebas no eran suficientes para demostrar la
configuración de una fuerza mayor o de la ocurrencia de un caso fortuito por
cuanto no reunían los criterios de imprevisibilidad e irresistibilidad para que sean
admisibles para justificar la inactividad del apoderado frente a su carga procesal
y que por tanto no tenían la entidad de reabrir los términos ya fenecidos, pues
el caso fortuito o la fuerza mayor son condiciones lo suficientemente
contundentes y determinantes para justificar una inactividad en el transcurso de
un proceso, lo que como se dijo, no se configuró en el presente caso, pues para
serlo, se reitera, la situación debe ser imprevisible e irresistible, y una patología
que se sufre desde el año 2015 no reúne esas características.

(...)

Así las cosas, se concluyó en esa oportunidad la decisión adoptada en auto de
fecha 14 de junio de 2023 se debía confirmar en razón a que el padecimiento
del apoderado, no se enmarcaba en una fuerza mayor o caso fortuito para que
le hubiese impedido, dentro de todos los días transcurridos desde el 1o hasta
el 14 de junio, realizar las correcciones solicitadas o sustituir el poder a él
conferido a fin de cumplir con la carga procesal impuesta.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito solicitar de manera
respetuosa que se DENIEGUEN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA,
como quiera que, se reitera, este despacho no ha incurrido en irregularidad
alguna, que ponga en riesgo los derechos fundamentales anteriormente
citados.”1

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

1
Ver índice núm. 2 de Samai donde obra el expediente digital del proceso de la referencia.

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Radicado: 08 001 23 33 000 2023-00319 01
Demandante: Helena Patricia Nieto Mendoza

El Tribunal Administrativo del Atlántico, en providencia del 16 de agosto de
20232, negó el amparo invocado luego de considerar, en primer lugar, que respecto
de la imposibilidad de presentar recurso en contra de la inadmisión de la solicitud
de conciliación, la decisión cuestionada se encontraba ajustada a derecho, pues por
disposición legal existía esa limitación y la determinación del agente del ministerio
público no implicaba arbitrariedad alguna.

En segundo lugar, de la revisión de las pruebas allegadas al proceso, el a quo
advirtió que la incapacidad que el apoderado pretendió fuese validada como soporte
del incumplimiento de la carga procesal impuesta, no contaba con fecha cierta de
expedición. Agregó que, si en gracia de discusión dicho documento se tuviera como
expedido en el año en curso, habiéndose otorgado por cuatro (4) días,
comprendería los días 6, 7, 8 y 9 de junio de 2023, mientras que la notificación del
auto inadmisorio de la solicitud de conciliación se efectuó el día 1° de junio de 2023
y el término legal para subsanar transcurrió los días 2, 5, 6, 7 y 8 de junio de 2023,
lo cual demostraba que el apoderado judicial de la accionante contó con la
posibilidad de subsanar los defectos que se le señalaron o en su defecto de sustituir
el poder, atendiendo a la facilidad que brinda el uso de las tecnologías de la
información.

En tercer y último lugar, el Tribunal afirmó que la acción de tutela es un mecanismo
judicial que de ninguna manera puede ser utilizado para revivir oportunidades
procesales.

IV. LA IMPUGNACIÓN

La parte actora presentó impugnación en contra de la sentencia de tutela de
primera instancia, para lo cual señaló: “se estará sustentando ante el Honorable
Consejo de Estado, superior jerárquico de Segunda Instancia”3.

2
Notificada el 18 de agosto de 2023. Ver índice núm. 8 de Samai donde obra prueba del expediente
digital de la primera instancia.
3
Ver índice núm. 8 de Samai donde obra prueba del expediente digital de la primera instancia.

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ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE
BARRANQUILLA
MAGISTRADO PONENTE OSCAR WILCHES DONADO
ASUNTO IMPUGNACIÓN DE FALLO DE PRIMERA 4
INSTANCIA
Radicado: 08 001 23 33 000 2023-00319 01
Demandante: Helena Patricia Nieto Mendoza
RESPETADO MAGISTRADOS:

HERMES JOSENIEBLES PADILLA, obrando en mí calidad de apoderado del accionante,
en la oportunidad señalada por el decreto 2591 de 1991, Art. 31, IMPUGNO, la decisión de
este despacho, de fecha Barranquilla, 16 de agosto de 2023, notificada a mí correo electrónico
el viernes 18 de agosto de 2023, relativa al asunto de la referencia.

I. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA

El Artículo 31 del Decreto Nacional 2591 de 1991 establece: “Dentro de los tres días
siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin
perjuicio de su cumplimiento inmediato.”
La decisión de este despacho, de fecha 16 de agosto de 2023, la cual se me fue notificada, a
mí correo electrónico, el viernes 18 de agosto de 2023, por el cual término para efectuar la
correspondiente Impugnación, corre sobre los siguientes días: 22, 23, y 24 de agosto de 2023,
lapso dentro del cual se radica el presente escrito, y este mismo se estará sustentando ante el
Honorable Consejo de Estado, superior jerárquico de Segunda Instancia.

Cordialmente,
”4

Los tres (3) días dispuestos por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 para
HERMES
presentar JOSÉ NIEBLES
la impugnación PADILLA
corrieron el 22, 23 y 24 de agosto de 2023.
C.C.N° 85.456.982 DE Santa Marta (Magd)
T.P. N°100.187 del C. S de la J.
Con auto del 24 de agosto de 20235, el Tribunal concedió la impugnación y remitió
el expediente ante esta Corporación.

El 7 de septiembre Carrera
de 2023 N°79-18
73 6 , la Apartamento 1, Piso 2.
parte actora Cel:3004650922
radicó ante el Consejo de Estado
drhermesjniebles@hotmail.com
Barranquilla - Colombia
memorial con el que sustentó la impugnación que presentó ante el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

V. CONSIDERACIONES

5.1. Competencia

De conformidad con lo previsto por el numeral tercero del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20217, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de

4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ver índice núm. 4 de Samai.
7
“Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la

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Radicado: 08 001 23 33 000 2023-00319 01
Demandante: Helena Patricia Nieto Mendoza

2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.

5.2. Análisis de la Sala

La Sala determinará si debe proferir pronunciamiento en segunda instancia cuando
quien impugna un fallo de tutela no sustenta oportunamente las razones por las
cuales disiente de la decisión.

El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 previó la impugnación contra el fallo de
primera instancia como un mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a la
defensa, haciendo posible que el superior funcional revise la decisión judicial y
estudie las pruebas y los argumentos jurídicos planteados por el impugnante.

Esta Sección, en sentencia del 28 de febrero de 2019, explicó el alcance del
pronunciamiento que corresponde hacer al juez de segunda instancia en la acción
de tutela frente a los argumentos expuestos en la impugnación, así8:

“la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un estudio de fondo del
asunto, habida consideración que el actor en su escrito de impugnación no
cumplió con la carga argumentativa mínima que diera cuenta los reparos
respecto de la sentencia de primera instancia, razón por la que no se encuentran
los elementos necesarios para revisar si el fallo proferido por el Tribunal se
encuentra ajustado a derecho.

Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad
aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del
órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las razones
jurídicas de índole constitucional para demostrar por ejemplo que la sentencia
proferida en primera instancia no está ajustada a derecho, lo que implica para
el actor cumplir con una carga argumentativa mínima.”.

Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de
febrero de 2019, C. P. Hernando Sánchez Sánchez, rad. 11001-03-15-000-2018-03163-01.

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Radicado: 08 001 23 33 000 2023-00319 01
Demandante: Helena Patricia Nieto Mendoza

Conforme a lo señalado, para que proceda un pronunciamiento de fondo en
segunda instancia se requiere que quien impugna el fallo de tutela indique los
reparos que tiene respecto a la decisión adoptada, pues de lo contrario, el fallador
ad quem no contará con los elementos mínimos para estudiar de fondo el asunto.
Es decir, como mínimo debería señalarse por qué considera que no le asiste razón
al a quo en cuanto a los motivos de la sentencia que dictó, o formular algún otro
cuestionamiento respecto a la providencia que impugna.

Ahora bien, en sentencia de 22 de octubre de 2020, la Sección precisó que, en
tratándose de la impugnación en el trámite de las acciones de tutela, “el Decreto
núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 no establece una oportunidad procesal
adicional para exponer los argumentos de la impugnación, de forma que, de
conformidad con el artículo 31 de la norma referida, corresponde al interesado
plantear los argumentos de su impugnación, dentro de los 3 días otorgados para
impugnar la sentencia de primera instancia”9.

En dicha oportunidad, la Sala resolvió confirmar la sentencia de primera instancia,
teniendo en cuenta que el accionante no planteó ningún argumento en el escrito de
impugnación que presentó oportunamente y porque, a pesar de que posteriormente
radicó la respectiva sustentación del escrito de impugnación, este último memorial
fue presentado de forma extemporánea. Al respecto, se determinó que “dentro del
término otorgado por el artículo 31 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de
1991, [el actor] no argumentó de manera razonable, persuasiva y convincente las
razones de índole jurídica por las cuales, a su juicio, la decisión proferida en primera
instancia debía revocarse”10.

En el caso bajo examen, mediante sentencia del 16 de agosto de 2023, el Tribunal
Administrativo del Atlántico negó el amparo de los derechos fundamentales
invocados por la señora Helena Patricia Nieto Mendoza.

Dicha decisión judicial fue notificada el 18 del mismo mes y año. Lo que quiere decir
que el término para la presentación oportuna de la impugnación en contra del fallo
de primera instancia corrió los días 22, 23 y 24 siguientes.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 22 de
octubre de 2020, C.P: Hernando Sánchez Sánchez, rad. 11001-03-15-000-2020-02545-01.
10
Ibidem.

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Radicado: 08 001 23 33 000 2023-00319 01
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El apoderado judicial de la parte actora remitió escrito en el que manifestó: “se
estará sustentando ante el Honorable Consejo de Estado, superior jerárquico de
Segunda Instancia”.

El Tribunal concedió la impugnación presentada mediante auto del 24 de agosto de
2023, notificado al día siguiente.

En ese orden, la Sala advierte que el escrito de impugnación oportunamente
presentado por el apoderado de la parte actora, no planteó argumento jurídico
alguno con el fin de controvertir el sustento de la sentencia de 16 de agosto de 2023,
de manera que no le corresponde a la Sala emitir un pronunciamiento de fondo en
esta instancia de la actuación.

Con todo, la Sala encuentra que, si bien después de que fue concedida la
impugnación, el apoderado de la accionante presentó memorial ante esta
Corporación el 7 de septiembre de 2023, con la anunciada sustentación, lo cierto es
que dicho escrito fue radicado de forma extemporánea, cuando ya había trascurrido
el término de tres (3) días otorgado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, de
manera que no argumentó de manera suficiente las razones de índole jurídica por
las cuales, a su juicio, la decisión proferida en primera instancia debía revocarse.
Se precisa que la parte actora se tomó diez (10) días adicionales a los dispuestos
por la norma comentada para fundamentar su inconformidad.

A lo anterior se añade el hecho de que la accionante no invocó ninguna
circunstancia que permita que sea considerada sujeto de especial protección
constitucional, circunstancia que flexibilizaría el deber de desplegar la carga
argumentativa suficiente y oportuna para explicar las razones que motivan su
disentimiento. Por el contrario, se trata de una persona representada en este trámite
constitucional por parte de un profesional del derecho.

En consecuencia, como la impugnante no esgrimió oportunamente ningún
argumento dirigido a cuestionar la validez y firmeza de la decisión, ni cumplió la
carga argumentativa mínima que haga posible abordar el estudio de fondo, toda vez
que no identificó los motivos de su inconformidad en tiempo, máxime cuando

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8

Radicado: 08 001 23 33 000 2023-00319 01
Demandante: Helena Patricia Nieto Mendoza

interviene a través de abogado, la Sala confirmará la sentencia de 16 de agosto de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

VI. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de agosto de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para que se surta la eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 28 de septiembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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